Irrevelancia diplomática de España

IRRELEVANCIA DIPLOMÁTICA DE ESPAÑA Decía Charles-Maurice de Talleyrand que los intereses de los Estados son permanentes y siempre deben ser tenidos en cuenta, no debiendo supeditarse a las convicciones o veleidades ideológicas de los gobernantes. Josep Piqué ha afirmado que la política exterior se debe basarse en consensos fundamentales por encima de la alternancia política y mostrar unidad de mensaje por parte del propio Gobierno, más allá de la necesidad de buscar acuerdo con el principal partido de la oposición y en el marco del Parlamento. Los intereses básicos de España fueron magistralmente sintetizados por Francisco Fernández Ordóñez en los siguientes términos: integración europea, proyección iberoamericana, vínculo atlántico y solidaridad mediterránea. Estos objetivos de la política exterior española han sido defendidos de forma continuada por los Gobiernos de los distintos regímenes habidos en España, desde la monarquía absoluta borbónica a la monarquía parlamentaria actual, pasando por la II República y el franquismo, pero esta continuidad en la acción exterior de España como política de Estado se interrumpió con José Luis Rodríguez Zapatero, que dio un giro copernicano de 180º, al dejar de cubrir estos objetivos básicos en la forma acostumbrada. Se desentendió de Europa y España -que durante los Gobiernos anteriores, especialmente los de Felipe González- ejerció un destacado protagonismo psaó a una situación de marginación dentro de la Comunidad/Unión. En la vinculación atlántica Zapatero –que ya en su época de líder de la oposición dio muestras de su antiamericanismo con su de negativa a levantarse al paso de la bandera norteamericana y las estrellas- ya en el Gobierno lo primero que hizo fue sacar a las tropas españolas de Irak sin avisar a sus aliados de la OTAN, lo que provocó que las relaciones hispano-norteamericanas bajaran de nivel y el presidente del Gobierno no consiguiera pisar la Casa Blanca. En Iberoamérica, apoyó a los Gobiernos populistas bolivarianos y perdió peso y prestigio en la región. Y en el Magreb inició una política de acercamiento a Marruecos y de paralelo desentendimiento de la libre determinación del pueblo saharui y de apoyo a sus tesis autonomistas. Con el Gobierno de Mariano Rajoy se mejoró algo la situación, pero, tras la formación del “Gobierno Fnankenstein”, Pedro Sánchez volvió a aplicar la fórmula zapaterista corregida y aumentada, pues –amén de incumplir los principios básicos de la política exterior española- introdujo nuevos objetivos preferentes que debían inspirar la acción del Estado en el exterior. Así, la ministra de Asuntos Exteriores de la época, Arancha González Laya, afirmó que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas serían la columna vertebral y la brújula que guiara nuestra actuación en las relaciones bilaterales en la ONU, en la Unión Europea y en todos los ámbitos de la política exterior. La diplomacia feminista representaba la necesaria coherencia entre la política nacional y la acción exterior española. No se trataba meramente de la opinión de una feminista “acharnée”, sino que su tesis se reflejó en el Plan de Estrategia Exterior para 2021-2024 , que señalaba que España lideraría iniciativas en defensa y promoción de la diversidad, en particular los derechos de los LGTBI y de todos los colectivos desfavorecidos o discriminado, y. sería un referente de política exterior feminista y de promoción de la diversidad, con vistas a incorporar el enfoque de género en todos los ámbitos de la política exterior. Si el Gobierno español fuera coherente con estos principios, tendría que romper relacione diplomáticas –o, al menos reducir el nivel de las mismas- con la mayoría de los países árabes y musulmanes, como Arabia Saudita o Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido fiel a estas consignas y ha enviado instrucciones a los Consulados sobre las pautas de actuación con las personas transexuales o intersexuales para que se evitara hacerles preguntas no esenciales que pudieran molestarles, y se consignara en las fichas y registros su “nombre social” a fin de que no fueran llamados por su nombre registral en contra de su voluntad. Se ha adoptado asimismo un lenguaje inclusivo al suprimir la copulativa “y” entre “Don” y “Doña”, y extensivo, al incluir en los formularios referencias al “matrimonio de los padres o de las madres”. Estas decisiones que derogan algunas disposiciones de la Ley de 1958 del Registro Civil han sido adoptadas en Órdenes ministeriales, con flagrante violación de la jerarquía normativa. A esta dificultad “ad intram” se ha sumado la provocada por las radicales divergencias de opinión entre el PSOE y Podemos, que comparten el menosprecio de la UE y el antiamericanismo -en el que da un paso más al criticar a la OTAN y propugnar el abandono de la Alianza-, y el apoyo a los regímenes bolivarianos. No concuerdan en la política magrebí, pues mientras aquéllos apoyan a Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, éstos sostienen a los saharauis. Pero, aunque se produzcan enfrentamientos tremendos entre los socios del Gobierno, la sangre no llegará al río, porque los “podemitas” ladran pero no muerden”, ya que son conscientes de que hace frío fuera del poder y no se muestran dispuestos a perder sus sinecuras. Las coincidencias también se han proyectado “ad extram”, dado que Podemos ha impuesto su posición más radical a la acción exterior preconizada por los socialistas 1.-Integración en Europa En el tema clave de Gibraltar, la Estrategia de Política Exterior se limita a señalar que, tras el Brexit, había que establecer nuevas relaciones con Gran Bretaña, y que era prioritario que se celebrara el Acuerdo entre La UE y el Reino Unido sobre el Peñón. España y Gran Bretaña llegaron a un pacto que sirviera de base al citado Acuerdo. El texto era un disparate, pues preveía conceder a Gibraltar una situación privilegiada en el “espacio Schenguen” a la que ni tiene derecho ni se merece, Ha llegado al extremo de aceptar que se encomiende a Frontex los controles en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar. La UE ha venido una vez más en ayuda de España, al exigir que –con independencia de que Frontex pudieran ayudar- los responsables de los controles deben ser los policías españoles. El Acuerdo ni se ha concluido aún. En el diferendo sobre Gibraltar, España posee una sólida posición jurídica al haber instado la ONU a Gran Bretaña a negociar con España la descolonización de la colonia y negarse a reconocer el derecho a la libre determinación del pueblo gibraltareño, debiéndose respetar la integridad territorial de España. La posición política, sin embargo, ha sido débil sobre todo a raíz de que el Gobierno de ZP considerara a Gibraltar como una tercera parte autónoma del Reino Unido en las negociaciones bilaterales de éste con España y firmara con el “Gobierno” del Peñón una serie de acuerdos de cooperación regional similares a tratados internacionales La UE fue neutral mientras que ambos Estados formaron partes de la Unión, pero -desde que se produjo el Brexit- ha apoyado plenamente a España sobre la cuestión, lo que ha potenciado su posición política, pero el Gobierno –en vez de aprovechar la situación favorable de que goza para apretarle las tuercas a los gibraltareños- se ha mostrado dispuesto a hacerles una serie de concesiones “gratis et amore”. En relación con la invasión de Ucrania por Rusia, se ha producido un enfrentamiento más entre el PSOE y Podemos, que se opuso el envío de armamento a Ucrania y propugnó una solución negociada del conflicto, sin condenar la agresión de Rusia. Sánchez aceptó al principio la posición negativa de su socio porque no se debía enviar armas a países en situación de conflicto armado –sin distinguir, por supuesto, entre agresor y agredido, en la mejor línea de la equidistancia irresponsable, pero cuando recibió un toque desde Bruselas, sufrió una conversión paulina, se convirtió en un gran defensor de la causa ucraniana y decidió enviar armas, no muy letales porque a éstas las carga el diablo. Aunque Podemos se opuso, contó con el apoyo de la vicepresidenta Díaz y de su “espacio” ectoplasmático. Sánchez querís seguir el ejemplo de sus pares occidentales, pero el presidente Velodimir Zeelenski no le hizo demasiado caso y España ha sido uno de los países occidentales de cierto peso a cuyo Parlamento tardó más en dirigir sus fervorines el presidente ucraniano, cuyos asesores de Historia no acertaron cuando le aconsejaron comparar la situación en Ucrania con el bombardeo de Guernica por la aviación nazi. A fin de no ser el último de los líderes europeos en visitar Kiev, viajó para hacerse la foto con Zelenski y chupar cámara con miras al mercado interno más que al internacional. Al mismo tiempo, de España salió un barco cargado de…munición y camiones. No creo que Vladimir Putin se haya preocupado en demasía por la contribución española al esfuerzo bélico ucraniano. Respecto a la UE, Sánchez ha seguido la línea de ZP y no es demasuado popular en los medios de Bruselas por los reiterados incumplimientos de las directivas y recomendaciones de la Unión, pese a la presencia en la segunda posición del Gobierno de la eurócrata Nadia Calviño, que va perdiendo su fragancia bruselense. Sánchez se bandea bien en los foros europeos gracias a su buena percha y a un decente conocimiento del inglés y del francés, en contraste con el monolingüismo de sus antecesores. Para huir de los malos farios de España por culpa de la electricidad franquista –aunque no sólo por ella-, Sánchez marchó lanza en ristre a la conquista de Europa para defender la tesis del aislacionismo energético de la península ibérica, pero no ha recibido más apoyo que el de su vecino portugués y sólo a ratos. Obtuvo una victoria pírrica con el reconocimiento de la insularidad energética y se está a la espera de que la Comisión decida cuál sería el precio máximo, que no va a ser, desde luego, de €30 como ha propuesto España. A diferencia de la mayoría de los Estados miembros, Sánchez se ha negado a crear organismos técnicos neutrales para la distribución del maná del Fondo de Recuperación y ha asumido el total monopolio decisorio al respecto. Se ha enfrentado con la Comisión por su intento de controlar el poder judicial y especialmente por la forma de elección de los miembros del CGPJ, en la que el Gobierno no acepta las demandas de la UE para que sean elegidos en su mayor parte –si no en su totalidad- por los propios jueces. El Gobierno recibió de mal talante la tarjeta amarilla que le mostró el Comisario de Justicia y ha modificado la Ley para impedir que el Consejo en funciones pudiera hacer nombramiento alguno, por lo que está dificultando considerablemente la labor de los tribunales, particularmente de las salas de lo Contencioso del Tribunal Supremo. No parece que se vaya a llegar a un acuerdo con el PP a corto plazo, porque lo máximo que acepta es estudiar la posibilidad de modificar el vigente sistema de elección una vez se haya constituido el nuevo CGPJ. 2.-Vínculo atlántico Sánchez ha empeorado aún más las malas relaciones con Estados Unidos provocadas por ZP. Joe Biden ignora olímpicamente al presidente del Gobierno español, como se puso de manifiesto en la entrevista de alto nivel a la carrera en un pasillo. Sánchez no ha pisado la Casa Blanca, ni se espera que lo haga, por lo que ha tenido que delegar el mantenimiento con su principal aliado en el ámbito militar en el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Sánchez ha sido ignorado en las diversas consultas telemáticas que ha hecho con los socios europeos en el tema de Ucrania y, en vez de estar en la “White House”, está en la “dog house”. Con la OTAN, las relaciones también son manifiestamente mejorables. Su socio minoritario de Gobierno y su aliado preferente Bildu son contrarios a la Alianza –a la que critican con vehemencia- y son partidarios der salir de ella. Y no son sólo palabras, sino también hechos, pues el Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago –secretario general del PCE, partidario de asaltar el palacete de la Zarzuela como hicieron los bolcheviques con el palacio de invierno de los zares en San Petersburgo- no ha tenido empacho en manifestarse contra la OTAN y la política marcada por el Gobierno del que forma parte. Con semejantes socios, no es de extrañar que la Alianza sea renuente a compartir información sensible con los servicios españoles de inteligencia, en cuya Comisión de control se sentaba otrora Pablo Iglesias y hoy la vicepresidenta, Yolanda Díaz, auto-declarada marxista y autora del prólogo a la última edición del “Manifiesto Comunista” de Marx y Engels. El Gobierno ha arrastrado los pies a la hora de cumplir con el compromiso asumido en el seno de la OTAN de aumentar el presupuesto de defensa a un 2% del PIB. La invasión rusa de Ucrania ha provocado el milagro de que los miembros de la Alianza aplaudieran con las orejas la histórica –ya hasta ahora temida- decisión del Gobierno alemán de aumentar dicho presupuesto en el porcentaje acordado. España no ha escapado a la presión en las actuales circunstancias y el Gobierno se ha visto obligado a prometer que doblará el presupuesto de defensa en un futuro no muy cercano, con la oposición de los ministros de Podemos, a excepción de la vicepresidenta de las mil caras. 3.-Proyección iberoamericana Es en este ámbito donde los ministros de Podemos han ejercido mayor influencia en la política exterior de España, dado que sus líderes están íntimamente conectados con los Gobiernos bolivarianos populistas de Iberoamérica, que han contribuido generosamente a su financiación. Por convicción o por táctica, Sánchez ha aceptado la presión de su socio minoritario y ha seguido una ambigua política de condescendencia con el populismo iberoamericano. En el caso de Venezuela, el Gobierno –pero también la UE- ha seguido una política contradictoria y contraria al Derecho Internacional. Hasta 59 países han llegado a reconocer como legítimo el Gobierno de Juan Guaidó en el exilio interior venezolano, sin dejar de reconocer al presidente legalmente establecido, Nicolás Maduro. Es obvio que un Estado no puede reconocer a dos Gobiernos que pretendan ejercer su dominio sobre un mismo territorio, pero se ha recurrido a la política-ficción. El 2021, la UE rectificó su pifia al dejar de reconocer al Gobierno de Guaidó como representante, una vez desaparecida la Asamblea de la que procedía su legitimidad, aunque siga apoyando su liderazgo. Incluso cuando lo reconocía como jefe del Gobierno, Sánchez sólo prestó un tibio apoyo a Guaidó, como se puso de manifiesto con su fallida visita a Madrid y la farsa grotesca del no-viaje a nuestro país de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y sus circunstancias, que le costó el puesto al voluntarioso José Luis Ábalos, que actuó como cirineo de sus valijas. A la situación de confusión ha contribuido generosamente el ínclito ex-presidente ZP, que se ha constituido en mamporrero mayor de Maduro y protector internacional. El hijo de Chávez ha agradecido esta favorable predisposición insultando a España, a su Gobierno y a todos los españoles. Con Cuba, el Gobierno español se ha abstenido de hacerle reproche alguno, pese al aumento de la represión y la constante violación de los derechos humanos, incluso cuando afectan a nacionales españoles. Se abstiene de considerarlo un régimen dictatorial y el Congreso del PSOE se negó a condenar la política represiva del régimen castrista. Ha sido menos condescendiente con las tropelías del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y si vicepresidenta consorte, aunque sin alzar demasiado la voz. En relación con la ocurrencia del presidente mejicano. Andrés López Obrador, de exigir a Felipe VI que pida perdón por los desmanes causados por los españoles durante la colonización, el Gobierno ha pasado como sobre ascuas por las descalificaciones e insultos de tan destacado líder indigenista –según comento sardónicamente José María Aznar, Andrés por parte de las aztecas, Manuel por los mayas, y López por una mezcla de los dos-, que busca exculpaciones foráneas para ocultar la lamentable situación del país. Lo malo es que el Papa Francisco se metió en camisa de once varas y accedió a pedir perdón a Méjico en nombre de los españoles. La última incongruencia se ha producido durante la reciente toma de posesión del presidente chileno, Gabriel Boric, en la que el jefe de la delegación española, el rey Felipe VI, fue indebidamente escoltado por la vicepresidenta del Gobierno,Yolanda Díaz, y dos ministras de Podemos -Belarra y Montero- que tuvieron agendas paralelas al margen de la delegación oficial. El más alto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores presente en la delegación fue el subdirector general de la zona y también formó parte de la misma el presidente del Senado, Ander Gil. Las autoridades chilenas prestaron más atención a la tríada de ministras “podemitas” –copartícipes de su espacio ideológico-que al rey de España, que se vio un tanto ninguneado. Por la actitud conformista y no comprometida de su Gobierno, España está perdiendo peso y prestigio en su espacio natural de Iberoamérica, donde había logrado obtenendr –aparte de la herencia histórica, cultural e idiomática- una importante presencia política y económica, Pocos Estados confían ya en ella para ejercer su función conciliadora y componedora, y es lamentable que–a la hora mediar en los conflictos existentes entre los Estados de la región- se prescinda de España y haya que recurrir a Noruega, a Canadá o –pronto- a China. 4.-Solodaridad mediterránea Respecto al norte de África, el Plan de Estrategia Exterior se limita a decir que hay que reforzar las relaciones con Marruecos y con Argelia, e impulsar los esfuerzos de la ONU para encontrar una solución política al conflicto del Sáhara Occidental. Lo primero es un deseo piadoso, dada la situación de ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, debido en gran medida al problema del Sáhara. El Gobierno, a su vez, se ha alejado de su compromiso de neutralidad en el tema al alinearse con la postura de Marruecos. De forma inopinada y por sí y ante sí –sin contar con su Gobierno, sus aliados, la oposición o las Cortes-, Sánchez afirmó en una carta confidencial a Mohamed VI que España consideraba que la iniciativa marroquí de autonomía al Sáhara Occidental era la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferendo. Como ha señalado Ana de Palacio, el pueblo español no puede enterarse de las decisiones del Gobierno a través del Palacio Real del país vecino.” Dicho esto, España no ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y su viraje entra del marco de Naciones Unidas”. No estoy del todo de acuerdo con la ex-ministra porque, si bien no ha habido un reconocimiento explícito de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, sí se ha hecho de forma implícita. Sánchez repitió las palabras y los argumentos de Donald Trump, que precedieron al reconocimiento por parte de Estados Unidos de la marroquinidad del territorio. La Comisión Europea no ha ido tan lejos, ya que se limitó a dar la bienvenida a cualquier evolución positiva entre los Estados miembros y Marruecos, y reiteró su apoyo al secretario general de la ONU para sacar adelante el proceso político con una solución política justa, realista, pragmática, duradera y mutuamente aceptable para la cuestión. Según Javier Sánchez, la decisión de reconocer las pretensiones marroquíes de ocupación de antiguo Sáhara español.- apartándose de la necesaria celebración de un referéndum de autodeterminación exigido reiteradamente por las diversas resoluciones de la ONU- obviaba de manera significativa las normas del derecho internacional. Sánchez se ha apartado asimismo del último programa electoral del PSOE, en el que se afirmaba que había que promover la solución del conflicto Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de la ONU que garantizaran el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, alcanzar una solución del conflicto que fuera justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de libre determinación, fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, y favorecer el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Marruecos y Argelia. Cabe preguntarse qué ha ganado España con esta importante concesión de Sánchez a Marruecos y sí ha habido alguna contrapartida. El comunicado conjunto no puede ser más etéreo e inconcreto:” Se ha acordado en particular poner en marcha acciones concretas en el marco de una hoja de ruta que abarque todos los ámbitos de la asociación y que integre todas las cuestiones de interés común“. Salvo regreso a Madrid de la embajadora Karima Benyaich –que debería haber sido declarado “persona non grata” por su intromisión en los asuntos domésticos de España- y la promesa de reabrir la frontera con Ceuta y Melilla y de restablecer las relaciones marítimas entre los dos países –unilateralmente cortadas por Marruecos-, no parece que éste se disponga a renunciar a la reivindicación de su soberanía sobre dichas ciudades, único motivo que podría justificar el cambio radical en la tradicional posición de España sobre el Sáhara. Como ha observado Jorge Otero, con su apoyo incondicional al plan de autonomía marroquí, España se ha tapado la cabeza parta dejar descubiertos los pies, ya que, si bien se ha producido un acercamiento a Marruecos del todo insuficiente, ha provocado las iras del Frente Polisario y de Argelia. Aquél ha afirmado que las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez no concordaban con sus compromisos internacionales, ya que el Estado español tenía responsabilidades con el pueblo saharaui y ante la ONU en su calidad de potencia administradora del Sáhara Occidental, por lo que ha suspendido las relaciones con la antigua metrópoli. Ésta, ha retirado su embajador en Madrid y anunciado un aumento de los precios del gas suministrado a España, mientras los mantendría sin cambios a los demás importadores. Amar Belani –responsable de la las exportaciones de gas- ha elogiado a Italia para criticar a España, al declarar que era un país amigo que mantenía un constante apego a posiciones de principio sobre cuestiones regionales, a diferencia de lo que sucedía con otros socios “más experimentados en duplicidades y cálculos estrechos y egoístas”. El presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, ha acusado a Sánchez de “haberlo roto todo” con su bandazo en el Sáhara Occidental, “de modo ética e históricamente inadmisible”. Según Francisco Pascual, Sánchez ha acabado por entregar a los saharauis en almoneda. Su política exterior responde a impulsos personales, por los que “adopta decisiones históricas un día, las contrarias el otro y, al de más allá, ya veremos”. Y todo ello con el apoyo de sólo el 34% del Congreso. Resulta increíble el endiosamiento de Sánchez, quien –como Luis XIV- cree que el Estado es él, y toma sin consultar con nadie medidas trascendentales que no hacen más que aumentar la irrelevancia diplomática de la España actual en el mundo. No deja de tener razón Núñez Feijóo cuando afirmó que “ningún Gobierno español –ni siquiera el de Rodríguez Zapatero- ha hecho una política exterior con tanta frivolidad, soberbia e improvisación”. Sevilla, 25 de abril de 2022

Con su impulso del aborto, el Gobierno de Sánchez sigue cultivando la cultura de la muerte

CON SU IMPULSO DEL ABORTO, EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ SIGUE CULTIVANDO LA CULTURA DE LA MUERTE El pasado 17 de mayo, el Gobierno aprobó a instancias del Ministerio de Igualdad un anteproyecto para reformar la Ley Orgánica 2//2010 de Salud Sexual y Reproductiva, y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es un auténtico bodrio jurídico en el que se mezclan el aborto, la gestación subrogada, la menstruación, la prostitución y la rebaja del IVA sobre los productos de higiene femenina. En este batiburrillo de exaltación supuestamente feminista destacan las disposiciones tendentes a facilitar el aborto, como la posibilidad de que lo realicen las jóvenes a partir de 16 años de edad sin necesidad de la autorización de sus padres o tutores, la eliminación de la exigencia de un plazo de tres días previo a la decisión y de la entrega de información sobre las consecuencias de la intervención, la garantía de su realización en hospitales públicos, la elaboración de una lista de sanitarios objetores de conciencia, el reconocimiento de la baja por incapacidad por interrupción del embarazo, o la asistencia y el acompañamiento integral y especializado de la interruptora durante el proceso. Asimismo prevé la distribución gratuita por los centros de salud de la “píldora del día después” -que deberá estar a la venta en todas las farmacias-, o el reparto en los centros escolares de anticonceptivos barrera también de forma gratuita. La nueva Lay insiste en defender el aborto como un derecho para que –según la ministra Irene Montero- “las mujeres puedan vivir mejor” y –añado yo- los “nasciturus” puedan morir mejor. Reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 Desde un punto de vista formal, cabe criticar dos aspectos. De un lado, la inoportunidad del momento de adopción del proyecto y las injustificadas prisas en su tramitación, cuando parece que el Tribunal Constitucional está a punto de dictar sentencia sobre el recurso planteado a raíz de la adopción de la citada Ley por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de una inexplicable demora de doce años, que pone de manifiesto la falta de rigor del alto Tribunal. Este contaba con un importante precedente –su excelente sentencia 53/1985-, que podía haber confirmado, matizado o rectificado, pero –ante la falta de consenso de los magistrados- ha preferido seguir la línea fácil e irresponsable de dejar pasar el tiempo sin pronunciarse sobre un tema de especial transcendencia para la sociedad española. Según ha señalado Ángela Martialay en “El Mundo”, el ponente designado por el TC, Andrés Ollero, no llegó a someter su proyecto de sentencia –que era crítica de la Ley- a la consideración y debate con sus colegas ante las escasas perspectivas de que se adoptara por consenso. Tras la marcha de Ollero, el Tribunal designó como ponente a Enrique Arnaldo, quien parece tener muy avanzada su ponencia de sentencia. Al tomar posesión como presidente del Tribunal, Pedro González-Trevijano se comprometió a que el Pleno abordase este delicado asunto durante su breve mandato y parece ser que iba a ser debatido durante los Plenos del mes de mayo. Sin embargo, el Tribunal decidió aplazar la deliberación hasta después de que se celebraran las elecciones autonómicas en Andalucía previstas para el 19 de junio –como hará el Tribunal Supremo con la sentencia sobre el caso de los ERE- por tratarse de un asunto con una importante carga ideológica, cuyo debate podría interferir con la celebración de dichos comicios. Me parece una decisión frívola y contemporizadora con el Gobierno cuando los sondeos no son favorables al PSOE en su antiguo feudo. Los poderes ejecutivo y judicial son independientes y cada uno debe seguir su propio camino y ritmo, sin supeditarse uno a lo que haga o diga el otro. Podría encontrarse una razón excepcional para un aplazamiento en la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE, dado que se trata de la posible confirmación de la sentencia condenatoria de dos antiguos Presidentes de la Junta de Andalucía y buena parte de sus Consejeros, pero no encuentro justificación alguna en la nueva dilación del TC. Es obvio que una decisión del Tribunal sobre un tema tan controvertido como el del aborto -en el que las posiciones entre los partidos están tan enfrentadas- puede afectar al desarrollo de unas elecciones, pero no sólo en Andalucía, sino en toda España y –si se siguiera este criterio excesivamente precautorio-, nunca se dictaría la sentencia, porque siempre habrá alguna elección a la vista. Pobre excusa para la conciencia ”sporca” de los señores magistrados. Como ha señalado Carlos Flores, resultan llamativas las prisas del Gobierno por que se adopte una Ley que afecta a otra sobre la que el TC está a punto de pronunciarse. Si bien el Gobierno y las Cortes no puede esperar indefinidamente a que el Tribunal se decida a despertarse –y menos cuando ha tardado doce años en hacerlo- , “lo razonable sería darle un último margen de confianza al Constitucional y esperarse a ver que dice, porque lo que el Tribunal de garantías establezca sobre la actual Ley será relevantísimo a la hora de aprobar en un sentido o en otro la futura legislación, Es evidente que una declaración de inconstitucionalidad sólo afecta a la ley recurrida, pero no lo es menos que fijan parámetros interpretativos que valen para futuras leyes. Me parece muy sospechoso adelantarse a esa sentencia del TC, Da la sensación de que el Gobierno quiere zafarse de una sentencia crítica del Constitucional con la actual Ley de interrupción voluntaria del embarazo”. Estoy plenamente de acuerdo con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Asimismo concuerdo con lo afirmado por su colega de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno, de que el TC no debe decirle al legislador lo que debe hacer, sino –en su caso- lo que no puede hacer, de manera que la futura sentencia del Tribunal podría condicionar a eventual reforma de la Ley si concluyera que algunas de sus disposiciones hoy vigentes no son constitucionales. ”Es un fracaso institucional y constitucional que el TC necesite doce años para pronunciarse sobre esta Ley […] El Tribunal se debe a la Constitución y a su Ley Orgánica, y ésta le da un plazo máximo de 30 días para resolver los recursos de inconstitucionalidad, Si dicho plazo es excesivamente breve, cabría ampliarlo pero, por mucho que se extienda la demora, nunca debería ser superior a unos pocos meses; retrasarse años es, simplemente, inadmisible”. Por otra parte, el Consejo de Ministros –como suele hacer de forma habitual- ha decidido tramitar el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que los plazos se reducen a la mitad y, además –de conformidad con lo previsto en el párrafo 2-c) del artículo 27 de la Ley 50/1997- “la falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo, no impedirá la continuación del procedimiento”, con lo que el Gobierno podrá librase de los informes previsiblemente críticos del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial. La citada disposición permite recurrir a este procedimiento de urgencia cuando concurran circunstancias extraordinarias que –no habiendo podido preverse con anterioridad- exijan la aprobación urgente de la norma. El Gobierno, sin embargo, no ha dado explicación alguna sobre la urgente necesidad de adopción de la ley, urgencia que en modo alguno existe, tanto más, cuando está pendiente el pronunciamiento del TC sobre el tema. Evolución de la legislación española sobre el aborto Durante la elaboración de la Constitución de 1978, sus redactores debatieron sobre el derecho a vivir y surgieron discrepancias en torno a su alcance, especialmente sobre si el feto podía ser considerado como persona. Para consagrar su protección, se afirmó en el artículo 15 de la Carta Magna que “todos tienen derecho a la vida”, en contraste con la fórmula habitual utilizada en los demás artículos del texto relativos a los derechos fundamentales en los que se recurre a la fórmula de “toda persona tiene derecho a…”. A principios de los años 80 surgió una cierta demanda social para despenalizar algunos casos de aborto y el Gobierno socialista de Felipe González incluyó en su Ley Orgánica 9/1985 sobre Reforma del Artículo 47-bis del Código Penal por la que se despenalizaba el aborto de 1985 tres supuestos que resultaban generalmente aceptados: violación de la mujer –supuesto criminológico-, malformación del feto –supuesto eugenésico- y grave riesgo para la salud física o mental de la madre-supuesto terapéutico-. Ese mismo año, el TC reconoció que la vida del “nasciturus” era un bien jurídico constitucionalmente protegido que debería propiciar en los poderes del Estado el establecimiento de un marco reglamentario para la defensa efectiva de la vida. Los derechos de la mujer no podían tener primacía absoluta sobre la vida del “nasciturus”, dado que dicha prevalencia supondría la desaparición de un bien, no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarnaba un valor central del ordenamiento constitucional. Aunque no resultaba aceptable para algunos sectores de la derecha, durante los ocho años del mandato de José María Aznar el texto no se modificó, pese a los abusos en la interpretación del tercer supuesto en el que se basaba el 90% de los abortos realizados, que fue utilizado de forma excesivamente laxa por las clínicas abortistas, con la condescendencia de algunos sectores judiciales, como la Audiencia Provincial de Barcelona en 2013 en el caso del Carlos Morín, cuya sentencia que fue casada por el Tribunal Supremo que condenó las prácticas abortivas de la clínica del citado doctor. El 18 de marzo de 2009, más de mil intelectuales liderados por los prestigiosos científicos César Nombela y Nicolás Jouve publicaron el Manifiesto de Madrid contra el Aborto, en el que se mantenía que la vida empezaba con la fecundación y que el cigoto era la primera realidad del ser humano. El Colegio Oficias de Médicos de Sevilla se adhirió l Manifiesto y afirmo que “la Ley de plazos agrava la situación actual y desoye a una sociedad que, lejos de desear una nueva ley para legitimar un acto violento para el no-nacido y para su madre, reclama una regulación para detener los abusos y el fraude de ley de los centros donde se practican los abortos”. Aunque el PSOE no había incluido en su programa electoral de 2004 la modificación de la ley, el Gobierno de Rodríguez Zapatero promulgó de forma inopinada la Ley Orgánica 2/2010, que autorizaba la práctica libre del aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo y permitía a las menores de 18 años y a las discapacitadas abortar sin necesidad de la autorización de sus padres o tutores, con lo que se condonaba un homicidio cualificado. Lo peor de la Ley-Aído era que, por arte de birlibirloque, convertía un delito en un derecho de la mujer en contra de la ley natural, la Constitución, los tratados internacionales y el sentido común. El PP presentó un recurso de anticonstitucionalidad contra esta Ley e incluyó en su programa electoral la promesa de revocación de la misma, Tras acceder al poder, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un proyecto de ley que sólo mantenía la despenalización en los supuestos de violación y de riesgo para la salud física y mental de la gestante, aunque aumentaba los controles para evitar los fraudes en este caso. Derogaba los casos de despenalización por malformación del feto y de aborto libre durante las primeras 14 semanas del embarazo, y restauraba la necesidad de autorización de los padres o tutores para que las menores o discapacitadas pudieran abortar. Salvo en la supresión del supuesto de malformación, el anteproyecto elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era razonable y recibió el visto bueno del Consejo de Estado, pero Rajoy decidió aparcarlo y lo sustituyó por una mini-reforma que tan sólo restauraba la exigencia de autorización paterna para los abortos de menores. Esta decisión fue una de las razones por las que muchos militantes del PP abandonaron el partido y varios de ellos –dirigidos por Santiago Abascal- crearon Vox. Ahora que el TC parece dispuesto a dictar su dilatada sentencia, al Gobierno le han entrado las prisas para endurecer aún más la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, exonerando a las menores y discapacitadas de la obtención de la venia parental para abortar, facilitando la práctica del aborto en todos los hospitales públicos y poniendo en la picota a los sanitarios objetores de conciencia, que –como en el caso de la eutanasia- deberán retratarse en una lista que será objeto del oprobio gubernamental. La ministra Irene Montero –“alma mater/pater/lgtbi+” de este engendro se ha gloriado con que la Ley hablaba de lo que era el Gobierno. Santiago González le ha dado la razón porque constataba lo que era realmente el Gobierno: un aborto. El Gobierno ha continuado con su actitud pro-abortista hasta el extremo de violar el derecho a la libertad de expresión para incluir como delito en el artículo 172 del Código Penal –con pena de prisión de tres meses a un año- a quienes obstaculicen el ejercicio al “derecho” de interrupción voluntaria del embarazo y acosen a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. Igual pena se impondrá a quien acose a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública, o al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, con objeto de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo. Uno de los casos más graves de acoso sanitario es el de los malvados que se sitúan en las proximidades de las clínicas y hospitales para ofrecer información a las mujeres que pretendan abortar y lleguen hasta el extremo de rezar para que no se cometa un “feticidio”. Por supuesto que cualquier manifestación contra el aborto en las cercanías de estos centros benéficos está rigurosamente prohibida. Los españoles podrán manifestarse a favor de cualquier cosa, incluso de los asesinos de ETA, exigiendo su liberación y hacíéndoles homenajes por su heroico comportamiento, o de los políticos autores de un golpe de Estado para lograr la separación violenta de Cataluña de España, obstruyendo la circulación en calles y carreteras y destruyendo bienes públicos y privados, porque todo ello entraba bajo el sagrado manto de la libertad de expresión y de manifestación. Pero guárdense bien de organizar una pacífica manifestación en favor del derecho a la vida y en contra el aborto, porque recaerá sobre ellos toda el peso de la ley. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia no permitió que se celebraran manifestaciones a favor del derecho a la vida y obligó a retirar los carteles que se exhibía en las marquesinas y otros soportes de propiedad municipal de la campaña de la Asociación de Propagandistas Católicos en pro de la Vida. Esta ola contra el derecho a la vida llegó también a Granada y a Madrid, donde los socialistas han reclamado al alcalde José Luis Martínez Almeida que censure la campaña en pro de la vida lanzada por la APC. Es digno de mención el caso recientemente planteado sobre qué derecho prevalece cuando una embarazada apuesta por el parto natural en su domicilio, cuando dicha decisión ponga en peligro la vida del “nasciturus”. Una mujer a la que una juez obligó a tener su bebé en un hospital de Oviedo mediante una cesárea de urgencia, recurrió en amparo al TC por estimar que se habían violado sus derechos fundamentales. El Fiscal se ha pronunciado por desestimar la demanda por entender que “frente al derecho de la madre gestante a la autodeterminación sobre el lugar y modo en que quería dar a luz, se ha de contraponer el derecho a la vida y salud del nasciturus, apreciando que deberían restringirse los derechos de la madre, ante la situación de grave e inminente riesgo para la vida de la hija, que hacia inaplazable el ingreso urgente en orden a garantizar la efectiva protección al derecho a la vida del hijo”. El Ministerio Fiscal ha estimado que el derecho a la vida es un valor constitucional superior, un “derecho fundamental primario e indispensable para conocer todos los demás derechos fundamentales”. Los poderes públicos tienen el deber prioritario de garantizar la vida de las personas y, en particular, de aquellas que no tienen capacidad para decidir por sí mismas sobre su protección. Se trataba de una medida restrictiva del derecho de la madre debidamente justificada y necesaria para conseguir la finalidad legítima de preservar la vida y salud del “nasciturus”. Concluía que el ingreso forzoso de la madre fue necesario y proporcionado porque “el sacrificio del derecho de autodeterminación de la mujer sobre cómo desea dar a luz no debe ser superior al fin que se quería obtener al preservar la vida y salud del nasciturus e incluso de la madre, sin que pueda admitirse que se restringieron los derechos de la mujer priorizando injustificadamente el derecho a la vida y salud del nasciturus frente a los derechos de la mujer y de parto”. El presidente de la sala segunda del TC, Juan Antonio Xiol, ha decidido elevar al Plenario la decisión sobre el recurso de amparo interpuesto por la madre asturiana, dada la relevancia del caso. El Tribunal deberá decidir sobre cuál de estos dos derechos fundamentales prevalece: si el derecho a la vida del nasciturus” o los derechos de autodeterminación, libertad ideológica e intimidad personal y familiar de la madre. Aunque sean temas distintos, es obvio que el caso se encuentra estrechamente relacionado con la decisión que pueda adoptar el Tribunal sobre qué derecho prevalecerá en un caso de aborto, si el derecho de la madre a decidir libremente sobre su cuerpo y optar por abortar o el derecho del feto a nacer y convertirse en persona. Consideraciones éticas sobre el aborto El derecho a la vida es el más importante de los derechos fundamentales y constituye un presupuesto básico para todos los demás derechos. No se trata sólo de un problema ideológico o de conciencia, sino sobre todo de un problema de derechos. En el caso del aborto entran en conflicto el derecho de la gestante a decidir sobre su cuerpo y el derecho del feto a adquirir la vida fuera del claustro materno. El feto no es una mera excrecencia personal de la madre que pueda ser extirpado como una uña, una muela careada o un tumor maligno. No es sólo un órgano propio de la mujer, sino una realidad distinta con existencia y derechos propios al margen de la madre, y –como ha reconocido el TC- la mujer no tiene primacía absoluta sobre la vida del “nasciturus”, que le permita sin más destruirlo a su libre albedrío. Se produce un conflicto de derechos que hay que dilucidar y la madre no siempre tiene prioridad. Podría tenerla en los supuestos de violación o de riesgo de muerte, pero no en los demás –malformación del feto o riesgo para la salud mental para la gestante, pretexto del que se ha abusado en demasía. ¿Se considera malformado un feto con síndrome de Down y puede, por tanto, ser eliminado sin contemplaciones? Se trata de un problema que trasciende el ámbito religioso y tiene un alcance ético y moral por encima de la religión. El aborto es un drama personal y un fracaso social, y –como ha observado Adela Cortina- es indeseable y en ningún caso figura en el proyecto vital de una mujer. Por ello, el Gobierno debe velar por que no se realice más que cuando sea estrictamente necesario, y proteger a la mujer embarazada tanto con medidas personales –apoyo psicológico y moral-, como sociales –respaldo económico, protección de la familia, conciliación laboral o facilitación de jardines de infancia-. El principio de “no matarás” es un valor absoluto que está aceptado por todas las religiones y creencias, y se encuentra grabado en la conciencia del ser humano, por lo que su violación en ningún caso puede ser considerada como un derecho. En contra de lo que mantienen los pro-hombres de izquierdas, lo realmente progresista es la defensa de la vida, mientras que lo retrógrado es la defensa de la muerte. La izquierda se contradice con su campaña en contra de la pena de muerte –que es sumamente positiva- y la defensa de la vida y bienestar de todos los animales –del lobo al toro de lidia, y del lince al quebrantahuesos-, a excepción del animal racional más indefenso, que es el cigoto. Aunque sea de menor importancia, existe también un factor sociológico y demográfico digno de tener en cuenta. España es uno de los países que tiene la más reducida tasa de natalidad del mundo, por debajo del tope de 2.1 hijos por mujer que permite la renovación de la población. Sólo cuenta con siete millones de personas que tienen entre 14 y 24 años y cada año se producen más de 100.000 mil abortos. En un excelente artículo sobre “Delirio pro-abortista en la España sin niños”, publicado en “El Debate”, Luis Ventoso ha observado que el Gobierno de Sánchez, en vez de fomentar la natalidad –como hacen los países de nuestro entorno- en un país que padece un catástrofe demográfica, está obsesionado con promover el aborto y fascinado con la subcultura de la muerte, y presenta la liquidación de la vida humana como un magnífico derecho y un avance social, normalizando y promocionando una salvajada como es el aborto. El Gobierno de coalición tendrá que decidir si acata el artículo 15 de la Constitución, la sentencia 53/2985 del TC y las normas internacionales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Convención de 2006 sobre derechos de las personas con discapacidad, en la que se reafirma el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos. Madrid, 22 de mayo de 2022