Responsabilidades antes, durante y después de la DANA

RESPONSABILIDADES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA DANA El pasado día 15, el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, compareció ante el Parlamento valenciano para explicar lo ocurrido el 29 de octubre en el que una poderosa DANA cayó sobre la zona sur de Valencia, se desbordó el barranco del Poyo, inundó varias poblados y causó la muerte de 121 personas. Fue una comparecencia tardía y una exposición incompleta, pero al menos Mazón ofreció explicaciones a los diputados -por insatisfactorias que puedan parecer-, admitió que se cometieron errores y pidió disculpas por ellos. Otros responsables -Pedro Sánchez, Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles-no han dado aún la cara, ni justificado su actuación. La principal responsable, Ribera, ha estado desaparecida en combate y no comparecerá ante las Cortes hasta el día 20. Los partidos de la oposición y varios miembros del Gobierno han pedido la dimisión inmediata de Mazón, pero el presidente se ha negado a ello y afirmado que centraría sus esfuerzos en realizar la urgente e imprescindible tarea de restablecer la situación de los pueblos devastados. Según Daniel Jiménez Torres, si se cree que el manejo de la crisis por Mazón fue nefasto ¿por qué no tomó Sánchez las riendas? y, si se cree que debía haberlas tomado , ¿por qué no se lo pidió Mazón? Para Joaquín Manso, si clara es la responsabilidad de la Generalitat, igualmente debería estarlo la del Gobierno central por su dejación de funciones. El portavoz de Vox, José María Llanos, ha señalado a los dos grandes responsables del desastre, con un a distinción significativa entre la incompetencia del Gobierno autonómico y la negligencia criminal del Ejecutivo sanchista. A juicio de Rosa Díez, ante una catástrofe natural, unos no supieron actuar y se llama incompetencia; ante una catástrofe humanitaria, otros decidieron no intervenir y se llama denegación de auxilio. Lo primero exige responsabilidades políticas y lo segundo que se aplique el Código Penal. Antonio Caño ha observado que, a la incompetencia y la incapacidad del Gobierno local, se ha sumado la indiferencia y el cálculo político del Gobierno nacional, que es el máximo responsable ante una catástrofe de tal entidad. Mas -como ha señalado Sociedad Civil Valenciana- no ha llegado la hora de exigir dimisiones, sino de asumir responsabilidades, dar respuestas y estar al lado de los ciudadanos, mostrando voluntad para colaborar e la reconstrucción de sus pueblos y de sus vidas. Las responsabilidades son múltiples y se han generado tanto con anterioridad a la DANA, como durante la misma y con posterioridad a ella. Responsabilidades antes de la DANA Las inundaciones padecidas en la Comunidad Valenciana no son nada nuevo, puesto que se han producido otras similares e incluso superiores a lo largo de su Historia. Según el geólogo Enrique Ortega, en “Riadas, gotas frías y danas: breve recorrido por la desmesura y los despropósitos climáticos”-, entre 1321 y 2024 se han producido 27 grandes riadas en la región -una media de inundaciones cada 25 años-, sin que hubiera una relación con el aumento de las temperaturas, ya que se produjeron tanto en épocas de calentamiento como de enfriamiento de la tierra. En su libro “Climatología de España y Portugal”, Inocencio Font ha afirmado que, desde tiempos inmemoriales, el litoral Mediterráneo se ha visto sometido a los efectos desastrosos de grandes y repentinas riadas e inundaciones causadas por lluvias torrenciales. Esto pone de manifiesto que las autoridades no han sido capaces de tomar las medidas preventivas oportunas para hacer frente debidamente a estas hecatombes. En pocas ocasiones se han tomado medidas eficaces, como las que se adoptaron tras las graves inundaciones de Valencia causadas por el desbordamiento del río Turia en 1957, tras la cual el Gobierno de Franco desplazó el cauce del río del centro de la ciudad y lo trasladó a su periferia, donde fue debidamente encauzado. En 2004, el Gobierno de José María Aznar elaboró un Plan Hidrológico Nacional dotado con €235.000 millones, que preveía la interconexión de todas las cuencas hídricas. En la Comunidad Valenciana se preveía la construcción de una presa en Cheste y la limpieza y encauzamiento del arroyo del Poyo, para impedir que se inundaran 16 pueblos aguas abajo, tales como Catarroja, Torrent, Paimporta o Picaña. Los nacionalistas catalanes pusieron el grito en el cielo porque el Ebro era suyo y los izquierdistas criticaron el proyecto porque las presas eran artilugios franquistas, pasando por alto estos ignorantes sectarios que el Plan hidráulico que llevó a cabo el Gobierno de Franco había sido elaborado durante la II República por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo. Desde 1939, el Gobierno contó con un Ministerio de Obras Públicas y una Dirección General de Obras Hidráulicas, que construyeron muchos embalses y azudes e hicieron de España un referente mundial en la materia. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió al Gobierno, cambió el nombre por el de Ministerio para la Transición Ecológica (MTE), lo que implicaba una carga ideológica; ya que se enfrentaba el bien de la ecología y el medio ambiente con el mal del hormigón de las obras hidráulicas. ZP derogó el Plan, que estaba financiado por la UE, y suspendió las obras. Se impuso el dogma de que era nocivo construir presas y limpiar los cauces de los ríos para que éstos pudieran fluir libremente, de acuerdo con el principio de “mínima intervención”, y respetar “los valores medioambientales y plurales del dominio público”. Durante el mandato de Ribera se han destruido más de 250 embalses y azudes. La conservación de la naturaleza está para los seudo ecologistas por encima de la del ser humano. En 1985 se adoptó el Plan General de Defensa contra las Avenidas del Júcar y en 1987 se declaró la urgencia de su ejecución, pero 30 años más tarde solo se ha realizado la construcción dela presa de Terrateig, el encauzamiento de la rambla Gallinera y la reparación del estribo izquierdo de la presa de Forata, lo que ha sido providencial para que no reventara el embalse. En 2016, la Generalitat adoptó el Plan Conjunto para la Conservación de Cauces y Barrancos, con el fin de “prevenir e impedir incendios e inundaciones”, pero las labores previstas tampoco se han llevado a cabo. En 2018, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, propició la Ley de Protección de la Huerta, que impuso dificultades adicionales para el mantenimiento y limpieza de las ramblas. En 2021, el MTE rechazó la limpieza de los cursos de agua y optó por dejarlos como estaban para no forzar la sabia naturaleza, en base a una nueva visión del coste-beneficio. La ausencia de mantenimiento en el barranco del Poyo ha sido la principal causa de los inmensos daños causados en los pueblos que atravesaba, porque un cauce sucio reduce la velocidad del flujo y aumenta la altura de la columna de agua. La responsabilidad por no haber adoptado las medidas de prevención recae en el Gobierno de la Nación y, en menor grado, en el Gobierno de la Comunidad. Las carencias de las administraciones han permitido que se cumpliera la “crónica de un desastre anunciado”. Responsabilidades durante la DANA Ni el Gobierno autonómico ni el nacional han estado a la altura de sus responsabilidades, aunque uno más que otro, y ahora ambos cruzan sus invectivas para señalar quién ha sido el culpable. La cronología de los acontecimientos fue la siguiente: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dio una alerta roja por fuertes lluvias a las 7.36 h. del 29 de octubre, y señaló que la alarma se levantaría a las 18 h., y a las 11.06 h. mandó un correo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para informarle que el caudal en la rambla del Poyo era de 284 metros cúbicos. A las 12.20 h, el Centro envío una alerta hidrológica a los municipios ribereños del barranco para que activaran medidas preventivas y a las 12.45 h. a los ribereños del río Magro, para recomendar a los vecinos que no se acercaran a las rieras. A las 13 h, Mazón declaró a los medios de comunicación que el temporal se desplazaba hacia la serranía de Cuenca. A las 13.42 h, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó que el caudal había descendido a los 120 m. y, a las 15.04 h, a 53 m., aunque no desactivó la alarma. La Agencia Meteorológica Francesa apreció un caudal de 400 m. y un riesgo extremo para las personas. A las 14 h. la consejera de Interior, Salomé Pradas, pidió a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el envío de la UME a Utiel, y a las 14.23 h. recomendó por twitter mucha precaución a los vecinos de los municipios por los que discurrían el río Magro o el barranco del Poyo. A las 14 h. Bernabé hizo un llamamiento a la tranquilidad a través de un comunicado de la agencia Europa Press, y aseguró que todos los efectivos estaban coordinados. A las 15 h. la Generalitat subió la alerta al nivel 2 y Mazón se fue a almorzar con la periodista Maribel Vilaplana. A las 17 h, se reunió el Centro de Coordinación- Operativa Integrado(CECOPI) bajo la presidencia de Pradas. A las 18:33 h. Paiporta ya había sido anegada y a las 18:45 h. –dos horas y media después de su última comunicación- la CHJ informó mediante un correo que el barranco llevaba un caudal de 1.686 m. -cuatro veces el caudal del río Ebro-, pero no avisó del riesgo de desbordamiento, pese a que su presidente asistía a la reunión del CECOPI. Resulta llamativo que la CHJ informará con prontitud de la reducción del caudal del arroyo y tardará dos horas y media en hacerlo sobre su extraordinaria crecida A las 18.55 h. la CHJ informó sobre el incremento del caudal del río Magro y la posibilidad de que reventara la presa de Forata y de que se desbordara el barranco del Poyo. A las 19 h. Mazón se incorporó al CECOPI y 34 minutos más tarde la Generalitat elevó la alerta al nivel 2, pero no al 3. A las 19.43 h, Sánchez dio las primeras señales de vida al asegurar en twitter que seguía “de cerca” -¿desde la India?- y con preocupación las informaciones sobre las personas desaparecidas y los daños causados por la DANA. “Todos los servicios de emergencia y los efectivos de policía y guardia civil están desplegados ante el temporal”. A las 20 h, el Secretario de Estado, Hugo Morán, informó desde Cali que no se podía garantizar que no cediera la presa de Forata y, a las 20.12 h. el CECOPI envió un mensaje a los teléfonos móviles por el sistema ES-Alert -cuya existencia ignoraba Pradas-, cuando ya era demasiado tarde. Esta descripción de los hechos pone de manifiesto la incompetencia de la Generalitat y la inacción culposa -si no dolosa- del Gobierno central que no declaró la emergencia nacional. 1.-Incompetencia de la Generalitat: Mazón ha declarado que la información facilitada por la AEMET y la CHJ - organismos dependientes del MTE- fue “fragmentada, insuficiente y tardía”, y hubo un “apagón informativo” de 3 horas. También se produjo un ” apagón personal” del presidente de la Generalitat de 4 horas no suficientemente explicado. Si durante este tiempo Mazón no estuvo al corriente de los acontecimientos, malo; si lo estuvo y no hizo nada, peor. Mazón cometió dos graves errores: enviar demasiado tarde la alerta a la población -cuando en una catástrofe natural las primeras horas son cruciales-, y no pedir la declaración de emergencia nacional -pese a que se lo había sugerido Alberto Núñez Feijóo-, para no perder sus competencias de cabeza de ratón. Está políticamente achicharrado y es un lastre para el PP, pero, dado el panorama, no parece conveniente que dimita y debe centrase en las labores de reconstrucción de los pueblos desvastados y de reparación de daños a los ciudadanos damnificados. 2.-Inacción del Gobierno central ¿Dónde estaban los principales responsables del Gobierno central en el momento fatídico? Sánchez en Bombay, Ribera en Bruselas, Morán en Cali y Montero, Marlaska y Robles en la "luna de Valencia”. Sánchez estaba con la maharaní Begoña en Bollywood visitando los estudios cinematográficos Yash Ray Films. No estimó necesario interrumpir la visita turística, ni anular la posterior rueda de prensa en la que habló de cine, mientras en Valencia se estaba rodando una película de terror. Aún estuvo 8 horas más en la India antes de regresar a España en sus aeronaves particulares. Caño se ha preguntado sobre lo que hizo al llegar ¿Habló con Mazón para coordinar las acciones más urgentes? ¿Llamó a Feijóo para informarle de la situación y pedir la colaboración de su partido? ¿Preguntó a los líderes de otras Comunidades si estaban en condiciones de proveer auxilio instantáneo? ¿Convocó una conferencia telemática de presidentes autonómicos para coordinar las ayudas de cada cual? ¿Recabó la ayuda de otros países, de la UE o de la OTAN? ¿Declaró el estado de emergencia nacional?... No parece que hiciera nada de eso y se limitó a decir que “si necesitan más recursos, que los pidan”, frase reveladora de su irresponsabilidad, que le perseguirá toda su vida. Según Fernando del Pino, el relato oficial del Gobierno fue que no podía actuar si no se lo pedía la Generalitat, pero esto no es cierto, ya que podría haber intervenido desde el momento cero, de conformidad con la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé la intervención del Gobierno cuando las emergencias afecten a varias Comunidades Autónomas, o cuando, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional, aunque afectaran a una sola Comunidad (art.28). La declaración de emergencia de interés nacional corresponde al ministro del Interior, “bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas” (art.29). El Gobierno incumplió la Ley, incurrió en una omisión de socorro y vulneró el derecho a la protección de los ciudadanos en caso de catástrofe (art.5). Si Sánchez, Marlaska o Bernabé hubieran cumplido con su obligación, se podría haber activado de inmediato el Plan Estatal General de Protección Civil y se habría creado un mando unificado en el Comité Nacional de Coordinación. Como ha señalado García Margallo, ante la inoperancia de Mazón, Sánchez debería haber actuado, pero no lo hizo a propósito. ¿Por qué no lo hizo? En opiniones de Del Pino, Sánchez estimó que era mejor que las responsabilidades de gestionar semejante catástrofe recayeran en un Gobierno regional en manos del PP. El presidente siempre podría acudir más tarde al rescate y presentarse como el salvador. Decidió abandonar durante varios días a la población valenciana por priorizar el criterio político de dejar que Mazón se cociera en su propia salsa de incompetencia. Si querían ayuda que la pidieran. Para José Manuel Cansino, se han sucedido hitos lacerantes de gobernantes regionales atrapados en el error de minusvalorar la dimensión de la tragedia, mientras Sánchez se acomodaba en el compás de espera que se toma el fuego para calentar el agua en la que se está cociendo. La ministra para TE -principal responsable en hacer frente a la catástrofe- no estuvo , aunque sí se la esperaba. Estaba en Bruselas preparando su examen para entrar por la puerta grande en la Comisión Europea y no tenía tiempo para prestar atención a las minucias de unas inundaciones. Mostrando su egoísmo e irresponsabilidad, no recogió el acta de europarlamentaria desde la que debía hacer méritos para una vicepresidencia en la Comisión Europea. Optó por seguir siendo vicepresidenta del Gobierno, pero eludiendo al cumplimiento de sus funciones. Se limitó a intentar llamar por teléfono a Mazón y ha estado ausente como si la catástrofe se hubiera producido en Bangladesh. No se ha dignado pisar suelo valenciano para comprobar “in situ” las causas de la el hecatombe -provocada en buena medida por la inoperancia de su Departamento y de los organismos de él dependientes- y, solo ante el peligro de perder la poltrona europea, decidió comparecer en las Cortes el día 20 “après une aussi longue absence”. Responsabilidades después de la DANA La situación es catastrófica no solo por las pérdidas humanas, sino también por la inmensidad de los daños materiales y el elevado número de pueblos y personas afectados, por lo que urge tomar las medidas oportunas para reconstruir las zonas destruidas e indemnizar a los afectados, lo que solo puede hacer el Estado. Tras negarse a asumir responsabilidad alguna, Sánchez se presenta ahora como el rey Midas que -usando pólvora del Rey- tirará de chequera por conceder generosamente dádivas a los damnificados. Pero no se trata de un gesto filantrópico, sino de una obligación del Estado. En 2017, la Audiencia Nacional condenó a la Administración a indemnizar a un agricultor afectado por una riada porque la falta de mantenimiento en los cauces del río y la dejación de la Confederación Hidrográfica del Ebro fueron determinantes. El Tribunal afirmó que el Estado era responsable patrimonial de los daños causados por inundaciones, si se probaba que la falta de mantenimiento de los cauces del un río había sido el factor clave La Generalitat deberá colaborar con el Gobierno de la Nación para velar porque los fondos lleguen a sus destinatarios y tomar todas las medidas necesarias dentro de sus competencias para reparar los inmensos daños sufridos por la Comunidad. Felipe VI quería visitar las zonas asoladas por la DANA, pero el Gobierno central le desaconsejaba hacerlo. El Rey insistió y el 3 de noviembre visitó Paiporta, junto con la Reina, Sánchez y Mazón. La recepción no pudo ser menos acogedora pues unos ciudadanos que habían visto su pueblo arrasado y se sentían abandonados por las Administraciones Públicas, lanzaron bolas de barro y un palo de escoba contra la comitiva y profirieron insultos. Los Reyes, acompañador por Mazón, aguantaron gallardamente el chaparrón de los agraviados, escucharon sus justificadas quejas y dialogaron con ellos, mientras que Sánchez ponía pies en polvorosa. Para justificar su cobarde huida, Sánchez afirmó que había sido agredido por grupos organizados de ultraderecha, lo que era totalmente falso, como demostró la investigación policial. El reportaje de TVE fue lamentable y los medios afines culparon de provocación a los Reyes quienes no se han amilanado y han visitado Chiva, Utiel y Letur, donde han sido cordialmente acogidos por la población. Sánchez ha decidido jugar el papel de ”salvator populi” y protagoniza las comunicaciones para informar de las ayudas que ha acordado el Gobierno, presumiendo de que éste estaba a lo que debía estar -reconstruir y avanzar-, y ha anunciado una ayuda de €10.609 millones a personas y empresas de 78 municipios y, posteriormente, la adopción de 110 medidas por valor €3.765 millones, entre ayudas directas y créditos. Aunque son cifras importantes, están muy por debajo de los €34.000 millones reclamados por la Generalitat. Impulsado por su narcisismo, Sánchez ha pedido al pueblo español que -al igual que hizo durante la pandemia de aplaudir al personal sanitario- salga a cada día a los balcones para aplaudir el buen hacer de su Gobierno. Eludiendo la sesión de control del Congreso y menospreciando la XXIX Cumbre Iberoamericana de Cuenca (Ecuazdor), a la que debería haber asistido, Sánchez se trasladó a Bakú (Azerbaiyan), donde no se le había perdido gran cosa, para a participar como una estrella en la Conferencia de la ONU sobre Acción Climática, a la que no ha asistido ningún político importante. El Dr.pontificó al afirmar, en contra de la evidencia científica, que el cambio climático mataba, como se había puesto de manifiesto con la DANA de Valencia. Utilizó a las víctimas para defender su discurso político, pues fue la excusa del cambio climático precisamente la que impidió la aplicación de políticas que habrían evitado o disminuido la tragedia en la Comunidad Valenciana. Ribera, principal responsable de hacer frente a los estragos de la DANA -provocados en buena medida por la incuria de la AEMET y de la CHJ- se ha visto afectada muy a su pesar por los acontecimientos. Feijoó puso al PP Europeo al tanto de su inacción durante la catástrofe y el presidente del Grupo, Manfred Weber, ha sido sensible a su inquietud y los eurodiputados populares la pusieron en apuros durante el examen en el Parlamento Europeo de su candidatura a la vicepresidencia de la Comisión. El Parlamento ha aplazado la concesión del plácet hasta que Ribera dé explicaciones sobre su actuación en las Cortes y asuma el compromiso de dimitir en caso de que fuera imputada, -ya se han presentado cuatro querella contra ella ante el Tribunal Supremo- por presuntos delitos de homicidio imprudente y prevaricación por la gestión de la DANA. Los socialistas y sus aliados han condicionado su aprobación a la Comisión propuesta por Ursula von der Leyen a la concesión de la venia a Ribera para su vicepresidencia. El Gobierno se ha rasgado las vestiduras y acusado al PP de antipatriota por actuar contra los intereses de España, olvidando que el PSOE votó en 2014 contra de la candidatura de Arias Cañete, simplemente porque era del PP. Éste no se niega a apoyar a un candidato del PSOE, sino a esta candidata y tiene motivos fundados para ello, pues Ribera es una ecologista fundamentalista y una enemiga jurada de la energía nuclear, a la que ha condenado a su desaparición en España. Además, en el caso de la DANA valenciana, ha dado sobradas muestras de irresponsabilidad, de “dontancredismo” y de dejación de funciones. En su artículo “El fondo de la DANA” publicado en el “Diario de Sevilla”, Ramón Medina ha afirmado que en esta DANA ha fracasado la idea de identificar a España con un Estado plurinacional. Las supuestas naciones -que realmente son regiones como la Comunidad Valenciana- carecen de los recursos necesarios y de la capacidad de gobernanza para afrontar las crisis graves. Ni con la mejor previsión podría el Gobierno valenciano haber solventado la inundación. Eso no corrige su negligencia e imprevisión, pero tampoco otro Gobierno regional más competente habría podido actuar eficazmente, porque la región no tenía, ni tendrá, los recursos necesarios. En paralelo, el Gobierno central no ha declarado la emergencia nacional por mantener un concepto plurinacional de España, defendido por sus socios separatistas y de extrema izquierda, y que ha calado también en los socialistas. “Sin embargo, solo aceptando que España es una nación resulta factible asumir que las catástrofes graves que ocurran en alguna de sus regiones, o en varias a la vez, competen de entrada al Gobierno nacional. Así se habría actuado desde el primer momento con todos los recursos nacionales, en vez de esperar a que los pidieran”. Madrid, 19 de noviembre de 2024

Triunfo arrollador del populismo autocrático de Trump

TRIUNFO ARROLLADOR DEL POPULISMO AUTOCRÁTICO DE TRUMP El Partido Republicano o -para ser más preciso- el partido trumpista ha ganado de forma arrolladora las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump (DT) consiguió, en la misma noche del día electoral 292 compromisarios frente al los 224 de Kamala Harris, por lo que ha adquirido el rango de presidente electo. El Partido Republicano ha obtenido 53 senadores, frente a los 45 del Partido Demócrata y dos independientes, y ha conservado la mayoría en el Congreso, con lo que DT concentrará en sus manos todos los poderes, dado que el Tribunal Supremo -donde hay 6 magistrados conservadores y 3 progresistas- está a su disposición. Las encuestas -que predecían un empate técnico- se han equivocado y Trump ha ganado de calle las elecciones y podrá gobernar a su libre antojo, sin que le molesten los mecanismos de “check and balance” previstos por la Constitución norteamericana para evitar una excesiva concentración del poder. He estado una veintena de veces en Estados Unidos -nunca más de 2 meses consecutivos-, pero, si se acumulan todas mis estancias, equivaldrían a un destino de 2 años. La inmensa mayoría de este tiempo lo he pasado en Nueva York, lo más europeo que se despacha y bastante diferente de la América profunda. Allí siempre me he sentido en tierra extraña, como si estuviera en otro planeta. No me gustaba el “American way of living" y apenas compartía las opiniones del pueblo americano. Es un país de notorios contrastes donde alternan las cuotas más elevadas de democracia, con los hábitos de un país bananero, especialmente en el ámbito de la justicia. No comprendo la falta de regulación de la posesión y del uso de las armas -incluidas las de guerra- ni el mantenimiento de la pena de muerte, que hace de Estados Unidos uno de los países que más recurre a la pena capital, junto con Irán, Arabia Saudita y China. Tampoco entiendo el sistema electoral -especialmente para la designación del presidente de la Nación-, que hace posible que salga elegido un Jefe del Estado que haya obtenido menos votos que su adversario. Por ello, no me ha sorprendido que un delincuente como DT -que debería haber sido inhabilitado al ser condenado por la Justicia- haya ganado a pesar de su personalidad narcisista y autoritaria, y de su conducta arbitraria y prevaricadora. Trump, una persona deleznable y un político tóxico Como ha observado Andrés Trapiello, nadie parece discutir que DT es un hombre grosero, mentiroso, ególatra, insolente y macarrónico, un político sin escrúpulos, sin vergüenza y sin palabras, que ha mentido y miente sin hartarse -el “Washington Post” le ha contabilizado 29.508 mentiras durante su primer mandato-, pero a los 70 millones de americanos que lo han votado, todo eso le ha importado menos que la derrota de lo ”woke” y de los delirios identitario, a los que han respondido con otros delirios similares. Según Antonio Muñoz Molina, la paradoja de Estados Unidos es que no hay otro país que nos parezca más familiar, porque -desde que nacimos- nos alimentamos con sus imágenes y sus historias, y que, sin embargo, es en el fondo tan ajeno a nosotros, tan íntimamente extraño. La América profunda es un vago Tíbet hermético en el que permanece una teocracia de la Biblia, las armas de fuego, la raza humana, la carne roja y el voto al Partido Republicano, que se ha convertido en el aquelarre populista y apocalíptico que DT desató hace 10 años. Somos incapaces de comprender la atracción de un personaje así, con su vulgaridad de ricachón vocinglero, de un oligarca que es visto como un héroe de la clase trabajadora por muchas personas sometidas a la pobreza y despojados de cualquier forma de protección social. Un depredador sexual que compra el silencio de actrices pornográficas inspira un fervor religioso cercano a la idolatría en los cristianos evangélicos, obsesionados con el pecado y el infierno -su lema, “Dios es mi salvador y Trump mi presidente”-. Un machista grosero, que ha sido condenado por delitos de abusos sexuales provoca gritos entusiastas de las mujeres cuando aparece como una estrella de rock. Un racista confeso que califica de asesinos y violadores a los inmigrantes irregulares atrae un porcentaje sustantivo de votantes de origen asiático o latinoamericano, que recelan de los recién llegados por esa inclinación que tienen los explotados en rendir pleitesía a los explotadores, con la esperanza de dejar atrás a los que están peor que ellos. “La realidad americana es imposible de comprender por nosotros; un acceso de dimensiones monstruosas que revienta y lo afecta todo y un caldo de cultivo aislacionista, integrista y xenófobo, que ha existido siempre, pero que la hipocresía, la fortaleza institucional o el pudor reprimían”. Dios en persona lo votó aquel día de julio en que -según ha confesado el propio mártir- le salvó la vida para que hiciera al país grande de nuevo. Causas del triunfo de Trump y del descalabro de Harris Pese a todas las flores que se le han lanzado por su histórico triunfo, DT ha obtenido menos votos que en las elecciones de 2016, por lo que más que una victoria del candidato republicano -que sin duda lo ha sido- se ha tratado de una derrota de Harris y del Partido Demócrata. Las culpas han caído sobre ella. Joaquín Manso la ha calificado de “inane” y ha sido presentada injustamente como un arquetipo del “wokismo”, la pupila de Soros y la malvada Jezabel. Federico Jiménez Losantos ha dicho que es idéntica a Irene Montero. Sin embargo, y pese a las circunstancias, no ha hecho una mala campaña. Según Gina Montaner, en su único debate con DT, lo noqueó -hasta el extremo que éste se ha negado a tener otra enfrentamiento directo con ella-, la economía va razonablemente bien, el ingreso de inmigrantes por la frontera sur se ha reducido, y su discurso ha sido conciliador y centrista. En política exterior, se ha comprometido con los socios de la OTAN y de la UE, ha defendido a Ucrania y ha exigido a Israel que reconozca a un Estado palestino. Partía con los hándicaps de su falta de legitimidad al no haber sido seleccionada en primarias y de no haber dispuesto de tiempo suficiente para elaborar su política y, al renunciar a sus posiciones más izquierdistas y centrar su discurso, ha perdido credibilidad. Su fracaso no ha sido tanto de su persona, como del Partido Demócrata y de Biden, que es muy impopular pese a que no ha sido un mal presidente. El fracaso se ha debido al cambio de actitud de parte de su electorado tradicional -las minorías étnicas hispanas, afroamericanas y asiáticas, así como las mujeres-, cuyo apoyo el Partido Demócrata había dado imprudentemente por asegurado. El 53% de los varones y el 38% de las mujeres latinoamericanos han votado a DT, a pesar de sus insultos y su menosprecio. Un 15% de los afroamericanos lo han apoyado, 8 puntos más que en 2020, pese a ser Harris una mujer de color. La minoría árabe se ha inclinado por DT -42%- y ha castigado a Harris -36%- por su apoyo a Israel, cuando aquél ha ido mucho más allá que ésta en dicho apoyo -como demostró en su anterior mandato al trasladar la sede de la Embajada norteamericana de Tel-Aviv a Jerusalén y reconocer la soberanía israelita sobre toda esta ciudad y sobre los altos del Golán-, y dará vía libre a la actuación criminal de Netanyahu en Gaza y en el Líbano. En cuanto a las mujeres, no se ha producido un vuelco en favor de Harris como preveían las encuestas, y ésta solo ha conseguido un 53% de sus votos frente al 45% para Trump, que ha crecido un 14% en este sector a pesar de su flagrante misoginia. La causa de esta dislocación del voto tiene un origen económico. DT se ha apropiado del eslogan que tanto benefició a Bill Clinton de “Es la economía, estúpidos”, solo que en este caso la economía debería haber favorecido al Partido Demócrata en vez de al Republicano. Como ha señalado la Biblia del periodismo económico, “The Economist”, la situación de la economía en Estados Unidos es “de ensueño”, con pleno empleo y con mayor crecimiento económico -2.8%- que ninguna otra nación del G-7, por lo que es “la envidia económica del mundo”. Según Xavier Vidal-Folch, ha aumentado la riqueza global como nadie, mientras China capotaba y Europa tenía un crecimiento raquítico. Recreándose en sus infinitas mentiras, DT ha afirmado que Biden y Harris han dejado la economía estadounidense en la peor situación de su Historia, lo cual es falso. Trump dejó el paro al final de su mandato en el 6.3% y el desempleo subió como consecuencia de la pandemia hasta el 14.9%, pero el Gobierno demócrata ha conseguido bajarlo al 4.1%. El empleo ha aumentado un 12% y el salario medio un 19%. Existe, sin embargo, el borrón provocado por la inflación, que se ha comido casi una cuarta parte del poder adquisitivo de los ciudadanos a causa del crecimiento del precio de los alimentos, que han subido un 31.7% en los últimos años, y muchos ciudadanos han culpado de ello al Gobierno saliente, ignorando que es un problema global causado por razones ajenas al Gobierno estadounidense, como han sido la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania. La inflación llegó a crecer hasta el 9.9%, pero el Gobierno de Biden ha logrado bajarla hasta el 2.4%. DT ha tenido la habilidad de plantear a los electores una pregunta falaz: “¿Estás económicamente mejor o peor que hace 4 años? Según Rafa Latorre, ante la obvia respuesta, Trump solo tuvo que poner a desfilar a los culpables ideales para convencer al ciudadano de que una ensimismada élite metropolitana lo trataba como a una basura. Subido a la cresta de la ola, ha prometido que hará volver la situación al “statu quo” anterior a la pandemia, y muchos norteamericanos le han creído y por eso lo han votado. La política anunciada por DT va en sentido contrario a lo prometido, pues al poner elevados aranceles -65% a México, 60% a China y 20% al resto de países- éstos adoptarán medidas de represalia, con lo que aumentarán los precios tanto de los productos importados como de los exportados, y se producirá una guerra comercial. Si a ello se suma la reducción de impuestos a las rentas más altas y a las empresas, aumentará la inflación hasta extenderse a entre el 6 y el 9%, con el consiguiente aumento de los precios. 27 premios Nobel han escrito una carta a Trump en la que le advierten que, si lleva a cabo esta política, subirán la inflación y los precios, aumentará el déficit y se producirán mayores desigualdades. Según el Instituto Peterson, la guerra comercial provocará una pérdida de $2.600 anuales a una familia de tipo medio, y -según la Universidad de Pensilvania- la reducción de impuestos supondrá un déficit presupuestario de $5.1 trillones entre 2025 y 2034. Incidencias en la política interior Además de la política arancelaria y fiscal mencionada, DT persigue los objetivos de controlar por completo la Administración con sus fieles y expulsar a los inmigrantes irregulares. Pese a tener mayoría en las dos Cámaras, prefiere gobernar por medio de órdenes ejecutivas y a golpe de tweet. Ha prometido desmantelar el Estado profundo y acabar con la corrupción de Washington. Para ello, recuperará una fórmula del "Schedule F.” que estableció a finales de 2020 y que no llegó a poner en práctica al perder las elecciones. Por ella se creaba una nueva categoría de funcionarios designados a dedo, que se convertirían en cargos políticos de confianza, y se pasaría de los 4.000 funcionarios actuales a 30.000, con lo que conseguiría la politización de la Administración y su absoluto control. Pretende sacar de Washington D.F. a la gran cantidad de burócratas federales y diseminarlos por Estados federados controlados por patriotas. Esta depuración se aplicará también a los jueces y fiscales prevaricadores, que han dictado sentencias injustas en su contra, y a los medios de comunicación que lo han difamado. Creará un Comité de Reconciliación Nacional para que supervise y controle las diversas agencias de inteligencia, con el fin de evitar que espíen a los ciudadanos. El otro gran objetivo de política interna es realizar la mayor deportación de inmigrantes ilegales que haya conocido la Historia. Su máxima prioridad será luchar contra estos inmigrantes -“que están contaminando la sangre del pueblo”- y expulsar del país a los 11.5 millones de indocumentados que viven en el país a cualquier coste. “No es cuestión de precio. Cuando la gente ha sido muerta y asesinada, hay que hacerlo cueste lo que cueste”. Deshumaniza a estos ciudadanos, que realizan de forma precaria los trabajos que los estadounidenses desdeñan, y les acusa de asesinos, secuestradores, violadores y comedores de mascotas. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que los inmigrantes tienen una tasa de delincuencia inferior a la de los ciudadanos norteamericanos. Pese a esta política restrictiva e inhumana -que incluye la erección de un muro en la frontera con Méjico-, DT ha sido votado por muchos de estos inmigrantes de segunda generación, que aducen que los inmigrantes ilegales no deberían recibir un trato de favor. Con esta medida demagógica, Estados Unidos puede pegarse un tiro en el pie, porque estas deportaciones masivas afectarán notablemente a la disponibilidad de mano de obra. El 73% de dicha fuerza laboral, que ha permitido relanzar la economía tras la pandemia, ha sido extranjera. Para el Instituto Peterson, una expulsión de este tipo reduciría el PNB estadounidense a $5.1 trillones y haría subir la inflación al 9.1% en 2028. DT ha nombrado secretario de Inmigración a Tom Hanan, que fue quien propuso la separación de sus padres de los menores inmigrantes. Incidencia en política exterior DT es un convencido aislacionista, y no quiere que Estados Unidos sea el gendarme del universo. Muestra de ello es su lema de “America first” y, después de mí, el diluvio. Siente un atractivo especial por los líderes autocráticos, como Putin, Yinping, Kim-Yong e incluso Maduro. Su política exterior va a afectar desfavorablemente a sus relaciones con sus tradicionales aliados de la OTAN y de Europa. Según Manso, la primera consecuencia de la victoria de Trump será el auge del autoritarismo global. El paraguas protector de la Alianza va a perder buena parte de su fuerza disuasoria. La invasión de Ucrania corre el riesgo de cerrarse con un Acuerdo que convalide el derecho de conquista, y las guerras comerciales pueden hacer estragos en la economía europea. Especialmente graves pueden ser las consecuencias para la guerra en Ucrania. Pese a lo que dicen sus admiradores -como Juan Antonio de Castro- de que DT no es un peligro para nadie y se va a pronunciar en favor de la paz, propiciando el final de las guerras en Ucrania y en Palestina, mucho me temo que va a suceder todo lo contrario. Ha afirmado que no quiere que sigan muriendo rusos y ucranianos y que él puede resolver el conflicto en 24 horas. Su plan de paz se basa en un injusta equidistancia entre el agresor y el agredido. Según han filtrado algunos diarios norteamericanos -como el “Washington Post”-, se trataría de lograr un alto el fuego y congelar la situación actual, crear en territorio ucraniano una zona-tampón desmilitarizada de 1.200 km -supervisada por tropas neutrales-, y celebrar negociaciones para alcanzar un Acuerdo de paz, que permita a Rusia conservar un 20% del territorio ucraniano conquistado, incluida Crimea. Ucrania asumiría el compromiso de no ingresar en la OTAN durante un periodo de 20 años y se suprimirían las sanciones aplicadas a Rusia. La propuesta permitiría a la agresora “salvar la cara”, dado que recoge la mayor parte de sus reivindicaciones, pero aun así puede que no resulte aceptable para Putin, porque la Duma ya incorporó al Estado ruso los territorios ocupados y aún pretende redondearlos en el Dombás y Zaporiyia. Deja en el aire el futuro de los territorios ocupados por los ucranianos en la región de Kurs. En cualquier caso, la inequitativa solución no puede ser aceptada por el Gobierno ucraniano, ni tampoco por los países occidentales, porque supondría premiar la agresión rusa, alterar las fronteras reconocidas en el Acta de Helsinki, y romper el esquema de seguridad europea establecido a raíz de la II Guerra Mundial. A pesar de estas considerables concesiones, Putin no quedaría satisfecho, ya que su objetivo es recuperar los límites el antiguo Imperio zarista y para ello es necesario que Ucrania desaparezca del mapa. DT puede presionar a Zelenski con la amenaza de suprimir la imprescindible ayuda militar y financiera de Estados Unidos, cosa que propugnan sectores del Partido Republicano. Trump ha mandado su mensaje amenazador a Zelenski a través de su hijo Donald Jr: “Te quedan 38 días para perder tu subsidio”. El triunfo de DT -que ya en su anterior mandato mostró su escaso interés por la OTAN- puede suponer un duro golpe para la Alianza, que se ha visto revigorizada al afrontar la agresión rusa contra Ucrania y acoger en su seno a Finlandia y a Suecia. DT va a exigir a los socios -en este caso con razón- que cumplan con el compromiso de gastar en defensa un mínimo del 2% de su PIB, e incluso ya se habla de subir este porcentaje al 3%. El secretario general, Mark Rutte, ha pasado la mano por el lomo de Trump y lo ha alabado porque fue él quien estimuló a la Organización a moverse por encima del 2%, aunque haya que hacer más. Según Marlene Wind, no hace falta que Estados Unidos se salga de la OTAN para que ésta se desmorone, pues bastaría simplemente con que DT pusiera en duda -como al parecer pasa por su caletre- la no aplicación automática del artículo 5 del Tratado de Washington, que establece la ayuda militar obligatoria de los socios de la Alianza en caso de producirse una agresión contra uno de sus miembros. Ha llegado el momento en que Europa despierte de una vez y construya su propio sistema de defensa. Los países bálticos están aterrorizados -y no digamos los que no son miembros, como Moldavia- ante esta posibilidad y los nórdicos refuerzan su defensa. Los países europeos deberían aumentar de forma considerable sus gastos de defensa, porque ya no es de recibo que unos inviertan en mantequilla y solo otro lo haga en cañones. Sin ignorar la gran dependencia de la OTAN de Estados Unidos -especialmente en los ámbitos nuclear y logístico- Europa ha de procurar su propia defensa y tener una cierta autonomía para garantizar su seguridad. Conclusiones Cabe preguntarse si sigue sin llegar la hora en que una mujer pueda ocupar la Casa Blanca. La respuesta la ha dado Wind, al afirmar que Estados Unidos no está aún preparado para tener una mujer presidenta, y aún más -añado yo- si es de color. Lo peor de todo -en la opinión de Felipe Sahagún- es que ha resultado elegido un delincuente convicto que no acepta las reglas constitucionales, representa una amenaza para la democracia, arrastrará al mundo a nuevas guerras comerciales, facilitará la victoria de Rusia sobre Ucrania y dará carta blanca a Netanyahu para que siga con sus guerras en Próximo Oriente. Para “El Mundo”, la primera democracia del orbe ha apoyado de forma masiva a un líder abiertamente disruptivo, que representa el nacionalismo populista y el desprecio tanto por la verdad como por las reglas básicas del Estado de Derecho. El regreso de DT dará impulso a las fuerzas y regímenes autoritarios que desafían a las democracias liberales en todo Occidente y constituye una amenaza de carácter existencial para Europa. Según David Hoffman, que una persona cargada de condenas e imputaciones penales, y extravagante figura de la cultura del odio haya recuperado la presidencia de Estados Unidos es una señal de la crisis de la civilización y confirma la deriva autoritaria en el mundo entero. Iñaki Ellacuría ha comentado que comparte la preocupación de tanta gente de izquierdas en España por el regreso de DT, pero le sorprende su alarma por el autoritarismo del líder norteamericano. Ellos que idolatran y sostienen en Moncloa a Sánchez, que es el dirigente que más similitudes políticas y morales guarda con Trump. “Ellos no pueden, porque no es aceptable, denunciar de Trump lo mismo que se aplaude o se tolera de manera cómplice en Sánchez”. Según Manuel Arias Maldonado, habrá que ver si DT -perro más ladrador que mordedor- va a aplicar una agenda iliberal para indiferencia de sus votantes, que es justamente lo que sucede en España desde que nos gobierna Sánchez, “aficionado como el magnate neoyorquino a hostigar a los jueces, atacar a la prensa desafecta y colonizar las instituciones estatales”. Los que callaron durante el “procès” gritan hoy contra Trump. En su discurso de investidura, y sin venir a cuento, Sánchez acusó a DT de albergar ideas reaccionarias que acababan por parasitar a los partidos de la derecha tradicional como el Partido del Republicano, colonizado por el trumpismo. En otra ocasión lo insultó al calificarlo de “uno de los referentes de la internacional ultraderechista”. Ha descrito su mandato como 4 años de ruptura del multilateralismo, discurso xenófobo, odio y caos. Supongo que, compungido por sus meteduras de pata, se lamentará de sus infelices comentarios y moverá el rabo todo lo posible para que Trump no lo deje en la caseta del perro de la Casa Blanca, como hizo Obama con Rodríguez Zapatero tras su insulto a la bandera estrellada. Hay afinidades electivas. DT no tiene ideología ni principios, su máxima aspiración es aferrarse al poder a cualquier precio, miente de forma sistemática y ha hecho de la mentira la clave de bóveda de su política, es impredecible y cambia a menudo de opinión sin consultar más que con el cuello de su camisa, y considera sus adversarios políticos como enemigos, a los que hay que eliminar políticamente recurriendo a la descalificación y al insulto. ¿Les recuerda esta descripción a algún político patrio? Si Plutarco reviviera, escribiría probablemente uno de sus ensayos -salvando las distancias en el espacio y en el tiempo, y entre personas y países- sobre “Vidas paralelas de Donald Trump y Pedro Sánchez”. Madrid, 13 de noviembre de 2024

La UE y España reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a pesar de las sentencias del TJUE

LA UE Y ESPAÑA RECONOCEN LA SOBEERANÍA DE MARRUECOS SOBRE EL SÁHARA OCCIDEDENTAL, A PESAR DE LAS SENTECIAS DEL TJUE El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sendas sentencias por las que rechazó los recursos presentados por el Consejo y la Comisión Europeos -a los que se sumaron Francia y España- contra a la sentencia de 2021 del Tribunal General, que consideró nulos los Acuerdos agrícolas y pesqueros concertados entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, por extender su ámbito de aplicación al Sáhara Occidental. Antecedentes Ya en 2015, el Tribunal General de la UE declaró la nulidad del Canje de Notas que autorizaba la aplicación del Acuerdo entre la UE y Marruecos sobre las medidas recíprocas de liberalización de los productos agrícolas y pesqueros en las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. El Consejo y la Comisión Europeos recurrieron el fallo ante la Gran Sala del TJUE, que -un año después- confirmó la nulidad de los Acuerdos por estimar que no era aceptable su aplicación a un territorio no autónomo que tenía una condición distinta y separada de Marruecos. Dicha extensión era contraria al principio de efecto relativo de los tratados. El Parlamento Europeo había autorizado en 2013 la firma de un Protocolo de Pesca y el Frente Polisario recurrió ante el TJUE. En 2016 el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la validez del Acuerdo de Pesca de 2016 y de su Protocolo de aplicación En su sentencia de 28 de febrero de 2018, el TJUE afirmó que el territorio al que se aplicaba el Acuerdo debería corresponder el espacio geográfico sobre el qué Marruecos ejercía la plenitud de sus competencias de conformidad con el Derecho Internacional, entre los que no figuraba el Sáhara Occidental, que no formaba parte del territorio de Marruecos, por lo que la expresión “zona pesquera marroquí” no cubría el territorio sahariano. En un auto de 19 de julio, el Tribunal reiteró que el espacio sobre el que Marruecos tenía la plenitud de sus competencias no comprendía el Sáhara Occidental, por lo que su inclusión violaba las normas aplicables a las relaciones entre la UE y Marruecos. El TJUE hizo, sin embargo, una interpretación distorsionada del ámbito de aplicación del Acuerdo al no rechazar su validez. Ignoró la realidad y se pronunció a favor de la validez del Acuerdo pese a haber acordado su nulidad. El 28 de enero de 2019, el Consejo adoptó la decisión UE-2019/217, por la que aprobaba el Canje de Notas en el que se modificaban los Protocolos de Pesca, aunque -para salvaguardar su responsabilidad- mantuviera que el Acuerdo no prejuzgaba la posición de la UE ni de Marruecos sobre el estatuto jurídico del Sáhara Occidental. Se incluyó una Declaración conjunta en la que se establecía que los productos originarios productos originarios del Sáhara serían sometidos al control de las autoridades aduaneras marroquíes y se beneficiarían de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la UE a dichos productos en el Acuerdo de Asociación con Marruecos. El Frente Polisario impugnó la decisión porque implicaba el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. En su sentencia de 29 de septiembre del 2021, el Tribunal General rechazó los argumentos el Consejo y de la Comisión y consideró nula la decisión 2019/217. Aunque la sentencia era un tanto confusa, declaró taxativamente la nulidad de la decisión por incluir en su ámbito de aplicación unas aguas jurisdiccionales que no pertenecían a Marruecos. El Consejo habían pedido a la Comisión que lograra el consentimiento de los saharauis al Acuerdo y velara por que éstos fueran vinculados a la explotación de los recursos naturales del territorio. Pese a que el Acuerdo de Asociación solo era aplicable al territorio de Marruecos, en el nuevo Acuerdo de Pesca se extendía su aplicación a las aguas del Sáhara, lo que violaba el Acuerdo de Asociación. El Tribunal estimó que el pueblo saharaui era un tercero que se veía afectado por la ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo, con independencia de que resultase beneficioso o perjudicial para él, ya que estaba en contradicción con el artículo 34 del convenio de Viena de 1989 sobre el Derecho de los Tratados que establece que un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercero sin su consentimiento. El TJUE no excluía la posibilidad de que el Acuerdo se aplicará al Sáhara, aunque para ello requería que se obtuviera el consentimiento del pueblo saharaui. Ante la imposibilidad de consultar al conjunto del pueblo saharaui, la Comisión se limitó a consultar a las “poblaciones afectadas”, en las que se incluyeron los colonos marroquíes instalados en el territorio, las entidades de la sociedad civil bajo control marroquí y los operadores económicos, que estaban obviamente a favor del Acuerdo, y se excluyeron al Frente Polisario y a los saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia). El Tribunal estableció que el consentimiento del pueblo saharaui no se podía presumir y debería ser explícito, y la dificultad de consultarlo no debería ser un obstáculo para que dicho pueblo expresara su opinión, ya que la libre determinación era un derecho colectivo que la ONU reconocía al pueblo saharaui con independencia de la identificación de sus componentes. En consecuencia, las consultas realizadas por la UE no habían sido conformes con las exigencias del efecto relativo de los tratados aplicables a dicho pueblo en virtud de su derecho a la autodeterminación. No obstante, como la anulación del Acuerdo podría tener consecuencias graves para la acción exterior de la Unión, al provocar inseguridad jurídica en relación con unos compromisos internacionales asumidos en un tratado vinculante, el TJUE decidió mantener en vigor los efectos de la decisión por un periodo no inferior a dos meses o -en el caso en que se presentara un recurso- hasta que la Gran Sala dictara la correspondiente sentencia. Como era de esperar, la UE presentó un recurso -al que se sumaron España y Francia- que ha sido rechazado por el Tribunal en sus sentencias del 4 de octubre. El Alto Comisario europeo, Josep Borrell, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, firmaron una Declaración conjunta, en la que afirmaron que habían tomado nota de la sentencia y actuarían en consecuencia de cara al futuro, y que seguirían trabajando para desarrollar las múltiples dimensiones de la estratégica Asociación Euro-marroquí de Prosperidad Compartida, con el mismo espíritu de movilización, coherencia y solidaridad. Era obvio que la decisión del TJUE tropezaba con la posición política y económica de la Unión y de sus Estados miembros La sentencia contenía afirmaciones cuestionables, como afirmar que, al haber renunciado la potencia administradora -España- a ejercer su responsabilidad sobre el territorio, las partes en el proceso pasaban a ser Marruecos y el Frente Polisario. Marruecos, sin embargo, no ha adquirido legitimidad alguna, porque nadie puede transmitir a otro derechos que no tiene, y -como señaló el subsecretario jurídico de la ONU, Hans Corell en su Informe de 2002- el Acuerdo de Madrid no transfirió soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental, ni concedió a ninguno de sus signatarios -Marruecos y Mauritania- la condición de potencia administradora, porque España no podía transferir dicha condición unilateralmente. Lo establecido en dicho Acuerdo no afectó a la condición jurídica del Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonizar. La presencia de Marruecos en el territorio es una ocupación militar ilegal y la colonia sigue figurando en la lista de la ONU de Territorios no Autónomos, en la que se indica España es la potencia administradora, aunque -en nota a pie de página- se señale que ésta abandonó sus responsabilidades internacionales sobre su colonia en 1976, cuando el representante permanente de España ante la ONU informó el secretario general que el Gobierno español había terminado definitivamente su presencia en el Sáhara Occidental y se consideraba desligada de cualquier responsabilidad internacional con relación a la administración del territorio. Al no haberse producido una transferencia de soberanía, España sigue siendo ”de iure” la potencia administradora del territorio, que seguirá pendiente de descolonización hasta que el pueblo saharaui haya ejercido válidamente su derecho a la libre determinación. La Asamblea General condenó la ocupación de Marruecos y le pidió que pusiera fin a la misma. No obstante, en en su resolución 35/19 de 1980 realizó una inadecuada transmutación del mandato onusiano al pedirle a Marruecos que realizara negociaciones con el Frente Polisario con miras a llegar a una solución del conflicto. La ocupación militar del territorio Con Marruecos no le concedía legitimidada alguna, porque “de la injusticia no nace el derecho”, y la ocupación militar no genera ningún derecho de soberanía sobre el territorio ocupado. Resulta discutible si España sigue siendo o no la potencia administradora, pero de lo que no cabe la menor duda es que Marruecos no lo es, siendo tan solo un ocupante ilegal sin derecho alguno sobre el territorio. Las sentencias del TJUE han dejado bien sentado que el Sáhara Occidental es un territorio distinto del de Marruecos. Sentencias del 4 de octubre de 2024 En las tres sentencias dictadas el 4 de octubre, el TJUE desestimó en su totalidad los recursos presentados por el Consejo, la Comisión, Francia y España contra la sentencia del Tribunal General de 2021, por la que declaró nulos los Acuerdos agrícolas y pesqueros concertados por la UE y Marruecos por su aplicación en el Sáhara Occidental, porque dichos Acuerdos “se celebraron vulnerando los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados”. El TJUE rechazó la objeción formal de los recurrentes de que el Frente Polisario no gozaba de legitimación activa para demandar a la UE e intervenir en un procedimiento judicial en representación del pueblo saharaui. El Tribunal ha reconocido el “ius standi” del Polisario para presentar la demanda, al ser un interlocutor privilegiado en el proceso llevado a cabo bajo los auspicios de la ONU con miras a determinar el futuro estatuto del Sáhara Occidental y satisfacía las condiciones requeridas para cuestionar las decisiones adoptadas por la UE, con el fin de defender los intereses del pueblo saharaui. Este reconocimiento era clave porque, de no haberse producido, se habría puesto punto final al procedimiento. El Tribunal ha reconocido el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, que es un territorio no autónomo que posee una condición jurídica distinta y separada del territorio de Marruecos, que no es la potencia administradora del territorio, sino su ocupante ilegal. Ha señalado que el Sáhara occidental es un territorio sobre el que, desde los años 70, existe un conflicto sobre su situación jurídica entre Marruecos, que alega tener soberanía sobre el territorio, y el Frente Polisario, que “defiende el ejercicio por el pueblo del Sáhara Occidental de su derecho a la autodeterminación y a la creación de un Estado saharaui soberano”. Añadía que el conflicto teñía a la legalidad de los Acuerdos económicos celebrados entre la UE y Marruecos, que afectaban a la explotación de recursos naturales del territorio y de sus aguas jurisdiccionales. El TJUE ha reiterado que para poder aplicar un Acuerdo internacional entre la Unión y Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental era imprescindible obtener el consentimiento del pueblo saharaui, y ese consentimiento no se había producido. La sentencia ha introducido, sin embargo, una desafortunada variante sobre el fallo del Tribunal General, al estimar que ese consentimiento podía ser implícito, siempre que se cumplieran una serie de requisitos, que -según el profesor Juan Soroeta- se había inventado el Tribunal sin tener una base en el Derecho Internacional: a saber, que a) no creara obligaciones para el pueblo saharaui, b) previera una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable en beneficio de dicho pueblo, y c) estableciera un mecanismo de control que permitiera verificar que esa ventaja era real. Ha mantenido que ese consentimiento implícito era posible incluso aunque el Frente Polisario -representante legítimo del pueblo saharaui- se opusiera, a no ser que demostrara que las ventajas o el mecanismo de control de que debía ir acompañado no cumpliera los requisitos mencionados. Se ha producido con ello una injustificada inversión de la carga de la prueba, que debería recaer sobre la parte que alegara que el Acuerdo beneficiaba al pueblo saharaui. Los Acuerdos no habían creado una obligación para el pueblo saharaui, pero tampoco le habían conferido derechos o beneficios, pese a explotarse los recursos naturales del Sáhara Occidental. Es cierto que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior celebraron consultas con parte de la población residente en el Sáhara Occidental, pero fueron insuficientes. El Tribunal ha distinguido con acierto entre “pueblo” y “población”. Según los datos aportados por la propia Comisión, solo el 25% de la población que actualmente reside en el territorio forma parte del “pueblo” saharaui y la mayor parte de ella está constituida por colonos procedentes de Marruecos. El 75% del pueblo saharaui reside fuera el territorio del Sáhara, especialmente en los campamentos de refugiados de Tinduf , y ni ellos ni el Frente Polisario fueron consultados. En consecuencia, no se podía presumir la existencia de consentimiento por parte del pueblo saharaui. Aunque el TJUE haya confirmado la nulidad de los Acuerdos, ha incurrido en el mismo error del Tribunal General de prolongar su vigencia durante doce meses, recurriendo -en opinión de Soroeta-al argumento jurídicamente inaceptable en este caso de “pacta sunt servanda” – “los acuerdos deben ser cumplidos”-, porque pasa por alto el artículo 34 del Convenio de Viena, que establece que “un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”, y su artículo 53, que prevé que “es nulo todo tratado, que en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa del Derecho Internacional general”, como es el derecho a la libre determinación de los pueblos ¿Debe la UE cumplir unos Acuerdos que violan una norma esencial del Derecho Internacional? Reacción de la UE y sus Estados miembros A través de su portavoz, Nasbila Massrali, la Comisión ha destacado la sólida amistad de la UE con Marruecos y su voluntad de elevarla a un nivel superior, por lo que seguiría trabajando estrechamente con su Gobierno en todos los ámbitos en los que ambos socios mantienen relaciones de colaboración. Es más que probable que, a pesar de la continuada desautorización del TJUE, la Unión concluya un nuevo Acuerdo con Marruecos en el que extienda su aplicación al Sáhara Occidental, aprovechando el portillo que le ha abierto el Tribunal. Bastará con exponer convenientemente que tal Acuerdo beneficiaría al pueblo saharaui y dar por recibido su consentimiento implícito. Marruecos ha criticado acerbamente la sentencia y manifestado que contiene errores jurídicos evidentes y errores fácticos sospechosos, que denotan una ignorancia total de la realidad del caso y un sesgo político flagrante, por lo que. ha instado a la UE a que tome las medidas apropiadas para cumplir con sus compromisos internacionales. La UE ha puesto de manifiesto su hipocresía al anteponer el principio de efectividad al de legalidad, el pescado a las normas del Derecho Internacional, y la cooperación con Marruecos a los derechos humanos. Ha supeditado sus políticas sobre el Sáhara Occidental a sus deseos de mantener y desarrollar relaciones estrechas con Marruecos y se ha encontrado atrapada entre sus intereses políticos y económicos y sus obligaciones jurídicas. En lugar de no respetar el principio de libre determinación del pueblo saharaui, debería relanzar un proceso de paz creíble liderado por la ONU y explorar la posibilidad de lograr un acuerdo basado en la libre asociación entre Marruecos y el Sahara Occidental, mediante la concesión a éste de un amplio y generoso régimen de autonomía, que incite al pueblo saharaui a aceptar su eventual integración en Marruecos de través en un referéndum bajo los auspicios de la ONU. Las concesiones de Marruecos tendrían que ser lo suficientemente amplias para que el pueblo saharaui, renunciará a su derecho a la independencia. Desde hace décadas, la Unión ha venido pagando a Marruecos un impuesto revolucionario a través de sus Acuerdos comerciales y pesqueros. Nada importa, al parecer, el “Moroccogate” y el descubrimiento de los sobornos de diplomáticos marroquíes a eurodiputados, la reiterada violación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental, las condenas del Parlamento Europeo al Gobierno marroquí por no respetar la libertad de expresión y de prensa, no garantizar a los encarcelados por motivos políticos un juicio justo, y acosar a los periodistas, a los abogados y a sus familias, o el espionaje con el dispositivo Pegasus de los líderes europeos, incluidos Sánchez y Macron. Para la UE, Marruecos es un aliado estratégico con el que hay que estrechar las relaciones al máximo pese a su deplorable conducta. Francia siempre ha sido uno de los protectores de Marruecos. Gracias a su veto en el Consejo de Seguridad, impidió que la MINURSO pudiera llevar a cabo su mandato de celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui ejerciera su derecho de autodeterminación y optara entre la independencia del territorio o la integración en el Reino alauita. Pese a que las relaciones se enfriaron un poco, Francia mantuvo su determinación de apoyar los esfuerzos de Marruecos en favor del desarrollo económico y social el Sáhara Occidental en beneficio de la “población local” -léase los colonos marroquíes-. El Gobierno francés se sumó al recurso de la UE contra la sentencia del Tribunal General y, tras conocer la sentencia del TJUE, reafirmó su compromiso inquebrantable con una asociación excepcional de la Unión con Marruecos, y reiteró su voluntad de seguir profundizándola, porque las relaciones con el país magrebí tienen un valor estratégico. Macron se plantó en Rabat y fue incluso más allá que Sánchez, al afirmar que futuro del Sáhara Occidental estaba indisolublemente ligado a la soberanía de Marruecos, y que Francia lo acompañaría en las instancias internacionales para defender su marroquinidad. A cambio, obtuvo la concesión a empresas francesas de un proyecto ferroviario. Sánchez, por el contrario, no ha conseguido que Marruecos renuncie a su reivindicación sobre Ceuta y Melilla y ni siquiera que se establezcan las prometidas aduanas en sus fronteras, pese a su entrega total el sátrapa marroquí. España también se sumó al recurso contra la sentencia del Tribunal General, pese a ser consciente de la ilegalidad de unos Acuerdos que, al admitir que Marruecos pudiera dar licencias de pesca en unas aguas que no le pertenecían, suponía el reconocimiento ”de facto” de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Tenía la circunstancia atenuante de ser la nación más perjudicada por la imposibilidad de pescar en el banco sahariano, ya que son españoles la gran mayoría de los buques que faenan en dichas aguas. Sin embargo, no fue éste el principal motivo por el que Sánchez modificó de forma radical la tradicional política española de neutralidad sobre la descolonización de su antigua colonia. Fueron otros los motivos por los que el presidente -por sí ante sí y sin consultar con su propio Gobierno ni con las Cortes- envió a Mohamed VI una lamentable carta -que había sido redactada en el Gabinete del Sultán-, en la que afirmaba sin pudor que el Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007 era “una base sería, realista y creíble”, y la única “para una solución justa y duradera del conflicto sobre el Sáhara Occidental”. Esa fórmula, sin embargo, no reunía ninguna de las cualidades resaltadas por Sánchez. No era seria, porque le faltaba contenido específico y apenas concedía competencias a las provincias autónomas del Sáhara Occidental, que quedaban férreamente sometidas a centralismo del Gobierno marroquí; no era realista, porque no podía prosperar, ya que había sido rechazada de antemano por el Frente Polisario y por Argelia; y no era creíble, porque iba contra el derecho fundamental de los pueblos a la autodeterminación. Tampoco era la única solución viable para resolver el conflicto sahariano, tanto más cuanto que solo ofrecía una reducida descentralización y prescindía de la opinión del pueblo saharaui, que tenía un derecho irrenunciable a la libre determinación, reconocido por el Derecho Internacional, por el la ONU y por el propio Marruecos. El solemne compromiso asumido por Sánchez de defender a cualquier coste la legalidad internacional era aplicable en el este de Europa, pero no en el norte de África, y el presidente del Gobierno está dispuesto a conceder a Mohamed VI lo que le niega a Vladimir Putin. No es de extrañar que Mohamed VI haya mencionado al Estado ”amigo” de España, que “tan bien conoce los entresijos de ese expediente y cuya posición comporta profundos sentidos políticos e históricos”. Como señaló la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, en una Declaración a la que yo me adherí, la decisión del Gobierno español de apoyar el Plan de Autonomía marroquí constituye la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y, en consecuencia, una grave violación del Derecho Internacional. Dicha decisión supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara que ocupa ilegalmente. “Por todo ello, esta decisión conlleva la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida que contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa del Derecho Internacional”. Madrid, 6 noviembre de 2024

Semblanzas del Colegio Irlandés de Salamanca

SEMBLANZAS DEL COLEGIO IRLANDÉS DE SALAMANCA El pasado día 22, el embajador de Irlanda en España, Frank Smyth, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, inauguraron en el colegio mayor Fonseca una exposición sobre “Arpas y tréboles en Castilla: El Real Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses de Salamanca”. Este acontecimiento me lleva hacer unas reflexiones sobre el último Colegio irlandés que existió en España.. Antecedentes En 1534, el rey inglés Enrique VIII -que había repudiado a su esposa Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos- dictó el “Acta de Supremacía”, por la que se erigía en jefe absoluto de la Iglesia de Inglaterra y rompió con el Papado, creando un cisma que ha durado hasta nuestros días. Declaró traidores a quienes siguieran siendo fieles a la iglesia de Roma y suprimió los monasterios, las iglesias y los colegios católicos. Su sucesor, Eduardo VI, prohibió la celebración de la misa romana, confiscó las iglesias católicas y sus bienes, y conminó a los sacerdotes que no aceptaran el anglicanismo a abandonar el país. Le sucedió en 1553 María Tudor, hija de Enrique y de Catalina, que un año después se casó con su sobrino Felipe -a la sazón Príncipe de Asturias, que en 1556 accedió al trono de España como Felipe II-, pero no tuvieron descendencia. Ferviente católica, María, trató de revertir la reforma de su padre y persiguió a los anglicanos. Solo reinó 5 años y nombró heredera a su medio hermana Isabel I. La Reina volvió a las andadas reformadoras de su padre y persiguió con encono a los católicos y se enfrentó a su cuñado Felipe- especialmente por su apoyo a los rebeldes flamencos-, lo que provocó el envío en 1588 de la Gran Armada -calificada con sarcasmo por los ingleses como “la Invencible”-, que fue un fracaso debido a las inclemencias del tiempo ya la imposibilidad del duque de Farnesio de conquistar un puerto en Flandes en el que pudieran atracar 122 buques que la componían. Náuticamente fue un éxito, al ser un gran convoy que -por primera vez en la Historia naval, recorrió todo el litoral del sur de Inglaterra sin sufrir más pérdida que dos buques a causa de un accidente, no en acción bélica. Como manifestó el arqueólogo submarino Desmond Branigan , “El viaje y la actuación de la Armada desde que zarpó de Lisboa hasta el punto en que navegó hacia el Atlántico al norte de Escocia, guardando su formación y con más de 100 navíos que la componían en buen funcionamiento, deberían ser calificados sin duda, como el más grande acto de la épica marina de todos los tiempos. De no haber sido por las excepcionalmente severas tormentas provocad por el equinoccio otoñal que encontraron sus barcos, en vez de dispersarse como lo hicieron, habrían logrado regresar a sus bases. Pese a todo, y conforme a cualquier tipo de estándares, la travesía fue una aventura que alcanzó un apogeo de valor, aguante y supremo arte marinero. Resultó realmente un auténtico logro”. Militar y políticamente, sin embargo, fue un gran fiasco, porque los 30.000 soldados que transportaba no pudieron invadir Inglaterra desde las costas flamencas y naufragaron 26 navíos en las costas del oeste de Irlanda. No obstante, 87 buques que siguieron las instrucciones del duque de Medina Sidonia de bordear Escocia y eludir las traicioneras costas irlandesas consiguieron regresar a sus bases. Isabel recrudeció los ataques a los católicos, por lo que el papa Pío V expidió en 1570 la bula “Regnans in excelso” en la que la acusaba de hereje, la excomulgaba y liberaba a sus súbditos de cualquier lealtad hacia ella. En 1571, la Reina decretó que, para poder estudiar en una escuela, los colegiales deberían abjurar de la religión católica y, en 1585 dio un ultimátum a los sacerdotes para que en un plazo de 40 días abandonaran Inglaterra bajo amenaza de muerte si no lo hacían. En 1587, mandó ejecutar a María Estuardo, reina de Escocia, y un año más tarde, se produjo la desventurada aventura de la Gran Armada. En 1594 se produjo una rebelión de los jefes católicos irlandeses liderados por el señor de Tyrconnell, Hugh O’Donnell y el Conde de Tyrone, Hugh O”Neill contra los ocupantes ingleses, y se inició la guerra de los 9 años. O’Donnell marchó a España para pedir ayuda a Felipe III y murió asesinado en Simancas por un espía inglés. El Rey mandó una expedición naval al mando de Juan del Águila para auxiliar a los rebeldes, pero no consiguió unirse a las milicias católicas por la interposición del Ejército inglés liderado por el Conde de Exeter y por Lord Mountjoy. Las tropas españolas fueron derrotadas a principios de 2002 en la batalla de Kinsale y, un año después, O’Neill capítulo. España firmó la paz con Inglaterra por el Tratado de Londres. Se intensificó la represión de los católicos y muchos irlandeses abandonaron su país y se refugiaron en los países europeos católicos. Fundación del Colegio Irlandés de San Patricio en Salamanca El arzobispo de Santiago de Compostela, Alonso de Fonseca, decidió construir en 1519 un Colegio Mayor que acogiera a los estudiantes gallegos que fueran a la Universidad de Salamanca. La construcción del Colegio concluyó en 1578. El edificio de estilo plateresco fue construido por los principales arquitectos españoles de la época: Diego de Siloé, Rodrigo Gil de Hontañón y Juan de Álava. Se trata de un edificio de estilo plateresco, cuya espléndida capilla contiene un retablo de Alonso de Berruguete. Cuenta con un magnífico claustro y con un anejo en el que se estableció una hospedería de estilo barroco. En honor de su fundador, se le dio el nombre de Colegio Fonseca. Ante la dispersión de jóvenes irlandeses por toda Europa, se creó en 1590 el “Irish Continental College Movement”, con el fin de coordinar las actividades de los Colegios irlandeses que se fueron creando en Europa para formar sacerdotes y religiosos, dada la imposibilidad de hacerlo en Irlanda. Ese mismo año se creó en Valladolid el primer colegio irlandés de carácter privado. El obispo de Ross, Buenaventura Naugtin, presentó un Memorial a Felipe II en el que le solicitaba que las universidades españolas aceptaran a 24 seminaristas irlandeses, “mancebos virtuosos y bien nacidos” que habíann venido a España a estudiar “para aprovecharse de las artes y la teología, y con el grande ejemplo de cristiandad de estos reinos”. El principal objetivo era formar sacerdotes que pudieran regresar a Irlanda para instruir “a los que están engañados por los herejes” y conducirlos “a la luz de la verdad y a la unión de la Iglesia católica romana de la que se han apartado”. El Gobierno inglés había cerrado todos los seminarios y centros de formación católica en Irlanda, y expulsado a gran número de sacerdotes y religiosos, y los que aún permanecían en el país estaban en la clandestinidad y tenían grandes dificultades para ejercer su misión evangelizadora. En 1592 se había fundado en Dublín el Trinity College para formar a los anglicanos y los católicos no eran admitidos en sus aulas. Ante la lentitud en la respuesta por la burocracia palatina, Thomas White fue al Pardo con los 24 estudiantes para ver al Rey y pedirle la limosna de la creación de un Colegio para la formación de los mismos. Felipe II los acogió con empatía y, el 3 de agosto de 1592 envió sendas cartas al Ayuntamiento y a la Universidad de Salamanca en la que les pedía que prestaran toda la ayuda posible con espíritu de caridad, porque eran extranjeros pobres que se habían visto forzados a dejar sus tierras, “como prueba de fidelidad a su fe y a su Dios”. El objetivo era formarlos como sacerdotes y hacer que se convirtieran en defensores y mártires católicos. Ese mismo año se fundó en Salamanca el Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses, que fue el más importante de los establecidos en las Españas. Siguieron los de Lisboa (1593), Santiago de Compostela (1605), Sevilla (1608), Madrid (1621) y Alcalá de Henares (1630). El Colegio privado de Valladolid se incorporó al público de Salamanca, que gozaba del patronazgo real y financiación parcial de 500 ducados. El primer rector del Colegio de Salamanca fue James Arden, que fue sucedido por Thomas White, que en el ínterin había ingresado en la Compañía de Jesús. Esto hizo que los obispos irlandeses encomendarán la dirección del Colegio a los jesuitas. Sus estatutos fueron a su adoptados en 1605 -véase la obra de Luis Sala “Constitución, estatutos y ceremonias de los antiguos colegios seculares de la Universidad de Salamanca”-. En 1610, Felipe III le concedió el rango de ”Colegio Real” y le dio una subvención de 10 libras por alumno, y -a su muerte en 1616- la reina Margarita de Austria incluyó en su testamento un codicilo por el que le concedía el legado de una renta de 3.000 ducados. Los estudios duraban 7 años, al término de los cuales los seminaristas eran ordenados sacerdotes y se comprometían al regresar a Irlanda para ejercer su ministerio, asumiendo los riesgos de martirio. Los colegiales llevaban una sotana negra y una beca roja, por lo que el pueblo salmantino los llamaba cariñosamente los “pavitos”. Esto me recuerda a mis profesores del Colegio de San Felipe Neri de Cádiz, que vestían trajes negros, y a los que el pueblo gaditano los llamaban “Cuervos”. Entre 1596 y 1644, el Colegio de Salamanca salieron un primado de Irlanda, 4 arzobispos, 5 obispos, 9 provinciales, 120 sacerdotes, 40 doctores en Teología y 30 mártires. La opresión de los católicos irlandeses se fue relajando y en 1725 se fundó el Colegio de San Patricio en Maynooth como seminario. Ello hizo que los Colegios en el extranjero perdieran relevancia y los establecidos en España fueron cerrando poco a poco -Madrid en 1692, Sevilla en 1767, Santiago en 1669 y Alcalá en 1790-, y todos sus efectivos personales, materiales y documentales fueron enviados a Salamanca. En 1785, Carlos III expulsó de España a los jesuitas, que eran los que regentaban el Colegio salmantino. Aunque los seminaristas irlandeses fueron exonerados y continuaron en España, se vieron muy adversamente afectados. A partir de esa fecha, se prohibió que ingresarán nuevos alumnos en el Colegio de Alcalá y la jerarquía irlandesa decidió mantener solamente el de Salamanca. En 1780, cuatro arzobispos que habían estudiado en Salamanca nombraron rector al español de origen irlandés Patrick Curtis -Patricio Cortés-, quién sería nombrado más tarde arzobispo de Armagh y primado de Irlanda. Entre 1781 y 1817 salieron del Colegio de Salamanca otros 3 arzobispos y 2 obispos. En 1801, las tropas lideradas por el general Leclerc ocuparon la ciudad hasta 1812 y convirtieron el Colegio Fonseca en un hospital militar. Ese año explotó un polvorín que causó grandes daños en el Colegio y tuvo que ser abandonado. Durante la invasión napoleónica, 12 seminaristas irlandeses actuaron como intérpretes y traductores en el Ejército del duque de Wellington. Expulsados los franceses de Salamanca, tropas españolas ocuparon el Colegio Fonseca. En 1818 los irlandeses tuvieron que alojarse provisionalmente en el Palacio de las Cuatro Torres hasta 1822, fecha en que se trasladaron al Colegio en régimen de alquiler. En 1836, el rector protestó al Gobierno por el impago de las subvenciones atrasadas y señaló que, el edificio que les había sido cedido para uso de los seminaristas contenía enseres que deberían ser les entregados en concepto de compensación por las sumas que se les debían. La reina regente María Cristina accedió en parte a su demanda, a excepción de la entrega de los objetos artísticos y dictó una Real Orden en la que establecía que el edificio había sido cedido únicamente a efectos de uso y habitación y que los objetos artísticos no podían ser enajenados y se entregaban en depósito. Los estudiantes irlandeses influyeron en cierta medida sobre la ciudad y, en 1881 introdujeron el deporte del ”foot-ball”, sorprendiendo a los salmantinos dando puntapiés a una pelota en los descampados del río Tormes, con las sotanas remangadas. Crearon el equipo Hamilton FC que compitió a nivel nacional y, en 1907 participaron en la Copa del Rey, junto con el Madrid, el Club Vizcaya, Vigo FC y el Recreativo de Huelva, quedando los penúltimos. En 1910 había 20 seminaristas en el Colegio y, en 1931, éste fue declarado bien de interés cultural. La guerra civil pilló a los estudiantes irlandeses en una residencia de verano que tenían en Pendueles -Asturias- y no pudieron regresar a Salamanca. El Colegio fue requisado y entregado a Alemania, que estableció en él su Embajada ante el Gobierno de Franco hasta 1939. Durante la II Guerra Mundial fue ocupado por tropas españolas hasta 1944, en el que fue devuelto a los irlandeses. Dada la normalización de la situación religiosa en Irlanda, la jerarquía irlandesa estimó que ya no era necesario mantener el Colegio de Salamanca y solicitó al Vaticano permiso para cerrarlo y enajenar los bienes que poseían en España. En 1951 cerró el Colegio y la Santa Sede creó en 1954 una Comisión para estudiar la manera de liquidarlo, formada por los obispos de Galway, Meath, Salamanca y Valladolid, que no llegó a un acuerdo, dado que los prelados irlandeses alegaban -sin mostrar prueba alguna- que la propiedad del edificio le había sido concedida por Alfonso XIII en 1914. En 1953, el rector de la Universidad, Esteban Madruga, había inscrito en el Registro de la Propiedad el Colegio de Fonseca a nombre de la Universidad de Salamanca, “sin perjuicio del derecho de terceros al uso o habitación del edificio”. Los avatares del cierre del Colegio fueron ampliamente descritos por el rector desde el punto de vista español –“Evocaciones universitarias en Salamanca”- y por el obispo de Galway, Michael Browne, desde la perspectiva irlandesa –“Los últimos días del Colegio de los irlandeses en Salamanca”-. Ante la situación de punto muerto en las negociaciones, los obispos irlandeses fueron a ver a Franco, que los acogió favorablemente y accedió a la mayor parte de sus peticiones: transferencia de la propiedad al Colegio al Gobierno español a cambio de una compensación económica, envío de su archivo al Colegio de Maynooth, y creación de 2 becas para que candidatos irlandeses estudiarán en universidades españolas. El Gobierno concedió un crédito extraordinario de 2.000.000 de pesetas para la adquisición de las propiedades irlandesas en España. El asunto pasó a las Cortes donde se presentó un proyecto de ley por el que se autorizaba “la adquisición por el Estado de los bienes de la jerarquía irlandesa radicantes en España, y la renuncia de la misma a favor del Estado de sus derechos sobre el Colegio de Fonseca”. Los directivos de la Universidad salmantina estaba con la mosca en la oreja y el nuevo rector, Antonio Tovar, consiguió que se aceptara una enmienda por la que se establecía que la jerarquía irlandesa renunciaba a “cuántos derechos pudieran corresponderle sobre el colegio arzobispo Fonseca”. La Ley aprobada en 1954 fue completada en 1962 por una orden del Ministerio de Hacienda, que reconoció el pleno y exclusivo dominio del Colegio Fonseca a favor de la Universidad de Salamanca. El Gobierno español asumió las labores de restauración del edificio del Colegio, que fue destinado a residencia de profesores y de graduados. Las propiedades de la Iglesia irlandesa fueron vendidas por 20.000 libras, que se invirtieron en valores irlandeses, cuyos intereses fueron adjudicados al Colegio Irlandés en Roma. Así terminó, con más pena que gloria, la histórica presencia de seminaristas irlandeses en el Colegio de Salamanca. España realizó una labor muy positiva con la creación de 7 colegios universitarios para ayudar a la formación de los sacerdotes y religiosos irlandeses en momentos muy difíciles por la persecución del Gobierno inglés a los católicos. No parece que la Iglesia irlandesa haya agradecido suficientemente la generosidad española por la forma poco airosa con la que dio fin a la labor del último de sus Colegios. Cómo afirmó Madruga, la jerarquía irlandesa “no ha correspondido como debía a los beneficios que nuestra altruista hospitalidad les han proporcionado durante tanto tiempo”. Incluso la aplicación del Acuerdo de finiquito no ha estado a la altura debida. Así, los obispos decidieron tener manos libres para designar a los dos becarios que estudiarían en universidades españolas e incluso no aceptaron que un representante de la Embajada de España formara parte del tribunal seleccionador. Ante esta incomprensible actitud, el embajador en Dublín, Joaquín Juste, recomendó al Gobierno que suprimiera las becas, a lo que éste accedió. La biblioteca del Colegio de Maynooth -que fue declarado Universidad Pontificia en 1896- cuenta con una rica colección de miles de documentos relativos no solo a la Historia de los Colegios irlandeses en España, sino también de la propia historia de nuestro país. Cuando llegué a Irlanda como embajador en 1987, me sorprendió que hubiera cátedras de Español en todas las universidades irlandesas, menos en el Colegio de Maynooth. Según me dijo el director del Instituto Cultural, Antonio Sierra, el Instituto había ofreció gratis un profesor para que enseñara el castellano en el Colegio, pero éste se negaba a incluir el Español como una asignatura en los programas de la Universidad, y lo consideraba como lengua opcional fuera de currículo. Ya en mi primera visita de cortesía al Colegio, le pedí oficialmente al rector que se considerara el Español como una lengua más a estudiar en el Departamento de Idiomas. Monseñor Mihail Ledwith fue sensible a mi petición y -con el apoyo de la ministra de Educación, Mary O’Roarke- conseguimos que se normalizara la situación, y actualmente los alumnos pueden cursar en el Departamento de Idiomas “Estudios Españoles y Latinoamericanos”. La bibliotecaria del Colegio -que lo fue con anterioridad del Instituto Cultural Español-, Regina Whelan, ha hecho una extraordinaria labor. Ya en 1996 publicó “Los archivos de Salamanca”, y ha catalogado y ordenado la abundante documentación procedente de los archivos del Colegio de Salamanca. También es digna de mención la obra de Cristina Bravo “Misioneros y gentlemen: Lecturas en torno a la biblioteca del Colegio de los Irlandeses en Salamanca”. La biblioteca reúne un enorme acervo documental, que debería alentar la investigación de los interesados en las relaciones entre España e Irlanda. Insto al Colegio Universitario de Maynooth y a la Universidad de Salamanca a que potencien su cooperación en este sector. Madrid, 30 de octubre de 2024

Un antimodelo de fiscal general: inidóneo, condenado por desviación de poder e investigado por revelación de secretos

UN ANTIMODELO DE FISCAL GENERAL: INIDÓNEO, CONDENADO POR DESVIACIÓN DE PODER E INVESTIGADO POR REVELACIÓN DE SECRETOS El pasado día 16, el Tribunal Supremo (TS) abrió una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (AGO) por un supuesto delito de revelación de secretos, al ordenar la publicación de una nota de prensa en la que se hacían públicos datos reservados de las negociaciones de la Fiscalía de Madrid con el empresario Alberto González, expedientado por la comisión de supuestos delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. Ha sido asimismo imputada la fiscal-jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que fue quien facilitó los datos secretos del expediente. Los españoles padecemos un fiscal general del Estado -más bien del Gobierno- que nos merecemos por nuestros muchos pecados políticos. AGO fue considerado inidóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial, condenado por el TS por desviación de poder y está siendo investigado por dicho Tribunal por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos ¡Menuda joya! Estima que la Constitución está pasada de rosca y que su misión no es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y velar por la independencia de los tribunales, (artículo 124-1), sino luchar contra los bulos y e fango que difunden los seudo medios de comunicación y los jueces corruptos, con el fin de perjudicar el jefe, Pedro Sánchez, y a su honorabilísima esposa, Begoña Gómez, campeona indiscutible en la captación de fondos financieros, merced a la benevolencia de su ilustre marido. Supuestos de hecho del “caso García Ortiz” El empresario Alberto González había sido expedientado por la AEAT y su defensa propuso un pacto de conformidad, por el que -a cambio de reconocer los hechos y devolver las sumas defraudadas, se le redujera considerablemente la posible condena. El 12 de marzo de 2024, el “Diario.es” publicó que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había defraudado €350.591 a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. El día 13, “El Mundo” informó a las 21.30 que la Fiscalía había ofrecido a González un pacto para que admitiera dos delitos fiscales mientras se judicializaba el caso, y a las 23.51, la Cadena SER aseguró que había sido el novio de Ayuso quién ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de delitos, para evitar el juicio. Ese mismo día, el fiscal encargado del asunto, Julián Salto, remitió la denuncia al abogado de González para facilitarle el derecho a la defensa y le indicó que la existencia de otras personas denunciadas en el procedimiento no constituía un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal. AGO pidió a la fiscal Rodríguez que le enviara con urgencia el expediente de González, y ésta telefoneó a Salto -al que hizo salir del estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid y el Milán estaban jugando un partido de fútbol- y le ordenó que le mandara sin demora el citado expediente, que, tras ser recibido, la fiscal lo remitió al correo personal de AGO y no al oficial, como hubiera sido lo normal. Aquí ya empieza a oler a chamusquina. El día 14, la Oficina de Prensa de la Fiscalía General elaboró una nota informativa -bajo el encabezamiento de la Oficina de Prensa de la Audiencia Provincial- en la que reproducía entre comillas algunos párrafos literales de los correos intercambiados entre la Fiscalía y la Defensa. La nota fue enviada a la Oficina de Prensa de la Audiencia madrileña, para que fuese publicada como cosa suya y con su membrete, pero el jefe de la Oficina -tras consultar con la Fiscal Superior, Almudena Lastra- se negó a hacerlo. AGO llamó a Lastra para pedirle que sacara la nota, pero ésta apoyó la decisión de su subordinado al estimar que la nota no era correcta y apreciar la ilegalidad de semejante petición. El fiscal general volvió a telefonear a Lastra, pero ésta no se puso al teléfono, de modo que le envió un correo en el que decía que la nota era correcta, que había que defender a los compañeros fiscales que habían actuado de forma impecable y que se trataba de desmentir un bulo. La intención de AGO quedó claramente reflejada al afirmar que “si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato”. ¿A quién le ganaban el relato? El uso del “Nos” mayestático suponía que los perjudicados serían él y, por supuesto, Sánchez y su Gobierno ¿En qué disposición del Estatuto Fiscal se indica que una de las misiones de la Fiscalía sea la de desmentir bulos publicados en los medios de comunicación? En cualquier caso, lo que había publicado “El Mundo” no era ningún bulo, sino una noticia incompleta, ya que -en el momento de la publicación del artículo- el diario no tenía conocimiento del correo en el que el letrado de González solicitaba un pacto de conformidad. El fiscal general consideraba indispensable dejar claro que quien había tomado la iniciativa era la Defensa y no la Fiscalía, pero eso no tenía la menor relevancia procesal, dado que lo importante era ver si se llegaba a un acuerdo de transacción, y la Fiscalía parecía estar proclive a lograrlo, hasta que conoció A través de Rodríguez que el expedientado era el novio de Ayuso, pese que no lo fuera cuando cometió el supuesto fraude. Lo más llamativo del caso era la urgencia extrema de AGO en desmentir un bulo que no era tal, como mostró al sacar al fiscal Salto de un partido internacional, elaborar una nota informativa a altas horas de la noche e iniciar al día siguiente gestiones para que se divulgara la citada nota. Él mismo explicó las razones al expresar la necesidad de que no le ganaran el relato. También resultaba sospechoso su intento de que la nota en cuestión fuera presentada por la Fiscalía de Madrid en vez de por la Fiscalía General, pero pinchó en hueso al topar con una fiscal responsable, que no aceptó sumarse a la turbia actuación del “capo”. Ese mismo día, “El País” publicó una captura del escrito de la Defensa, en el que reconocía el delito y pedía llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El 20 de marzo, el Colegio de Abogados de Madrid presentó una denuncia contra la Fiscalía por revelación de secretos, en la que aseguraba que, tanto el comunicado como el contenido del correo electrónico que se publicó, desbordaban el deber de información. González también presentó por el mismo motivo una querella contra los fiscales Salto y Rodríguez, y contra el fiscal general, que fue admitida a trámite por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Goyena, para los dos primeros, aunque no para AGO por estar aforado. El 11 de junio, el fiscal general envió un escrito en el que indicaba que la difusión de la nota no se habría producido sin su autorización y sin sus instrucciones expresas y directas, por lo que el instructor se declaró incompetente, dejó de instruir el caso, y se limitó a redactar un auto motivado para someterlo a la consideración y decisión del TS. La instrucción, quedó inconclusa respecto a extremos relevantes y necesarios para valorar cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes de que se publicara a la nota informativa, “cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial, enviados por Salto a partir en las 22,00 horas del día 13 de marzo, ambos dispusieron de ellos para elaborar y consensuar la nota informativa” El 16 de octubre, la Sala Segunda de lo Penal del TS avaló por unanimidad la propuesta del magistrado instructor y decidió abrir una causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, en relación con la difusión de datos relativos a la investigación de un particular por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. El Tribunal también decidió investigar a la fiscal Rodríguez, pese que no tuviera la condición de aforada, dada la inescindible conexión entre los comportamientos de ambos fiscales, que impedía la incoación de causas separadas. La Sala precisó que la cuestión primordial era determinar si la conducta atribuida por los querellantes a los querellados podía subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tuviera conocimiento por razón de oficio o cargo y que no debieran ser divulgados. En relación con la nota informativa, los magistrados llegaron a la conclusión de que aparentemente no proporcionaba información indebidamente revelada, dado el conocimiento el público de los hechos, que habían sido sacados a la luz por distintos medios de prensa y programas radiofónicos los días 12 y 13 de marzo, incluido el correo del abogado en el que decía que su cliente estaba dispuesto a reconocer íntegramente los hechos, asumía la comisión de sendos delitos contra la Hacienda, y se comprometía a pagar la cuota defraudada y los intereses de demora. De la declaración del fiscal Salto se desprendía, no obstante, que, horas antes de su publicación, los correos cruzados entre el fiscal y el abogado de González habían sido revelados mientras estaban en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial. A altas horas de la noche del día 13, el expediente solo era conocido por la defensa, los fiscales madrileños y el fiscal general y, de todos ellos, el único que había mostrado un extremado interés en que se publicara la nota informativa era él. Aparte de los fiscales citados, únicamente podían tener conocimiento de los mismos el propio AGO y personas de su entorno inmediato. Como le gusta decir a Sánchez y a sus ministros, “blanco y en botella”. Si a los pocos minutos de haber recibido en su correo particular el expediente, datos contenidos en el mismo aparecieron publicados en medios afines al Gobierno, no hacía falta ser Sherlock Holmes para llegar a la conclusión -presunta por supuesto- de que el filtrador de los correos fue AGO o alguna persona de su entorno íntimo a la que hubiera revelado los datos reservados contenidos en el expediente. Cabe preguntarse “Cui prodest” - ¿a quién beneficia?-. Obviamente al fiscal general, para ayudar a Sánchez a ”ganar el relato”, que era más importante que la verdad, ¿Qué es la verdad? se preguntará el presidente en plan Pilato… Cuando AGO fue objeto de la querella, gallardamente asumió la responsabilidad por la elaboración y publicación de la nota infractora de la legalidad, pero ahora que le ve los dientes al lobo, no es tan asertivo en sus afirmaciones, y dicen “fuentes” de la Fiscalía que había más de 18 personas que estaban al tanto del contenido del expediente, por lo que -de haber habido una filtración dolosa- vaya usted a saber quién podría haber sido su autor. Según el TS, existía indiciariamente una carga de lesividad que perjudicaba el derecho de defensa de un particular, que se enfrentaba a un proceso judicial y el correo en el que asumía su culpabilidad -no llevado a cabo conforme a los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- podría tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia. Revelar esos datos no era compatible con la misión de información a la opinión pública de los acontecimientos de interés que el Estatuto Fiscal atribuye a la Fiscalía, porque, para hacer una precisión informativa, no es necesario vulnerar la presunción de inocencia de nadie. Del tenor del auto de imputación, se deduce que el Tribunal se inclina por investigar la filtración del correo de la defensa de González y no tano la revelación de secretos, a lo que está obligado cualquier funcionario público. Sin embargo, “lo cortés no quita lo valiente” y, aunque el instructor deba investigar ambas cuestiones, considero que se debería centrar en la segunda, ya que será muy difícil probar quién fue el autor de la filtración, aunque haya indicios suficientes para poder hallar al culpable. Se ha producido revelación de secretos haya habido o no filtraciones previas, y la revelación la ha hecho quien posee la información fehaciente, la Fiscalía, que tiene el deber del sigilo. Con independencia de quien haya sido el filtrador, creo que, al redactar y difundir la nota de prensa, AGO ha violado el artículo 417 del Código Penal, cuyos requisitos caen como anillo al dedo del fiscal general, porque a) es autoridad y funcionario público, b) ha tenido conocimiento por razón de su cargo de información no divulgables, c) ha revelado secretos, y d) ha causado grave daño a un tercero. Por ello, AGO podría ser condenado a una pena de prisión de 2 a 4 años, y a una inhabilitación especial para cargo público de 3 a 5 años, e incluso podría perder la carrera. AGO ha violado asimismo el artículo 197, que establece que, quien para vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos, será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años. Penas similares se impondrán al que, sin estar autorizado, utilice en perjuicio de terceros datos reservados de carácter personal o familiar, que se hallen registrados en ficheros, soportes informáticos o cualquier otro archivo o registro. El fiscal general ha utilizado los datos de González -que ha obtenido de sus subordinados abusando de su superioridad jerárquica- para perjudicar a un particular, que tiene la suerte o la desgracia de ser el novio actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que Sánchez ha acusado de corrupción y de aprovecharse económicamente de las puestas actividades delictivas de su pareja. Reacción a la decisión del Tribunal Supremo Como ya lo venía advirtiendo, AGO se ha negado a dimitir pese a su imputación y se atornilla al sillón curul, acudiendo -como es habitual en la “Sanchosfera"- a la mentira y al engaño. Ha alegado “pro domo” que no dimitir “es lo menos grave y más prudente para la institución a medio y largo plazo”, y “refuerza la independencia de la Fiscalía española”. No solo no dimite, sino que -con su chulería y prepotencia habituales- ha lanzado veladas amenazas. “Los fiscales manejamos material muy sensible y también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra -que por supuesto no voy a usar jamás- para insinuar y para filtrar”. No estoy convencido de que no lo haga. La situación en la que se ha colocado AGO y ha situado al Ministerio Fiscal y a todos sus componentes resulta insoportable, porque al símbolo máximo de la defensa de la legalidad va a ser investigado por infringirla, y es especialmente grave porque el fiscal general puede dar órdenes vinculantes a todos los miembros de la carrera fiscal. Según Javier Tajadura la dependencia jerárquica es imprescindible para asegurar la unidad de actuación de los 2.700 fiscales, que deberán interpretar la legalidad con criterios uniformes. La imputación de AGO es un caso de extraordinaria gravedad al afectar a quien es el principal responsable de la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, al que se acusa de quebrantar la ley cuyo cumplimiento debe garantizar, para perjudicar los derechos de un ciudadano particular. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre sí existen o no indicios racionales de criminalidad en la conducta del fiscal general y sería absurdo que el propio interesado fuera quien tuviera que determinarlo. La reacción de la mayoría de los fiscales, de los sectores jurídicos y de la opinión pública en general ha sido de incredulidad y consternación. Para hacer el paripé, el fiscal general convocó la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal, no para discutir si debería dimitir o no, sino para justificar su decisión. En la primera -integrada en su mayoría por miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), nombrados por AGO o por su predecesora Dolores Delgado- solo 10 lo apoyaron, 13 se pronunciaron por la dimisión y 9 guardaron un prudencial silencio. En el segundo -máximo órgano de asesoramiento del fiscal general- el veredicto negativo fue de 7 a 4 , y la minoría estaba formada por los dos miembros natos del Consejo y los dos miembros de la UPF, que ha sido la única Asociación que ha respaldado la actuación de AGO. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha afirmado en un comunicado que “mantenerse en el cargo solo se puede interpretar como una voluntad de mantener el control de la institución en su propio interés y no en el de la Fiscalía”, por lo que su dimisión era inevitable. Que AGO se tenga que defender en un proceso penal y a la vez el Ministerio Fiscal deba actuar en defensa de la legalidad cuestionan a esta última, y no se solucionaría el problema con la abstención del fiscal general en dar órdenes, si se recayera esa función en la teniente fiscal Sánchez-Conde, que es una subordinada a la que él eligió y puede cesar, y a la que puede dar órdenes e instrucciones. Resulta imprescindible la dimisión de AGO y el nombramiento de un nuevo fiscal general que garantice la máxima imparcialidad. “La condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes las representamos diariamente con vocación. Revertir esta anomalía y recuperar el respeto a nuestro trabajo requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible”. El fiscal del TS Salvador Viada -destacado miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- ha calificado a la Fiscalía General de “modelo bananero”. AGO tiene derecho a defenderse y a mentir -aunque no sea ético-, pero no a parapetarse detrás de una institución a la que dice proteger. Continuar en el puesto es mejor para él y para el Gobierno, que no lo deja dimitir. Un fiscal puede ser suspendido si comete alguna falta grave -artículo 511-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, pero no el fiscal general, al menos expresamente, Cabría aplicar dicha disposición “mutatis mutandis”, ya que AGO es un fiscal más. El Gobierno ha salido en tromba para respaldar a quien considera uno de sus 23 ministros. Sánchez ha dicho que el fiscal general ha cumplido con su trabajo, que consistía en denunciar a un delincuente confeso, desmentir bulos y combatir la desinformación, aunque para ello disponga de otros medios ajenos a la Fiscalía General. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad se queda con éstos, y que AGO cumplió con su deber de perseguir el delito y contar la verdad. Ha tenido la desvergüenza de afirmar que el Gobierno está con las instituciones y no con los delincuentes. “Si el fiscal general dimitiera o cayera, se estaría cometiendo una injusticia, porque pondríamos en la diana a todos los fiscales de este país”. Ambos han mentido, porque el ofrecimiento de una declaración de culpabilidad en un acuerdo de conformidad no convierte a nadie en culpable y González no ha sido condenado por ningún juez. Aunque el fiscal general dijera una verdad -que no es el caso-, no puede cometer un delito. Si pretendía desmentir lo que consideraba un bulo, podría haberlo hecho mediante una nota informativa en la que expusiera su versión y no tenía necesidad de cometer un delito de revelación de secretos e incluso de prevaricación. Como ha observado Santiago González, la misión del fiscal general no es combatir bulos ni establecer la victoria de la verdad, y AGO no ha sido imputado por eso, sino por revelar secretos. Debido a la extrema jerarquización del Ministerio Fiscal y a las facultades exorbitantes concedidas a su titular, se daría la paradoja de que un subordinado del fiscal general tendría que interrogar a un superior al que debe obediencia ¿Qué lealtad prevalecería en este caso, la debida al máximo organismo del Poder Judicial o al superior del que depende jerárquicamente? Sería una situación insostenible para los fiscales investigadores. Si fuera asumida por la teniente fiscal, es probable que Sánchez-Conde diera prioridad al jefe que la nombró. Para Juan Manuel Dolz - magistrado del TS y miembro de la UPF-, al estar nombrado por el Gobierno, el fiscal general es un actor político, lo que hace desaparecer cualquier apariencia de normalidad. Pese a haber sido declarado no idóneo para el cargo por el CGPJ, el Gobierno nombró a AGO de forma arbitraria. La discrecionalidad del Gobierno debe quedar sujeta a la legalidad y, por eso, muchos fiscales consideraron que el nombramiento fue inadecuado, porque no dio una respuesta razonable o jurídicamente fundada al informe contrario del Consejo. “La dignidad institucional es muy importante. Cuando una persona en el desempeño de su cargo está recibiendo estas descalificaciones tan graves por parte del órgano judicial de máxima categoría, como es el TS y está en curso una causa penal, la dignidad institucional obliga a echar un paso atrás y dimitir”. La regeneración democrática pasa por el cese de AGO, sin el cual no será creíble. No se trata de la crisis de una institución sino de una persona. Según Elisa de la Nuez, AGO confunde la institución con su persona y actúa como un político populista más ¿Se va a investigar a sí mismo? ¿Dará instrucciones generales o particulares a los fiscales que actúen en el procedimiento que le investiga para exculparle? “Lo único razonable es su dimisión”. La pregunta que nos hacemos todos en España es cómo va a defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela. Ha instado a que se aplique el artículo 31 del Estatuto Fiscal, que recoge los motivos por los que se puede cesar a un fiscal. AGO ha llevado a la Fiscalía General a unos extremos inconcebibles y se ha convertido en arquetipo de lo que no debe ser un fiscal general. Ha seguido una política sectaria de nombramientos con los que ha encumbrado a sus colegas de la UPF y a su mentora Delgado, cuyo ascenso y nombramientos han sido echados abajo por el TS, que lo ha acusado de desviación de poder. Ha culminado su disparatada trayectoria con su imputación por revelación de secretos. La mera existencia de una imputación es incompatible con la dignidad institucional del cargo. Como ha afirmado “El Mundo” en un editorial, ” la confianza y la imparcialidad del Ministerio público está muy cerca de romperse para siempre en mil pedazos y el responsable se llama Álvaro García Ortiz. Por cada minuto que prosiga en el cargo, la Fiscalía bajará un escalón más hacia el desprestigio. Su única salida -aunque sea ya al margen del honor- es dimitir”. Madrid, 24 de octubre de 2024