Un antimodelo de fiscal general: inidóneo, condenado por desviación de poder e investigado por revelación de secretos

UN ANTIMODELO DE FISCAL GENERAL: INIDÓNEO, CONDENADO POR DESVIACIÓN DE PODER E INVESTIGADO POR REVELACIÓN DE SECRETOS El pasado día 16, el Tribunal Supremo (TS) abrió una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (AGO) por un supuesto delito de revelación de secretos, al ordenar la publicación de una nota de prensa en la que se hacían públicos datos reservados de las negociaciones de la Fiscalía de Madrid con el empresario Alberto González, expedientado por la comisión de supuestos delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. Ha sido asimismo imputada la fiscal-jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que fue quien facilitó los datos secretos del expediente. Los españoles padecemos un fiscal general del Estado -más bien del Gobierno- que nos merecemos por nuestros muchos pecados políticos. AGO fue considerado inidóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial, condenado por el TS por desviación de poder y está siendo investigado por dicho Tribunal por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos ¡Menuda joya! Estima que la Constitución está pasada de rosca y que su misión no es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y velar por la independencia de los tribunales, (artículo 124-1), sino luchar contra los bulos y e fango que difunden los seudo medios de comunicación y los jueces corruptos, con el fin de perjudicar el jefe, Pedro Sánchez, y a su honorabilísima esposa, Begoña Gómez, campeona indiscutible en la captación de fondos financieros, merced a la benevolencia de su ilustre marido. Supuestos de hecho del “caso García Ortiz” El empresario Alberto González había sido expedientado por la AEAT y su defensa propuso un pacto de conformidad, por el que -a cambio de reconocer los hechos y devolver las sumas defraudadas, se le redujera considerablemente la posible condena. El 12 de marzo de 2024, el “Diario.es” publicó que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había defraudado €350.591 a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. El día 13, “El Mundo” informó a las 21.30 que la Fiscalía había ofrecido a González un pacto para que admitiera dos delitos fiscales mientras se judicializaba el caso, y a las 23.51, la Cadena SER aseguró que había sido el novio de Ayuso quién ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de delitos, para evitar el juicio. Ese mismo día, el fiscal encargado del asunto, Julián Salto, remitió la denuncia al abogado de González para facilitarle el derecho a la defensa y le indicó que la existencia de otras personas denunciadas en el procedimiento no constituía un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal. AGO pidió a la fiscal Rodríguez que le enviara con urgencia el expediente de González, y ésta telefoneó a Salto -al que hizo salir del estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid y el Milán estaban jugando un partido de fútbol- y le ordenó que le mandara sin demora el citado expediente, que, tras ser recibido, la fiscal lo remitió al correo personal de AGO y no al oficial, como hubiera sido lo normal. Aquí ya empieza a oler a chamusquina. El día 14, la Oficina de Prensa de la Fiscalía General elaboró una nota informativa -bajo el encabezamiento de la Oficina de Prensa de la Audiencia Provincial- en la que reproducía entre comillas algunos párrafos literales de los correos intercambiados entre la Fiscalía y la Defensa. La nota fue enviada a la Oficina de Prensa de la Audiencia madrileña, para que fuese publicada como cosa suya y con su membrete, pero el jefe de la Oficina -tras consultar con la Fiscal Superior, Almudena Lastra- se negó a hacerlo. AGO llamó a Lastra para pedirle que sacara la nota, pero ésta apoyó la decisión de su subordinado al estimar que la nota no era correcta y apreciar la ilegalidad de semejante petición. El fiscal general volvió a telefonear a Lastra, pero ésta no se puso al teléfono, de modo que le envió un correo en el que decía que la nota era correcta, que había que defender a los compañeros fiscales que habían actuado de forma impecable y que se trataba de desmentir un bulo. La intención de AGO quedó claramente reflejada al afirmar que “si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato”. ¿A quién le ganaban el relato? El uso del “Nos” mayestático suponía que los perjudicados serían él y, por supuesto, Sánchez y su Gobierno ¿En qué disposición del Estatuto Fiscal se indica que una de las misiones de la Fiscalía sea la de desmentir bulos publicados en los medios de comunicación? En cualquier caso, lo que había publicado “El Mundo” no era ningún bulo, sino una noticia incompleta, ya que -en el momento de la publicación del artículo- el diario no tenía conocimiento del correo en el que el letrado de González solicitaba un pacto de conformidad. El fiscal general consideraba indispensable dejar claro que quien había tomado la iniciativa era la Defensa y no la Fiscalía, pero eso no tenía la menor relevancia procesal, dado que lo importante era ver si se llegaba a un acuerdo de transacción, y la Fiscalía parecía estar proclive a lograrlo, hasta que conoció A través de Rodríguez que el expedientado era el novio de Ayuso, pese que no lo fuera cuando cometió el supuesto fraude. Lo más llamativo del caso era la urgencia extrema de AGO en desmentir un bulo que no era tal, como mostró al sacar al fiscal Salto de un partido internacional, elaborar una nota informativa a altas horas de la noche e iniciar al día siguiente gestiones para que se divulgara la citada nota. Él mismo explicó las razones al expresar la necesidad de que no le ganaran el relato. También resultaba sospechoso su intento de que la nota en cuestión fuera presentada por la Fiscalía de Madrid en vez de por la Fiscalía General, pero pinchó en hueso al topar con una fiscal responsable, que no aceptó sumarse a la turbia actuación del “capo”. Ese mismo día, “El País” publicó una captura del escrito de la Defensa, en el que reconocía el delito y pedía llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El 20 de marzo, el Colegio de Abogados de Madrid presentó una denuncia contra la Fiscalía por revelación de secretos, en la que aseguraba que, tanto el comunicado como el contenido del correo electrónico que se publicó, desbordaban el deber de información. González también presentó por el mismo motivo una querella contra los fiscales Salto y Rodríguez, y contra el fiscal general, que fue admitida a trámite por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Goyena, para los dos primeros, aunque no para AGO por estar aforado. El 11 de junio, el fiscal general envió un escrito en el que indicaba que la difusión de la nota no se habría producido sin su autorización y sin sus instrucciones expresas y directas, por lo que el instructor se declaró incompetente, dejó de instruir el caso, y se limitó a redactar un auto motivado para someterlo a la consideración y decisión del TS. La instrucción, quedó inconclusa respecto a extremos relevantes y necesarios para valorar cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes de que se publicara a la nota informativa, “cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial, enviados por Salto a partir en las 22,00 horas del día 13 de marzo, ambos dispusieron de ellos para elaborar y consensuar la nota informativa” El 16 de octubre, la Sala Segunda de lo Penal del TS avaló por unanimidad la propuesta del magistrado instructor y decidió abrir una causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, en relación con la difusión de datos relativos a la investigación de un particular por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. El Tribunal también decidió investigar a la fiscal Rodríguez, pese que no tuviera la condición de aforada, dada la inescindible conexión entre los comportamientos de ambos fiscales, que impedía la incoación de causas separadas. La Sala precisó que la cuestión primordial era determinar si la conducta atribuida por los querellantes a los querellados podía subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tuviera conocimiento por razón de oficio o cargo y que no debieran ser divulgados. En relación con la nota informativa, los magistrados llegaron a la conclusión de que aparentemente no proporcionaba información indebidamente revelada, dado el conocimiento el público de los hechos, que habían sido sacados a la luz por distintos medios de prensa y programas radiofónicos los días 12 y 13 de marzo, incluido el correo del abogado en el que decía que su cliente estaba dispuesto a reconocer íntegramente los hechos, asumía la comisión de sendos delitos contra la Hacienda, y se comprometía a pagar la cuota defraudada y los intereses de demora. De la declaración del fiscal Salto se desprendía, no obstante, que, horas antes de su publicación, los correos cruzados entre el fiscal y el abogado de González habían sido revelados mientras estaban en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial. A altas horas de la noche del día 13, el expediente solo era conocido por la defensa, los fiscales madrileños y el fiscal general y, de todos ellos, el único que había mostrado un extremado interés en que se publicara la nota informativa era él. Aparte de los fiscales citados, únicamente podían tener conocimiento de los mismos el propio AGO y personas de su entorno inmediato. Como le gusta decir a Sánchez y a sus ministros, “blanco y en botella”. Si a los pocos minutos de haber recibido en su correo particular el expediente, datos contenidos en el mismo aparecieron publicados en medios afines al Gobierno, no hacía falta ser Sherlock Holmes para llegar a la conclusión -presunta por supuesto- de que el filtrador de los correos fue AGO o alguna persona de su entorno íntimo a la que hubiera revelado los datos reservados contenidos en el expediente. Cabe preguntarse “Cui prodest” - ¿a quién beneficia?-. Obviamente al fiscal general, para ayudar a Sánchez a ”ganar el relato”, que era más importante que la verdad, ¿Qué es la verdad? se preguntará el presidente en plan Pilato… Cuando AGO fue objeto de la querella, gallardamente asumió la responsabilidad por la elaboración y publicación de la nota infractora de la legalidad, pero ahora que le ve los dientes al lobo, no es tan asertivo en sus afirmaciones, y dicen “fuentes” de la Fiscalía que había más de 18 personas que estaban al tanto del contenido del expediente, por lo que -de haber habido una filtración dolosa- vaya usted a saber quién podría haber sido su autor. Según el TS, existía indiciariamente una carga de lesividad que perjudicaba el derecho de defensa de un particular, que se enfrentaba a un proceso judicial y el correo en el que asumía su culpabilidad -no llevado a cabo conforme a los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- podría tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia. Revelar esos datos no era compatible con la misión de información a la opinión pública de los acontecimientos de interés que el Estatuto Fiscal atribuye a la Fiscalía, porque, para hacer una precisión informativa, no es necesario vulnerar la presunción de inocencia de nadie. Del tenor del auto de imputación, se deduce que el Tribunal se inclina por investigar la filtración del correo de la defensa de González y no tano la revelación de secretos, a lo que está obligado cualquier funcionario público. Sin embargo, “lo cortés no quita lo valiente” y, aunque el instructor deba investigar ambas cuestiones, considero que se debería centrar en la segunda, ya que será muy difícil probar quién fue el autor de la filtración, aunque haya indicios suficientes para poder hallar al culpable. Se ha producido revelación de secretos haya habido o no filtraciones previas, y la revelación la ha hecho quien posee la información fehaciente, la Fiscalía, que tiene el deber del sigilo. Con independencia de quien haya sido el filtrador, creo que, al redactar y difundir la nota de prensa, AGO ha violado el artículo 417 del Código Penal, cuyos requisitos caen como anillo al dedo del fiscal general, porque a) es autoridad y funcionario público, b) ha tenido conocimiento por razón de su cargo de información no divulgables, c) ha revelado secretos, y d) ha causado grave daño a un tercero. Por ello, AGO podría ser condenado a una pena de prisión de 2 a 4 años, y a una inhabilitación especial para cargo público de 3 a 5 años, e incluso podría perder la carrera. AGO ha violado asimismo el artículo 197, que establece que, quien para vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos, será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años. Penas similares se impondrán al que, sin estar autorizado, utilice en perjuicio de terceros datos reservados de carácter personal o familiar, que se hallen registrados en ficheros, soportes informáticos o cualquier otro archivo o registro. El fiscal general ha utilizado los datos de González -que ha obtenido de sus subordinados abusando de su superioridad jerárquica- para perjudicar a un particular, que tiene la suerte o la desgracia de ser el novio actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que Sánchez ha acusado de corrupción y de aprovecharse económicamente de las puestas actividades delictivas de su pareja. Reacción a la decisión del Tribunal Supremo Como ya lo venía advirtiendo, AGO se ha negado a dimitir pese a su imputación y se atornilla al sillón curul, acudiendo -como es habitual en la “Sanchosfera"- a la mentira y al engaño. Ha alegado “pro domo” que no dimitir “es lo menos grave y más prudente para la institución a medio y largo plazo”, y “refuerza la independencia de la Fiscalía española”. No solo no dimite, sino que -con su chulería y prepotencia habituales- ha lanzado veladas amenazas. “Los fiscales manejamos material muy sensible y también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra -que por supuesto no voy a usar jamás- para insinuar y para filtrar”. No estoy convencido de que no lo haga. La situación en la que se ha colocado AGO y ha situado al Ministerio Fiscal y a todos sus componentes resulta insoportable, porque al símbolo máximo de la defensa de la legalidad va a ser investigado por infringirla, y es especialmente grave porque el fiscal general puede dar órdenes vinculantes a todos los miembros de la carrera fiscal. Según Javier Tajadura la dependencia jerárquica es imprescindible para asegurar la unidad de actuación de los 2.700 fiscales, que deberán interpretar la legalidad con criterios uniformes. La imputación de AGO es un caso de extraordinaria gravedad al afectar a quien es el principal responsable de la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, al que se acusa de quebrantar la ley cuyo cumplimiento debe garantizar, para perjudicar los derechos de un ciudadano particular. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre sí existen o no indicios racionales de criminalidad en la conducta del fiscal general y sería absurdo que el propio interesado fuera quien tuviera que determinarlo. La reacción de la mayoría de los fiscales, de los sectores jurídicos y de la opinión pública en general ha sido de incredulidad y consternación. Para hacer el paripé, el fiscal general convocó la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal, no para discutir si debería dimitir o no, sino para justificar su decisión. En la primera -integrada en su mayoría por miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), nombrados por AGO o por su predecesora Dolores Delgado- solo 10 lo apoyaron, 13 se pronunciaron por la dimisión y 9 guardaron un prudencial silencio. En el segundo -máximo órgano de asesoramiento del fiscal general- el veredicto negativo fue de 7 a 4 , y la minoría estaba formada por los dos miembros natos del Consejo y los dos miembros de la UPF, que ha sido la única Asociación que ha respaldado la actuación de AGO. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha afirmado en un comunicado que “mantenerse en el cargo solo se puede interpretar como una voluntad de mantener el control de la institución en su propio interés y no en el de la Fiscalía”, por lo que su dimisión era inevitable. Que AGO se tenga que defender en un proceso penal y a la vez el Ministerio Fiscal deba actuar en defensa de la legalidad cuestionan a esta última, y no se solucionaría el problema con la abstención del fiscal general en dar órdenes, si se recayera esa función en la teniente fiscal Sánchez-Conde, que es una subordinada a la que él eligió y puede cesar, y a la que puede dar órdenes e instrucciones. Resulta imprescindible la dimisión de AGO y el nombramiento de un nuevo fiscal general que garantice la máxima imparcialidad. “La condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes las representamos diariamente con vocación. Revertir esta anomalía y recuperar el respeto a nuestro trabajo requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible”. El fiscal del TS Salvador Viada -destacado miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- ha calificado a la Fiscalía General de “modelo bananero”. AGO tiene derecho a defenderse y a mentir -aunque no sea ético-, pero no a parapetarse detrás de una institución a la que dice proteger. Continuar en el puesto es mejor para él y para el Gobierno, que no lo deja dimitir. Un fiscal puede ser suspendido si comete alguna falta grave -artículo 511-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, pero no el fiscal general, al menos expresamente, Cabría aplicar dicha disposición “mutatis mutandis”, ya que AGO es un fiscal más. El Gobierno ha salido en tromba para respaldar a quien considera uno de sus 23 ministros. Sánchez ha dicho que el fiscal general ha cumplido con su trabajo, que consistía en denunciar a un delincuente confeso, desmentir bulos y combatir la desinformación, aunque para ello disponga de otros medios ajenos a la Fiscalía General. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad se queda con éstos, y que AGO cumplió con su deber de perseguir el delito y contar la verdad. Ha tenido la desvergüenza de afirmar que el Gobierno está con las instituciones y no con los delincuentes. “Si el fiscal general dimitiera o cayera, se estaría cometiendo una injusticia, porque pondríamos en la diana a todos los fiscales de este país”. Ambos han mentido, porque el ofrecimiento de una declaración de culpabilidad en un acuerdo de conformidad no convierte a nadie en culpable y González no ha sido condenado por ningún juez. Aunque el fiscal general dijera una verdad -que no es el caso-, no puede cometer un delito. Si pretendía desmentir lo que consideraba un bulo, podría haberlo hecho mediante una nota informativa en la que expusiera su versión y no tenía necesidad de cometer un delito de revelación de secretos e incluso de prevaricación. Como ha observado Santiago González, la misión del fiscal general no es combatir bulos ni establecer la victoria de la verdad, y AGO no ha sido imputado por eso, sino por revelar secretos. Debido a la extrema jerarquización del Ministerio Fiscal y a las facultades exorbitantes concedidas a su titular, se daría la paradoja de que un subordinado del fiscal general tendría que interrogar a un superior al que debe obediencia ¿Qué lealtad prevalecería en este caso, la debida al máximo organismo del Poder Judicial o al superior del que depende jerárquicamente? Sería una situación insostenible para los fiscales investigadores. Si fuera asumida por la teniente fiscal, es probable que Sánchez-Conde diera prioridad al jefe que la nombró. Para Juan Manuel Dolz - magistrado del TS y miembro de la UPF-, al estar nombrado por el Gobierno, el fiscal general es un actor político, lo que hace desaparecer cualquier apariencia de normalidad. Pese a haber sido declarado no idóneo para el cargo por el CGPJ, el Gobierno nombró a AGO de forma arbitraria. La discrecionalidad del Gobierno debe quedar sujeta a la legalidad y, por eso, muchos fiscales consideraron que el nombramiento fue inadecuado, porque no dio una respuesta razonable o jurídicamente fundada al informe contrario del Consejo. “La dignidad institucional es muy importante. Cuando una persona en el desempeño de su cargo está recibiendo estas descalificaciones tan graves por parte del órgano judicial de máxima categoría, como es el TS y está en curso una causa penal, la dignidad institucional obliga a echar un paso atrás y dimitir”. La regeneración democrática pasa por el cese de AGO, sin el cual no será creíble. No se trata de la crisis de una institución sino de una persona. Según Elisa de la Nuez, AGO confunde la institución con su persona y actúa como un político populista más ¿Se va a investigar a sí mismo? ¿Dará instrucciones generales o particulares a los fiscales que actúen en el procedimiento que le investiga para exculparle? “Lo único razonable es su dimisión”. La pregunta que nos hacemos todos en España es cómo va a defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela. Ha instado a que se aplique el artículo 31 del Estatuto Fiscal, que recoge los motivos por los que se puede cesar a un fiscal. AGO ha llevado a la Fiscalía General a unos extremos inconcebibles y se ha convertido en arquetipo de lo que no debe ser un fiscal general. Ha seguido una política sectaria de nombramientos con los que ha encumbrado a sus colegas de la UPF y a su mentora Delgado, cuyo ascenso y nombramientos han sido echados abajo por el TS, que lo ha acusado de desviación de poder. Ha culminado su disparatada trayectoria con su imputación por revelación de secretos. La mera existencia de una imputación es incompatible con la dignidad institucional del cargo. Como ha afirmado “El Mundo” en un editorial, ” la confianza y la imparcialidad del Ministerio público está muy cerca de romperse para siempre en mil pedazos y el responsable se llama Álvaro García Ortiz. Por cada minuto que prosiga en el cargo, la Fiscalía bajará un escalón más hacia el desprestigio. Su única salida -aunque sea ya al margen del honor- es dimitir”. Madrid, 24 de octubre de 2024

Pedro en el país de las mentiras

PEDRO EN EL PAÍS DE LAS MENTIRAS Todos los políticos mienten en algún momento de su carrera, sobre todo durante las campañas electorales. Se trata de mentirijillas abstractas que entran en el guion y sus promesas raramente se concretan cuando acceden al Gobierno. Recurren a ellas para justificar sus desafueros, aunque procuren hacerlo con discreción Hay, sin embargo, excepciones que confirman la regla, y la más destacada y cercana a nosotros es la de Pedro Sánchez y su Gobierno, en particular su portavoz, la ministra de Educación Pilar Alegría. El primero ha batido el récord Guinness absoluto de mentiras políticas y la segunda el récord relativo al número de trolas por minuto. Para Emilia Landaluce, la mentira, el descaro, el desahogo y la falta de estética y decoro constituyen la impronta de Sánchez, que ha contaminado a todo su Gobierno, y -según Manuel Arias- el presidente se ha especializado en el uso de la mentira -su tesis doctoral, la urna preñada de votos detrás de una cortina, la moción de censura que le llevó al poder…-. Se revuelve contra los hechos incontrovertibles que acreditan el iliberalismo de su Gobierno y la corrupción de su entorno. Daniel Gascón ha afirmado que el Gobierno “es el primer factor de degradación democrática e institucional en nuestro país y el mayor difusor de bulos”. José Ignacio Benavides ha recordado que Sánchez llegó al poder prometiendo limpiar nuestra democracia de cualquier tipo de corrupción, lo que ha mostrado ser palabras falsas, mentirosas e indignas: mentiras, mentiras y mentiras. El fango de la podredumbre se extiende imparable. En opinión de Raúl del Pozo, de La Moncloa parte un insistente hedor de corrupción. La promesa de que el Gobierno iba a ser incompatible con la corrupción era un embuste, casi todo era falso, una forma de mentir, pero se ha ido cogiendo a Sánchez en todos sus engaños. El sanchismo ha sido un despliegue de mentiras, sectarismo, ineficiencia, pactos obscenos, abuso de poder y un albañal de corrupción. Las investigaciones de la OCU pasan a conectar tramas que salpican a la presidenta del Congreso, a siete Ministerios, a dos Comunidades Autónomas y a una treintena de altos cargos, pero -a juicio de Ignacio Camacho- el presidente ha conseguido normalizar el engaño sin pagar ningún coste por ello. ”¿Qué importancia puede tener un embuste más, cuando la opinión pública ya se ha acostumbrado a las falsedades como una característica del Gobierno?” . “ABC” ha destacado que el informe de la UCO describe un escenario de corrupción a gran escala que, con mayor o menor intensidad, señala y afecta a Sánchez… No voy a hablar, sin embargo, de Sánchez, porque son de sobra conocidas sus innumerables mentiras, que a menudo son superiores a las verdades. Enumerarlas ocuparía todo espacio de que dispongo en este artículo. Me voy a centrar en las alegres mentiras de la educadora de la Nación, debidamente asesorada por el flamante jefe del Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, un cerebrito que escribió una tesis doctoral sobre “El engaño”, en la que afirma que “el engaño mediante la omisión de la verdad tiene muchas ventajas sobre la mentira”. Elemental, querido Rubio. No sé sí en su sesuda tesis ha llegado a proponer la sublimación de la fea palabra “mentira” y su sustitución por la más presentable de “cambio de opinión”. Según Camacho, Moncloa envió a una endeble portavoz para que se inmolara leyendo bochornosos argumentarlos, que no hay laboratorio de consignas capaz de dar abasto a tanta producción de relatos fuleros. Para Benavides, la surrealista rueda de prensa de Alegría el pasado día 7, tras el Consejo de Ministros, pasará a la Historia como la mentira más gorda, la desvergüenza más paleta y la falta más absoluta de respeto a la inteligencia. En el curso de su breve intervención, llegó a proferir ocho mentiras. Si calculamos que ésta duró una media hora, supone que soltó una trola cada cuatro minutos. ¡Nuevo récord Guinness! Mencionemos brevemente estos atentados a la verdad, relativas al fallo de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la imputación a Begoña Gómez, y al proyecto de ley que permitirá la reducción de estancia en prisión a los criminales más destacados de ETA. Caso Begoña 1.-La Audiencia Provincial ha acogido favorablemente el recurso de Gómez. ¡Falso! La Audiencia se ha negado a sobreseer el caso y tan solo ha accedido a que, por el momento, se excluya de la investigación el rescate de ”Air Europa”, algo que ya había decidido con anterioridad el Tribunal, que ha autorizado al juez Juan Carlos Peinado a que continúe la investigación sobre las empresas de Juan Carlo Barrabés y los Masters que la esposa de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 2.-La Audiencia ha confirmado que la investigación de Peinado era “prospectiva, genérica e imprecisa” ¡Falso!, pues ha dicho justamente lo contrario, que no es prospectiva, ni ha causado indefensión a Gómez. “Prospectiva es la investigación que se inicia de forma predeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, y con aquellas que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, inicia una amplia investigación que permita conocer con detalle todas las circunstancias que puedan influir y determinar su calificación”. Gómez ha tenido conductas racionalmente sospechosas. La instrucción es un procedimiento vivo que no queda anclado en los hechos inicialmente denunciados. La condición de investigado se mantiene en toda la fase de la instrucción en la que se practican las diligencias que se consideren necesarias para poder esclarecer los hechos y conocer si existen indicios racionales de criminalidad, que permitan sostener que la persona que ha sido denunciada ha cometido el hecho incriminado, y que el mismo reviste carácter delictivo. Lo que sí consideró la Audiencia “genérica e imprecisa” fue la redacción de uno de los autos del magistrado, pero no la de toda la instrucción. 3.-La Audiencia ha acotado al mínimo el ámbito de actuación de Peinado. ¡Falso! Tan solo ha excluido de la investigación el caso del salvamento de “Air Europa”, y ha dejado abierta la puerta a reanudar la investigación si surgieran hechos realmente nuevos de signo incriminatorio. Ha mantenido la investigación relacionada con la intervención de Gómez en apoyo de las empresas de Barrabés por haber datos suficientes que legitiman la continuidad de la investigación. Asimismo ha mantenido la investigación sobre otras conductas relacionadas con empresas y entidades respecto a la “creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo” de la cátedra de la UCM. “La llamativa variación cuantitativa y cualitativa que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la Administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y el despegue de los Masters es verdaderamente significativa”. La empresa TRANSFORMA TSC -de la que Gómez es socia única- coincide con el título del máster de la UCM, del que era codirectora, por lo que cabe apreciar “la existencia no solo de un interés profesional en el ámbito docente, sino también personal en el ámbito empresarial”. 4.-Validez de los informes de la UCO que mantienen que no hay nada irregular en la conducta de Gómez, por lo que se trata de una “no-causa”. ¡Falso! El informe de la UCO no dice nada de esto, y aunque lo dijera, no tendría ningún valor, porque la Unidad se limita a recoger elementos de prueba para entregar al juez, que es el que decidirá. Así ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por Máximo Pradera contra el juez Peinado, por prevaricación, al considerar que no había indicios suficientes para abrir una investigación por un presunto delito de revelación de secretos, y no apreciar perjuicio para la investigación, ni para Gómez, quien, “dada la notoriedad de su condición conyugal, debe soportar las consecuencias de ejercicio de la libertad de información”. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha informado en contra de la admisión de una querella similar presentada por la defensa de Gómez, mientras que sí ha apoyado la querella presentada por Sánchez contra el juez por haber osado citarlo a declarar de forma presencial. 5.-Alegría tiene la impresión de que se aproxima el archivo de lo que ha calificado de no-causa. !Erróneo! Aquí no cabe decir que su conclusión sea falsa, sino que se trata de lo que los ingleses califican de “pious wish” -deseo infundado-. De ilusión también se vive, ya que la Audiencia no ha acordado el sobreseimiento del proceso y ha autorizado al magistrado a que prosiga la investigación . Reducción del tiempo en prisión de los asesinos de ETA El Gobierno ha presentado por medio de Sumar una enmienda torticera, opaca y fraudulenta a la Ley 7/2014 para fomentar el cambio de información de antecedentes penales y consideración resoluciones penales en la UE, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que permitirá reducir la estancia en prisión de los etarras más sangrientos. Sobre esta cuestión, Alegría se marcó tres “bulerías”, de conformidad con la calificación dada por Carlos Herrera a la propagadora de bulos.. 6.-La enmienda de Sumar es una transposición de la directiva de la UE 2019/884. ¡Falso! La directiva ya fue transpuesta en 2014 por el Gobierno de Rajoy y la Comisión Europea la dio por buena ,ya que “la obligación de tener en cuenta las condenas extranjeras debe ejercerse de conformidad con el Derecho nacional”. 7.-El texto de la enmienda es idéntico al texto que aprobó el Consejo de Ministros en 2014. “Óiganme bien, es literal”. ¡Falso! El texto inicialmente aprobado por el Congreso era igual al presentado en la enmienda, pero fue modificado en el Senado, al añadirse una disposición transitoria, por la que se aplicaría la disposición de tomar en consideración los años de prisión cumplidos en otro país comunitario a partir de 2010, con lo que no se beneficiaron los asesinos más sanguinarios de ETA. La enmienda “sumarísima” aprobada en el Congreso suprimía esa disposición transitoria, por lo que afirmar que los textos eran idénticos era una trola tan grande como la Sagrada Familia. 8.-El proyecto de ley contó con un informe favorable el Consejo de Estado, emitido el 16 de diciembre de 2023. ¡Falso! El informe al que se refería Alegría -que en realidad era de 2013- daba su aval al texto originario de la Ley, pero difícilmente podía cubrir el texto que suprimía su disposición transitoria, que fue posteriormente adoptado en 2024. Según Carlos Granés, Alegría no ha tenido más remedio que huir hacia adelante y perpetrar el relato que mantiene la cohesión de su grupo político. “Se inicia con una mentirijilla del líder y se acaba vendiendo el alma, el prestigio y la reputación profesional. A los líderes les resulta más fácil forjar lealtades con la mentira, que apuntalar su liderazgo con la verdad”. ¿Dónde vas pobre Alegría, dónde vas triste de tí, tan lejos de la verdad y tan cerca del engaño y de la corrupción? Inadmisibles concesiones de Sánchez a su fiel aliado Bildu El precedente más significativo se remonta a 2021, cuando Arnaldo Otegui dijo a sus fieles que “tenemos a 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar a favor de los presupuestos, pues los votaremos”. Fue el inicio de una larga amistad como la que surgió entre Ricky y el capitán Renaud en la película “Casablanca”. Bildu no solo apoyó los presupuestos, sino que se ha convertido en el más fiel aliado del sanchismo, a cambio de la liberación de los presos etarras, labor asumida por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el mismo celo con el que antaño se protegía de quienes ahora son sus amigos. El ministro ha ido haciendo concesiones a Bildu en un proceso ascendente, de acuerdo con sus exigencias: a) eliminación de la política acordada entre el PP y el PSOE de dispersión de los presos etarras; b) traslado de presos a las cárceles del País Vasco y de Navarra; c) transferencia de las competencias de prisiones al Gobierno vasco; d) cambio de la política penitenciaria en favor de los etarras, concediéndoles el tercer grado y permisos carcelarios sin justificación, al no cumplir los requisitos requeridos; e) vaciado gradual de presos etarras de las cárceles vascas; f) organización de homenajes –“ongi etorri”-a los presos liberados; g) inclusión en las listas electorales de terroristas condenados por delitos de sangre; h) integración de antiguos etarras -como Mertxe Aizpurua, David Pla o Elena Beloki- en la dirección de Bildu. Las dos últimas cacicadas del Gobierno han sido la encomienda a Bildu para que reescriba la Ley de protección de la seguridad ciudadana, y la modificación de la ley 7/2014 sobre cooperación penal, para reducir de forma sibilina el periodo de estancia en prisión de todos los presos, incluidos los asesinos más crueles. Ya cuando estaba en la oposición, Sánchez prometió derogar la Ley 4/2015, que la izquierda calificó de “Ley mordaza”, pero -pese a haber estado más de siete años en el poder- no lo ha hecho, y Marlaska la ha aplicado con fruición, especialmente en Ceuta y Melilla. Ahora se limita a modificar algunas de sus disposiciones y ha ofrecido a los herederos de ETA la posibilidad de dictar las normas básicas de la seguridad ciudadana, decisión increíble e infame que ha recordado al profesor José Torné-Dombidau la fábula de Samaniego de la zorra y las gallinas. Pilar Ruiz, madre del asesinado militante socialista Joseba Pagazaurtundua, advirtió a Pachi López que haría y diría muchas cosas que le helarían la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. “!Qué solo se han quedado nuestros muertos!”. Entre las muchas concesiones heladoras que ha hecho el PSOE figura la de permitir establecer las normas básica de la seguridad ciudadana a un partido que ha arropado a quienes violaron de forma sistemática dicha seguridad. Con gran descaro, Pachi ha acusado al PP de “estar empeñado en revitalizar a ETA, utilizando a las víctimas de manera repugnante”. El principal objetivo de Bildu es rebajar la autoridad de las fuerzas de seguridad. Como ha observado ” El Mundo”, por su trayectoria, naturaleza y programa el partido abertzale impugna con ferocidad la autoridad de las fuerzas de seguridad que protegen el orden público en altercados que el partido alienta o respalda. Se trata de una organización dirigida por políticos violentos que incluyó en sus listas a 42 terroristas condenados por delitos de sangre, y que humilla a las víctimas al calificar a estos asesinos de “presos políticos”. Ha propuesto que se prohíba el uso de las pelotas de goma, que la desobediencia a los policías pase a ser una falta leve, y que las sanciones por faltas de respeto a los agentes queden sin efecto con una simple retractación. ”Una de las obsesiones históricas de la izquierda abertzale -que durante años solo supo hacer política incendiando las calles- es forzar la salida del País Vasco y de Navarra de las fuerzas de seguridad del Estado, entorpecer su trabajo, restar autoridad a los agentes, poner en cuestión sus actuaciones y, a la vez, favorecer la impunidad de los violentos”. Es inocultable que el Gobierno ha claudicado una vez más, ya que hace solo un año calificó tales exigencias de líneas rojas. Según Herrera, Sánchez ha pagado su impuesto revolucionario vía Otegui, para que Bildu apoye los presupuestos y pueda mantenerse al frente del Gobierno. Reducción de la estancia en prisión de los etarras encarcelados Es curioso que unos de los pocos compromisos que Sánchez ha respetado han sido los asumidos con Bildu. El último de ellos ha consistido en introducir de tapadillo -a través de su marca blanca de Sumar- una enmienda para reducir el tiempo de estancia en prisión de los etarras más sanguinarios. Haciendo trampas -dado que raro es que las Cortes adopten una ley conforme a los procedimientos parlamentarios habituales-, el Gobierno ha presentado una enmienda a una ley que no tenía relación alguna con la misma, que ha cogido por sorpresa a la oposición, que creía que se trataba de la mera transcripción de una directiva de la UE y votó a favor de ella. Cuando “El Confidencial” reveló las consecuencias de la citada enmienda, fue el llanto y crujir de dientes de la oposición por el terrible ridículo en que había incurrido. No presentó ninguna enmienda ni veto la ley, y la aprobó por unanimidad en el Congreso. Al darse cuenta de su grave error, ha intentado aminorar ligeramente el patinazo, al conseguir que el Senado votara en contra del texto y considerara esta decisión como un veto, por lo que la cuestión tenía que volver al Congreso para que finalmente decidiera. La Mesa de éste -controlada por el PSOE y Sumar- ha mantenido que, al no haberse presentado ningún veto, la decisión del Senado carecía de efectividad y el proyecto de ley había sido definitivamente aprobado. Es un debate que tiene poco recorrido, pues -con independencia de quién lleve jurídicamente razón- en el mejor de los casos tan solo se conseguiría aplazar unas semanas la entrada en vigor de la Ley, pues el Gobierno cuenta en este caso con la mayoría Frankenstein para su aprobación final en el Congreso. Las críticas han llovido sobre el PP, como si fuera el único partido de la oposición, a la que le han metido un gol por la escuadra y no se puede culpar solo al cancerbero pepero. Las críticas están justificadas ante la incuria jurídica y política de los parlamentarios de la oposición, pero han sido exageradas, ya que -incluso si la oposición hubiera cumplido con su deber y presentado el correspondiente veto- las consecuencias habrían sido limitadas a un leve retraso de la entrada en vigor de la Ley. Cuando el dedo apunta a la luna, los ingenuos miran al dedo en vez de a la luna. El dedo es el error cometido por la oposición, cuyos representantes en la ponencia dejaron constancia por escrito de que habían “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas” -pues menos mal que así lo hicieron- y la luna es la supresión de la disposición transitoria que excluía a los peores criminales de ETA de los beneficios de desquitarse de la condena que deberían cumplir en España los años de cárcel que cumplieron en Francia. Como ha señalado Jorge Azcón, no es comparable un error procesal con la mentira, el engaño y la mala fe mostrada por el Gobierno, y para Feijóo, no es lo mismo equivocarse que engañar a todos en provecho de los terroristas. En este caso la mentira ha estado a cargo de Marlaska, que aseguró en una carta enviada en 2022 a las Asociaciones de víctimas del terrorismo que el Gobierno se limitaría a la correspondiente transposición de la directiva 2019/884 y de ningún modo rebajaría las penas a los condenados por terrorismo, que es lo que ha hecho “de facto”. Marlaska ha jugado como un trilero con las palabras, porque efectivamente no se van a rebajar las penas -decisión que solo podrían tomar los jueces-, pero ha conseguido que se reduzca de forma considerable la estancia en prisión de los que soportan mayores condenas. Como consecuencia de esta perversa enmienda, 44 penados verán rebajadas en 6 años su estancia en prisión y 10 de ellos serán liberados de inmediato. Según ha comentado Jorge Bustos, Txapote -el asesino de Miguel Ángel Blanco- pasará las Navidades en su casa gracias a Pedro y éste las pasará en Moncloa gracias a Bildu. Por ello, no es de extrañar que a Sánchez le vote Txapote. Ese fino jurista que es Pachi López ha justificado la decisión en que así se evita que un delincuente pague dos veces por el mismo delito, cuando tal no sería el caso, ya que se trata de delitos diferentes cometidos en países distintos. Asimismo ha mantenido que, de esta manera, se homologaría de la legislación española con la normativa europea, lo que tampoco es cierto, porque ya está homologada. El Tribunal Supremo no ha desquitado a los etarras las penas cumplidas en Francia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en 2018 que la no acumulación de penas para rebajar las condenas no violaba los derechos humanos de los presos. En un artículo en ”El País” sobre “Nos honrarán los límites penales”, Juan Antonio Lascurain, ha afirmado que los plazos que la Constitución impone a las condenas de prisión deben aplicarse incluso a los terroristas más sanguinarios. Los límites se imponen para que el castigo no devenga inhumano y no impida la resocialización del preso. Sin embargo, hay algo que falta, pues, para que sea produzca la reinserción del recluso, es indispensable que se arrepienta, pida perdón a las víctimas y colabore con la justicia, requisitos que los etarras irredentos se niegan a cumplir. , Según Carlos Alsina, el Gobierno es “el primer distorsionador de la verdad”, como muestra que las 12 versiones que dio sobre la rocambolesca no-visita a España de ”la Delcy” -Montero dixit- eran falsas, pero este episodio merece un artículo aparte. Sánchez ha afirmado que el Gobierno ha actuado con contundencia, prontitud y transparencia contra la corrupción, sin que le creciera la nariz como a Pinocho. No solamente no lo ha hecho, sino que ha protegido a los corruptos haciendo modificar las penas a los responsables de los ERE en Andalucía e indultando y amnistiando a los malversadores en Cataluña. Cabe concluir con las sabias reflexiones de la profesora de Ética Adela Cortina, que ha afirmado que mentiras ha habido siempre, pero que las de ahora tienen una intensidad impresionante, aunque no importe que los políticos las digan, porque la gente sigue votándoles igual. “Contrarios a la verdad serían la mentira y el engaño, porque la mentira tiene que ver con decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Cuando uno miente, está manipulando la realidad para llegar a sus metas”. Si no importa que un político mienta o robe, porque no le penalizan los votos, la democracia está en peligro inminente. Una ciudadanía madura no debería permitir que se les mintiera ”La democracia, en última instancia, descansa en los ciudadanos, que son los protagonistas y, si no hay confianza, no hay democracia”. Madrid, 17 de octubre de 2024

Méjico lindo y querido qué lejos estás de mi

MÉJICO LINDO Y QUERIDO, QUÉ LEJOS ESTÁS DE MÍ Estuve en Méjico por primera vez en 1974 para asistir al Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano Derecho Internacional, en el que fui elegido miembro de esa prestigiosa Asociación. Asistí a los actos conmemorativos del Día Nacional celebrados en el Palacio presidencial, donde contemplé los gigantescos frescos de Diego Rivera, tan maravilloso desde una perspectiva pictórica, como execrables desde un punto de vista histórico. Escuché el grito de “! Abajo los gachupines! y otras lindezas contra España. México es el país más hispanizado de América, y ha heredado -junto a muchas de las virtudes hispanas- el lamentable espíritu cainita español. Pude comprobar el contraste entre la animosidad hacia España y lo español de la clase dirigente del Partido Republicano Institucional, y el afecto y cercanía del pueblo llano, la mezcla de amor y odio de sabor agridulce, junto con el menosprecio por, y el silenciamiento de, la etapa del Virreinato, y la artificial exaltación de un falso indigenismo. No existían entonces relaciones diplomáticas entre los dos países, porque el Gobierno mexicano no reconocía al régimen de Franco, sino al fantasmagórico Gobierno republicano español en el exilio, que tenía su sede en Ciudad de Méjico. Para paliar esta absurda situación, había una vergonzante representación sin “status” diplomático, que ejercía las funciones de una embajada” de facto”. En 1977 se puso fin a esta anómala situación con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y se abrió un período de amistad y cooperación mutuas. Méjico siempre fue importante para España, como reconoció el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que afirmó que, una vez normalizadas las relaciones con este país, el Gobierno se dotaría de un cuerpo de doctrina sobre lo que debería ser su futura política con Iberoamérica y establecería sus principios rectores. Subsistía, sin embargo, una profunda animadversión hacia España en los partidos de la izquierda y, de ahí, que no me haya extrañado demasiado el rosario de descalificaciones e insultos a nuestro Rey por parte del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nieto de españoles, y de su sucesora, Claudia Sheinbaum, hija de judíos letones, que ha vetado la presencia de Felipe VI en su puesta de largo internacional, por no haber pedido perdón por las supuestas atrocidades cometidas por los españoles durante la colonización de Méjico hace cinco siglos. “Dime con quién andas y te diré quién eres”. AMLO y Sheinbaum prefieren codearse con dictadores como Putin, Maduro o Díaz Canel, en vez de con un monarca ejemplar del país que dio su ser a Méjico. Para el periodista mejicano Mauricio Hernández, la obsesiva insistencia de AMLO en vestir a la monarquía española, a la Conquista y a Hernán Cortés con ropajes de villanía, es un delirio, un capricho y un acto de soberbia e ignorancia. “¿Cómo es posible que el presidente de un país en el que desaparece una persona cada hora en y el que 20 mujeres son asesinadas cada día, se haya atrevido a exigir una disculpa por lo sucedido hace más de cinco siglos, cuando él mismo ha sido incapaz de garantizar la vida y los derechos fundamentales de los suyos? Tal atrevimiento raya en el cinismo”. Según Octavio Paz, “el odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos” y, para Carlos Fuentes, “entender a México sin España y a España sin México es sencillamente inútil”. A juicio del embajador Jorge Fuentes, pedir perdón por la gesta mexicana sería tanto como replantear toda nuestra Historia y prescindir de algunas de sus páginas más gloriosas “¿Habría que pedir perdón por haber acabado con la antropofagia y los sacrificios humanos? ¿Por haber creado universidades y aprobado leyes que dignificaban humanidad de los nativos?”. Cuando se independizó, Méjico recibió de. España un legado cultural, lingüístico, legal, espiritual, artístico y monumental como no abundaba en Europa. Méjico esconde el grave déficit democrático que padece recurriendo al populismo y arremetiendo contra la madre patria. Jorge Negrete cantaba “México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí”. Se cuenta de un español afincado en Méjico que indicó en su testamento que si moría en España lo enterrara en México y, si moría en México, lo enterraran en España, y cuando un amigo le preguntó por qué había incluido esa cláusula, le contestó: “para chingar”. AMLO inició sus invectivas contra España no solo para fastidiar, sino también para extender una tupida cortina de humo que ocultara la desastrosa situación que atraviesa el país tras su mandato. Todo político narcisista necesita crear un enemigo al que culpe de sus fracasos, y AMLO ha escogido a España, pero no la actual-que tiene un gobierno ”progresista” como el suyo-, sino la de Carlos V, Hernán Cortés, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. ¡Todo sea por el indigenismo populista de bolsillo del presidente-out y de la presidenta-in¡ El indigenismo sobrevenido carece de credibilidad. Como ha señalado la profesora Frida Hernández, lo importante es resolver los problemas de la población indígena, escuchándola y dándole lo que lleva años solicitando. Según José Antonio Lara, en México existen más de 115 millones de personas que integran comunidades indígenas, pero -ante la falta de sensibilidad de las autoridades federales en materia de derechos humanos- se ven marginadas. Desde el siglo XIX, los Gobiernos del nuevo Estado mantuvieron una política de hostilidad contra de las comunidades indígenas. En el momento de la independencia, 50% de la población estaba compuesto por indios y mestizos, mientras que hoy no llega al 30%. Porfirio Díaz acabó prácticamente con los mayas y persiguió con saña los yakis, causándoles 20.000 muertos. Los criollos expropiaron las tierras de los indígenas -que habían mantenido los colonizadores españoles- y los dejaron en la pobreza. El lema de AMLO “primero los pobres” es más falso que Judas y además, entre ellos, no figuran los indígenas. El “grito de Dolores” lanzado en 1810 por el cura Miguel Hidalgo - que fue el origen de la independencia de México- se convertiría en un grito de dolor por la pérdida de la Nueva España y de la grandeza y prosperidad de un Méjico que cayó en las garras de su codicioso vecino del norte, que -por el tratado de Guadalupe Hidalgo, tras la guerra de 1848- perdió el 55% de su territorio, que iba de Yucatán hasta Alaska, y estableció en el río Grande la frontera. Cómo ha indicado Alberto Gil Ibáñez, AMLO y Sheinbaum deberían pedir disculpas a sus ciudadanos, en nombre de antecesores más cercanos -la oligarquía criolla-, que fue la responsable de convertir en un caos empobrecido a uno de los países más ricos del mundo, con una industria de primer nivel y el control de la ruta comercial entre Asia, América y Europa. Deberían pedir asimismo perdón por el trato infligido a los indígenas después de la independencia y por su actitud servil hacia Estados Unidos, que destrozó el próspero Virreinato. Para Felipe Fernández Armesto, los desastres de los siglos XIX y XX fueron culpa de los mexicanos, no de los españoles, y las lágrimas del siglo XXI lo son de los líderes actuales. Sheinbaum ha heredado el odio irracional a España de su a antecesor, del que ha dicho que ha sido el mejor presidente y el dirigente político y social más importante en la Historia de México. ¡Que Santa Lucía le conserve la vista! Para mí, AMLO ha sido uno de los peores presidentes mejicanos, de los que, por cierto, tan solo uno fue de origen indio. Como ha observado Maite Rico, ha legado a su sucesora un Estado que atraviesa un periodo convulso por la inseguridad, el crimen organizado, la corrupción y la vulneración de los derechos humanos, y donde buena parte del territorio está controlado por los cárteles de narcotráfico. También le ha dejado en herencia un país endeudado, la sanidad y la educación en caída libre, la petrolera Pemex en crisis, y la inversión extranjera en fuga, después de haberse dinamitado la independencia judicial con una reforma que ha dejado la elección de los jueces en manos del voto popular. Además, macerado en el rencor y el delirio, ha querido humillar a Felipe VI a costa de abrir a su sucesora una disparatada crisis diplomática con España, en la que Sheinbaum -descendiente por línea directa de Moctezuma, como su propio nombre indica- ha entrado con gusto en la polémica, al afirmar en su discurso inaugural que “el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes de que la invadieran los españoles”. El Gobierno mejicano ha reivindicado con orgullo las culturas milenarias precolombinas que han dado “rostro y corazón” al Méjico actual. La gran civilización a la que se refería la presidenta era si duda la del Imperio azteca, que -solo con el 8% de la población- tiranizó al 90% de los aborígenes y los culturizó con prácticas tan sublimes como los sacrificios humanos, la extracción de las vísceras de sus enemigos para ofrecérselas a sus dioses y el canibalismo. Según el historiador argentino, Marcelo Gullo -autor del libro “Nada por lo que pedir perdón”-, no hay nada que reivindicar de los aztecas, porque fueron un pueblo de asesinos, que causó la muerte de más de 150.000 personas. Los perdones anacrónicos tienen un efecto negativo, porque encubren una mentira que nos hace esclavos del rencor. “Quién reniega de su pasado real y se inventa un pasado imaginario se autodestruye”. Esteban Mira ha estimado que no cabe pedir perdón por un proceso histórico que fue compartido y donde los españoles representaron una minoría, y Antonio Pérez Henares que los españoles actuales tiene la misma culpa que los cromañones por la desaparición de los neandertales. En su ”podcast” sobre ”Borremos a España, destruyamos México ”, el historiador mejicano Juan Miguel Zunzunegui, ha afirmado que los presidentes mexicanos faltan a la verdad y al honor al falsear la Historia. Hernán Cortés y los indígenas del altiplano derrotaron a los crueles mexicas y fue entonces cuando nació el México mestizo que somos. Sheinbaum aseguró que los lazos entre México y España se beneficiarían con el reconocimiento de una renovada perspectiva histórica, como eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera, pero ha sido ella la primera que ha faltado el respeto España y a su Rey. Ante tanta desmesura, Felipe VI ha dado a los mejicanos una lección de compostura y de ecuanimidad, al comentar que la relación entre los países hispanoamericanos es tan intensa que ”les permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida, pero siempre desde el respeto basado en la amistad”. Añadió que “el foco de nuestra relación debe orientarse hacia el presente, para así reparar o construir un futuro aún mejor, de mayor provecho compartido y de mayores oportunidades. Por eso, lo esencial es tomar impulso en lo que nos une, en nuestras afinidades, para, a fin de cuentas, alcanzar respuestas pragmáticas, útiles y equilibradas”. Juan Claudio de Ramón ha destacado que, con su silencio al no contestar a la carta de AMLO, Felipe VI había declinado participar en las guerras civiles de la memoria y desautorizado el empeño de los políticos de usar la Historia como arma de combate. No habría servido de nada haber dado una respuesta a su exorbitante exigencia porque, “cuando el sufrimiento pasado genera un derecho de crédito a favor de las generaciones presentes, ningún incentivo hay para saldar la deuda y sí, en cambio, para mantener viva la llama del ultraje”. El silencio fue decisión del Gobierno español y creo que fue equivocado. Aunque la carta de AMLO fuera una impertinencia, el monarca debería haberle contestado, de forma escueta pero cortés, remitiéndolo al artículo 56-3 de la Constitución, que establece que los actos del Rey deberán siempre ser refrendados por el Gobierno y carecen de validez sin dicho refrendo. AMLO se enfadó con el Rey y no con Sánchez, al que Sheinbaum invitó a su investidura, invitación dignamente rechazada al ser excluido el jefe del Estado. Sin embargo, aunque dijera que España no estaría representada en el acto, permitió que en él estuviera presente un destacado miembro de un partido que forma parte de su Gobierno, Gerardo Pisarello, que desempeña el cargo institucional de secretario primero del Congreso, por lo que debería ser destituido. Sheinbaum lo citó en su discurso inaugural y le agradeció su presencia. Sheinbaum es más inteligente que AMLO, pero es tan sectaria como él, y ha prometido seguir su nefasta senda. Manifestó que, con su falta de respuesta, Felipe VI había insultado no solo al presidente, sino también a todo el pueblo mejicano. La Dra Sheinbaum sabrá mucho de ecología y de ingeniería energética, pero bien poco de Historia, hasta el punto de afirmar que Tenochtitlan fue fundada un par de siglos después de su establecimiento, e ignora que la capital de los aztecas no fue conquistada por Cortés con la ayuda de los indios, sino por los indios con la ayuda de Cortés. El padre de la nación mejicana no fue Moctezuma, ni Porfirio Díaz- el presidente al que se atribuye la “boutade” de “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos-, sino el menospreciado Cortés. Escaso reconocimiento a la gesta de Hernán Cortés La Historia no puede ser valorada con proclamas demagógicas, sino con hechos comprobados. Hernán Cortés ha sido injustamente tratado por Méjico y, en cierta medida, también por la propia España, y no se ha reconocido suficientemente su extraordinaria contribución a la Historia universal. Fue el conquistador más culto -licenciado en Humanidades por la Universidad de Salamanca-, a la par que competente militar y excelente diplomático. ¿Cómo fue posible que con 850 compatriotas y unos pocos caballos pudiera derrotar al Imperio azteca, que contaba con un Ejército de 136.000 guerreros, y cuya capital -rodeada de lagunas- era considerada inexpugnable? Pues sencillamente porque consiguió con astucia y tacto el apoyo de las tribus indias -tlaxaltecas, totonacas, chichimecas-, que estaban siendo esclavizadas por los mexicas. Cortés llegó en 1519 a Méjico con 11 naves, 110 marineros, y 579 soldados, junto con 32 caballos y 10 cañones. Contaba con la enemiga del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que mandó una expedición de 800 hombres al mando de Pánfilo Narváez para prenderlo por rebelión, pero fue derrotada en 1520 por las tropas de Cortés, y muchos de los expedicionarios se sumaron a su Ejército. Tras el desastre de la “Noche triste”, Cortés logró recuperarse y, con la ayuda de 200.000 indios enemigos de los aztecas, consiguió conquistar Tenochtitlan y apresar al emperador Moctezuma en 1521. Cortés tenía un espíritu humanista y no se conformó con acabar con las cruentas prácticas de los mexicas, sino que impidió que sus tribus aliadas tomaran represalias contra sus verdugos cometiendo sus mismas barbaridades. Como escribió su contemporáneo Francisco López de Gomara en su “Historia general de Indias”, la conquista de México y la conversión al cristianismo de los pobladores de la Nueva España se podía y debía poner entre las Historias del mundo, porque fue muy grande, no en el tiempo, sino en los hechos, “pues se conquistaron muchos y grandes reinos con poco daño y sangre de los naturales”. Según Fernández Armesto, ss inadecuado hablar de "conquista”, porque la nueva España se fue extendiendo en su mayor parte de forma pacífica. Cortés practicó el mestizaje predicando con el ejemplo y tuvo varios hijos con la Malinche -su hábil intérprete, que se convirtió en doña Marina- y con otras tres nativas miembros de la familia imperial. Sus hijos extramatrimoniales fueron legitimados por una bula del papá Clemente VII e integrados en la nobleza local. Nombrado por Carlos V capitán general – pero no virrey-, Cortés fue un buen administrador y realizó numerosas obras públicas. Puso la primera piedra de la Catedral de Ciudad de Méjico, creó varios hospitales como el de Jesús Nazareno -tres de ellos financiados de su bolsillo- y en 1539 se publicó el primer libro impreso en América, “Breve compendio de doctrina cristiana en lenguas mexicana y española”. Cortés regresó a España 1540 y murió siete años más tarde en Castilleja de la Cuesta, cuando estaba a punto de ser sometido al juicio de residencia. Fue enterrado en Sevilla y, en 1566, sus restos fueron trasladados a Méjico, donde recibieron sepultura en varias iglesias hasta que en 1794 se depositaron en la iglesia del hospital de Jesús Nazareno. Las peripecias de los diversos traslados de sus restos muestran de la falta de consideración y reconocimiento de los dirigentes mejicanos por quien fue el creador de Méjico. Solo cuenta en todo el país con dos pequeñas estatuas en Cuernavaca y en Dolores Hidalgo. El presidente José López Portillo trató en 1981 de promover el reconocimiento público de Méjico a Cortés, pero topó con la oposición de nacionalistas, indigenistas y la extrema izquierda, y el presidente cejó en su empeño, con lo que Cortés quedó olvidado en algún rincón de la Iglesia del hospital que fundó. Según Octavio Paz en su libro “Hernán Cortés, exorcismo o liberación”, el carácter ideológico del mito de Cortés fue el arma de combate de un partido, pero estas luchas pertenecían al pasado y en la actualidad el mito peleaba con fantasmas. “Aparte de su irrealidad, es nocivo porque, en vez de unir, divide a las conciencias. Cortés divide a los mejicanos, envenena las almas y alimenta rencores anacrónicos y absurdos”. Creo que los mejicanos tienen una tremenda deuda con Cortés y, mientras Méjico no se concilie con el padre de la nación, no hallará a su auténtica identidad. Necesidad de una mayor presencia de España en Hispanoamérica La política exterior de los Gobiernos mejicanos ha derivado de una posición integradora y constructiva a un acercamiento a los iliberales países bolivarianos. De haber sido, junto con España, promotor de la Comunidad Iberoamericana en la Conferencia de Guadalajara de 1991, a ofrecer Puebla como sede de la reunión de personalidades izquierdistas en la que crearon el Grupo que lleva el nombre de esta ciudad charra. La animosidad del Gobierno de AMLO hacia España es anterior al envío de su controvertida carta a Felipe VI, que se ha utilizado ahora para atacar al monarca y a España. En un video promocional con motivo de la conmemoración del 200° aniversario la independencia, se decía que, tras el grito de Dolores, “el pueblo mexicano -harto del yugo colonial- rompió las cadenas de la opresión de España que le dejó una herencia de exterminio y de muerte”. Nada más ajeno a la realidad histórica. El movimiento independentista se inició durante la invasión napoleónica de España y fue una guerra civil iniciada por los criollos de origen español, en la que la mayoría de la población indígena se puso del lado de la Corona . La Nueva España nunca fue una colonia, sino una parte muy importante del Imperio más poderoso de los siglos XVI y XVII. Los 300 años del Virreinato son ignorado por la sociedad mejicana, cuyos hijos son adoctrinados desde la escuela con el mito de que la Historia del país pasó del glorioso Imperio de los aztecas a la independencia, dejando un vacío colmado por los tres siglos de período virreinal. Fue éste -a juicio de Gil Ibáñez- un éxito de prosperidad y de modernidad, un polo de progreso cultural, social, económico y de conexión comercial con el mundo, un ejemplo de honestidad y eficacia administrativa, y una fuente única de mestizaje, como atestiguó el barón Alexander von Hundbolt. Cuando visitó la Nueva España, el científico alemán constató que el Virreinato estaba muy bien organizado, era bastante próspero y no había corrupción institucional. Los indios y mestizos ocupaban un lugar en el mundo hispano, y participaban abiertamente y sin trabas en la vida de la comunidad, gozando de una situación de superioridad sobre los campesinos germanos de su época. Concluyó, muy a su pesar, que era la región más próspera y emergente de la tierra. Según Octavio Paz, desde su origen, España ha sido una tierra de fronteras en continuo movimiento y su última gran frontera ha sido América. “Hablar de nuestra lengua es hablar de una civilización, de una comunidad de valores y creencias, y de cuestionamiento sobre el pasado, el presente y el porvenir”. Para Carlos Fuentes, “la liga más fuerte de nuestra comunidad probable es una lengua española, como vehículo para el encuentro y para la creación de identidades híbridas cada día más enriquecedoras”. Julián Marías se ha preguntado “si existe en el mundo actual una comunidad comparable de vitalidad, una capacidad creadora, un marco de referencia de medio milenio de Historia compartida y de memoria colectiva, si no estuviera dilapidado por el olvido. La empresa de nuestro tiempo no puede ser otra que la recomposición de las Españas, que constituye la única posibilidad de que tengan porvenir”. Un medio para lograr este objetivo es la Conferencia de la Comunidad Iberoamericana que se reunirá en noviembre en Cuenca -Ecuador- y se verá adversamente afectada por el lamentable episodio de la investidura presidencial. El movimiento hostil de Méjico hacia el Rey se produce en un momento de desgaste del ascendiente de España en Iberoamérica. Sin embargo, aunque América no la necesite tanto como antes, nuestro país sigue teniendo influencia en el continente americano, pese a la disminución de su prestigio causada por la trayectoria errática de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Sánchez. El Gobierno español debería incrementar las relaciones políticas, económicas y culturales con países democráticos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú o Méjico -si éste se deja, lo que no parece ser el caso-, y reconsiderar su política benevolente hacia Gobiernos dictatoriales o populistas como los de Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela. Los dirigentes mejicanos se empeñan en separar, incluso anímicamente, a Méjico de España, contra el sentir mayoritario de la población de los dos países. Alberto Gil ha puesto de manifiesto la paradoja de que, si los mexicanos odian a los españoles, se están odiando a sí mismos, porque todos ellos -criollos o mestizos- tienen la misma herencia genética, cultural e histórica, y -como ha señalado la historiadora mexicana Úrsula Camba- “no podemos despojarnos de nosotros mismos”. ¡Ay Méjico, que lejos estás de mí! Madrid, 10 de octubre de 2024

Urge que el Gobierno español adopte una política migratoria

URGE QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL ADOPTE UNA POLÍTICA MIGRATORIA Según el último sondeo del CIS, la in inmigración es el problema que más preocupa a los españoles, pasando en tres meses del noveno al primer puesto. Salvo en las cuestiones políticas, en las que José Félix Tezanos beneficia descaradamente a su partido y al Gobierno, el Centro suele acertar en los demás temas, porque cuenta con buenos expertos junto a una sectaria dirección. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha osado contradecir al oráculo socialista y se ha negado a aceptar esta premisa, y culpado a la derecha y a la ultraderecha de crear un clima de desasosiego para demonizar a los inmigrantes. Sí las conclusiones de la encuesta son correctas, creo que los participantes en la misma han supervalorado el fenómeno migratorio, inducidos por las imágenes que muestran el goteo de cayucos que llegan cada día a Canarias y los asaltos violentos a las vallas de Ceuta o de Melilla. Considero poco verosímil que los españoles crean que es más preocupante la inmigración, que el paro, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el descrédito de los políticos o los desastrosos efectos del cambio climático. En cualquier caso -ocupe el primer lugar o el noveno-, resulta indiscutible que a los españoles les preocupa la creciente inmigración. En su artículo “!Bendita inmigración!”, Fernando Valdespin ha mantenido en ”El País”, que decir que la inmigración es la más importante amenaza que nos acecha es fruto de la desinformación y de la demagogia. “Hay que abordar la cuestión desde premisas bien articuladas, libres de politiqueos partidistas y de soluciones simplistas”. Estoy de acuerdo, porque, cuando la inmigración es ilegal y forzada, es un serio peligro, pero cuando es legal y regulada puede ser una solución al tremendo déficit demográfico que padece España, algunas de cuyas regiones interiores tienen una densidad poblacional inferior a la de Siberia. Ya en un anterior artículo sobre “Inmigración ¿problema o solución?”, planteé este doble aspecto de la cuestión. Es importante distinguir entre los inmigrantes políticos y los económicos. Como ha observado Ángel Expósito, no es lo mismo un joven de Malí que huye de la muerte o del hambre, que otro marroquí que llega a Canarias con su pasaporte recién expedido y recursos suficientes para circular por España y por Europa. Salvo en los casos de guerras y conflictos -como los de Afganistán, Siria, Sudán del Sur o el Sahel-, la inmensa mayoría de las personas que emigran lo hacen por motivos económicos, para mejorar sus condiciones de vida, lo cual es razonable y respetable. Ahora bien, ello no supone que tengan derecho a ser admitidos en cualquier país, y menos si lo hacen de manera ilegal o con recurso al uso de la fuerza. Los buenistas, incluida la propia ONU, sitúan a todos los inmigrantes en pie de igualdad, lo cual no es correcto. En un sentido jurídico, cabe distinguir a los refugiados -cubiertos por la Convención de Ginebra de 1951-, a los protegidos internacionales y a los inmigrantes estrictamente económicos, que tienen estatutos jurídicos diferentes de conformidad con el Derecho Internacional. Pese a ello, en una resolución de 2016, la Asamblea General afirmó que los Estados miembros asumían el compromiso de proteger los derechos humanos de todos los inmigrantes cualquiera que fuera su situación. Aparte de que las resoluciones de la Asamblea no sean jurídicamente vinculantes -aunque tengan un valor político y moral- esta afirmación es correcta solo a medias. Es obvio que los Estados deben proteger los derechos humanos de cualquier persona, pero es asimismo evidente que no cabe dar el mismo trato a los inmigrantes que entran en un país legalmente, que a los que lo hacen de forma ilegal. Para Inocencio Arias, una cosa es un refugiado que huye de la persecución para salvar su vida y que es irrechazable y tiene derecho a obtener asilo, y otra bien distinta el emigrante económico que es totalmente rechazable ya que no tiene derecho a entrar en un país y menos aún permanecer en él. En su sentencia 72/2005, el Tribunal Constitucional afirmó que la Constitución no reconoce como derecho fundamental de los extranjeros acceder al territorio español y el legislador podrá condicionar dicho acceso al cumplimiento de determinados requisitos. La entrada legal de los inmigrantes en España es un presupuesto necesario para que su situación sea conforme a las normas vigentes y puedan estar en condiciones de ejercer plenamente todos los derechos que la ley les reconoce. Arias ha expresado su respetuoso desacuerdo -que yo comparto- con la afirmación del Papá Francisco de que rechazar a un inmigrante es un pecado mortal. Será a lo sumo una falta de generosidad, pero no un pecado, si el Estado receptor tiene fundados motivos legales para no aceptar en su territorio al inmigrante que pretenda permanecer en el país en el que ha entrado de forma ilegal. En estas cuestiones no conviene mezclar la Moral con el Derecho. El trato de los emigrantes -especialmente de los refugiados y de los protegidos internacionalmente- está parcialmente regulado en normas internacionales y sobre todo en las normas nacionales. Los emigrantes económicos no tienen una cobertura “ad hoc” en el Derecho Internacional y se rigen por las disposiciones nacionales de los Estados a los que lleguen. Todos ellos tienen derecho a solicitar asilo en el país de llegada y las autoridades de éste deberían concedérselo sí reúnen los requisitos previstos en las leyes internacionales y nacionales, pero, salvo los criterios de carácter general, el asilo tampoco está debidamente regulado en el Derecho Internacional ni en el Europeo. La UE no ha conseguido adoptar unas normas comunes sobre asilo para todos los Estados miembros, pese a que en su directiva 2004/83 -que establecía las normas sobre el reconocimiento y el estatuto de los refugiados y de las personas internacionalmente protegidas- se afirmara que la adopción de una política común de asilo era un objetivo de la Unión para establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Ha establecido normas internacionales -incluidos tratados como el Convenio de Dublín de 1990, que establece que las solicitudes de asilo deben ser presentadas en la frontera del primer Estado comunitario al que arribe el inmigrante, con independencia del país en el que aspire a residir-, que han tenido poco éxito, ya que los emigrantes con destino a la Unión se han concentrado en los Estados del sur del Mediterráneo, como Grecia Italia y España. Los procedimientos burocráticos para la concesión de asilo son lentos y dificultosos, y los Estados de primera línea lo concede con cuentagotas, por lo que han provocado lamentables situaciones para los peticionarios en algunas islas griegas o en Lampedusa, y existe un grave riesgo de que se produzca una situación semejante en las Canarias, especialmente en la isla de El Hierro. La Comisión Europea ha hecho diversos intentos para redistribuir a los inmigrantes entre los distintos Estados miembros que han resultado fallidos. En 2015 adoptó un plan para repartir 160.000 refugiados en Grecia y en Italia --especialmente sirios-, pero muchos Estados -especialmente los del Grupo de Visegrad- se negaron a aceptarlos. Ante el fiasco, la UE firmó un vergonzante Acuerdo con Turquía, para que sus autoridades retuvieran en el país a la masa de emigrantes con destino a la Unión y aceptaran su devolución, a cambio de la entrega de €3.000 millones. A causa de la actuación de las fuerzas de seguridad turcas, la corriente migratoria alentada por las mafias traficantes de emigrantes se trasladó a Libia para dirigirse hacia Italia. En 2023, la Comisión Europea adoptó otro Pacto migratorio mucho más modesto para distribuir tan solo a 29.500 refugiados, mediante un sistema de solidaridad “a la carta”, de modo que los Estados que se negaran a acogerlos tendrían que abonar una suma de dinero por cada uno de los rechazados. Este Pacto tampoco fue aceptado por países como Hungría y Polonia. El Gobierno de Giorgia Meloni inició una política para reducir de manera drástica la llegada de inmigrantes a Italia. Según afirmó,” nunca detendremos la inmigración ilegal en masa, ni derrotaremos a los traficantes de seres humanos sin afrontar las causas que empujan a una persona a abandonar su casa”. Adoptó el plan Mattei, que preveía la inversión de €5.500 millones en los países de procedencia de las migraciones -Libia, Túnez y Argelia-, y firmó con ellos Acuerdos de cooperación para su desarrollo, a cambio de que frenaran los flujos migratorios hacia Italia, y también con Albania para construir Centros a donde trasladar a los emigrantes rescatados mientras se tramitaban las solicitudes de asilo, prohibió la concesión de permisos de trabajo para los solicitantes, incrementó las devoluciones de inmigrantes ilegales, y aumentó los obstáculos para la actuación de las ONG rescatadoras. Gracias a estas políticas, el Gobierno italiano ha disminuido en un 65% el flujo migratorio, y las mafias traficantes han trasladado su criminal tráfico al Atlántico, a la ruta canaria, mucho más mortífera pero más rentable para ellas. Según la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, corresponde al Gobierno la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración. Las Administraciones basarán el ejercicio de sus competencias en la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas, y la promoción del diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito de emigrantes, mediante Acuerdos dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios (artículo 2-bis). El Gobierno español ha seguido una política migratoria incoherente y tomado medidas contradictorias y del todo insuficientes. Empezó con la entusiástica y demagógica acogida a los 629 rescatados por el buque “Aquarius” -que provocó un considerable efecto llamada-, sin adoptar las medidas adecuadas para ofrecer una salida laboral a los mismos, redujo considerablemente la concesión de asilos y de permisos de residencia o de trabajo, y realizó deportaciones masivas en las ciudades de Ceuta y Melilla. En su periplo por Mauritania, Gambia y Senegal, Sánchez ha hecho propuestas contradictorias, que muestran la inexistencia una política migratoria. Ante la grave situación existente en Canarias, el Gobierno central se ha puesto de perfil, ha renunciado a ejercer las competencias que le son propias, y ha traspasado sus responsabilidades a las Comunidades Autónomas, mediante lo que Sánchez ha denominado “co-gobernanza” -como hizo durante la pandemia del COVID-, en lo que hay bien poco de” co” porque el Gobierno no aporta ni un euro a las Comunidades a las que ha soltado el mochuelo. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el control de las fronteras y del flujo migratorio son competencias exclusivas del Gobierno central. Ha pedido a la UE que haya un reparto equitativo en la responsabilidad en materia de asilo, que las obligaciones no recaigan exclusivamente en los países de entrada, que se alcance una verdadera política común en materias de migración, fronteras y asilo, y ha manifestado la necesidad de reforzar la cooperación con los países africanos, como Mauritania y Senegal, con los que España ha firmado Acuerdos. El problema más grave lo plantean los menores extranjeros no acompañados (MENA). Según la Ley de Extranjería, el Gobierno adoptará -en colaboración con las Comunidades Autónomas- un Plan estratégico plurianual, que incluya entre sus objetivos la integración de los menores. Los programas para lograr este fin serán financiados con cargo a un Fondo Estatal para Integración de los Inmigrantes, que podrá incluir fórmulas de cofinanciación (artículo 2-tertio). Pese a ello, el Gobierno se ha negado a financiar total o parcialmente a las Comunidades -especialmente a Canarias- para que atiendan a las necesidades de los MENA que se encuentren en sus territorios. Cuando el Ministerio Fiscal tenga constancia de la existencia de un menor, lo pondrá en conocimiento de los servicios competentes para su protección. El Gobierno realizará Acuerdos de colaboración con los países de origen de los MENA, que contemplen la prevención de la inmigración irregular, y la protección y el retorno de los mismos. Esta disposición pone de manifiesto la falta de fundamento de quienes afirman que los menores no pueden ser repatriados. Antes de decidir la devolución del menor, el Estado receptor consultará al país de origen sobre sus circunstancias familiares o la existencia de servicios que puedan asumir su tutela y, en el caso de que no existieran unos u otros, se les concedería una autorización de residencia (p° 1 a 7 del artículo 35). Asimismo, la directiva 2008/15 de la UE contempla la expulsión de los MENA, siempre que se cumpla un determinado procedimiento. Algunas ONG alegan que las Comunidades tienen la obligación de atender a todos los menores que se encuentren en su territorio, pero esta obligación se refiere a los menores que existan en sus circunscripciones, y no a los miles de MENA de que sean transportados por vía marítima.a dichas Comunidades por las mafias traficantes. El grave problema de Canarias Como los tráficos ilegales de emigrantes son vasos comunicantes, la disminución en Italia ha llevado consigo un aumento de un 85%, en la ruta de África occidental hacia Canarias, que ha recibido en los siete primeros meses del año 26.758 inmigrantes, y la perspectiva es que va a recibir a muchos más. 702 que lo intentaron han muerto o desaparecido en las trágica ruta. La isla de El Hierro se ha convertido en la Lampedusa española, al recibir más inmigrantes que habitantes tiene, lo cual es insostenible. En Canarias hay en la actualidad más de 6.000 MENA, que exceden con creces la capacidad de acogida de las instituciones de la isla. El responsable de su atención es el Gobierno central, que tiene la competencia exclusiva sobre el control de los flujos migratorios y cuyos servicios de salvamento rescatan a los menores del mar y los depositan en donde estiman oportuno, sin asumir el Gobierno responsabilidad alguna, sobre todo orden financiero, pese a estar obligado por la Ley de Extranjería. Ha pretendido resolver el problema transportando el excedente de menores a otras Comunidades, sin el obtener el previo consentimiento de éstas, ni negociar con ellas, mediante una propuesta de modificar el artículo 35 de dicha Ley. Su p° 12 establece que las Comunidades podrán llegar a acuerdos con la Comunidad donde se encuentren los menores para asumir su tutela y custodia, con el fin de garantizarles mejores condiciones de integración. El Gobierno presentó una enmienda a esa disposición, para hacer obligatoria la admisión de los MENA que éste decidiera unilateralmente y que además las Comunidades asumieran la financiación total o parcial de la operación, pero la propuesta fue rechazada en el Congreso. Sánchez y sus ministros se ensañaron con el principal partido de la oposición, que -como es natural- votó en contra, y no ha formulado crítica alguna contra su socio JxC que hizo lo mismo. Los aliados pueden votar sin problema contra el partido del Gobierno, pero si lo hace el PP, actúa como un partido carente de sentido de Estado. El presidente de la Junta de Canaria, Fernando Clavijo, se ha quejado amargamente -con sobrados motivos- del abandono del Gobierno central y lo ha acusado con razón de dejación de funciones, pasividad y falta de colaboración, porque la atención a los menores rescatados del mar es competencia del Estado. “ El archipiélago es el sostén y el muro de contención de las personas que llegan de África y a la vez, una tierra solitaria que gestiona uno de sus momentos más complejos”. Clavijo y Feijóo hicieron una razonable propuesta al Gobierno para que adoptara una serie de medidas a fin de hacer frente a la situación, pero Sánchez las rechazó y se negó a negociar. Ante esto, el PP y Coalición Canaria firmaron el pasado día 10 un Plan para frenar el descontrol migratorio: Asunción por el Estado de la financiación de los MENA cuando se saturen los Centros autonómicos de acogida, creación de un Fondo de Contingencia para financiar los gastos de atención a los menores, traslado de MENA a otras Comunidades mediante un acuerdo consensuado de carácter multilateral, activación de mecanismos en la UE para que sus Estados miembros acojan a algunos de los emigrantes llegados a Canarias, declaración de emergencia migratoria a nivel nacional, aumento de la presencia policial para controlar las fronteras y actuación de policías españoles en los países de procedencia de los emigrantes mediante Acuerdos con dichos Estados, solicitud de despliegue de unidades de FRONTEX en el Atlántico, contratación de más personal para la atención a los inmigrantes y la tramitación de los expedientes, y convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos y de las Conferencias de Inmigración y de Juventud, para acordar el reparto de los MENA. . Los signatarios presentaron el Plan al Gobierno, que reaccionó con su habitual negativismo con críticas descalificadoras a la oposición. La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, exigió a Feijóo que abandonara los acuerdos ”fake” de política migratoria y se pusiera de verdad del lado de Canarias para solucionar la distribución de los MENA mediante la reforma de la Ley de Extranjería. El ministro de Política Territorial, Víctor Torres -canario para más inri- afirmó que el Plan era un documento donde se cuestionaba toda la política migratoria histórica, en vez de poner sobre la mesa una solución al problema de los MENA, acusó a Feijoo de utilizar la demagogia y las tesis de la ultraderecha, y le pidió que se centrara en ayudar a los más vulnerables. La Junta de Canarias adoptó un Protocolo sobre la atención a los MENA, en el que pedía a las ONG que no acogieran a menores sin el consentimiento del Gobierno local y a las fuerzas de seguridad o a la Administración del Estado que realizaran ciertas tareas ante de entregar a los menores en los Centros de acogida. Fórum Social-77 -Organización encargada de acoger a los menores en El Hierro- se negó a aceptar a 14 de ellos por falta material de espacio físico en sus instalaciones para albergarlos, y la policía la denunció ante la Fiscalía, que le abrió un expediente sancionador y recurrió el citado Protocolo, cuya aplicación fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia, porque su cumplimiento podía comprometer la entrega inmediata de los menores a las autoridades autonómicas que tenían confiado su cuidado. El Gobierno no solo no ayuda a Canarias , sino que insta al Ministerio Fiscal a que dificulte la actuación de la Junta. Posibles medidas para hacer frente a la inmigración ilegal La migración es un problema complejo y difícil de resolver por causas diversas como la presión ejercida por la pobreza y los conflictos armados en los países de origen, la insolidaridad en Comunidades -como Cataluña- y entre los países europeos, la presión de los nacionalismos y de la extrema derecha, y la falta de voluntad política. El punto de partida “sine qua non” para resolverlo es la adopción de un acuerdo de Estado entre los partidos políticos, especialmente entre el PSOE y el PP, pero resultará difícil de conseguir mientras se mantenga en el poder Sánchez, que es alérgico a cualquier acuerdo con la oposición. Me permito sugerir algunas medidas necesarias para intentar solucionar el problema, entre las que se figuran las incluidas en el Plan acordado entre el PP y CC y algunas de las adoptadas por el Gobierno de Meloni. 1.-Distinción entre los inmigrantes por razones políticas o económicas y entre legales e ilegales, y tratamiento distinto. El Gobierno debe ser rápido y generoso en la concesión de asilo a quienes lo merezcan, y expulsar a los inmigrantes ilegales a los países de procedencia, con las debidas garantías. 2.-Regulalización de los inmigrantes que lleven tiempo en España y tengan trabajo o una posición asentada. 90% de partidos políticos así lo han propuesto en el Congreso. 3.-Firma de Acuerdos con los países vecinos de origen -Marruecos, Argelia, Mauritania o Senegal- y exigencia de su cumplimiento, especialmente en las devoluciones. Presencia de fuerzas de seguridad españolas en estos países para ayudarles a que nos ayuden. 4.-Acuerdo consensuado para la distribución entre las Comunidades del excedente de MENAS en Canarias, Ceuta y Melilla, sin excepciones, como pretende Cataluña. 5.-Petición a la UE da ayuda para financiar la atención a los inmigrantes y para distribuir algunos de los menores entre los países miembros. 6.-Petición a FRONTEX de que envíe a sus unidades a patrullar en el Atlántico en las proximidades de las Canarias, para tratar de impedir -junto con buques de la Armada española- la llegada de cayucos a las islas. Deben situarse fuera del límite de las 200 millas y devolverlos a su punto de partida en las mejores condiciones de seguridad. 7.-Inversión en programas de desarrollo en los países de origen y de tránsito, como está haciendo Italia. Esta labor deberá ser principalmente erizada por la Comisión Europea, que cuenta con recursos financieros y técnicos suficientes. 8.-Formación profesional de los MENA, especialmente en los sectores que más mano de obra necesite España. Cuando los menores accedan a la mayoría de edad, deberán ser provistos de permisos de residencia y de trabajo. 9.- Devolución de MENA a Marruecos, donde se puede encontrar fácilmente a sus familiares y el Reino cuenta con Centros para acogerlos y tutelarlos. 10-Fomento de la inmigración legal, especialmente de la procedente de Iberoamérica, la Europa no comunitaria y el África subsahariana no musulmana. 11.-Política de fomento de la natalidad y de inducción a no utilizar recursos legales contrarios a la misma como el aborto, salvo en casos excepcionales 12.-Facilitación a familias de inmigrantes para que se instalen en pueblos de la España vaciada, como en el caso de Burbáguena (Teruel), donde gracias a ellos se han reabierto la guardería y la escuela, y se ha duplicado su población

El dictador Maduro desafía a la Comunidad Internacional ante la pasividad del Gobierno español

EL DICTADOR MADURO DESAFÍA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ANTE LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO ESPAÑOL Tras les decisiones del Congreso de los Diputados y del Senado de España de que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, había sido el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el Parlamento Europeo (PE) lo ha reconocido como “presidente legítimo y democráticamente elegido”. Venezuela, una dictadura de libro Según la adivinanza popular, “blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe, con pan se come y a la calle se tiran los cascarones”. ¿Qué es? Contrariamente a lo que estarán Ustedes pensando, para el Gobierno de España no es un huevo. En el caso de Venezuela -como en el de la Cuba castrista- la dictadura que padecen desde hace años los pueblos cubano y venezolano no es tal para el Gobierno del Sánchez, sino una democracia popular, populista y progresista, y malhaya sea quien ose decir lo contrario. A la ministra de Defensa, Margarita Robles, le han llovido las críticas por recordar a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país por la dictadura en que vivían. Los jerarcas venezolanos le han dicho a Margarita de todo menos bonita. El canciller venezolano, Yván Gil, ha llamado en consulta a su embajadora en Madrid y convocado al embajador español en Caracas para cantarle las 40 ante semejante afrenta. “No permitiremos ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son competencia exclusiva de los venezolanos y las venezolanas”. Preguntado por Radio Nacional sobre qué régimen político había en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores patrio, José Manuel Albares, fue extremadamente diplomático y se excusó de dar una respuesta alegando que no era politólogo ni catedrático, aunque creo recordar que en el programa para ingreso en la Escuela Diplomática figura un tema sobre los sistemas políticos y los modelos de Gobierno. Ministro, “blanco es, la gallina lo pone…” o, si prefiere la formulación de, “si anda como un pato y grazna como un pato ¿acaso no será un pato?”. El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, no ha sido tan diplomático y ha afirmado que en Venezuela 2.000 personas habían sido detenidas arbitrariamente después de las elecciones, el líder de la oposición había tenido que exiliarse, los partidos políticos estaban sometidos a mil limitaciones, y mas de siete millones de venezolanos habían huido de su país, “Usted a todo eso ¿cómo lo llama? Naturalmente esto es un régimen dictatorial y autoritario, aunque por decirlo no arreglamos nada”. Borrell ha sido inmediatamente calificado por Caracas de “vocero del mal”. Unas de las características básicas para la existencia de un Estado de Derecho son la separación de poderes y la independencia judicial. En Venezuela, todos los poderes están en manos del presidente Nicolás Maduro: El Ejecutivo -porque me llamo león-, el legislativo -tras una elecciones fraudulentas- el judicial -por su total sumisión al ejecutivo- y el electoral -que en Venezuela es un auténtico poder-. Otra de sus características es la realización periódica de elecciones, pero ésta es una exigencia necesaria, aunque no suficiente, ya que pueden no ser libres y democráticas y sus resultados pueden ser falsificados, como ocurre en Venezuela. Por otra parte, una vez elegidos -como lo fueron Hitler o Mussolini- los vencedores pueden descafeinar la democracia y dejarla como una cáscara vacía, como ha hecho Maduro. En Venezuela no hay libertad de expresión, de prensa, ni de acción política. Los partidos están sometidos al yugo del Gobierno y sus dirigentes pueden ser inhabilitados, detenidos, encarcelados, expatriados o eliminados físicamente por los numerosos cuerpos de seguridad, especialmente por el implacable Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No existe la menor garantía de seguridad personal. Los ciudadanos pueden ser arbitrariamente detenidos, torturados o violados en las siniestras cárceles venezolanas. Las desapariciones están a la orden del día y los arrestos se extienden a los familiares de los políticos y a extranjeros que son tomados como rehenes para luego ser canjeados por criminales venezolanos, como acaba de ocurrir con los españoles José María Basoa y Andrés Martínez. La Corte Penal Internacional está investigando a Maduro y otros dirigentes bolivarianos por estimar que, desde 2017, el Gobierno venezolano está cometiendo delitos de lesa humanidad. Fraude masivo del régimen de Maduro en las elecciones presidenciales Maduro fue fraudulentamente reelegido en 2019 y los resultados de las elecciones no fueron reconocidos por la OEA, la UE, Estados Unidos y más de 50 Estados, que reconocieron en cambio como presidente a Juan Guaidó. Cometieron, sin embargo, el grave error de seguir reconociendo al Gobierno de Maduro, cuando es una norma elemental de Derecho Internacional que no se puede reconocer a dos Gobiernos en un mismo Estado. Maduro mantenía todos los elementos de poder -Ejército, Policía, instituciones y producción de petróleo-, mientras que Guaidó -pese al amplio apoyo internacional- carecía de las infraestructuras mínimas y tenía que estar vagando como alma en pena para eludir su detención. El Gobierno de Maduro aguantó el tirón, mientras el Gobierno fantasma de Guaidó se fue debilitando. El régimen practicó una represión feroz y encarceló a muchos de los opositores, como Leopoldo López o Antonio José Ledezma, que acabaron exilados en España. Las múltiples arbitrariedades cometidas por el régimen de Maduro trajeron como consecuencia la imposición de sanciones económicas a Venezuela por parte de la UE, Estados Unidos y otros países, que afectaron muy negativamente a la exportación de gas y petróleo, principales fuentes de financiación del país -oficialmente-, junto con el narcotráfico -extraoficialmente-. Ante la situación socioeconómica desastrosa -más del 50% de la población está por debajo del límite de pobreza-, Maduro decidió soltar lastre y llegó en Barbados a un acuerdo en octubre de 2023 con la Plataforma Unida formada por la oposición para celebrar unas elecciones presidenciales homologables, a cambio de que se levantaran o suavizaran las sanciones que le habían sido impuestas. A medida que se acercaban las elecciones, Maduro incumplió sus promesas de liberalización. El Tribunal Supremo (TSJ) inhabilitó a la candidata de la oposición, María Corina Machado, -que habría arrasado en las primarias- y a su sustituta, Corina Yoris. La Plataforma recurrió entonces al embajador Edmundo González, diplomático jubilado, que consiguió sorprendentemente pasar el corte de la inhabilitación, quizás porque Maduro no le diera demasiada beligerancia. El régimen manipuló los registros electorales, restringió la participación de los electores -de los más de ocho millones de exilados solo pudo votar el 10%-, abusó de los medios de comunicación para hacer propaganda pro Maduro, y puso todas las dificultades posibles a la oposición, deteniendo a muchos de sus dirigentes e incluso a ciudadanos por el grave delito de haber albergado a Corina durante su triunfal campaña electoral por todo el país. Maduro rechazó la presencia de observadores de la OEA, de la UE, de países iberoamericanos y de Estados Unidos, y solo aceptó los de la Unión Africana (¿?), del Centro Carter y de la ONG “Observación Electoral Educación”, y de un pequeño plantel de expertos electorales de la ONU. Pese a las dificultades, la participación de los venezolanos en las urnas fue muy elevada. Dando muestras de prudencia ante la posible comisión de fraudes, la Plataforma encomendó a sus representantes en los Centros de votación que fotografiaran las actas electorales y consiguieron hacerse en el 83,5% de ellas, que fueron digitalizadas y subidas a una web. Sin mostrar acta alguna, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que Maduro había ganado las elecciones con un 51.2% de los votos, frente a los 44,2% de González. Las actas presentadas por la Plataforma demostraban que éste había conseguido el 67,08% de los votos emitidos, distanciándolo en más de cuatro millones de votos. Solo aceptaron los resultados proclamados por el CNE Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Rusia, China e Irán, mientras que Argentina, Panamá y Ecuador dieron por vencedor a González, por lo que Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con ellos. Otros Estados afines a Maduro -como Brasil, Colombia o México- y la mayoría de los países se abstuvieron de pronunciarse hasta que el CNE no publicara las actas, cosa que el Gobierno no ha hecho hasta ahora ni hará, porque la diferencia entre uno y otro es tan elevada que, pese a sus prácticas fraudulentas, difícilmente podría cuadrar las cifras. En su lugar, remitió el expediente al TSJ -que carece de competencias en materia electoral-, que revalidó la decisión del Consejo. En el Grupo de Puebla no se alzó ni una sola voz -aparte de las mencionadas- para condonar el triunfo de Maduro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se apartó de la pretendida equidistancia de sus colegas progresistas Lula da Silva y Gustavo Petro, reconoció el triunfo de González y afirmó que la dictadura de Maduro no era de izquierdas. El gran “lobbysta” del dictador venezolano y fautor del Grupo de Puebla, José Luis Rodríguez Zapatero (ZP), no ha dicho esta boca es mía. Como ha señalado José Manuel García Margallo, aunque el total del 16.95% de los votos no revelados fueran favorables a Maduro, González seguiría siendo el triunfador con gran diferencia. Brasil, Colombia y Méjico -aún manteniendo su exigencia de que se hicieran públicas las actas electorales- se han ofrecido como mediadores entre las dos partes, y Lula y Petro han llegado a proponer que se repitieran las elecciones, absurda propuesta que fue rechazada tanto por Machado como por Maduro. El margen de maniobra es muy estrecho por el enquistamiento de un autoritarismo competitivo que no da opción a la alternancia democrática en el poder, y pretende perpetuarse en él por las buenas o por las malas. El pueblo venezolano se lanzó a las calles en todo el país para reclamar que se reconociera la victoria de González y el Gobierno bolivariano reprimió con saña las pacíficas manifestaciones y causó la muertes de 8 personas y la detención de 2.400. En esta posición equidistante se ha situado el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, quien ha comentado que, si el CNE no ha presentado las actas, tampoco lo ha hecho la Plataforma, como si la oposición tuviera alguna obligación al respecto. Aún así, la Plataforma ha sido la única que ha presentado copias del el 83.5% de las actas, y el Grupo de Expertos de NU, que ha examinado muestras de las mismas, ha concluido que ofrecen garantías de verosimilitud. El fiscal general, Tarik William Saab citó a declarar a González y, ante su negativa a comparecer, dictó contra él orden detención y encarcelamiento por “usurpación de funciones”, y el presidente electo se refugió en la residencia del embajador de Países Bajos y, más tarde, en la del embajador de España, desde donde marchó a Madrid, tras unas turbias negociaciones-chantaje con Delcy y Jorge Rodríguez, calificados por Carlos Herrera como “los Hermanos Mala Sombra”. Participación del Gobierno español en la farsa venezolana Sánchez no acaba de encontrar su sitio en la farsa fraudulenta del proceso electoral venezolano para situarse en el lado correcto de la Historia. Ha dicho que González es un héroe al que España no va a abandonar, pero -aunque le haya facilitado acogida durante un breve lapso de tiempo en la residencia de la Embajada en Caracas y el traslado a Madrid en un avión de Estado para concederle eventualmente asilo político en nuestro país, lo ha recibido de tapadillo en La Moncloa, como si se tratara, no del presidente electo de un país amigo, sino de un pariente pobre. Ello contrasta con la solemne recepción a Mahmud Abbas, presidente “in partibus infidelium” de Palestina, un supuesto Estado que carece de territorio, de población y de Gobierno. Resulta chocante que haya que ser un héroe para participar en la política en Venezuela y para desempeñar el puesto para el que se ha sido elegido por el soberano pueblo venezolano. Según Arcadi Espada, nadie está obligado a ser un héroe, pero cuando uno asume la representación de millones de héroes, que se ven dignamente encarnados en él, está obligado a serlo. No estoy de acuerdo en esta ocasión con el periodista. A González lo han convertido en político muy a pesar suyo, sacándolo de su entorno familiar y académico de diplomático jubilado, para que ofrezca una salida a las ansias de libertad del pueblo venezolano, al haber inhabilitado el régimen de Maduro a las dos candidatas a la presidencia. Bastante generosidad ha mostrado al luchar por un cargo para el que no estaba preparado a sus 75 años, y no tiene por qué asumir el martirio y dejarse devorar en la cueva de los leones “maduristas”. Su misión principal es jurar el cargo presidencial el próximo 10 de enero, cosa que habría sido difícil de realizar si hubiera permanecido en Venezuela entre las garras de un régimen asesino. Como ha señalado, “en esos momentos, consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas encomendadas por el pueblo soberano”. Sánchez parece inclinarse por las tesis equidistantes y pasa por alto que no puede haber equidistancia entre la dictadura y la democracia. Al negarse a reconocer la realidad del triunfo electoral de González, está haciéndole el caldo gordo a Maduro, dando a entender que a González solo le apoyan la derecha y la ultraderecha, cuando aquí no hay un problema de derechas o de izquierdas, sino de dictadura o democracia, y él parece inclinarse por la dictadura. El Congreso y el Senado pidieron al Gobierno que reconociera el triunfo de González, y el PSOE se opuso y pidió a las Cortes que reconocieran la gran labor de mediación que está realizando ZP en Venezuela para liberar presos políticos y tender puentes entre el Gobierno y la oposición. Sánchez ha hecho caso omiso a las razonable peticiones de las Cámaras españolas y acusado al PP de servirse del pueblo venezolano para atacar a su Gobierno. El principal objetivo de Maduro era conseguir que González se marchara lo más lejos posible de Venezuela. Para ello inició una campaña de intimidación contra él profiriéndole toda clase de insultos -viejo decrépito, traidor, terrorista, asesino, agente de la CIA-, amenazándole a él y a su familia, y lanzando órdenes de detención y encarcelamiento. Cuando un agente del SEBIN le advirtió que iban contra él, se refugió en la residencia del embajador de Países Bajos. Allí estuvo algo más de un mes, hasta que se trasladó a la residencia del embajador de España a instancias de ZP -la funesta “sombra de Rebeca”-, siempre dispuesto a actuar como plenipotenciario y mamporrero de Maduro. Fue él quien -según “El Mundo”- montó la “performance” de presiones, coacciones, amenazas y chantajes sufridos por González en dicha residencia. El Gobierno de Sánchez está obligado a dar una explicación de lo sucedido, en las Cortes y ante la opinión pública española. Las escasas explicaciones ofrecidas por Albares son contradictorias, confusas e insuficientes, y habrá que reconstruir lo ocurrido en base a las declaraciones de los involucradas en los lamentables hechos que se produjeron, no en la residencia del Embajador de a Holanda, sino en la del de España. Tras la decisión del Congreso de reconocer a González como presidente electo de Venezuela -y pese a que el Gobierno de Sánchez hizo cuanto pudo para evitarla-, el listo de los Rodríguez se desmelenó patrióticamente en la TV oficial y afirmó que sí España quería pelea, la tedría. “Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todo los cónsules, y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas”. Instó a la Asamblea que preside a romper de inmediato todas las relaciones con España, expulsar a las empresas españolas e interrumpir los vuelos entre los dos países. Fue precisamente a este personaje y a su hermanísima Delcy a quienes recurrió ZP para forzar el exilio supuestamente voluntario de González. A petición del expresidente español, se personaron en dos ocasiones en la residencia del embajador para “dialogar” con González e incitarle amistosamente a que reconociera su derrota y se exiliarse en España. No lo hicieron a petición de éste -como ha afirmado Albares-; sino de ZP. Según el chantajeado, los Rodríguez se presentaron en la residencia con un documento que debía refrendar para que el Gobierno permitiera su salida del país. “O firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de presión, chantajes y coacciones” y, en esos momentos, consideró que era ser más útil permanecer en libertad. . En el documento que se vio obligado a firmar, en presencia del embajador de España, Ramón Santos, y del exdiputado de la oposición residente en España, Eudoro González Dellán, acataba la sentencia del TSJ que proclamaba la reelección de Maduro como presidente de Venezuela. Los visitantes introdujeron ilegalmente en la residencia aparatos electrónicos para grabar lo que allí ocurriría, sin autorización del embajador e hicieron fotos de la firma del documento sin contar con la anuencia de González, según ha manifestado su abogado José Vicente Haro. Jorge Rodríguez ha dado la máxima difusión a las fotos y a las grabaciones ilegales, sin que al parecer se haya producido protesta alguna por parte de la Embajada o del Ministerio de Asuntos Exteriores españoles. Se burló además públicamente del embajador, al decir que éste les abrió la puerta -no tuvieron que saltar la verja que rodeaba al edificio- y les sirvió whisky Chivas Regal, que hizo que Edmundo se pusiera algo piripi. Según Ricardo Colmenero, Santos no actuó de mediador -como le han acusado desde el PP-, sino de camarero. Rodríguez advirtió que contaba con otro documento en el que, al parecer, González suplicaba que se dieran garantías a su hija mayor y a su familia, a la que no se le permiti ùo que abandonaran el país y siguen de rehenes del madurismo. Terminada la ceremonia, Santos llevó a González hasta la escalerilla de un avión militar español, que lo trasladó a Madrid, donde el Gobierno le ha prometido la concesión de asilo político. Albares ha afirmado que su Gobierno no negoció nada con el venezolano, aunque supongo que algo tuvo que pactar para que éste permitiera que una persona tan vigilada pudiera trasladarse de la residencia del embajador holandés a la del español, y saliera del país, así para como conseguir la autorización para el aterrizaje y despegue de una aeronave militar. Ya en España, González declaró que la firma forzada del documento contra su voluntad carecía de cualquier valor, porque -de conformidad con una norma básica de Derecho- un documento firmado bajo coacción estaba viciado de nulidad absoluta por falta de consentimiento. Ya en Madrid, González declaró que su compromiso era irrenunciable y su lucha con Machado contra el chavismo inquebrantable, y que asumiría la presidencia para la que había sido elegido por el pueblo venezolano. El PP, a través de González Pons, ha acusado al Gobierno español de ser cooperador necesario en el golpe de Estado de Venezuela para perpetuar a Maduro en el poder, al haber permitido que se realizara un chantaje contra González en la residencia del embajador, y pedido la destitución de éste y la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores. Albares ha replicado pidiendo la destitución del eurodiputado popular por calumniar a España y a su servicio exterior. Creo que uno y otro se han pasado de frenada. De un lado, no tiene demasiado sentido que el PP pida a la cabeza de Santos, cuando -como solemos hacer los de diplomáticos- cumplió las instrucciones de la Superioridad, como ha reconocido Albares. El responsable ha sido, por tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la crítica de su actuación es legítima. No se calumniaba ni injuriaba por ello a España ni a sus diplomáticos, sino que ponía en evidencia las incongruencias de la política exterior del Gobierno. El propio González se sintió obligado a publicar un comunicado en el que afirmaba que no fue coaccionado por el Gobierno de España ni por su embajador -¡Faltaría más!- y que las gestiones por ellos realizadas tuvieron como único propósito facilitar su salida del país. Pese a las maquiavélicas maniobras de ZP como benefactor de Maduro -respaldadas por Sánchez- no es correcto afirmar que su Gobierno esté apoyando directamente la cacicada fraudulenta de Maduro para mantenerse en el poder, pero sí lo ha hecho de forma indirecta, al facilitar que en la sede de su Embajada se consumara el chantaje al presidente electo y, de forma pasiva, al negarse a cumplir la petición de las Cortes de que reconociera a González como presidente, y al hacer campaña en contra de que el PE adoptara una decisión similar y votar en contra, con lo que ha contribuido a debilitar la presión internacional para que Maduro acepte el resultado de los comicios. Actitud de la Unión Europea La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha abstenido de pronunciarse sobre la cuestión de Venezuela y el vicepresidente Borrell ha hecho alguna declaración a título personal en las que manifestaba que, según las copias de las actas electorales, parecía ser que González había ganado las elecciones por amplia mayoría. El mayoritario Partido Popular Europeo presentó en el PE una propuesta de resolución muy critica con Maduro y su régimen. El vicepresidente del Grupo Socialista Europeo, Yanis Maniatis, afirmó que era el momento de que da UE elevara el tono frente a las arbitrariedades de Maduro, que los números reales decían que González había ganado las elecciones, y que había que intensificar las sanciones contra el régimen venezolano. Este posicionamiento chocaba frontalmente con la postura del PSOE -el partido con más eurodiputados dentro del Grupo- y tanto Sánchez -en su calidad de presidente de la Internacional Socialista-, como Iratxe García -en cuanto presidenta del Grupo- hicieron una campaña intensa en contra del reconocimiento de González, alegando que ni la UE ni ninguno de sus Estados miembros lo habían reconocido, que aún no se habían publicado las actas electorales, y que el reconocimiento de Guaidó tuvo consecuencias tóxicas para relaciones entre la Unión y Venezuela. Estos argumentos eran pobres y contradictorios. Pese a que la UE y la mayoría de sus miembros no habían reconocido al Estado de Palestina, Sánchez hizo campaña en favor de su reconocimiento y acabó por reconocerlo sin esperar a la decisión de la Unión. Las actas no se habían publicado, pero no se publicarán, porque son desfavorables para Maduro, y no se puede premiar el incumplimiento de las obligaciones del CNE. Además, las actas publicadas por la oposición han mostrado la contundente victoria de González. El reconocimiento de Guaidó resultó fallido porque la UE y los Estados que lo reconocieron cometieron el gran error de seguir reconociendo al fraudulento Gobierno de Maduro, en vez de romper con él y establecer relaciones exclusivas con el Gobierno ganador. La feroz propaganda del PSOE provocó una escisión en el Grupo, pues, si bien la mayoría aceptó la recomendación de votar en contra reconocimiento de González, algunos de ellos -como muchos alemanes- no participaron en las votaciones, y otros -como la mayoría de los portugueses- se pronunciaron a favor del Sí. La resolución fue aprobada por 309 votos a favor -PPE, Patriotas por Europa, ERC y Europa de las Naciones Soberanas-, 201 en contra -Socialistas, Liberales, Verdes y Extrema izquierda-, y 12 abstenciones. Tras constatar que la oposición había recibido el 67,08%, de los votos y que las actas por ésta presentadas eran fidedignas, el PE reconoció a González como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela y a Machado como líder de las fuerzas democráticas de dicho país ( p° 2), pidió a la UE y a sus Estados miembros que hicieran todo lo posible para garantizar que González asumiera sus funciones de presidente el 10 de enero de 2025 (p° 3), e instó a la Comunidad Internacional a que ejerciera toda la presión posible sobre régimen de Maduro para que aceptara la voluntad democrática del pueblo venezolano y reconociera a González como presidente legítimo de Venezuela (p° 16). En el curso del debate desapareció del texto la petición a la UE y a sus miembros que procedieran a reconocer a González, y la resolución se ha limitado a instar a la Comunidad Internacional -entre las que figuran obviamente los Estados miembros de la Unión- a que presione todo lo que pueda para que el Gobierno venezolano reconozca a González como presidente de la nación. Resulta contradictorio que el PE no pida explícitamente a los miembros de la Unión que apliquen su resolución, y les haga un diluido llamamiento genérico. Es significativo que el p° 2 de la resolución fuera favorablemente votado por 58 euro- diputados del Grupo Socialista, el 40% de su composición. Aunque no sea jurídicamente vinculante, la resolución tiene una gran importancia política y moral, y hará mentar la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro. La decisión del PE ha puesto, por otra parte, en evidencia las contradicciones e incongruencias de la actitud del Gobierno de Sánchez hacia Venezuela. Como ha observado el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, Sánchez se debate entre reconocer la lucha democrática del pueblo venezolano o caer en el chantaje de Maduro por razones políticas y económicas, y por la presión de ZP. Maduro le puso una pistola en la cabeza a Edmundo para que abandonara Venezuela, y ZP se disfrazo de salvador y le ofreció el asilo en España. “Es muy grave que en la Embajada de España se haya permitido tal nivel de chantaje y extorsión”. Si, por la pasividad de España y de otros miembros de la UE, Maduro consigue mantenerse en el poder, será un trágico presagio para el futuro de la democracia en Iberoamérica. Madrid, 21 de septiembre de 2024