Acuerdo para la renovación del CGPJ, a pesar de todo

ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN DEL CGPJ, A PESAR DE TODO Al fin llega una buena noticia en el polarizado ambiente político que soportamos, porque, después de 5 años y medio, el Gobierno y el principal partido de la oposición han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y nunca es tarde si la dicha es buena. El pasado día 25, el ministro de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, firmaron en Bruselas un acuerdo a estos efectos, bajo la mirada benévola de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova. Este hecho finaliza una situación de anomalía constitucional, pero pone de manifiesto otras anomalías significativas: a) El acuerdo lo han firmado un ministro del Gobierno y un miembro de la Oposición, cuando deberían haberlo hecho los presidentes del Congreso y del Senado, que son las autoridades responsables de la renovación periódica del GPJC; b) la firma se ha producido en Bruselas, cuando debería haber sido realizada en Madrid en las sede de las Cortes, responsables en este asunto; c) ha actuado innecesariamente de mediadora una comisaria europea, cuando se trata de un asunto de la competencia doméstica de uno de los socios de la UE. Pero, dejando de lado pruritos jurídicos, lo importante es que, tras una larguísima y dolorosa gestación, la montaña judicial ha parido una veintena de ratones, muy aseaditos ellos, sin la excrecencia de roedores ultraizquierdistas o nacionalistas. Mi más cordial felicitación a la pareja de hecho, aunque sea de conveniencia y de corta duración. Según un editorial de “El Mundo”, es probablemente el pacto menos malo de todos los verosímiles, aunque luego se autocorrija en parte al afirmar que supone un avance meritorio respecto al sistema actual, que está basado en el reparto de cromos. Yo no soy tan pesimista y comparto la opinión de su columnista, Elisa de la Nuez, de que el acuerdo es en sí mismo una muy buena noticia, habida cuenta de la insostenible situación del CGPJ, que tan nefastas consecuencias ha deparado. Con independencia de que la elección haya sido realizada por una mano ejecutora a la que no correspondía, lo cierto es que se trata de una selección correcta y bien equilibrada, formada por 10 juristas progresistas y 10 conservadores, escogidos de la lista de candidatos elaborada en 2018 por la Junta Electoral Central. El ejecutivo no ha impuesto de antemano el nombre del presidente del CGPJ, que es a la par el presidente del Tribunal Supremo (TS) -aunque está en ello y se habla de la magistrada izquierdista moderada Pilar Teso-, y ha dejado su elección -como manda la Ley- a la libre decisión de los vocales del Consejo. El paquete acordado contiene varias decisiones tendentes a mejorar la independencia del poder judicial, tal como había propuesto el PP, y que resultan muy positivas: a) Los nombramientos del presidente del CGPJ, de los magistrados del TS y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales deberán ser realizados por mayoría reforzada de un mínimo de 13 votos; b) antes de volver al servicio judicial activo, los jueces y fiscales que hayan desempeñado cargos políticos deberán pasar dos años en barbecho; c) para poder ser elegido miembro del TS, los magistrados deberán tener una antigüedad mínima de 20 años de servicio; d) prohibición expresa de ser nombrados fiscal general quienes hayan sido ministros o secretario de Estado; e) tampoco podrán serlo los antiguos consejeros autonómicos y diputados en cualquier tipo durante un periodo de cinco años posteriores a sus ceses. El tema más controvertido -y del que el PP había hecho una cuestión de principio- era el de la modificación del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. El compromiso alcanzado radica en que se adoptará una Ley Orgánica para el reforzamiento de la justicia, en la que se incluirá una disposición adicional única, por la que se dará un plazo de seis meses a los vocales para que presenten propuestas de reforma que establezcan la “participación directa” de los jueces en la elección de los doce vocales de procedencia judicial. Tras realizar un estudio comparado de los sistemas europeos para elección de vocales en órganos análogos, el Consejo deberá adoptar por mayoría de 3/5 una propuesta de reforma, que será remitida a las Cortes para su consideración. El PP ha salido como ganador moral en este enfrentamiento, pero puede tratarse de una victoria pírrica cercana a la política ficción, porque -aunque el PSOE haya cedido aparentemente- sigue manteniendo su radical oposición a que sean los jueces los que nombren a sus pares. Confía en que no se superarán las mayorías reforzadas exigidas y cuenta con la ventaja de poseer la mayoría en el Congreso, uno de los órganos que decidirá sobre la cuestión. Todo dependerá en último término de cómo se interpreten las palabras “participación directa de los jueces”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ya ha afirmado que el pacto no incluye de ninguna de las maneras que los jueces elijan a los jueces. En el lado positivo está la presencia de la Comisión Europea como mentora y supervisora del pacto alcanzado; en el negativo, la notoria falta de credibilidad de Pedro Sánchez y su ausencia de escrúpulos a la hora de incumplir su palabra. Otra ventaja colateral del pacto, ha sido el desbloqueo por parte del PSOE en el Senado de la cobertura de la vacante del Tribunal Constitucional (TC) ocupada por Alfredo Montoya, baja por enfermedad desde julio de 2022. Apenas se ha comentado que mientras demonizaba al PP por bloquear la renovación del CGPJ, el PSOE ha impedido durante dos años que se cubriera una vacante en el TC. El puesto ha sido cubierto por el magistrado del sector conservador José María Macías, con lo que el rodillo en este Tribunal se ha reducido ligeramente, pasando a un 7-5, aunque el comando sanchista liderado por Cándido Conde-Pumpido cuenta con margen suficiente para seguir cometiendo sus continuadas fechorías judiciales. Reacciones ante el acuerdo PSPE-PP sobre el CGPJ Cabe preguntarse qué ha llevado a Sánchez -el “hombre del muro” que le ha negado al PP el pan y la sal- a cambiar una vez más su opinión -en este caso para bien- y aceptar un acuerdo de Estado con el principal partido de la oposición. No había ningún problema jurídico para la renovación, dado que el meollo del acuerdo estaba consensuados desde hace años, y solo faltaba voluntad política para finalizarlo. Incluso cuando la negociación estaba bien encarrilada y a punto de fructificar, Sánchez se salió con uno de sus desplantes y lanzó al PP el absurdo ultimátum de que, si no claudicaba, cambiaría el sistema de elección de los jueces. Especulando -pues no soy un “sanchólogo”-, cabría pensar que, al tener tantos frentes abiertos al mismo tiempo, podría haber considerado conveniente soltar lastre en uno de ellos. A ello se añadiría la contradictoria paradoja de su labor de estadista europeo que negociaba en nombre del socialismo sobre las instituciones de la UE con el PP europeo -en el que su némesis española es el segundo en importancia-, y su negativa a ni siquiera hablar con el PP español y su intención de exterminarlo por ser el elemento más cualificado de la ultraderecha. Aunque siga con su intención de controlar el TS, tendrá que abandonar esa vía e intentar lograrlo por la puerta de atrás, a través de la connivencia de su servil Conde y su cuadrilla progre. El portavoz López dio una de sus lecciones de abogado de secano al afirmar que el Gobierno había objetivado el paso entre la política y la justicia. Como según la Constitución, la justicia emana del pueblo, que está representado en el Congreso, las Cortes no pueden estar al margen. Bolaños estaba eufórico con su criatura y comentó que se había recuperado la normalidad institucional y era una gran día para España, para la democracia y para el Estado de Derecho. Incluso Sumar -que no ha tocado bola en la negociación- se ha sumado con la boca pequeña a los parabienes y su menguante y lideresa, Yolanda Díaz, ha comentado que ha estado en permanente contacto con el PSOE en las negociaciones y contribuido a la elección de vocales, y -para variar- se lanzó a criticar al PP por la muerte de Manolete. Alberto Núñez Feijóo también estaba eufórico y dijo que “se acabó cualquier posibilidad de controlar políticamente al Consejo, se acabaron las puertas giratorias entre el Poder Judicial y el Legislativo, y se acabó el que los jueces no puedan participar directamente en el sistema de elección de sus representantes”. Se ha frenado el ansia del PSOE de colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos empleados en otras instituciones, y se ha conseguido consagrar el principio de que la justicia está al servicio de los españoles y no de los políticos. Ha cumplido los compromisos asumidos de fortalecer y despolitizar la justicia, avanzar en la independencia judicial, realizar una reforma legal para renovar los jueces, acabar con las puertas giratorias y promover la independencia del fiscal general del Estado. Ha aceptado negociar a pesar de la escasa fiabilidad de Sánchez, porque sabía distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Ha logrado salir airoso de la difícil situación en la que se encontraba el PP y los medios de comunicación así lo han reconocido. Misión cumplida. Ha conseguido además el respaldo de todos sus dirigentes, incluidos los más reticentes con el PSOE. Algo bueno debe tener el pacto judicial cuándo ha sido acerbamente criticado tanto por la extrema derecha, como por la extrema izquierda y por los nacionalistas. Santiago Abascal ha acusado a Feijoó de traidor por haber entregado la justicia a Sánchez, justo cuando la corrupción le rodeaba y estaba en mitad de su golpe a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles. El PP es lo mismo que el PSOE y Feijoó legítima a Sánchez y lo atrinchera en un poder absoluto. Ione Belarra ha acusado al PSOE de rendirse ante una derecha que hace la guerra sucia judicial y mediática, y estimado que el acuerdo supone la formación de una gran coalición entre el PP el PSOE. Según Bildu, se ha perpetuado el sesgo político y antidemocrático de la justicia, y su hermano separado del PNV ha mostrado su sorpresa porque se haya tardado tanto tiempo para que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo. Aitor Esteban ha dicho que el PNV no va a votar a favor de ninguno de los candidatos. Puigdemont ha señalado irónicamente que las regeneraciones democráticas las anuncian los dirigentes de izquierda, pero la ganan los de la derecha, y que el PP había sido el vencedor del acuerdo, lo que ha corroborado la combativa portavoz de JxC en el Congreso, Marta Nogueras, al comentar que la regeneración democrática del PSOE era un mero reparto de poder con el PP. Gabriel Rufián ha criticado al PSOE por haber pactado con el PP, un partido al que hace unas semanas responsabilizaba de ser la máquina del fango. El acuerdo no reflejaba la pluralidad de la Cámara. “Me parece una mala cosa, teniendo en cuenta la guerra judicial en este país”. La prioridad del nuevo CGPJ será cubrir con urgencia las 94 plazas vacantes, entre las que se encuentran 25 de magistrado del TS y 38 presidencias de diversos Tribunales, y tratar de normalizar la situación en éstos lo antes posible. Es un tremendo alivio que el Gobierno y sus aliados no hayan logrado controlar el Consejo -como han hecho con el TC-, porque corríamos el riesgo catastrófico de e tener un Supremo trufado de Garzones, Pallines y de Pradas. Sánchez y Conde han creado un Tribunal de Casación por encima del TS Según el artículo 123 de la Constitución, el TS es “el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Desde el comienzo de su mandato, Sánchez ha intentado controlar el TS por distintos medios y, a tales efectos, nombró a Conde presidente del TC para a través de éste, dominar aquél y lo está consiguiendo en buena medida. Para cumplir este objetivo, una vez obtenida de forma obscena una mayoría que más que progresista era “sanchista” -con los nombramientos del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, y la directora general de la Presidencia del Gobierno, Laura Díez, que se sumaron a los progresistas Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y María Luisa Balaguer-, Sánchez/Conde persiguen ahora el doble objetivo de convertir al Tribunal Constitucional en constituyente, creando nuevos derechos fundamentales por la puerta de atrás de la Constitución, y de hacer del TC una Cámara de Casación del TS, a la que poder apelar en casos que, poco o nada, tengan que ver con la garantía constitucionales. 1.-Transformación del TC en un Tribunal constituyente La primera faceta se puso de manifiesto con la sentencia del TC 44/2023, que declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, doce años después la interposición de un recurso presentado por el PP. Al contrario de lo dictaminado en su sentencia 53/1985, el Tribunal declaró la plena constitucionalidad de la Ley y consideró que el aborto era un derecho fundamental absoluto de la gestante. La interrupción voluntaria del embarazo era una manifestación del derecho de la mujer a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables con respecto a su propio cuerpo, y formaba parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad. Aunque la sentencia admitió que la Constitución protegía la vida del no nacido como un derecho fundamental esencial, podía ésta quedar desprotegida durante los 14 primeros meses de la gestación, en los que el nasciturus carecía de derechos y se le impondrían los derechos de la madre a impedir su nacimiento. El Tribunal afirmó que quien no era persona no podía ser titular de derechos fundamentales, en contra de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución de que “todos tienen derecho a la vida”. Como señalaron en su voto particular los cuatro magistrados de la minoría -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa-, los magistrados de la mayoría habían excedido el alcance del control constitucional que correspondía al Tribunal y reconocido un nuevo derecho fundamental denominado “derecho de la mujer a la autodeterminación respecto a la interrupción del embarazo”, lo que era una potestad de poder constituyente y no de los poderes constituidos, con lo que incurrió en un notorio exceso de jurisdicción. Para Espejel, la sentencia no se ceñía a una interpretación estrictamente jurídica y daba entrada a un planteamiento ideológico tendente a crear un inexistente derecho fundamental de la mujer al aborto que -además de dejar desprotegida la vida humana en formación- desbordaba el único modelo constitucional posible según la Ley 2/2010, cerrando el paso a cualquier otra opción. El TC actuó “ultra vires”, al crear un supuesto derecho constitucional como si fuera un poder constituyente, y eliminar otros derechos fundamentales preexistentes, como el derecho a la vida del no nacido. Conde y los magistrados progresistas han convertido el TC en un Tribunal constituyente con las manos libres para cometer cualquier dislate. 2.-Conversión del TC en Tribunal de Casación de las sentencias del TS A diferencia de la jurisdicción del TS que es de ámbito general, la del TC es especializada y residual, y está limitada por las competencias que le han sido específicamente atribuidas por el artículo 161-1 de la Constitución o por una Ley Orgánica “ad hoc", y entre ellas no figuran las de entrometerse en las atribuciones del TS, ni en modificar el contenido de sus decisiones. Pese a ello, el TC ha intentado a menudo enmendarle la plana al TS, como cuando sus magistrados -la mayor parte de los cuales no son jueces- corrigieron la interpretación que éste hacía de la extensión de los plazos procesales, una cuestión técnico-jurídica totalmente ajena a su competencia. Otro importante modo del TC de interferir en las competencias del TS ha sido mediante el abuso en la aceptación de recursos de amparo en base, no a supuestas violaciones de derechos fundamentales, sino a discrepancias sobre las resoluciones sustantivas del máximo Tribunal de la Nación. Tal ha ocurrido recientemente con las concesiones de amparo a Alberto Rodríguez o a Arnado Otegui. En el primer caso, el TC admitió el recurso del ex-diputado canario, que había sido condenado por atentado a un agente de la autoridad. Rodríguez recurrió por estimar que no había cometió delito alguno y el TS convalidó la sentencia, si bien le rebajó la pena a 15 días de prisión y se la conmutó por una multa. El agraviado solicitó amparo al TC y éste se lo concedió por estimar que se había vulnerado su derecho a la legalidad penal. Dio por buenos los hechos considerados probados, pero les dio una interpretación diferente a la del TS, y entró a examinar el fondo del asunto sin tener competencia para ello. En el segundo, Otegui fue condenado en 2011 por terrorismo por la Audiencia Nacional a una pena de 10 años de prisión, que le fue rebajada a 6 años y medio tras su recurso al TS. El terrorista recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estimó que su juicio no haya sido imparcial, debido a un comentario de la presidenta del Tribunal, Angela Murillo, durante el interrogatorio que -aunque fuera poco oportuno- carecía de trascendencia jurídica, y ordenó que se repitiese la vista oral. Otegui se opuso a la repetición del juicio, alegando que, de hacerse así, se violaría el principio “non bis in idem”, conforme al cual no se pueden celebrar dos juicios por unos mismos hechos. Recurrió en amparo al TC, que le dio la razón, pese a que era obvio que no había ocurrido tal cosa pues se habría celebrado un solo juicio, ya que el anterior había sido anulado. El TC aceptó la validez las sentencias del TS y del TEDH, que prescribían la repetición de parte del juicio, pero desechó su contenido, tras examinar el fondo de un asunto que no era de su competencia. Esta obsesión del TC de marcar su superioridad sobre el TS en temas sin conexión alguna con su facultad de ofrecer garantías constitucionales a los ciudadanos, ha alcanzado últimamente unos extremos intolerables con su intromisión en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso del fraude de los ERE, que fue convalidada por el TS. Por dichas sentencias, los miembros de varios Gobiernos autonómicos de Andalucía, incluidos dos expresidentes de la Junta -todos salvo el asesor jurídico y el interventor general, que advirtieron de la ilegalidad de las actuaciones-, fueron condenados a penas de cárcel y de inhabilitación por delitos de prevaricación y de malversación. Los condenados presentaron un recurso de amparo ante el TC y éste aceptó a trámite las demandas y ya ha concedido el amparo a la exconsejera Magdalena Álvarez, y anulado parcialmente su condena por prevaricación, al haberse vulnerado el derecho de legalidad penal en la interpretación que el TS había hecho del artículo 446 del Código Penal, calificada por la ponente Montalbán de frívola, extravagante y escasamente fundada en derecho, ya que la supuesta prevaricación no se refería a una resolución administrativa, sino a un acto de Gobierno pre-legislativo que debería ser aceptado por el Parlamento, por lo que escapaba al control de los jueces al ser un acto político. Siguiendo este increíble razonamiento, la mayoría de los actos de los políticos escaparían al control judicial. Como han observado los magistrados de la minoría en su voto particular, el TC no tiene competencia para definir o interpretar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, y la función de interpretar y aplicar la legislación, subsumiendo en las normas los hechos enjuiciados, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios, y no a los especiales como el TC. Aunque esto es suficientemente grave, aún será peor lo que está por venir, porque en la ponencia de Montalbán sobre el recurso de la viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, no sólo la liberaría total o parcialmente del delito de prevaricación, sino también del de malversación. Las leyes de presupuestos de 2002 a 2009- que no fueron impugnadas- amparaban el modo de gestión globalmente seguido. Los altos cargos tuvieron conocimiento de que las ayudas no se sujetaban a los requisitos del procedimiento aplicable a las subvenciones excepcionales y eran conscientes de los riesgos de desvío que esa aminoración de controles podría generar, pero ese riesgo era inherente al sistema de presupuestación legalmente establecido. Aprobar una ley no era en sí mismo un acto ilegal y todo lo que sirvió para alimentar la partida 31L de los presupuestos –el “Fondo de reptiles”- estaría amparado por esas leyes presupuestarias. Los diputados habían adoptado esta fórmula para dar agilidad a las ayudas a los parados, sin que eso supusiera necesariamente que conocieran el uso fraudulento que se hacía de ellas. No había prueba de que los altos cargos tuvieran conocimiento del uso arbitrario y fraudulento que se estaba dando las mismas, pese a que todos ellos intervinieron de alguna manera en el diseño de un procedimiento que, al eliminar todos los controles, lo hacia posible Esta forzada interpretación permitirá que se vayan de rositas, o con penas testimoniales, los responsables directos o indirectos de una estafa de 679 millones de euros, la mayor habida en la España democrática. Habrá que esperar a conocer las sentencias sobre todas las demandas de amparo presentadas y sus fundamentos jurídicos, pero la intención del Gobierno asumida por el TC es la de exonerar total o parcialmente a los malversadores. Esta inadmisible exoneración se la deberemos políticamente Sánchez y jurídicamente a Conde, con la actuación estelar de Montalbán, vinculada al socialismo sevillano y a la que José Antonio Griñán otorgó la Medalla de Oro de Andalucía ¡Cada palo que aguante su vela! Madrid, 27 de junio de 2024

Nueva derrota de la izquierda en las elecciones europeas

NUEVA DERROTA DE LA IZQUIERDA EN LAS ELECCIONES EUROPEAS El pasado 9 de junio finalizaron las elecciones al Parlamento Europeo (PE) en los 27 Estados miembros de la UE, con la victoria del Partido Popular Europeo (PPE), seguido por la Alianza Progresista de Socialistas (S&D). Se ha producido un vuelco hacia la derecha y ha aumentado en la Cámara la presencia de los partidos de extrema derecha, si bien se ha mantenido la mayoría centrista integrada por el PPE, la S&D y los partidos liberales de Renew Europe. Desarrollo de la campaña electoral Las campañas en los distintos países se han centrado sobre temas nacionales y se han pasado por alto los graves desafíos a los que se enfrenta la UE en el inmediato futuro. Esta actitud de despreocupación por los asuntos que afectan a los Estados miembros de la Unión se ha puesto obscenamente manifiesto con la campaña realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que se ha ignorado por completo los problema europeos y se ha centrado en los nacionales, los internacionales extraeuropeos e incluso los personales de presidente del Gobierno. En la campaña no se ha dicho ni una palabra sobre cuestiones esenciales como la inflación, el endeudamiento, el equilibrio financiero, la transición energética, la situación del campo o la inmigración, y el tema monotemático has sido la guerra a muerte contra la ultraderecha -en la que ha incluido al PP-, la construcción de muros, la máquina del fango, la lucha contra Milei, Bolsonaro, Trump, Netanyahu, Rajoy, Aznar, Feijóo y el juez Peinado, y -como guinda del pastel- la exaltación de la profesionalidad de Begoña Gómez. Como observó en “El Debate” Gabriel Albiac; no íbamos a votar sobre diputados que irían a no hacer nada a Bruselas o a Estrasburgo, sino sobre la perennidad de Sánchez, y -de la resignación y la rabia- se pasaría a una tomadura de pelo. Las elecciones europeas eran un plebiscito sobre la impunidad de la persona que moraba en La Moncloa, los negocios de los parientes, la compra de sus colegas de partido, la demolición acelerada del sistema constitucional de garantías, y la inmunidad penal de todos aquellos cuya gracia necesitara garantizarse el César para seguir imperando. “. Lo que es ahora cuestión de pura y simple supervivencia es el plebiscito en marcha. En pleno mercado de compraventa y trueque de presidencias entre Puigdemont y Sánchez, las europeas van a ser la pantalla sobre la cual percibir la resignación o la rabia”. Efectivamente, Sánchez convirtió las elecciones al PE en un plebiscito sobre su persona, y el PP de Alberto Núñez Feijóo entró en el tramposo juego con su obsesión de echarlo del Gobierno, lo que resultaba contraproducente, porque el presidente movilizó a sus huestes, que hicieron piña en torno al Caudillo y a su emprendedora esposa. El mitin de Benalmádena fue un esperpento indecoroso en el que se homenajeó a una persona bajo sospecha. Resultaba alucinante ver y oír a toda una vicepresidenta del Gobierno gritando histérica cuatro veces consecutivas “!No pasarán!”, como una pasionaria de vía estrecha. ¿Quiénes no van pasar? ¿Los jueces, los mecenas, las dadivosas empresas, la UCO, las inexistentes licenciaturas, la vergüenza torera…? Los ciudadanos de países miembros de la UE nunca se han tomado demasiado en serio las elecciones al PE y aprovechan la ocasión para dar votos de castigo a sus Gobiernos en relación con temas que nada tienen que ver con la Unión, y han elevado a la dignidad de eurodiputados a personajes impresentables como José María Ruiz Mateos, Jesús Gil o Alvise Péréz. Dicha falta de interés se ha puesto de manifiesto con la escasa participación de los ciudadanos en las mismas, pese a que en algunos Estados -como Bélgica, Luxemburgo o Bulgaria- la votación es obligatoria. La participación media en dichas elecciones es del 50.97% , aunque los porcentajes varíen de forma notoria entre los 88.92% de Bélgica y el 21.34% de Croacia. En las primeras elecciones en las que España participó en 1987, votó el 68.52% , pero esta participación ha ido bajando desde entonces hasta llegar en 2024 al 49.21%. Los españoles deberían mostrar mayor interés, aunque solo fuera por el hecho curioso de que el partido que gana las elecciones europeas suele ser el ganador de las siguientes elecciones generales. Resultados de las elecciones en la UE y en sus países miembros Salvo el PPE, han perdido escaños los partidos que integraban la mayoría centrista y los situados a la izquierda del espectro político, mientras que han aumentado su representación los partidos de derechas. El “ranking” en escaños ha sido el siguiente: PPE 186 (+10), APS 135 (-4), Renew 79 (-23), Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) 69 (=), Verdes/ALE 53 (-19), Identidad y Democracia (ID) 58 (+9), No Inscritos, 45 y Otros 55. Entre los No Inscritos figura la neo-nazi Alternativa para Alemania (AfD), que fue recientemente expulsada del grupo ID y, entre los Otros el Fidesz de Viktor Orban, que fue excluido en su día del PPE. Es probable que se produzcan nuevos reagrupamientos y tránsitos de partidos de un Grupo a otro. En varios países miembros se han producido importantes cambios, que repercutirán sin duda en funcionamiento del PE. 1-Francia: El ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen -liderado por el joven Jordan Bardella- ha ganado las elecciones con el 34,43% de los votos y 30 escaños, frente a los 13 de la candidata gubernamental Valérie Hayer y de los socialistas, los 9 de la Francia Insumisa y los 6 de los Repúblicanos. Tras la hecatombe de su partido, Emmanuel Macron ha hecho un “Sánchez”, disuelto el Parlamento y convocado elecciones generales para el 30 de junio. Creo que se ha apresurado y ha cometido un grave error que le puede resultarle bastante caro a él, a Francia y a la UE. 2.-Alemania: Ha ganado la CDU con 30% de los votos y 29 escaños, pero se han producido dos resultados muy negativos: el segundo puesto ha sido para la AfD con 15 escaños (+6), y el tercero para el SPD de Olaf Scholz con solo 14 (-2), los peores resultados de su historia. Los neo-nazis han vencido en la antigua RDA, lo que demuestra que los extremos comunistas y fascistas se tocan. También han perdido peso los otros dos socios del Gobierno: los Verdes con 12 diputados (-9) y el FDP con 5. 3.-Italia: Han vencido los Fratelli de Giorgia Meloni con 24 escaños, seguidos del Partido Democrático (21), Cinco Estrellas (10), y Forza Italia y la Liga (8). La presidenta tendrá que decidir si acepta la propuesta de Le Pen de fundir el CRE y la ID para crear un gran Grupo de extrema derecha u opta por mantenerlos separados y dejar abierta la posibilidad de acuerdos con el PPE sobre cuestiones puntuales. 4.-Polonia: La Coalición Cívica de Donald Tusk ha aguantado la embestida del ultranacionalista Jaroslaw Kaczynski y conseguido 37.1% de los votos y 21 escaños, frente al 36.2% y 20 diputados de Ley y Justicia. Konfederatzia con sus 6 diputados se ha incorporado al PPE y ha reforzado las posiciones centristas. 5.-Benelux: En las fracturada y caótica estructura política belga hasta 13 partidos han sacado diputados, pero un máximo de 3. Los más votados han sido Vlaamde Alliantze -nacionalista- y Vlaam Belang -ultraderechista-. El Partido Liberal Flamenco de Alexander de Croo ha fracasado rotundamente y el primer ministro ha presentado su dimisión. En Países Bajos ha ganado el Partido Socialdemócrata de Frans Timmermans -21.1% y 8 escaños-, seguido del ultraderechista Partido de la Libertad de Geert Wilder -17% y 6-, y del PVV de Mark Rutte -11.4% y 4-. En Luxemburo, sus 6 caños se han dividido entre 5 partidos, resultando ganador el Partido Popular Socialcristiano con 2. 6.-Portugal/Irlanda/Austria: En Portugal, la gubernamental Alianza Democrática ha igualado en 7 escaños al Partido Socialista, pero éste ha superado a aquél en votos - 32.4% frente al 31.9%-. El populista Chega ha perdido 9 puntos con respecto a las elecciones generales y solo ha conseguido 2 diputados. En Irlanda se han repartido 3 escaños los gubernamentales Fine Gael y el Fianna Fail, el nacionalista Sinn Fein y un grupo independiente. Otra sorpresa la ha dado Austria por el triunfo del ultraderechista FPO con 6 escaños -25.4%-, seguido de cristianodemócratas y socialistas con 5. 7.-Grecia/Chipre/Malta: En Grecia triunfó la gubernamental Nueva Democracia con 7 diputados, seguida de Syriza con 4 y el Pasok con 2. Chipre ha distribuidos escaños entre 5 partidos, consiguiendo 2 de ellos el cristianodemócrata Disy, y en Malta, laboristas -45.26%- y populares -42%- se han repartido los 6 escaños, y la líder de éstos, Roberta Metsola, tiene muchas posibilidades de mantener la presidencia del PE. 8.-Grupo de Visegrado: En Hungría se ha impuesto el Fidesz de Viktor Orban -44.8% y 11 diputados-, pero sorprendentemente el partido opositor Tisza ha conseguido 29.6% de los votos y 7 diputados. En Eslovaquia también ha habido sorpresa al ganar el Partido Socialista -27.8% y 6 escaños- frente al gubernamental Simer del primer ministro Robert Fico. En la República Checa ha ganado la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos -26.1% y 7 diputados-, seguido del cristianodemócrata SPOLU -22.3% y 6-. 9.-Balcanes: En Rumanía, la coalición nacionalista liberal CNR ha obtenido 21 diputados y la socialista AUR 6. En Bulgaria, los partidos populares han conseguido 6 escaños, los liberales 5 y los socialistas 2. El Partido Popular ha obtenido 6 escaños en Croacia -34.6%- y el socialista SDP 4 -26%-. En Eslovenia, ha vencido el Partido Popular SDS con 4 diputados -30.6%-, seguido del liberal GS con 2 -22.2%-. 10.-Países escandinavos: Los partidos socialdemócratas y verdes han mantenido su influencia. En Suecia, los socialdemócratas han logrado 5 escaños -24.8%- y el Partido Moderado 4; en Dinamarca, la Izquierda Verde -17.4%- y el Partido Liberal de la presidenta Mette Frederiksen -15.6%- obtuvieron 3 escaños cada uno, y el Venstre 2 -14.7%; y, en Finlandia, la centrista Coalición Nacional consiguió 4 diputados -24.8%- y la Alianza de Izquierdas 3 -17.3%-, el Partido Socialdemócrata -14.9%- el liberal Kesk -11.8%- y la Liga Verde -11.3%- dos cada uno. El ultranacionalista Partido de los Finlandeses solo ha conseguido un escaño. 11.-Países Bálticos: Han vencido los partidos de centro-derecha. En Estonia ganó el cristianodemócrata Isamaa -21.5%- seguido por el socialdemócrata SDE -19.3%-, con dos diputados cada uno. El Partido Reformista de la presidenta Kaja Kallas solo obtuvo un escaño. El Lituania, los populares consiguieron 3 diputados -21.3%- y los socialistas 2 -18%-. En Letonia, la centrista Nueva Unidad de la presidenta Evika Silina -25%- y la nacionalista Alianza Nacional -22%- lograron dos diputados cada una y los restantes 5 escaños fueron ganados por 5 partidos diferentes. La impresión general es que ha habido un corrimiento hacia la derecha -ya reflejado en las últimas elecciones nacionales-, pero no hacia la extrema derecha, como algunos medios la comunicación han estimado en base al considerable progreso de los partidos ultranacionalistas en Francia y Alemania. Según Ignacio Molina, ha ganado el europeísmo más conservador, en detrimento del socio-liberal. Para Aníbal Jozami -en “Fundación del Foro Sur”- la UE se ha desplazado a la derecha, pero no hacia su variante extrema, y nada indica que se haya renunciado a la vocación europeísta e integradora. Más de 400 de los que 720 eurodiputados son europeístas convencidos y mantienen la mayoría detentada por los Grupos centristas del PPE, la S&D y Renew. El European Council of Foreign Relations ha dado una versión pesimista del vuelco producido y ha comentado que -entre la esperanza y el miedo- la UE se ha inclinado hacia éste. El nuevo PE será más beligerante con la cesión de competencias y, en consecuencia, la integración podría sufrir un frenazo. Ha señalado que hay que “renovar las categorías, actualizar los modelos y repensar hasta el sentido mismo del europeísmo”, y que hace falta “otra ilusión, otras promesas, otras esperanzas”. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento a socialistas y liberales para mantener la colaboración con el PPE, y afirmado que “construiremos un bastión contra los extremistas de izquierda y de derecha. Los partidos de centro tenemos una gran responsabilidad. Podemos discrepar en asuntos concretos, pero todos queremos estabilidad y una Europa eficiente que funcione”. Hay, por tanto, margen suficiente para que el proceso de integración no se vea adversamente afectado, si bien habrá un cambio de prioridades. Cómo ha señalado Pablo Suanzes en “El Mundo”, ha pasado la era del Pacto Verde, y entramos en la de la competitividad, la industria, la economía, y la seguridad y la defensa. En opinión de Belén Becerril, es fundamental mantener la unidad entre los Estados miembros para afrontar con éxito la pérdida de peso económico y demográfico de Europa en un mundo de gigantes. Resultados de las elecciones en España La elecciones en España han sido ganadas por el PP, que ha sacado 701.781 votos, 4.2 puntos y 2 escaños más que el PSOE. Los populares se han impuesto en 13 Comunidades, incluidas Castilla /La Mancha y Asturias. Los partidos a su izquierda han decrecido y los de la derecha extrema crecido, tanto en número como en la aparición del seudo partido “Se Acabó la Fiesta”. Los resultados han sido los siguientes: -PP: 5.963.074 votos (34.2%) y 22 escaños (+10) -PSOE 5.261.293 “ (32.2%) y 20 “ ( = ) -Vox 1.678.218 “ ( 9.6%) y 6 “ (+ 2) -A. República 856.500 “ ( 4.9%) y 3 “ ( = ) -Sumar 815.545 “ ( 4.7%) y 3 “ (- 3) -SALF 800.763 “ ( 4.6%) y 3 “ (+ 3) -Podemos 571.902 “ ( 3.3%) y 2 “ (+ 2) -JxC 433.000 “ ( 2.5%) y 1 “ (- 2) -PNV/CC 281.064 “ ( 1.6%) y 1 “ ( = ) Ciudadanos perdió sus 7 eurodiputados -pese haber realizado una brillante labor en el PE-, y la agrupación liderada por el populista Alvise Pérez -que ha criticado a Felipe VI por haber avalado con su firma la inconstitucional Ley de Amnistía- ha conseguido 3, lo que revela la bajeza moral de una parte de la sociedad española. El PP tiene un problema con las empresas demoscópicas, que parecen confabularse en su contra. Todas ellas -salvo la del CIS del inefable Tezanos, que daba la victoria al PSOE por amplio margen- auguraban al comienzo de la campaña una amplio triunfo de los populares, que se ha ido reduciendo durante la misma hasta obtener solo 2 escaños más que su némesis socialista. La portavoz socialista, Esther Peña, ha considerado muy positivos los resultados de los comicios, porque el PP no ha conseguido destrozar a Sánchez y “resistir es ganar”. La amarga derrota se convierte en dulce, aunque sirva de bien poco. El que no se consuela es porque no quiere. Según ha señalado Jorge Bustos, Sánchez ha perdido cuatro elecciones, carece de mayoría para legislar, tiene a la mujer y el hermano investigados por corrupción, es rehén de un prófugo como Puigdemont que es su casero con derecho desahucio, se encuentra con la oposición de jueces y fiscales a amnistiar a éste del delito de malversación, y ha decidido liquidar la separación de poderes en 15 días si el PP no se aviene a mercadear los vocales del CGPJ. Ante esta situación tan resiliente, el presidente ha anunciado la adopción de un “paquete de calidad democrática”, en homenaje al Bardem de “Huevos de oro”. La voluntad de Pedro de “eternizar lo inviable” -García Page ”dixit”- pasa así por un órgano más genital que institucional. No deja de haber algo de razón en esta euforia socialista porque “en el reino de los ciegos, el tuerto es rey”, España -como ha observado Leyre Iglesias- ha sido un ejemplo de moderación entre los grandes países de la UE. Mientras en Francia ha arrasado Le Pen, en Alemania la ultraderecha pro-nazi ha quedado segunda, y en Italia ha triunfado la posfascista Meloni, en nuestro país los dos grandes partidos tradicionales han ocupado los primeros puestos y la ultraderecha -aunque haya progresado- no lo ha hecho al ritmo de los citados países. El problema es que Sánchez -el rey de la paradoja- presenta un rostro bifronte, según mire al exterior o al interior. “Ad extram”, Sánchez centró su campaña de las elecciones en la lucha contra la ultraderecha en Europa, para lo que necesitaría la actuación conjunta con el Grupo del PPE, que ha sido el gran triunfador en la UE, gracias a la contribución de la CDU alemana y del PP español. “Ad intram”, sin embargo, el presidente -que mantiene una relación difícil con los principios de la democracia liberal- considera al PP como una parte esencial de la ultraderecha. ¡Agárrame esa mosca por el rabo! A pesar de sus reconocidas facultades para la manipulación y la cuadratura de círculos, ¿cómo puede Sánchez pedir al PPE que le ayude erradicar al PP español, al que culpa de pertenecer a la caverna ultraderechista y de albergar en la Comunidad de Madrid la maquinaria del fango? Pese a haber perdido las elecciones en España, como consecuencia del fracaso de los partidos socialistas europeos, el PSOE se ha convertido en el principal partido del Grupo S&D, y Sánchez será -junto con Scholz- su principal interlocutor con el PPE de Manfred Weber -al que ha llamado nazi- y de Feijóo -al que ha llamado de todo menos bonito-, para negociar la acción conjunta contra la ultraderecha, de la que forma parte -a su juicio- el segundo partido en importancia de dicho Grupo, que es el fulcro sobre el que girará la actuación contra los extremismos de derechas y de izquierdas, como ha reclamado von der Leyen. Otro punto contradictorio al que deberá enfrentarse Sánchez en su labor negociadora es el hecho de que extremistas de derecha -como JxC- y de izquierda -como ERC, Bildu e incluso lo que queda de Sumar- forman parte de su Gobierno o son sus aliados. No obstante -según Leyre Iglesias-, aunque el fango de La Moncloa sea más espeso que nunca, por suerte la UE sigue donde estaba y -si nada se tuerce- la coalición de populares, socialdemócratas y liberales continuará gobernándola, porque hoy día el centroderecha y el centroizquierda comparten mucho más que cada uno de ellos con sus extremos. Además, ante el evidente giro hacia la derecha en Europa, una de las formas más eficaces para luchar contra ultraderecha, es impedir que ésta se una a otras fuerzas de la derecha europeísta, como Forza Italia y los Fratelli, o los republicanos de Francia. Conviene que el centrismo europeo abra vías de colaboración con el Gobierno de Meloni en temas puntuales sobre los que están de acuerdo, como el de la guerra en Ucrania o el reforzamiento de la defensa y la seguridad de Europa. Volviendo a España, Narciso Michavila ha señalado que -pese a la exigua diferencia en escaños entre el PP y el PSOE- se ha producido una revolución electoral al conseguirse por primera vez que los votos de los partidos de la derecha superen a los conseguidos por la suma de los partidos de izquierda y de los independentistas, pero esta situación se va a desaprovechar. Algo similar se produjo en las elecciones catalanas cuando los partidos constitucionalistas superaron en votos y en escaños a los separatistas, pero el sectarismo del Gobierno de Sánchez -que depende de Puigdemont y de ERC para sobrevivir- y el servilismo del PSC -que tiene poco de constitucionalista y está siempre dispuesto a hacer de mamporrero del nacionalismo- han impedido aprovechar esta situación única. La constitución del Parlament y el nombramiento como presidente de Josep Rull -tras negarse Illa a negociar con el PP y excluirlo de la Mesa “anti-represiva”- han movido la moviola hacia el 2017, con el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, la elección de un President separatista, los discursos en pro de la autodeterminación y la independencia, y hasta el regreso de los marchitos lazos amarillos. Siguiendo su tradición, ERC ha apuñalado por la espalda al PSC, quien -como muestra de reconocimiento- le ha abierto las puertas del Ayuntamiento de Barcelona, a cuya presidencia llegó Collboni gracias al desinteresado apoyo del PP, al que ha ninguneado una vez más. Que Puigdemont vuelva a la presidencia de la Generalitat es algo más que una hipótesis de trabajo y solo depende de que Sánchez lo precise para mantenerse en el poder. Otra posibilidad es que haya que repetir las elecciones, ya que ningún candidato cuenta por ahora con mayoría suficiente. Ante la última derrota electoral, la disgregación de su Gobierno Frankenstein, la negativa de jueces y fiscales a amnistiar a malversadores, y los graves problemas de índole familiar, Sánchez ha iniciado una huida hacia adelante e intentado cambiar el marco político. Tras afirmar que la soberanía de España reside en el Congreso (¿?), ha reanudado la lucha abierta contra los jueces, los medios de comunicación fangosos y las tres cabezas se la hidra de la ultraderecha. Ha dado un ultimátum al PP para que permita la renovación del CGPJ en sus términos y amenazado con cambiar el modo de designación de los altos cargos judiciales ¿Se atreverá a violar el artículo 122-2 de la Constitución que establece que el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y que entre sus funciones figuran los nombramientos, los ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de los jueces? No me extrañaría nada porque con Sánchez todo es posible si con ello consigue conservar el poder, que es su aspiración suprema. Madrid, 13 de junio de 2024