Andalucía, ERE que erre

ANDALUCÍA, ERE QUE ERRE




Desde 1978 Andalucía es un coto cerrado del PSOE, donde sólo cazan los socialistas andaluces y, a veces, los comunistas, cuando facilitan con sus votos un gobierno socialista, como ocurrió con la alianza Monteseirín-Torrijos en el Ayuntamiento de Sevilla o sucede en la actualidad con la coalición Griñán-Valderas en la Junta de Andalucía. Los socialistas han explotado a su antojo su cortijo andaluz sin tener que rendir cuentas a nadie –salvo a Pablo Iglesias y a la Historia-, especialmente durante los 19 años del virreinato de Manuel Chaves.



El escándalo de los ERE



Como consecuencia del monopolio del Gobierno, la Junta ha cometido abusos de poder, consentido la corrupción, alentado el nepotismo y beneficiado militantes socialistas y comunistas –y a sus familiares y amigos-, en la más absoluta impunidad. Pero la “madre” de todos los despilfarros ha sido el caso de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo –el mayor caso de corrupción de la autonomía andaluza-, por el que, la Junta ha dilapidado -desde 2001- 1.323 millones de euros de caudales públicos, ilegalmente desviados a un “fondo de reptiles”, libremente administrado por los jerarcas del PSOE -sin transparencia ni control alguno- y distribuido generosamente entre sus miembros y simpatizantes. Así, ha concedido numerosas subvenciones a empresas que no tenían derecho a ellas, e indemnizaciones por despido y pensiones a personas que nunca habían trabajado en tales empresas. Entre los agraciados figuraban cargos de la Administración autonómica o municipal, y militantes socialistas y sus familiares.



Nuevos casos de ERE falsos fueron apareciendo, y cuando la oposición –incluida IU- pidió explicaciones a la Junta en el Parlamento, el PSOE se cerró en banda, recurrió al rodillo de su mayoría absoluta e impidió que se constituyera una Comisión de Investigación. El caso de los ERE se planteó entonces en el ámbito judicial y –pese a los denodados esfuerzos de la Junta para entorpecer la acción de la justicia- llegó finalmente a conocimiento de los tribunales. En consecuencia, sigue en la actualidad una doble vía: la acción judicial y el control político a través del Parlamento.



Aspectos judiciales del caso de los ERE



La Junta negó desde el principio la relevancia penal de la conducta de los responsables de los ERE y la calificó de exceso de celo o –a lo sumo- de falta administrativa. Sin embargo, esta chapucera trama no deriva de la actuación incorrecta de unos pocos funcionarios desaprensivos, sino que implica un sistema perfectamente planificado para manejar y distribuir fondos sin control alguno, una red de corrupción institucional inspirada -o, cuando menos, tolerada y condonada- por los altos cargos de la Junta. Ésta, sin embargo, se personó como presunta perjudicada en el proceso abierto ante el Juzgado nº 6 de Sevilla, para tener acceso al sumario y seguir -desde dentro- obstaculizando la actuación de la juez instructora. Destruyó numerosos documentos comprometedores y se resistió a entregar los expedientes solicitados por la juez Mercedes Alaya y, si finalmente los remitió, los expurgó debidamente. Inició una campaña descalificadora –e incluso calumniosa- contra la juez para tratar de intimidarla, pero ésta se ha mantenido firme y –con el debido rigor jurídico- ha imputado, procesado y encarcelado a varios altos cargos de la Junta, incluidos dos antiguos Consejeros de Empleo y varios ex-Directores Generales de Trabajo y Seguridad Social.



El auto por el que se acordó el procesamiento y encarcelamiento del ex-Consejero Antonio Fernández es demoledor. En él se acusa a la Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. Para ello –deduce la juez- se había dotado a la Consejería de Empleo de un sistema operativo para que se pudieran eludir de forma ilícita los severos controles establecidos por la Intervención General de la Junta para las subvenciones concedidas por las distintas consejerías. Prueba del “doble juego” del PSOE en el tratamiento judicial del caso, es que -cuando la juez decidió el encarcelamiento de Hernández- el personado PSOE criticó la medida, pidió que se le rebajara la fianza y decidió pagar los gastos de su defensa jurídica. En sus primeras declaraciones, el Consejero de Justicia del nuevo Gobierno socio-comunista arremetió con estridencia contra las decisiones tomadas por la Juez Alaya.



Aspectos políticos del caso de los ERE



En el plano el control político, el líder de IU-CA, Diego Valderas –a la sazón en la oposición- fue uno de los más vehementes críticos de la actuación de la Junta y exigió –junto con el PP- la creación de una comisión parlamentaria que investigara los ERE, lo que fue displicentemente rechazado por el PSOE amparado en su mayoría absoluta. Esta exigencia fue uno de los puntos clave del programa electoral comunista en las últimas elecciones autonómicas, pero Valderas –haciendo honor a su nombre- “donde dijo Digo, dijo Diego”. Como resultado de las elecciones –en las que el PP fue el partido más votado- sus 12 escaños convirtieron a IU en indispensable bisagra para permitir la continuidad del PSOE en la Junta, y Valderas se sacrificó por la patria andaluza e incorporó su partido a un Gobierno de coalición. Para salvar la cara, negoció con el PSOE la creación de una descafeinada comisión investigadora. Se produjo una situación similar a la del referéndum sobre la OTAN, convocado por un PSOE en la oposición para retirar a España de la Alianza y realizado por ese mismo partido –ya en el Gobierno- para consolidar la posición de nuestro país en la Organización. Se ha creado una Comisión, pero no para investigar de forma exhaustiva sobre las causas y los responsables del escándalo de los ERE, sino para dar piadosa sepultura al cadáver.



La Comisión presidida por el diputado comunista Ignacio García –juez y parte- realizará sus reuniones durante el período estival sevillano, con la idea de hacer una “faena de aliño” y finalizarlas el 30 de Septiembre. La Comisión ha rechazado 34 de los 91 documentos y 113 de las 135 comparecencias solicitados por el PP. Se ha opuesto a que se cite a varios altos ex-cargos de la Junta, pero ha impuesto la comparecencia de dirigentes populares como Zaplana, Arenas o Zoido. De los numerosos falsos prejubilados sólo ha citado a dos, ambos curiosamente militantes del PP. Poco resultado cabe, pues, esperar de una Comisión controlada por quienes deberían ser controlados



El auto de la juez Alaya apunta a José Antonio Griñán, al afirmar que Antonio Fernández conocía las conclusiones de la Intervención sobre los ERE, porque le fueron comunicadas en su condición de Consejero de Empleo, “junto a titulares de otras Consejerías” –incluido el entonces Consejero de Hacienda-. Según el dicho norteamericano, “the buck stops here” -la responsabilidad termina aquí-. ¿Cuál será la X de la trama de los ERE?.¿Dónde parará el “buck”?.¿Llegará hasta el ex-Consejero de Hacienda y actual Presidente de la Junta?. Es posible, si las togas no se ensucian con el polvo de camino. Pero, con independencia de cual sea la conclusión judicial, las implicaciones políticas del escándalo de los ERE habrían provocado la dimisión del Gobierno responsable en cualquier democracia seria. No obstante, Griñán –como el famoso personaje televisivo- ni se inmuta y afirma:”¡Yo sigo!”.