DIALOGO EN CATALUÑA SÍ, PERO ¿CON QUIÉN, PARA QUÉ Y CÓMO?
He leído con consternación y
desagrado, aunque no con sorpresa, las declaraciones hechas a “El Mundo” por Joaquim Gay de Montellá,
Presidente de Foment del Treball Naciona,-
la principal Asociación de Empresarios de Cataluña- y Vicepresidente de la CEOE. Partiendola
Constitución para ofrecer a Cataluña un Pacto Fiscal similar
al vigente en el País Vasco y en Navarra..
Declaraciones del Gay
de Montellá, Presidente de Foment
Gay estima que llevamos unidos
desde el siglo XV y nos ha ido bien a todos, por lo que su objetivo es mantener
a Cataluña dentro de España. La
Comunidad está muy bien, pero debe mejorar. Respalda el
Informe elaborado antes del verano por la Comisión Jurídicala Generalitat
constituían un “golpe de Estado jurídico”. Semejante informe era claro y
rotundo y no había sido cuestionado por nadie. Rechaza, por tanto, la consulta
del 1-O por ser ilegal y apoye las medidas hasta ahora adoptadas por el
Gobierno para impedir su celebración. Las Leyes del Referéndum y de la Transitoriedad
adoptadas por el Parlament le han
sorprendido y las rechaza por ser “desproporcionadas” y no ser el modelo para “mostrar democracia y conseguir la confianza
de los votantes”
Las respuestas a la ilegalidad
deben ser “proporcionadas”. No le gustan las detenciones, pero tampoco las
ilegalidades y las detenciones han sido consecuencia del procés. Comprende el control por Hacienda de la Caja de la Generalitat
si tenía sospechas fundadas de la ilegalidad de los pagos. Aunque no rechaza de
plano la aplicación del artículo 155 de la Constitución , confía
en que no se haga, porque “emplear los máximos argumentos no es bueno,
el camino siempre está en el diálogo”.
Defiende al Presidente de la CEOE , Juan Rossell frente a
las críticas recibidas por su afirmación de que había que buscar una solución
en Cataluña “intermedia entre la
independencia y la sumisión total“(¡!). Aunque no creía que existiera tal sumisión,
ha señalado que no se puede cuestionar una realidad. Los empresarios catalanes
no son cobardes, pero viven en Cataluña. Es muy fácil ser rotundos fuera de
ella, pero hay que venir aquí. “El que
viera estos días las manifestaciones y vea la realidad se dará cuenta de que
hay sentimientos muy fuertes. Hay un bloque central de gente que necesita que
se le ayude en ese entendimiento”.
Afirma que sería bueno que el
Gobierno y el Govern recuperaran el diálogo, porque, si no, es fácil que
se vaya a una confrontación. Le encantaría que, antes del 1-O se dijera “vamos a sentarnos a hablar”, aunque
comprende que “hay muchos argumentos de
un lado y sentimientos de otro que impiden tener serenidad”. Hay que dialogar y pide una hoja de ruta rápida
de diálogo para lograr un nuevo
Estatuto de Autonomía que sea aprobado en un referéndum legal.
Medidas para resolver
el “problema catalán”
La solución del “problema
catalán” requiere la adopción de las siguientes medidas: Reconocimiento de la
identidad de Cataluña, concesión de un Pacto Fiscal, realización de mayores
inversiones en la Comunidad
y vía libre para que Cataluña tenga representación propia en organizaciones internacionales y puedas
participar en competiciones deportivas.
Gay no explicita qué rasgos de la
identidad catalana no están suficientemente reconocidos en la Constitución. Comola Constitución ya
reconoce la singularidad de Cataluña en relación con el Derecho Civil, la
lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el
sistema institucional. La
Comunidad tiene sus instituciones propias como la Gerneralitat ,
el Parlament, el Sindic de Greuges -defensor del pueblo-, el Consejo de Garantías
Estatutarias -especie de Consejo de Estado- o los Mossos de Esquadra, y tiene amplísimas competencias en todos los
ámbitos salvo el financiero y fiscal. ¿Acaso piensa el Presidente de Foment que Cataluña también tiene en
este ámbito un rasgo diferencial del que carecen las demás Comunidades salvo el
País Vasco y Navarra?. Ésta es la ”madre del cordero”, que nos lleva a la
segunda reivindicación.
El Estado debe reconocer a
Cataluña un régimen financiero y fiscal privilegiado similar al concedido a las
Comunidades vasca y navarra. Para ello - como ya defendió en 2011- debería modificarse la Constitución para
incluir una segunda cláusula adicional que concediera a Cataluña un Pacto
Fiscal que le permitiera disfrutar de autonomía en la gestión tributaria. Viene
a mi mente la “boutade” de Oscar
Wilde de que “la mejor forma de resistir
la tentación es cediendo a ella”. Pretende volver al statu quo ante a la petición de Artur Mas al Gobierno central y al
rechazo de Mariano Rajoy, lo que provocó el inicio de la radicalización de Mas
y de su partido y la fuga hacia delante para alcanzar la Itaca de la independencia,
que ha llevado a la situación actual de insumisión total de Cataluña al Estado
de Derecho. No sería lógico ni adecuado que el Gobierno sucumbiera al chantaje
del separatismo y premiara su desleal desafío institucional concediéndole ahora
lo que en 2013 justificadamente le negó.
La tercera demanda
es secuencia lógica de la anterior: Realización de mayores inversiones del
Estado en Cataluña. Esta pretensión ya se plasmó en el Estatuto adoptado en
2005 por el Parlament, que incluía una
disposición final que preveía una inversión mínima del Estado en Cataluña
proporcional a su contribución al PIB nacional. Dicha disposición era profundadamente injusta a la par que
retrógrada, pues ignoraba los principios elementales de la justicia distributiva
y social al propugnar que se diera más al que más tenía. Es natural que los
empresarios catalanes quieran que el Gobierno invierta lo máximo posible en la Comunidad para generar
riqueza y aquél debería acoger favorablemente peticiones razonables, como la
conclusión del corredor mediterráneo, que beneficiará no sólo a Cataluña, sino también a otras Comunidades
como Andalucía, Murcia o Aragón. Pero de ahí a exigir una elevada inversión
fija, en detrimento de las demás regiones, hay abismo insalvable. Bastante
tratamiento privilegiado le está concediendo el
Gobierno a través del Fondo de Liquidez Autonómica, de cuyos créditos
sin interés es Cataluña es con mucho la más beneficiada: 70.000 millones de
euros entre 2012 y 2016, y 7.275 en 2017.
La cuarta y última
reivindicación es más bien anecdótica: tener representación en organismos
internacionales y participar con equipos propios en las competiciones
deportivas internacionales. Gay ha citado en apoyo de su pretensión que “Flandes tiene gran representación internacional
y nadie se rasga las vestiduras”. No sé en qué basa su afirmación, pero en
mi largo caminar por medio mundo jamás he visto una Embajada de Flandes,
mientras que Cataluña tiene un buen montón de seudo-Embajadas en los
principales países del globo y ante Organizaciones Internacionales como la UE y la
ONU. Esla Comunidad quiera
participar en la actividad de la
UNESCO para potenciar la lengua y cultura catalanas o en el
Comité de Regiones de la UE ,
pero sus rasgos diferenciales en los ámbitos idiomático y cultural no justifican
la proliferación de Embajadas de pitiminí en las que enchufar a sus paniaguados
–como diría Luis María Ansón-, ya que, como las demás Comunidades Autónomas,
está suficientemente representada por las Misiones diplomáticas y consulares de
España, que defienden y protegen por igual los intereses de todos los
nacionales. En cuanto a disponer de de equipos deportivos propios, el
Presidente de Foment señala que “Escocia tiene su propio equipo de fútbol y
nadie lo cuestiona”, sin percatarse de que Escocia fue un Estado
independiente antes de integrarse voluntariamente n el Reino Unido, cosa que
nunca ha sido Cataluña, pese a las mendaces afirmaciones de los dirigentes
catalanes. Ahora bien, si con ello se contribuyera a solucionar el “problema
catalán”, no habría mayor problema en solicitar a las federaciones deportivas
internacionales accedieran a sus propósitos. Si la FIFA permite la participación
de los equipos de Gibraltar o Kosovo
-modelo, al parecer, para Cataluña- en los
campeonatos mundiales de fútbol, ¿por qué no a ésta, que es “más que una
nación”?.
Las
declaraciones de Gay de Montellá cayeron como una bomba en la CEOE –de la que es
Vicepresidente-, uno de cuyos dirigentes afirmó que era preocupante que manifestara
su opinión en un momento en que los empresarios deberían cerrar filas con el
Gobierno para que se restablezca la legalidad. De aceptarse su propuesta, supondría una independencia diferida que se
sale por completo de lo que debe defender un dirigente de la CEOE. Procede
Imprescindible
necesidad de diálogo
A
todo el mundo se le llena la boca con la palabra diálogo, palabra políticamente
correcta que muchos
preconizan y pocos practican. Pablo Iglesias ha pedido a toda la oposición que
promuevan “el diálogo constituyente que
devuelva el protagonismo a las gentes, a los pueblos y a las naciones del
conjunto de España”. Íñigo Urkullu ha advertido al Presidente del Gobierno
que “la única salida es el diálogo”.
Pedro Sánchez ha dicho que obligará a Rajoy y a Puigdemont a dialogar y
ofrecido para solucionar el problema
catalán “diálogo, reforma de la Constitución y más
autogobierno”. El Secretario General del PSOE mandó oponerse en el Congreso
a la moción no de ley de apoyo al Gobierno y a los Tribunales ante el desafío
catalán propuesta por Ciudadanos, porque este partido no aceptó su enmienda por
la que se instaba al Gobierno a que buscara una solución negociada, proposición
que ha sido apoyada por los socialistas en el Parlamento andaluz.
Como Pachi López –que ha afirmado
que “es la legalidad política la que crea
espacios para la política y el diálogo”- preguntó a Sánchez “pero Pedro,¿ tú sabes lo que es una nación?
, habría que preguntarle a Gay de Montellá, Ibáñez, Urkullu, Sánchez y “tutti quanti”: ¿Sabéis realmente lo que es un diálogo?.. ¿Es posible dialogar con quienes
dicen que están dispuestos a hablar sobre “Referéndum,
sí o sí”, violan las leyes y la Constitución
–a la que sustituyen por una ley autonómica jurídicamente impresentable-,
incumplen las sentencias de los Tribunales y no reconocen legitimidad al
Tribunal Constitucional, niegan la palabra a los diputados de la oposición en
el Parlament y les impiden ejercer su
actividad parlamentaria, amenazan a los discrepantes, pasan por alto los
argumentos de sus propios órganos asesores y desoyen sus dictámenes, y piden a
las masas que ocupen las calles para defender un referéndum ilegal y amparar a
los delincuentes?. Como ha señalado Antonio Elorza, resulta absurda la
apelación a un diálogo que sólo consistiría en que el Gobierno aceptara lo que la Generalitat
decidiera.
La
respuesta ha sido acertadamente dada en un editorial de “El Mundo” en los siguientes términos: “La abierta deslealtad de la Generalitat y su contumacia en la desobediencia
han dinamitado cualquier opción de diálogo. No puede haber ningún tipo de
negociación, ni mucho menos concesión política y económica, a instituciones
cuyos dirigentes usan las herramientas del autogobierno para intentar liquidar
el mismo. El diálogo no sólo es necesario sino imprescindible en democracia y,
desde luego, los empresarios están llamados a jugar un papel constructivo en
esta tarea, pero siempre que medie un respeto escrupuloso a la ley, que es lo
que permite armonizar la convivencia y garantizar la igualdad de los españoles.
El Gobierno catalán sigue lejos de asumir esta exigencia irrenunciable en
cualquier Estado de Derecho”. Y “la
felonía insurreccional de la
Gerneralitat resulta incompatible con abrir cualquier vía de
negociación, por muchos llamamientos que se hagan al diálogo…El diálogo es
imprescindible en democracia, pero siempre dentro del marco constitucional”.
Con quién dialogar
Dado por generalmente aceptado
que el diálogo es imprescindible en cualquier sociedad, se plantea el problema
de con quién dialogar, qué dialogar y cómo hacerlo. ¿Quiénes deben ser los protagonistas de este
diálogo?. Es evidente que uno de ellos es el Gobierno legal de la Nación y otro unos
representantes genuinos de la Comunidad
Autónomala Generalitat
se han auto-descalificado y se hallan en una situación precaria e insostenible,
dependientes de las decisiones de la Justicia. Según Santiago González, “hay un tiempo para dialogar y otro para ejecuta,-
dice aproximadamente el Eclesiastés- y el de dialogar no es éste. El asunto
está en el ámbito penal y el único diálogo posible para ellos debería de ser en
la sala de justicia para responder de los graves delitos cometidos. Diálogo
político sólo en el futuro, cuando se restañen los efectos de esta perversa
iniciativa y paguen responsabilidades por tantos desafueros. Será con otros
dirigentes, cuando éstos sean inhabilitados y encarcelados si el Tribunal los
declara culpables de malversación y de sedición”. Como ha observado Teresa López Pavón, con la
amenaza de un referéndum ilegal sobre la mesa, mientras los interlocutores que
tendría el Gobierno en una eventual maniobra de acercamiento sean los que han
manifestado su voluntad de mantener el reto a la legalidad vigente, incluso
después del 1-O, no cabe hablar de negociación.
Parece indispensable adelantar
las elecciones autonómicas para escoger a dirigentes legitimados por las urnas
para representar a Cataluña en su indispensable negociación con el Gobierno
central con miras a restaurar la normalidad constitucional.. Según ha
manifestado Marisa Cruz, no se podrá
evitar que estas elecciones tengan un fuerte componente plebisticitario, pero
el Gobierno confía en que el ejecutivo autonómico que surja de los comicios se
avenga al diálogo y a la negociación. Ha habido quienes –desde sectores de la
izquierda y el nacionalismo-cuestionan la legitimidad de Rajoy para representar
al Gobierno en la negociación. Sin embargo, por muy quemado que esté el
Presidente por la inadecuada política seguida frente al “problema catalán” y
por mucho que la abigarrada oposición lo descalifique con rotundidad, Rajoy es
el representante legal del Gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos
españoles y sancionado por las Cortes. Cuestión distinta es que se halle en una
delicada situación al no contar con una mayoría en el Congreso y pender sobre
su cabeza una moción de censura ardientemente deseada por Pedro Sánchez, que
busca su investidura a toda costa con el apoyo de Podemos y de los
nacionalistas.
Qué se debe negociar
El qué de la negociación es el
llamado “encaje” de Cataluña en el Estado español. Es obvio que tras el 1-O
–pase lo que pase en esa fecha ya mítica- será inevitable abrir un proceso de
reflexión sobre el diseño del Estado, que obligará
a reconsiderar las
relaciones del centro con la periferia, el reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades –sea manteniendo el sistema actual de las Autonomías,
sea en un posible régimen federal- y la distribución de los recursos
financieros. En opinión de Cayetana Álvarez de Toledo, existen en el PP dos
almas, la de la firmeza y la del apaciguamiento y, con los primeros cristales
rotos, ha asomado la debilidad. El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha
anunciado que el Gobierno está dispuesto a pagar a los nacionalistas a cambio
de que renuncien a la secesión. Así, habló en el “Financial Times” de una posible reforma del sistema financiero si
cesaran los planes de independencia. Sin excluir la concesión de un Pacto
Fiscal –para lo que habría que modificar
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