EL TIMO DEL TAS: NI TRIBUNAL DE ARBITRAJE, NI DEPORTIVO
No sé si voy a tener que cambiar el título de mi columna, pues hay ocasiones en que sí es peligroso asomarse al exterior y, si no, que se lo pregunten a Alberto Contador. Estoy “indignado” con el laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) del pasado 6 de Febrero, por el que injustamente ha condenado al gran ciclista español a dos años de suspensión por dopaje. Y lo estoy en cuanto jurista, amante del deporte y español..
Indignación como jurista
El TAS es una institución privada con sede en Suiza, un seudo-tribunal que -con un procedimiento sui generi-, enjuicia a los deportistas por el consumo de sustancias prohibidas. Con su condena a Contador, el Tribunal ha violado varios principios básicos del Derecho Penal: no se puede condenar sin pruebas, en caso de duda se debe favorecer al acusado y la carga de la prueba recae sobre el acusador
Es cierto que el TAS debe aplicar las normas deportivas vigentes, entre las que figura el artículo 21 del Código Mundial Antidopaje, que establece que un deportista es siempre responsable de las sustancias que aparezcan en su organismo y, si éstas son prohibidas -con independencia de su volumen o sus consecuencias- será castigado con dos años de suspensión. Es un tipo de “responsabilidad objetiva” en el que se invierte la carga de la prueba y el acusado tiene que demostrar su inocencia. Una vuelta a la “probatio diabolica”, que ya sufrió Miguel Servet y le llevó a la hoguera en Suiza.
Una interpretación estricta de esta norma, como la realizada por el TAS, lleva a preguntarnos ¿para qué sirve un tribunal si el mero hallazgo de 50 míseros picogramos de clembuterol en la sangre de Contador –que no afectaron su rendimiento deportivo- basta para que sea condenado a la pena máxima?. Pese a la insuficiencia de la norma, el Tribunal podía haberla interpretado de forma más racional. Según el artículo 296 del Reglamento Antidopaje, el deportista debe ser exculpado si se certifica que no hubo dolo o negligencia, pero el TAS ignoró este precepto. Reconoció que los supuestos de la carne adulterada o la transfusión sanguínea eran poco probables, mientras que el de los complementos alimenticios era posible y probable. Admitió, sin embargo, que “más allá de la duda razonable, este Tribunal no está convencido de que se haya producido una contaminación por ingestión de suplementos contaminados”. El TAS no sabe, pero contesta. Ignora si se ha producido la ingestión, de qué sustancia, cuándo, cómo o dónde. Al igual que dijo Santa Teresa,“sólo sé que no sé nada”. Por ello, debería haber aplicado el principio “in dubio pro reo”, mas estos juristas “amateurs” han osado modificar la jurisprudencia penal y sentar el principio de “in dubio contra reo”.
Y aún en el supuesto de que creyeran imprescindible sancionar a un inocente para dar ejemplo de tolerancia cero con el dopaje, aún podrían haber recurrido al artículo 297 del Reglamento, conforme al cual se puede reducir el castigo a un año si se demuestra que no ha existido negligencia significativa en el comportamiento del deportista, como es evidentemente el caso. Pero no, hay que castigar sin piedad a los “tramposos” –el impresentable Presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, John Fahey dixit- y, sino quieres una taza de un año, pues toma otra de dos.
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Indignación como amante del deporte
El deporte es una importante actividad humana que debe estar regida por la limpieza y el “fair play”, y sobre los deportistas que incumplan las normas de la ética profesional debe recaer todo el peso de la ley. Como ha declarado el Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, a quien se le pruebe su dopaje, que sea sancionado, pero hay que defender la inocencia de los que no se hayan dopado. Del confuso laudo se desprende que Contador no tomó sustancias prohibidas, ni conscientemente, ni por culpa o negligencia, y que las insignificantes trazas de clembuterol halladas en su organismo no permitían mejorar su rendimiento, pues la droga suministrada en una sola dosis no sirve para nada. En tales circunstancias, resulta incomprensible la decisión del TAS que -aparte de humillar a un gran campeón inocente- causa grave daño al ciclismo que pretende proteger. Para luchar contra una posible injusticia, no cabe recurrir a la injusticia, ni la justicia puede convertirse en venganza. El fin no justifica los medios
El único defecto de Contador ha sido ganar casi todas las pruebas a las que se ha presentado, y el éxito es difícil de ser perdonado. Fahey le ha acusado de tramposo, sin aportar prueba alguna. Estas acusaciones –auténticas calumnias- resultan intolerables al proceder del Presidente de la AMA, que debería dar prueba de objetividad y neutralidad y no de avidez recaudatoria. “Si la UCI cobra una multa a Contador –ha afirmado con la mayor desfachatez- por supuesto estaríamos interesados en coger una parte”.
El miembro de la Comisión de Deportistas del AMA, Alberto López, ha afirmado que, tras la injusta sentencia contra Alberto ahora es el momento de modificar el Código Mundial Antidopaje y revisar el principio de responsabilidad objetiva. Algunas de las normas que rigen el TAS son contrarías al derecho español y al derecho europeo, y tanto España, como la Unión Europea deberían involucrarse activamente para corregir esta lamentable situación.
Indignación como español
La AMA y la UCI han menospreciado a la Federación Española de Ciclismo a la que remitieron el caso Contador. El Comité de Competición lo condenó a una suspensión de un año, pero, tras la apelación del ciclista -una muestra más de su inocencia- lo absolvió. La AMA y la UCI recurrieron al TAS esta decisión y la Unión ha llegado insólitamente a desautorizar el permiso de la RFEC para que Contador pudiera competir y le ha privado de sus triunfos en pruebas como el “Tour” de Francia, el “Giro” de Italia o la “Volta” a Cataluña. Equivale a añadir insulto a la herida.
Esta desconsideración ha dado alas a las campañas europeas contra el deporte español, especialmente en Francia. La “grandeur” le hace difícil aceptar que desde hace años las competiciones más emblemáticas del país –el “Tour” y el “Roland-Garros”- no hayan sido ganadas por un galo, mientras los españoles las ganan año tras año. Y no sólo existe superioridad hispana en ciclismo y tenis, sino también en la mayoría de los demás deportes. No cabe alegar que se trata sólo de gamberradas de los guiñoles de Canal+ -que entran en el dominio penal al incurrir en la calumnia e intromisión en el honor personal de los deportistas-, pues los ataques son generalizados, en la prensa supuestamente seria –como “Le Monde” o “Libération”- y en la especializada –como “L’Équipe”-. Me ha sorprendido el silencio del Presidente del Gobierno –un gran aficionado al ciclismo y comentarista ocasional de este deporte-, mientras que su predecesor manifestó en su día que no había razones jurídicas para sancionar a Contador. El recurso a la protesta a través de la Embajada me parece excesivo.
El Gobierno debe contribuir a que se haga justicia a Contador. El ciclista ha manifestado su intención de recurrir ante la jurisdicción suiza ordinaria, pero ahí tiene escasas posibilidades de éxito. La mejor baza radica en apelar al Tribual Europeo de Derechos Humanos, para lo que deberá contar con todo el apoyo de España.
Madrid, 10 de Febrero de 2012
viernes, 10 de febrero de 2012
lunes, 6 de febrero de 2012
Insólita acción conjunta de varios Ministros de Exteriores
INSÓLITA ACCIÓN CONJUNTA DE VARIOS EX-MINISTROS DE EXTERIORES
El periódico “El Mundo” publicó el pasado día 5 un insólito artículo sobre “Una política exterior al servicio de España”, firmado conjuntamente por 11 de los 12 Ministros de Asuntos Exteriores que ha habido en España desde el restablecimiento de la democracia, de Marcelino Oreja a José Manuel García-Margallo, con la única ausencia –por razones obvias- de Francisco Fernández Ordóñez. Este hecho inhabitual –tanto por su contenido, como por las diferentes posiciones políticas e ideológicas de sus signatarios- es digno de encomio y alabanza. Los co-autores del documento se declaran concientes de las dificultades por las que atraviesan los Estados de la UE, y expresan su opinión sobre el papel que puede y debe desempeñar nuestro país para superar esta crisis y permitir que España ocupe un lugar de primer orden en la política internacional.
Comparto en su totalidad las manifestaciones de los 11 ex-Ministros y del actual titular de la cartera de Exteriores, aunque quepa precisar algunas de sus afirmaciones, como la de que “la prioridad número uno de nuestra acción exterior no puede ser otra que la recuperación económica y la creación de empleo”. Estoy de acuerdo con este objetivo, aunque no con su formulación. El desarrollo económico y la lucha contra el paro son objetivos prioritarios de la política interior de España y no tanto de su política exterior, aunque ambas estén íntimamente vinculadas. Pese a la gravísima crisis económica-financiera que padecemos, no hay que confundir la política exterior con la política económica exterior -parte de aquélla-, ni sustituir el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por otro de Comercio Exterior. Por importante que sea la economía, siempre deberá estar supeditada a la política general de un Estado.
Intereses permanentes en la política exterior española
Los Ministros matizan su tajante aserto al afirmar más adelante que “el papel de España en el mundo depende de cómo resolvamos nuestros desafíos internos, comenzando por los económicos”. Completamente de acuerdo: la política exterior de un Estado está condicionada por su política interior. Para ello, “hace falta una política exterior con una cierta visión de los intereses nacionales, que se construya sobre lo mejor que han hecho nuestros sucesivos gobiernos”. En efecto, los intereses de un Estados –como mantenía Tayllerand- tienen carácter permanente y deben prevalecer en lo sustancial pese a los cambios de gobierno, e incluso de régimen, lo que no ha sido siempre el caso con algunos de los Gobiernos socialistas, especialmente los últimos.
El añorado ausente de la lista de firmantes, Francisco Fernández Ordóñez, -aún con su funambulismo político y su apertura a sinistra- aceptó plenamente este axioma tras la fase de escarceos no-alineados y tercermundistas de Fernando Morán- y, en 1992, declaró lo siguiente:”Por primera vez desde hace siglos estamos, no de espectadores, sino de actores en la construcción de Europa…Una vez abierta la puerta, superados el encogimiento y el ensimismamiento –el sueño hipnótico del que hablaba Unamuno-, el camino que se dibuja ante nosotros nos lleva de manera natural hacia donde precisamente estamos hoy: la integración en Europa, la proyección iberoamericana, la solidaridad mediterránea y el vínculo atlántico”. No es casualidad que precisamente en estos vectores hallan puesto énfasis los ministros en su escrito. No son los únicos, pero sí los más importantes de nuestra política exterior.
Algunos medios de comunicación –como el editorial de “El Mundo”- han subrayado la necesidad de que los principales partidos españoles concierten un Pacto de Estado sobre las prioridades y objetivos de la política exterior. No es estrictamente necesario si se vuelve a la práctica de la política tradicional en la materia, pero sin duda será sumamente útil para evitar posibles desviaciones, como las realizadas por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Adopción de una Ley del Servicio Exterior
Entre las medidas requeridas, los signatarios sugieren abrir una reflexión sobre la adecuación del servicio exterior a los objetivos de una diplomacia a la altura de los retos que vivimos, la cual “debería desembocar en una propuesta de ley del servicio exterior”. Este estribillo me suena, pues se lo he oído tararear a casi todos los Ministros del ramo, sin que se haya logrado en ningún caso llevar el proyecto a feliz término, pese a la constitución de comisiones interministeriales y el nombramiento de un Embajador en misión especial para el cambio del servicio exterior. Hay quien han echado la culpa de estos fracasos al corporativismo de la carrera diplomática, pero nada más lejos de la realidad. A diferencia de cuerpos similares, como los abogados del Estado o los técnicos comercial es-¿a qué, si no, se debe, que un diplomático no consiga un puesto de Consejero Comercial, pero un técnico comercial sí pueda ser nombrado Embajador?-, la “carrière” es poco corporativista, no por falta de gana, sino por imposibilidad física, debido a la dispersión y lejanía de sus miembros y a la mayor dependencia de la Superioridad a la hora de conseguir buenos destinos, especialmente el de Embajador. El principal motivo de la falta de éxito en la necesaria y urgente reforma del servicio exterior ha radicado en que no se han tenido debidamente en cuenta los intereses y los deseos de los miembros de la carrera y no se ha contado con sus legítimos representantes, especialmente la Asociación de Diplomáticos Españoles, mayoritaria en la carrera. Para solucionar el problema, García-Margallo ha decidido crear una comisión de antiguos Ministros de Exteriores presidida por Marcelino Oreja. Me parece una medida positiva, pero insuficiente. Convendría complementarla con la constitución de una comisión de nivel intermedio, integrada por miembros de la Dirección General del Servicio Exterior, representantes de las asociaciones de diplomáticos –particularmente la ADE- y de funcionarios de otros cuerpos que participan en la acción exterior –como los técnicos comerciales o los militares-, y antiguos diplomáticos.
Profesionalismo, especialización y mérito
Los ex –Ministros han afirmado acertadamente que hay que seguir avanzando para que nuestro servicio exterior “esté todavía más profesionalizado, sea más meritocrático y tenga una mayor capacidad de especialización”. Se trata de tres loables objetivos que no han podido ser alcanzados en los últimos años, y no sólo con los Gobiernos socialistas, aunque con ellos haya empeorado la situación-. Me limitaré a dar testimonio de la carrera diplomática, la principal responsable del servicio exterior. No se ha facilitado la especialización –con la excepción, quizás, de los diplomáticos especializados en temas comunitarios, aunque el mero hecho de haber estado dos ó tres años en un puesto relacionado con la Comunidad o la Unión Europeo no hacen de un funcionario un experto comunitario- y, cuando la hay, raramente se aprovecha. Basta que el funcionario sea un jurista experimentado en diplomacia multilateral para que sea enviado a un puesto bilateral sin contenido jurídico, o que hable árabe o ruso para que sea destinado a un país hispano o germano-parlante.
La “meritocracia” es una virtud raramente practicada en el Palacio de Santa Cruz o en el engendro de Torres Ágora. Con honrosas excepciones, los puestos importantes –y otros no tanto- se suelen conceder más por afinidades ideológicas que por méritos profesionales. Se requieren muchos cambios en el Ministerio para lograr los objetivos de especialización, profesionalización y mérito. Hay que establecer una eficiente y objetiva política de personal y aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles.
Madrid, 6 de Febrero de 2012
El periódico “El Mundo” publicó el pasado día 5 un insólito artículo sobre “Una política exterior al servicio de España”, firmado conjuntamente por 11 de los 12 Ministros de Asuntos Exteriores que ha habido en España desde el restablecimiento de la democracia, de Marcelino Oreja a José Manuel García-Margallo, con la única ausencia –por razones obvias- de Francisco Fernández Ordóñez. Este hecho inhabitual –tanto por su contenido, como por las diferentes posiciones políticas e ideológicas de sus signatarios- es digno de encomio y alabanza. Los co-autores del documento se declaran concientes de las dificultades por las que atraviesan los Estados de la UE, y expresan su opinión sobre el papel que puede y debe desempeñar nuestro país para superar esta crisis y permitir que España ocupe un lugar de primer orden en la política internacional.
Comparto en su totalidad las manifestaciones de los 11 ex-Ministros y del actual titular de la cartera de Exteriores, aunque quepa precisar algunas de sus afirmaciones, como la de que “la prioridad número uno de nuestra acción exterior no puede ser otra que la recuperación económica y la creación de empleo”. Estoy de acuerdo con este objetivo, aunque no con su formulación. El desarrollo económico y la lucha contra el paro son objetivos prioritarios de la política interior de España y no tanto de su política exterior, aunque ambas estén íntimamente vinculadas. Pese a la gravísima crisis económica-financiera que padecemos, no hay que confundir la política exterior con la política económica exterior -parte de aquélla-, ni sustituir el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por otro de Comercio Exterior. Por importante que sea la economía, siempre deberá estar supeditada a la política general de un Estado.
Intereses permanentes en la política exterior española
Los Ministros matizan su tajante aserto al afirmar más adelante que “el papel de España en el mundo depende de cómo resolvamos nuestros desafíos internos, comenzando por los económicos”. Completamente de acuerdo: la política exterior de un Estado está condicionada por su política interior. Para ello, “hace falta una política exterior con una cierta visión de los intereses nacionales, que se construya sobre lo mejor que han hecho nuestros sucesivos gobiernos”. En efecto, los intereses de un Estados –como mantenía Tayllerand- tienen carácter permanente y deben prevalecer en lo sustancial pese a los cambios de gobierno, e incluso de régimen, lo que no ha sido siempre el caso con algunos de los Gobiernos socialistas, especialmente los últimos.
El añorado ausente de la lista de firmantes, Francisco Fernández Ordóñez, -aún con su funambulismo político y su apertura a sinistra- aceptó plenamente este axioma tras la fase de escarceos no-alineados y tercermundistas de Fernando Morán- y, en 1992, declaró lo siguiente:”Por primera vez desde hace siglos estamos, no de espectadores, sino de actores en la construcción de Europa…Una vez abierta la puerta, superados el encogimiento y el ensimismamiento –el sueño hipnótico del que hablaba Unamuno-, el camino que se dibuja ante nosotros nos lleva de manera natural hacia donde precisamente estamos hoy: la integración en Europa, la proyección iberoamericana, la solidaridad mediterránea y el vínculo atlántico”. No es casualidad que precisamente en estos vectores hallan puesto énfasis los ministros en su escrito. No son los únicos, pero sí los más importantes de nuestra política exterior.
Algunos medios de comunicación –como el editorial de “El Mundo”- han subrayado la necesidad de que los principales partidos españoles concierten un Pacto de Estado sobre las prioridades y objetivos de la política exterior. No es estrictamente necesario si se vuelve a la práctica de la política tradicional en la materia, pero sin duda será sumamente útil para evitar posibles desviaciones, como las realizadas por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Adopción de una Ley del Servicio Exterior
Entre las medidas requeridas, los signatarios sugieren abrir una reflexión sobre la adecuación del servicio exterior a los objetivos de una diplomacia a la altura de los retos que vivimos, la cual “debería desembocar en una propuesta de ley del servicio exterior”. Este estribillo me suena, pues se lo he oído tararear a casi todos los Ministros del ramo, sin que se haya logrado en ningún caso llevar el proyecto a feliz término, pese a la constitución de comisiones interministeriales y el nombramiento de un Embajador en misión especial para el cambio del servicio exterior. Hay quien han echado la culpa de estos fracasos al corporativismo de la carrera diplomática, pero nada más lejos de la realidad. A diferencia de cuerpos similares, como los abogados del Estado o los técnicos comercial es-¿a qué, si no, se debe, que un diplomático no consiga un puesto de Consejero Comercial, pero un técnico comercial sí pueda ser nombrado Embajador?-, la “carrière” es poco corporativista, no por falta de gana, sino por imposibilidad física, debido a la dispersión y lejanía de sus miembros y a la mayor dependencia de la Superioridad a la hora de conseguir buenos destinos, especialmente el de Embajador. El principal motivo de la falta de éxito en la necesaria y urgente reforma del servicio exterior ha radicado en que no se han tenido debidamente en cuenta los intereses y los deseos de los miembros de la carrera y no se ha contado con sus legítimos representantes, especialmente la Asociación de Diplomáticos Españoles, mayoritaria en la carrera. Para solucionar el problema, García-Margallo ha decidido crear una comisión de antiguos Ministros de Exteriores presidida por Marcelino Oreja. Me parece una medida positiva, pero insuficiente. Convendría complementarla con la constitución de una comisión de nivel intermedio, integrada por miembros de la Dirección General del Servicio Exterior, representantes de las asociaciones de diplomáticos –particularmente la ADE- y de funcionarios de otros cuerpos que participan en la acción exterior –como los técnicos comerciales o los militares-, y antiguos diplomáticos.
Profesionalismo, especialización y mérito
Los ex –Ministros han afirmado acertadamente que hay que seguir avanzando para que nuestro servicio exterior “esté todavía más profesionalizado, sea más meritocrático y tenga una mayor capacidad de especialización”. Se trata de tres loables objetivos que no han podido ser alcanzados en los últimos años, y no sólo con los Gobiernos socialistas, aunque con ellos haya empeorado la situación-. Me limitaré a dar testimonio de la carrera diplomática, la principal responsable del servicio exterior. No se ha facilitado la especialización –con la excepción, quizás, de los diplomáticos especializados en temas comunitarios, aunque el mero hecho de haber estado dos ó tres años en un puesto relacionado con la Comunidad o la Unión Europeo no hacen de un funcionario un experto comunitario- y, cuando la hay, raramente se aprovecha. Basta que el funcionario sea un jurista experimentado en diplomacia multilateral para que sea enviado a un puesto bilateral sin contenido jurídico, o que hable árabe o ruso para que sea destinado a un país hispano o germano-parlante.
La “meritocracia” es una virtud raramente practicada en el Palacio de Santa Cruz o en el engendro de Torres Ágora. Con honrosas excepciones, los puestos importantes –y otros no tanto- se suelen conceder más por afinidades ideológicas que por méritos profesionales. Se requieren muchos cambios en el Ministerio para lograr los objetivos de especialización, profesionalización y mérito. Hay que establecer una eficiente y objetiva política de personal y aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles.
Madrid, 6 de Febrero de 2012
domingo, 29 de enero de 2012
LA PERSISTENTE NEGATIVA BRITÁNICA A DESCOLONIZAR GIBRALTAR
El Primer Ministro británico, David Cameron, defendió el pasado día 25 en Estrasburgo, ante el Parlamento Europeo, el derecho de la población de Gibraltar a la libre determinación al afirmar:”Este pueblo -que forma parte del Reino Unido- quiere mantener su estatuto. Yo no hablaría de descolonización, sino de una recolonización si actuamos en contra de sus deseos”. El Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo le contestó reafirmando la voluntad de España de reanudar las negociaciones sobre la soberanía de la colonia, aunque sólo con Gran Bretaña, y su intención de no seguir hablando de cooperación si no se avanzaba en el tema fundamental de la soberanía. Añadió que, para discutir de la cooperación con el Peñón, había que contar con las autoridades del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía. Fuentes del Gobierno británico replicaron, a su vez, que el Reino Unido no hablaría con España sobre la soberanía del Peñón sin el visto bueno de las autoridades gibraltareñas.
Breve historia de Gibraltar
El contencioso hispano-británico se prolonga desde la ocupación de Gibraltar en 1704 por una flota anglo-holandesa, en nombre del Archiduque Carlos de Austria, aspirante al trono de España durante la Guerra de Sucesión. La ulterior anexión de la roca por parte de Gran Bretaña fue legitimada por el Tratado de Utrecht, de 13 de Julio de 1713, con el que España pagó un desorbitado precio por el dudoso privilegio de ser regida por un Borbón. Por el artículo X de dicho tratado, España cedió en perpetuidad al Reino Unido “la entera y plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas, sin jurisdicción territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”. Se incluyó una importante cláusula de salvaguardia:”Si en algún tiempo a la Corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, …se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”. Los 4.000 habitantes del Peñón fueron trasladados a San Roque, a unos 3 kms de la línea fronteriza, donde se establecieron “provisionalmente”.
.
Por razones humanitarias, los débiles Gobiernos españoles permitieron la presencia británica en parte del istmo que une el Peñón con el resto de la Península. Gran Bretaña consolidó esta presencia y, en 1909, erigió una verja, que se convirtió de” facto” en la línea divisoria con España. Existen, por tanto, dos Gibraltares: el cedido por España en el Tratado de Utrecht y el unilateralmente anexionado por Gran Bretaña en el istmo -en flagrante violación del Tratado de Utrecht-, que carece de cobertura jurídica internacional. En esta parte del istmo construyó ilegalmente el Gobierno británico el aeródromo militar de Gibraltar, también utilizado en la actualidad para vuelos civiles.
El tema de Gibraltar en la ONU
En 1946, Gran Bretaña incluyó Gibraltar en la Lista de Territorios no
Autónomos de la ONU y en 1963 se planteó el tema de Gibraltar ante el Comité de los 24. En 1966, la Asamblea General –en su resolución 2231(XXI)- pidió a España y a Gran Bretaña que mantuvieran negociaciones sobre la descolonización de Gibraltar “teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio”. En 1969, Gran Bretaña otorgó una Constitución a Gibraltar, en cuyo preámbulo se establecía lo siguiente:”El Gobierno de Su Majestad nunca concertará acuerdo alguno por el que el pueblo de Gibraltar quede sometido a la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos, expresados de forma libre y democrática”. El Gobierno español protestó en vano contra esta violación del Tratado de Utrecht y, en represalia, cerró la verja y prohibió en tránsito por la frontera., lo que supuso el deterioro de las relaciones hispano-británicas..
Tras la instauración de la democracia en España mejoraron las relaciones. En 1980, por la Declaración de Lisboa, las Partes se comprometieron a solucionar sus diferencias sobre Gibraltar de acuerdo con las resoluciones de la ONU. El nuevo Gobierno socialista de Felipe González decidió abrir la verja a finales de 1982 y, dos años más tarde -por la Declaración de Bruselas-, España y el Reino Unido acordaron tratar las cuestiones de soberanía de Gibraltar y a promover la cooperación en diversos ámbitos. Pese a ello, las negociaciones sobre la soberanía no prosperaron ante la exigencia británica del acuerdo del “Gobierno de Gibraltar” para cualquier solución. En 1996, tras la llegada al Gobierno de José María Aznar, el Ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, presentó una propuesta de co-soberanía sobre Gibraltar, que –tras ser rechazada en ilegal referéndum por el 99% de los gibraltareño- no fue aceptada por su colega Malcom Rifkin. En un comunicado de 2002, los Ministros Josep Piqué y Jack Straw reconocieron, no obstante, la necesidad de concluir un acuerdo global que cubriera todos los aspectos –incluidos la soberanía y la cooperación-, a fin de construir un futuro seguro, estable y próspero para Gibraltar, y dotarlo de un status moderno y sostenible, acorde con la común pertenencia de los dos países a la OTAN y a la UE.
Se optó por la fórmula “dos banderas, tres voces”, que permitía a los gibraltareños participar en las negociaciones en el seno de la delegación inglesa.
Cambio en la política tradicional española sobre Gibraltar
Después del triunfo socialista en 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambió sustancialmente la tradicional política española sobre Gibraltar. Se creó un Foro Tripartito de Diálogo sobre Gibraltar, en el que España, Gran Bretaña y la parte gibraltareña participaban en pie de igualdad. Las Declaraciones de Lisboa y Bruselas se sumieron en el olvido y se dio prioridad a la cooperación local sobre la discusión de la soberanía. En 2006 se firmaron acuerdos sobre libertad de telecomunicaciones y sobre el uso conjunto del aeropuerto gibraltareño –construido en territorio español-, y el Gobierno autorizó la realización de vuelos entre Madrid y Gibraltar. España debilitó su posición en la ONU al dar su consenso a una resolución que pedía que, para la solución del conflicto, se tuvieran en cuenta “los intereses y las aspiraciones” de los gibraltareños. Pero el mayor despropósito se produjo en 2009 con la primera visita de un Ministro español, inmortalizada en la foto de un sonriente Moratinos en el mirador del Peñón -en amor y compaña con Caruana y Miliband-, que llenó de vergüenza propia a muchos españoles. Con el cambio de rumbo anunciado por García-Margallo se vuelve al statu quo ante de la política española sobre Gibraltar.
En el plano jurídico, España tiene argumentos sobrados para refutar la exigencia británica de autodeterminación de Gibraltar. Como prevé la resolución 1514(XV) de 1960, “toda tentativa destinada a destruir total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de la ONU”. Las aspiraciones de los 28.000 habitantes del Peñón no pueden prevalecer sobre los derechos de 47 millones de españoles, ni destruir la integridad territorial de España. La defensa a ultranza de Gran Bretaña de la libre determinación –a la que también tienen derecho los españoles descendientes de los expulsados de Gibraltar- no es, por otra parte, sincera, ya que el Reino Unido entregó en 1997 a la tiranía de la China comunista a 7 millones de ciudadanos de Hong-Kong, sin que le importara un bledo el ejercicio por éstos de semejante derecho.
Como reconoció el que fue Embajador inglés en Madrid, Sir John Russell, “no podemos seguir defendiendo esta anomalía histórica y geográfica; los anacronismos coloniales han desparecido en la mayor parte del mundo; Gibraltar es el único que queda en Europa”. Hay que tratar de hacer comprender al Gobierno británico que la amistad con España bien vale un Gibraltar.
Madrid, 29 de Enero de 2012
El Primer Ministro británico, David Cameron, defendió el pasado día 25 en Estrasburgo, ante el Parlamento Europeo, el derecho de la población de Gibraltar a la libre determinación al afirmar:”Este pueblo -que forma parte del Reino Unido- quiere mantener su estatuto. Yo no hablaría de descolonización, sino de una recolonización si actuamos en contra de sus deseos”. El Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo le contestó reafirmando la voluntad de España de reanudar las negociaciones sobre la soberanía de la colonia, aunque sólo con Gran Bretaña, y su intención de no seguir hablando de cooperación si no se avanzaba en el tema fundamental de la soberanía. Añadió que, para discutir de la cooperación con el Peñón, había que contar con las autoridades del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía. Fuentes del Gobierno británico replicaron, a su vez, que el Reino Unido no hablaría con España sobre la soberanía del Peñón sin el visto bueno de las autoridades gibraltareñas.
Breve historia de Gibraltar
El contencioso hispano-británico se prolonga desde la ocupación de Gibraltar en 1704 por una flota anglo-holandesa, en nombre del Archiduque Carlos de Austria, aspirante al trono de España durante la Guerra de Sucesión. La ulterior anexión de la roca por parte de Gran Bretaña fue legitimada por el Tratado de Utrecht, de 13 de Julio de 1713, con el que España pagó un desorbitado precio por el dudoso privilegio de ser regida por un Borbón. Por el artículo X de dicho tratado, España cedió en perpetuidad al Reino Unido “la entera y plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas, sin jurisdicción territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”. Se incluyó una importante cláusula de salvaguardia:”Si en algún tiempo a la Corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, …se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”. Los 4.000 habitantes del Peñón fueron trasladados a San Roque, a unos 3 kms de la línea fronteriza, donde se establecieron “provisionalmente”.
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Por razones humanitarias, los débiles Gobiernos españoles permitieron la presencia británica en parte del istmo que une el Peñón con el resto de la Península. Gran Bretaña consolidó esta presencia y, en 1909, erigió una verja, que se convirtió de” facto” en la línea divisoria con España. Existen, por tanto, dos Gibraltares: el cedido por España en el Tratado de Utrecht y el unilateralmente anexionado por Gran Bretaña en el istmo -en flagrante violación del Tratado de Utrecht-, que carece de cobertura jurídica internacional. En esta parte del istmo construyó ilegalmente el Gobierno británico el aeródromo militar de Gibraltar, también utilizado en la actualidad para vuelos civiles.
El tema de Gibraltar en la ONU
En 1946, Gran Bretaña incluyó Gibraltar en la Lista de Territorios no
Autónomos de la ONU y en 1963 se planteó el tema de Gibraltar ante el Comité de los 24. En 1966, la Asamblea General –en su resolución 2231(XXI)- pidió a España y a Gran Bretaña que mantuvieran negociaciones sobre la descolonización de Gibraltar “teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio”. En 1969, Gran Bretaña otorgó una Constitución a Gibraltar, en cuyo preámbulo se establecía lo siguiente:”El Gobierno de Su Majestad nunca concertará acuerdo alguno por el que el pueblo de Gibraltar quede sometido a la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos, expresados de forma libre y democrática”. El Gobierno español protestó en vano contra esta violación del Tratado de Utrecht y, en represalia, cerró la verja y prohibió en tránsito por la frontera., lo que supuso el deterioro de las relaciones hispano-británicas..
Tras la instauración de la democracia en España mejoraron las relaciones. En 1980, por la Declaración de Lisboa, las Partes se comprometieron a solucionar sus diferencias sobre Gibraltar de acuerdo con las resoluciones de la ONU. El nuevo Gobierno socialista de Felipe González decidió abrir la verja a finales de 1982 y, dos años más tarde -por la Declaración de Bruselas-, España y el Reino Unido acordaron tratar las cuestiones de soberanía de Gibraltar y a promover la cooperación en diversos ámbitos. Pese a ello, las negociaciones sobre la soberanía no prosperaron ante la exigencia británica del acuerdo del “Gobierno de Gibraltar” para cualquier solución. En 1996, tras la llegada al Gobierno de José María Aznar, el Ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, presentó una propuesta de co-soberanía sobre Gibraltar, que –tras ser rechazada en ilegal referéndum por el 99% de los gibraltareño- no fue aceptada por su colega Malcom Rifkin. En un comunicado de 2002, los Ministros Josep Piqué y Jack Straw reconocieron, no obstante, la necesidad de concluir un acuerdo global que cubriera todos los aspectos –incluidos la soberanía y la cooperación-, a fin de construir un futuro seguro, estable y próspero para Gibraltar, y dotarlo de un status moderno y sostenible, acorde con la común pertenencia de los dos países a la OTAN y a la UE.
Se optó por la fórmula “dos banderas, tres voces”, que permitía a los gibraltareños participar en las negociaciones en el seno de la delegación inglesa.
Cambio en la política tradicional española sobre Gibraltar
Después del triunfo socialista en 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambió sustancialmente la tradicional política española sobre Gibraltar. Se creó un Foro Tripartito de Diálogo sobre Gibraltar, en el que España, Gran Bretaña y la parte gibraltareña participaban en pie de igualdad. Las Declaraciones de Lisboa y Bruselas se sumieron en el olvido y se dio prioridad a la cooperación local sobre la discusión de la soberanía. En 2006 se firmaron acuerdos sobre libertad de telecomunicaciones y sobre el uso conjunto del aeropuerto gibraltareño –construido en territorio español-, y el Gobierno autorizó la realización de vuelos entre Madrid y Gibraltar. España debilitó su posición en la ONU al dar su consenso a una resolución que pedía que, para la solución del conflicto, se tuvieran en cuenta “los intereses y las aspiraciones” de los gibraltareños. Pero el mayor despropósito se produjo en 2009 con la primera visita de un Ministro español, inmortalizada en la foto de un sonriente Moratinos en el mirador del Peñón -en amor y compaña con Caruana y Miliband-, que llenó de vergüenza propia a muchos españoles. Con el cambio de rumbo anunciado por García-Margallo se vuelve al statu quo ante de la política española sobre Gibraltar.
En el plano jurídico, España tiene argumentos sobrados para refutar la exigencia británica de autodeterminación de Gibraltar. Como prevé la resolución 1514(XV) de 1960, “toda tentativa destinada a destruir total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de la ONU”. Las aspiraciones de los 28.000 habitantes del Peñón no pueden prevalecer sobre los derechos de 47 millones de españoles, ni destruir la integridad territorial de España. La defensa a ultranza de Gran Bretaña de la libre determinación –a la que también tienen derecho los españoles descendientes de los expulsados de Gibraltar- no es, por otra parte, sincera, ya que el Reino Unido entregó en 1997 a la tiranía de la China comunista a 7 millones de ciudadanos de Hong-Kong, sin que le importara un bledo el ejercicio por éstos de semejante derecho.
Como reconoció el que fue Embajador inglés en Madrid, Sir John Russell, “no podemos seguir defendiendo esta anomalía histórica y geográfica; los anacronismos coloniales han desparecido en la mayor parte del mundo; Gibraltar es el único que queda en Europa”. Hay que tratar de hacer comprender al Gobierno británico que la amistad con España bien vale un Gibraltar.
Madrid, 29 de Enero de 2012
jueves, 26 de enero de 2012
"Manuel Fraga Iribarne: In Memoriam"
MANUEL FRAGA IRIBARNE: IN MEMORIAM (26-I-2012)
Con el solemne funeral en la Catedral de la Almudena se cerró el ciclo necrológico abierto tras la muerte de Manuel Fraga Iribarne. En este período han proliferado los comentarios sobre el ilustre tribuno gallego, elogiosos lo más, críticos y hasta virulentos los menos. No he sido discípulo, seguidor o correligionario de Don Manuel, pero sí mantuve con él relaciones episódicas y puntuales durante su dilatada vida académica, diplomática y política, que me permitieron tener un cierto conocimiento de su poliédrica personalidad. Fraga tenía una dudosa reputación de persona colérica, intemperante, despótica, ordenancista y desconsiderada. Mi experiencia no me permite compartir tan negativo juicio, ya que siempre me trató de forma exquisita, incluso cuando no era más que un modesto aspirante a la “carrière” . Por eso, quiero rendirle este pequeño homenaje basado en datos anecdóticos personales.
Mis primeros contactos con Fraga se produjeron a comienzos de los 60 cuando yo era Profesor Ayudante de Derecho Internacional en la Universidad Complutense y opositor a la carrera diplomática, y él Director del Instituto de Estudios Políticos. Creó un equipo de colaboradores externos, del que yo formé parte, y ello me permitió redactar reseñas y recensiones de libros para las revistas del Instituto. En la Revista de Estudios Políticos publiqué mis primeros trabajos científicos sobre la descolonización o las relaciones entre los Estados y las Organizaciones Internacionales. Nos hacía trabajar a base de bien, pero él predicaba con el ejemplo. Aunque le teníamos un pánico reverencial, nunca tuve con él el menor incidente. Realizó una gran labor en el Instituto.
Fraga iniciaba en esos años su carrera política al amparo de su mentor José Solís, a la sazón Secretario General del Movimiento. En una ocasión hicieron una visita al heterodoxo Colegio Mayor “César Carlos” –paradójicamente dependiente de la Secretaría General- donde el inefable Solís nos dio una insustancial charla sobre los planes económicos del gobierno, en la que afirmó que en los próximos años se crearían dos millones de puestos de trabajo. Un compañero economista le replicó, con una abrumadora exposición de datos económicos, que eso era imposible. Entonces Solís dijo sin inmutarse:”Pues si no dos millones, crearemos un millón”. Cada vez que Fraga, incómodo con las trivialidades de su patrón, trataba de intervenir, éste le decía:”Tú te callas, Manolo”.
Cuando más traté a Don Manuel fue durante su período de Embajador en Gran Bretaña a comienzos de los 70. Yo solía ir con relativa frecuencia a Londres para asistir a las reuniones y conferencia de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Cada vez que iba me invitaba a comer a solas con él en su residencia para que le informara sobre las cuestiones tratadas en la Organización, aunque se tratara de temas técnicos como la contaminación marina o la seguridad marítima. En 1973 participé activamente en la adopción del Convenio de contaminación por buques. Cuando Fraga tuvo conocimiento de mi actuación, me propuso para una condecoración y el Gobierno me concedió la encomienda de Isabel la Católica. También conversábamos sobre la situación en España y las perspectivas de una evolución del régimen. Fraga tenía el propósito de reformar el régimen desde dentro con miras a conseguir formas más democráticas de gobierno. A tal efecto, desarrollaba una actividad frenética y mantenía contactos con personas de las más diversas ideologías. Yo compartía sus objetivos y estaba de acuerdo con algunos de sus proyectos de orientación centrista. Tras la destitución de Carlos Arias Navarro, Fraga creyó que había llegado su hora de liderar la transición hacia la democracia. Sin embargo, tras el nombramiento como Presidente del Gobierno de Adolfo Suárez –a la sazón un melón pre-democrático sin calar- se sintió frustrado y, al ver que le arrebataban su juguete reformista, se escoró hacia la derecha. Yo permanecí en el centro y fui uno de los promotores del antiguo Partido Popular, que sirvió de núcleo para la creación de la UCD. El experimento de los “Siete Magníficos” fue un auténtico fiasco, pero la paciente labor de Don Manuel en Alianza Popular permitió llevar hacia la democracia a la derecha más arriscada.
Durante varios años mantuve relaciones epistolares con Fraga. Yo le mandaba copias de mis libros y artículos, y él me enviaba algunos de los suyos. Siempre que conseguía un nombramiento de Embajador, recibía un telegrama o una carta de felicitación de Don Manuel, ya en su fase de Presidente de la Junta de Galicia.
Volví a verlo de nuevo en Rusia en 1997, a raíz de su nombramiento como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Acudí a la ciudad del Neva para preparar su visita y allí me encontré con una nutrida avanzadilla de autoridades gallegas. Asistí en la universidad a una conferencia del Consejero de Cultura, en la que ofreció una versión sesgada de la situación cultural y lingüística de la Comunidad, al resaltar la opresión sufrida durante años por el centralismo castellano, y tuve que intervenir para matizar las afirmaciones del exacerbado galleguista. La llegada de Fraga –con su concepción unitaria del Estado, compatible con su voluntad de conseguir la máxima autonomía de Galicia- hizo que las aguas volvieran a su cauce.
Encontré a Fraga algo maltrecho física –cojitranco a causa de una operación de cadera- y anímicamente -como consecuencia el reciente fallecimiento de su esposa-, pero aún conservaba su proverbial hiperactividad. En sus dos días de estancia, fue investido como Doctor, pronunció una brillante conferencia en la Universidad sobre la situación en España y en Galicia, inauguró un Centro de Lengua y Cultura Gallegas, visitó al Alcalde de San Petersburgo y al Gobernador de Leningrado, recorrió la ciudad, se pateó el Museo del Hermitage, y ofreció una cena íntima a los miembros de la delegación, en la que tuve que pronunciar unas palabras en portuñol. Don Manuel estuvo extremadamente amable conmigo y con mi mujer en el transcurso de la visita.
Volvimos a vernos por última vez en Portugal en 2002 y en 2003, cuando viajó a Viana do Castelo, Guimaraes y Oporto para recibir diversos homenajes. Entonces pude comprobar lo querido y respetado que era “Dom Manolinho” en el Norte de Portugal. Mi última relación con Fraga fue epistolar. Se produjo en 2008 cuando le remití un ejemplar de mi libro “Portugal, Irak y Rusia: Semblanzas diplomáticas de unas misiones sensibles”, y él me envió una carta de felicitación.
Fraga podría entrar dentro de la categoría definida por su paisano Ramón María del Valle-Inclán:”Feo, católico y sentimental”. En unas declaraciones a “El País” en 2006 dijo, con ciertas resonancias bíblicas:”Yo soy el que soy y creo que algún servicio he prestado a este país…Naturalmente he cometido errores…pero yo creo que también he ido moldeando mi carácter con el paso de los años, he sido capaz de cambiar, porque además mi condición de cristiano también me obliga a hacer examen de conciencia para volver a empezar de nuevo todos los días”. Don Manuel era un hombre de profundas convicciones religiosas. ¡Que Dios lo haya acogido en su seno!
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Con el solemne funeral en la Catedral de la Almudena se cerró el ciclo necrológico abierto tras la muerte de Manuel Fraga Iribarne. En este período han proliferado los comentarios sobre el ilustre tribuno gallego, elogiosos lo más, críticos y hasta virulentos los menos. No he sido discípulo, seguidor o correligionario de Don Manuel, pero sí mantuve con él relaciones episódicas y puntuales durante su dilatada vida académica, diplomática y política, que me permitieron tener un cierto conocimiento de su poliédrica personalidad. Fraga tenía una dudosa reputación de persona colérica, intemperante, despótica, ordenancista y desconsiderada. Mi experiencia no me permite compartir tan negativo juicio, ya que siempre me trató de forma exquisita, incluso cuando no era más que un modesto aspirante a la “carrière” . Por eso, quiero rendirle este pequeño homenaje basado en datos anecdóticos personales.
Mis primeros contactos con Fraga se produjeron a comienzos de los 60 cuando yo era Profesor Ayudante de Derecho Internacional en la Universidad Complutense y opositor a la carrera diplomática, y él Director del Instituto de Estudios Políticos. Creó un equipo de colaboradores externos, del que yo formé parte, y ello me permitió redactar reseñas y recensiones de libros para las revistas del Instituto. En la Revista de Estudios Políticos publiqué mis primeros trabajos científicos sobre la descolonización o las relaciones entre los Estados y las Organizaciones Internacionales. Nos hacía trabajar a base de bien, pero él predicaba con el ejemplo. Aunque le teníamos un pánico reverencial, nunca tuve con él el menor incidente. Realizó una gran labor en el Instituto.
Fraga iniciaba en esos años su carrera política al amparo de su mentor José Solís, a la sazón Secretario General del Movimiento. En una ocasión hicieron una visita al heterodoxo Colegio Mayor “César Carlos” –paradójicamente dependiente de la Secretaría General- donde el inefable Solís nos dio una insustancial charla sobre los planes económicos del gobierno, en la que afirmó que en los próximos años se crearían dos millones de puestos de trabajo. Un compañero economista le replicó, con una abrumadora exposición de datos económicos, que eso era imposible. Entonces Solís dijo sin inmutarse:”Pues si no dos millones, crearemos un millón”. Cada vez que Fraga, incómodo con las trivialidades de su patrón, trataba de intervenir, éste le decía:”Tú te callas, Manolo”.
Cuando más traté a Don Manuel fue durante su período de Embajador en Gran Bretaña a comienzos de los 70. Yo solía ir con relativa frecuencia a Londres para asistir a las reuniones y conferencia de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Cada vez que iba me invitaba a comer a solas con él en su residencia para que le informara sobre las cuestiones tratadas en la Organización, aunque se tratara de temas técnicos como la contaminación marina o la seguridad marítima. En 1973 participé activamente en la adopción del Convenio de contaminación por buques. Cuando Fraga tuvo conocimiento de mi actuación, me propuso para una condecoración y el Gobierno me concedió la encomienda de Isabel la Católica. También conversábamos sobre la situación en España y las perspectivas de una evolución del régimen. Fraga tenía el propósito de reformar el régimen desde dentro con miras a conseguir formas más democráticas de gobierno. A tal efecto, desarrollaba una actividad frenética y mantenía contactos con personas de las más diversas ideologías. Yo compartía sus objetivos y estaba de acuerdo con algunos de sus proyectos de orientación centrista. Tras la destitución de Carlos Arias Navarro, Fraga creyó que había llegado su hora de liderar la transición hacia la democracia. Sin embargo, tras el nombramiento como Presidente del Gobierno de Adolfo Suárez –a la sazón un melón pre-democrático sin calar- se sintió frustrado y, al ver que le arrebataban su juguete reformista, se escoró hacia la derecha. Yo permanecí en el centro y fui uno de los promotores del antiguo Partido Popular, que sirvió de núcleo para la creación de la UCD. El experimento de los “Siete Magníficos” fue un auténtico fiasco, pero la paciente labor de Don Manuel en Alianza Popular permitió llevar hacia la democracia a la derecha más arriscada.
Durante varios años mantuve relaciones epistolares con Fraga. Yo le mandaba copias de mis libros y artículos, y él me enviaba algunos de los suyos. Siempre que conseguía un nombramiento de Embajador, recibía un telegrama o una carta de felicitación de Don Manuel, ya en su fase de Presidente de la Junta de Galicia.
Volví a verlo de nuevo en Rusia en 1997, a raíz de su nombramiento como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Acudí a la ciudad del Neva para preparar su visita y allí me encontré con una nutrida avanzadilla de autoridades gallegas. Asistí en la universidad a una conferencia del Consejero de Cultura, en la que ofreció una versión sesgada de la situación cultural y lingüística de la Comunidad, al resaltar la opresión sufrida durante años por el centralismo castellano, y tuve que intervenir para matizar las afirmaciones del exacerbado galleguista. La llegada de Fraga –con su concepción unitaria del Estado, compatible con su voluntad de conseguir la máxima autonomía de Galicia- hizo que las aguas volvieran a su cauce.
Encontré a Fraga algo maltrecho física –cojitranco a causa de una operación de cadera- y anímicamente -como consecuencia el reciente fallecimiento de su esposa-, pero aún conservaba su proverbial hiperactividad. En sus dos días de estancia, fue investido como Doctor, pronunció una brillante conferencia en la Universidad sobre la situación en España y en Galicia, inauguró un Centro de Lengua y Cultura Gallegas, visitó al Alcalde de San Petersburgo y al Gobernador de Leningrado, recorrió la ciudad, se pateó el Museo del Hermitage, y ofreció una cena íntima a los miembros de la delegación, en la que tuve que pronunciar unas palabras en portuñol. Don Manuel estuvo extremadamente amable conmigo y con mi mujer en el transcurso de la visita.
Volvimos a vernos por última vez en Portugal en 2002 y en 2003, cuando viajó a Viana do Castelo, Guimaraes y Oporto para recibir diversos homenajes. Entonces pude comprobar lo querido y respetado que era “Dom Manolinho” en el Norte de Portugal. Mi última relación con Fraga fue epistolar. Se produjo en 2008 cuando le remití un ejemplar de mi libro “Portugal, Irak y Rusia: Semblanzas diplomáticas de unas misiones sensibles”, y él me envió una carta de felicitación.
Fraga podría entrar dentro de la categoría definida por su paisano Ramón María del Valle-Inclán:”Feo, católico y sentimental”. En unas declaraciones a “El País” en 2006 dijo, con ciertas resonancias bíblicas:”Yo soy el que soy y creo que algún servicio he prestado a este país…Naturalmente he cometido errores…pero yo creo que también he ido moldeando mi carácter con el paso de los años, he sido capaz de cambiar, porque además mi condición de cristiano también me obliga a hacer examen de conciencia para volver a empezar de nuevo todos los días”. Don Manuel era un hombre de profundas convicciones religiosas. ¡Que Dios lo haya acogido en su seno!
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miércoles, 25 de enero de 2012
El contencioso argentino-británico sobre las Malvinas
EL CONTENCIOSO ARGENTINO-BRITÁNICO SOBRE LAS ISLAS MALVINAS
José Antonio de Yturriaga Barberán
El pasado día 19, el Primer Ministro británico, David Cameron, acusó en la Cámara de los Comunes a Argentina de colonialismo por negar la libre determinación a las Islas Malvinas. Ante esta insólita declaración, el Ministro argentino de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, le replicó que resultaba sorprendente que Cameron hablara de colonialismo cuando su país era sinónimo de colonialismo. El aserto del Canciller argentino no andaba muy descaminado dado que, de los 16 territorios no autónomos aún pendientes de descolonizar, 10 se encuentran bajo dominio británico..
Breve historia de las Malvinas
El archipiélago de las Malvinas –o Falkland, según la terminología anglosajona-es un conjunto de más de 200 islas e islotes de 12..173 kms cuadrados de extensión y una población de 3.740 habitantes. Se encuentra situado en el Atlántico Sur, a unos 500 kms de las costas de Argentina, enclavado en su vasta plataforma continental. Fue descubierto en 1520 por el piloto español Esteban Gómez e incorporado a la corona española. Cuando en 1816 se produjo la independencia de Argentina pasó a depender del nuevo país. En 1833, la fragata inglesa “Clio”, mandada por Onslow, atacó Puerto Stantley, expulsó a la guarnición argentina del archipiélago, y lo puso bajo el dominio de Su Graciosa Majestad Británica. Esta ocupación manu militari del territorio de un país amigo en tiempo de paz no fue nunca legitimada por un ulterior tratado internacional, por lo que el dominio británico de las islas no esta respaldado por título jurídico alguno.
Los reiterados intentos diplomáticos del Gobierno argentino para recuperar las Malvinas resultaron infructuosos. El 1 de Abril de 1982, durante la dictadura militar presidida por el General Leopoldo Galtieri, las tropas argentinas atacaron por sorpresa y recuperaron el control de las islas. El Gobierno de Margaret Thatcher reaccionó con energía y envió a la región una importante fuerza aeronaval, con el apoyo de Estados Unidos. Tras 45 días de desigual contienda, Argentina tuvo que capitular, sobre todo tras el innecesario hundimiento del crucero “Almirante Belgrano”. Este disparatado enfrentamiento produjo la muerte de 652 argentinos y 255 británicos. Lo único bueno que salió del conflicto fue que supuso el comienzo del fin de la dictadura argentina.
En 1985, Gran Bretaña otorgó una Constitución que concedía a las Malvinas un amplio grado de autonomía y en 1986 les concedió el título de territorio británico de ultramar, ante las impotentes protestas del gobierno argentino. En 1986 el Reino Unido abrió un nuevo frente de confrontación con Argentina al establecer una zona de conservación y administración pesquera, sustituida en 1994 por una zona de conservación externa de 200 millas de extensión, con lo que la zona se solapaba con la ZEE argentina. El Gobierno de Malvinas reivindicó la competencia exclusiva en esta zona para la gestión y explotación de los recursos vivos y no vivos, y exigió la concesión de licencias para la pesca por parte de buques extranjeros. Esta decisión planteó problemas no sólo a Argentina –que se negó a aceptar la validez de las licencias malvinesas y negó el acceso a sus puertos de los pesqueros que las utilizaran-, sino también a países como España, cuyas empresas pesqueras tenían una importante presencia en la región. Ese mismo año se iniciaron exploraciones petrolíferas en la plataforma continental de las Malvinas. En la reforma constitucional de 1994, Argentina incluyó una disposición que afirmaba categóricamente que la recuperación de las Islas Malvinas era un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
La cuestión de las Malvinas en la ONU
La ONU incluyó a las Malvinas en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Desde su constitución en 1961, el Comité Especial de Descolonización ha adoptado 29 resoluciones y la Asamblea General otras 10, en las que instaban a Gran Bretaña y a Argentina a celebrar negociaciones sobre las cuestiones pertinentes de las Islas Malvinas, incluidas las relacionadas con la soberanía. El Gobierno británico ha prestado oídos sordos a estas peticiones y ha arrastrado los pies a la hora de negociar, negándose a ello a raíz del ataque argentino de 1982. La Asamblea ha encomendado al Secretario General una misión de buenos oficios a fin de que se reanuden las negociaciones, mas -pese a los esfuerzos de Ban Ki-Moon- Gran Bretaña sigue dando largas a la hora de sentarse en la mesa de negociación.. En su reciente declaración ante la Cámara de los Comunes, David Cameron reiteró la negativa de su Gobierno a negociar con Argentina sobre la soberanía de las Malvinas.
En su intervención el pasado Septiembre ante la Asamblea General, la Presidenta argentina denunció que los recursos pesqueros y petroleros de Argentina estaban siendo apropiados y sustraídos ilegítimamente por quien no tiene derecho. Cristina Fernández de Kirchner señaló que la referencia a la guerra provocada por la dictadura argentina era una coartada de Gran Bretaña para no aceptar las resoluciones de la ONU. Reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió:”Vamos a esperar un tiempo razonable y, si no, nos veremos obligados a revisar los entendimientos provisorios vigentes”. La Presidenta se refirió expresamente al Acuerdo de 1999 que permite un vuelo semanal entre Punta Arenas y Puerto Stanley, con escala en Río Gallegos.
Argentina consiguió que MERCOSUR adoptara en Diciembre una resolución por la que se prohíbía el acceso a los puertos sudamericanos a los buques que enarbolen el pabellón de las Malvinas. El periódico “Daily Mail” ha publicado recientemente la noticia de que Argentina estaba preparando una invasión pacífica de la isla por parte de pescadores, una especie de “marcha azul” similar a la realizada por Marruecos en 1976 contra el Sahara Occidental. Todos estos acontecimientos parecen haber enojado al Primer Ministro británico y provocado su desafortunado comentario en el Parlamento:”Lo que los argentinos han estado diciendo últimamente es mucho más que colonialismo, porque los malvinenses quieren seguir siendo británicos”.
Los argumentos en los que el Reino Unido se basa para que los habitantes de las Malvinas ejerzan su derecho a la libre determinación son una falacia. La resolución 1541(XV) de la Asamblea General de 1960 afirma que la autonomía de un territorio puede ser alcanzada mediante la independencia, la asociación o la integración en otro Estado independiente, y la resolución 1514(XV) de ese mismo año –que hace hincapié en la independencia de los territorios no autónomos- incluye la importante afirmación de que “toda tentativa encaminada a destruir parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de la ONU”. Imponer la voluntad de una población artificial de menos de 4.000 habitantes sobre la de más de 40 millones de argentinos y destruir la integridad territorial de Argentina no está en conformidad con el Derecho Internacional.
La solución de este contencioso no es fácil. Existen fórmulas técnico-jurídicas para conseguirlo, siempre que exista la voluntad política para lograr este objetivo. Gran Bretaña, sin embargo, carece de dicha voluntad política y sigue aferrada al mantenimiento de su anacrónica presencia colonial en las cuatro esquinas del planeta.
Madrid, 22-I-2012
José Antonio de Yturriaga Barberán
El pasado día 19, el Primer Ministro británico, David Cameron, acusó en la Cámara de los Comunes a Argentina de colonialismo por negar la libre determinación a las Islas Malvinas. Ante esta insólita declaración, el Ministro argentino de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, le replicó que resultaba sorprendente que Cameron hablara de colonialismo cuando su país era sinónimo de colonialismo. El aserto del Canciller argentino no andaba muy descaminado dado que, de los 16 territorios no autónomos aún pendientes de descolonizar, 10 se encuentran bajo dominio británico..
Breve historia de las Malvinas
El archipiélago de las Malvinas –o Falkland, según la terminología anglosajona-es un conjunto de más de 200 islas e islotes de 12..173 kms cuadrados de extensión y una población de 3.740 habitantes. Se encuentra situado en el Atlántico Sur, a unos 500 kms de las costas de Argentina, enclavado en su vasta plataforma continental. Fue descubierto en 1520 por el piloto español Esteban Gómez e incorporado a la corona española. Cuando en 1816 se produjo la independencia de Argentina pasó a depender del nuevo país. En 1833, la fragata inglesa “Clio”, mandada por Onslow, atacó Puerto Stantley, expulsó a la guarnición argentina del archipiélago, y lo puso bajo el dominio de Su Graciosa Majestad Británica. Esta ocupación manu militari del territorio de un país amigo en tiempo de paz no fue nunca legitimada por un ulterior tratado internacional, por lo que el dominio británico de las islas no esta respaldado por título jurídico alguno.
Los reiterados intentos diplomáticos del Gobierno argentino para recuperar las Malvinas resultaron infructuosos. El 1 de Abril de 1982, durante la dictadura militar presidida por el General Leopoldo Galtieri, las tropas argentinas atacaron por sorpresa y recuperaron el control de las islas. El Gobierno de Margaret Thatcher reaccionó con energía y envió a la región una importante fuerza aeronaval, con el apoyo de Estados Unidos. Tras 45 días de desigual contienda, Argentina tuvo que capitular, sobre todo tras el innecesario hundimiento del crucero “Almirante Belgrano”. Este disparatado enfrentamiento produjo la muerte de 652 argentinos y 255 británicos. Lo único bueno que salió del conflicto fue que supuso el comienzo del fin de la dictadura argentina.
En 1985, Gran Bretaña otorgó una Constitución que concedía a las Malvinas un amplio grado de autonomía y en 1986 les concedió el título de territorio británico de ultramar, ante las impotentes protestas del gobierno argentino. En 1986 el Reino Unido abrió un nuevo frente de confrontación con Argentina al establecer una zona de conservación y administración pesquera, sustituida en 1994 por una zona de conservación externa de 200 millas de extensión, con lo que la zona se solapaba con la ZEE argentina. El Gobierno de Malvinas reivindicó la competencia exclusiva en esta zona para la gestión y explotación de los recursos vivos y no vivos, y exigió la concesión de licencias para la pesca por parte de buques extranjeros. Esta decisión planteó problemas no sólo a Argentina –que se negó a aceptar la validez de las licencias malvinesas y negó el acceso a sus puertos de los pesqueros que las utilizaran-, sino también a países como España, cuyas empresas pesqueras tenían una importante presencia en la región. Ese mismo año se iniciaron exploraciones petrolíferas en la plataforma continental de las Malvinas. En la reforma constitucional de 1994, Argentina incluyó una disposición que afirmaba categóricamente que la recuperación de las Islas Malvinas era un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
La cuestión de las Malvinas en la ONU
La ONU incluyó a las Malvinas en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Desde su constitución en 1961, el Comité Especial de Descolonización ha adoptado 29 resoluciones y la Asamblea General otras 10, en las que instaban a Gran Bretaña y a Argentina a celebrar negociaciones sobre las cuestiones pertinentes de las Islas Malvinas, incluidas las relacionadas con la soberanía. El Gobierno británico ha prestado oídos sordos a estas peticiones y ha arrastrado los pies a la hora de negociar, negándose a ello a raíz del ataque argentino de 1982. La Asamblea ha encomendado al Secretario General una misión de buenos oficios a fin de que se reanuden las negociaciones, mas -pese a los esfuerzos de Ban Ki-Moon- Gran Bretaña sigue dando largas a la hora de sentarse en la mesa de negociación.. En su reciente declaración ante la Cámara de los Comunes, David Cameron reiteró la negativa de su Gobierno a negociar con Argentina sobre la soberanía de las Malvinas.
En su intervención el pasado Septiembre ante la Asamblea General, la Presidenta argentina denunció que los recursos pesqueros y petroleros de Argentina estaban siendo apropiados y sustraídos ilegítimamente por quien no tiene derecho. Cristina Fernández de Kirchner señaló que la referencia a la guerra provocada por la dictadura argentina era una coartada de Gran Bretaña para no aceptar las resoluciones de la ONU. Reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió:”Vamos a esperar un tiempo razonable y, si no, nos veremos obligados a revisar los entendimientos provisorios vigentes”. La Presidenta se refirió expresamente al Acuerdo de 1999 que permite un vuelo semanal entre Punta Arenas y Puerto Stanley, con escala en Río Gallegos.
Argentina consiguió que MERCOSUR adoptara en Diciembre una resolución por la que se prohíbía el acceso a los puertos sudamericanos a los buques que enarbolen el pabellón de las Malvinas. El periódico “Daily Mail” ha publicado recientemente la noticia de que Argentina estaba preparando una invasión pacífica de la isla por parte de pescadores, una especie de “marcha azul” similar a la realizada por Marruecos en 1976 contra el Sahara Occidental. Todos estos acontecimientos parecen haber enojado al Primer Ministro británico y provocado su desafortunado comentario en el Parlamento:”Lo que los argentinos han estado diciendo últimamente es mucho más que colonialismo, porque los malvinenses quieren seguir siendo británicos”.
Los argumentos en los que el Reino Unido se basa para que los habitantes de las Malvinas ejerzan su derecho a la libre determinación son una falacia. La resolución 1541(XV) de la Asamblea General de 1960 afirma que la autonomía de un territorio puede ser alcanzada mediante la independencia, la asociación o la integración en otro Estado independiente, y la resolución 1514(XV) de ese mismo año –que hace hincapié en la independencia de los territorios no autónomos- incluye la importante afirmación de que “toda tentativa encaminada a destruir parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de la ONU”. Imponer la voluntad de una población artificial de menos de 4.000 habitantes sobre la de más de 40 millones de argentinos y destruir la integridad territorial de Argentina no está en conformidad con el Derecho Internacional.
La solución de este contencioso no es fácil. Existen fórmulas técnico-jurídicas para conseguirlo, siempre que exista la voluntad política para lograr este objetivo. Gran Bretaña, sin embargo, carece de dicha voluntad política y sigue aferrada al mantenimiento de su anacrónica presencia colonial en las cuatro esquinas del planeta.
Madrid, 22-I-2012
martes, 17 de enero de 2012
La peculiar presa del "Patiño"
LA PECULIAR PRESA DEL “PATIÑO”
El pasado 12 de Enero el buque español de aprovisionamiento de combate “Patiño” apresó en aguas del Océano Índico una pequeña embarcación y sus tripulantes somalíes, que -en una rocambolesca operación- atacaron al navío y pretendieron abordarlo. Más de un ciudadano se habrá preguntado:”¿Qué pascuas hace un buque de guerra español en el lejano Océano Indico?”.
Hagamos un poco de historia. . Desde que el gobierno de Said Barre fue derrocado en 1991, Somalia inició un proceso de descomposición, anarquía y guerra civil, y el país se dividió en cantones autónomos bajo el liderazgo de los “señores de la guerra”.La mayor parte del país escapa al control del Gobierno Federal de Transición, reconocido como único legítimo por la comunidad internacional. Somalilandia y Putlandia se declararon independientes en 1991 y 1998 respectivamente, el Sur está controlado por el grupo rebelde islamista Al-Shabab, y parte de la capital Mogadiscio y su entorno por las milicias integristas de Hizbul-Islam. Si el GFT –que es un Gobierno “fallido”- apenas puede ejercer su dominio sobre una mínima parte terrestre de Somalia, resulta iluso esperar que controle los vastos espacios marítimos allende sus costas.
A partir de 2007, pequeñas embarcaciones procedentes del litoral somalí empezaron a atacar pesqueros extranjeros y a mercantes que llevaban a Somalia ayuda humanitaria, y a secuestrar a sus tripulantes, por los que se exigía el pago de importantes sumas de dinero. Así, en Abril de 2008 fue secuestrado el atunero español “Playa de Bakio”, por cuya liberación se pagó un rescate de 1.2 millones de dólares.
Los pescadores locales recibieron el apoyo de los “señores de la guerra” a cambio de participar en los beneficios y, ante el éxito obtenido con relativa facilidad, los ataques fueron creciendo en cantidad e intensidad (111 en ese año), hasta convertir el negocio del secuestro de buques en una de las actividades más rentables del mundo.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que expresaba su preocupación por la proliferación de actos de piratería y de robo a mano armada cometidos frente a las costas de Somalia, y por la grave amenaza que constituían tanto para la navegación internacional y la seguridad de las rutas marítimas, como para las actividades pesqueras en la zona. El Consejo instó a todos los Estados a que participaran activamente en la lucha contra estos actos delictivos en alta mar y en las aguas territoriales de Somalia, desplegando buques de guerra y aeronaves militares.
En Noviembre de 2008, la Unión Europea lanzó la “Operación Atalanta” y envió a la región una fuerza aeronaval compuesta por unidades de varios países miembros –incluida España-, Estados Unidos y otros países de la OTAN, con el fin de proteger la libertad de navegación en una zona vital para la comunicación internacional entre Europa y Asia. Ante estas medidas, los delincuentes somalíes –que con los ingresos obtenidos habían aumentado el potencial de sus flotas y de su armamento- ampliaron su ámbito de actuación fuera del área de cobertura de la “Operación Atlanta”, a las aguas cercanas a las Islas Seychelles, Kenia y Tanzania.
En Octubre de 2009, fue capturado a 413 millas de las costas somalíes el pesquero español “Alakrana”, cuyos tripulantes permanecieron retenidos durante 47 días. Por la liberación del buque los piratas recibieron una cuantiosa suma de dinero -al parecer, 2.7 millones de euros-, tras una oscura y controvertida mediación del Gobierno español. Los asaltantes capturados por la fragata “Canarias”, Hagi y Abdullahi, fueron juzgados en España y condenados a importantes penas de cárcel.
Ante la persistencia de los ataques, la UE y sus aliados han mantenido –e incluso incrementado- los efectivos de la “Operación Atlanta”. Mas, como esta presencia aeronaval no era suficiente para erradicar completamente los ataques piratas, varios Estados –incluida España- autorizaron el embarque en sus pesqueros de agentes de seguridad armados y –en algunos casos, como el de Francia- de unidades regulares de la marina. Por otra parte, la Unión concertó sendos acuerdos con Kenia y las Islas Seychelles para la entrega de los delincuentes apresados en la región y su ulterior enjuiciamiento por los respectivos tribunales.
El Parlamento Europeo destacó que la piratería se ha convertido en un negocio lucrativo en el que se exigen enormes rescates por la liberación de rehenes, y que los modernos piratas se sirven de medios cada vez más sofisticados, están muy bien armados y tienen una estrategia clara. Por ello, la piratería frente a las costas de Somalia y el resto de los países del Cuerno de África representan una creciente amenaza para la vida y la seguridad humanas. Señaló, por otra parte, que la lucha contra la piratería no podía ser ganada únicamente por medios militares, y dependía del éxito en el fomento de la paz, el desarrollo económico y la consolidación de las estructuras estatales de Somalia. Era, por tanto, indispensable adoptar medidas internacionales efectivas que presten mayor atención a la situación de inestabilidad política, agravada por la falta de desarrollo económico del país.
El diagnóstico del Parlamento Europeo es del todo acertado. Buena parte de las poblaciones costeras se han convertido en perpetradores, cómplices o encubridores de actos de piratería. Los piratas son considerados como modelos a imitar por los jóvenes somalíes, que se adhieren con entusiasmo a una actividad que les permite hacerse ricos y famosos en un brevísimo espacio de tiempo. La profesión de pirata no sólo no es condenada por la sociedad local, sino que tiene un inmerecido prestigio. Esta condescendencia alcanza incluso a ciertos sectores de la opinión pública internacional, que trata de quitar importancia a la gravedad de los hechos.
Aunque la batalla social esté perdida, hay que combatir la lacra de la nueva piratería en los ámbitos político-económico, militar y ético. La comunidad internacional debe hacer el máximo posible para ayudar a la consolidación del Gobierno central somalí, especialmente a través de un respaldo económico y financiero que procure mejorar el nivel de vida de su población. No es tarea fácil y hay escasas esperanzas de que ello se logre a corto plazo. Entretanto, deberá mantenerse en la zona la presencia aeronaval prevista en la “Operación Atalanta” y el refuerzo de los buques con personal de seguridad. Los elementos aeronavales habrán de actuar con contundencia contra los ataques armados, patrullar cerca de las costas somalíes y perseguir a los piratas hasta sus puertos de refugio, y destruir los medios navales y las infraestructuras de que dispongan. En un plano ético, los Gobiernos debrán abstenerse de participar en negociaciones con los secuestradores, favorecer la entrega de rescates o asumir el pago del mismo. Con la cesión al chantaje se puede conseguir salvar la vida de unas pocas personas, pero se facilitan los medios para que aumente el número de ataques y de secuestros contra otras muchas más. Por cuestión de principio, no cabe supeditar el interés general a intereses particulares, por muy respetables que éstos sean.
El pasado 12 de Enero el buque español de aprovisionamiento de combate “Patiño” apresó en aguas del Océano Índico una pequeña embarcación y sus tripulantes somalíes, que -en una rocambolesca operación- atacaron al navío y pretendieron abordarlo. Más de un ciudadano se habrá preguntado:”¿Qué pascuas hace un buque de guerra español en el lejano Océano Indico?”.
Hagamos un poco de historia. . Desde que el gobierno de Said Barre fue derrocado en 1991, Somalia inició un proceso de descomposición, anarquía y guerra civil, y el país se dividió en cantones autónomos bajo el liderazgo de los “señores de la guerra”.La mayor parte del país escapa al control del Gobierno Federal de Transición, reconocido como único legítimo por la comunidad internacional. Somalilandia y Putlandia se declararon independientes en 1991 y 1998 respectivamente, el Sur está controlado por el grupo rebelde islamista Al-Shabab, y parte de la capital Mogadiscio y su entorno por las milicias integristas de Hizbul-Islam. Si el GFT –que es un Gobierno “fallido”- apenas puede ejercer su dominio sobre una mínima parte terrestre de Somalia, resulta iluso esperar que controle los vastos espacios marítimos allende sus costas.
A partir de 2007, pequeñas embarcaciones procedentes del litoral somalí empezaron a atacar pesqueros extranjeros y a mercantes que llevaban a Somalia ayuda humanitaria, y a secuestrar a sus tripulantes, por los que se exigía el pago de importantes sumas de dinero. Así, en Abril de 2008 fue secuestrado el atunero español “Playa de Bakio”, por cuya liberación se pagó un rescate de 1.2 millones de dólares.
Los pescadores locales recibieron el apoyo de los “señores de la guerra” a cambio de participar en los beneficios y, ante el éxito obtenido con relativa facilidad, los ataques fueron creciendo en cantidad e intensidad (111 en ese año), hasta convertir el negocio del secuestro de buques en una de las actividades más rentables del mundo.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que expresaba su preocupación por la proliferación de actos de piratería y de robo a mano armada cometidos frente a las costas de Somalia, y por la grave amenaza que constituían tanto para la navegación internacional y la seguridad de las rutas marítimas, como para las actividades pesqueras en la zona. El Consejo instó a todos los Estados a que participaran activamente en la lucha contra estos actos delictivos en alta mar y en las aguas territoriales de Somalia, desplegando buques de guerra y aeronaves militares.
En Noviembre de 2008, la Unión Europea lanzó la “Operación Atalanta” y envió a la región una fuerza aeronaval compuesta por unidades de varios países miembros –incluida España-, Estados Unidos y otros países de la OTAN, con el fin de proteger la libertad de navegación en una zona vital para la comunicación internacional entre Europa y Asia. Ante estas medidas, los delincuentes somalíes –que con los ingresos obtenidos habían aumentado el potencial de sus flotas y de su armamento- ampliaron su ámbito de actuación fuera del área de cobertura de la “Operación Atlanta”, a las aguas cercanas a las Islas Seychelles, Kenia y Tanzania.
En Octubre de 2009, fue capturado a 413 millas de las costas somalíes el pesquero español “Alakrana”, cuyos tripulantes permanecieron retenidos durante 47 días. Por la liberación del buque los piratas recibieron una cuantiosa suma de dinero -al parecer, 2.7 millones de euros-, tras una oscura y controvertida mediación del Gobierno español. Los asaltantes capturados por la fragata “Canarias”, Hagi y Abdullahi, fueron juzgados en España y condenados a importantes penas de cárcel.
Ante la persistencia de los ataques, la UE y sus aliados han mantenido –e incluso incrementado- los efectivos de la “Operación Atlanta”. Mas, como esta presencia aeronaval no era suficiente para erradicar completamente los ataques piratas, varios Estados –incluida España- autorizaron el embarque en sus pesqueros de agentes de seguridad armados y –en algunos casos, como el de Francia- de unidades regulares de la marina. Por otra parte, la Unión concertó sendos acuerdos con Kenia y las Islas Seychelles para la entrega de los delincuentes apresados en la región y su ulterior enjuiciamiento por los respectivos tribunales.
El Parlamento Europeo destacó que la piratería se ha convertido en un negocio lucrativo en el que se exigen enormes rescates por la liberación de rehenes, y que los modernos piratas se sirven de medios cada vez más sofisticados, están muy bien armados y tienen una estrategia clara. Por ello, la piratería frente a las costas de Somalia y el resto de los países del Cuerno de África representan una creciente amenaza para la vida y la seguridad humanas. Señaló, por otra parte, que la lucha contra la piratería no podía ser ganada únicamente por medios militares, y dependía del éxito en el fomento de la paz, el desarrollo económico y la consolidación de las estructuras estatales de Somalia. Era, por tanto, indispensable adoptar medidas internacionales efectivas que presten mayor atención a la situación de inestabilidad política, agravada por la falta de desarrollo económico del país.
El diagnóstico del Parlamento Europeo es del todo acertado. Buena parte de las poblaciones costeras se han convertido en perpetradores, cómplices o encubridores de actos de piratería. Los piratas son considerados como modelos a imitar por los jóvenes somalíes, que se adhieren con entusiasmo a una actividad que les permite hacerse ricos y famosos en un brevísimo espacio de tiempo. La profesión de pirata no sólo no es condenada por la sociedad local, sino que tiene un inmerecido prestigio. Esta condescendencia alcanza incluso a ciertos sectores de la opinión pública internacional, que trata de quitar importancia a la gravedad de los hechos.
Aunque la batalla social esté perdida, hay que combatir la lacra de la nueva piratería en los ámbitos político-económico, militar y ético. La comunidad internacional debe hacer el máximo posible para ayudar a la consolidación del Gobierno central somalí, especialmente a través de un respaldo económico y financiero que procure mejorar el nivel de vida de su población. No es tarea fácil y hay escasas esperanzas de que ello se logre a corto plazo. Entretanto, deberá mantenerse en la zona la presencia aeronaval prevista en la “Operación Atalanta” y el refuerzo de los buques con personal de seguridad. Los elementos aeronavales habrán de actuar con contundencia contra los ataques armados, patrullar cerca de las costas somalíes y perseguir a los piratas hasta sus puertos de refugio, y destruir los medios navales y las infraestructuras de que dispongan. En un plano ético, los Gobiernos debrán abstenerse de participar en negociaciones con los secuestradores, favorecer la entrega de rescates o asumir el pago del mismo. Con la cesión al chantaje se puede conseguir salvar la vida de unas pocas personas, pero se facilitan los medios para que aumente el número de ataques y de secuestros contra otras muchas más. Por cuestión de principio, no cabe supeditar el interés general a intereses particulares, por muy respetables que éstos sean.
miércoles, 21 de diciembre de 2011
Intereses permanentes en la política exterior de España
INTERESES PERMANENTES EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA
José Antonio de Yturriaga Barberán
El programa electoral del PP –como el de los demás partidos- apenas hace referencia a la política exterior de España. En este mismo sentido, el discurso de investidura de Mariano Rajoy tampoco se explaya sobre este importante vector de la política de un Estado. Es comprensible –aunque ni justificable- esta omisión en el marco de unas elecciones generales, porque dicha política apenas interesa a la población, y suele pasar a un segundo plano. Mas, a la hora de exponer los principios básicos de su futura acción gubernamental, Rajoy debería haber esbozado las líneas directrices de la política exterior de su Gobierno. Demos, no obstante, un cierto margen de confianza al flamante Presidente para que –de acuerdo con su peculiar idiosincrasia- vaya exponiendo pausadamente sus intenciones en la materia.
La verdad es que éste es uno de los escasos ámbitos en los que Rajoy lo tiene relativamente fácil, pues le bastará con hacer todo lo contrario a lo que ha hecho su antecesor. No sé si fue con plena conciencia y conocimiento de causa, pero Rodríguez Zapatero dio un giro copernicano de 180º a la política exterior española seguida por el Gobierno de Aznar. Estos cambios radicales de orientación suelen ser perjudiciales en general, pero resultan nefastos en el ámbito de la política exterior. Ésta debe proteger los intereses del Estado que –como mantenía Tayllerand- son permanente, y no deben ser supeditados a convicciones o veleidades ideológicas
Los vectores fundamentales de la política exterior española son –como los precisó en 1992 el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez- la integración en Europa, la proyección iberoamericana, el vínculo atlántico y la solidaridad mediterránea. Estos intereses son permanentes y se han mantenido en lo esencial pese a los cambios de gobiernos, y tan sólo se han visto afectados en cuestiones de matices. Sin embargo, nada más acceder al poder, Rodríguez Zapatero volvió como un calcetín la tradicional acción exterior de España: de las relaciones particulares con la Unión Europea y sus principales miembros a los lazos especiales con Estados Unidos, de Marruecos a Gibraltar, de la solidaridad con las democracia occidentales a la Alianza de Civilizaciones…
España perdió protagonismo en Europa por la inclinación al no-alineamiento de ZP y, sobre todo, por el considerable deterioro de la situación económica de nuestro país, que ha contribuido a la debilitación del euro y la ha forzado a ir a remolque de los dictados de los mercados, del Banco Central Europeo y de la dupla Merkel-Sarkozy. Rajoy ha afirmado acertadamente que España tiene que estar en el núcleo constitutivo de la futura unión económico-financiera europea, que consolide el acerbo comunitario del euro. Para ello, amen de realizar importantes recortes en el gasto público y en el endeudamiento y de llevar a cabo importantes reformas estructurales, es esencial tener la voluntad política necesaria.
En el ámbito iberoamericano, el Gobierno de Rodríguez Zapatero alentó las relaciones con los gobiernos menos democráticos de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua, y no ha defendido adecuadamente los intereses de las empresas españolas antes los desafueros de los nuevos caudillos. Disminuyó la influencia política y económica de España en la región, como se puso de manifiesto con el fiasco de la última reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana. El nuevo Gobierno deberá potenciar la presencia política, económica y cultural de España y aprovechar –en palabras de Julián Marías- ese “marco de referencia de medio milenio de historia compartida, de memoria colectiva, si no estuviera dilapidada con el olvido”. Hay que incrementar los lazos con los Estados más dinámicos y democráticos de Iberoamérica –Chile, Colombia, Méjico, Brasil o Argentina-, y tratar de influir positivamente en los países que vulneran, de una u otra forma, las libertades fundamentales y los derechos humanos, especialmente en Cuba.
Desde el comienzo de su mandato, Rodríguez Zapatero se enfrentó innecesariamente con el gran aliado trasatlántico con su gratuita afrenta a la enseña estadounidense y, especialmente, con la apresurada retirada de las tropas españolas de Irak de manera poco presentable. Ello llevó a una congelación de facto de las relaciones hispano-norteamericanas, que –aunque se recompusieron tras la elección de Obama- son manifiestamente mejorables. Hay que ser fieles y leales a la OTAN y a su indiscutible líder, sin abandonar por ello nuestra autonomía y nuestra capacidad de crítica cuando necesario fuere.
La solidaridad mediterránea implica hacer uso de nuestra cercanía a los países árabes para ayudarles en su evolución hacia formas más democráticas de gobierno. El Gobierno de Rodríguez Zapatero cedió en demasía a las exigencias marroquíes y abandonó su apoyo a la libre determinación de la antigua colonia española del Sahara.
ZP fue el co-inventor de la ectoplasmática “Alianza de Civilizaciones”, que –si bien en teoría es acertada y conveniente- en la práctica está abocada al fracaso en un recorrido de sentido único, porque resulta imposible dialogar con el islamismo integrista. El nuevo Gobierno deberá tratar de mantener buenas relaciones con Marruecos por razones obvias de vecindad y posibilidad de conflictos territoriales, pero sin olvidar sus obligaciones jurídicas y morales con el pueblo saharaui. Asimismo deberá apoyar el desarrollo de la “primavera árabe” y los esfuerzos de los pueblos de la región para conseguir formas más democráticas de gobierno.
.
Existen otros objetivos para la política exterior española como la expansión de las relaciones con los países asiáticos –especialmente en el ámbito económico-, el incremento de la cooperación técnica con los países menos desarrollados, el fortalecimiento de las relaciones con la Federación Rusa o la protección de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, debe darse prioridad los intereses permanentes de España, que se centran fundamentalmente en Europa, Iberoamérica, Estados Unidos y el Mediterráneo.
Madrid, 20 de Diciembre de 2012
José Antonio de Yturriaga Barberán
El programa electoral del PP –como el de los demás partidos- apenas hace referencia a la política exterior de España. En este mismo sentido, el discurso de investidura de Mariano Rajoy tampoco se explaya sobre este importante vector de la política de un Estado. Es comprensible –aunque ni justificable- esta omisión en el marco de unas elecciones generales, porque dicha política apenas interesa a la población, y suele pasar a un segundo plano. Mas, a la hora de exponer los principios básicos de su futura acción gubernamental, Rajoy debería haber esbozado las líneas directrices de la política exterior de su Gobierno. Demos, no obstante, un cierto margen de confianza al flamante Presidente para que –de acuerdo con su peculiar idiosincrasia- vaya exponiendo pausadamente sus intenciones en la materia.
La verdad es que éste es uno de los escasos ámbitos en los que Rajoy lo tiene relativamente fácil, pues le bastará con hacer todo lo contrario a lo que ha hecho su antecesor. No sé si fue con plena conciencia y conocimiento de causa, pero Rodríguez Zapatero dio un giro copernicano de 180º a la política exterior española seguida por el Gobierno de Aznar. Estos cambios radicales de orientación suelen ser perjudiciales en general, pero resultan nefastos en el ámbito de la política exterior. Ésta debe proteger los intereses del Estado que –como mantenía Tayllerand- son permanente, y no deben ser supeditados a convicciones o veleidades ideológicas
Los vectores fundamentales de la política exterior española son –como los precisó en 1992 el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez- la integración en Europa, la proyección iberoamericana, el vínculo atlántico y la solidaridad mediterránea. Estos intereses son permanentes y se han mantenido en lo esencial pese a los cambios de gobiernos, y tan sólo se han visto afectados en cuestiones de matices. Sin embargo, nada más acceder al poder, Rodríguez Zapatero volvió como un calcetín la tradicional acción exterior de España: de las relaciones particulares con la Unión Europea y sus principales miembros a los lazos especiales con Estados Unidos, de Marruecos a Gibraltar, de la solidaridad con las democracia occidentales a la Alianza de Civilizaciones…
España perdió protagonismo en Europa por la inclinación al no-alineamiento de ZP y, sobre todo, por el considerable deterioro de la situación económica de nuestro país, que ha contribuido a la debilitación del euro y la ha forzado a ir a remolque de los dictados de los mercados, del Banco Central Europeo y de la dupla Merkel-Sarkozy. Rajoy ha afirmado acertadamente que España tiene que estar en el núcleo constitutivo de la futura unión económico-financiera europea, que consolide el acerbo comunitario del euro. Para ello, amen de realizar importantes recortes en el gasto público y en el endeudamiento y de llevar a cabo importantes reformas estructurales, es esencial tener la voluntad política necesaria.
En el ámbito iberoamericano, el Gobierno de Rodríguez Zapatero alentó las relaciones con los gobiernos menos democráticos de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua, y no ha defendido adecuadamente los intereses de las empresas españolas antes los desafueros de los nuevos caudillos. Disminuyó la influencia política y económica de España en la región, como se puso de manifiesto con el fiasco de la última reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana. El nuevo Gobierno deberá potenciar la presencia política, económica y cultural de España y aprovechar –en palabras de Julián Marías- ese “marco de referencia de medio milenio de historia compartida, de memoria colectiva, si no estuviera dilapidada con el olvido”. Hay que incrementar los lazos con los Estados más dinámicos y democráticos de Iberoamérica –Chile, Colombia, Méjico, Brasil o Argentina-, y tratar de influir positivamente en los países que vulneran, de una u otra forma, las libertades fundamentales y los derechos humanos, especialmente en Cuba.
Desde el comienzo de su mandato, Rodríguez Zapatero se enfrentó innecesariamente con el gran aliado trasatlántico con su gratuita afrenta a la enseña estadounidense y, especialmente, con la apresurada retirada de las tropas españolas de Irak de manera poco presentable. Ello llevó a una congelación de facto de las relaciones hispano-norteamericanas, que –aunque se recompusieron tras la elección de Obama- son manifiestamente mejorables. Hay que ser fieles y leales a la OTAN y a su indiscutible líder, sin abandonar por ello nuestra autonomía y nuestra capacidad de crítica cuando necesario fuere.
La solidaridad mediterránea implica hacer uso de nuestra cercanía a los países árabes para ayudarles en su evolución hacia formas más democráticas de gobierno. El Gobierno de Rodríguez Zapatero cedió en demasía a las exigencias marroquíes y abandonó su apoyo a la libre determinación de la antigua colonia española del Sahara.
ZP fue el co-inventor de la ectoplasmática “Alianza de Civilizaciones”, que –si bien en teoría es acertada y conveniente- en la práctica está abocada al fracaso en un recorrido de sentido único, porque resulta imposible dialogar con el islamismo integrista. El nuevo Gobierno deberá tratar de mantener buenas relaciones con Marruecos por razones obvias de vecindad y posibilidad de conflictos territoriales, pero sin olvidar sus obligaciones jurídicas y morales con el pueblo saharaui. Asimismo deberá apoyar el desarrollo de la “primavera árabe” y los esfuerzos de los pueblos de la región para conseguir formas más democráticas de gobierno.
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Existen otros objetivos para la política exterior española como la expansión de las relaciones con los países asiáticos –especialmente en el ámbito económico-, el incremento de la cooperación técnica con los países menos desarrollados, el fortalecimiento de las relaciones con la Federación Rusa o la protección de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, debe darse prioridad los intereses permanentes de España, que se centran fundamentalmente en Europa, Iberoamérica, Estados Unidos y el Mediterráneo.
Madrid, 20 de Diciembre de 2012
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