El TIJ condena sin paliativos la ocupación de Palestina por parte de Israel

ELTRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA CONDENA SIN PALIATIVOS LA OCUPACIÓN DE PALESTINA POR PARTE DE ISRAEL En su opinión consultiva de 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) ha condenado sin paliativos la ocupación y anexión de hecho de dichos territorios. Esta opinión no tiene nada que ver con la demanda planteada el 29 de diciembre de 2023 por la República de Sudáfrica contra Israel, por la comisión de un delito de genocidio en Gaza, en violación de la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Se abrió con ella un caso que deberá ser zanjado en su día por el TIJ mediante una sentencia vinculante para las partes en la controversia. La opinión consultiva del pasado 19 de julio es un dictamen no vinculante dictado por el Tribunal a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antecedentes Hay un precedente importante sobre la cuestión palestina en la opinión consultiva dictada el 9 de julio de 2004 por el TIJ, A propuesta de la Asamblea General, sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en los TPO. Por 14 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal decidió que la construcción del muro que estaba elevando Israel -la potencia ocupante- en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén y sus alrededores, y su régimen conexo, eran contrarios al Derecho Internacional. Israel estaba obligado a poner fin a tales violaciones y, en consecuencia, a detener de inmediato las obras de construcción del muro que estaba elevando, destruir la infraestructura ya instalada, y derogar, o dejar sin efecto, todos los actos legislativos y reglamentarios con ella relacionados. Asimismo establecía la obligación de Israel de reparar todos los daños y perjuicios causados por la construcción del muro. El Tribunal concluyó su dictamen afirmando que ”todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no pretender ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por dicha construcción. Todos los Estados partes en el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, tiene además la obligación -dentro del respeto por la carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional- de hacer que Israel respete el Derecho Internacional Humanitario incorporado en dicho Convenio”. El Gobierno israelita no hizo el menor caso de la decisión del Tribunal y terminó de construir un muro que se extendía de norte a sur de Cisjordania a lo largo de 700 kms, y que aislaba a unas provincias palestinas de otras e impedía la comunicación entre ellas. El origen inmediato de la nueva opinión consultiva del TIJ derivaba del informe presentado en 2022 por una Comisión de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y presidida por la juez sudafricana Navanathen Pillay, en el que se estimaba que existían motivos razonables para concluir que la ocupación de territorio palestino era ilegal, debido a su permanencia y a las políticas de anexión practicadas ”de facto” por el Gobierno israelita. El informe fue sometido a la consideración de la Asamblea General quien por amplísima mayoría decidió pedir el 31 de diciembre de 2022 una opinión consultiva al TIJ, al que formularon las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la negación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación con su prolongada ocupación, asentamiento y anexión de los TPO desde 1967, incluidas las medidas destinadas alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la ciudad Santa de Jerusalén, y de la adopción de legislación y medidas directamente conexas?; 2) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel al estatuto jurídico de la ocupación y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de este estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas? El TIJ solicitó de los Estados miembros de la ONU su opinión sobre el tema y 53 Estados y 3 Organizaciones Internacionales expresaron por escrito su opinión al respecto. La audiencia oral se celebró entre el 19 y el 26 de febrero de este año y la mayoría de los Estados -incluida España-se pronunció en contra de la política de Israel en los TPO, mientras una minoría -en la que figuraban Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos, Canadá, Hungría y Fiji- se mostró más comprensiva con la actuación de los Gobiernos israelitas. El representante holandés llegó a afirmar que la ocupación de un territorio podía ser legítima en el marco del derecho de legítima defensa en respuesta a un ataque armado. Opinión consultiva del TIJ El primer obstáculo con el que se encontró el TIJ fue la objeción de Israel a su competencia para pronunciarse sobre el caso, pero el Tribunal rechazó la pretensión israelita y estimó que la Asamblea General era competente para solicitar al TIJ una opinión consultiva sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, y que el Tribunal y debía dar la opinión solicitada. Superado el primer obstáculo procesal, por amplísima mayoría y con el único voto en contra del juez “ad hoc” de Israel, Sebatide, el Tribunal ha estimado que los TPO forman una unidad que comprende Cisjordania, Jerusalén-Este y Gaza, y que “el abuso continuado por parte de Israel de su posición como potencia ocupante mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado, y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación violan principios fundamentales del Derecho Internacional y hacen ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado”. La ocupación continuada equivalía a una anexión de hecho de los territorios que carecía de cualquier justificación. Era una tentativa de anexión mediante el uso de la fuerza y una denegación de los derechos de libre determinación del pueblo palestino, porque “ex iniuria nec oritur ius” –“de la injusticia no nace el derecho”- y del uso y abuso de la fuerza armada no dimana ningún título de soberanía. El Tribunal ha considerado delictiva la expansión permanente de los asentamientos de colonos israelitas en Palestina y la usurpación de la tierra, el agua, los recursos naturales y el espacio aéreo de Palestina, lo que es discriminatoria y contraria al Derecho Internacional y al Derecho Humanitario. Israel ha intensificado los asentamientos de colonos judíos -se calcula en más de 700.000- en Cisjordania y en Jerusalén-Este, por lo que en la práctica Israel ha afianzado y consolidado la ocupación ilegal de Palestina. Esta ilegalidad obligaba a Israel a “poner fin cuanto antes a su presencia en los territorios palestinos ocupados y a reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas”. No solo deberían cesar de inmediato la expansión de los asentamientos, sino que tendrían que suprimirse los existentes y proceder a la repatriación de los colonos a territorio israelita. Como ha observado Amnistía Internacional, Israel deberá renunciar a su control de todos los aspectos de la vida de la población palestina, derruir el muro separador y ceder el control de las frontera, lo que supondría levantar el bloqueo ilegal de Gaza y permitir que la población palestina pueda viajar libremente entre este territorio y Cisjordania. “Poner fin a la ocupación es esencial para detener la constante y recurrente serie de violaciones de derechos humanos, tanto en Palestina como en el propio Israel”. En cuanto a la segunda pregunta, el TIJ ha estimado que la comunidad internacional está obligada adoptar una posición firme y decidida y a tomar medidas inequívocas para garantizar que Israel ponga fin a su acción ilegal, comenzando por detener de inmediato la expansión de los asentamientos israelitas, revertir la anexión de territorios palestinos, y desmantelar su sistema de apartheid contra la población local. Tanto los Estados como la ONU están obligados a no cooperar con Israel mientras se mantenga la ocupación. Las leyes y políticas israelitas que discriminan a la población palestina violan la prohibición de segregación y de apartheid. La población de Palestina ha sido testigo de la demolición de sus hogares y de la expropiación de sus tierras para construir y ampliar asentamientos, y se enfrenta a restricciones asfixiantes que alteran todos los aspectos de su vida cotidiana, desde la separación de las familias a la restricción de la libertad de circular libremente por su territorio, así como a la denegación de acceso a la tierra, al agua, y a los recursos naturales del país. La labor destructora de Palestina ha sido magistralmente narrada por el judío norteamericano Nathan Thrall en su obra “Un día en la vida de Abed Salama”, en la que ha descrito la fragmentación de la población palestina mediante los asentamientos judíos, los cortes de carreteras, el establecimiento de zonas de seguridad, la construcción de un muro de 700 kms, la violencia a escala cotidiana, el control de los movimientos de la población local y su aislamiento, la incautación de tierras, la denegación de derechos fundamentales, la política discriminatoria de vivienda, y la discriminación educativa, que han provocada la expulsión del país o el desplazamiento interno de cientos de miles de personas. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían ponderar la adopción de las medidas pertinentes para poner fin a esta insostenible situación lo antes posible El dictamen del Tribunal ha sido un duro correctivo a Israel y a sus aliados, especialmente Estados Unidos, que ha condonado la ocupación de Jerusalén-Este y reconocido la ciudad santa como la capital de Israel, cuando debería tener un estatuto internacional -como decidió en 1947 la ONU- y servir de capital no solo de Israel sino también del Estado palestino, en el caso –“Inshallah”- de que se pusiera en práctica la tesis de los dos Estados. El primer ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ni se ha inmutado y ha descalificado la opinión del Tribunal, al afirmar que “el pueblo judío no es ocupante de su propio país, incluida nuestra eterna capital Jerusalén y nuestra patria histórica de Judea y Samaria. Ninguna opinión abusiva de La Haya pueden negar esta realidad histórica o el derecho de los israelíes a vivir en sus propias comunidades en nuestra patria ancestral”. El Ministerio israelista de Asuntos Exteriores ha calificado el dictamen de ”parcial, sesgado y caracterizado por su odio al Estado de Israel”, y hecho hincapié en el carácter no vinculante del mismo. Salvo que la comunidad internacional reaccione, Israel hará el mismo caso a esta opinión consultiva, que el que hizo a la de 2004 relativa al infamante muro. Demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio Como Israel no ha aceptado la jurisdicción del TIJ, ni es parte en el Convenio de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, la República de Sudáfrica consiguió llevar a Israel ante el TIJ amparándose en las disposiciones de la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, en la que sí es parte. La demanda ha sido, en mi opinión, un tanto forzada porque -por condenable que esté siendo la actuación de Israel en Gaza- no reúne los requisitos exigidos por la Convención para tipificar el delito de genocidio; a saber, la comisión de matanzas; lesiones y atrocidades perpetradas “con el fin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Israel ha cometido, y sigue cometiendo, en Gaza, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y actos de agresión, y violado las normas de Derecho Internacional y del Derecho Humanitario, pero no ha cometido un delito de genocidio, porque le ha faltado esa intención de eliminar a la población gazatí por el hecho de ser árabe o musulmana. A lo más que ha llegado el TIJ en su auto del pasado mes de marzo ha sido a instar al Gobierno israelita a que tomara las medidas necesarias para prevenir la comisión de un delito de genocidio. Dado que la operación militar de Israel en Gaza ha causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de buena parte de la población y grandes daños a las infraestructuras civiles, el Tribunal ha instado al Gobierno israelita a tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a la que se enfrentan los palestinos en la franja. El TIJ no se pronunció sobre el cese de las operaciones militares israelitas -como había solicitado Sudáfrica- y se limitó a exigir al Gobierno israelita que garantizara con efecto inmediato que sus militares no cometieran actos de genocidio. No reclamó la adopción de un alto el fugo, lo que suponía implícitamente el reconocimiento del derecho de Israel a la legítima defensa ante la agresión de Hamas. Sí ha pedido al Tribunal a Israel que suspenda sus ataques en Rafah, petición que Israel ha ignorado olímpicamente. Por cierto que Netanyahu ha sufrido un sonoro bofetón del Comité Olímpico Internacional, que ha concedido el premio especial de este año al Comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazarini, bestia negra del dirigente israelita, que ha acusado a la Agencia de connivencia y complicidad con Hamas. Netanyahu -cuya detención por la comisión de delitos de lesa humanidad ha sido ordenada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan- es el principal responsable de la situación, porque -aparte de que siempre ha sido contrario al la creación de un Estado palestino viable- tiene un interés personal en que continúe la guerra, porque -debido a su enorme impopularidad y al hecho de estar acusado por delitos de corrupción y nepotismo-, en cuanto cesaran las hostilidades, sería expulsado del Gobierno. La inexplicable táctica de forzar el desplazamiento de la población civil de norte a sur y de este a oeste, bajo una nube de bombas y misiles, no tiene un fundamento militar sino político, y supone una continuada violación de los derechos humanos de la población gazatí. Con su errática política exterior, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado sin necesidad a la demanda sudafricana contra Israel. El caso está en curso en el TIJ que deberá tomar en su momento una decisión, y nada añade que España pase a ser co- demandante, y supone un gesto hostil contra el Gobierno de un Estado supuestamente amigo como es Israel ¿Supone esta decisión que España considera que Israel está cometiendo actos de genocidio en Gaza? La respuesta parece ser afirmativa, dado que, tanto la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, como la ministra de Defensa, Margarita Robles -magistrada de profesión para más inri- han afirmado que Israel ha cometido actos de genocidio en Gaza. Por si faltara poco, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y varias ministrillas de la nebulosa saga de Podemos/Sumar han manifestado que el Estado palestino -que España acaba de reconocer a destiempo- se extiende desde el río Jordán al mar Mediterráneo, lo que implicaría la desaparición del Estado de Israel. Es cierto que una opinión consultiva del TIJ no es vinculante, pero tiene un considerable valor jurídico y moral, y no puede ser considerada como una opinión más. El Tribunal ha sido categórico en la condena sin paliativos de la actuación ilegal e inhumana de Israel en los TPO y ha instado a la ONU y a sus Estados miembros a que obliguen al Gobierno israelita a cumplir las normas del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén-Este y en el propio Israel. El Gobierno español debería dejar de hacer piruetas “pro domo” y de incurrir en frívolas contradicciones, y contribuir de forma rigurosa a que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales en Palestina. Madrid, 30 de julio de 2024

Transcendencia de las elecciones en Estados Unidos

TRANSCENDENCIA DE LAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS Con frecuencia se celebran elecciones en distintas partes del mundo que seguimos con mayor o menor interés, pero en el caso de las elecciones en Estados Unidos son de transcendental interés no solo para los estadounidenses, sino también para los ciudadanos de todo el mundo, ya que se elige al presidente del Estado más importante del globo. Y aún más, en la situación actual, porque uno de los candidatos a la Casa Blanca es el que ya fue presidente, el notorio Donald Trump (DT), que es un auténtico “maverick”, que puede poner en peligro nuestra seguridad y nuestro bienestar. De aquí que no podamos seguir con distanciada indiferencia el desarrollo de unos discutidísimos comicios que nos afectan muy directamente a todos. Antecedentes de las elecciones presidenciales Joe Biden ha sido un buen presidente que durante 4 años ha regido los destinos de Estados Unidos con más aciertos que desaciertos -extensión, de las infraestructuras, control del paro, desarrollo económico, ampliación de la cobertura sanitaria, mejora las relaciones con Europa, potenciación de la OTAN y apoyo a Ucrania contra la agresión rusa…-, pero ha habido principalmente dos temas que lo han traído por la calle de la amargura: el alto grado de inflación que ha hecho disminuir el poder adquisitivo de la población y una inmigración descontrolada procedente de la América central y meridional. De aquí que su grado de aceptación no supere el 39%, frente al 53% que tenía cuando accedió a la presidencia. Pese a ello, Biden insistió en presentarse a la reelección, a lo que tenía perfecto derecho y hubiera sido lo normal en otras circunstancias, pero tenía en su contra, no tanto su bajo índice de popularidad, como se avanzada edad de 81 añosy los lapsos mentales que sufre, como puso de manifiesto en su desastroso debate del 27 de junio. No es que Trump sea ningún guayabo a sus 78 años, pero tiene un mayor vigor físico y mental, y su figura creció además algunos puntos tras el intento de asesinato. Las malas lenguas dijeron que la bala había herido a Trump y matado a Biden, y todas las encuestas consideraron a aquél como claro ganador en las elecciones presidenciales. Su enfrentamiento no era un concurso de popularidad sino una posibilidad de designar al candidato menos malo. Un 63% de los electores estimaba que ambos candidatos eran vergonzosos. Aún así, Biden decidió mantener la candidatura para la que había sido preseleccionado por su partido. Ante las desoladoras perspectivas de perder no solo la presidencia sino también las dos cámaras, se inició entre destacados dirigentes el Partido Demócrata (PD) una labor de zapa liderada por la expresidenta del Congreso e influyente “madrina”, Nancy Pelosi, los Obama y los Clinton, para convencer a Biden a que renuncian a su candidatura. Biden se defendió como gato panza arriba, pero al final se auto-sacrificó para salvar a su partido del desastre, dio un paso al lado y apoyó la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris (KH). Perspectivas tras el cambio de candidato demócrata Uno de los graves problemas que planteaban un cambio de candidato a última hora, era que se abriera una lucha fratricida entre los aspirantes a suceder a Biden que destrozara al partido, pero la rápida designación de KH -respaldada de inmediato por los líderes que habían forzado el cambio, seguida de los demás dirigentes, pese a la escasa popularidad de ésta- zanjó la cuestión y, bien al contrario, se produjo un fenómeno unificador, seguido de una explosión de entusiasmo y esperanza. En cuestión de días, se llenaron de donaciones las arcas del PD y se volvieron sorprendentemente las tornas, de modo que la ventaja de DT se fue gradualmente reduciendo y las encuestas dan en la actualidad a KH una ligera ventaja del 48.3% frente al 46.6%. El que Harris llegara a superar en votos a Trump no garantizaría su victoria porque, conforme al peculiar y absurdo sistema electoral estadounidense, no son los ciudadanos los que eligen a su presidente, sino un Colegio electoral compuesto por 537 súper-electores, sistema que favorece a los republicanos. Se da además la circunstancia de que los dos grandes partidos suelen tener asegurada su victoria en determinados Estados federados y que siete de ellos -conocidos como “swinging States” o “Estados-bisagra”- deciden el triunfo final según se inclinen por uno u otro candidato. En Arizona, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Wiscosin, KH va por delante en las encuestas, mientras que en Georgia y Nevada, es DT quien lo hace. La primera tarea de KH tras su nominación era la de designar su candidato a la vicepresidencia y se decantó por el gobernador de Minnesota, Tim Walsh, un político desconocido fuera de su Estado, que empezó a hacerse famoso tras su calificación de “raros” a los dirigentes republicanos, lo que se viralizó en las redes. Antiguo profesor de Geografía de Instituto en una pequeña ciudad y entrenador de su equipo de fútbol americano es el representante medio de un estadounidense, en contraste con las las habituales críticas dirigidas al PD de ser un partido liderado por las élites izquierdistas del país. Es un padre de familia de origen rural, socarrón y con sentido común, veterano de la Guardia Nacional, y amante de la caza y del deporte, que podría atraer por ello a muchos votantes, especialmente en los Estados-bisagra. Aunque el 22% de la población lo desconoce y el 39% no tiene opinión decidida sobre él, su designación ha caído bastante bien, no solo entre los electores demócratas, sino también entre el electorado independiente. Utilizando un lenguaje futbolístico, ha afirmado que “faltan 10 minutos y estamos perdiendo por un gol, pero tenemos el balón y estamos atacando. ¡Y menudo equipo tenemos!”. En fase de remontada, “nos toca ir a muerte, a presionar, a meternos hasta la cocina, pase a pase”. El entrenador olímpico de baloncesto, Steve Kerr, comentó que, tras el recuento de los votos, habría que decir a DT, a la manera del gran Stephen Curry, “! Buenas noches y a dormir!”. Convención del Partido Demócrata en Chicago En la última semana de agosto se celebró la Convención del PD, en la que todos los dirigentes del partido han formado una piña en torno a KH y mostrado una rotunda escenificación de unidad, sin acallar la pluralidad de sus voces, pues la han respaldado desde los Clinton y los Obama a Bernie Sanders, y desde Nancy Pelosi a Alexandria Ocasio-Cortez. En un ambiente de desbordado optimismo, el PD ha cambiado su estrategia y, aunque haya centrado el fuego graneado en la figura amenazadora de DT, lo ha hecho sin tremendismos y de forma irónica y jocosa, poniéndolo en ridículo. Bill Clinton lo calificó de “yo, me, mi conmigo” y pidió a los electores que no le contaran sus mentiras sino los yos de un hombre que solo se interesaba por sí mismo. Michelle Obama comentó irónicamente que quién le diría a Trump que el trabajo al que aspiraba podría ser uno de los empleos de negros que los inmigrantes arrebataban a éstos, y -más en serio- afirmó que la esperanza estaba de vuelta y que, si volvía, retornaría también el futuro y podríamos seguir progresando. No hay que mirar atrás -como hace DT- sino hacia adelante. “Lo mejor frente a un futuro incierto es que no logre paralizarnos ni enemistarnos. Hay que superar los demonios del miedo, la división y el odio, pues -, mientras éstos pervivan- se desvanecerán las ilusiones”. La popular presentadora Oprah Winfrey señaló -en relación con el desafortunado comentario del candidato republicano a la vicepresidencia, J.D.Vance de que los demócratas estaban dirigidos por mujeres que tenían gatos en vez de hijos-, que cuando, una casa se incendiaba, no preguntaban por la raza, la religión o el partido político de los propietarios, sino que trataban de salvarlos y, si resultaba que la casa pertenecía a una no mujer con gatos y sin hijos, trataríamos de salvar también al gato. La propia KH dijo que DT era un hombre poco serio, pero las consecuencias de llevarlo de nuevo a la Casa Blanca serían extremadamente serias. “Imagínense a un Trump sin freno y en cómo emplearía los inmensos poderes que otorga la presidencia de Estados Unidos; no para mejorar nuestras vidas, ni para fortalecer nuestra seguridad nacional, sino para servir al único cliente que ha tenido: él mismo”. La actriz Eva Longoria plasmó la esperanza demócrata en castellano con la consagración del lema de “Sí, podemos”. Juntos podemos hacerlo. KH se preparó debidamente para la Convención. Centró sus posturas, abandonó sus tesis más progresistas -como la oposición al ” fracking” o el establecimiento de una cobertura sanitaria universal, que le habían hecho fracasar en las primarias a la dirección del PD-, y se presentó como una política pragmática, no apartándose de las líneas directrices de Biden. Se mantuvo en un planteamiento de generalidades sin entrar en propuestas concretas -especialmente en el ámbito económico-, pero no eludió pronunciarse sobre cuestiones controvertidas. Así, prometió impulsar una ley que garantizara el derecho al aborto en todo el país, y otra para blindar el derecho al voto de todos los ciudadanos, rebajar los impuestos a las clases medias, ampliar la desgravaciones fiscales por hijos, y asegurar las fronteras frente a la inmigración ilegal, se comprometió a seguir apoyando a Ucrania y a la OTAN -huyendo del aislacionismo que tienta a Trump-, y urgió la liberación de los rehenes y israelitas secuestrados por Hamas y un inmediato alto el fuego en Gaza. Finalmente, hizo un llamamiento institucional en pro de la unidad, al afirmar que, “con esta elección, nuestra nación tiene una oportunidad preciosa y fugaz de superar la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado; una oportunidad de trazar un nuevo camino hacia adelante, no como miembros de un partido o fracción, sino como estadounidenses […] Prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses, una presidenta que nos una en torno nuestras más altas aspiraciones”. Harris salió aclamada en un fin de fiesta inimaginable hace poco más de un mes. Según ha afirmado Fernando Vallespín en “El País”, “hemos asistido a un remake de organismo originario, con toda su carga de optimismo y emocionalidad positiva, aunque con una importante diferencia: ha rebrotado a pesar de las siniestras distorsiones, la oscuridad y la polarización que Trump introdujo en la política americana”. Como puede verse, pragmatismo vinculado a patriotismo cívico y utopismo pudoroso, combinado con una advertencia sobre lo que podría venir de un “amigo de los tiranos” -Putin, Yinping, Kim Jong-un o Maduro-. Para Máriam Martínez-Bascuñán, la Convención demócrata no ha vendido un programa político, sino una narrativa, esa que Michelle Obama hilvanó al hablar de KH como “la encarnación de las historias sobre Estados Unidos que nos contamos nosotros mismos”. La historia de la “mayoría de los estadounidenses que tratan de construir una vida mejor”. Desconcierto de Trump DT salió de la Convención republicana en Milwaukee convencido de que su regreso a la Casa Blanca sería un paseo triunfal y, de pronto, se encontró con que le habían cambiado el adversario y, de un duelo con un vejestorio decrépito, pasaba a enfrentarse con una nueva candidata joven y dinámica que despertaba ilusión y devolvía el entusiasmo a las decaídas filas demócratas, y que -desde el primer día de su designación- empezó a recuperar el terreno perdido y a situarse por delante de él en todos los sondeos, lo que lo ha dejado descolocado. Como no puede aceptar dejar de ser el centro de atención, ha multiplicado desde entonces sus intervenciones, pero sin que se le haya hecho excesivo caso y, durante muchos días, KH ha sido el foco de atención de los medios de comunicación, especialmente los televisivos. Un tanto desconcertado, DT ha recurrido a su táctica habitual de insultos barriobajeros para descalificar a su adversaria, llamándola “ignorante”, “lunática”, “radical de izquierdas”, “comunista”, “carcajeante”, “kamabla-bla-bla”, “negra de conveniencia”, “defensora de la pobreza y del fracaso en América”…La ha acusado de ser incapaz de dar entrevistas y de dialogar con los periodistas porque no confía en su nivel de inteligencia -¿cuándo va la camarada a contestar a las preguntas que se le hacen? se ha preguntado él-, pero no acaba de dar con la tecla para aniquilar a su rival y el recurso a su habitual matonismo descalificador no parece estar surtiendo efecto. Pese a contar con el apoyo incondicional de las bases republicanas, no cabe decir lo mismo del “establishment” del “Grand Old Party”(GOP), al que ha ninguneado. Ninguno de los antiguos expresidentes o candidatos acudieron a Milwaukee, e incluso su exvicepresidente, Mike Pence, le han negado el apoyo, y además está recibiendo numeroso “fuego amigo”. Pesos pesados del republicanismo -como sus antiguos colaboradores, el Asesor para Seguridad Nacional, John Bolton, o el Fiscal General, Bill Barr- han afirmado que no está en condiciones de gobernar –“not fit for office”-, por su imprevisibilidad y su desconexión con la realidad. El excongresista del GOP, Adam Kinzinger, afirmó en la Convención de Chicago que DT era “un hombre débil que pretende ser fuerte, un hombre pequeño que pretende ser grande, un hombre sin fe que pretende ser justo, y un victimario que pretende hacerse la víctima”. La antigua secretaria de prensa republicana de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha comentado que no tiene empatía, ni moral, ni fidelidad a la verdad. Unos 200 juristas republicanos dirigieron una carta a TV Fox News en la que pedían el apoyo a KH, porque DT era un peligro para la nación y su regreso amenazaría la democracia y socavaría el Estado de Derecho. En la carta publicada por “USA Today”, manifestaban que, pese a tener muchos desacuerdos ideológicos con Harris, la alternativa era simplemente insostenible. Otros cuatro años de liderazgo de DT perjudicarían a la gente real y cotidiana en casa, y debilitarían las sagradas instituciones estadounidenses. “En el extranjero, los movimientos democráticos se verán irremediablemente amenazados mientras Trump y su acólito J.D. Vance se obligan ante dictadores como Vladimir Putin y dan la espalda a nuestro aliados, lo que no podemos permitir”. Instaban a los patriotas republicanos, a los antiguos votantes del GOP conservadores y de centro derecha, y a los votantes independientes a que pusieran el amor a su país por encima de su partido y de su ideología y apoyaran a KH. ¿Puede Harris ganar las elecciones presidenciales a Trump? Alicia Hagopian se ha preguntado en “The Independent” si KH podía derrotar a DT en las elecciones presidenciales y -según la información de las encuestas por ahora disponible- parece que, aunque difícil, es posible, ya que el voto del electorado independiente se está escorando hacia ella, especialmente en los Estados clave. Existe ahora un empate técnico y, aunque KH parece que obtendría más votos que DT, el sistema de elección por el Colegio Electoral favorece al GOP. Se ha abierto el recorrido de una apretada recta final hacia la presidencia y puede tener una influencia decisiva el debate de los dos candidatos previstos para el 10 de septiembre en la TV ABC News. Según ha comentado David Ignatius en “The Washington Post”, DT teme el enfrentamiento televisivo con KH porque ésta es carismática y aparece encantadora y arrolladora en TV -cualidades que Trump creía tener en exclusiva-. “Las cámaras aman a Harris, que escandila con la cadencia de sus discursos y en la forma en que se presenta”. Los personajes ofrecerán el contraste de la alegría frente al miedo. Según Martínez- Bascuñán, entre una mujer hija de inmigrantes con una identidad calidoscópica y una biografía singular, que refleja las aspiraciones de la mayoría de los estadounidenses, y un hombre con una narrativa nativista centrada en la oposición casi metafísica de la ultraderecha actual con su miedo a una extinción blanca. La de KH es una historia en contrapunto que defiende la porosidad de las fronteras para mantener lo común, mientras que la de DT agita el espantajo de la ruptura de la frontera de género, etnia o nación para explicar la supuesta decadencia y el caos de Occidente. Uno de los temas claves del debate será el del aborto, en el que DT se encuentra a la defensiva, por lo que orilló tratarlo durante la Convención del GOP. KH ya le ha preguntado por qué teme tanto a las mujeres y no confía en ellas. Trump se ha enorgullecido de que, bajo su mandato e inspiración, el Tribunal Supremo ha derogado la sentencia “Roe v/ Wade” que permitía el aborto en determinadas circunstancias, y manifestado que permitiría que los Estados federados impusieran prohibiciones draconianas de abortar si fuera reelegido, pues serían libres de hacer lo que decidieran. Su adjunto Vance dijo que DT aplicaría la hasta ahora inaplicada “Comnstock Act”, que prohíbe el aborto con carácter general. La senadora Elizabeth Warren ha afirmado que las mujeres norteamericanas no son estúpidas y no van a confiar el futuro de sus hijas y de sus nietas a dos hombres que se han jactado de bloquear el acceso de las mujeres al aborto en todo el país. “Un 30% de mujeres viven en Estados que prohíben el aborto y, con Trump, alcanzarán el 100%. La única manera de mantener el aborto será conseguir un Congreso de mayoría demócrata y a Harris como presidenta”. El optimismo del PD le ha llevado a aspirar no solo a que KH acceda la presidencia, sino también a que el partido triunfe en el Congreso y se mantenga en el Senado. Muestra de la desconfianza de DT ha sido su oposición frontal a la propuesta de KH de que no se silencien durante el debate los micrófonos del candidato que no esté en el uso de la palabra, y su descalificación de la emisora ABC News, a la que ha acusado de estar alineada en contra de él y contar con un panel de “odiadores”. Ha dejado traslucir que podría no participar en un debate desigual y su chantaje ha tenido como consecuencia que KH no haya insistido en su razonable propuesta. En su debate con Biden, DT no dejaba de interrumpirlo, hasta que el presidente exasperado le espetó “shut-up, man” y déjame hablar. Dada la diarrea verbal de DT se lo pone fácil a KH, que debería darle cuerda para que él mismo se ahorque. DT actúa por impulsos y no hace caso a nadie, incluidos sus asesores, que le han recomendado que centre sus intervenciones en temas de política en vez de en ataques personales. Ha explotado contra los que le dicen “Sir, please, stick to policy and not to personality”, y ha manifestado que no hace el menor caso a estos genios a los que se paga una fortuna y le están dando por todos lados –“they are knocking the hell out of me”-, cuando le dicen que no debe ser personal. Genio y figura, DT continuará con sus bravatas, insultos y descalificaciones personales, lo que favorecerá a KH. Según el asesor de ésta, Brian Fallon, los asesores de DT preferían que se silenciaran los micrófonos, porque no creían que éste pudiera mantener durante más de 90 minutos un diálogo a nivel presidencial, y serían audibles sus barriobajeros comentarios. Las espadas están en alto como en el episodio entre don Quijote y el vizcaíno. Segun ha señalado “El País” en un editorial, a solo 75 días de las elecciones, los demócratas han ocupado horas y horas en televisión con mensajes alrededor de las ideas de futuro, libertad, tolerancia y patriotismo, y dejado así claras las líneas de contraste con la campaña personal y revanchista de DT y de un GOP dividido, en el que la fidelidad ciega a un líder caótico es la única credencial válida par ser admitido. KH aceptó la nominación con la fórmula protocolaria de un impactante discurso, que fue una presentación de manual: una mujer, hija de inmigrantes, que conoce de primera mano las condiciones vitales asociadas al color de la piel en Estados Unidos, y una fiscal preocupada por la igualdad de oportunidades y los derechos fundamentales. “Harris logró transmitir esa idea indefinida de lo típicamente americano y salió revestida de la misma sensación de esperanza que consiguió Obama en 2008”. Playa de Amposta, 30 de agosto de 2024

Al final habemus presidenta del TS progresista

AL FIN HABEMUS PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPREMO PROGRESISTA El pasado 3 de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consiguió nombrar a Isabel Perelló -magistrada del Tribunal Supremo (TS) desde 2009- presidenta de dicho Tribunal y del Consejo. Se ha necesitado para ello más de cinco años, y se ha requerido la mediación de la vicepresidenta de la Unión Europea, Vera Jourova, y del consejero de Justicia, Didier Reynders, quienes han avalado curiosamente una forma de dudosa legalidad, dado que -según la Constitución- sus miembros serán nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes Generales y -de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial- el CGPJ se renovará en su totalidad cada 5 años contados desde la fecha de su constitución, y los presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Sin embargo, el acuerdo para la renovación ha sido adoptado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y los presidentes de las dos Cámaras han incumplido sus obligaciones y se han abstenido de intervenir en la elección de los vocales. El acuerdo logrado para la renovación implicaba una designación paritaria entre vocales progresistas y conservadores -diez por cada grupo- y, por primera vez en muchos años, han sido los vocales, y no los políticos, los que han elegido a su presidente. Una vez elegido el nuevo CGPJ, se han requerido tres meses adicionales. El Gobierno -que no debería haber metido baza en el tema- exigía que se nombrara a una mujer progresista y los miembros del grupo liberal asumieron esta pretensión y apoyado a dos candidatas que reunían estas características, Pilar Teso y Ana Ferrer. La pretensión de que la presidenta fuera una mujer resultaba comprensible por ser la primera vez que se produciría, aunque el hecho de la feminidad no se encuentra entre los méritos que los vocales del Consejo deberían tener en cuenta a la hora de pronunciarse, y mucho menos el del progresismo, que no garantiza la calidad del jurista. El grupo conservador -bajo el complejo de la inexistente superioridad moral de la izquierda- daba por bueno que el presidente tuviera que ser progresista y, en consecuencia, apoyó a Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS y prestigioso jurista de talante liberal, aunque no alineado de forma sistemática con el Gobierno. Ante las objeciones de que debería nombrarse una mujer, el grupo propuso a Carmen Lamela, miembro de la Sala de lo Penal. Tras tres meses de debates, continuaba el empate a 10 entre progresistas y conservadores, pues Ferrer no corrió mejor suerte que Teso y, ante la situación de punto muerto, se realizó un último esfuerzo y se incluyeron nuevos magistrados que no habían figurado en la lista preseleccionada de 7 candidatos. El grupo conservador presentó la candidatura de Perelló, miembro de la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia, que consiguió atraer los dos votos de los vocales propuestos por Sumar y cuatro de los respaldados por el PSOE, mientras que otros cuatro vocales de este grupo mantuvieron hasta el final su apoyo a Ferrer. Gracias a ello -y aunque fuera a la hora 25- el rey Felipe VI pudo inaugurar el 5 de septiembre el Año Judicial con la participación de la flamante presidenta del TS. Discurso de la presidenta Perelló aunque la cúpula judicial Todos esperábamos con sumo interés, no exento de inquietud, las primeras palabras de la nueva presidenta, que han resultado en general satisfactorias para la inmensa mayoría, excepción hecha de los círculos cercanos al Gobierno, que se han sentido señalados por las impecables palabras de Perelló, debido a su acoso a, y descalificación de, los jueces. No fue -según Ángela Martialay- una intervención muy técnica, ni de gran carga jurídica, pero sí un claro aviso de los pilares sobre los que pivotaría su mandato: apoyo a la labor de los jueces, férrea defensa de la independencia judicial frente las injerencias políticas, reivindicación del mérito y la capacidad para el ascenso en la carrera judicial, y ensalzamiento de papel de la mujer en la Administración de Justicia. “Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan. Las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección, a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales”. Perelló fue categórica: “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho” y, en un Estado de Derecho, “nadie está por encima de la ley”. Expresó su compromiso - y el del CGPJ- de cumplir con la función esencial de velar por la independencia judicial, que es la piedra angular de un Estado de Derecho y constituye un baluarte de los principios contenidos en la Constitución, entre los que figuran los de que los jueces son independientes y únicamente están sometidos al imperio de la ley. Aunque la presidenta fue muy diplomática y habló en términos generales, sus palabras condenaban implícitamente la política seguida por Pedro Sánchez, su Gobierno y su Partido, de intentar controlar el Poder Judicial, y de menospreciar y descalificar a los jueces y tribunales -incluido el TS- cuando dictaban sentencias que no les placía. Perelló reconoció el derecho a la discrepancia con las decisiones judiciales en el debate jurídico, pero la discrepancia y la crítica no tenían nada que ver con las descalificaciones y los insultos, que socavaban la legitimidad y la reputación de la Justicia. Sánchez ha criticado la sentencia del TS en el caso del procès y asumido el relato de los independentistas que la consideraba una decisión política, injusta y vindicativa, y de ahí la necesidad perentoria de conceder a los implicados en el intento de secesión una amnistía lo más amplia posible para restaurar la justicia violada. Todos y cada uno de los ministros están presionando a los tribunales y a los jueces para que apliquen la amnistía sin excepción alguna, sobre todo a raíz de la decisión del TS de no considerar incluida en ella la malversación y negarse a aplicársela a Carles Puigdemont y a otros implicados. La vicepresidenta María Jesús Montero advirtió a los tribunales que no podían cambiar el espíritu del legislador, ni hacer una presentación fuera del contexto planteado por los legisladores. La ministra-portavoz, Pilar Alegría, ha manifestado que tanto el texto de la Ley de Amnistía como la voluntad de las Cortes eran absolutamente claros y meridianos, y que ahora correspondía a los jueces su aplicación. El insigne jurista Óscar Puente ha afirmado que no había por dónde agarrar la interpretación de la Ley que hizo el TS. Señaló que el Gobierno había hecho lo que podía y debía, y ahora lo que le tocaba a la judicatura era hacer lo que le correspondía, y vaticinó que el Tribunal Constitucional (TC) tumbaría el criterio del TS ¿Por qué estará tan seguro? ¿Les suena el nombre de Cándido Conde Pumpido? A ello cabe sumar la cacería implacable del Gobierno contra cualquier juez que dicte una sentencia o una resolución que no le convenga al Gobierno -llámense Llarena, García-Castellón o Peinado-, lanzándoles insultos y descalificaciones desde la Moncloa, la portavocía del Consejo de Ministros o la portavocía del PSOE . La vicepresidenta Teresa Ribera reprochó a García-Castellón cierta querencia a pronunciarse siempre en una misma dirección y en momentos particularmente oportunos, después de que el juez insistiera en investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso “Tsunami Democratic”. Pero la palma se la está llevando el juez Peinado por haber admitido a trámite la querella presentada contra Begoña Gómez por una serie de delitos e iniciado una investigación y, sobre todo, por haber citado como testigo a su consorte Sánchez. Ya en su Epístola a los Adefesios, el presidente del Gobierno calificó la investigación de su esposa como “un atropello tan grave como burdo”. Exigió a Peinado declarar por escrito invocando sus privilegios institucionales, pero el juez se lo negó, alegando que era llamado a declarar no en calidad el presidente del Gobierno, sino de esposo de la investigada. Peinado se trasladó a la Moncloa y Sánchez no solo se negó a declarar -lo que estaba en su derecho-, sino que presentó una querella contra el juez por prevaricación, duplicando la que ya había sido presentada por la defensa de Gómez. Los ministros se lanzaron -cuan colegiales en búsqueda de premio- a ver quién criticaba más y mejor la inconcebible actuación contra el Presidente-Sol. Bolaños, “persecución política despiadada”; Albares, “la mezquindad más absoluta”; Puente-que se apunta a todas a la hora de hacer méritos-,” un viaje a ninguna parte, burdo y miserable, y una nulidad del libro”; Morant, “una causa construida a base de bulos”; Sáiz, “un esperpento”; Redondo, “juez que quiere ser una estrella y pasar a la posteridad”; Urtasum, “un ataque”; Grande-Marlaska -juez de profesión, aunque cada día lo parezca menos-, “un retorcimiento de la ley”; Robles -también jueza-, “un juez que busca hacer un paseíllo”… Probablemente influida por este alud de descalificaciones, Perelló afirmó que quería expresar su apoyo a todos los jueces del país. Señaló que ”podéis contar con el respaldo del CGPJ. Podemos sentirnos orgullosos por la labor que desempeñáis cada día con vocación y entrega, en condiciones que, por lo general, son muy precarias”, y subrayó en especial , la “excelencia” con la que había actuado el TS. Cabe esperar que el nuevo Consejo empiece a enseñar tarjetas amarillas -e incluso rojas- a futuros difamadores de los jueces. En momentos en que caen chuzos de punta sobre la Zarzuela -incluso desde personas y círculos cercanos al Gobierno, destacó el compromiso de la Corona con la Justicia y los valores fundamentales consagrados en la Constitución, y concluyó su intervención expresando su agradecimiento a Felipe VI por su constante apoyo a la misma en todos estos años. ¡Chapeau¡ Reacciones al discurso de Perelló Las reacciones de los medios de comunicación al discurso de Perelló han sido por lo general bastante elogiosas. “El Mundo” ha señalado que poseía un extraordinario valor por su férrea defensa de la independencia de los jueces frente a las injerencias políticas, desde una posición apartidista, como requiere la crisis en la que se encuentra la Justicia ante los ataques recurrentes del Gobierno. “ABC” ha comentado que Perelló recalcó una serie de verdades sobre el papel de los jueces en un Estado de Derecho, que -en condiciones normales- habrían sido obvias, pero que -como la situación era excepcional- sonaron como un “Basta ya” del Poder Judicial a la campaña de acoso político que están sufriendo los jueces. Asumió compromisos públicos que cualquier espectador imparcial asociaría sin problemas a episodios de intromisiones recientes en la independencia judicial. No era difícil inferir de su afirmaciones el rastro de las injerencias del Gobierno en la aplicación judicial de la Ley de Amnistía, de las querellas al juez Peinado por sus decisiones en el caso de Begoña Gómez, o los ataques a los tribunales por la aplicación de la Ley del “Sí es Sí. Según “La Razón”, la presidenta del TS afirmó que ningún poder del Estado podía dar indicaciones a los jueces, defendió la independencia judicial, instó a evitar los ataques injustificados a los jueces, y recordó que nadie podía estar por encima de la ley. Para “La Vanguardia”, la Ley de Amnistía planeó sobre el primer discurso de la nueva presidenta del TS, quien pidió al Gobierno que no diera instrucciones a los jueces. La principal nota discordante la ha dado-como ya va siendo habitual- el otrora prestigioso diario “El País”, que consideró lamentable que Perelló no sumara a la reivindicación sobre la independencia de los jueces, la exigencia del respeto de éstos a la imparcialidad que se les supone, “que tantas veces ha quedado en entredicho”. Señaló que a socavar la reputación de la Administración de Justicia también han contribuido sus propios integrantes y de ahí que el CGPJ tuviera que asumir la tarea de restaurar la disciplina profesional respecto a la independencia de los jueces con respecto a la política. Subrayó en su editorial que no se podía olvidar que la derecha política se había embarcado desde hacía un año en una guerra contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo a cuenta del anuncio de la tramitación de la Ley de la amnistía a los implicados en el procès. “La independencia judicial no está en peligro, ni la Ley de Amnistía ha supuesto el fin de la democracia, más bien al contrario” (¿?) El Poder Judicial ha demostradoque es posible la aprobación de una ley sin necesidad de recurrir a las instancias superiores, tan solo forzando una interpretación creativa del texto legal” (¿?). No puede ser más desafortunado y lamentable el editorial de “El País”, con el que estoy en desacuerdo en su práctica totalidad, por las siguientes razones: 1) Parece ser que para el periódico los graves problemas que enfrenta España en el ámbito judicial no son la insuficiencia de la separación de poderes y el peligro que se cierne sobre la independencia del Poder Judicial, la imposición de una Ley de Amnistía que consagra la desigualdad de los españoles ante la ley y concede impunidad a unos políticos que han pretendido separar a Cataluña de España, o la politización de la justicia, sino la falta de imparcialidad de los jueces y su intromisión en la política. 2) Me parece ridícula la afirmación de que la oposición a la Ley de Amnistía en contra de las decisiones legítimas del Poder Legislativo y del Ejecutivo ha partido de la derecha judicial, cuando ha provocado el rechazo de la mayoría del pueblo español, incluidos numerosos votantes socialistas. 3) Tampoco sé en qué manera la Ley de la Amnistía -que es inconstitucional, inequitativa e injusta- puede redundar en beneficio de la democracia. 4) La independencia judicial está en peligro cuando el Gobierno trata de controlar el Poder Judicial, controla la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado y los utiliza como instrumentos suyos, o trufa el TC con antiguos ministros y altos cargos de la Administración, que votan a toque de trompeta “pumpidiana”, con resultado de 7 a 4, cualquiera que sea el tema que aborde el Tribunal. 5) La judicialización de la política es tan criticable como la politización de la justicia, pero ésta resulta mucho más nefasta que aquélla, ya que la influencia de los jueces sobre la política es harto limitada, a diferencia de la que puede ejercer los políticos sobre la justicia, especialmente cuando se trata del Gobierno. 6) Puede que haya algunos jueces que no sean imparciales, pero -a diferencia de lo que da a entender el periódico- se trata de una ínfima minoría, que apenas tiene incidencia sobre el funcionamiento de la Justicia. 7) Es sumamente peligroso que el Gobierno pueda incumplir impunemente una ley -la LOFCA, por ejemplo-, mediante un “interpretación creativa” de su texto legal. Conde-Pumpido y su panda son expertos en la materia, como han mostrado con la anulación de varias de las sentencias sobre el caso de los ERE. Mediante esta “creatividad”, el TC condonará el engendro de la Ley de Amnistía y podrá modificar la Constitución por la puerta trasera. Discurso del Fiscal General del Estado, García Ortiz No hay rosa sin espinas espina, ni Quijote sin Sancho. El breve (5 folios), enjundioso y acertado discurso de Isabel Perelló se vio contrastado por la prolija (35 folios), menesterosa y desacertada disertación de Álvaro García Ortiz, al que se vio durante la sesión inaugural del Año Judicial nervioso, excitado y descompuesto. No le faltaban motivos porque está a punto de ser investigado por el TS por la eventual comisión de un delito de revelación de secretos, por el que ha sido demandado por el afectado, Alberto González, y por el Colegio de Abogados de Madrid. El del actual Fiscal General del Estado es un caso único en los anales de la historia de la Fiscalía en el mundo. García Ortiz ha sido considerado por el CGPJ no idóneo para desempeñar su cargo, ha sido condenado por el TS por desviación de poder, y está a punto de ser imputado ante el Supremo a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sánchez ha dado su pleno apoyo a su y escudero y éste ya ha anunciado que no pensaba dimitir aunque fuera finalmente investigado. En su intervención, puso abiertamente de manifiesto la herida por la que sangraba, y trató de justificar su actuación y la de Begoña Gómez, dos objetivos ajenos a las funciones de un fiscal general. García Ortiz presentó, como es tradicional, la Memoria Anual de la Fiscalía, a la que definió como un instrumento contra infundios y mentiras, sin concretar qué tenían que ver las estadísticas de diligencias penales con la lucha contra la desinformación. Condicionado por el caso Begoña Gómez y por el suyo propio, advirtió del peligro que pueden tener las acusaciones populares, en las que en ocasiones se pervierte el esquema natural y lógico, en el que solo deberían llegar ante los tribunales aquellas investigaciones en las que concurrieran poderosos indicios de responsabilidad criminal. Cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tenía acceso a él, un interés particular -político, religioso corporativo, económico, o mediático- que, de ser mal de utilizado, podría llegar a ser ilegítimo y perturbador. Al permitirse el acceso a los tribunales sin filtro alguno, aumentaba el riesgo de investigaciones prospectivas. Arremetió contra los comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa, así como contra la desinformación, la mentira y el infundio, “unos de los riesgos más importantes para nuestra democracia y para nuestra convivencia”. El fiscal general reclamó un cambio del modelo procesal penal, tendente a dejar las investigaciones en manos de la Fiscalía en vez de en los Juzgados de Instrucción, alegando que el sistema actual no funciona. Su encendida defensa de esta modificación no hizo más que aumentar los recelos hacia el nuevo modelo procesal propuesto. Cabe preguntarse qué ocurriría si se adoptara ese modelo; y la respuesta apunta a que los dos últimos fiscales generales han cubierto la práctica totalidad de los puestos en la cúpula del Ministerio Fiscal con miembros de la Asociación Progresista de Fiscales, con lo que se seguiría esta tónica. Con la tendencia al corporativismo entre los cuerpos profesionales y el principio de que “perro no come perro”, García Ortiz podría sentirse seguro ante una eventual investigación. Según “El Mundo”, el inocultable contraste entre las palabras de Perelló y de García Ortiz permite comprobar que los designios del Gobierno sobre el CGPJ no se han cumplido. El llamamiento a la independencia enarbolado por ésta brilló de forma especial tras el discurso trufado de servilismo al poder que pronunció aquél. “Sus ataques a la acusación popular -figura clave en las investigaciones a la mujer y al hermano del presidente- solo se explican desde esa pulsión mediocre, la única que le mueve , y al mismo tiempo la razón de su descrédito. Como si protagonizara un reality, el fiscal general empleó su discurso para hablar de sí mismo y, al borde de la imputación por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, arremetió ridículamente contra la desinformación, la mentira y el infundio”. La elección y el primer discurso de la presidenta del TS nos ha dejado un buen sabor de boca, pues ha mostrado que se puede ser progresista sin que ello suponga alinearse de hoz y coz con los intereses de un Gobierno supuestamente progresista y respaldar todas sus fechorías, como hacen en el TC los “conde-pumpidos” que subordinan sus conocimientos jurídicos a sus convicciones ideológicas o políticas. Si examinamos las últimas sentencias del Tribunal, nos encontramos con una continua división del voto entre 7 y 4 magistrados, siempre los mismos, y si analizamos las sentencias de la mayoría y los votos particulares de la minoría, comprobamos que éstos exceden en rigor y calidad jurídica a aquéllas. Los magistrados afines al Gobierno no necesitan afinar sus argumentos jurídicos, porque cuentan con el rodillo de la mayoría –“quo nominor leo”-. Habría traído consecuencias catastróficas que hubiera sido elegida presidenta del CGPJ y del TS una de las supuestas “conde-pumpidistas” que -con todo derecho y merecimiento- aspiraban al puesto, porque el TS es el único bastión que aún resiste al intento de control total del Poder Judicial por parte de Sánchez. Doy mi voto de confianza a Isabel Perelló -con la que comparto el privilegio de haber residido en el Colegio Mayor “César Caelos”- en la esperanza de que no nos defraudará, ni a mí -modesto funcionario jubilado-, ni a la mayoría de los españoles. Madrid, 10 de septiembre de 2024

Desconcierto fiscal catalán

DESCONCIERTO FISCAL CATALÁN Pedro Sánchez es un personaje que tiene clara la idea -quizás la única- de que la prioridad de las prioridades es su interés personal, que se cifra en su mantenimiento en el poder como sea y que prevalece sobre cualquier otro posible interés. Sí para continuar en La Moncloa o para instalar a su pupilo Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat había que conceder un concierto fiscal singular y único a Cataluña, pues “no problem”. ¡Dicho y hecho! El problema es que los más íntimos colaboradores del presidente del Gobierno, no tienen la extraordinaria capacidad de transformismo de su amado líder, que deja a Houdini y a Rasputín en paños menores. Tal es el caso de la segunda gerifalte socialista, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y “cheerleader” de la “claque” sanchista. Contradicciones de la vicepresidenta Montero Siguiendo las directrices a la sazón dictadas por Sánchez, Montero afirmó taxativamente el pasado 15 de julio que ni ella ni el PSC estaban de acuerdo con la concesión de un concierto fiscal singular a Cataluña, porque era contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. No obstante, pocas lunas después, el PSC firmó -por mandato expreso de Sánchez- un Acuerdo con ERC por el que se saca a Cataluña del régimen común de financiación y se le concede una soberanía fiscal Similar a la del País Vasco y de Navarra, a cambio del pago de un cupo al Estado y de una vaga cuota de solidaridad a las demás Comunidades Autónomas. Pese a la inquietud causada en las Comunidades gobernadas por el PSOE y en los dirigentes autonómicos del partido, Sánchez no se ha dignado dar la menor explicación sobre el alcance del concierto y ha dicho a sus fieles que confiaran en él, como si fuera el Mesías, y éstos enardecidos así lo hacen. El presidente puede decir que 2 + 2 son 5 o que el sol gira en torno de la tierra, y sus huestes aplauden con las orejas. María Magdalena Montero carece de las dotes escénicas de su Señor y se ha visto en apuros a la hora de dar una explicación coherente sobre el concierto. Se inspiró -por lo oído- en la película de los hermanos Marx “Una noche en la ópera”, en la que -a la hora de negociar un contrato- Groucho le decía a Harpo que “la parte contratante de la parte contratante será considerada como la parte contratante de la primera parte”. Como la cuestión no estaba clara, Groucho le preguntó: “¿Por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?”. María Jesús Marx se negó a dar explicaciones sobre el concierto en el Congreso alegando que el acuerdo era público y cualquiera podía leerlo e interpretarlo, aunque -a mi conocimiento- no se ha publicado oficialmente y tan solo han circulado traducciones del texto original catalán en algunos medios de comunicación. Forzada a ir al Senado, la vicepresidenta aclaró la situación con una lógica “marxiana” y contestó al senador que le pedía explicaciones: “Vd puede expresar nominalmente las expresiones que quiera, pero lo que dice el Acuerdo es lo que dice el Acuerdo, y lo que no dice el Acuerdo no lo dice el Acuerdo, y no lo que cada uno creamos que dice el Acuerdo, y lo que no dice el Acuerdo, no lo dice”. Elemental, querido Groucho. Montero “aclaró” que no se trataba de un concierto, sino de una “financiación singular”, que desarrollaba de manera efectiva el autogobierno de Cataluña en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, preservando la singularidad, la capacidad de mayor autogobierno, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles, vivieran donde vivieran. Ya en vena, afirmó que el Acuerdo desplegaba lo previsto en el Estatuto de Cataluña y que la cuota de solidaridad que aportaría la Comunidad se asemejaba al actual sistema de financiación, a la vez que profundizaba el federalismo. Se trataba de ampliar el espacio fiscal de Cataluña en consonancia con el avance en el autogobierno de los catalanes, garantizando la solidaridad interterritorial. Encarándose con los senadores del PP les espetó “¿Les vale o no les vale que se respete la Constitución y el Estatuto?” Aunque yo no sea senador, le digo que no me vale, porque la concesión del concierto fiscal a Cataluña es contrario a la Constitución, al Estatuto y a la LOFCA. Vino a mi mente el comentario del locutor argentino Joe Rigoli en la radio de mis años mozos: “Callate, piba, que se te entiende todo”. Según ha comentado Rafa Latorre, el concierto no conduce a España hacia una realidad federal, sino confederal, pero no la convertirá en una nación de naciones Cabe preguntarse en qué consiste la singularidad única de Cataluña para que merezca la concesión de un concierto fiscal. Cuenta con una lengua “propia” -aparte del castellano, lengua materna de la mayoría de los catalanes, a la que discrimina-, al igual que otras cuatro Comunidades Autónomas, con un mar Mediterráneo que baña las costas de tres Comunidades, con un río Ebro que fluye por otras cinco, con una historia compartida con todos los españoles -por más que los seudo historiadores nacionalistas se inventen que ya en la Edad Media existía un reino catalán, puesto que lo máximo que llegó a ser Cataluña fue un condado dependiente de Francia o de Aragón, y que finalmente se integró en el Reino de las Españas… La única singularidad exclusiva de Cataluña es que Sánchez necesita para gobernar en Madrid e Illa para hacerlo en Barcelona los votos de ERC, y lolos republicanos les han exigido unas contrapartidas exorbitantes, como la de la concesión de la soberanía fiscal previa a la política, y Sánchez -y su testaferro- han cedido al chantaje y aceptado todas sus exigencias. El Acuerdo firmado entre ERC y PSC no es un pacto negociado bilateralmente, sino un contrato de adhesión y Sánchez se limitó a preguntar dónde había que firmar y dio las pertinentes órdenes a Illa para que lo hiciera. Descripción del Acuerdo Como ha comentado Daniel Gascón, el Acuerdo ERC-PSC es una antología de premisas falsas y vaguedades, que asume el marco mental del nacionalismo. Basta con leer su preámbulo. El PSC/PSOE ha asumido plenamente el relato independentista. “El catalanismo -fruto de la diversidad y pluralidad de la sociedad catalana- se traduce en diversas propuestas que abarcan desde el federalismo al independentismo, que se reconocen como opciones legítimas”. La incapacidad del Gobierno central de dar una respuesta democrática a la voluntad de estas fuerzas provocó el actual conflicto político, y la sucesión acelerada de decisiones por parte de todos los actores implicados, sumada a la judicialización de la política y a la respuesta policial contra el movimiento independentista, incentivó el distanciamiento entre el independentismo y el federalismo catalán. A pesar de los avances logrados para acabar con la judicialización-indultos, reforma del Código Penal y, especialmente, la Ley de Amnistía-, se mantienen las amenazas contra la voluntad mayoritaria de desescalar el conflicto entre Cataluña y el Estado y las razones de fondo, y el conflicto sigue pendiente de resolver, conservándose importantes diferencias entre el independentismo y el federalismo de izquierdas. Según reconocen los signatarios, PSC y ERC han pactado una investidura para conseguir que Cataluña gane soberanía, a través de los compromisos de a) ofrecer una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la ciudadanía catalana sobre el futuro del país, que permita avanzar en la vía de la negociación con el Estado para dar forma a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía de Cataluña; b) impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basada en una relación bilateral con el Estado, que permita la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos generados en Cataluña, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de 8 millones de catalanes; c) reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente en el modelo de escuela, el uso social del catalán y la acción exterior de la Generalitat, de modo que haga al país avanzar en términos de soberanía, conforme a la idea de reconocer a Cataluña como Nación. No me queda claro si el PSC -que tradicionalmente ha sido más nacionalista que socialista y solo actúa como constitucionalista cuando necesita de los votos de los no nacionalistas- comparte la ideología del independentismo -sea de izquierdas o de derechas-, o se ha visto forzado a aceptar el chantaje de ERC para conseguir el mantenimiento de Sánchez en el Gobierno y el acceso de Illa a la Generalitat. Cualquiera de las dos opciones resulta lamentable. No existe un conflicto entre el Estado español y una de sus Comunidades Autónomas, sino de rebelión de una de ellas contra el Estado, que llegó a declarar unilateralmente la secesión de Cataluña de España, en un golpe de Estado del libro, y ahora Sánchez considera que fue una legítima actuación política injustamente condenada por los tribunales españoles. De ahí los indultos, la supresión del delito de sedición, el abaratamiento del de malversación, la amnistía, y la condena del “lawfare” de los jueces españoles contra los pacíficos demócratas catalanes. A ello se suma la concesión de un régimen de soberanía fiscal, como paso previo a una soberanía total, que se consagrará en un referéndum de libre autodeterminación en el que solo participen los catalanes. La justificación de la conces httpsión de un régimen de financiación singular parte del mantra de que Cataluña sufre una infrafinanciación extendida en el tiempo, que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios, lo cual es falso como demostraron Josep Borrell y Joan Lllorach en “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. Como ha observado el presidente FEDEA, Ángel de la Fuente, en términos de financiación por habitante, Cataluña siempre ha estado en torno a la media y, en términos de saldo fiscal -diferencia entre los impuestos estatales que se pagan en Cataluña y el gasto del Estado en su beneficio-, su situación es similar a la mayoría de las regiones con niveles parecidos de renta. Según los signatarios, los distintos modelos de financiación han causado graves perjuicios a Cataluña, pues la insuficiencia crónica de financiación ha limitado el gasto de la Generalitat en servicios públicos como la sanidad, la educación, la asistencia social o las infraestructuras. Estas afirmaciones son inexactas porque, de un lado, los distintos modelos fueron pactados por el Gobierno con Cataluña y luego impuesto a las demás Comunidades y, de otro, los Governs ha preterido los gastos sociales a los realizados con fines identitarios, como la creación de las infraestructuras de un futuro Estado independiente, la expansión de la red de delegaciones en el extranjero, o la expansión del catalán en otras Comunidades y países. Pese a tener los impuestos más elevados de España, la Generalitat ha gastado más de lo ingresado e incurrido en una considerable deuda pública -€85.896 millones, el 32% de su PIB-, que no puede financiar en los mercados internacionales porque su calificación es de bono basura, y sus reiterados déficits son financiados sin intereses por el Fondo de Liquidación Autonómica, del que ha recibido €102.622 millones -40% del total distribuido-. El Gobierno se propone además condonar el pago de buena parte de esta deuda. La última cacicada que ha hecho el Gobierno en su ocupación de todas las instituciones, ha sido nombrar consejero del Banco de España -por presión de ERC- a Jordi Pons, autor del libro “Expolio fiscal: Una asfixia premeditada”, que popularizó el falso lema de “España nos roba”, que ha sido el santo y seña del independentismo catalán. Supongo que su primera propuesta será la de que se cambie el título de la entidad por el de “Banco del Estado”. No se trata de reformar el sistema de financiación común sino de cambiarlo por completo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad. “Es indispensable un nuevo sistema de financiación basado en una relación bilateral con el Estado y un incremento sustancial de la capacidad normativa y de gestión que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat”. Hay que adaptar el sistema fiscal a las necesidades del país disponer de la de cesión de los rendimientos de los impuestos recaudados en Cataluña. No obstante, es una injusticia solucionar de forma bilateral lo que es un problema común a 17 Comunidades del régimen común y permitir que la Generalitat se quede con los rendimientos de los impuestos pagados por los ciudadanos residentes en Cataluña, que no aportan sus contribuciones por ser catalanes, sino por percibir mayores ingresos, ya que los que pagan éstos no son los territorios sino las personas -otra de las falacias que propagan los independentistas-. En contrapartida, la Generalitat aportará a las finanzas del Estado una cantidad para cubrir los costes de los servicios que éste preste a las Comunidades, así como una vaga y condicionada aportación a la solidaridad interterritorial. La primera se fijará mediante un porcentaje de participación los tributos y la segunda está destinada a permitir que los servicios públicos prestados por los distintos Gobiernos autonómicos a sus ciudadanos alcancen niveles similares, siempre que esas Comunidades lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar. El texto no puede ser más impreciso. No establece quién es competente para valorar los esfuerzos fiscales o para fijar el monto de la aportación. Por otra parte, no precisa el alcance del “esfuerzo similar” ¿Quiere decir que las Comunidades deben tener un sistema impositivo similar al de Cataluña, que es la Comunidad que tiene más impuestos propios y unas tarifas más elevadas? Me temo que esto es lo que pretende ERC, así como que sea la Generalitat la que fije unilateralmente el monto del cupo solidario. La AEAT transferirá a la Agencia Tributaria Catalana todas sus competencias sobre los impuestos recaudados en Cataluña, para lo que será necesaria la modificación de la LOFCA, y el Gobierno le facilitará los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos. Se consigna asimismo el principio de ordinalidad, Dado que Cataluña aporta al Estado más de lo que recibe -porque para eso está más desarrollada y sus ciudadanos tienen un superior nivel de vida-, la Comunidad deberá mantener el mismo orden que la escala de lo que reciba. Se trata de un criterio contrario a la justicia distributiva y social, y escasamente solidario, porque Cataluña no recibiría del Estado menos de lo a él que aportara. Se fija, por último, el criterio de la disponibilidad, que permite a la Generalitat aprovecharse de todos los impuestos recaudados en la región. Críticas del Acuerdo Seis semanas después de su firma, el Acuerdo sigue siendo objeto de controversia, sin que el Gobierno haya disipado las numerosas dudas sobre su contenido, alcance y aplicación. Las parcas explicaciones que ha ofrecido hasta el momento no han ido más allá de la invitación a que se lea el Acuerdo, la negación de que -pese a las evidentes similitudes entre ambos- el sistema propuesto para Cataluña sea equiparable al régimen de concierto económico del que disfrutan en el País Vasco y Navarra, y la insistencia en que la propuesta no solo preservará la solidaridad interterritorial, sino que permitirá mejorar la situación de todas las Comunidades. En su comunicación sobre “Algunas reflexiones al hilo del debate sobre el concierto catalán”, el presidente de FEDEA ha concluido que se reclama una reforma radical del sistema de financiación autonómica común que llevará a la plena soberanía fiscal de Cataluña. La Generalitat asumirá la recaudación de todos los impuestos en su territorio, tomando así el control de las llaves de la caja, con el fin de incrementar sustancialmente sus recursos, lo que comportará inevitablemente una importante reducción de la aportación a la caja común, así como un cambio muy significativo en la naturaleza del Estado, que adquirirá rasgos claramente confederales, lo que puede limitar seriamente su capacidad autónoma de actuación. El Gobierno afirma que Cataluña va a mantener un elevado grado de solidaridad interterritorial, que permitirá asimismo que mejore la situación de todas las Comunidades. Sin embargo -según de la Fuente-, salvo que las leyes de la Física hayan cambiado súbitamente, no parece que los dos objetivos sean compatibles. No se pueden dar las llaves de la caja a las regiones ricas -que las quieren para mejorar sustancialmente su propia financiación- y a la vez garantizar que el Estado seguirá contando con los recursos suficientes para mantener la cohesión territorial y ejercer el resto de sus competencias. El Estado podría compensar a las Comunidades perdedoras supliendo las pérdidas de fondos procedentes de las Comunidades que se vayan del sistema de régimen común, pero los recursos necesarios para ello solo pueden proceder o de un aumento de los impuestos que pagan los ciudadanos de los territorios que permanezcan en dicho régimen, o de un recorte de las prestaciones estatales, lo que también les afectaría negativamente. Para que los que salgan del sistema puedan mejorar, los que se queden tendrán que perder de una forma u otra. La tesis del Gobierno de que el Acuerdo puede ser el punto de partida para una reforma del sistema de financiación que sea buena para todos no resulta creíble. Habrá claros ganadores y perdedores, sin que los cambios en la distribución de recursos que se atisban supongan una mejora en la equidad del sistema. Se producirá además una mutación de carácter confederal en la naturaleza del Estado, que podría comprometer su facultad para ejercer de forma satisfactoria sus competencias constitucionales. Si queremos que la reforma se traduzcan en una mejora para todos, habrá que buscar una vía alternativa, cuyos ingredientes esenciales tendrían que ser una Administración Tributaria única realmente de todos -quizás a través de un consorcio a 16, en lugar de 15 consorcios a 2-, el respeto a la ordinalidad por habitante ajustado, y la conversión de las tradicionales cláusulas de status quo en concesiones transitorias. Con un poco de suerte, el susto del cupo catalán ayudará a que los más reticentes al cambio se bajen de la burra y piensen un poco más en términos de construir un sistema bueno para el conjunto del país y menos en sus intereses inmediatos a corto plazo. Según ha declarado de la Fuente a "El Mundo’, el Acuerdo tiene pinta de concierto. Su música no suena bien y lo que se entiende de la letra tampoco. Abrir la puerta a la generalización del sistema de concierto supone un cambio significativo en la naturaleza del Estado, que exigiría una reforma constitucional y un debate amplio, bien informado y sosegado, en lugar de estas prisas. El incremento sustancial de los recursos de la Generalitat supondrá una menor aportación a la caja común, que mermará los recursos de otras Comunidades o los del Estado y, si aumentan las disparidades en financiación, también lo hará la desigualdad en la calidad de los servicios públicos que recibirán las Comunidades menos desarrolladas. Sánchez se ha negado a dar la menor explicación pese a haber reunido a sus fieles en el Comité Federal del PSOE. A juicio de Jorge Bustos, en una secta el fervor mesiánico no deja espacio al uso de la razón. No los aglutina en torno al líder la ideología, porque el concierto catalán es el penúltimo clavo en el ataúd de una socialdemocracia reconocible. No los enmudece el poder, porque el partido terminará sacrificando el escaso control territorial que le queda en el altar del colchón matrimonial de La Moncloa. “Les escamoteó la vergonzante explicación del privilegio fiscal y aplaudieron. Se ofreció a relevarse a sí mismo para prolongar el secuestro y lo vitorearon. Les anunció que gobernaría sin el concurso del Parlamento y jalearon la senda autocrática. La legislatura agoniza, pero esta tropa pretende exportar el féretro de su momia en un cortejo fúnebre que dure tres años”. También ha rechazado Sánchez convocar la reunión de Presidentes Autonómicos, pese a haber sido solicitada, y optado por entrevistarse con los presidente uno a uno para leerles la cartilla y tratar de dividir a los del PP, ofreciéndoles ventajas económicas con pólvora del Rey. Según Manuel Arias, el concierto fiscal catalán carece de cualquier justificación objetiva y, sin embargo, es presentado por el PSOE como una necesidad inaplazable. Deben así encontrar la manera de ocultar que la ruptura de la caja común perjudica a todos los españoles menos a los catalanes, disimulando el hecho moralmente decisivo de que en Moncloa y Ferraz hay personas dispuestas a empobrecernos con tal de conservar el poder. El partido ha iniciado, de forma poco exitosa, la tan deseada campaña de pedagogía, difícil de llevar a cabo porque los pedagogos son los primeros que no saben lo que establece el Acuerdo, y la pedagogía se transforma en intoxicación. Como no saben ni pueden explicar el concierto, el PSOE y el Gobierno dicen tonterías, llegando sus portavoces -Esther Peña y Pilar Alegría- a comparar el concierto fiscal con las medidas tomadas por la insularidad de Canarias y Baleares, y con las ayudas a las empresas de Teruel, Soria y Cuenca para paliar los efectos de su despoblación. Siguiendo con su logomaquia de lengua de trapo, Montero ha tratado de explicar que el concierto no es un concierto. “Lo pueden llamar como quieran. De lo que conocemos, no es ni una cosa ni la otra, sino una nueva mirada”. El senador neo convergente Eduardo Pujol, no apreció la poética respuesta de María Jesús y le dijo que era pasar del café para todos al calímocho para todos, que era más divertido y más dulce pero igual de insolidario con Cataluña, y la amenazó con que, si trataba de venderles un concierto cero-cero muy“light”, sería “game over”. Una modificación de la LOFCA en este sentido no contaría con los votos de JxC. También la senadora de ERC Sara Bellac le advirtió que cualquier intento de dilación innecesaria, de manipulación o de rebaja de los términos del Acuerdo, tendría consecuencias. Para ayudar a mi paisana a salir de su atolladero, le sugiero que -al margen de su contenido, cuando llegue a conocer el Acuerdo- lo califique de “desconcierto fiscal”, un término adecuado a las circunstancias y que desafina bastante bien. Madrid, 14 de septiembre de 2024

Cataluña nos roba

CATALUÑA NOS ROBA El pasado 30 de julio, el PSC y ERC llegaron a un preacuerdo para nombrar a Salvador Illa presidente de la Generalitat, a cambio de la concesión a Cataluña de soberanía fiscal y otros privilegios de diverso tipo. En realidad no ha sido el PSC -que es un cero a la izquierda-, sino el PSOE de Pedro Sánchez, quien ha llegado a un acuerdo con los independentistas buenos y progresistas -por ahora-, para hacer al fantasmón de Illa “molt honorable”. Cataluña se encuentra entre el fuego de Sánchez y la sartén independentista, por la que luchan en una guerra fratricida los tirios de ERC y los troyanos de JxC para liderar al independentismo en la región. Sánchez está en el centro de la cuerda floja que tratan de tensar sus aliados independentistas, inclinándose en un equilibrio inestable hacia uno u otro de los hermanos separados para conservar el poder a cualquier precio. Se deja chantajear por el imperativo categórico de mantenerse en la Moncloa, para lo que necesita los votos de ambos. El problema es que lo que conceda a uno tiene que concedérselo aumentado al otro en una indecente subasta que llega hasta el infinito y más allá. Cuanto más débiles son los independentistas, mayores son sus exigencias para justificarse ante sus fieles, y éste está dispuesto a ceder hasta el pellejo con tal de mantenerse en el Gobierno, lo que supone un pozo sin fondo. El siguiente paso indispensable era la aprobación del pacto por parte de las bases de ERC -unos 7.800 militantes, de los que solo han votado el 77%-, para lo que se contaba con la opinión favorable de la mujer fuerte del partido republicano, Marta Rovira, y de los actuales dirigentes del partido, y el “sí de las niñas” se consiguió el 2 de agosto por solo 550 votos de margen. España es un caso único, ya que -contando con 49 millones de habitantes, de los que 8 millones residen en Cataluña- el futuro económico y político de la Nación lo han decidido 3.397 ciudadanos contrarios a España. Antecedentes El 12 de mayo se celebraron en Cataluña las elecciones autonómicas que fueron ganadas por el PSC de Salvador Illa con 872.959 votos y 42 escaños (+12), seguido por Junts por Puigdemont, 674.896 (21.61%) y 35 (+3), y por ERC, con 427.135 (13.68%) y 20 (-13). En un segundo plano, el PP consiguió 342.584 (10.97%) y 15 (+12) , Vox 248.554 (7.96%) y 11 (=), En Común 181.795 (5.82%) y 6 (-2), la CUP 127.195 (4.09%) y 4 (-5), y Alianza Catalana 117.928 (3.79%) y 2 (+2). Carles Puigdemont - que había resucitado cuando estaba en situación terminal, al otorgarle Sánchez la baza de una amnistía “ad personam- realizó su campaña dirigida a asumir el liderazgo del independentismo y su enfrentamiento con el presidente del Gobierno dio a los comicios un carácter plebiscitario. Puigdemont planteó su candidatura como una labor de restauración de su presidencia de la Generalitat y afirmó que se retiraría de la política si no la conseguía. Aragonés e Illa centraron su campaña en temas de gestión y de mejora de los servicios públicos, mientras que Sánchez y Puigdemont hicieron lo contrario. Sánchez necesitaba, de un lado, que el PSC lograra una clara victoria para poder apropiársela y consolidar la posición del PSOE y, de otro, cuidar al máximo no molestar a los independentistas de los que dependía para mantenerse en Moncloa. De ahí que combinara un discurso basado en la gestión, con sus arengas en las que desarrollaba su teoría del fango y de los bulos de la derecha. Presionado por JxC, ERC tuvo que radicalizar su posición y exigir la celebración de un referéndum de libre determinación, la concesión a Cataluña de un régimen de soberanía fiscal y el blindaje de la inmersión lingüística. Por primera vez, Cataluña dejó de ser electoralmente independentista, al obtener mayoría los partidos contrarios a la independencia, pero el PSC -que es más nacionalista que socialista- menospreció a los partidos constitucionalistas situados a su derecha y se pronunció por la formación de un Gobierno “progresista” con ERC y los Comunes. El PSC -que había ganado las elecciones anteriores pero no pudo gobernar- debía liderar esta nueva etapa, ya que Illa era el único candidato viable y, de no conseguirlo, habría que celebrar nuevas elecciones. Puigdemont pretendía recuperar la presidencia de la Generalitat gracias al apoyo de las demás fuerzas independentistas y la abstención del PSC, y amenazó a Sánchez en caso de que no lo hiciera, con derribar su Gobierno. Descartada la “sociconvergencia” por las exigencias de Puigdemont y la apertura “ a dextra”, Illa quedó sometido a chantaje de ERC, que ha impuesto a Sánchez la concesión a Cataluña de una soberanía fiscal -paso previo a la soberanía política- a cambio de sus votos para que Illa accediera a la presidencia de la Generalitat. Illa merece ser presidente de la Generalitat, pero en ningún caso al coste exigido por ERC. Concesión de soberanía fiscal a Cataluña Ante el temor a una repetición de las elecciones y las excepcionales concesiones financieras y de otro tipo hechas por Sánchez, los mindundis de ERC han condescendido a otorgar la presidencia de a Generalitat a un falso constitucionalista, que está dispuesta a seguir una política más nacionalista que la de los propios independentistas. Prueba de ello es que ha permitido que se conceda la presidencia del Parlament a un miembro de JxC -pese a no contar los nacionalistas con mayoría-, que se modifique el Reglamento del Parlamento para que pudieran votar telemáticamente los diputados prófugos, o que se prohíba por ley autonómica la aplicación de la sentencia del TSJC que obligaba a impartir en español en las escuelas catalanas al menos un 25% de las asignaturas. Pese a la transcendencia del Acuerdo -que supone una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, al derogar el sistema de autonómico de financiación- ni Sánchez ni Illa dijeron ni pío sobre su alcance y contenido, para no dar argumentos al voto en contra de los republicanos opuestos al pacto con el PSC. La pregunta que se ha hecho a las bases de ERC no puede ser más etérea y buenista. En ella no se menciona ni a Illa, ni al PSC, y solo ha faltado prometer a los militantes que les tocaría la lotería. El texto es un arquetipo de lo que no debería ser una pregunta en una consulta sobre un tema de tanta transcendencia: “¿Estás de acuerdo con que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución de conflictos políticos y el resto de medidas acordadas?”. ¡Y dos huevos duros!, como diría Harpo Marx. Resultaba difícil decir que no, pero; aún así, ha faltado poco. Tras el triunfo por los pelos del Sí en la consulta, Illa ha comunicado al presidente del Parlament, Josep Rull, que cuenta con los votos necesarios para ser investido -42 del PSC, 20 de ERC y 6 de En Común-, por lo que cabe esperar que éste convoque la próxima semana la correspondiente sesión de investidura. Hay un elemento que podría alterar esta previsión. Puigdemont ha afirmado que, si se celebraba semejante sesión, regresaría a España aún a riesgo de ser detenido. Este eventual suceso podría alterar el desarrollo de los acontecimientos, porque la posible detención de Puigdemont podría lleva a Rull a aplazar la sesión de investidura. Mi opinión personal es que esta situación no se va a producir, pues -pese a que seria una magnifica oportunidad para sabotear la elección de Illa- Puigdemont no tiene madera de mártir y es más que probable que prefiera verlas venir y aguardar a que se resuelva favorablemente la aplicación de la amnistía a su fugaz persona. Otra circunstancia que podría empañar el trabajoso éxito de Illa sería la eventual rebelión de las Juventudes de ERC, contrarias al apoyo al líder del PSC, que pretenden debatir internamente el sentido del voto de la diputada que los representa, Mar Besses, que ha expresado su oposición a la investidura de Illa. Tampoco creo que esta eventualidad se produzca, porque es mucho lo que está en juego para ERC. Lo que lo que está fuera de duda es que, si Illa consiguiera ser investido, se abriría un camino incierto para el mantenimiento del Gobierno de Sánchez, porque Puigdemont le retiraría el respaldo de los 7 diputados de JxC que permite su mantenimiento en el poder. Un cambio de opinión más del PSOE sobre concesión de soberanía fiscal a Cataluña El 15 de julio, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmo que no estaba de acuerdo con la concesión de un concierto económico a Cataluña y el PSC tampoco. El profesor Juan Torres -coautor en su día del programa económico de Podemos- ha afirmado en su artículo “Política sin principios, políticas de impostura”, que hacía tan solo un par de semanas, la vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE rechazaba la posibilidad de que se estableciera algo parecido a un cupo para financiar a Cataluña, porque no tenía encaje ni en la Constitución ni en el Estatuto, pero eso ha sido justo lo que se ha acordado con ERC. “¿Cómo es posible que ahora su partido -en el que es la segunda autoridad- o el Gobierno -del que es vicepresidenta- lo aceptan y a ella le dé igual? ¿Cómo puede ser igual 8 que 80 para una ministra de Hacienda? ¿Cómo puede ocurrir eso sin que tenga consecuencias de ningún tipo?”. Torres mencionaba asimismo que -para justificar su cambio de posición- Sánchez había alegado que, si Aznar transfería el 30% de IRPF a Cataluña era pacto de Estado, pero si lo hacía él, se rompía España. En ambas circunstancias había una falta de principios. En la primera, no se podía aceptar como algo bueno, lo que hacía 15 días se aseguraba que era malo. En la segunda, el presidente hacía trampa, porque lo que se planteaba era si la decisión -al margen de quien la tomara- era buena o mala. Que Aznar hubiera hecho daño a España no podía servir de justificación para que Sánchez tomara una medida semejante. Al PSOE le ha pasado exactamente igual que con la amnistía. No se podía decir que algo era negativo e inaceptable, y darlo por bueno al poco tiempo, porque interesara para obtener un beneficio. Esto equivalía a actuar sin principios, aceptar que alguien pueda hacer cualquier cosa o la contraria sin atender a que lo que se hacía pudiera tener una consecuencia u otra. Actuar afirmando que se luchaba por ideales, cuando se actuaba en virtud de cómo soplara el viento del interés propio en cada momento, era convertirse en un impostor, en una persona que se hace pasar por lo que no es. “Hacer política sin principios es una impostura que degrada la política y perjudica a toda la ciudadanía”. Como ha observado Daniel Gascón en “El País”, el preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Illa es una antología de premisas falsas y vaguedades que asume el marco mental del nacionalismo. El Gobierno ha asumido por completo el intolerable relato independentista: existencia de un reino de Cataluña, sustitución de la guerra de sucesión a la corona de España tras la muerte de Carlos II por una guerra de secesión entre Castilla y Cataluña, opresión de Cataluña tras la conquista de Barcelona por las tropas borbónicas en 1717, robo permanente de España a Cataluña y existencia de una considerable deuda histórica, origen del conflicto actual entre España y Cataluña en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto catalán, judicialización de la política y ”lawfare” contra los políticos nacionalistas con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del 1-O y la actuación de los jueces… El razonamiento socialista está basado en una serie de falacias: 1) No son los territorios sino las personas los que pagan impuestos y, si los catalanes pagan más, es porque tienen más ingresos y no por residir en Cataluña; 2) Cataluña no está infra financiada, sino más bien al contrario, como demostraron Josep Borrell y Joan Llorach en “Las cuentas y los cuentos de la independencia”, y además los criterios de distribución autonómica siempre fueros acordados entre el Gobierno y la Generalitat e impuestos luego a las demás Comunidades; 3) los privilegios concedidos a Cataluña no son un paso para la federalización del Estado autonómico, sino que conducen a un confederalismo asimétrico totalmente ajeno a la Constitución; 4) el Acuerdo es bueno para Cataluña, para el PSOE y para Sánchez, pero es pésimo para el resto de España; 5) gracias a la supuesta política de diálogo con el independentismo no se ha acabado el procès, ya que tanto ERC como JxC han manifestado sin pudor que la soberanía fiscal es el paso previo a la soberanía política y que “lo volverán a hacer”; 6) no se mantiene el principio constitucional de solidaridad interterritorial, porque, en un sistema de suma cero, los que una Comunidad gana -y es evidente que Cataluña ganará mucho- será en detrimento de las demás Comunidades del régimen común. Con el estilo progubernamental propio de la casa, “El País” ha editorializado que con este pre-Acuerdo ha quedado clausurada la etapa de política de bloques que ha dividido durante una década a los catalanes que están a favor y en contra de la independencia. “El incremento gradualista del autogobierno, mediante el diálogo político y el pacto, se impone sobre el unilateralismo rupturista” (¿?). Y lo que ha sido decisivo es el método que lo define, “basado en el diálogo y en el consenso, en vez de la confrontación y la disrupción”. ¿Ha habido realmente algún tipo de diálogo con las fuerzas constitucionalistas? Como ha señalado con ironía Gascón en el mismo periódico, “tranquiliza que la cesión de las competencias se negocie con quienes malversaron fondos públicos para atacar el orden constitucional, y dicen que lo volverán a hacer”. Opinión bien distinta -y que comparto- tiene “El Debate”, que ha mantenido que las concesiones de Sánchez vienen dando cauce a las reivindicaciones separatistas de Cataluña para convertirse en Estado independiente, a cambio de votos para que el traidor siga como presidente del Gobierno. Nunca en la Historia de España la manada de los que han venido inventando las patrañas de sus supuestas identidades nacionales han estado tan cerca de conseguirlas. España vive el momento más grave de su Historia contemporánea, por lo que hay que reclamar la unidad de la ingente mayoría españoles que quieren seguir siéndolo -porque para ellos España debe ser la patria común e indivisible de todos los españoles- con el fin de formar un bloque sólido y eficaz frente a los desmanes del impostor Sánchez y la locura indecente de sus socios separatistas. El Acuerdo es otro cambalache dañino similar al que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, comprando con prebendas el apoyo de los diputados. En este caso, el precio es -amén de legalizar el boicot al español para imponer artificialmente el catalán- hacer de Cataluña un paraíso fiscal perjudicial para el conjunto de España, porque supone romper la unidad de caja, fraccionar la Agencia Tributaria, acabar con la solidaridad entre territorios, hacer inviable el equilibrio regional y condenar al empobrecimiento a los territorios menos prósperos. Como ha señalado el profesor vasco Ignacio Zubiri, no es concebible que los políticos que consideran que España les roba vayan a asumir todos los impuestos generados en Cataluña para seguir teniendo los mismos recursos que antes. Cataluña va a reducir su aportación al resto de España en muchos millardos de euros. El Acuerdo es muy perjudicial para los españoles que residan en otras Comunidades Autónomas de régimen común, quienes pagarán más impuestos y recibirán menos prestaciones. El Gobierno central puede tener problemas para financiar sus políticas públicas, incluido el pago de pensiones, por lo que el Acuerdo pone en riesgo el Estado de bienestar, acaba con la igualdad, limita la capacidad del Gobierno central para realizar políticas estabilizadoras, desmantela el sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas, debilita el sistema fiscal español, aumenta el coste de gestión de las empresas, y facilita el fraude fiscal. El Gobierno además pacta bilateralmente con Cataluña cómo debe ser el régimen fiscal aplicable al resto de España. ERC exigió como condición primordial para votar a favor de la investidura de Illa la concesión a la Generalitat de una soberanía fiscal total, lo que suponía la capacidad de cobrar y gestionar la totalidad de los impuestos generados en Cataluña, la regulación de los mismos y la inspección, para lo que se concedía amplios poderes a la Agencia Tributaria catalana. El Gobierno reconoció la “singularidad” de Cataluña y la necesidad de concederle un tratamiento especial distinto a las demás Comunidades Autónomas de régimen común. Ofreció un concierto para que un organismo mixto compuesto por representantes del Gobierno central y de la Generalitat -algo previsto en el Estatuto- gestionara los impuestos cobrados en la región, pero Rovira lo consideró insuficiente y exigió la llave de la caja y la caja también, así como la plena capacidad de gestión de los impuestos. A cambio, se comprometía a contribuir con una cantidad a acordar -un cupo-en compensación por los servicios prestados por el Gobierno central -Asuntos Exteriores, Defensa, Comunicaciones y Transportes-, así como con otra suma para ayudar en la cohesión a las Comunidades menos desarrolladas. Los socialistas cruzaron sus líneas rojas ante el envite chantajista de ERC y fueron cediendo, unas tras otras, a todas sus exigencias. A juicio de Torres, el Acuerdo modifica el sistema de financiación autonómica, la forma en que puede llevarse a cabo la política fiscal del Estado, y la posibilidad de que éste tenga en el futuro de llevar a cabo el resto de las políticas económicas y sociales, y afectará en general la marcha de la economía española en su conjunto y las condiciones de vida de todos los españoles, como contrapartida a que el candidato del PSC acceda a la presidencia de la Generalitat. El sistema que prevé el Acuerdo implicará menos ingresos para el Estado y un aumento de las desigualdades existentes entre sus territorios y sus poblaciones. Asimismo supondrá la sustitución del principio de solidaridad -a cada uno según sus necesidades y sus capacidades- por el de ordinalidad -dar más al que más aporte-. La fragmentación de los impuestos y de la Agencia Tributaría Estatal traerá como consecuencia mayor ineficiencia y menor eficacia, así como la disminución de su capacidad recaudatoria y redistributiva. Implicará, en la práctica, la conversión de España en un Estado cuasi confederal y la renuncia a los principios de solidaridad e igualdad supondrá un cambio radical de los principios inspiradores de las políticas económicas y sociales del Gobierno, y una mutación constitucional al margen de la Constitución. “Un Gobierno que revienta los principios de seguridad e igualdad, y destroza el cerebro, los pies y las manos del Estado central, impidiendo que éste lleve a cabo políticas de definición y ejecución común y de redistribución, es cualquier cosa menos un gobierno progresista. Tratar de gobernar a cualquier precio no es progreso, sino oportunismo y traición”. El Acuerdo es impreciso y deja muchos puntos en el aire, sobre todo en la cuestión de la contribución catalana a la solidaridad. El cupo dependerá de los ingresos fiscales en Cataluña, por lo que será variable. Se prevé prestar ayuda a otras Comunidades que “hagan un esfuerzo similar” y no especifica quién tiene la competencia para decidir al respecto. La solidaridad está “limitada” al principio de ordinalidad, por lo que Cataluña, al aportar más, recibirá más. Es obvio que Cataluña contribuirá menos que ahora, porque, de no ser así, ¿para qué cambiar el régimen? La disminución del caudal contributario de la segunda economía del país -Madrid y Cataluña tienen el 40% del PIB español- provocará que disminuyan los servicios públicos y haya Comunidades de primera y de segunda clase. Según José María Lugo, con el Acuerdo se vulneraría la Constitución, que solo prevé sistemas financieros específicos para el País Vasco y Navarra. El Gobierno dice con la boca pequeña que tendrá en cuenta las singularidades de todas las Comunidades, pero, si solo se tuviera en cuenta de Cataluña, sería un privilegio inaceptable y si, se extendiera a otras Comunidades, se produciría una situación imposible, porque no puede haber España 17 regímenes fiscales específicos. El cambio que se pretende debería realizarse mediante una reforma de la Constitución, lo que no resulta viable. La concesión de la soberanía fiscal a Cataluña y su exclusión de régimen común resultan inaceptable para la inmensa mayoría de las Comunidades, incluidas las dos sometidas a este régimen gobernadas por el PSOE, como Castilla/La Mancha y Asturias. Emiliano Garcia-Page no ha aceptado la obscena soberanía fiscal para Cataluña que nunca figuró en los programas electorales del PSOE, y Adrián Barbón rechazó el pacto por ser contrario a los intereses de Asturias. Otros lideres autonómicos socialistas han hecho declaraciones similares pero son meramente testimoniales y, a la hora de la verdad, todos se cuadrarán ante el “capo” a toque de corneta, incluido García Page, del que dice Mariano Gomá que es buen esgrimidor que ataca y retrocede, se lanza y vuelve atrás, con un estoque de plastilina como el de los mosqueteros cobardes. A la oposición de algunos sectores del PSOE se han unidos varios partidos miembros de Sumar, como Izquierda Unida, Compromís o la Chunta Aragonesa. Para poder aplicar el Acuerdo habría que modificar la Ley Orgánica para la Financiación de las Comunidades Autónomas y el PSOE y ERC no cuentan en el Congreso con la mayoría requerida. Pero -acostumbrados como están a violar las leyes- cuentan con un plan B: mantener la LOFCA en vigor, pero no aplicarla en Cataluña, para la que se adoptaría una ley ordinaria o un decreto-ley que no requieran mayoría absoluta. Cataluña se ha beneficiado tradicionalmente del victimismo y se ha quejado de la opresión y el robo por parte del Gobierno español, cuando ha ocurrido justamente lo contrario. La industria textil catalana -base de su progreso industrial- se pudo desarrollar gracias al mantenimiento de unos elevados aranceles, costeados por los demás españoles, que no podían importar textiles extranjeros y tenían que pagar precios más elevados por unos textiles catalanes de inferior calidad. Ya va siendo hora de que cambiemos el lema de “Espanya ens roba”, por el más adecuado de “Cataluña nos roba”.