DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA A LA
VISTA ANTELA DESIDIA DEL
La inmensa
mayoría de los españoles seguimos con estupefacción e incredulidad la ruta
imparable hacía la Declaración
Unilateralla Generalitat , Carles Puigdemont y sus secuaces. Nada parece
arredrarles en su alocada carrera hacia el precipicio: la denuncia de la
reiterada violación de la Constitución , del
Estatuto y de su propias leyes; las decisiones del Tribunal Constitucional o
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; las advertencias del Gobierno central;
el reconocimiento de todos los Estados democráticos de la ilegalidad del
seudo-referéndum del 1-O; la exclusión de la Unión Europeala DUI ;
las admoniciones de sus órganos asesores sobre la ilegalidad de su proceder; el
inicio del proceso de deslocalización de los grandes bancos y empresas
catalanas… ¡Alea iacta est!. Puigdemont –auto-asumida mezcla de César y de Moisés-
se ha obstinado en cruzar el Rubicón del Ebro para llevar al pueblo escogido
hacia la tierra prometida de la independencia.
Pasividad del
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
El hiperactivismo
de Puigdemont contrasta con la pasividad –culposa, si no dolosa- de Mariano Rajoy, pese al impecable y
acertado discurso del Rey Felipe VI que lo ha puesto ante su responsabilidad,
al afirmar de forma taxativa que “es
responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden
constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del
Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su
Estatuto de Autonomía”.
Para Manuel Arias Maldonado, esta declaracióno ha venido a
rellenar el vacío simbólico generado por el silencio del Gobierno. Su firme
defensa de la legalidad ha achicado el espacio a quienes venían defendiendo un
diálogo en condiciones de igualdad con el Govern.
Según Luis Marín Sicilia, no hay nada más perverso ante el desafío catalán que
hablar de diálogo o negociación. Con los delincuentes no se negocia, sino que
se les aplican las sanciones que corresponden en un Estado de Derecho y, “una vez reconstruido el orden constitucional
quebrantado, se dialoga hasta la extenuación y dentro del marco legal con los
interlocutores que legítimamente se determinen en una situación ordenada y
acorde con la legalidad vigente”. José Bono ha afirmado que “el diálogo debe ser la fase posterior a la
reposición del orden constitucional: negociar bajo chantaje es impropio de un
Estado democrático”. Como en su “Carta
abierta a Pedro Sánchez “ han advertido algunos veteranos militantes socialistas
,”nunca ha servido para nada el diálogo
bajo chantaje”.
A Rajoy,
sin embargo, el mensaje regio le ha entrado por un oído taponado por el algodón
“arriólico” y salido por el otro. El Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha instado a aplicar sin demora el
artículo 155 de la
Constitución y a convocar elecciones autonómicas en Cataluña
para impedir la DUI ,
pero Rajoy ha hecho oídos sordos con el increíble argumento de que no había aún
motivos jurídicos suficientes. Siguiendo su línea política de no hacer nada y
dejar que el tiempo soluciones los problemas, apura los tiempos en la esperanza
de que Puigdemont dé marcha atrás. Como ha afirmado el Ministro portavoz, Iñigo
Méndez de Vigo, el Gobierno tiene la capacidad de apreciar mejor los tiempos y
las necesidades, sabe cuándo debe intervenir y actuará, “con inmediatez, firmeza y serenidad”, en el momento más propicio.
Según el propio Presidente, hará lo que crea mejor para España y en el momento
que le parezca más oportuno. “Sé que no
es fácil –ha afirmado-, pero también
me correspondió en su día tomar otra [decisión] que tampoco lo era”. Pero el tiempo se le está acabando y –según
ha observado Luis Herrero en “ABC”-,
si el Gobierno catalán conserva el pleno ejercicio de sus competencias tras la DUI , “Rajoy se convertirá en cómplice de la rebelión y tendrá que responder
ante la justicia”.
EL
presidente duda porque no tiene plenamente asumidos los riesgos de recurrir al
artículo 155 ante un flagrante acto de sedición, si no de rebelión. Como ha observado
Cayetana Álvarez de Toledo, preguntó a uno de sus asesores “¿qué pasa si aplico el artículo 155 de la Constitución y no me hacen caso?”. El Gobierno no
acaba de entender ni la naturaleza del poder, ni las exigencias de la
posmodernidad. ”El poder es la
demostración de la autoridad; la posmodernidad requiere movilización. En vez de
convocar al conjunto de los españoles contra el secesionismo xenófobo y la
tiranía de los sentimientos, en vez de apoyarse en los ciudadanos para
reafirmar que aquí manda el Estado democrático, el Gobierno vacila, espera y
calcula. Sólo actúa cuando no tiene más remedio –el 1 de Octubre- y a veces
incluso recula”. Esta actitud del Gobierno es una muestra de su falta de
confianza en sí mismo y en los ciudadanos.
Rajoy
someterá sus próximos y decisivos pasos al visto bueno de Sánchez,
no porque anhele una acción consensuada con el PSOE, sino
para salvaguardarse de sus críticas y eludir una posible moción de censura que
lo aparte del poder. Y no se da cuenta que son tal para cual. Su única
coincidencia es que ambos aspiran al puesto de mando en la Moncloa : uno para
mantenerse aferrado al poder y el otro para
tratar de arrebatárselo por cualquier medio, como ha puesto de
manifiesto al debilitar al Gobierno -en vez de apoyarlo en momentos críticos
para el futuro de España- solicitando en el Congreso la reprobación de la Vicepresidenta
Sorayala Generalitat
exige la unión de todos los partidos constitucionalistas.
El recurso
al artículo 155 –o a la Ley
de Seguridad Ciudadana, que es otra alternativa legal para impedir la DUI- debería llevarse a cabo
antes del 10 de Octubre, fecha en que está convocado el Parlament y la ocasión podría ser aprovechada para proclamar
formalmente la secesión de Cataluña. El Gobierno debería instar asimismo al
Tribunal Constitucional a que aplicara el artículo 92 de su Ley Orgánica, que
establece que el Tribunal velará por el cumplimiento efectivo de sus
resoluciones. Según su párrafo 4-b), si apreciara el incumplimiento total o
parcial de sus resoluciones, podría adoptar –entre otras- la siguiente medida:”Acordar la suspensión en sus funciones de
las autoridades o empleados públicos de la Administración
responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la
observancia de los pronunciamientos del Tribunal”. Es evidente que la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el
Presidente de la Generalitat , Carles
Puigdemont, y su Vicepresidente, Oriol Junqueras, han incumplido varias de las
decisiones del Tribunal Constitucional, por lo que sería conveniente que –con
independencia de que puedan ser imputados ante los Tribunales correspondiente
por la comisión de diversos delitos- fueran suspendidos en sus funciones con
carácter urgente. De esta manera se lograría, por otra parte, dificultar la DUI al verse privado el Parlament
de su Presidenta y de dos de sus más cualificados diputados. Pero no parece
que Rajoy vaya a tomar medida alguna, como cabe deducir de sus declaraciones a
“El País”, al afirmar que “el Gobierno impedirá que cualquier
declaración unilateral de independencia se plasme en algo”. No dijo que
vaya impedir que se celebre una DUI, sino que ésta no tendrá efecto, lo que –“a contrario sensu” quiere decir que va a
permitir que se produzca.. Rajoy sabe que Sánchez no apoyará el recurso al
artículo 155 mientras no se declare la independencia, por lo que no cabe
excluir que –en su maquiavelismo galaico-
prefiera esperar a que se produzca ésta para así aplicar el citado
artículo con las bendiciones del PSOE. Desde luego no se ha molestado en enviar a Puigdemont el preceptivo
apercibimiento precio a la aplicación del artículo 155 porque no quiere
exponerse a nuevos desmentidos ya que su credibilidad está bajo mínimos. Juró o
prometió por Breogan y la Santa Compaña
Decisión del titular
de un Juzgado de Barcelona sobre la actuación policial
En estos
últimos días no ganamos los ciudadanos para sobresaltos y, en el plazo de 24
horas, hemos recibido tres malas noticias: Decisión del titular del Juzgado
nº 7 de Barcelona sobre las denuncias
por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 1 de Octubre,
declaraciones del Delegado del Gobierno en Cataluña en las que ha pedido
disculpas por la actuación de dichas fuerzas, y resolución del Ayuntamiento de
Barcelona exigiendo la dimisión de de Rajoy y otros altos cargos..
El titular
del Juzgado nº 7 de Barcelona, Francisco Miralles Carrió, ha admitido a trámite
las querellas de 120 afectados por la actuación el pasado domingo de las
fuerzas de seguridad del Estado en su intento de cumplir el mandato de los
Tribunales de impedir la celebración de un referéndum ilegal. No aceptó los
argumentos del Ministerio Fiscal y abrió una “causa general” contra los agentes
de los cuerpos nacionales de seguridad por actuar de forma desproporcionada. El
juez ha dado poe bueno que en Barcelona hubo 97 personas heridas leves y dos
graves –sin contar 20 agentes heridos, que no sé si considerará personas- y que
las medidas adoptadas por la policía afectaron a la convivencia. “La actuación policial sólo estará amparada
en caso de que exista proporcionalidad. De lo contrario generará
responsabilidad “, ha afirmado. Según esta lumbrera de la Judicatura , hay una
presunción “iuris tantum” de que
cualquier actuación de la policía nacional –no de la autonómica- es
desproporcionada y, en cada ocasión en que los agentes tengan que intervenir
para evitar la comisión de un delito tendrán que probar que su acción fue “proporcionada”, so a de incurrir en
responsabilidad pnal.
Y el juez Miralles ha seguido
desgranando sus perlas jurídicas:”No es
ilegal ni ilícito que los ciudadanos votaran, dado que no podía producir ningún
efecto jurídico relevante y el mandato del Tribunal Constitucional sólo
afectaba a quienes convocaron y organizaron el referéndum”. En otras
palabras, como su voto era irrelevante y como no habían sido expresamente
mencionados en la decisión del Tribunal Constitucional, los pacíficos
ciudadanos separatistas podían violar la ley, incumplir las sentencias de los
Tribunales –y no sólo del Constitucional-, ocupar ilegalmente los centros
públicos, obstaculizar la actuación de la policía formando barricadas y
murallas humanas, insultar y agredir a los agentes, vulnerar su propia Ley del Referéndum cometiendo toda
clase de irregularidades, ocupar la vía pública y obstaculizar el tráfico…Todas
estas acciones eran legales y lícitas, y estaban amparadas por la ley catalana
y por su Juzgado. Los secesionistas tenían bula para incumplir la ley y no
cometían delito alguno si lo hacían, a diferencia de los policías nacionales
que tenían que demostrar su inocencia para no ser condenados por cumplir la ley.
¿Esto es lo que ha aprendido en la Escuela
Judicial
Desafortunada
petición de disculpas del Delegado del Gobierno en Cataluña
En una
entrevista en TV-3 –emisora de la Generalitat
totalmente entregada a la causa del secesionismo- el Delegado del Gobierno en
Cataluña, Eric Millo, afirmó que, tras haber visto las imágenes, quedaba en
evidencia que “hay personas que han
recibido golpes y empujones, e incluso
hay una en el hospital” –y los policías heridos, ¿tampoco son personas para
el Delegado?-, por lo que no podía más que “pedir
disculpas en nombre de los agentes”.
Millo explicó que el objetivo de la policía no era realizar cargas sino
recuperar urnas y papeletas. “Las
instrucciones dadas no eran ir a por las personas, sino a por el material electoral“. Estas
declaraciones son de vergüenza ajena y
totalmente rechazables. Implican que los policías incumplieron las
órdenes y se dedicaron a “ir a por las personas” y a golpearlas de
manera desproporcionada. Esto, sin embargo, no fue sí y -aunque puede que se
cometiera algún exceso, por otra parte inevitable cuando la policía se enfrenta
a una multitud hostil y agresiva- la actitud de los agentes fue totalmente normal.
El representante del Gobierno y principal responsable en Cataluña del orden
público exageró y culpabilizó injustamente a sus propios agentes. Por si fuera
poco, tuvo además la desfachatez de pedir disculpas “en nombre de los agentes”,
que quedaron en la desagradable situación de “tras cornudos, apaleados”.
Ante la
justificada indignación de los agentes de la Policía Nacional
y de la Guardia Civil
por las lamentables palabras de su jefe político, el Ministro de Interior, Juan
Ignacio Zoido, tuvo que salir a la palestra para desautorizar las palabras de
Millo, hacer una cerrada defensa de la actuación de de las fuerzas de seguridad
del Estado en Cataluña y darles las gracias por su sacrificada intervención. Si
el delegado –que no es la primera vez que comete graves errores- no tiene la
decencia de presentar su dimisión tras haber sido desautorizado, el Gobierno
debería destituirlo de manera fulminante.
Resolución del
Ayuntamiento de Barcelona
A propuesta
de los concejales del PD-CAT, ERC y la
CUP , el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una
resolución en la que pedía las dimisiones de Rajoy, Zoido y Millo por la
actuación de las fuerzas de seguridad el 1 de Octubre.. Aunque votaron en
contra el PP, PSC y Ciudadanos, la moción salió adelante gracias a la
abstención de los “equidistantes” de “En Comú”, de la Alcaldesa Ada
La resolución
instó al Gobierno del municipio a que “empiece
a trabajar para dar respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía el 1 de
Octubre”. Los concejales separatistas exigieron a Colau que rompiera la
alianza que tiene en el municipio con el PSC -que le permite gobernar-, a lo
que la Alcaldesa
se ha opuesto, alegando que está tratando de convencer a Sánchez a que presente
una moción de censura contra Rajoy, para lo que resulta indispensable mantener
la coalición municipal.. Ahora, la sectaria Alcaldesa se ha vestido de blanco y
afirmado sin pudor que “lo valiente hoy
es escuchar y sentarse hablar”
Esta es una
muestra más del objetivo que, con el fin de quebrar el orden constitucional,
une a los separatistas con los populistas, antisistemas y grupos de extrema
izquierda en un cóctel explosivo que –en palabras de Marín Sicilia- “el egoísmo de una burguesía catalana
adormecida ha propiciado y del que han sabido aprovecharse quienes hoy dominan
la calle en un proceso claramente revolucionario”. Ante tal desafío, el
PSOE y su ingenuo y ambicioso Secretario General no pueden ponerse de perfil,
como se ha advertido el citado Manifiesto de los veteranos socialistas.
Buenas noticias
No ha habido sólo malas noticias,
pues también se han producido algunas buenas. La Audiencia Nacional
está investigando a Llosep Lluis Trapero, a la Intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los
Presidentes de la ANC
y de “Omnium Populi”, Jordi Sánchez y
Jordi Cuixart, por un supuesto delito de sedición, y ya han comparecido éstos ante
la magistrada Carmen Lamela, quien ha aplazado la vistilla y emplazado a los
imputados a una nueva comparecencia tras haber recibido de la policía judicial
nuevo material inculpatorio. El cerco de la justicia se va cerrando gradualmente
sobre sus cabezas.
Ante el
temor creado por la incertidumbre jurídica y económica que crearía la DUI , 15 empresas catalanas –incluidas
el Banco de Sabadell, Caixa Bank, Criteria, Gas Natural-Fenosa o Aguas de
Barcelona- han decidido trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña. Otras
empresas tan emblemáticas como Catalana de Seguros, Abertis, Freixenet e
incluso Codorniú se lo están pensando. El Gobierno central –agradecido a los
empresarios por echarle una mano y darle un respiro a su inacción- se ha apresurado
a dictar un Decreto que facilita la realización de los traslados. Como ha
observado Francisco Rosell, en vez de reponer el orden constitucional, el
Gibierno se limita a facilitar el éxodo de las empresas. ¿Para qué emplear el artículo 155 si la estampida de
empresas obra análogos frutos sin arriesgar la imagen del Estado?. Rajoy
considera que ello, amén de menos arriesgado, es más efectivo porque incide en
el punto más sensible y vulnerable de los catalanes: la bolsa.
Se
siguen produciendo declaraciones institucionales a favor de la integridad de
España y de la defensa del Estado de Derecho. Junto a la de la Real Academiala Lengua , cabe citar la de la Asociación de
Diplomáticos Españoles, realizada “ante
la excepcional gravedad de la situación en España”. Afirma que la historia muestra
que “no existen atajos en sociedades
plenamente democráticas para conseguir objetivos políticos fuera del Estado de
Derecho”, marco que ofrece vías para el desarrollo de todas las opciones
legítimas y permite perseguir la satisfacción de las aspiraciones de todos, en
un espíritu de concordia y entendimiento, y con todas las garantías legales. “No es concebible un Estado cuyas
instituciones y Administración, en su territorio y en el exterior, no respeten
y hagan respetar el orden constitucional”. Manda un mensaje de solidaridad
y agradecimiento a los servidores públicos –miembros de la judicatura y cuerpos
de seguridad del Estado-, que “están
trabajando en estos momentos en Cataluña en un entorno especialmente difícil,
que está exigiendo de ellos sus mayores esfuerzos en el cumplimiento de las órdenes que reciben de las autoridades
del Estado con un escrupuloso respeto a la ley” y a los principios de
proporcionalidad y de adecuación a los objetivos y fines perseguidos. Concluye
afirmando:”Volem enviar un càlid missatge
de recolzament i afecte a tots els catalans: tota la xarxa d’ambaixades i
consolats d’Espanya a l’estranger, sou i sereu a casa vostra”.
Esperanza en la manifestación unionista del 8-O en
Barcelona
Pero
la mejor noticio y motivo de esperanza es la manifestación por la unidad de
España que se va a celebrar mañana en Barcelona, convocada por la Sociedad Civil
El
independentismo ha perdido este fin de semana el monopolio del espacio publico
en Cataluña, como se pondrá de manifiesto mañana cuando la mayoría silenciada
por el sectarismo diga “¡Basta!” en
una histórica y multitudinaria manifestación. Según Javier Redondo, España ha puesto pie en pared y
detenido la espiral de silencio para defender las libertades. “Es la regeneración desde abajo frente al
segregacionismo desde arriba”. Para Arcadi Espada, mañana habrá en
Barcelona una gran manifestación democrática, en la que se verá el alcance de
la insumisión frente el Govern rebelde. Como ha señalado “El Mundo” en una editorial, “lo urgente y prioritario es restablecer la
legalidad en Cataluña y que quienes nos han colocado en este abismo rindan
cuentas ante la Justicia. Cuandola Ley regrese a
Cataluña, habrá que retomar el diálogo, pero libre de chantajes y dentro de la Constitución ”.
Sevilla, 7 de Octubre de 2017
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