Impunidad de los presos separatistas catalanes

IMPUNIDAD DE LOS PRESOS SEPARATISTA CATALANES La políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación no cejan en su empeño de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y afirman “urbi et orbe” que lo volverán a hacer en cuanto tengan la menor oportunidad, con la colaboración en esta ocasión del Gobierno de la Nación. No satisfechos con esta abierta insumisión, pretenden que se realice de forma inmediata la liberación de los internados de las cárceles-hoteles catalanas a fin de que se haga justicia. Para lograrlo hay varias vías: la amnistía general, el indulto individual o la modificación en el Código Penal del delito de sedición con el fin de reducir las penas previstas. En el ínterin, las autoridades penitenciarias catalanas hacen todo lo que está en su mano –y lo que no está- para que sus prestigiosos huéspedes puedan sentirse como en su casa, cuando no les sea posible volver a ella. Pedro Sánchez se ha comprometido en su intercambio de cromos con ERC a liberarlos lo antes posible, el vicepresidente Pablo Iglesias ejerce su presión al máximo y el minitro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ministra en la sombra y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, prestan sus brillantes conocimientos jurídicos para el logro de este objetivo. Concesión de una amnistía general Es la fórmula que tiene menos recorrido, aunque con Sánchez nunca se sabe. El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, “que no podrá autorizar indultos generales”. Aunque persigan un objetivo similar, la amnistía general y el indulto tienen un alcance bien diferente. La primera suprime el delito y extingue la responsabilidad civil derivada del mismo y los antecedentes penales, mientras que el segundo sólo supone el perdón, total o parcial, de la pena. La persona indultada sigue siendo considerada como culpable del delito cometido y no se extinguen automáticamente los antecedentes penales.. Como han afirmado los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, el carácter discrecional a la hora de conceder medidas de gracia por parte del Gobierno “no legitima la arbitrariedad, ni la desviación de poder, ni el alejamiento de la legalidad”. Según el Tribunal Supremo, discrecionalidad no es equivalente a arbitrariedad. De ahí que sea lógico que los condenados por el procés exijan la amnistía, pese a ser conscientes de la inconstitucionalidad de la misma, y declinen la concesión de un indulto individualizado. Como ha declarado el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, ante una sentencia injusta del Tribunal Supremo que sólo ha buscado la venganza, la única solución definitiva al caso es la amnistía. Sin embargo, el Gobierno no es competente para conceder un indulto general, que sólo sería posible otorgar mediante la adopción en las Cortes de una ley al efecto. Concesión de un indulto individualizado El indulto está regulada por la Ley de 1870 que establece reglas para el ejercicio de la gracia del indulto, modificada por la Ley 1/1988. Los reos de cualquier clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de la ley, de toda o parte de la pena en la que hubieren incurrido (artículo 1). Se excluyen de su disfrute los reincidentes en el mismo u otro delito que hubiesen sido condenados por sentencia firme, aunque esta exclusión podría ser subsanada si el tribunal sentenciador entendiera que había razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgar la gracia (artículo 2-3). La Ley establece que el indulto total sólo se otorgará a los penados si el tribunal estimare que existen a su favor las citadas circunstancias de justicia, equidad o utilidad pública (artículo 11). Las excepciones no son aplicables a los penados por delitos tales como la rebelión y la sedición (artículo 3). La solicitud puede ser presentada por el interesado, sus parientes o alguien en su nombre, el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo, e incluso el propio Gobierno. No es necesaria la anuencia del penado, que puede negarse a que se solicite por considerar que no ha cometido ningún delito, como es el caso de los condenados por el Tribunal Supremo en 2019. El tribunal sentenciador deberá emitir un informe sobre las propuestas de indulto y la aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente a dicho tribunal (artículos 23 y 31). En la modificación introducida en 1988 por el Gobierno socialista se suprimió la referencia que se hacía en la Ley de 1880 a la intervención del Consejo de Estado para dictaminar el grado de justicia, equidad o conveniencia que había en las propuestas de indulto. Asimismo se rebajaron los requisitos exigidos al Gobierno de que concediera la gracia mediante un “decreto motivado”. Se suprimió la exigencia de la motivación, pese a que la Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de la Administración Pública requiriese la motivación de los actos que dictara la Administración en el ejercicio de potestades discrecionales. Según Jorge Villarino –además del control parlamentario y el social a través de los medios de comunicación-, las concesiones de indultos son controlables judicialmente, cuando se quiebre el principio de igualdad o la decisión del Gobierno sea arbitraria, porque el artículo 9-3 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Por tanto, el tribunal sentenciador –que en este caso es el Tribunal Supremo- podría impugnar una decisión del Gobierno que careciera de motivación o supusiera una desviación de poder. Da ahí –concluye Villarino- que se haga más urgente que nunca una llamada a la responsabilidad del ejecutivo a la hora de ejercer su competencia excepcional de conceder indultos. El informe de los fiscales del Tribunal Supremo ha sido demoledor para la pretensión del Gobierno de conceder su gracia a los condenados del referéndum del 1-O. Han afirmado que el indulto no es un instrumento diseñado para alterar, a modo de última instancia, el sentido o signo de una resolución judicial. “No se trata de una medida prevista para para satisfacer intereses políticos coyunturales y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global”, porque, a la hora de conceder las medidas de gracia, la discrecionalidad del gobierno no legitima la arbitrariedad. Eximir de la responsabilidad por medio del indulto a quienes, valiéndose de las funciones públicas de Gobierno, han quebrantado gravemente las leyes a través de la ejecución de unos comportamientos delictivos extraordinariamente graves, como intentar la liquidación del orden constitucional o los actos de corrupción mediante la disposición de fondos públicos con fines criminales, “además de vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias, supone una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley, al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal y corrupto”, tanto más cuanto que los condenados no han mostrado arrepentimiento alguno por conculcar la legalidad vigente. Según los fiscales, la improcedencia de la solicitud resulta evidente a la luz del artículo 62-i) de la Constitución, en la medida en que no ha sido formulada por los propios penados –algunos de los cuales han afirmado públicamente que no solicitarían un indulto al no reconocer responsabilidad alguna por los actos realizados- sino por un tercero y, en todos los casos, sin individualización ni excepción alguna derivada de la valoración de los factores específicamente concurrentes en cada supuesto concreto. La concesión de medidas de gracia no podía convertirse en una especia de “causa generalis” que, “sin aceptar la gravedad de los delitos cometidos, ni la responsabilidad por haber intervenido en su ejecución, y sin que se hayan mostrado indicios de arrepentimiento, descansa única y exclusivamente en razones de conveniencia política y no en motivos particulares de carácter excepcional que lo justifiquen” Han estimado asimismo los fiscales que el artículo 102-2 de la Constitución- que prevé que la gracia real- no es aplicable a la responsabilidad criminal del Presidente y de los miembros del Gobierno, si la acusación fuera por un delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones- impide otorgar el indulto a los presos independentistas. ”Aún cuando en la literalidad de la norma no se contenga una prohibición legal de concesión de indultos a presidentes y miembros de Gobiernos autonómicos, sí cabe afirmar que el espíritu de la ley legitima la inclusión de aquellas conductas –como es el caso- que han sido realizadas por todo el Gobierno autonómico, desde el presidente a todos sus consejeros, en actuación que no se circunscribe a asuntos puramente autonómicos, y que han consistido en un deliberado y planificado ataque al núcleo esencial del Estado democrático, representado por la Constitución, la soberanía nacional, la unidad territorial y el respeto a las leyes como principios vertebradores del Estado constitucional”. Han concluido los fiscales su informe señalando que la prerrogativa real de gracia “tiene un carácter excepcional y, sólo cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública –que aquí no se aprecian y que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos- puede servir para adecuar las penas previstas con carácter general por el legislador al caso concreto”. En definitiva, el indulto no puede operar como “moneda política de cambio” en el campo de las negociaciones para obtener apoyos parlamentarios. Es de esperar que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo –siendo consecuente con su trayectoria- avale el informe de sus fiscales y rechace en el suyo la propuesta de indulto. Sánchez va a tener difícil conceder un indulto a todas luces arbitrario, pero no hay límites a su prepotencia y menosprecio por el derecho y por los tribunales. Como estos informes, aunque preceptivos, no son vinculantes, no sería de extrañar que siguiera adelante para honrar el compromiso asumido con ERC y cometa otro acto más de prevaricación. Quedaría, sin embargo, en el aire la posibilidad de intervención del Tribunal Supremo para realizar el control judicial de un acto arbitrario de la Administración. Modificación del delito de sedición Ante las creciente dificultades para que Sánchez cumpliera su compromiso de liberar a los presos catalanes –especialmente tras el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo-, el Gobierno parece inclinarse por la fórmula menos provocativa, pero no menos perniciosa, de conseguir su propósito mediante la modificación del Código Penal para reducir las penas en los delitos de rebelión y de sedición. De esta forma, los penados se beneficiarían con efectos retroactivos de las rebajas de enero. Como ha observado el ministro de Justicia Campo –que ha sido un juez competente, aunque esta cualificación profesional se diluya ante los compromisos políticos-, se trata de delitos viejunos que llevan escritos demasiado tiempo y necesitan el paso por la modernidad. Efectivamente, son delitos muy antiguos que responden a la especificidad española de los levantamientos militares y los cuartelazos, y ahora el objetivo que pretenden –la alteración del orden constitucional o del orden público- puede conseguirse sin necesidad de recurrir a la fuerza armada. Hay otros medios más sutiles y eficaces como la propaganda, la manipulación del relato mediante las noticias falsas y la “postverdad”, los ciberataques o la presión psicológica a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hay que actualizar la regulación de lo que el Tribunal Supremo ha calificado de “rebelión jurídica” y Daniel Gascón de “golpe posmoderno”, que persiguen -de una u otra manera- la modificación del régimen constitucional. Estas figuras existen en los ordenamientos jurídicos de los países democráticos de nuestro entorno, aunque con otros nombres y en circunstancia ajenas a un levantamiento militar. Podemos exige que se adopte ya la reforma del Código Penal para rebajar las penas previstas para dichos delitos, aunque sea siguiendo la chapucera técnica jurídica de Irene Montero en la elaboración de las leyes, pero Campo –que ha sido cocinero antes que fraile- ha declarado que se trata de una reforma importante que no puede hacerse de forma precipitada. El Gobierno ha tenido la desfachatez de afirmar que la reforma de estos delitos era una “exigencia europea”, cuando su única motivación es conseguir por la puerta de atrás liberar a los dirigentes independentista encarcelados. No van, sin embargo por ahí los tiros, sino en sentido contrario. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha adoptado una resolución a propuesta del eurodiputado español del PP Javier Zarzalejos, por la que recomienda a la Comisión Europea que incluya en la lista de delitos que provocan la aplicación automática de la Orden Europea de Detención y Entrega “los crímenes contra la integridad constitucional de los Estados miembro cometidos usando violencia”. La última parte de la frase fue introducida gracias a una enmienda del Grupo Socialista a instancias del PSOE, siempre dispuesto a aguar el contenido de las disposiciones sobre entrega de delincuentes. Tratamiento privilegiado de los presos independentistas en las cárceles catalanas Mientras se logra, por el medio que fuere, la liberación de los políticos independentistas encarcelados, la Consejería de Justicia de la Generalitat y las autoridades penitenciarias catalanas concentran sus esfuerzos en para darles un tratamiento VIP, violando sus propias normas internas y forzando la interpretación del Reglamento Penitenciario de 1981. Han aplicado con carácter general las disposiciones excepcionales de su artículo 100-2, que permiten a las Juntas de Tratamiento adoptar un modelo de ejecución que combine aspectos característicos de distintos grados penitenciarios, “siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que, de otra forma, no pueda ser ejecutado”. Como señaló la Consejera de Justicia, Ester Capella, las disposiciones del artículo se aplicarían a todos los líderes separatistas encarcelados, porque eran presos políticos que no deberían, por tanto, estar en prisión. Los fiscales del Tribunal Supremo Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno, han observado que el artículo 100-2 no suponía un grado intermedio de clasificación, sino un instrumento finalista de carácter excepcional que permitía combinar distintos grados al solo efecto de ejecutar un programa especial de tratamiento que lograra la rehabilitación y la reinserción de los internos. Además, el régimen flexible previsto en dicho artículo debería quedar en suspenso cuando los condenados se hallaran cumpliendo penas superiores a los cinco años y su aplicación supusiera la excarcelación de los afectados, como es el caso. Según los fiscales, el uso generalizado del citado principio de flexibilidad podía convertirse en un peligroso cauce para eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y su aplicación equivaldría a la concesión de un tercer grado encubierto. No satisfechos con esta forzada interpretación del artículo 100, las autoridades penitenciarias invocaron los artículos 101, 102 y 106 para conceder en julio a todos los internos separatistas el tercer grado, so pretexto de que existía un bajo riesgo de reincidencia, que los interesados habían participado en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos, y colaborado con las autoridades de las respectivas prisiones, y que nunca habían sido sancionados. El Ministerio Fiscal recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión de los jueces de vigilancia penitenciaria que habían autorizado la concesión del tercer grado y, el pasado día 4, la Sala Segunda de lo Penal revocó dicha concesión y señaló que la misma era una medida excepcional que exigía una “justificación reforzada”. La Sala no ponía en duda el buen comportamiento de los interesados, su actitud plenamente colaboradora o su implicación, pero la ausencia de arrepentimiento respecto a los delitos que cometieron había sido “un escollo insalvable”. La concesión había sido prematura porque era preciso de transcurriera un tiempo mayor en prisión para poder evaluar adecuadamente la evolución de los presos y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trataba de condenas tan elevadas de las que ninguno había cumplido la mitad y la mayoría ni siquiera la cuarta parte, por lo que generaba una situación de impunidad. Este es, en mi opinión, uno de los puntos más significativos de la resolución. Las autoridades catalanas han estado durante años violando las leyes e incumpliendo las sentencias de los tribunales con absoluta impunidad hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 2019. De aquí que se hayan mostrado sorprendidas y escandalizadas porque ahora las condenen por hacer algo que venían haciendo durante años sin consecuencia penal alguna. El Tribunal Supremo cargó contra la Consejería de Justicia de la Generalitat y los jueces de vigilancia penitenciaria, quienes –al amparo del artículo 100-2 del Reglamento- reconocieron a los internos un segundo grado que permitía un régimen de semi-libertad y seguidamente les concedieron el tercer grado, decisiones que suponían una “reinterpretación permanente” de la sentencia de 2019, con un trato penitenciario privilegiado e improcedente, por lo que unos órganos administrativos se convirtieron en “una extravagante tercera instancia”. Los juzgados admitieron los argumentos de las defensas de los condenados de que el Ministerio Fiscal les exigía que modificaran su ideología. El Tribunal, sin embargo, afirmó tajantemente que ninguno de los acusados había sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña, sino porque “dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los jueces radicados en Cataluña no eran ejecutables”. Ninguna persona cumplía condena en un centro penitenciario por consideraciones políticas. Los cirineos de los independentistas de Podemos y cercanías apoyaron las reivindicaciones de los líderes encarcelados y exigieron su inmediata liberación. Su otrora ideólogo de bolsillo, Íñigo Errejón –que como Peter pan no ha querido crecer y se ha mantenido como un meritorio PNN en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense- ha contribuido a la causa con un profunda reflexión filosófica: ”Las ideologías no delinquen”. Lleva razón en su aserto, pero si bien las ideología no delinquen, los ideólogos sí pueden hacerlo –y a menudo lo hacen- al pasar del pensamiento a la acción.. Como ha señalado José Luis Zuruni, “el pensamiento es el padre de la acción” y Junqueras, los Jordis y demás compañeros mártires no han sido condenados por sus ideas –como no lo han sido Joaquim Torra, Pere Aragonés o Roger Torrent, que han desempeñado o desempeñan las más altas funciones institucionales en Cataluña a pesar de sus ideas independentistas-, sino por la comisión de delitos de sedición, malversación o desobediencia, por lo que han sido juzgados y debidamente condenados por la instancia competente, el Tribunal Supremo. Lo más grave del caso es que el virus de la insumisión permanente ante el Estado procedente de Cataluña ha contagiado al propio Gobierno de ese Estado. Una prueba bien reciente ha sido la negativa del PSC –filial del PSOE en Cataluña- a aceptar la decisión del Tribunal del Superior de Justicia de Cataluña de que los centros escolares catalanes debían impartir al menos un 25% de la materias en castellano. El PSC en Cataluña, el PSE en el Páis Vasco, el PSN en Navarra, el PSM en las Baleares, el PSV en la Comunidad Valenciana o el PSG en Galicia se han situado con frecuencia fuera de la Constitución al pactar con los partidos secesionistas locales, y el propio Gobierno de Sánchez e Iglesias consideran como aliados preferentes a ERC, PNV y Bildu, cuyo principal objetivo es la desintegración de España y la declaración de la independencia de Catalunya y de Euskadi. Reza el dicho popular “Año nuevo, vida nueva”. A ver si dentro la novedad de esa vida entra también la política. ¡Feliz año 2021! Madrid, 26 de diciembre de 2020

El Aiún bien vale un reconocimiento

EL AIÚN BIEN VALE UN RECONOCIMIENTO La conducta de Donald Trump es un caso único en la historia de Estados Unidos. Representante únicamente de sí mismo ha roto todos los cánones sobre el ejercicio de la política exterior de un Estado democrático. En mi tierra nunca tomamos la última copa, sino la penúltima y la penúltima genialidad de Trump a golpe de twitter a tan sólo unas pocas semanas de verse forzado a abandonar muy a su pesar la casa Blanca ha sido reconocer la legalidad de la ocupación del Sáhara Occidental por parta de Marruecos, a cambio de que éste establezca relaciones diplomáticas con Israel. Aún le queda algo de tiempo para decidir el abandono de la ONU o declararle la guerra a China, aunque quizás no convenga darle ideas. Penúltima trapacería de Trump El intercambio de cromos ha sido recibido con indiferencia por la opinión pública internacional, al afectar a dos conflictos incómodos que es preferible olvidar, y tan sólo algunos medios de comunicación han expresado muestras de consternación por la decisión presidencial. Entre ellos figuran los dos principales diarios españoles. “El País” ha afirmado que el reconocimiento de Trump es “un atropello a la legalidad internacional y un gesto equivocada que complica aún más la posibilidad de soluciones negociadas en un conflicto olvidado”. Refuerza la alianza estratégica de Estados Unidos con Marruecos y utiliza el conflicto sahariano como moneda de cambio para impulsar la normalización de las relaciones diplomáticas entre los países árabes e Israel, que “es un objetivo loable; la moneda de cambio para obtenerla no”. Para “El Mundo”, la decisión de Trump supone dar la espalda a la comunidad internacional. Su obsesión ha sido establecer una nueva relación de fuerzas y alianzas en Oriente Próximo y el norte de África, con Israel como principal aliado e Irán como el enemigo a abatir. Como consecuencia del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos, los sacrificados han sido los palestinos y los saharauis, que han quedado abandonados a su suerte en los campamentos argelinos de refugiados y a los que se les niega el ejercicio de su derecho a la libre determinación reconocido por la ONU y aceptado por todos los Estados, incluido Marruecos. Ha habido un “do ut des” propio del trapicheo en un zoco. En su controvertido twitter, Trump afirmó grandilocuente que se había producido un hecho histórico porque dos de los grandes amigos de Estados Unidos, Israel y Marruecos, habían acordado establecer relaciones diplomáticas, lo que suponía un avance notable para la paz en Medio Oriente. “Marruecos reconoció a Estados Unidos en 1777, por lo que es apropiado que la nación estadounidense reconozca su soberanía sobre el Sáhara Occidental”. ¡Y hay quien dice que Trump es un iletrado que no sabe Historia! El problema es que su interpretación de la misma es algo peculiar. Siguiendo su lógica, Marruecos debería reconocer una eventual anexión de Méjico por los Estados Unidos. La paz a la que se refiere el aún presidente norteamericano es la “Paz Trumpiana” por él ofrecida a instancias de su yernísimo judío, Jared Kushner, que recogía –en una muestra de falta de neutralidad- el 99% de las tesis israelitas. Estados Unidos siempre ha respaldado a Israel influido por el todopoderoso lobby judío , que ha conseguido convencer a las autoridades norteamericanas de que la seguridad del país pasaba por la seguridad de Israel y de que debía anteponer por tanto los intereses israelitas a los estadounidenses. Pese su apoyo a Israel, los anteriores presidentes norteamericanos trataron de mantener las apariencias y respaldaron la legalidad internacional, permanentemente quebrantada por Israel con la ocupación de Cisjordania, Jerusalén, Gaza y los Altos del Golán, y la implantación de colonos en los territorios ocupados, separados por un muro tan infamante como el de Berlín o el del Sáhara Occidental. Incluso Bill Clinton y Barack Obama presentaron propuestas de solución razonables, que contemplaban la creación de un Estado palestino con su capital en Jerusalén-Este. Triunfo de Netanyahu Trump ha roto el “statu quo”y las posibilidades de solucionar el conflicto palestino mediante la adopción de una serie de medidas a cual más devastadoras para la débil Autoridad Palestina presidida por Abu Mazen: Traslado de la sede de la Embajada norteamericana de Tel-Aviv a Jerusalén, condonación de la implantación de colonos en los territorios ocupados –anexión de los asentamientos en el 30% de Cisjordania-, retirada de la ayuda económica a la Autoridad Palestina y a la Agencia de Naciones Unidas para Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA), y reconocimiento de la anexión de los Altos del Golán pertenecientes a Siria. El plan de paz suponía el troceo de Cisjordania y su distribución inequitativa entre el ocupante Israel y la ocupada Palestina, de manera que hacía inviable la solución sugerida por la ONU y aceptada de boquilla por Israel de crear un Estado Palestino, con límites claramente establecidos, que coexistiera pacíficamente con el Estado israelita. El presidente norteamericano presionó a los Estados del Golfo para que siguieran los pasos de Egipto y Jordania de firmar la paz con Israel y establecer relaciones diplomáticas. Fruto de estas presiones ha sido el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel por parte de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, con la anuencia del Estado hegemónico de la región, Arabia Saudita. Ahora se ha dado un paso más con la decisión de Marruecos y es probable que sigan la misma vía otros Estados árabes -incluida Arabia Saudita-, pese al compromiso asumido en 2002 por los miembros de la Liga Árabe de no establecer relaciones diplomáticas con Israel hasta que no se creara un Estado palestino. Aunque Abu Mazen haya calificado este reconocimiento como una traición a la causa palestina, Mohamed VI le ha asegurado hipócritamente que Marruecos seguirá apoyando dicha causa. Uno de los grandes triunfadores de la jornada ha sido el corrupto e incombustible primer ministro israelita, Benjamin Netanyahu -once años en el poder-,quien ha expresado su vivo agradecimiento a Trump por sus “enormes esfuerzos para traer la paz a Israel” y a Mohamed VI por su “histórica” decisión. ”En la fiesta de Janucá –dijo “Bibi”-, traemos una gran luz de paz para Israel y sus ciudadanos. Siempre creí en esta paz, actué por esta paz y ahora se cumple”. Será la paz de la luz para los israelitas, pero de las tinieblas para los palestinos, la paz de los cementerios. Este feliz o infeliz acontecimiento –según se mire- no ha sido improvisado, ya que Marruecos e Israel llevaban más de dos años negociando bajo el liderazgo de Estados Unidos. Según Sal Emergui, en el marco de la Asamblea General de la ONU de 2018, Netanyahu mantuvo conversaciones secretas con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, acompañados por sus respectivos asesores Meir Ben Shabat y André Azoulay, y por el judío marroquí Yariv Elbaz, bajo los auspicios de Kuschner. El príncipe heredero de EAU, Mohamed bin Zayed, había convencido a Mohamed VI de que una posible Administración Biden sería menos favorable a Marruecos que la de Trump, y ello allanó el camino para lograr el trueque de favores. Éxtasis de Mohamed VI Tras los Acuerdos de Madrid de 1975, por los que España transfirió la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania, y el abandono del territorio por el Gobierno español en 1976, el Frente Polisario se alzó en armas contra los ocupantes, obligó a Mauritania a retirarse de su parte del Sáhara –que fue ocupada por Marruecos- y firmó en 1991 un alto el fuego por mediación de la ONU, quien envió al territorio una Misión encargada de supervisar el cese de hostilidades y realizar un referéndum que permitiera al pueblo saharaui decidir su futuro bajo los auspicios de la Organización. La MINURSO no ha podido cumplir su mandato y el referéndum no se ha celebrado por el boicot de Marruecos, respaldado por Estados Unidos y Francia. En mi obra “El Sáhara Español: un conflicto aún por resolver”, he llegado a la conclusión de que la solución del conflicto era sumamente difícil, pero no imposible, si las partes involucradas negociaban de buena fe y estaban dispuestas a hacerse concesiones. Las dos líneas rojas básicas eran, en el plano jurídico, la necesidad de permitir al pueblo saharaui el ejercicio de su derecho de libre determinación y, en el plano político, la negativa de Marruecos, Estados Unidos y Francia a la creación de un Estado Saharaui independiente. La posible solución radicaría en que el pueblo saharaui admitiera su integración en el Reino de Marruecos a cambio de la concesión de una amplia autonomía como la vigente en España. Señalaba que sólo Estados Unidos y, en menor medida Francia, podían influir sobre Marruecos para que éste ofreciera un régimen autonómico suficientemente atractivo para que el pueblo saharaui lo aceptara. Marruecos tenía una posición de fuerza en el plano político porque gozaba del “uti possidetis” del Sáhara Occidental, pero una débil posición jurídica ya que carecía de título legal alguno sobre el territorio, era una potencia ocupante y su soberanía sobre el mismo no había sido reconocida por ningún Estado. Ahora, gracias a la frívola irresponsabilidad de Trump, la situación ha cambiado de forma dramática en favor de Marruecos. Por primera vez, un país –y nada menos que la primera potencia del mundo, Estados Unidos- ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y no cabe descartar que otros Estados –incluidos algunos árabes- sigan el mal ejemplo norteamericano. Mohamed VI está que no cabe en sí de gozo al haber obtenido su principal anhelo de reconocimiento jurídico. Aunque Estados Unidos ha apoyado siempre a Marruecos, hasta ahora había mantenido una cierta equidistancia y respetado la legalidad internacional, consagrada en las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y en la presencia “in situ” de la MINURSO, encargada de organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. El Gobierno norteamericano se había involucrado en la búsqueda de una solución, había apoyado la actuación de Representantes personales del Secretario General de la ONU en el Sáhara Occidental –como James Baker, Christopher Ross o Horst Köhler-, promovido la negociación bilateral entre Marruecos y el Frente Polisario y desempeñado un papel destacado en el “Grupo de Amigos del Sáhara”, en cuyo seno elaboraba los proyectos de resolución del Consejo de Seguridad sobre el territorio. Ahora, con un twitter a destiempo en su condición de pato paralítico, ha saboteado todo este esquema pacientemente elaborado durante años. Habá que ver cómo reacciona Joe Biden quien podría anular de un plumazo la decisión de Trump con otra orden ejecutiva. La situación no es nada fácil pues Biden se enfrenta a problemas sumamente graves y la cuestión del Sáhara Occidental no entrará en la lista de temas preferentes a los que tendrá que hacer frente desde un primer momento. Trump ha removido el tablero en favor de Marruecos y ha incurrido en una contradicción habitual en su modo errático de actuar. Ha afirmado, por un lado, que “la propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la única base para una solución justa y duradera para una paz y prosperidad perdurables”, pero, por otro, ha reconocido la soberanía marroquí del territorio, con lo que ha liberado a Marruecos de cualquier presión y le ha alentado a que se mantenga en su intransigente posición negociadora. Francia -más cauta y hábil en guardar las apariencias jurídicas, aunque siempre remando a favor de Marruecos- ha advocado por la búsqueda de una “solución política justa, duradera y aceptable para las dos partes”, y manifestado –arrimando el ascua a la sardina marroquí- que el Plan de Autonomía presentado por Marruecos era “una base de discusión seria y creíble” sobre la que trabajar. El conflicto sahariano implicaba un riesgo permanente de tensiones en la región y Francia estaba comprometida con la búsqueda de una solución política en el marco de la legalidad internacional. El Gobierno francés muy cucamente ha hecho hincapié en el carácter “político” de la solución, aunque guarde las formas al hacer una vaga referencia a la “legalidad internacional”. La propuesta marroquí de autonomía debe constituir un elemento más en la búsqueda de una solución al conflicto, pero no puede ser la única base de la misma por que –a diferencia de lo que ha afirmado Trump- no es seria, creíble o realista. Supone la concesión de un limitado grado de autonomía regional a sus “provincias del sur” dentro de un Reino centralizado que conserva la plenitud de sus competencias, por lo que difícilmente sería aceptado por el Frente Polisario o por el pueblo saharaui, al ser del todo insuficiente. Para que tuviera credibilidad, habría que reformar la Constitución marroquí para establecer un régimen federal o ampliamente descentralizado y, a estos efectos, el Gobierno español podría colaborar activa y eficazmente aportando su experiencia en materia autonómica. Una autonomía como la que disfrutan Cataluña o el País Vasco podría resultar suficientemente atractiva como para que el pueblo saharaui renunciara a su legítimo derecho a la independencia y aceptara integrarse en el Reino alauita. Pero, aunque Mohamed VI haya declarado que su ideal era una Constitución federal del tipo alemán, la realidad de las propuestas hasta ahora presentadas está muy lejos de sus confesados sueños. Si Enrique IV consideraba que París bien valía una misa, Mohamed VI ha estimado que El Aiún bien vale el reconocimiento del Estado de Israel y el establecimiento de relaciones diplomáticas con él, aunque ello suponga traicionar la causa palestina. Su “sacrificio” lleva aparejado considerables ventajas, como los beneficios políticos y económicos ofrecidos por Estados Unidos –que ha abierto un consulado en Dajla y alentado a sus empresas a invertir en el Sáhara Occidental- y la ayuda técnica de Israel, que ha prometido convertir el desierto del Sáhara en un vergel. Habrá que ver cómo reacciona Biden, que cuenta con un equipo en la Secretaria de Estado preparado y solvente. El futuro Secretario de Estado, Anthony Blinken -que fue Embajador en París- es europeísta y “afrancesado”, por lo que cabe esperar que se incline por una solución autonomista a la francesa. Existe también la posibilidad de que Biden, al tener que enfrentarse a problemas más graves y perentorios, y verse presionado por el lobby judío, deje las cosas como están, y que no pueden estar peor. Posibles consecuencias de la consolidación de Mohamed VI Mohamed VI se ha visto consolidado en el trono con la maniobra de Trump y la normalización de las relaciones con Israel. El reconocimiento por Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental le incita a mantener su postura radical. No encontrará mayores obstáculos en la ONU -pese al bagaje negativo de resoluciones condenatorias de Marruecos-, que cada día adopta una actitud más pasiva e inoperante, como pone de manifiesto el hecho de que el Secretario General, Antonio Guterres –que en su época de Primer Ministro de Portugal fue un ardiente y exitoso defensor del derecho a la libre determinación del pueblo de Timor Oriental- lleve un año y siete meses sin nombrar a un Representante personal en el Sáhara Occidental en sustitución del dimitido Köhler. Marruecos tiene, sin embargo el hándicap de que la Unidad Africana cuenta a la República Árabe Saharaui Democrática entre sus miembros y el Asesor jurídico de la Organización ha dictaminado que Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental y le ha pedido que se retire del territorio. Será difícil que la UA acepte la decisión de Estados Unidos de negarle la soberanía a uno de sus Estados miembros y transferírsela a otro Estado asimismo miembro de la Organización. Existe por otra parte el peligro de que, una vez digerida la anexión del Sáhara Occidental por las buenas o por las malas, el monarca alauita se torne hacia otro de los objetivos a los que nunca ha renunciado: la absorción de Ceuta y Melilla. Mohamed VI, como su padre Hassan II, han planteado, o dejado de plantear, la cuestión de los enclaves según les haya convenido en cada momento. Como ha observado Pedro J. Ramírez, el Rey ha percibido la debilidad de un Gobierno dividido, desde cuyo seno se cuestiona la monarquía y la propia integridad territorial de España. Procura evitar un enfrentamiento abierto y confía en que, con la transmutación de la demografía, el fomento de la islamización y la crisis económica, los presidios españoles caerán en sus manos como frutas maduras, y Marruecos se convertirá en el guardián del estrecho de Gibraltar y el aliado preferente de Estados Unidos en el Mediterráneo occidental. Tan pronto como ha recibido de Father Christmas Trump el regalo de Navidad del Sáhara Occidental, Mohamed VI se ha apresurado a cancelar la reunión en la cumbre que debería celebrarse en Rabat el 17 de diciembre, porque Marruecos ya no necesita tanto que España reconozca la situación de facto de su ocupación del territorio y puede permitirse el lujo de “vacilarla” una vez más. El monarca siempre le está buscando las cosquillas a España y trata de importunarla, como ha puesto últimamente de manifiesto con su provocadora política de enviar desde el Sáhara ocupado a cientos de emigrantes económicos a Canarias -en su mayoría de nacionalidad marroquí- debidamente documentados y con medios de subsistencia. El Gobierno español ha reaccionado tarde y mal, y permitido que se desborde la presencia de los emigrantes en el litoral de las islas, que han creado problemas sociales, económicos y de orden público. El impresentable ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en vez de devolver a Marruecos a los nacionales de este país debidamente identificados –aprovechando el respaldo dado por el TEDH y el Tribunal Supremo a las devoluciones en caliente-, ha estado un buen tiempo sin hacer nada para aliviar la situación y luego ha trasladado a la península con nocturnidad y alevosía, y de forma ilegal -al violar los confinamientos perimetrales de Andalucía y la Comunidad Valenciana- a muchos de estos emigrantes, sin informar a las autoridades autonómicas o municipales afectadas y dejando libres a los evacuados sin ningún control y, en algunos casos, infestados del Covid-19. Grande-Marlaska ha mentido de forma descarada y negado la evidencia. El Gobierno marroquí ha cerrado los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla, desviado los buques de la “operación paso del estrecho” a puertos marroquíes y tratado de asfixiar económicamente los enclaves. Dada la capacidad inventiva del monarca y el respaldo incondicional de Estados Unidos, Francia e Israel, no sería de extrañar que, cuando lo estime oportuno, lance otra marcha verde contra las dos ciudades españolas. Mohamed VI no ha olvidado, ni perdonado, la humillación que infligió a Marruecos el ejército español en 2002 tras su asalto al islote de Peregil –en el que Estados Unido se puso del lado de España- y está esperando la oportunidad para vengarse. Como decía San Pablo en su epístola a los Romanos, “hora est iam nos de somno surgere” –“ya es hora de levantarse del sueño”. España tiene que abstenerse de poner la otra mejilla ante las continuas provocaciones de Marruecos y dejar de lado el complejo de no hacer nada que pueda molestar al Sultán. Sin incurrir en alarmismos excesivos, debe prepararse política, diplomática e incluso militarmente para hacer frente a las posibles agresiones de un Marruecos envalentonado y con un ejército de más de 100.000 soldados, armados con el más sofisticado equipamiento militar suministrado por Estados Unidos, incluidos los cazas de combate F-35 superiores a los eurofighters. A la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya le sorprendió la noticia cuando estaba en viaje oficial en Israel, ajena a lo que se estaba cociendo ante sus narices. Reaccionó de forma acertada al afirmar que -tras la declaración de Trump- seguía sin resolverse las cuestiones de la paz entre israelitas y palestinos y del Sáhara Occidental, y que, en ambos temas, el Gobierno español estimaba que había que respetar las resoluciones de la ONU para encontrar una vía de solución a las mismas. El responsable de asuntos internacionales de Podemos, el diplomático Santiago Jiménez, ha afirmado que España debe rechazar con firmeza la postura de hechos consumados adoptada por Estados Unidos y Marruecos. Trump ha violado el Derecho Internacional e intentado boicotear el papel negociador de la ONU, y España debía insistir en retornar al proceso negociador y avanzar hacia una solución política justa duradera y mutuamente aceptable. A pesar de mis escasas simpatías con Podemos, creo que esta posición es correcta y la suscribo. España sigue siendo jurídica y moralmente responsable del Sáhara Occidental –aunque no lo sea de facto- en cuanto potencia administradora del territorio, hasta que éste sea descolonizado tras la ejercicio por parte del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. Como ha señalado “El País”, “la dificultad es extraordinaria, pero ello no es motivo para renunciar” Madrid, 14 de diciembre de 2020

Contraposición entre embajadores diplomáticos y políticos

CONTRAPOSICIÓN ENTRE EMBAJADORES DIPLOMÁTICOS Y POLÍTICOS El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sacado a información y audiencia pública el proyecto de Reglamento de la Carrera Diplomática. El texto es repetitivo y farragoso. No hace falta mencionar tropecientas veces al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación o el “Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995”, bastando con decir la primera vez que se mencionen, en lo sucesivo “el Ministerio” o “el Real Decreto 364/1995”. Más grave es la introducción de la ideología feminista en el lenguaje en contra de las normas de la Real Academia Española y del sentido común, ya que el término genérico masculino incluye a hombres, mujeres y a toda la amplia gama de los LGTBI. No, hay por tanto, necesidad de empobrecer y alargar el texto con la reiteración constante de expresiones como ministro/a, subsecretario/subsecretaria, el/la titular de…etc. Habría que volver al lenguaje de Azorín y de Ortega, lo que no tiene nada que ver con que el Ministerio de Asuntos Exteriores aplique una política exterior o interior feminista. Hay importantes omisiones, que sería necesario subsanar para que el Reglamento no sólo sea feminista, sino que no discrimine a los diplomáticos. Discriminación a los Embajadores diplomáticos Según el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Carrera Diplomática de 1955, “quienes sean nombrados embajadores, pertenezcan o no a la carrera diplomática, conservarán vitaliciamente el título, honores y precedencia correspondientes a tal dignidad “. El proyecto que se circuló el pasado 3 de enero establecía que ”el personal funcionario con categoría de Embajador/a podrá seguir haciendo uso honorífico de su título tras su jubilación, siempre con la debida diligencia y sin incurrir en conflicto de intereses”. El texto que se ha distribuido últimamente ha empeorado aún más su redaccción, al suprimir incomprensiblemente las palabras “tras su jubilación” y añadir la absurda frase de “el uso indebido podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, de conformidad con el régimen legal aplicable”. El párrafo es jurídicamente inadecuado, políticamente inaceptable, moralmente humillante y lingüísticamente confuso. Empieza por decir que los embajadores jubilados conservarán sólo un título “honorífico”. Tal como está redactado, se aplica tanto a los embajadores en activo como a los jubilados, lo que en el primer caso no es cierto y en el segundo resulta incorrecto. Un embajador en activo lo es a todos los efectos y no solo a título honorifico, y un embajador jubilado recibió ese título por decreto del Consejo de Ministros en virtud de su ejecutoria y de sus méritos, por lo que no hay motivo alguno para que se les despoje arbitrariamente de un derecho adquirido por el simple hecho de alcanzar la edad de jubilación. No se dice de un teniente general que ha ascendido a ese grado en el escalafón militar, que se ha convertido en un “general honorífico” por mor de la edad. La segunda parte de la primer frase del párrafo es un inmerecido agravio a los diplomáticos de carrera. al añadir la infamante coletilla de que ha de hacer siempre uso del título con la debida diligencia y sin incurrir en conflicto de intereses”. Esta adición sólo puede ser interpretada “contrario sensu” como que ha debido ser introducida porque los embajadores jubilados han usado indebidamente du derecho y provocado conflictos de intereses. ¿Se exige semejante condición a un abogado del Estado, o a un notario? A un reo se le presume la inocencia, pero no a un diplomático. El texto añade que el uso indebido del título podría dar lugar a responsabilidad disciplinaria, “de conformidad con el régimen legal aplicable”. ¿A qué ordenamiento jurídico se refiere? ¿Cómo puede aplicarse una sanción disciplinaria a personas que, al jubilarse, dejaron de estar sometidas a la disciplina del Ministerio. Sólo si los embajadores usaran sus títulos para cometer un delito podrían –como cualquier otro ciudadano- ser sancionados, pero no por la vía administrativa, sino por la judicial. Me preguntaba de dónde procedía esta inquina contra los inofensivos e indefensos embajadores jubilados, y he encontrado la respuesta en un correo enviado el pasado 17 de junio por un dirigente de la Sección Sindical de UGT al jefe de Gabinete de la ministra, Camilo Villarino. En él mantenía que la discusión sobre el Reglamento de la Carrera Diplomática era competencia de la Mesa Delegada de las Organizaciones Sindicales y no de la Asociación de Diplomáticos Españoles –mayoritaria en la carreraen un 75%- , que no tenía legitimidad, ni la representación que dan las leyes para ello (¿?). Es como afirmar que debatir la cuestión de los derechos y deberes del personal administrativo y subalterno del Ministerio de Asuntos Exteriores es competencia exclusiva de la ADE y los sindicatos de clase no tienen nada que decir al respecto. El ilustrado sindicalista afirmaba que el tema de los privilegios de los embajadores jubilados preocupaba a UGT y era motivo de controversia en la mesa de negociación, y que el sindicato defendía que tales privilegios fueran perdidos en caso de condena por algunos delitos. Pido a UGT que indique cuáles son los exorbitantes privilegios de los embajadores jubilados que tanto le preocupa. El único privilegio que tienen –junto con los grandes de España, los altos cargos del Gobierno y los jerarcas del partido en el poder- es el de conservar el pasaporte diplomático. Es ésta una práctica consuetudinaria de cortesía que el Ministerio podría retirar sin mayor problema, siempre que se hiciera con carácter y sin discriminación hacia los diplomáticos, pero lo que no puede hacer es despojarles arbitrariamente del derecho adquirido al título de embajador. En un artículo publicado por aquellas fechas en “Vozpópuli” sobre “Laya privilegia a los embajadores veteranos en el nuevo Reglamento para diplomáticos”, Antonio Rodríguez afirmaba que los embajadores jubilados conservaban el privilegio de “tener inmunidad diplomática si incurren en algún delito mientras viajan o residen en el extranjero”, pero eso no es cierto. El pasaporte diplomático es un mero documento de viaje que no concede “per se” ninguna inmunidad, salvo que su titular esté acreditado como diplomático ante un Estado u Organización Internacional. y por ello se le expide ese tipo de pasaporte. El diplomático jubilado no tiene inmunidad ni privilegio alguno –salvo el del pasaporte diplomático-, ni en España ni en el extranjero. Este pasaporte puede incluso ser un engorro. V.gr. Con un pasaporte ordinario, los españoles pueden residir en Estados Unidos sin visado durante tres meses, mientras que, con un pasaporte diplomático, hace falta obtener un visado. Como observaba Rodríguez, los sindicatos preconizan un uso más objetivo de la libre designación –vulgo, “dedazo”- para mejorar la selección del personal diplomático, y propugnan aplicar el artículo 18 del Estatuto de la Función Pública para fomentar la promoción interna y permitir a los funcionarios de otros cuerpos acceder a la Carrera diplomática por la puerta de atrás, sin necesidad de tener que superar la dura oposición que se les exige a éstos. Han señalado que había que ir más allá del corporativismo de los diplomáticos para renovar un sistemas más que anticuado. El diario digital “Thediplomatinspain” del pasado día 10 afirmó que los sindicatos –y en especial UGT- reclamaban un cupo de un “cuarto turno”, a través del cual pudieran acceder libremente a la Carrera Diplomática funcionarios de otros cuerpos de la Administración. He ahí la madre del cordero sindical. ¿Pretenden también un cupo reservado para llegar “de vobilis vobilis” a convertirse en catedráticos, abogados del Estado o técnicos comerciales? La pretensión no puede ser más disparatada y carece de cualquier base jurídica o lógica ¿Les parecería correcto que un maestro de obra accediera a la categoría de arquitecto o un enfermero a la de cirujano por la vía de la promoción interna? Para los sindicatos, en la diplomacia eso es posible, porque cualquiera puede ser diplomático. ¡Zapatero, a tus zapatos! Aunque la Ley de Funcionarios establece la libre movilidad de los funcionarios del mismo nivel en el seno de la Administración, ello no beneficia a los diplomáticos, sino que, antes al contrario, los perjudica. Por múltiples razones, tienen dificultades para obtener puestos en otros ministerios y, cuando lo consiguen, se ven obligados a dejarlo al cabo de un cierto tiempo para salir al extranjero. Un catedrático o un TAC que consiga un puesto de subdirector general en el Ministerio de Asuntos Exteriores puede permanecer en él el tiempo que le plazca, con lo que bloquean esos puestos que dejan de estar a disponibles para los diplomáticos cuando regresan a Madrid. Esto se puede ver en la Asesoría Jurídica Internacional, que está copada por profesores universitarios y cuyos jefes suelen ser catedráticos. Para evitar esta discriminación se debería insertar en el Reglamento una cláusula que impusiera a estos funcionarios un período máximo de estancia en sus puestos similar al que se establece para los diplomáticos En un plano menos radical, pero igualmente sin base, UGT pretende que los representantes de los sindicatos formen parte de la Junta de la Carrera Diplomática, un organismo técnico integrado por representantes elegidos democráticamente por las distintas categorías de diplomáticos, y que tiene por misión asesorar al ministro en la provisión de los puestos diplomáticos y consulares que les están reservados. Han amenazado a la Subsecretaria con presentar recursos contra el Reglamento si no se atienden sus exorbitantes pretensiones. La Comisión redactora del proyecto no ha accedido a las peticiones más radicales de los sindicatos, pero si a su demanda de reducir el título de los embajadores jubilados a un carácter meramente honorífico. Se puede corregir la situación manteniendo el texto del Reglamento de 1955 o diciendo que los Embajadores jubilados conservarán su título tras la jubilación. Aprobar el texto actual supondría un acto de prevaricación denunciable ante los tribunales. Este sentimiento de los sindicatos en contra de los profesionales de la Carrera se tiene asimismo en otros sectores, incluso intelectuales, en los que prevalece una versión típica y tópica del diplomático anticuado y pasado de rosca. En un artículo publicado en 2017 en “El País” bajo el revelador título de “¿Son necesarias las Embajadas en la era de las redes sociales?”, Jesús Rodríguez hablaba de una raza en decadencia frente a un modelo emergente de negociadores flexibles, hiperconectados y de distintos orígenes culturales, económicos y sociales, que estaban sustituyendo a quienes habían monopolizado desde tiempo inmemorial las relaciones internacionales, un selecto club masculino, endogámico e intocable que manejaba idiomas, procedía de la aristocracia del blasón y las finanza, y jugaba al golf. Trabajaban a fuego lento y eran unos espías de guante blanco que cifraban sus cables con buen gusto. Creo que el articulista se quedó anclado en el siglo XIX. Según Rodríguez, los diplomáticos españoles son expertos en generalidad, saben algo de muchas cosas y son hábiles en relaciones públicas, pero no son especialistas en nada. Se formación es un elogio al generalismo y su raíz es jurídica (¿?), frente al ingreso basado en las entrevistas del sistema anglosajón. Nadie les enseña lo que es un algoritmo o cómo contrarrestar “fake news”, realizar un análisis de inteligencia o gestionar “big data”. Se sienten servidores del Estado y no gestores, planificadores, coordinadores, vendedores o comunicadores –como si todas esas cosas fueran incompatibles-. Tras el fínal de la guerra fría, la separación interior-exterior se había evaporado y, con el nacimiento de la aldea global, el ciudadano tiene información directa y automática de lo que ocurre en el mundo y puede opinar, criticar e influir en la política exterior tecleando en Facebook o Twitter. Han aparecido nuevos “players” públicos, privados y mixtos, que han roto el monopolio de los Estados y las Organizaciones Internacionales. Sin previo aviso, han saltado al tablero de juego las ONG, las empresas multinacionales, las fundaciones, las universidades, los “think tanks”, los “lobbies”, las embajadas de las Comunidades autónomas y los grandes municipios, con su propia agenda y con más presupuesto que los ministerios de Asuntos Exteriores, y los Estados están empezando a preguntarse qué hacer con la vieja diplomacia de las embajadas y si tiene sentido mantenerlas en la era de la información. En esta misma línea, Ignacio Molina –investigador del Real Instituto Elcano-, ha mantenido que era necesario repensar la Carrera Diplomática, pero que el corporativismo de los diplomáticos temía al “outsider” y se obstinaba en mantener el monopolio de las relaciones internacionales. No comparto este criterio por cuanto que la carrera diplomática es la menos corporativistas de entre los cuerpos de élite de la Administración, no tanto por falta de ganas, como por la dispersión de sus miembros, su rígida disciplina y su dependencia de la Superioridad. En el fondo, lo que persiguen los críticos de la diplomacia tradicional es variar la composición de la Carrera y cambiar el régimen de acceso a la misma mediante la oposición, y acusan a los diplomáticos de negarse a acabar con la endogamia y a ampliar el acceso de terceros a la diplomacia. En definitiva, un “quítate tú para que me ponga yo”. Exaltación de los Embajadores políticos Hay dos tipos de embajadores: los diplomáticos, designados por el Gobierno entre los profesionales de la carrera, y los políticos, nombrados por el mismo entre el resto de los mortales. Ambos tienen los mismos derechos y obligaciones mientras estén en activo, y la única diferencia es meramente semántica, pues los primeros son “designados” y lo segundos “nombrados”. A diferencia de los embajadores diplomáticos, los políticos gozan del privilegio de que, una vez nombrados, conservan vitaliciamente su título y dignidades anejas. Los embajadores diplomáticos pueden serlo por decisión política o administrativa. En la Carrera hay ocho categorías administrativas: Secretarios de Embajada de 3ª, 2ª y 1ª, Consejeros, Ministros Plenipotenciarios de 3ª, 2ª y 1ª, y Embajadores. Los embajadores administrativos son designados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y ocupan los veinticuatro primeros puestos en el escalafón de la Carrera. Cualquier funcionario diplomático que reúna las condiciones previstas en el Reglamento podrá ser designado como embajador por el Consejo de Ministros y, cuando cesa, vuelve al “rank and file”, a su categoría administrativa. Cuando yo cesé de Embajador en Rusia y regresé a los pasillos del palacio de Santa Cruz, perdí mi rango de Embajador, pese a haberlo ostentado en cinco ocasiones, y volví a mi categoría de Ministro Plenipotenciario de 1ª. Hasta que no fui designado de embajador en misión especial, cualquier secretario de embajada que fuera subdirector general tenía precedencia protocolaria sobre mí. Ascendí a embajador cuando era cónsul general en Oporto y no ejercía ya funciones de embajador. En definitiva, un funcionario diplomático puede ejercer como embajador sin serlo administrativamente y un embajador administrativo puede no ejercer funciones de embajador diplomático. El proyecto de Reglamento regula con detenimiento a los Embajadores diplomáticos –nombramiento y cese, funciones y derechos-, mientras que no contiene disposición alguna sobre los Embajadores políticos. El hecho de que su nombramiento sea competencia exclusiva del Consejo de Ministros –al igual que el de los Embajadores diplomáticos- no es óbice para que se regule tanto su nombramiento como sus derechos y obligaciones. Se ha discutido hasta la saciedad sobre la conveniencia o inconveniencia del nombramiento de embajadores políticos. . Las normas para el nombramiento de los mismos varían según los Estados. Hay algunos –como Italia- que lo prohíbe, otros –como los países occidentales- que lo hacen con carácter excepcional, y una mayoría de Estados que –al carecer de Escuelas Diplomáticas y de un servicio exterior regular- se ven obligados a recurrir a políticos o a personalidades destacadas en los ámbitos políticos, académicos, sociales o económicos. Mención especial merece el “spoil system” practicado en Estados Unidos, consistente en premiar con embajadas a los contribuyentes financieros a las campañas electorales del presidente electo. Los Gobiernos españoles de distinta ideología han practicado un “spoil system” de baja intensidad, que no por ello menos reprobable, pese a que tuviera un alcance limitado. Recuerdo el escándalo que causó el nombramiento del ministro-secretario general del Movimiento, José Solís, como embajador en Pakistán. Sólo estuvo unos meses en Karachi, pero ello le permitió conservar el entorchado y las plumas blancas de embajador hasta el final de su vida. Cuando fue nombrado embajador un político con escasos merecimientos y menos luces, un compañero comentó con sorna que si el Gobierno quería nombrar a mediocres, ”pour des médiocres, nous voilà”. En una carta dirigida en 1978 al ministro Marcelino Oreja por el presidente de la Asociación Sindical de Funcionarios de la Carrera Diplomáticos, Ernesto La Orden, le explicaba que la oposición de la Asociación al nombramiento de embajadores políticos se fundaba en que animaba a los nombrados no sólo a desarrollar una política de partido, sino también a una política de lucimiento personal, ya que su legitimación se basaba en su vinculación al partido en el poder, lo que era “incompatible con la misma esencia de los que debe ser un jefe de Misión”. Creo que los Embajadores políticos deben ser nombrados con carácter excepcional cuando reúnan condiciones especiales para cubrir un puesto determinado. Me parecieron acertados los nombramientos en Estados Unidos de Antonio Garrigues, quien –además de ser una persona prestigiosa- era amigo de la familia Kennedy, o de Raúl Morodo en Portugal, quien –junto a ser un catedrático acreditado- era amigo personal del presidente Mario Soares. Igual cabe decir de los nombramientos en Irak y otros países árabes del destacado arabista Emilio García Gómez o en Colombia de Alfredo Sánchez Bella, presidente del Instituto de Cultura Hispánica, aunque luego se incrustaran en la Carrera y terminaran uno en Turquía y otro en Italia, puestos que no tenían nada que ver con sus especializaciones. Lo peor es que los nombramientos no suelen obedecer a las especiales cualificaciones del nombrado para el puesto en cuestión, sino al agradecimiento de servicios prestados en el ámbito político. Mientras Aznar sólo nombró dos embajadores políticos y Rajoy a tres, Rodriguez Zapatero promocionó a doce y Sánchez, en su breve reinado, ya va por cinco –amén de una Ministra y dos secretarios de Estado-, y además ha beneficiado a personas de escaso relieve y que no tienen conexión alguna con el puesto para el que han sido nombrados. La ADE pidió al entonces Ministro Josep Borrell que limitara al máximo los nombramiento de Embajadores políticos y los redujera a los casos en que su trayectoria profesional garantizara el mérito y la idoneidad para ocupar el puesto y favoreciera de forma indiscutible los intereses de España, porque la discrecionalidad del Consejo de Ministros no debía convertirse en arbitrariedad. Especial importancia tiene el nombramiento. ¿Puede cualquier persona ser nombrada Embajador sin condición alguna? ¿Es posible nombrar a quien tenga un pasado delictivo o padezca una enfermedad contagiosa? Para poder opositar a la Carrera, tuve que presentar un certificado negativo de penales y pasar un concienzudo examen médico y, si no superabas estas pruebas, no te podías presentar a la oposición. Estas razonables exigencias morales y físicas ¿son aplicables a un Embajador político? Si Calígula nombró cónsul a su caballo Inicitato, puede el emperador Sánchez nombrar embajador o jefe de la Casa de América a un “burro/a de Troya” que sea adicto/a al Movimiento social-comunista o allegado/a de Pablo Iglesias o de Iván Redondo? Dado que el César tiene capacidad omnímoda para nombrar embajador a quien le plazca, se podría llegar a una reorganización catastrófica del servicio exterior de España. Sánchez ya ha demostrado que está dispuesto a hacer cuantas concesiones le exijan su socio de Gobierno y sus aliados preferentes de PNV, ERC y Bildu, salvo ceder su puesto de Presidente del Gobierno, al que aspira Iglesias, que quiere pasar de Gran Visir a Sultán, en lugar del Sultán. Respetando este hecho intocable, sería posible el nombramiento de Iglesias como ministro de Asuntos Exteriores y éste podría cubrir los principales puestos diplomáticos con los siguientes Embajadores/as: José Luis Ábalos en Estados Unidos, Alberto Garzón en Rusia, Gabriel Rufián en Francia, Arnaldo Otegui en el Vaticano, Clara Ponsatí en Gran Bretaña, Nacho Álvarez ante la UE, Irene Montero ante la ONU, Julio Rodríguez ante la OTAN, Manuel Castells ante la UNESCO e Íñigo Errejón ante la OEA. Puestos menos importantes podrían ser distribuidos entre los meritorios: José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Pablo Echenique en Argentina, Juan Carlos Monedero, en Cuba, Isabel Serra en Bolivia, Adriana Lastra en Nicaragua y Pedro Duque en la Luna y Marte. Puede que sólo sea una pesadilla dantesca, pero, con un personaje como Sánchez, todo es posible en Granada. Cierro este artículo con las palabras atribuidas al rey Francisco I tras la batalla de Pavía ”todo se ha perdido menor el honor”, y con las del almirante Blas de Lezo “una nación no se pierde por quienes la ataquen, sino por los quienes la aman y no la defienden”. A los embajadores jubilados nos podrán quitar injustamente el título, pero yo haré cuanto pueda para impedirlo, porque la dignidad es lo último que nos queda. Madrid, 11 de diciembre de 2020

Discriminación a los embajadores jubilados

DISCRIMINA CIÓN A LOS EMBAJADORES JUBILADOS Vozpópuli” publicó el pasado mes de junio un artículo titulado “Laya privilegia a los embajadores veteranos en el nuevo reglamento para diplomáticos”. El reglamento que se comentaba no es el que finalmente ha sido ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para información y audiencia pública. El texto del artículo 17-2 del proyecto de Reglamento de la Carrera Diplomática prevé que “el personal funcionario de la Carrera Diplomática con categoría de Embajador/a conservará dicho título con carácter honorífico, haciendo siempre uso de aquél con la debida diligencia y sin incurrir en conflicto de intereses. El uso indebido podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, de conformidad con el régimen legal aplicable”. Hay dos tipos de Embajadores: los diplomáticos, designados por el Gobierno entre los profesionales de la carrera, y los políticos, nombrados por el mismo entre el resto de los mortales. Ambos tienen los mismos derechos y obligaciones mientras estén en activo, y la única diferencia es meramente semántica, pues los primeros son “designados” y lo segundos “nombrados”. A diferencia de los Embajadores diplomáticos, los políticos gozan del privilegio de que, una vez nombrados, conservan vitaliciamente su título y dignidades anejas. Los Embajadores diplomáticos pueden serlo por decisión política o administrativa. En la Carrera hay ocho categorías administrativas: Secretarios de Embajada de 3ª, 2ª y 1ª, Consejeros, Ministros Plenipotenciarios de 3ª, 2ª y 1ª, y Embajadores. Los Embajadores administrativos son designados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y ocupan los veinticuatro primeros puestos en el escalafón de la Carrera. Cualquier funcionario diplomático que reúna determinadas condiciones previstas en el Reglamento puede ser libremente designado como Embajador por el Consejo de Ministros y, cuando cesa en su puesto, vuelve a “rank and file”, a su categoría de Secretario, Consejero o Ministro. Cuando yo cesé de Embajador en Rusia y regresé a los pasillos del palacio de Santa Cruz, perdí mi rango de Embajador, pese a haberlo sido en cinco ocasiones, y volví al rango de Ministro Plenipotenciario de 1ª. Hasta que no obtuve un puesto de cierta categoría, tenía precedencia protocolaria sobre mí cualquier Secretario de Embajada que fuera Subdirector general. Ascendí a Embajador cuando era Cónsul General en Oporto y no ejercía funciones de Embajador. En definitiva, un funcionario diplomático puede ejercer como Embajador sin serlo administrativamente y un Embajador administrativo puede no ejercer funciones de Embajador diplomático. Según el Reglamento de la Carrera Diplomática de 1955, “quienes sean nombrados embajadores, pertenezcan o no a la carrera diplomática, conservarán vitaliciamente el título, honores y precedencia correspondientes a tal dignidad “. El artículo 17-2 del proyecto de Reglamento cambia radicalmente este status y ofrece un texto jurídicamente improcedente, políticamente inaceptable, moralmente humillante y gramaticalmente confuso. Dice que un Embajador conservará su título “con carácter honorífico” y, tal como está redactado, se aplica tanto a los Embajadores en activo como a los jubilados, lo que en el primer caso no es cierto y en el segundo es incorrecto. Un Embajador en activo lo es a todos los efectos y no sólo a título honorifico, y los Embajadores jubilados recibieron ese título por decisión del Consejo de Ministros debido a su ejecutoria y sus méritos, y no hay motivo para que se les despoje arbitrariamente de un derecho adquirido, por el simple hecho de haber sido jubilados. No se dice de un teniente general, que haya ascendido a ese grado en el escalafón militar, que se ha convertido en un “general honorífico” por mor de la edad. La segunda parte de la frase es un inmerecido agravio a los diplomáticos, al añadir la infamante coletilla de “haciendo siempre uso” del título de Embajador “con la debida diligencia y sin incurrir en conflicto de intereses”. Esta adición se interpreta “contrario sensu” como que ha debido ser introducida porque los embajadores jubilados usan sus derechos sin la debida diligencia y provocan conflictos de intereses. ¿Se exige semejante obligación a un abogado del Estado, a un técnico comercial o a un notario? A un reo se le presume la inocencia, pero a un diplomático no y tiene que probarla. El artículo añade que el uso indebido del título podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, “de conformidad con el régimen legal aplicable”, frase que es jurídicamente incorrecta. ¿A qué ordenamiento legal se refiere? ¿Cómo puede aplicarse una sanción disciplinaria a personas que, al jubilarse, dejaron de estar sometidas a la disciplina del Ministerio? Sólo si los embajadores usaran sus títulos para cometer un delito podrían ser sancionados por la vía judicial, no por la administrativa. Me preguntaba de dónde procedía esta inquina contra los inofensivos e indefensos embajadores jubilados, y he encontrado la respuesta en un correo enviado el 17 de junio de 2020 por un dirigente de la Sección Sindical de UGT al jefe del Gabinete de la Ministra, Camilo Villarino. En él mantenía que la discusión sobre el Reglamento de la Carrera Diplomática era competencia de la Mesa Delegada de las Organizaciones Sindicales y no de la Asociación de Diplomáticos Españoles –mayoritaria en la Carrera- que no tenía legitimidad, ni la representación que dan las leyes para ello (¿?). El ilustrado sindicalista afirmaba que el tema de los privilegios de los embajadores jubilados preocupaba a la UGT y era motivo de controversia en la mesa de negociación, y que el sindicato defendía que tales privilegios fueran perdidos en caso de condena por ciertos delitos. Cabe pedirle que indique cuáles son los exorbitantes privilegios de los embajadores jubilados que tanto inquietan a UGT. El único privilegio que tienen –compartido con los grandes de España, los altos cargos del Gobierno y los jerarcas del partido en el poder- es el de conservar el pasaporte diplomático. Se trata de una práctica consuetudinaria de cortesía, que se podría retirar siempre que se hiciera con carácter general y sin discriminación hacia los diplomáticos. Las autoridades del Ministerio pueden retirar estos pasaportes a los embajadores jubilados, pero no pueden quitarles arbitrariamente el derecho adquirido al título de Embajador, concedido por decreto acordado en Consejo de Ministros. Antonio Rodríguez afirmaba que los Embajadores jubilados conservaban el privilegio de “tener inmunidad diplomática si incurren en algún delito mientras viajan o residen en el extranjero”, pero eso no es cierto. El pasaporte diplomático es un mero documento de viaje que no concede “per se” ninguna inmunidad, salvo que su titular esté acreditado como diplomático ante un Estado u Organización Internacional. El diplomático jubilado no tiene inmunidad ni privilegio alguno –salvo el del pasaporte diplomático-, ni en España ni en el extranjero. El pasaporte puede incluso ser un engorro. V.gr. Con un pasaporte ordinario, los españoles pueden residir en Estados Unidos sin visado durante tres meses, mientras que, con un pasaporte diplomático, hace falta obtener un visado. No sé cómo, pero el hecho es que UGT ha impuesto sus tesis en la mesa negociadora y no comprendo cómo el MAEC ha tolerado semejante intromisión y aceptado unas tesis discriminadoras de los diplomáticos, carentes de cualquier base jurídica. Como ha observado Rodríguez, los sindicatos preconizan un uso más objetivo de la libre designación –vulgo, “dedazo”- para mejorar la selección del personal diplomático, y propugnan aplicar el artículo 18 del Estatuto de la Función Pública para fomentar la promoción interna y permitir a los funcionarios de otros cuerpos acceder a la carrera diplomática por la puerta de atrás, sin necesidad de tener que superar la dura oposición que se les exige a éstos. He ahí la madre del cordero sindical ¿Les parece correcto que un maestro de obra acceda a la categoría de arquitecto o un enfermero a la de cirujano por la vía de la promoción interna? Para los sindicatos, en la diplomacia eso es posible, porque cualquiera puede ser diplomático. ¡Zapatero, a tus zapatos! Aprobar el texto actual del artículo 17-2 del Reglamento supondría un posible acto de prevaricación denunciable ante los tribunales. Los Embajadores jubilados debemos oponernos a la propuesta, con la fuerza de la ley de nuestro lado, por un mínimo de dignidad, que es lo único que nos queda y nadie nos podrán quitar. Madrid, 8 de diciembre de 2020 José Antonio de Yturriaga Barberán, Embajador de España

Del PSOE al PSOP: "Lasciate ogni speranza"

DEL PSOE AL PSOP: “ LASCIATE OGNI SPERANZA” Hoy me he despertado con una sensación de profundo pesimismo por la situación política en España, porque he ve vislumbrado en sueños la conversión del PSOE en el PSOP, el Partido Sanchista Oportunista Plurinacional. Según la autora material –vulgo, “negra”-de la supuesta autobiografía de Pedro Sánchez “Manual de resistencia” –en Sánchez todo es supuesto-, Irene Lozano, una de las grandes tragedias que le han ocurrido a Sánchez es la de “ser juzgado antes de ser conocido”. Ahora, ya conocemos suficientemente al presidente del Gobierno para poder hacer un juicio de él aunque sea en duerme-vuela. Valoración de Pedro Sánchez Sánchez es un hombre tenaz cuya principal virtud es lo que, en un anglicismo cursi, se denomina “resiliencia”. Aguanta sin pestañear lo que le echen. Nadie hubiera apostado un euro porque saldría vivo políticamente tras su humillante expulsión de la secretaría general del PSOE en 2016, pero se echó a la carretera y volvió, vio y venció. Se merendó a todos sus opositores y estableció una dictadura personal sobre el partido hasta hacerlo a su imagen y semejanza. De ahí se explica mi sueño sobre el PSOP. Tiene además buena planta y una excelente memoria, que le permite recitar con convicción los mensaje y discursos que le prepara su “gurú” Iván Redondo, y se expresa con soltura en varios idiomas, “rara avis” en un presidente español del Gobierno. Es un magnífico actor que sabe poner cara de niño bueno en sus homilías televisivas tipo “Aló Presidente” y hay muchos españoles que hasta se lo creen. No tiene más ideología conocida que la de mantenerse en el poder a cualquier precio, si bien tiene una preferencia por evitar -haciendo todo lo posible y lo imposible- para que la “derechona” no acceda nunca al poder. Por eso no ha tenido empacho en fundar su Gobierno Frankenstein fundado sobre tres pilares básicos de la anti-España: los antisistema de Podemos, los separatistas de ERC y los filoetarras de Bildu. La “resiliencia” de Inés Arrimadas de permanecer en la mesa de negociación pese a los continuados desaires de Sánchez y el mantenimiento de la mano tendida de Ciudadanos para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta que ha sido evidente que el presidente ha optado libremente y con entusiasmo por separatistas y filoetarras, ha puesto de manifiesto la falacia del argumento, “made in Redondo´s factory”, de que no había tenido más remedio que aliarse con ellos por la pertinaz e irresponsable actitud de la oposición de derechas de negarse a negociar los PGE. Entre sus principales defectos se encuentran el cinismo, el recurso compulsivo a la mentira sin demudársele la color, la autosuficiencia, la ambición, la inquina hacia los que se oponen a él o le contradicen –ni olvida, ni perdona, y la falta de escrúpulos y de sensibilidad. .No ha mostrado la menor empatía hacía las numerosas víctimas del Covid19 y ha necesitado un año para –aprovechando la ausencia de su némesis Isabel Diaz Ayuso-poner los pies en un hospital madrileño, donde recibió un merecido abucheo, trastocándose los planes hagiográficos de su “spindoctor” con la maniobra. Cuando el PSOE obtuvo sus peores resultados, Sánchez pactó sin el menor reparo con Pablo Iglesias. Según Alfonso Guerra, no le permitía conciliar el sueño, pero ahora duerme con él. Concertar un pacto con Podemos, los independentistas y Bildu no es democrático, a su juicio. Sánchez ha pasado todas las líneas rojas al pactar con un partido heredero del terrorismo etarra que no ha condenado sus asesinatos, al que ha blanqueado e incorporado a la dirección del Estado Guerra ha dicho que hay muchos socialistas a los que se les hace un nudo en la garganta por este pacto despreciable y que gritan “¡Con Bildu, no!”. Para Felipe González no se puede pactar con Bildu y ERC porque no son interlocutores válidos, pues tratan de romper la solidaridad y la cohesión entre los españoles. ERC y Otegui no están interesados en un pacto que favorezca a España, sino que quieren acabar con ella como espacio compartido. Ha reprochó a Iglesias su estrategia de llevar a España a un Estado plurinacional con derecho a la autodeterminación queno define un proyecto de país y eso habría que reconducirlo en algún momento. A Sánchez estas críticas le resbalan porque él está por encima del bien y del mal y ha mandado a su escudera en el partido, Adriana ni-ni Lastra, a que responda a estos viejos cebolletas con sus batallitas. La portavoz/a del Grupo Socialista en el Congreso ha dicho que escucha a sus mayores –algo es algo-, pero que ahora hay una nueva generación que es la que lleva las riendas del partido y del país. ¡La juventud al poder! El pacífico Gonzáles se ha mosqueado con los comentarios de la niñata y le ha contestado que, aunque no represente a nadie, a él no le calla nadie y, quien trate de hacerlo, no es socialista. ”Hay gente que oculta su falta de ideas tras una cortina ideológica principista, dentro de la que no nada, sino vacío. No es socialista ni progresista tratar de romper a España o dividirla”. ¿Y cuál ha sido la reacción de los prohombres socialistas en activo, de los barones del PSOE? La mayoría no han dicho ni mu, y sólo unos pocos han dado un gritito para demostrar su descontento, pero dentro de un orden. Guillermo Fernández ha dicho que tuvo que ir a una farmacia para tomar un antiemético contra las náuseas, Javier Lambán ha comentado que Bildu y ERC eran unos aliados “inquietantes” y Emiliano Garcia Page ha pedido cándidamente a Bildu que se disculpe ante la sociedad española, pero -a la hora de la verdad-, han sido, como sus colegas, más mansos que unas vaquillas resabiadas. Las viejas glorias del partido han pedido a González que encabece un movimiento que aglutine a los críticos con la conducta de Sánchez dentro del partido, pero el ex–presidente ha declinado. Creo que ha hecho mal porque es la persona más prestigiosa del PSOE dentro y fuera de España y debería dar un paso más al de sus comentarios- aunque sólo fuera para contrarrestar las declaraciones de Rodríguez Zapatero, que ha aplaudido la decisión de Sánchez y le la dicho que no haga caso a unos viejos carrozas que estaban pasados de rosca-, porque Sánchez, amén de permitir la ruptura de España por sus socios, está destruyendo un partido de Estado, de estirpe socialdemócrata, con más de cien años de honradez y con mayor tiempo gobernando en la España democrática. En un corto espacio de tiempo, el PSOE se ha convertido en el PSOP “ad majorem Sanchez gloriam” y -como todos los dirigentes autocráticos- el presidente ha prescindido de quienes no van con el amén por delante y de los que puedan hacerle sombra, y se rodea de mediocres, como José Luis Ábalos, Adriana Lastra José Manuel Franco o Rafael Simancas, y ha convertido al histórico partido en un erial. Las contrapartidas a los apoyos de sus “inquietantes” aliados no va a salir gratis. Para complacer a ERC, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha anunciado la pronta presentación de una enmienda al Código Penal para rebajar las penas a los delitos de rebelión y sedición –siete años de prisión como máximo- para liberar a los sediciosos catalanes, alegando falsamente que era por “exigencia europea”. Un portavoz de la UE lo ha desmentido al afirmar que no se había producido tal exigencia. “No hay, ni ha habido, una petición formal o informal, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo ni de la Eurocámara,, y -ya fuera de la UE- del Consejo de Europa”. Los tiros van más bien por otro lado, pues la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que recomienda incluir los delitos contra el orden público y la integridad constitucional cometidos con violencia entre los incluidos en la lista que obliga a la detención y entrega automática de sus autores. Podemos votó en contra.. La retribución a ese “hombre de paz” que es Arnaldo Otegui va a ser aún más onerosa. Como ha dicho la portavoz de Bildu en el Congreso, Metxe Aizpurua, lo hasta ahora obtenido por Bildu es totalmente insuficiente, “Hoy no acaba nada; empieza todo […] Vascos y catalanes avanzamos hoy más unidos y más fuertes que nunca”. Y Otegui –entre cuyas pocas virtudes está la franqueza- ha afirmado que, de acuerdo con el Gobierno del Estado, espera celebrar pronto un referéndum de autodeterminación para proclamar la República Confererada de Euzkadi, con Navarra incluida. Un Gobierno largo en su composición y corto en su alcance Padecemos el Gobierno más amplio en su composición y más incompetente en la historia de la democracia española: un presidente, cuatro vicepresidentes, dieciocho ministros y un “gurú”. Del presidente creo que ya he dicho bastante. Su última genialidad ha sido inventarse un Ministerio de la Verdad para que el Gobierno decida lo que es verdadero y lo que es falso, para amedrentar a los medios de comunicación. ¿Quién nos puede librar del cesarismo de este hombre? Me temo que sólo la UE. Repasemos las vicepresidencias, que son cuatro como las sevillanas. La primera la ostenta la jurista Carmen Calvo, responsable de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica/Histérica. Sólo se ocupa del último tema de su amplia cartera y vive obsesionada con evitar que se escape el espectro de Franco de la cripta de Mingorrubio. Ha ascendido la memoria histórica al nivel de democrática y ha elaborado un proyecto de ley que es de un sectarismo integral y de vergüenza ajena. La segunda, que en realidad es una presidencia-bis, la ocupa el omnipresente Iglesias –junto con las carteras de Asuntos Sociales y de la Agenda 2030-, quien está en todos los lugares menos donde debería estar, como en las residencias de ancianos. Iglesias es una persona inteligente y astuta que –a diferencia de Sánchez, tiene un proyecto de Estado y un plan de Gobierno bien elaborado: acabar con la transición, derogar la constitución de 1978, destronar al Rey Felipe VI y proclamar la III República, aplicar una economía planificada controlada por el Estado y limitar la libertad empresarial, y permitir el derecho a la libre determinación de Cataluña, y en el País Vasco. Ha instado a Sánchez a abrir una nueva etapa política en España y avanzar hacía un Estado plurinacional –la última sigla del actual PSEE-. Le ha prestado su plan y el presidente lo ha asumido como propio y está dispuesto a aplicarlo, por absurdo que sea, con la ayuda inestimable de los independentistas y de los filoetarras. Por el momento, ha descubierto que la Constitución no es tan mala como decía y va como un predicador adventista con un ejemplar bajo el brazo y nos lee sus artículos favoritos, entre los que no figuran el 2 -que establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, ni el 3 -que reconoce que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Ha descubierto asimismo que ERC y Bildu comprenden mejor su espíritu social que el PP o Vox. “¡The Devil quoting the Bible!” -¡El diablo citando la Biblia!- . La tercera, responsable de Economía y Transformación Digital, está a cargo de la economista Nadia Calviño, experta competente y con experiencia internacional, que ha sido, sin embargo, boicoteada por Iglesias con la connivencia de Sánchez, y se ve obligada a hacer un “papelón” ante sus antiguos jefes de la UE. ¡Todo sea sufrir un “poquiño” para volver a Bruselas por la puerta grande! Vamos, niñas, a por la cuarta. ¡Ah. ¿pero hay una cuarta? Pues sí, la encargada de Transición Ecológica y Reto Demográfico, asumida por la jurista Teresa Ribera. No sé si habrá transitado mucho ecológicamente, aunque haya hecho daño a la industria del automóvil con su penalización del diésel, pero por reto demográfico ha transitado poco, pues España tiene una de las tasa de natalidad más bajas del mundo y no se ha puesto en práctica una política de inmigración controlada que permita cubrir el déficit poblacional. De los ministros del PSOE, la gente conoce en especial a uno y medio por lo bueno y a cinco por la malo. En el lado positivo, lá única que se salva plenamente de la mediocridad general es la ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles, que ha plantado cara a las insolencias y desplantes de Iglesias y ha defendido la integridad territorial de España. Sólo ella a mostrado una cierta empatía hacia las víctimas del coronavirus visitando la “morgue” del Palacio de Hielo. El medio corresponde al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el economista José Luis Escrivá, que fue un excelente presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero que se ha visto cortocircuitado en su actuación por Iglesias y por la ministra de Trabajo. Como Ministro de Migraciones ha sido un auténtico desastre. En el lado negativo, hay un quinteto destacado. El más conocido es el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no tanto por su destreza en lidiar con los temas de su portafolio, como por sus devaneos aeroportuarios con la vicepresidenta venezolana y sus rocambolescas trolas. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska es un ídolo caído que ha pasado de juez modelo y azote de terroristas etarras a cómplice de éstos, mediante su traslado a cáceles próximas al País Vasco –pese a no haberse arrepentido ni colaborado con la justicia- y la concesión de beneficios penitenciarios. La destitución del coronel Pérez de los Cobos por negarse a revelarle datos confidenciales de un sumario constituyó un claro caso de prevaricación. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, la médica María Jesús Montero, no sé en cuál de esos dos puestos es peor. Tras haber arruinado la economía de Andalucía, ahora trata de hacer lo mismo a nivel nacional con unos desastrosos PGE, que han sido descalificados por el Banco de España, la AIREF, el FMI y la Comisión Europea. En su función de portavoz/a, su verborrea sandunguera e incomprensible me avergüenza como andaluz. La ministra de Educación y Formación Profesional, la profesora Isabel Celaá, es un caso patético de donde dijo “digo” como consejera de Educación del País Vasco, a cuando ha dicho “diego” como ministra. Ha elaborado la peor ley de educación de un Gobierno socialista –y mira que ha habido malas- y destacado por su sectarismo. Ha negado que el español sea la lengua oficial y vehicular en España, socavado la educación concertada y especial, y contribuido al empobrecimiento educativo de los estudiantes al permitirles que obtengan sus títulos pese a que tengan suspensos. El peor de este quinteto de la muerte es sin duda el ministro de Sanidad, el filósofo Salvador Illa, cuota forzada del PSC. Sánchez lo escogió para que mantuuviera las relaciones con las autoridades catalanas, porque con dedicar un par de días a un Ministerio sin apenas competencias sería más que suficiente. Sin embargo, se produjo la hecatombe del Covid19 y el filósofo no ha podido hacerlo peor, con la ayuda del malhadado Dr. Simón. Lo vemos todos los días en las pantallas de la TV con su cara triste de empleado de pompas fúnebres, amargándonos la vida a los españoles con sus funestas noticias.. El español medio ignora que el Gabinete cuenta con una serie de ministros/as floreros o decorativos, como la de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la experta en comercio internacional Aránzazu González Laya, el de Justicia, el magistrado Juan Carlos Campo, el de Ciencia e Innovación, el astronauta Pedro Duque, el de Agricultura, Pesca y Alimentación, el inspector del trabajo Luis Planas, la de Política Territorial y Función Pública, la funcionaria de la Comunidad de Canarias Carolina Darias, la de Comercio, Industria y Turismo, la economista Reyes Maroto y el de Cultura y Deporte, el filósofo del Derecho José Manuel Rodríguez Uribes. Entre las carteras adjudicadas a Podemos, la única que medio se salva es la de Trabajo y Economía, dirigida por la jurista y ligeramente comunista Yolanda Díaz, que ha tenido que hacer frente a la proliferación de los ERE y los ERTE como consecuencia de la pandemia.. La joya de la corona republican es la ministra de Igual-da, la feminista “enragée” Irene Montero, quien, por méritos propios, habría llegado a lo sumo a ser jefa de negociado en un ayuntamiento de pueblo, pero que. gracias a la protección del macho-alfa de su pareja, ha llegado a las alturas ministeriales. En la titánica lucha entre el feminismo y el machismo, en su caso ha vencido el segundo, para beneficio de la interesada y su abundante prole. Es más comunista que su propio protector y tan sectaria como él, y cuando elabora un proyecto de ley, saltan todas las alarmas jurídicas. El Ministro-Director General de Consumo, el economista Alberto Garzón,, coordinador federal de Izquierda Unida, es más marxista que Carlos Marx y cree firmemente que el comunismo sigue estando vigente como base de la democracia. Dado no tiene gran cosa que hacer, se dedica a denigrar al turismo, del que dice que no aporta a España ningún valor añadido, y ya no se atreve a regresar a su pueblo de origen -el turístico Rincón de la Victoria-, por temor a que lo linchen. El último ministro “podemita”, fruto de la cuota de los Comunes de Ada Colau, es el casi invisible ministro de Universidades, Manuel Castells, un albaceteño recriado en Barcelona que es separatista, pero no de Castilla/La Mancha, sino de Cataluña. En un profesor de Sociología, más conocida en Estados Unidos que en España y anda perdido en combate, aunque más vale que así sea, porque cada vez que reaparece es para hacer alguna trastada. Cierra el elenco el superministro oculto detrás de las bambalinas y consejero áulico del presidente, Iván Redondo, un excelente publicista mercenario que se vende al mejor postor, un experto en mercadotecnia política que –en reñida competencia con Iglesias- ha sido acogido por Sánchez como su “gurú” personal, inspirador de la política del Gobierno y especialista en efectos especiales, aunque a veces se pase de listo. Fractura de la oposición de derechas Ante este desastre Gobierno, ¿cuál es la situación de la oposición democrática? Pues bastante mala porque –como ha señalado Raúl del Pozo- sigue desorientada y dividida entre el PP Ciudadanos y Vox. El PP no se ha recuperado del todo de su mácula de corrupción. Aunque sus máximos dirigentes no hayan estado directamente involucrados, sí lo han estado indirectamente por omisión o por su permisividad con los corruptos, especialmente en los niveles intermedios. Han recibido su merecido, pero quizás hayan resultado excesivamente castigados, en comparación con otros casos más graves, como los del PSOE con los ERE o los de CDC con los latrocinios continuados de la familia Pujol, que apenas afectaron a sus respectivas posiciones monopolistas de poder en Andalucía o en Cataluña. El PP perdió buena parte de su credibilidad y quedó anonadado tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, basada en las acusaciones extemporáneas e inapropiadas del juez réprobo José Ricardo de Prada y a raíz de la puñalada por la espalda del PNV. Su actual presidente, Pablo Casado, está tratando de lavar la imagen del partido para convertirlo en alternativa de Gobierno, pero se ha encontrado con la enorme dificultad de un centro fracturado en tres partes, ya que Ciudadanos se ha separado por la izquierda y Vox por la derecha. El oráculo Iglesias ya ha profetizado que el PP nunca volverá al poder. Ciudadanos –que surgió en Cataluña para hacer frente al independentismo- dejó un tanto desarbolada la case madre para convertirse en partido nacional. Aunque Inés Arrimadas ganó las últimas elecciones catalanas, no sacó ningún provecho de ello y siguió a Albert Rivera a la capital del reino. El partido tuco un gran éxito en las elecciones de abril de 2019 al conseguir 57 escaños, aunque no sobrepasó al desquiciado PP, pero Rivera se negó a formar un Gobierno estable de coalición con Pedro Sánchez y prefirió forzar nuevas elecciones con la esperanza de convertirse en el líder de la oposición de centro-derecha, pero el electorado lo castigó haciéndole perder 47 de sus escaños. Su sucesora, Arrimadas, ha hecho de la necesidad virtud y ha girado hacia el centro-centrismo bisagra, pactando a babor y a estribor con sus 10 escuálidos escaños. En su diálogo con el PSOE se ha dejado ingenuamente liar en el juego del gato y el ratón de Sánchez, que la ha utilizado cuando la ha necesitado y luego le ha dado la patada de Charlot, abrazándose a sus reales aliados independentistas y filoetarras. El partido está en crisis, entre otras razones, por su indefinición ideológica. Por la diestra ha surgido con fuerza Vox, que se ha aprovechado del hartazgo y del voto-protesta del electorado de derechas y no sólo de ellas. Ha querido reafirmarse ante su partido de origen para asumir el liderazgo de la derecha y Santiago Abascal presento una absurda, por inviable, moción de censura, no tanto para atacar al Gobierno de Sánchez, como para importunar al PP. La adecuada respuesta de Casado resituó al PP en centro-derecha y lanzó a Vox a la extrema derecha, lugar donde se encuentra cómodo. Se ha lanzado de forma populista a la calle y adopta posturas contradictorias e incomprensibles como no presentar enmiendas a los PGE o abstenerse en el Parlamento Europeo en el informe sobre modificación de las órdenes de detención y entrega Con la escisión en la derecha y el masivo apoyo a los PGE de las partes que componen el monstruo gubernamental Frankestein, Sánchez tiene garantizada esta legislatura y probablemente las que sigan. Como se ha jactado Iglesias, tenemos Gobierno sociocomunista para rato, y ni siquiera podemos quejarnos porque tenemos el Gobierno que hemos votado. Se dice que el pueblo siempre tiene razón y -dada su terquedad- no cabe descartar que Sánchez siguiera sucediéndose a sí mismo, rodeado de su camarilla de monstruitos, que, más que unas Cortes, empiezan a parecer un Cámara de los Horrores. Viene a mi mente el letrero que Dante Alighieri situó en “La divina comedia” a las puertas del infierno: ”Lasciate ogni speranza o voi che entrate”. Espero que no sea así, porque Sánchez, Iglesias y Cia van a dejar a la democracia española en tal estado que no la va a conocer ni la Constitución que la parió. Que Dios o los hados nos protejan de la catástrofe que se avecina. Queridos dirigentes de la UE ¡Socorro!

Ábalos se escapa judicialmente del Delcygate

ÁBALOS SE ESCAPA JUDICIALMENTE DEL ”DELCYGATE” El pasado día 26, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que ha decidido archivar la querella presentada por Vox y el Partido Laócrata contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos y usurpación de atribuciones, en el caso popularmente conocido como “Delcygate”. Antecedentes Por la decisión PESC 2017/2074, el Consejo Europeo decidió que los Estados miembros de la UE deberían impedir el acceso a sus territorios y el sobrevuelo de los mismos a una serie de dirigentes venezolanos, responsables de abusos de derechos humanos o la represión de la sociedad en Venezuela. En la lista de sancionados figuraba nominatim Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien –pese a ser consciente de la prohibición- voló el 19 de enero rumbo a España y aterrizó de madrugada en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. A pie de avión le daba galantemente la bienvenida el ministro Ábalos, quien –tras charlar un rato con ella a bordo de la aeronave- le evitó la molesta pejiguera del obligado paso por el control de pasaportes del aeropuerto y la trasladó a la sala de espera VIP de la terminal 4, donde siguió su amigable cháchara. Antes de retirarse del lugar de aviones para un merecido descanso, tras haber cumplido brillantemente con sus funciones de ministro de Movilidad y de Asuntos Exteriores en funciones, dio instrucciones a los policías para que no la molestaran y le facilitaran horas más tarde la reanudación de su vuelo hacia el aeropuerto de Doha (Qatar) situado fuera del prohibido y violado espacio europeo. A Ábalos le dio por mentir torpe e innecesariamente sobre su encuentro con la lideresa venezolana. Primero no la vio, después sí la vio pero sólo de refilón porque se tropezó con ella cuando iba a recibir a un amigo, luego que le dijo buenas noches sólo por cortesía y, finalmente, que platicó largo y tendido con ella para evitar un grave incidente diplomático. Vox y el Partido Laócrata presentaron querellas contra Ábalos y varios funcionarios policiales del aeropuerto por haber permitido el acceso a territorio español a una persona que lo tenía prohibido por el Consejo Europeo. El pasado 11 de noviembre, el titular del juzgado nº 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, inadmitió a trámite la querella con el peregrino argumento de que Rodríguez no había entrado en el territorio español, porque había permanecido en la zona de tránsito de Barajas, área extraterritorial sobre la que el Estado español no ejercía su soberanía. Serrano acertó en su decisión de no enjuiciar a los funcionarios del aeropuerto, pero no por los falaces argumentos alegados, sino que no porque pudieron éstos cumplir sus funciones por impedírselo un ministro del Gobierno. Ábalos no pudo ser juzgado por el titular del juzgado nº 31 debido a su condición de aforado y su caso pasó a ser examinado por el Tribunal Supremo. El fiscal de dicho tribunal cometió el mismo error que el juez de Madrid al considerar “terra nullius”el área de tránsito del aeropuerto. Ábalos no cometió ninguna infracción al permitir la entrada de la proscrita Rodríguez en una zona que no era territorio español, por lo que su decisión no era un acto administrativo injusto y arbitrario. Los querellantes no habían concretado mínimamente cuál era la acción injusta y arbitraria dictada por el querellado y no existían indicios de que la actuación del ministro fuera más allá del ámbito diplomático y entrara en contradicción con el orden jurídico. Como no existían los indicios mínimos necesarios para abrir una causa penal contra Ábalos, propuso sobreseer el caso. Auto del Tribunal Supremo La Sala segunda de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, dictó el 26 de noviembre un auto exculpatorio de cualquier responsabilidad penal por parte de Ábalos y sobreseyó la causa incoada contra él. De entrada, propinó un merecido sopapo jurídico al titular del juzgado nº 31 y al fiscal del propio tribunal, al afirmar que estaba fuera de cualquier duda que la vicepresidenta venezolana “entró en territorio español y se mantuvo en él mientras duró su estancia en España”. El aeropuerto está enclavado en territorio español y sobre él ejercen soberanía las autoridades españolas. El acceso al territorio español se produjo desde el momento que el Falcon que transportaba a Rodríguez sobrevoló el espacio aéreo español y, cuando la aeronave aterrizó en Barajas, ya se había consumado la violación de la prohibición acordada por el Consejo Europeo a la vicepresidenta venezolana. Según el Tribunal, no había constancia de que el viaje de Rodríguez estuviera motivado por alguna de las causas que justificarían una exención de la prohibición de entrada en un Estado miembro de la UE, como razones de urgencia humanitaria o asistencia a reuniones de organizaciones internacionales. La Sala, sin embargo, ha considerado que la acreditada infracción de una decisión del Consejo Europeo sobre política exterior o de seguridad fuera constitutiva de un delito de prevaricación imputable a la autoridad nacional que hubiera consentido esa infracción. Las obligaciones derivadas de una decisión PESC tienen una naturaleza esencialmente política, su incumplimiento implica la vulneración de una decisión en el ámbito de la política y el control de su vigencia y su fiscalización incumben al propio Consejo. El problema –añado yo- es que las normas comunitarias no conceden al Consejo competencias para hacer cumplir sus decisiones y lo deja a la buena fe de los Estados miembros. Tan sólo el Parlamento Europeo podría haber debatido el tema a petición de cualquier eurodiputado y adoptado alguna resolución de tipo político al respecto, pero no lo hizo. Según la Sala, sostener que cualquier vulneración por una autoridad española de una decisión PESC haya de ser calificada como constitutiva de un delito de prevaricación sería contrario a la propia naturaleza del mandato incumplido. “Se trata de una obligación singular, no integrable en las obligaciones formales derivadas de la aplicación de reglamentos, directivas, recomendaciones y dictámenes. Una obligación, en fin, de marcado carácter político, cuyo incumplimiento no admite otra responsabilidad que la que se dirime en ese ámbito”. El incumplimiento de las decisiones PESC de la UE está sometido a control político, pero no a responsabilidad penal. Prueba de ello es que los Tratados constitutivos de la Unión “limitan incluso la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común” .No corresponde, por tanto, al Tribunal Supremo “el control del cumplimiento de las obligaciones del Gobierno español respecto de las decisiones PESC”. El tratamiento jurídico-penal de los hechos que han sido objeto de querella no puede hacerse depender del impacto político que haya generado su conocimiento público. El proceso penal sólo adquiere sentido para la investigación y eventual enjuiciamiento si se trata de hechos susceptibles de ser identificados como delitos y “la ponderación del juicio de tipicidad que incumbe a esta Sala no hace posible un arbitrario ejercicio de la elasticidad que incluye en el tipo de injusto que define cada delito, hecho que no puede ser subsumido con arreglo al principio de legalidad”. Dadas las circunstancias, la Sala descartó que los hechos imputados al querellado pedieran ser calificados como constitutivos de un delito de omisión del deber de promover la persecución de los delitos, “pues ningún delito se habría cometido por el incumplimiento de la decisión PESC que prohibía la entrada en territorio europeo a Dña Delcy Rodríguez”. Tampoco cabía investigar un inexistente delito de usurpación de atribuciones, porque Ábalos no había dictado ninguna disposición general o suspendido se ejecución careciendo de atribuciones para ello. En consecuencia, la Sala ha exonerado de culpa a Ábalos y decidido archivar el caso. Puntos oscuros en el comportamiento del ministro de Transportes El auto del Tribunal Supremo es impecable desde el punto de vista jurídico. De un lado, ha puesto coto a la absurda deriva de algunos fiscales y jueces que consideraban que un aeropuerto no forma parte del territorio nacional. De otro, ha expuesto razonadamente la doctrina comunitaria sobre la PESC, que no es una competencia transferida a la UE, sino una política de sus Estados miembros, por lo que las decisiones del Consejo Europeo sólo obligan políticamente a dichos Estados y no los vinculan jurídicamente. Al igual que escapan al control judicial del TJUE, también lo hacen al control de los tribunales nacionales, ya que su incumplimiento no supone la comisión de un ilícito penal justiciables ante tales tribunales. La inepcia de los querellantes y sus abogados en concretar claramente cuál era la conducta prevaricadora de Ábalos, daba a la Sala escaso margen de maniobra. No obstante, creo que el tribunal podría haber ido un poco más lejos. El fiscal del Tribunal Supremo afirmó que el ministro de Transportes no había incumplido el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, según el auto 55/1996 del Tribunal Constitucional, quienes no son españoles carecen del derecho constitucional a entrar en España, por lo que sólo pueden hacerlo en la medida en que cumplan los requisitos establecidos por la legislación española. El Reglamento de extranjería de 2011 prevé que, a su llegada al puesto habilitado para la entrada en España, los extranjeros deberán acreditar ante los funcionarios responsables del control fronterizo que reúnen los requisitos necesarios y aquéllos denegarán la entrada en territorio español a quienes no cumplan con dichos requisitos (artículos 12 y 15). Los funcionarios policiales no pudieron cumplir con su obligación de controlar la entrada de la súbdita venezolana Delcy Rodríguez porque lo impidió el ministro Ábalos, quien la introdujo en territorio nacional de forma irregular. Impedir a sabiendas que los funcionarios policiales del aeropuerto cumplieran con su función controladora –por lo que fueron imputados- constituía, a mi juicio, un acto injusto y arbitrario con sabor prevaricador. Ésta fue la infracción que cometió Ábalos, que daba muestras de indicios de constituir un acto de prevaricación administrativa. La única forma de saber si había conciencia de injusticia y arbitrariedad en la decisión del ministro era realizando una investigación, pero el Tribunal Supremo ha descartado la comisión por Ábalos de un delito de prevaricación sin haber hecho la correspondiente investigación. Pero, al margen de la descartada responsabilidad judicial, Ábalos ha incurrido en responsabilidad política, tanto a nivel nacional como internacional. El ministro ha mentido una y otra vez como un bellaco y, si lo ha hecho de forma tan descarada, no creo que haya sido por recrearse en el placer de mentir, sino porque tenía algo inconfesable que ocultar, pero la mentira tiene las patas cortas. ¿Qué ha tratado de ocultar Ábalos? Hay muchos puntos oscuro en este caso que el Gobierno no sólo se ha negado a aclarar, sino que ha hecho lo contrario y procurado cubrir las espaldas del supuesto prevaricador, afirmando Arancha González Laya que había actuado de la manera menos nociva posible para les relaciones hispano-venezolanas y respetado la legalidad internacional, y Pedro Sánchez que la actuación de Ábalos había evitado que se produjera un incidente diplomático. González Laya estará preocupada porque Sánchez haya descubierto un hábil y avezado diplomático de su plena confianza, que podría sustituirla en el puesto de ministra de Asuntos Exteriores en una futura remodelación ministerial. ¿Qué oculta Ábalos con tanto afán? ¿Por qué insistió Rodríguez en aterrizar en Madrid pese a saber que con ello incumplía la prohibición que le había impuesto el Consejo Europeo, cuando –si ello se debía a exigencias técnicas- podía haberlo hecho en algún aeropuerto internacional de Marruecos? ¿Quién autorizo el sobrevuelo del espacio aéreo español y el aterrizaje del Falcon en el aeropuerto de Barajas, y por qué el Gobierno español no imitó a su vecino portugués y prohibió unos hechos que violaban el compromiso asumido por España como miembro de la UE? ¿A dónde fue a parar el voluminoso equipaje de la vicepresidenta venezolana?... Según ha publicado la periodista venezolana Ibelyse Pacheco, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, había invitado a su colega de Venezuela a que hiciese escala en Madrid para entrevistarse con él y, eventualmente con Sánchez. Nadie, ni siquiera Iglesias, ha desmentido ni rectificado esta noticia y “quien calla, otorga”. Esta información tiene indicios de verosimilitud dadas las continuas intromisiones de Iglesias en la política exterior española y sus peligrosas conexiones con las dictaduras bolivarianas. El vicepresidente ha influido sin duda en la sinuosa política seguido por España con Venezuela, Aunque haya reconocido la legitimidad de Juan Guaidó, Sánchez no lo recibió cuando vino a España en visita oficial, apenas lo apoya e induce a la UE –a través del ex-ministro Josep Borrell- a negociar con un régimen dictatorial que ha sido condenado por las Naciones Unidas por la continuada violación de los derechos humanos. A ello cabe añadir su silencio cómplice ante las tropelías de José Luis Rodríguez Zapataero, que ha bajado de las nubes a las orillas del Orinoco para dar cobertura política y moral a la tiranía de Maduro. ¿Invitó Iglesias a Rodriguez a hacer una escala en Madrid? ¿Por qué el Ministro de Interior, que era el competente en la materia no acudió a Barajas para tratar de solucionar el problema de la inopinada escala de Rodríguez en Barajas? ¿Por qué delegó en Ábalos y éste no hizo caso a la petición de Fernando Grande-Marlaska de que procurara que Rodríguez no bajara del avión? ¿Por qué mintió el ministro de Transportes una y otra vez sobre su encuentro con Rodríguez y cómo pretendía ocultar unos hechos presenciados por muchas personas y que habían quedado grabados en las cámaras de seguridad del aeropuerto?…Son muchos interrogantes a los que el Gobierno se ha negado a responder y guardado un silencio culpable ante la opinión pública. Pese a las peticiones de los partidos de la oposición, Ábalos se ha negado a comparecer en el Congreso para dar explicaciones al haberlo impedido la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno Frankenstein. ¡Todo sea por la transparencia tan cacareada por el Gobierno socio-comunista de Sánchez e Iglesias!. Ábalos ha escapado al control judicial y político por su censurable actuación en el “Delcygare”, pero, si bien había argumentos como los alegados por el Tribunal Supremo para exculparlo judicialmente por considerar que no había cometido delito alguno, no cabe decir lo mismo de la responsabilidad política, tanto en el ámbito interno como en el internacional El ministro ha impedido que los funcionarios policiales del aeropuerto cumplan con su deber y ha puesto en evidencia a España ante la UE, al violar la prohibición de acceso de Delcy Rodríguez a territorio europeo y conculcar de esta manera el compromiso del Gobierno español de cumplir con las decisiones del Consejo Europeo. ¡Algo huele a podrido en el reino republicano de Pedro Sánchez! Madrid, 28 de noviembre de 2020