Mal comienzo de la XIII legislatura

MAL COMIENZO DE LA XIII LEGISLATURA

            Tras la sorpresiva moción de censura contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno gracias a los votos de toda la oposición y especialmente de  los partidos nacionalistas separatistas. Pese a sus promesas de celebración inmediata de nuevas elecciones generales, Sánchez se mantuvo en el poder durante diez meses, tiempo que aprovechó hábilmente para tomar una serie de medidas oportunistas y populistas pagadas con  pólvora del Rey para atraerse a distintos sectores de la población. Presentó unos presupuestos generales expansionistas que, pese a ser extremadamente favorables a Cataluña, fueron rechazados  por sus coyunturales socios  separatistas catalanes, lo que le obligó a convocar  las elecciones.

Elecciones generales del 26-A

            Los resultados de las elecciones del 26 de Abril de 2019 acabaron con el bipartidismo tradicional hasta entonces existente, al permitir la presencia en el Congreso de cinco partidos con importante representación, amén de otros ocho partidos de menor cuantía, especialmente nacionalistas. La elecciones fueron  ganadas por el PSOE con  123 escaños, la cifra más baja hasta entonces obtenidas por el partido ganador. Aunque quedó en segunda posición con 66 diputados, el PP sufrió un tremendo revolcón y perdió la mitad de su electorado, que se pasó en buena medida a Ciudadanos  (Cs) y a Vox. Con 57 escaños- tan sólo a 9 del PP-, Cs pretende arrebatarle  el liderazgo de la Oposición. Unidas/Podemos (U/P) también sufrió un importante descalabro al pasar de 71 a 42 diputados, y ceder Cs la tercera posición en el hemiciclo. Se produjo la irrupción de Vox en la Cámara con  24 diputados. Los demás partidos que accedieron al Congreso fueron ERC (15), Juntos por Cataluña (7), PNV (6), EH-Bildu (4), Coalición Canarias y Navarra Suma (2), y Compromís y Partido Regional de Cantabria (1).

            Al no haber ganado ningún partido la mayoría absoluta en la Cámara, serán inevitables las coaliciones. En cualquier país democrático de nuestro entorno, la solución más plausible sería una coalición PSOE-Cs (180 escaños), dos partidos que acordaron con anterioridad un Programa de Gobierno y cuyas coincidencias son muy superiores a sus divergencias, pero “Spain is different” y –junto con Malta-  es el único país democrático europeo que nunca ha formado un Gobierno de “gran coalición”. El  líder de Cs, Albert Rivera, ya había anunciado “urbi et orbe” durante la campaña electoral que en ningún caso pactaría con el PSOE, no con el PSOE de Sánchez –que sería comprensible-, sino con el PSOE “tout court”, aunque no excluyera posibles alianzas puntuales en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tras las elecciones del 26 de Mayo. Rivera parece dispuesto a supeditar los intereses generales del Estado a sus ansias de poder, que pasan  por desbancar al PP de Pable Casado y erigirse en líder de la Oposición, como paso previo a su eventual llegada a la Presidencia de Gobierno, por lo que no le conviene en estos momentos una alianza con los socialistas.

            El Presidente del Gobierno del “No es No”  y los Presidentes del Congreso y del Senado, que rompieron la disciplina de voto del PSOE establecida por la Gestora dirigida por Javier Fernández de abstenerse para permitir la investidura de Rajoy, invocan ahora el sentido de Estado y piden con el mayor de los cinismos al PP y a Cs que se abstengan en la votación de investidura para que el Gobierno socialista no dependa de los votos de los partidos separatistas.

            Obnubilado con su éxito electoral, Sánchez actuó sin contar con nadie en las Cortes y decidió nombrar Presidente del Senado al Secretario General del PSC, Miquel Iceta, que ni siquiera era senador y que, para obtener esta condición, tenía que sustituir a José  Montilla como senador por designación autonómica. Los aliados separatistas catalanes de Sánchez le dieron un segundo aviso cuando impidieron con su voto que Iceta accediera al Senado. En una reacción un tanto pueril, Sánchez invocó el adagio de “no quieres caldo icetano, pues toma dos tazas peseceras: Batet y Cruz”, dos destacados miembros/miemnbras  del PSC, que se insubordinaron contra la disciplina del PSOE -en el caso de Bastet hasta en tres ocasiones- en cuestiones tan  importantes como el voto negativo a la investidura de Rajoy o la aceptación del “derecho a decidir” y de la celebración del referéndum  ilegal del 1.O. Pese a los arrumacos y llamamientos de José Luis Ávalos al PP y a Cs para que permitieran con su abstención la investidura de Sánchez, éste los  ha ignorado olímpicamente a la hora de constituir las Mesas de las Cámaras. En el  Congreso ha nombrado Presidenta a Meritxell Batet (PSC), Vicepresidenta 1ª a María Gloria Elzo (U/P) y Vicepresidente 2º a Alfonso Rodríguez (PSOE), y Secretario 1º a Gerardo Pisarrello -de la acreditada ganadería argentina de Podemos y que, para más Inri, es independentista- y de Secretaria 2ª a Sofía Herranz (PSOE). En el Senado ha nombrado Presidente a Manuel Cruz  (PSC), Vicepresidenta 1ª a Cristina Narbona (PSOE)  y Secretario 1º a Fernando Martínez (PSOE). Sánchez ha dado un puntapié a la Oposición en las posaderas del PP por haberse abstenido en la votación del Parlament sobre el nombramiento de Iceta, y le ha privado de una secretaría que le había prometido y que la ha cedido al PNV. El PP ha recibido como único  premio de consolación  la 4ª Secretaría, pese a haber sido el segundo partido con más senadores tras el PSOE.

            Sánchez ha entregado la presidencia de la tercera y cuarta instituciones del Estado a dos miembros del PSC notorios por sus afinidades con el nacionalismo separatista y por su falta de disciplina dentro de las filas del PSOE. Especialmente grave ha sido la actuación de Batet, que -desde el primer momento de su nombramiento- ha tomado decisiones controvertidas en favor de los cuatro diputados separatistas encarcelados y sometidos a juicio por el Tribunal Supremo por su participación en el referéndum  ilegal del 1-O y en  la declaración  unilateral de independencia de Cataluña. Lo de Batet  no constituye ninguna sorpresa, pues ya se la veía venir desde sus tiempos de diputada en el Congreso y de Ministra de Administración Territorial en el último Gobierno. Amén de las ya mencionadas indisciplinas de voto en temas cruciales –por las que fue multada por Ferraz en tres ocasiones-, Batet ha defendido el “derecho a decidir” y la celebración de un referéndum -siempre que sea pactado-, la recuperación de las disposiciones del Estatuto de 2006 que fueron declaradas inconstitucionales en 2010 por el Tribunal Constitucional  mediante leyes orgánicas, la reforma de la Constitución para atender a las reivindicaciones catalanas, la aplicación de la disposición adicional del Estatuto que prevé una inversión en infraestructuras en Cataluña  proporcional a su PIB, el establecimiento de un poder judicial propio al margen del nacional, y la concesión de indultos a los políticos separatistas que pudieran ser condenados por el Tribunal Supremo. Ha afirmado que es indispensable recuperar la palabra en Cataluña, escuchar, dialogar y consensuar, y ha sido la principal fautora de las lamentables “cumbres” entre Sánchez y el Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra –con su canesú amarillo-,especialmente la celebrada en Barcelona, que terminó con un Comunicado –como si se tratara de una Conferencia entre Estados soberanos- en el que se reconoció la existencia de un conflicto en Cataluña, la necesidad de dar una respuesta democrática a las demandas de  sus ciudadanía y  la posibilidad de solucionar el conflicto al margen de la Constitución. El Gobierno de Sánchez aceptó  asimismo el nombramiento de un facilitador internacional que mediara en las negociaciones entre los dos Gobiernos.

           

Fórmulas de acatamiento de la Constitución

            La inauguración de la XIII  legislatura nos ofreció un espectáculo bochornoso con la llegada triunfal al Congreso de los diputados electos encarcelados, que fueron recibidos por buena parte de sus colegas -como en el caso los presos etarras en sus pueblos al salir de prisión- en olor de santidad cuan si fueran héroes, en un festival de besos y abrazos en el que participó  hasta la diputada de Cs Inés Arrimadas. Sólo faltó que se bailara en el hemiciclo una sardana o un aurresku.    

En su debut como Presidenta, Batet tenía que lidiar los mihuras del acatamiento de la Constitución por  los cuatro diputados separatistas enjuiciados y encarcelados, y la eventual suspensión en sus cargos por este motivo, y en vez de hacer frente a los morlacos, ha preferido devolverlos al corral cual si fueran  mansos. Como ha señalado “El Mundo” en un editorial, Batet se ha equivocado clamorosamente en su estreno. Bordeando la complicidad –Casado- y permitiendo la vulneración del decoro –Rivera-, ha consentido que los diputados nacionalistas –incluidos los cuatro procesados- falten el respeto al Congreso con unas fórmulas de promesas de acatam,iento de la Constitución que no escondían  la voluntad expresa de seguir desafiándola, porque ni España es una república ni hay en ella presos políticos. Suponía una anomalía inédita en democracia que cuatro diputados electos que estaban siendo juzgados por el Tribunal Supremo por rebelión, sedición y malversación decidieran presentarse a una institución que no reconocen, aún sabiendo que, mientras permanecieran en prisión, estarían suspendidos en el ejercicio de sus cargos, por más que la Presidenta tratara de eludirlo o dilatarlo.

            Veamos algunas de estas promesas de acatamiento realizadas “por imperativo legal”.  Oriol Junqueras lo hizo “desde el compromiso republicano y como preso político”,  Josep Rull y Jordi Turull “como presos políticos  y  con lealtad al pueblo de Cataluña” , y Raúl Romeva –éste en el Senado- “hasta la proclamación de la República Catalana, siempre comprometido con la fraternidad y como preso político”.

Gabriel Rufíán prometió “por la libertad de los presos y exiliados  políticos y por la República Catalana”, Alberto Garzón “por la democracia y por y por la República” y el Secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, “por unos nuevos tiempos republicanos”.  Otros diputados separatistas prometieron su acatamiento “con lealtad al mandato democrático del 1-O”.

            En sus ansias de protagonismo, Rivera “madrugó” al líder de la Oposición Casado y presentó una moción de orden, en la que  invocó el artículo 103 del Reglamento del Congreso, según el cual  los diputados deberán ser llamados al orden cuando profieran palabras o viertan  conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, de sus miembros o de las instituciones del Estado. Batet le contestó que el Tribunal Constitucional había dado amplio margen  para formular diversas formas de acatamiento de la Constitución y rechazó la protesta de Cs.

            La Presidenta se basaba en la sentencia 119/1990 del Tribunal Constitucional, de 26 de Junio, redactada con motivo del recursos de cuatro diputados electos de Bildu. Cuando éstos incluyeron en 1989 en su promesa de acatamiento de la Constitución la coletilla “por imperativo legal”, el Presidente socialista del Congreso, Félix Pons, estimó que, al no haber utilizado la fórmula reglamentaria, los diputados electos no habían adquirido la condición plena de diputados. Los filoetarras apelaron al Tribunal Constitucional, que tuvo un año más tarde uno de sus días tontos y dictó una sentencia controvertida,  en la que afirmó que, “en un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica,, y que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político, que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución, que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración”. En consecuencia, la adición de las palabras “por imperativo legal” no era relevante  y no afectaba adversamente a la formulación de acatamiento. En realidad, resultaba superflua y redundante, porque –como ha observado el Presidente de la sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena- cualquier actividad reglada se hace de conformidad con la normativa legal.

            El problema planteado en la inauguración de la XIII legislatura no era el de la referencia a la imperatividad  de la norma sino a la inclusión de unos aditamentos que desnaturalizaban, cuando no negaban, el supuesto acatamiento. Según Joseba Arregi, si una persona promete su acatamiento a la Constitución por la libertad de los presos políticos o por la república catalana, incurre en una contradicción evidente, pues está poniendo de manifiesto que no debe lealtad alguna a la Constitución, sino a otras instancias que no tienen  nada que ver con ella. Cuando afirma que promete con lealtad  al mandato democrático del 1-O  o al pueblo de Cataluña, está expresando que no promete su lealtad a la Constitución sino al pueblo de Cataluña, un pueblo entendido como diferente del pueblo español en el que –según la carta Magna- reside la soberanía nacional, y que el prometedor debe respetar. Esta contradicción –que anula lo que dice la promesa- se pone aún  más de manifiesto cuando el que la profiere está procesado precisamente por una actuación desde funciones públicas del Estado contraria a lo que establece la Constitución.. Su lealtad no es hacia ésta, sino hacía el pueblo de Cataluña, por lo que su promesa resulta un engaño. El acatamiento que dicen prometer no es a la Constitución -que es el objeto de la pregunta que se les dirige-, sino a la república catalana, al pueblo catalán, ,al mandato dado el 1 de Octubre o a cualquier otro objeto distinto a la Ley de leyes, que constituye a los españoles –incluidos los catalanes- en comunidad política..

            Según Santiago González, no se puede acatar la Constitución con una cláusula introductoria que la invalidad por anteponer lealtades que son incompatibles con ella. Sin embargo, para Batet cualesquiera fórmulas valían  para prometer su acatamiento, incluidas  las que la negaban, basándose en los antecedentes jurisprudenciales  del Tribunal Constitucional. Pese a ser profesora de Derecho Constitucional, la Presidenta del Congreso ha pasado por alto el auto del Tribunal 74/1991, de 26 de Febrero, que matizaba y precisaba su sentencia de 1990, al afirmar que la posibilidad de correcciones al “juro” o “prometo”  tiene como límite que “su formulación desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo, mediante fórmulas que supongan  un fraude a la ley o priven de sentido al propio acatamiento” . Y estos es precisamente lo que han hecho los diputados independentistas con la adición de calificaciones distintas al inofensivo “por imperativo legal” –que fue lo que permitió el Tribunal en su sentencia-, que vacían de contenido la supuesta lealtad a la Constitución.. Como ha señalado Arcadi Espada, Batet permitió, en nombre de la democracia, el escarnio a la ley, al aceptar fórmulas de acatamiento fraudulentas que no estaban amparadas por la jurisprudencia constitucional.

Para el profesor Jorge de Esteban, la Presidenta debería haber advertido  a los diputados electos que recurrían a fórmulas peregrinas que debían limitarse a decir “Sí, prometo”. Quienes lo hicieron cuando están siendo juzgados por su intento de proclamar la República de Cataluña es evidente que no acataron  la Constitución, por lo que sus intervenciones constituyeron un acto anulable. En un debate televisivo, una periodista inglesa se sorprendía de la tolerancia mostrada por la Presidenta del Congreso y comentó que, si un diputado electo se atrevía a desviarse de la la fórmula prescrita reglamentariamente para incorporarse a la Cámara de los Comunes, sería expulsado sin contemplaciones de la sala por el “Speaker”.

Suspensión en su cargo de los diputados encarcelados

            El otro toro que tenía que lidiar Maritxel Batet en su corrida inaugural era el de la eventual suspensión en sus cargos de los cuatro diputados que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo y se encuentran en prisión provisional, y su faena ha sido objeto de pitos y broncas, porque no se ha atrevido acercarse al astado y lo ha dejado suelto, con ganas de volverse al corral.  En un auto dirigido al  Congreso, el Tribunal decía que los citados diputados y el senador Raúl Romeva deberían ser suspendidos en sus cargos automáticamente y sin dilación, pero –respetando escrupulosamente el principio de  independencia de poderes- estimaba que era el `poder legislativo el que debía tomar semejante decisión a través de las Mesas de Congreso y del Senado.

En un injustificado intento de ganar tiempo, Batet  no planteó el  tema en la primera reunión de la Mesa –como era su deber- y envió un escrito al Presidente Marchena para que le aclarara los fundamentos jurídicos que justificarán la suspensión. Cualquier persona medianamente letrada –y aún más si es profesora de Derecho Constitucional- debería saber  interpretar las normas básicas  que así lo establecían, y a las que había hecho referencia el Tribunal.

Según el artículo  384-bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada  o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando  función  o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión” .  Por su parte, el artículo 21-1-2 del Reglamento de las Cortes establece que  “el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento.se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”. En este caso, la Sala del Tribunal Supremo ya había advertido que no había necesidad de suplicatorio –como pretendían  los partidos separatistas, que propusieron  la suspensión del juicio mientras se tramitaban los suplicatorios-, porque los interesados había sido procesados y juzgados antes de acceder a la condición de diputados o senadores

Marchena contestó a Batet que entre las funciones del Tribunal Supremo no figuraba la de ejercer como órgano consultivo de las Cortes. El Tribunal ya había informado al Congreso en su auto sobre lo que se debería hacer con los parlamentarios encarcelados y que era su responsabilidad e éste tomar la decisión sobre su suspensión y. en caso de duda, que recurriera a los servicios jurídicos de la Cámara. Así hizo Batet, menospreciando la opinión del Tribunal Supremo, y –como no podía ser de otra manera porque las normas mencionadas eran suficientemente claras y contundentes- los servicios jurídicos del Congreso han dictaminado que procedía el cese en sus cargos de los diputados encarcelados. Batet  hizo de tripas corazón y convocó a la Mesa del Congreso, que –con el voto en contra de los dos representantes de U/P- decidió la suspensión en sus cargos de los diputados Junqueras, Sánchez (Jordi), Rull y Turull. Esta decisión tiene consecuencias prácticas para la investidura de Sánchez pues –al negarse los diputados de PDeCAT a renunciar a su acta- la mayoría necesaria para ello se reduce a 174 votos.

Según medios de la Oposición, la actitud dilatoria de Batet no era debida a que –como ella misma manifestó-  fuera preciso gozar del máximo de seguridad jurídica, sino a su deseo de aplazar la decisión hasta después de la celebración de las lecciones autonómica, municipales y europeas del 26-M,  a fin de que una eventual apoyo de los miembros del PSOE en la Mesa a la suspensión pudiera perjudicar electoralmente al PSOE en Cataluña. Según el portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, los aplazamientos auspiciados por la Presidenta del Congresos respondían a los intereses del PSC en las citadas elecciones, y que Sánchez (Pedro) y Batet estaban siendo cómplices de los golpistas. Casado se adelantó en esta ocasión a Rivera y presentó el día 23  en el registro de la Mesa del Congreso un escrito instando a la suspensión inmediata de los cuatro deputados golpistas, una proposición no de ley para prohibir la concesión de indultos a los condenados por delitos de rebelión o sedición, y un escrito proponiendo revisar  las formas anómalas de juramentos o promesas de acatamiento de la Constitución. Asimismo amenazó a Batet con pedir  su reprobación e incluso de denunciarla a los Tribunales por prevaricación y desacato, en caso de que siguiera aplazando la decisión de la Mesa sobre la suspensión de los diputados.

Se da la paradoja de que pese a que el PSOE sólo disponga de un núcleo de 123 diputado s y que el Congreso esté considerablemente fragmentado, la posición negociadora de los socialistas ha mejorado considerablemente y ya no depende totalmente de los votos de los partidos separatistas. Descartada por el momento la solución más recomendable de un Gobierno de coalición PSOE-Cs, las alternativas son la repetición de un “Gobierno Frankestein” dependiente de los separatistas, la formación de un Gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos –y una eventual entrada en el Gabinete de Pablo Iglesias y su compañera Irene Montero-, PNV y partido nacionalistas no separatistas, o un Gobierno socialista de geometría variable que busque apoyos puntuales a su derecha o a su izquierda según los temas que se aborden o los proyectos de ley que se presenten. Pese a que Sánchez prefiera un Gobierno del PSOE en solitario, por el momento no ha hecho ningún gesto hacia el centro-derecha –a ntes al  contrario- y ha privilegiado descaradamente a U/P, a la que considera su socio preferente. En el plan o interno del socialismo  y pese a los elogios con la boca pequeña a Adolfo Pérez Rubalcaba, Sánchez sigue con su guardia pretoriana de fieles y ha excluido del poder a los cercanos a Rubalcaba y a la vieja guardia del Partido. Ha dado un papel preponderante al PSC, lo que supone abrir una vía de crecientes concesiones al  separatismo. De momento, sin embargo, todo está paralizado hasta conocer  los resultados de las elecciones del próximo Domingo.

            Las separatistas están crecidos ante las perspectivas de un Gobierno de Sánchez, con o sin su concurso, como se ha puesto de manifiesto con las declaraciones de los candidatos separatistas a las elecciones europeas Jordi Solé y Gorka Knorr  en el debate transmitido por TVE –que parecía un programa de TV3-, en el que ambos rivalizaron en denigrar a España y a sus Tribunales. Tuvieron el cuajo de decir que uno de los problemas fundamentales que tenía que afrontar la UE era el de garantizar que España dejara de violar los derechos humanos de los exiliados y presos políticos. Confiemos en que, calmado por la responsabilidad derivada del ejercicio del poder, Sánchez se concierte con los partidos constitucionalistas para lograr acuerdos de Estado  en temas básicos como el de la insumisión de Cataluña, y no cede a las presiones externas de los secesionistas o internas del PSC, más cercano al nacionalismo que al socialismo. Las primeras señales, por desgracia, no son demasiado alentadoras, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Madrid,  24 de Mayo de 2019