Cuando los jueces eran sólo jueces

CUANDO LOS JUECES ERAN SÓLO JUECES


El pasado día 21, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El texto no ha satisfecho a las Asociaciones judiciales, que lo han criticado al unísono. La más vehemente ha sido el Foro Judicial Independiente, cuyo portador declaró que semejante medida hace inevitable la convocatoria de una huelga. Estas y otras actitudes extemporáneas de los jueces y de sus asociaciones me han hecho rememorar la situación de no hace tantos años.

Recuerdo nostálgico de la judicatura

Soy hijo de magistrado, de un juez a la antigua usanza que siguió el recorrido de “entrada, ascenso y término” en las dos categorías y ejerció sus funciones en los Juzgados de Huéscar, Archidona y Baza, y en las Audiencias de Almería, Cádiz y Sevilla. Bien preparado, justo e independiente, plenamente dedicado a sus tareas jurisdiccionales y con dificultades para llegar a final del mes. Los jueces de entonces estaban poco politizados y eran muy profesionales. Los Gobierno de la época apenas interferían en sus funciones, salvo en los casos del Tribunal de Orden Público o la jurisdicción castrense, y en la designación de los Presidentes de las Audiencias y de los Magistrado del Tribunal Supremo. Tenían escaso protagonismo público y eran conocidos por sus autos y sus sentencias, no por sus declaraciones a los medios de comunicación. Solían actuar con gran discreción y autonomía, y su labor rigurosa y sacrificada apenas trascendía a la opinión pública. De niño viví en la Casa-Juzgado de Baza, donde tenía contactos con el secretario, el escribiente o el alguacil. Asistía a algunos juicios y seguía con interés los avatares del Juzgado. Mantuve ese tipo de relación con las Audiencias de Almería y Cádiz, aunque de forma menos continuada por la falta de proximidad con dichas instituciones. Ya estudiante de Derecho en Sevilla, iba con frecuencia a la Audiencia a recoger a mi padre al terminar las clases en la Universidad y –cuando disponía de tiempo- asistía a los juicios, ya con más conocimiento de causa que en mi niñez. Estuve dudando sobre seguir los pasos de mi progenitor, pero finalmente se impuso mi vocación diplomática. Desde entonces tuve -y sigo teniendo- un gran respeto y admiración por la judicatura.

Politización de la judicatura

Ahora la situación ha cambiado considerablemente debido a la instauración de la democracia, en muchos casos para bien y en algunos otros para mal, por que la administración de justicia se ha politizado, tanto en el plano de las personas como en el de las instituciones. Junto a los jueces por oposición han emergido los sustitutos y suplentes, reclutados entre los “juristas de reconocida competencia”. En el antiguo régimen se incorporaron a la judicatura personalidades de prestigio –como José Castán, Catedrático de Derecho Civil que presidió el TS-, pero sólo en dicho Tribunal y en circunstancias extraordinarias Ahora el nombramiento de este tipo de jueces es moneda corriente. Se introducen en todas las instancias de la magistratura, pero eludiendo el periplo por los pueblos de la España profunda que les habría permitido adquirir experiencia, por lo que acceden a la jurisdicción sin haber dictado un auto o sentencia en su vida. El nuevo anteproyecto pretende suprimir esta categoría y ello ha constituido uno de los motivos de agravio para las Asociaciones Judiciales. Muchos jueces han salido del anonimato en que solían actuar y disfrutan filtrando información a los medios de comunicación -a veces de carácter confidencial-y haciendo declaraciones a los mismos. El “summum” lo constituyen los “jueces estrella”, que destacan más por su presencia mediática que por la calidad en la instrucción de los procesos o el rigor jurídico de sus resoluciones. Antes apenas se conocía el nombre de los jueces o los magistrados y ahora aparecen en los medios sus nombres, seguidos del calificativo de “conservador”, “progresista” o “liberal”. “Juez” es un sustantivo que no requiere adjetivo alguno. Los jueces –como cualquier otro ciudadano- tienen sus opiniones políticas propias, pero deben prescindir de ellas al juzgar y atenerse a criterios jurídicos. Serán sus decisiones las que tengan un carácter más conservador o innovador, al margen de la personalidad del autor. Hay jueces considerados conservadores que dictan sentencias innovadoras y otros presuntamente progresistas que adoptan resoluciones retrógradas. Precisamente para facilitar su imparcialidad, la normativa les prohíbe afiliarse a partidos políticos o ejercer el derecho de huelga.

También ha llegado el virus de la politización a las instituciones: en grado sumo en el Tribunal Constitucional (TC), en grado medio en el CGPJ y en menor medida en el TS. La elección de los magistrados del TC por las Cortes ha tenido una incidencia política, ya que algunos de ellos son rehenes del partido que facilitó su nombramiento, hasta el punto de que –según la composición del Tribunal en un momento determinado en función del partido que esté en el poder- cabe deducir de antemano cuál será su fallo, especialmente en los casos de mayor contenido político, como el Estatuto de Cataluña o la legalización de SORTU o de BILDU. La Constitución dio mayor autonomía de gestión al poder judicial, que pasó del Gobierno al CGPJ. Decidió que 12 de sus 20 miembros fueran elegidos entre jueces y los otros 8 entre juristas de reconocida competencia. Si en un principio los jueces fueron escogidos por sus colegas, el Gobierno socialista sustituyó este sistema por el de su elección por las Cortes. El PP –que había propugnado durante años la vuelta al anterior sistema de selección- una vez en el Gobierno ha consensuado con el PSOE mantener en lo esencial la designación parlamentaria, con lo que se sigue facilitando la politización del Consejo.

Desquiciamiento de Jueces y Asociaciones Judiciales

Se han visto asimismo afectadas las Asociaciones Judiciales, que se han dedicado no sólo a defender los intereses corporativos de sus miembros –lo cual es legítimo al tratarse de asociaciones profesionales-, sino también a colocar a sus afiliados en el TS y en las presidencias de las Audiencias. El reparto de cuotas entre ellas en función del número de sus miembros y de su influencia ha contribuido a la politización del CGPJ. Emulando al Carnaval del Rhin- que se inicia el 11 del 11 a las 11-, el 12 del 12 a las 12, las 7 Asociaciones de Jueces y Fiscales realizaron un paro de una hora para protestar por los cambios propuestos por el Gobierno en el CGPJ y en el estatuto de los jueces, y por la Ley de tasas. Dijeron que no reconocían como interlocutor al Ministro de Justicia y amenazaron con realizar en Enero una huelga general, en contra de la legalidad que deben defender. 200 jueces han firmado un manifiesto acusando al Gobierno de abuso de la facultad de indulto por su concesión a unos “mossos” de escuadra. Otros han descalificado en sus fallos a la clase política... ¿Hasta donde vamos a llegar?

Algunos jueces –individual o colectivamente- se han apeado del pedestal en el que la sociedad los había instalado y se han lanzado a la calle Se han “desnortado”. Es cierto que la administración de justicia no cuenta con suficientes medios personales y materiales para realizar su función, y que los jueces han visto adversamente afectados sus intereses -como cualquier otro ciudadano en tiempos de crisis-, pero su reacción ha sido desmesurada y les ha hecho perder parte de la razón que pudieran tener. No es de extrañar que la administración de justicia sea una de las instituciones peor valorada por la opinión pública. Si quieren mantener su respetabilidad, tendrán que regresar a una posición que nunca deberían haber abandonado. Estos no son mis jueces, que me los han cambiado y ya no los reconozco. Añoro a los de antaño, que no tenían que ensuciarse la toga con los polvos del camino, y eran sólo –ni más, ni menos- jueces.

Madrid, 28-XII-2012