Embajadores catalanes

A LA BÚSQUEDA DE LA NEGOCIACIÓN PERDIDA El pasado día 11, los prestigiosos Embajadores catalanes Raimundo Bassols, Fernando Perpiñá, Eugenio Bregolat y Eudaldo Mirapeix publicaron en “La Vanguardia" un segundo artículo en comandita sobre “Secesión y Derecho Internacional”. Ya en Noviembre de 2014, escribieron otro artículo titulado “Costes exteriores de la independencia”, en el que –con objetividad, serenidad y justeza- advirtieron a la Sociedad catalana y a su opinión pública sobre las graves secuelas que provocaría en el plano internacional la independencia de Cataluña. No parece que su sabia advertencia haya surtido efecto en Artur Mas y los empecinados dirigentes de la Generalitat, y en los altamente politizados líderes de asociaciones catalanistas e independentistas -tales como la Asamblea Nacional Catalana u “Omnium Cultural-”, cuando se han creído obligados a dar un segundo aviso. Lo hacen en su calidad de “catalanes, españoles y europeos”, términos que, no sólo no se excluyen, sino que se complementan. Se es español por ser catalán, vasco, murciano o andaluz, y se es europeo por ser español, inglés, alemán o polaco. Es útil conveniente que personas de acreditado prestigio como los citados Embajadores den su opinión sobre el tema. Las verdades del barquero El artículo incluye afirmaciones tan obvias como que la secesión unilateral de parte del territorio de un Estado no era aceptada por ninguna Constitución del mundo, ni por el Derecho Internacional, salvo en casos excepcionales; que el principio de integridad territorial no dejaba más vía legal para la independencia de Cataluña que su aceptación por las Cortes y la adopción por éstas de la correspondiente enmienda constitucional; que una declaración unilateral de independencia no sería válida para el Derecho Internacional; que, en caso de que se produjera, Cataluña sería considerada por la Unión Europea como un país tercero y quedaría al margen de sus tratados e instituciones, y se vería excluida de otras organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la OCDE o la OTAN, y que tanto ésta como la UE requerían el acuerdo unánime de sus miembros para admitir a un nuevo socio; que la secesión no era vista con buenos ojos por la ONU o por la UE, ni por los principales Estados del mundo; que la independencia tendría consecuencias calamitosas para Cataluña, para España y para Europa; que España no podía ir en contra de la tendencia política mundial de construir grandes sistemas de integración para ser competitivos en lo económico y tener peso político en el mundo, como si fuese ajena al esfuerzo de unidad de Europa. Estas conclusiones son impecables e irrebatibles, pero mucho dudo de que influyan sobre el Presidente Mas, que –como los monos del santuario Toshogu de Nikko- se ha tapado los ojos, las orejas y la boca, y no hay más ciego que el que no quiere ver, más sordo que el que no quiere oír, ni más mudo que el que no quiere hablar. Los Embajadores concluían su exposición -de forma algo simplista y, por tanto, cuestionable-, al afirmar que “se debería identificar lo que nos separa para ver qué solución amistosa y negociada encontramos, modificando, si fuera preciso, por los cauces legales existentes, el marco jurídico actual. Las partes deberían, por un lado, comprometerse a no vulnerar el Estado de derecho y, por otro, no atrincherarse en un paralizante inmovilismo”. Por consiguiente, en su condición de catalanes, españoles y europeos, los Embajadores lanzaron con insistencia un llamamiento al diálogo, ya que nuestro país no podía resignarse a tener que explicar en el futuro que, a la hora de las grandes decisiones internas, “no quisimos o no supimos negociar”. Imposible equidistancia entre cumplidores e incumplidores de la ley Con el debido respeto a los colegas y amigos -cuya buena intención y patriotismo constitucional están por encima de cualquier duda razonable-, estimo que estos asertos merecen ser matizados. No cabe adoptar una actitud equidistante entre quienes aplican la ley y quienes la incumplen. No basta con que el Gobierno de la Generalitat se comprometa a no vulnerar el Estado de derecho –que es lo que a diario hace de forma reiterada y con absoluta impunidad-, sino que está obligado a cumplir la Constitución, el Estatuto, las leyes y las sentencias de los Tribunales. No es posible equiparar su actitud con la del Gobierno central –al que se puede acusar de pasividad, de dudas a la hora de adoptar decisiones difíciles o de excesiva prudencia, aunque también de falta de firmeza por tolerar la insumisión de las autoridades catalanas-, ni colocar a las dos partes –el Gobierno de la Nación, de un lado, y los Gobiernos autonómicos, los partidos políticos y la Sociedad civil de Cataluña, de otro- en el mismo nivel de interlocución. Hay que reconocer que el asunto es extremadamente delicado y de difícil solución, y que la Generalitat y los partidos nacionalistas no están poniendo de su parte lo que les correspondería para resolverlo, antes al contrario. Está bien decir que hay que estar abiertos al diálogo y tener espíritu negociador –algo sobre lo que todos parecen mostrarse de acuerdo-, pero, antes de que se inicie la negociación, es preciso ponerse de acuerdo sobre con quién negociar, para qué negociar y cómo hacerlo. ¿Con quién, para qué y cómo negociar? La organización territorial del Estado español afecta a todas las Comunidades Autónomas y a todos sus ciudadanos, y no sólo a Cataluña, por lo que el tema no debería ser zanjado únicamente entre ella y el Gobierno de “Madrit”, ya que concierne al pueblo español en su conjunto. No puede éste asistir como “convidado de piedra” al reparto de los despojos de España, ni jugarse a los dados la túnica inconsútil de la unidad e integridad nacionales mediante referendums imposibles. Como dicen los ingleses, “se necesitan dos personas para poder bailar el tango” y no es fácil encontrar la adecuada pareja de danza. En cuanto al quién, hay que negociar con los dirigentes de todas las Comunidades, incluido obviamente Artur Mas, pese a haberse auto-descalificado con su proceder, al igual que lo han hecho los líderes de CIU, ERC y CUP, que han optado por la independencia “sí o sí”, al margen de cualquier negociación. El President se ha dejado seducir por los cantos de sirena de los informes tendenciosos y partidistas del Consejo Asesor para la Transición Nacional –plenos de mentiras, medias verdades y voluntarismo-, los ha aceptado a sabiendas de sus errores y está aplicando sus recomendaciones y navegando a todo vapor hacia la Itaca soñada e inalcanzable de la independencia. Y lo hace, no lanzándose a la calle con intención de cambiar el régimen democráticamente instituido –como han hecho el Movimiento del 15-M y sus seguidores de “Podemos”-, sino desde las mullidas poltronas del poder otorgado por una Constitución que trata de sabotear desde dentro con flagrante deslealtad institucional, a la par que disfruta de la red de seguridad económica que le facilita el denostado Estado, mientras materializa sus fantasías identitarias. El qué no puede ser sólo el status de Cataluña y- aún menos- su independencia, sino la reorganización del Estado de las Autonomías mediante la debida reforma de la Constitución, cuyo estudio debería haberse iniciado tiempo ha, aunque –como reza el refrán castellano- “nunca es tarde si la dicha es buena”. El Gobierno central tiene que abandonar, a este respecto, su “dontancredismo” autista y suicida. En relación con el cómo, hay que establecer con anterioridad las reglas del juego y cumplir con el “fair play”, pues no se puede jugar al bridge con las reglas del mus o viceversa. Mas está actuando como un trilero de feria, que esconde las bolitas entre los cubiletes, o como un tahúr –no del Mississipi, sino del Llobregat-, que juega con las cartas marcadas o con ases en la manga. Como en la obra de Marcel Proust, todo el mundo anda a la búsqueda de la negociación perdida, en la que tendrían que participar todas las fuerzas políticas, con el fin de lograr -con realismo y sentido de Estado- el más amplio acuerdo posible.