Desconcierto fiscal catalán

DESCONCIERTO FISCAL CATALÁN Pedro Sánchez es un personaje que tiene clara la idea -quizás la única- de que la prioridad de las prioridades es su interés personal, que se cifra en su mantenimiento en el poder como sea y que prevalece sobre cualquier otro posible interés. Sí para continuar en La Moncloa o para instalar a su pupilo Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat había que conceder un concierto fiscal singular y único a Cataluña, pues “no problem”. ¡Dicho y hecho! El problema es que los más íntimos colaboradores del presidente del Gobierno, no tienen la extraordinaria capacidad de transformismo de su amado líder, que deja a Houdini y a Rasputín en paños menores. Tal es el caso de la segunda gerifalte socialista, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y “cheerleader” de la “claque” sanchista. Contradicciones de la vicepresidenta Montero Siguiendo las directrices a la sazón dictadas por Sánchez, Montero afirmó taxativamente el pasado 15 de julio que ni ella ni el PSC estaban de acuerdo con la concesión de un concierto fiscal singular a Cataluña, porque era contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. No obstante, pocas lunas después, el PSC firmó -por mandato expreso de Sánchez- un Acuerdo con ERC por el que se saca a Cataluña del régimen común de financiación y se le concede una soberanía fiscal Similar a la del País Vasco y de Navarra, a cambio del pago de un cupo al Estado y de una vaga cuota de solidaridad a las demás Comunidades Autónomas. Pese a la inquietud causada en las Comunidades gobernadas por el PSOE y en los dirigentes autonómicos del partido, Sánchez no se ha dignado dar la menor explicación sobre el alcance del concierto y ha dicho a sus fieles que confiaran en él, como si fuera el Mesías, y éstos enardecidos así lo hacen. El presidente puede decir que 2 + 2 son 5 o que el sol gira en torno de la tierra, y sus huestes aplauden con las orejas. María Magdalena Montero carece de las dotes escénicas de su Señor y se ha visto en apuros a la hora de dar una explicación coherente sobre el concierto. Se inspiró -por lo oído- en la película de los hermanos Marx “Una noche en la ópera”, en la que -a la hora de negociar un contrato- Groucho le decía a Harpo que “la parte contratante de la parte contratante será considerada como la parte contratante de la primera parte”. Como la cuestión no estaba clara, Groucho le preguntó: “¿Por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?”. María Jesús Marx se negó a dar explicaciones sobre el concierto en el Congreso alegando que el acuerdo era público y cualquiera podía leerlo e interpretarlo, aunque -a mi conocimiento- no se ha publicado oficialmente y tan solo han circulado traducciones del texto original catalán en algunos medios de comunicación. Forzada a ir al Senado, la vicepresidenta aclaró la situación con una lógica “marxiana” y contestó al senador que le pedía explicaciones: “Vd puede expresar nominalmente las expresiones que quiera, pero lo que dice el Acuerdo es lo que dice el Acuerdo, y lo que no dice el Acuerdo no lo dice el Acuerdo, y no lo que cada uno creamos que dice el Acuerdo, y lo que no dice el Acuerdo, no lo dice”. Elemental, querido Groucho. Montero “aclaró” que no se trataba de un concierto, sino de una “financiación singular”, que desarrollaba de manera efectiva el autogobierno de Cataluña en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, preservando la singularidad, la capacidad de mayor autogobierno, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles, vivieran donde vivieran. Ya en vena, afirmó que el Acuerdo desplegaba lo previsto en el Estatuto de Cataluña y que la cuota de solidaridad que aportaría la Comunidad se asemejaba al actual sistema de financiación, a la vez que profundizaba el federalismo. Se trataba de ampliar el espacio fiscal de Cataluña en consonancia con el avance en el autogobierno de los catalanes, garantizando la solidaridad interterritorial. Encarándose con los senadores del PP les espetó “¿Les vale o no les vale que se respete la Constitución y el Estatuto?” Aunque yo no sea senador, le digo que no me vale, porque la concesión del concierto fiscal a Cataluña es contrario a la Constitución, al Estatuto y a la LOFCA. Vino a mi mente el comentario del locutor argentino Joe Rigoli en la radio de mis años mozos: “Callate, piba, que se te entiende todo”. Según ha comentado Rafa Latorre, el concierto no conduce a España hacia una realidad federal, sino confederal, pero no la convertirá en una nación de naciones Cabe preguntarse en qué consiste la singularidad única de Cataluña para que merezca la concesión de un concierto fiscal. Cuenta con una lengua “propia” -aparte del castellano, lengua materna de la mayoría de los catalanes, a la que discrimina-, al igual que otras cuatro Comunidades Autónomas, con un mar Mediterráneo que baña las costas de tres Comunidades, con un río Ebro que fluye por otras cinco, con una historia compartida con todos los españoles -por más que los seudo historiadores nacionalistas se inventen que ya en la Edad Media existía un reino catalán, puesto que lo máximo que llegó a ser Cataluña fue un condado dependiente de Francia o de Aragón, y que finalmente se integró en el Reino de las Españas… La única singularidad exclusiva de Cataluña es que Sánchez necesita para gobernar en Madrid e Illa para hacerlo en Barcelona los votos de ERC, y lolos republicanos les han exigido unas contrapartidas exorbitantes, como la de la concesión de la soberanía fiscal previa a la política, y Sánchez -y su testaferro- han cedido al chantaje y aceptado todas sus exigencias. El Acuerdo firmado entre ERC y PSC no es un pacto negociado bilateralmente, sino un contrato de adhesión y Sánchez se limitó a preguntar dónde había que firmar y dio las pertinentes órdenes a Illa para que lo hiciera. Descripción del Acuerdo Como ha comentado Daniel Gascón, el Acuerdo ERC-PSC es una antología de premisas falsas y vaguedades, que asume el marco mental del nacionalismo. Basta con leer su preámbulo. El PSC/PSOE ha asumido plenamente el relato independentista. “El catalanismo -fruto de la diversidad y pluralidad de la sociedad catalana- se traduce en diversas propuestas que abarcan desde el federalismo al independentismo, que se reconocen como opciones legítimas”. La incapacidad del Gobierno central de dar una respuesta democrática a la voluntad de estas fuerzas provocó el actual conflicto político, y la sucesión acelerada de decisiones por parte de todos los actores implicados, sumada a la judicialización de la política y a la respuesta policial contra el movimiento independentista, incentivó el distanciamiento entre el independentismo y el federalismo catalán. A pesar de los avances logrados para acabar con la judicialización-indultos, reforma del Código Penal y, especialmente, la Ley de Amnistía-, se mantienen las amenazas contra la voluntad mayoritaria de desescalar el conflicto entre Cataluña y el Estado y las razones de fondo, y el conflicto sigue pendiente de resolver, conservándose importantes diferencias entre el independentismo y el federalismo de izquierdas. Según reconocen los signatarios, PSC y ERC han pactado una investidura para conseguir que Cataluña gane soberanía, a través de los compromisos de a) ofrecer una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la ciudadanía catalana sobre el futuro del país, que permita avanzar en la vía de la negociación con el Estado para dar forma a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía de Cataluña; b) impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basada en una relación bilateral con el Estado, que permita la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos generados en Cataluña, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de 8 millones de catalanes; c) reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente en el modelo de escuela, el uso social del catalán y la acción exterior de la Generalitat, de modo que haga al país avanzar en términos de soberanía, conforme a la idea de reconocer a Cataluña como Nación. No me queda claro si el PSC -que tradicionalmente ha sido más nacionalista que socialista y solo actúa como constitucionalista cuando necesita de los votos de los no nacionalistas- comparte la ideología del independentismo -sea de izquierdas o de derechas-, o se ha visto forzado a aceptar el chantaje de ERC para conseguir el mantenimiento de Sánchez en el Gobierno y el acceso de Illa a la Generalitat. Cualquiera de las dos opciones resulta lamentable. No existe un conflicto entre el Estado español y una de sus Comunidades Autónomas, sino de rebelión de una de ellas contra el Estado, que llegó a declarar unilateralmente la secesión de Cataluña de España, en un golpe de Estado del libro, y ahora Sánchez considera que fue una legítima actuación política injustamente condenada por los tribunales españoles. De ahí los indultos, la supresión del delito de sedición, el abaratamiento del de malversación, la amnistía, y la condena del “lawfare” de los jueces españoles contra los pacíficos demócratas catalanes. A ello se suma la concesión de un régimen de soberanía fiscal, como paso previo a una soberanía total, que se consagrará en un referéndum de libre autodeterminación en el que solo participen los catalanes. La justificación de la conces httpsión de un régimen de financiación singular parte del mantra de que Cataluña sufre una infrafinanciación extendida en el tiempo, que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios, lo cual es falso como demostraron Josep Borrell y Joan Lllorach en “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. Como ha observado el presidente FEDEA, Ángel de la Fuente, en términos de financiación por habitante, Cataluña siempre ha estado en torno a la media y, en términos de saldo fiscal -diferencia entre los impuestos estatales que se pagan en Cataluña y el gasto del Estado en su beneficio-, su situación es similar a la mayoría de las regiones con niveles parecidos de renta. Según los signatarios, los distintos modelos de financiación han causado graves perjuicios a Cataluña, pues la insuficiencia crónica de financiación ha limitado el gasto de la Generalitat en servicios públicos como la sanidad, la educación, la asistencia social o las infraestructuras. Estas afirmaciones son inexactas porque, de un lado, los distintos modelos fueron pactados por el Gobierno con Cataluña y luego impuesto a las demás Comunidades y, de otro, los Governs ha preterido los gastos sociales a los realizados con fines identitarios, como la creación de las infraestructuras de un futuro Estado independiente, la expansión de la red de delegaciones en el extranjero, o la expansión del catalán en otras Comunidades y países. Pese a tener los impuestos más elevados de España, la Generalitat ha gastado más de lo ingresado e incurrido en una considerable deuda pública -€85.896 millones, el 32% de su PIB-, que no puede financiar en los mercados internacionales porque su calificación es de bono basura, y sus reiterados déficits son financiados sin intereses por el Fondo de Liquidación Autonómica, del que ha recibido €102.622 millones -40% del total distribuido-. El Gobierno se propone además condonar el pago de buena parte de esta deuda. La última cacicada que ha hecho el Gobierno en su ocupación de todas las instituciones, ha sido nombrar consejero del Banco de España -por presión de ERC- a Jordi Pons, autor del libro “Expolio fiscal: Una asfixia premeditada”, que popularizó el falso lema de “España nos roba”, que ha sido el santo y seña del independentismo catalán. Supongo que su primera propuesta será la de que se cambie el título de la entidad por el de “Banco del Estado”. No se trata de reformar el sistema de financiación común sino de cambiarlo por completo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad. “Es indispensable un nuevo sistema de financiación basado en una relación bilateral con el Estado y un incremento sustancial de la capacidad normativa y de gestión que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat”. Hay que adaptar el sistema fiscal a las necesidades del país disponer de la de cesión de los rendimientos de los impuestos recaudados en Cataluña. No obstante, es una injusticia solucionar de forma bilateral lo que es un problema común a 17 Comunidades del régimen común y permitir que la Generalitat se quede con los rendimientos de los impuestos pagados por los ciudadanos residentes en Cataluña, que no aportan sus contribuciones por ser catalanes, sino por percibir mayores ingresos, ya que los que pagan éstos no son los territorios sino las personas -otra de las falacias que propagan los independentistas-. En contrapartida, la Generalitat aportará a las finanzas del Estado una cantidad para cubrir los costes de los servicios que éste preste a las Comunidades, así como una vaga y condicionada aportación a la solidaridad interterritorial. La primera se fijará mediante un porcentaje de participación los tributos y la segunda está destinada a permitir que los servicios públicos prestados por los distintos Gobiernos autonómicos a sus ciudadanos alcancen niveles similares, siempre que esas Comunidades lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar. El texto no puede ser más impreciso. No establece quién es competente para valorar los esfuerzos fiscales o para fijar el monto de la aportación. Por otra parte, no precisa el alcance del “esfuerzo similar” ¿Quiere decir que las Comunidades deben tener un sistema impositivo similar al de Cataluña, que es la Comunidad que tiene más impuestos propios y unas tarifas más elevadas? Me temo que esto es lo que pretende ERC, así como que sea la Generalitat la que fije unilateralmente el monto del cupo solidario. La AEAT transferirá a la Agencia Tributaria Catalana todas sus competencias sobre los impuestos recaudados en Cataluña, para lo que será necesaria la modificación de la LOFCA, y el Gobierno le facilitará los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos. Se consigna asimismo el principio de ordinalidad, Dado que Cataluña aporta al Estado más de lo que recibe -porque para eso está más desarrollada y sus ciudadanos tienen un superior nivel de vida-, la Comunidad deberá mantener el mismo orden que la escala de lo que reciba. Se trata de un criterio contrario a la justicia distributiva y social, y escasamente solidario, porque Cataluña no recibiría del Estado menos de lo a él que aportara. Se fija, por último, el criterio de la disponibilidad, que permite a la Generalitat aprovecharse de todos los impuestos recaudados en la región. Críticas del Acuerdo Seis semanas después de su firma, el Acuerdo sigue siendo objeto de controversia, sin que el Gobierno haya disipado las numerosas dudas sobre su contenido, alcance y aplicación. Las parcas explicaciones que ha ofrecido hasta el momento no han ido más allá de la invitación a que se lea el Acuerdo, la negación de que -pese a las evidentes similitudes entre ambos- el sistema propuesto para Cataluña sea equiparable al régimen de concierto económico del que disfrutan en el País Vasco y Navarra, y la insistencia en que la propuesta no solo preservará la solidaridad interterritorial, sino que permitirá mejorar la situación de todas las Comunidades. En su comunicación sobre “Algunas reflexiones al hilo del debate sobre el concierto catalán”, el presidente de FEDEA ha concluido que se reclama una reforma radical del sistema de financiación autonómica común que llevará a la plena soberanía fiscal de Cataluña. La Generalitat asumirá la recaudación de todos los impuestos en su territorio, tomando así el control de las llaves de la caja, con el fin de incrementar sustancialmente sus recursos, lo que comportará inevitablemente una importante reducción de la aportación a la caja común, así como un cambio muy significativo en la naturaleza del Estado, que adquirirá rasgos claramente confederales, lo que puede limitar seriamente su capacidad autónoma de actuación. El Gobierno afirma que Cataluña va a mantener un elevado grado de solidaridad interterritorial, que permitirá asimismo que mejore la situación de todas las Comunidades. Sin embargo -según de la Fuente-, salvo que las leyes de la Física hayan cambiado súbitamente, no parece que los dos objetivos sean compatibles. No se pueden dar las llaves de la caja a las regiones ricas -que las quieren para mejorar sustancialmente su propia financiación- y a la vez garantizar que el Estado seguirá contando con los recursos suficientes para mantener la cohesión territorial y ejercer el resto de sus competencias. El Estado podría compensar a las Comunidades perdedoras supliendo las pérdidas de fondos procedentes de las Comunidades que se vayan del sistema de régimen común, pero los recursos necesarios para ello solo pueden proceder o de un aumento de los impuestos que pagan los ciudadanos de los territorios que permanezcan en dicho régimen, o de un recorte de las prestaciones estatales, lo que también les afectaría negativamente. Para que los que salgan del sistema puedan mejorar, los que se queden tendrán que perder de una forma u otra. La tesis del Gobierno de que el Acuerdo puede ser el punto de partida para una reforma del sistema de financiación que sea buena para todos no resulta creíble. Habrá claros ganadores y perdedores, sin que los cambios en la distribución de recursos que se atisban supongan una mejora en la equidad del sistema. Se producirá además una mutación de carácter confederal en la naturaleza del Estado, que podría comprometer su facultad para ejercer de forma satisfactoria sus competencias constitucionales. Si queremos que la reforma se traduzcan en una mejora para todos, habrá que buscar una vía alternativa, cuyos ingredientes esenciales tendrían que ser una Administración Tributaria única realmente de todos -quizás a través de un consorcio a 16, en lugar de 15 consorcios a 2-, el respeto a la ordinalidad por habitante ajustado, y la conversión de las tradicionales cláusulas de status quo en concesiones transitorias. Con un poco de suerte, el susto del cupo catalán ayudará a que los más reticentes al cambio se bajen de la burra y piensen un poco más en términos de construir un sistema bueno para el conjunto del país y menos en sus intereses inmediatos a corto plazo. Según ha declarado de la Fuente a "El Mundo’, el Acuerdo tiene pinta de concierto. Su música no suena bien y lo que se entiende de la letra tampoco. Abrir la puerta a la generalización del sistema de concierto supone un cambio significativo en la naturaleza del Estado, que exigiría una reforma constitucional y un debate amplio, bien informado y sosegado, en lugar de estas prisas. El incremento sustancial de los recursos de la Generalitat supondrá una menor aportación a la caja común, que mermará los recursos de otras Comunidades o los del Estado y, si aumentan las disparidades en financiación, también lo hará la desigualdad en la calidad de los servicios públicos que recibirán las Comunidades menos desarrolladas. Sánchez se ha negado a dar la menor explicación pese a haber reunido a sus fieles en el Comité Federal del PSOE. A juicio de Jorge Bustos, en una secta el fervor mesiánico no deja espacio al uso de la razón. No los aglutina en torno al líder la ideología, porque el concierto catalán es el penúltimo clavo en el ataúd de una socialdemocracia reconocible. No los enmudece el poder, porque el partido terminará sacrificando el escaso control territorial que le queda en el altar del colchón matrimonial de La Moncloa. “Les escamoteó la vergonzante explicación del privilegio fiscal y aplaudieron. Se ofreció a relevarse a sí mismo para prolongar el secuestro y lo vitorearon. Les anunció que gobernaría sin el concurso del Parlamento y jalearon la senda autocrática. La legislatura agoniza, pero esta tropa pretende exportar el féretro de su momia en un cortejo fúnebre que dure tres años”. También ha rechazado Sánchez convocar la reunión de Presidentes Autonómicos, pese a haber sido solicitada, y optado por entrevistarse con los presidente uno a uno para leerles la cartilla y tratar de dividir a los del PP, ofreciéndoles ventajas económicas con pólvora del Rey. Según Manuel Arias, el concierto fiscal catalán carece de cualquier justificación objetiva y, sin embargo, es presentado por el PSOE como una necesidad inaplazable. Deben así encontrar la manera de ocultar que la ruptura de la caja común perjudica a todos los españoles menos a los catalanes, disimulando el hecho moralmente decisivo de que en Moncloa y Ferraz hay personas dispuestas a empobrecernos con tal de conservar el poder. El partido ha iniciado, de forma poco exitosa, la tan deseada campaña de pedagogía, difícil de llevar a cabo porque los pedagogos son los primeros que no saben lo que establece el Acuerdo, y la pedagogía se transforma en intoxicación. Como no saben ni pueden explicar el concierto, el PSOE y el Gobierno dicen tonterías, llegando sus portavoces -Esther Peña y Pilar Alegría- a comparar el concierto fiscal con las medidas tomadas por la insularidad de Canarias y Baleares, y con las ayudas a las empresas de Teruel, Soria y Cuenca para paliar los efectos de su despoblación. Siguiendo con su logomaquia de lengua de trapo, Montero ha tratado de explicar que el concierto no es un concierto. “Lo pueden llamar como quieran. De lo que conocemos, no es ni una cosa ni la otra, sino una nueva mirada”. El senador neo convergente Eduardo Pujol, no apreció la poética respuesta de María Jesús y le dijo que era pasar del café para todos al calímocho para todos, que era más divertido y más dulce pero igual de insolidario con Cataluña, y la amenazó con que, si trataba de venderles un concierto cero-cero muy“light”, sería “game over”. Una modificación de la LOFCA en este sentido no contaría con los votos de JxC. También la senadora de ERC Sara Bellac le advirtió que cualquier intento de dilación innecesaria, de manipulación o de rebaja de los términos del Acuerdo, tendría consecuencias. Para ayudar a mi paisana a salir de su atolladero, le sugiero que -al margen de su contenido, cuando llegue a conocer el Acuerdo- lo califique de “desconcierto fiscal”, un término adecuado a las circunstancias y que desafina bastante bien. Madrid, 14 de septiembre de 2024