No EREcción de los miembros de la Junta de Andalucía

No EREcción de los miembros de la Junta de Andalucía


Tras mi incorporación en 1987 como Embajador en Irlanda, fui a ver al colega de Japón, en visita de cortesía. Era un diplomático a la vieja usanza al que le sonaba Franco, pero que no tenía ni remota idea de cuál era la situación política de España. Traté de explicársela brevemente y él me preguntó, trastocando las letras “l” y “r” como es frecuente entre los japoneses:”Do you have erections?” (¿Tienen erecciones?). Tratando de sofocar la carcajada le contesté:”Ocassionally” (a veces). España tiene elecciones y nuestra Andalucía -además de elecciones- tiene a veces erecciones.

Entre 2001 y 2010 la Junta de Andalucía ha dilapidado en falsos Expedientes Reguladores de Empleo €1.323 millones de caudales públicos, ilegalmente desviados a un “fondo de reptiles”, para -según un auto de la titular del Juzgado nº 6 de Sevilla- “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. Así se concedieron generosas subvenciones a empresas que no tenía derecho a ellas e indemnizaciones por despido y pensiones a personas que nunca habían trabajado en ellas. El “modus operandi” ha sido descrito como sigue por el entonces Interventor General de la Junta, Manuel Gómez.

Mecanismo del fraude de los ERE

En 2001, la Junta estableció un sistema para la concesión y pago de prejubilaciones y ayudas a empresas supuestamente en crisis, en el que se eliminaba la supervisión previa de la Intervención e implantaba un control insignificante y superfluo. La Consejería de Empleo confería las ayudas y transfería los fondos al Instituto de Fomento de Andalucía –dependiente de la Consejería de Innovación-, que era quien hacía los pagos, pero –al ser éste un ente instrumental de la Administración- quedaba exento del control previo de la Intervención. Al no ser concedidas las ayudas por el IFA, la Intervención tampoco tenía acceso a los expedientes. Este sistema –que sólo se aplicaba al programa 31.L, gestionado por el Director General de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, que fue quien lo calificó de “fondo de reptiles”- dio lugar a graves irregularidades derivadas del empleo inadecuado de las transferencias de financiación, lo que permitió crear en la Consejería de Empleo “un ámbito de descontrol en el que cualquier ilegalidad era posible”. Dicha Consejería “violentó los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero en la concesión de las ayudas”. El procedimiento seguido no es que fuera ilegal, sino que era inexistente, por lo que todas las ayudas concedidas de acuerdo con él incurrían en causa de nulidad.

El Interventor detectó en 2005 un desfase de €38 millones en los dos primeros años de aplicación del sistema, 39 millones en 2007 y otros 33 en 2008. Envió un informe extraordinario revelando las irregularidades a las Consejería de Empleo, que concedía las ayudas, de Innovación, que hacía los pagos, y de Hacienda –cuyo titular era José Antonio Griñán-, que tenía que cubrir los desfases presupuestarios, pero ninguno de los Consejeros no tomó medida alguna ante las denuncias formuladas hasta en 15 ocasiones y condonaron con su falta de acción las irregularidades cometidas. Griñán dijo que no sabía nada del informe y que se había enterado del caso por la prensa, y su Viceconsejera Martínez Aguayo le ofreció una coartada al afirmar que no se lo había pasado. No sé por qué los prohombres socialistas andaluces –de Felipe González a Chaves y Griñán- que tienen que recurrir a la prensa para enterarse de lo que pasa en sus despachos. Éste culpó a la Intervención porque, si había detectado el fuego, debería haberlo apagado, a lo que el Interventor le replicó que –en virtud del artículo 110 de la Ley de Hacienda Pública- correspondía al Consejero de Hacienda actuar en los casos de menoscabo de fondos, por lo que era él quien debería haber cogido el extintor. Tras negarlo al principio, Griñán ha acabado por admitir que su Consejería recibió el informe por una mera cuestión de trámite, ya que era de su competencia resolver los desfases presupuestarios, pero que no requería actuación, Hacienda cubrió el agujero de €38 millones para pagar ayudas cuya legalidad había sido denunciada.

Paripé de la Comisión Parlamentaria de Investigación

El tema de los ERE tiene una vertiente judicial y otra política. Aunque la Junta negó la relevancia penal de la conducta de los responsables de los ERE, la juez Mercedes Alaya ha incoado un proceso por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y cohecho, y encarcelado a varios altos cargos del Gobierno andaluz, como el antiguo Consejero de Empleo, Antonio Fernández y el ex-Director General de Trabajo, Javier Guerrero. En el plano político, tanto el PP como IU-CA -a la sazón en la oposición- instaron la constitución de una Comisión Parlamentaria para investigar el escándalo, pero el PSOE se negó en 11 ocasiones, recurriendo al rodillo de su mayoría absoluta en el Parlamento. La situación cambió tras las últimas elecciones al perder el PSOE esta mayoría. IU-CA –que había exigido en su programa electoral la creación de la citada Comisión- se encontró inopinadamente formando parte de un Gobierno de coalición con los socialistas, pero –por vergüenza torera- no tuvo más remedio que encontrar una manera de dar salida al mihura de los ERE: crear una pantomima de Comisión, hacer una faena de aliño y devolver a los corrales a un toro indultado. Para ello, el Presidente de la Comisión –el diputado comunista Ignacio García- ha recurrido a las más variopintas triquiñuelas, pero se le ha ido un tanto la mano, pues la mayoría socio-comunista de sus miembros ha llegado a la sorprendente conclusión de que los únicos responsables eran el ex- Director General de Trabajo, Javier Guerrero, y –para mayor escarnio y ludibrio- el Interventor General, Manuel Gómez, por no haber hecho lo suficiente para alertar del fraude, pese a que denunció las irregularidades en 15 ocasiones y a que carecía de competencia para actuar.

Rocambolesco dictamen de la Comisión

Ha sido el parto de los montes y la Comisión –con las ayuda de las parteras del PSOE y de IU-CA- ha dado a luz un ratón chiquitín como el de Susanita. Si hubieran durado sus tareas unos días más, los responsables habrían sido el chófer de Guerrero y el Interventor, “bestia negra” de los socialistas por haber puesto en evidencia a Griñán. La gran corrida en la Maestranza parlamentaría se ha convertido en una charlotada, en una farsa en la mejor tradición picaresca del retablo de la “Tía Norica”. Ante el ridículo en que han incurrido los comunistas, el diestro-bufo Diego Valderas ha tratado de salvar la cara ante el pleno del Parlamento al proponer que también se pusieran en la picota a los ex-Consejeros de Empleo José AntonioViera y Antonio Fernández, aceptando subir un par de peldaños en la escalera, sin llegar a su cima, para exculpar a las X de la trama: Chaves y Griñán. PP y PSOE se opusieron por distintas y distantes razones –unos por defecto y otros por exceso-, y el Parlamento rechazó las mediocres conclusiones de la Comisión, en medio del indisimulado regocijo y alivio de los socialistas.”Fuese y no hubo nada”, y el mayor escándalo de corrupción en la Historia de Andalucía –la propia IU-CA “dixit”- ha quedado sin aclarar, con menosprecio de la opinión pública. La EREcción parece no afectar a los miembros de la Junta -los antiguos Consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda-, ni a los Jefes del Gobierno andaluz. Sólo ha producido efectos de baja intensidad en los casos de Guerrero y su escudero. Parafraseando a Humphrey Bogart en “Casablanca” (“Aún nos queda París”), cabría concluir diciendo, entre la espera y la esperanza:”Aún nos queda la Justicia”.

Madrid, 6-XII-2012