¿Constituye el nombramiento de Wert un abuso?

¿CONSTITUYE EL NOMBRAMIENTODE WERT UN ABUSO? En Junio de 2015, José Ignacio Wert cesó como Ministro de Educación, Cultura y Deportes y, unos meses más tarde, fue nombrado Embajador-Representante Permanente de España ante la OCDE. Este nombramiento ha sido objeto de las más acerbas críticas por parte de la oposición, que lo ha calificado de abuso de poder. “Zapatero, a tus zapatos” Los Gobiernos son libres para nombrar a los Jefes de sus Misiones y lo normal es que la designación recaiga sobre miembros de la Carrera Diplomática, especialmente preparados para desempeñar esta función. Como ha observado Ángel Ballesteros, en el campo exterior resulta obvio el “gap” existente entre la experiencia y los conocimientos de los políticos “aficionados” en relación con los “profesionales”, por lo que debería reconocerse la legitimación de los diplomáticos para ocuparse de la diplomacia. Alguno pensará malévolamente que es natural que esto lo diga un diplomático, pero un profesor como Roberto Mesa -que no tenía especial inclinación hacia la Carrera- afirmó que era razonable pensar que los funcionarios de Asuntos Exteriores eran los más capacitados para cubrir los puestos en razón de su preparación y de su conocimiento de la política exterior y de las relaciones internacionales. Según Marcel Merle, en la política exterior, su concepción y dirección corresponden al ejecutivo, pero su ejecución incumbe a un personal especializado compuesto de profesionales, mejor cualificados que los políticos o los amateurs para tratar con las potencias extranjeras. De conformidad con la Ley de 2014 sobre la Acción Exterior y el Servicio Exterior del Estado, la jefatura de la Misión Diplomática será ejercida por un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, que ostentará la representación y máxima autoridad de España ante el Estado receptor, y será designado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y acreditado por el Rey. A los funcionarios de la Carrera diplomática –por su preparación específica- les están encomendadas las funciones de naturaleza política, diplomática y consular, y están adscritos con carácter exclusivo al ejercicio de tales funciones. Todos ellos serán nombrados conforme al procedimiento de libre designación, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los Jefes de Misión serán designados entre funcionarios de la carrera diplomática, sin perjuicio de que el Gobierno, en ejercicio de su potestad discrecional, pueda designar Embajadores a personas no pertenecientes a dicha carrera, “atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia”. Carácter excepcional del nombramiento como Embajadores de no diplomáticos Así pues, la norma general es la designación como Embajadores de miembros de la Carrera diplomática y hay Estados, como Italia, en los que esta norma se aplica a rajatabla, de manera que sólo los funcionarios diplomáticos pueden ser designados jefes de Misión. La excepción es el nombramiento de Embajadores “políticos”. Esta excepcionalidad deja de serlo en la mayoría de los países en desarrollo, que suelen nombrar Embajadores a personalidades políticas, económicas o sociales, bien por carecer de un Servicio Diplomático profesional, bien por consideraciones de tipo político. Mención especial merece el caso de Estados Unidos, que sigue el método del “spoil system”, pues –aunque cuenta con una eficiente carrera diplomática-, muchas de sus Embajadas son cubiertas por personas que tienen afinidades políticas con su Presidente o han contribuido económicamente de forma sustancial a la campaña electoral que lo llevó al poder. El nombramiento de Embajador es así un premio para recompensar los servicios políticos o económicos prestados. La insuficiente preparación e inexperiencia de estos improvisados Embajadores se compensan con la ayuda inestimable de los miembros de la carrera –especialmente del Ministro Consejero- que arropan al jefe de Misión. En España, todos los Gobiernos –con independencia de su ideología- han nombrado Embajadores a ex-Ministros y a otros altos cargos de la Administración, con carácter excepcional y limitado. Desde el régimen de Franco –Laureano López Rodó, Alfredo Sánchez Bella o Juan Antonio Samaranch- a UCD –Jose Lladó o Alberto Ullastres-; del PSOE –Cristina Narbona, María Jesús San Segundo o Joan Clos-, al PP –Federico Trillo o José Ignacio Wert-. Por regla general, estas personalidades son destinadas a Embajadas de 5 estrellas y sólo recuerdo una excepción: la de José Luis Graullera, que aceptó un destino en Guinea Ecuatorial a instancias de Adolfo Suárez. El recurso ocasional a personas no pertenecientes a la Carrera diplomática resulta aceptable, e incluso encomiable, siempre que haya una razón que lo justifique y cuando los elegidos cuenten con las debidas “competencia profesional y experiencia”. Fue acertado, por ejemplo, el nombramiento de Embajador en Washington de Antonio Garrigues, que –además de persona competente- era amigo personal de la familia Kennedy, en un momento en que España intentaba salir del aislamiento diplomático en el que se encontraba. También resultaba lógico el nombramiento como Embajador en la República Dominicana y en Colombia de Alfredo Sánchez Bella, que había sido Presidente del Instituto de Cultura Hispánica, aunque no tanto su posterior nombramiento en Italia. Tampoco lo fue el del Profesor Emilio García Gómez, insigne arabista, como Embajador en Turquía, en vez de en cualquier Estado árabe, lo que estaría justificado No resultan aceptables semejantes designaciones sin un motivo que las justifique. El PSOE –que tanto ha criticado el nombramiento de Wert- ha recurrido con harta frecuencia a esta práctica, no sólo con antiguos Ministros, sino también con profesores –Jorge de Esteban, Raúl Morodo, Julián Santamaría o Emilio Menéndez del Valle-, ex-Alcaldes –Francisco Vázquez o el propio Clos-, diputados –Rafael Estrella o Miguel Ángel Cortizo-, e incluso personas sin especial cualificación, como Eduardo Foncillas, nombrado Embajador en Bonn sin más méritos que ser miembro del Partido y hablar alemán. Desempeñó durante ocho años la jefatura de esa Misión y, cuando fue relevado de su cargo, se quejó amargamente por lo injusticia que con él se cometía. Aunque no recibieran Embajadas, también cabe mencionar los importantes puestos facilitados en Organizaciones Internacionales a Magdalena Álvarez, Leire Pajín o Bibiana Aído, a pesar de su contrastada incompetencia. ¿Entra el nombramiento de Wert dentro de la excepción o es abusivo? Con anterioridad a su nombramiento como Ministro, Wert fue profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad Complutense y de Sociología Política en la Universidad Autónoma de Madrid, Concejal, Diputado, Subdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas y Presidente de Demoscopia y de la Fundación Europea de Gestión de Calidad. No ha sido un buen Ministro, pese a que en su haber cuente con la elaboración de la LOMCE, que contiene elementos muy positivos y que –frente a las desaforadas críticas de la oposición- estimo que, si peca de algo, es de haberse quedado corta. Ha sido un mal político, de talante poco conciliador –aunque se encontró con una oposición y un sector del mundo educativo cerril y cerrado a cualquier posible diálogo o negociación-, que ha concitado bastante animadversión. No obstante, es un profesional de prestigio internacional, que está muy por encima de muchos de los Embajadores nombrados por los Gobiernos del PSOE. Resulta hipócrita y desproporcionado que partidos, que han avalado nombramientos inadecuados, se rasguen las vestiduras por el suyo. Admitiendo, como excepción, la relevancia de su designación, lo más adecuado, hubiera sido su nombramiento como Embajador ante la UNESCO y no ante la OCDE, para lo que carece de la cualificación que tiene para aquélla. Resulta además poco presentable, ética y estéticamente, su envío a una Organización en la que trabaja su antigua colaboradora y actual esposa, Montserrat Gomendio. Playa de Amposta, 24 de Agosto de 2015

¿LA RECUPERACIÓN DE GRECIA “AD CALENDAS GRECAS”? El pasado 10 de Julio asistí a un interesante debate organizado por el Real Instituto Elcano sobre la cuestión de palpitante actualidad de “Grecia y el futuro del euro”, en el que intervino como invitado especial el ex-Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. La extrema izquierda española y su principal exponente “PODEMOS”, alma gemela de SYRIZA, han presentado falazmente a los socios de la Eurozona como -en palabras de Jesús Cacho- una panda de mercaderes sin escrúpulos que oprimen a la desvalida Grecia y chupan la sangre de sus pobres pensionistas. Nada más lejos de la realidad. Los sucesivos Gobiernos griegos se han ganado a pulso la catastrófica situación en que se encuentra el país desde su ingreso en la CE en 1981 y de su ulterior acceso a la Unión Monetaria y al euro en 2009, tras haber falsificado los datos para probar que cumplía con los requisitos exigidos, como reconoció el propio Primer Ministro Yorgos Papandreu. Almunia los describió a Grecia con los rasgos de manipulación de datos, deuda pública desorbitada, escasa competitividad, ausencia total de reformas, privilegios directivos de la clase dirigente –política y económica-, corporativismo de los funcionarios públicos y corrupción galopante. Abusando de la solidaridad de sus socios-hormiga europeos –a los que encima culpa de todos sus males-, ha vivido durante años, como feliz cigarra, por encima de sus posibilidades y a costa de ellos. Entre 2010 y 2015 ha sido rescatada en dos ocasiones, recibido €240.000 millones en préstamos, reestructurado su deuda y disfrutado de una quita de la mitad del dinero debido a sus acreedores privados. En la campaña electoral, SYRIZA presentó un programa inviable y el Gobierno vencedor de Alexis Tsipras, que ha tratado de imponerlo a sus socios de la Unión, rechazó los razonables términos propuestos para la prolongación del segundo rescate y los chantajeó con la celebración de un absurdo referéndum, calificado por Cacho de “consumado ejercicio de trilerismo populista”. Tras su triunfo político en dicho referéndum, Tsipras ha aceptado un tercer rescate en condiciones menos favorables de las ofrecidas en la propuesta que rechazó. ¿Quieren la UE y el pueblo griego que Grecia siga en el euro? Tsipras ha reconocido que firmó un texto en el que no creía para evitar el desastre del país, en gran medida provocado por su errática política. Tampoco gusta éste a sus partidarios, que han mostrado su rechazo en el Parlamento al abstenerse o votar 39 de sus diputados en contra de un acuerdo que ha sido paradójicamente aprobado gracias a los votos favorables de la oposición. Su antiguo Ministro de Hacienda, Yanis Varoufakis, ha llamado “terrorista” al Eurogrupo y ha calificado el pacto de “nuevo Tratado de Versalles” y de “culminación de un golpe de Estado”. La fórmula acordada es un mal menor para evitar la catástrofe del “Grexit” y el colapso de una economía que se encuentra bajo mínimos, con un impago de €1.550 millones al FMI, un vencimiento inminente para el pago de €3.500 al BCE, un corralito bancario y una absoluta falta de liquidez. La mayoría de los Estados miembros de la UE son partidarios de que Grecia continúe en el euro, aunque la opinión varíe según se trate de países acreedores o deudores. Conforme a un reciente sondeo del Instituto Elcano, se han pronunciado a favor de su permanencia el 74% de los ciudadanos de España, el 49% de los de Francia y el 35% de los de Alemania. Cabe preguntarse si el pueblo griego quiere permanecer en el euro tras la respuesta negativa del 61.31% de los votantes en el citado referéndum a la propuesta del Eurogrupo, y difícilmente podrá Grecia mantenerse en la Unión Monetaria en contra del criterio de su pueblo. La solución lograda es mala para Grecia, que tendrá que realizar drásticas reformas y tomar medidas dolorosas e impopulares, pero –como ha señalado el Economista-Jefe del FMI, Olivier Blanchard, si el Gobierno griego no hubiera tomado medidas de austeridad, la situación sería mucho más grave. ¿Hay otras alternativas al “Grexit”? Aunque haya que apoyar la fórmula acordada, si los griegos están dispuestos a aplicarla, pueden contemplarse –aunque sólo sea en el plano hipotético- otras posibles soluciones, temporales o definitivas. La primera –que dejó caer como un bomba de efectos retardador el Ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble- sería una salida temporal de Grecia del euro hasta que se normalizara su situación económico-financiera y el uso del “euro-dracma“ como moneda provisional. Curiosamente, economistas de izquierdas que habían considerado esta posibilidad en relación con España, se rasgan ahora las vestiduras si se trata de aplicarla a Grecia. La segunda, políticamente incorrecta, sería el abandono de Grecia del euro, aunque manteniendo su pertenencia a la UE, en situación similar a la de Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y otros Estados miembros. La salida no tendría por qué ser traumática, si se llegara a un acuerdo político y se acordara un divorcio pacífico. Los juristas fundamentalistas sostienen que ello no es posible porque el Tratado de la Unión no contempla la salida del euro, a diferencia de lo que ocurre con el posible abandono de la Unión. A ello se puede hacer valer algunos disposiciones de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, como las relativas a la libertad de las Partes para expresar su consentimiento en obligarse por un tratado -que podrá ser manifestado “en cualquier otra forma que se hubiere convenido” (artículo 11)- o la claúsula ”rebus sic stantibus” o de “cambio fundamental en las circunstancias” (artículo 62). La Convención contempla asimismo la posibilidad del retiro en el caso de un tratado que no contenga disposiciones al respecto (artículo 56), de la suspensión de la aplicación de un tratado por consentimiento de las partes (artículo 57), de la terminación de un tratado o de la suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación (artículo 60) o de la imposibilidad de su cumplimiento (artículo 61). En cualquiera de estos casos sería preciso, por supuesto, el acuerdo de todos los Estado miembros de la UE. Incidencias de la experiencia griega en España y en la UE Tsipras ha afirmado que “Europa puede cambiar si en España ganan fuerzas parecidas a SYRIZA”. “El que avisa no es traidor” y la actuación del Gobierno del partido-hermano griego es la crónica anunciada de lo que ocurriría en nuestro país si ganara PODEMOS y aplicara sus disparatados programas. Lo que está sucediendo en Grecia es un oportuno “aviso para navegantes”, y es de esperar que sirva de vacuna que inmunice a la sociedad de los gérmenes populistas. Tsipras ha pretendido, como Icaro, volar muy alto con unas alas precarias y al, acercarse a Febo, ha visto como se derretía la cera de su improvisado pegamento y ha sido arrojado por tierra. Para ese viaje al Olimpo no necesitaba alforjas utópicas. El majestuoso vuelo del águila imperial se ha convertido en revoloteo pedestre de un ave de corral. Confiemos en que Pablo Iglesias haya aprendido la lección, so pena de ver chamuscada su coleta. La actuación de los Gobiernos municipales surgidos de la incomprensible colaboración socialista con los grupúsculos de los “en común” y de las “mareas” varias, han puesto de manifiesto la incompetencia y falta de preparación de sus líderes, y la vacuidad e inoperancia de sus propuestas, como se puede comprobar a diario en Madrid, Barcelona o La Coruña. Los Estados miembros de la UE deben vacunar a sus ciudadanos contra el virus populista y la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo sus instituciones, desarrollando la Unión bancaria, financiera, fiscal y, eventualmente, política –para lo que deberán ceder más soberanía-, adoptando decisiones comunes y responsabilidades conjuntas, restaurando la confianza perdida y volviendo a alentar el sueño europeo. Grecia tendrá que hacer sacrificios ingentes, realizar las indispensables reformas estructurales y colaborar sin reservas y de buena fe con sus socios europeos, si no quiere ver la recuperación de su dignidad nacional, de su credibilidad y de su economía remitida “ad calendas grecas”. Madrid, 21 de Julio de 2015

Estado Islámico en Irak

LOS CRÍMENES DEL ESTADO ISLÁMICO La agenda de la Cumbre de la OTAN celebrada a primeros de mes en Newport se centró en los temas de la crisis de Ucrania y del peligro representado por el “Estado Islámico” (EI), que –como ha observado el Ministro francés Laurent Fabius- no debería ser calificado con este nombre, porque ni es Estado, ni representa al Islam Infamias del Estado Islámico El EI es la culminación del Estado Islámico de Irak, un movimiento creado por Abu Bakr al-Baghdadi para reagrupar a los militantes sunitas iraquíes descontentos con el Gobierno del chiita Nuri al-Maliki, y al que se incorporaron -y se siguen uniendo- islamistas radicales procedentes de todo el mundo, especialmente del Magreb y de la propia Europa. Opera como un grupo paramilitar muy bien entrenado, pertrechado y organizado, que –pese a su reducido número- resulta tremendamente efectivo. Es sumamente radical en lo religioso, pues quiere imponer a sangre y fuego su versión extremista del Islam y la aplicación forzosa de la ley islámica (“Sharía”), para lo que utiliza la crueldad y el asesinato como instrumentos de acción política. No sólo realiza actos terroristas, sino que recurre al terror como principal medio de disuasión y de proselitismo. De Irak pasó a la Siria desangrada por la guerra civil entre el Gobierno de Bashar al-Asad y las fuerzas islámicas insurgentes y –tras conseguir apoderarse de un tercio del país- ha retornado victorioso a Irak, donde ha ocupado la mayor parte del territorio poblado por sunitas, con la connivencia de éstos. Ha logrado derrotar a las desorganizadas Fuerzas Armadas iraquíes –compuestas casi exclusivamente por soldados chiitas, escasamente motivados para defender tierras sunitas-, conquistado Mosul con pasmosa facilidad y amenazado a las capitales del Estado, Bagdad, y de la región de Kurdistán, Erbil. Sólo la oposición de los “peshmerga” -las milicias kurdas- y la intervención de la aviación estadounidense –que a diario bombardea objetivos yihadistas- han impedido que se consumara la catástrofe. En los territorios ocupados en los dos países al-Baghdadi ha establecido un Califato con vocación universal, que ha iniciado una campaña de terror, tanto colectivo –asesinatos masivos de los infieles que no se conviertan y de musulmanes chiitas y sunitas moderados-, como individual –degollaciones humillantes de los periodistas norteamericanos James Foley y Steven Sotloff, y del cooperante británico David Haines-. Como ha observado Mevlut Cavusoglu, el EI es “fruto del descontento de los oprimidos de Irak y de Siria” y no le falta razón al Ministro turco de Asuntos Exteriores. El sectarismo anti-sunita de al-Maliki le ha costado el puesto y cabe esperar que su sustitución por el moderado chiita Haidar al-Abadi facilite la formación de un Gobierno de integración con la participación de árabes -chiitas y sunitas- y de kurdos, la aplicación de un trato no discriminatorio a las minorías y la reorganización del Ejército sobre bases no sectarias. Condena de la OTAN La OTAN era consciente de esta realidad y -en la Declaración Final de la Cumbre de Newport- afirmó que la creciente inestabilidad en las zonas vecinas de Sur, desde Oriente Medio al Norte de África, ponían en peligro su seguridad. Constató la grave amenaza que el EI suponía para Irak, Siria, la región y los Estados miembros de la Alianza, y declaró que no dudaría en tomar medidas para asegurar la defensa colectiva si se amenazara la seguridad de cualquier aliado. Reconoció que Irak necesitaba la ayuda de la comunidad internacional, para lo que se requería una actuación internacional coordinada. El Secretario General, Anders Fogh Rasmussen, dejó caer que la OTAN podría actuar en Irak para ayudarle en su capacidad defensiva si el Gobierno iraquí lo solicitara. Como observó David Cameron, a diferencia de hace diez años, “todos estamos de acuerdo sobre la gravedad de la amenaza y la necesidad de una respuesta colectiva”. La Alianza, sin embargo, ha preferido no intervenir directamente, sino a través de una coalición ad hoc de voluntarios -“alliance of the willing”-. Estados Unidos y Gran Bretaña consiguieron el apoyo de otros diez Estados miembros para “degradar y destruir” el EI. El Secretario de Estado, John Kerry, realizó una gira por el Próximo Oriente para obtener el respaldo de los países árabes y, por la Declaración de Yeda, Irak, los seis países del Golfo, Egipto, Jordania y Líbano se mostraron dispuestos a sumarse a la coalición anti-yihadista. Este acuerdo se amplió y formalizó el 15 de Septiembre en París, donde 26 Estados y la Liga Árabe aceptaron un pacto para luchar contra los extremistas islámicos en Irak -mediante la “ayuda militar apropiada”-, siempre que se realice de acuerdo con las necesidades de las autoridades iraquíes, de conformidad con el Derecho Internacional y sin poner en peligro la seguridad de los civiles. Para conseguir el apoyo de Rusia y China, la declaración tuvo que excluir la realización de ataques contra el EI en Siria, por exigir éstos la previa autorización del Gobierno sirio, lo que era inaceptable para los aliados, que sitúan a al-Asad al margen de la legalidad internacional. Se produce con ello un importante vacío estratégico, ya que existe continuidad en la desértica área fronteriza entre los dos países, y el EI tiene sus bases y halla refugio en territorio sirio. Este problema podría ser resuelto de forma unilateral, pues –según el Secretario de Defensa, Chuck Hagel-, dado que el EI opera libremente a lo largo de la frontera y mantiene un santuario en Siria, “nuestras acciones no se verán limitadas por una frontera que sólo existe de nombre”. EEUU va a facilitar armas y entrenamiento a las milicias sirias que luchan contra el EI, a través de Arabia Saudita. Los ataques aéreos en Irak –a los que se han sumado Gran Bretaña y Francia- son eficaces pero insuficientes. Obama ha reconocido que, en última instancia, harán falta tropas sobre el terreno para forzar el repliegue yihadista, pero confía en que las ponga Irak. Aunque el Presidente haya asegurado que EEUU no será arrastrado a otra guerra terrestre, su Jefe de Estado Mayor, Martin Dempsey, no ha excluido la posibilidad de que los 1.600 asesores enviados a Irak se sumen a los ataques. Urgente necesidad de luchar contra el Estado Islámico El EI ha llegado a extremos intolerables de crueldad y sadismo, ampliamente difundidos de forma obscena por Internet y las redes sociales. En el vídeo que publicita la decapitación de Haines, se puede escuchar la voz del verdugo que -en un impecable inglés londinense- recita:”Cameron, este británico paga el precio de las promesas de armar a los peshmerga contra el EI”. Esta situación resulta intolerable y la comunidad internacional tiene que reaccionar con determinación y firmeza. Como ha afirmado Pedro G. Cuartango, el EI defiende el terror para lograr sus fines y ha establecido un Califato en Irak y Siria para exportar la revolución a todo el mundo. Por cuestión de principios y de legítima defensa, “no hay otra opción que enfrentarse militarmente a estos bárbaros que pretenden acabar con nuestra cultura y valores mediante el terror”. Mariano Rajoy adoptó en Gales una actitud cautelosa al respecto, escarmentado quizás por las violentas reacciones a la anterior intervención de España en Irak. Señaló que había acuerdo sobre los síntomas, pero que había que buscar las fórmulas para hacerles frente con la anuencia de todos los miembros de la OTAN, y puntualizó:”Vamos a ver qué se nos pide y cuáles son las responsabilidades que tenemos que asumir”. Aunque España se ha asociado a la Declaración de París, el PSOE ha acusado al Gobierno de tibieza y su portavoz, Diego López-Garrido, ha insistido en que tiene que participar en la coalición contra el EI “al mismo nivel que los demás países”.El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, le ha contestado que nuestro país está, desde el primer momento, en la gestación de una respuesta multilateral al terrorismo islámico y que el Gobierno contempla cualquier tipo de acciones, salvo el combate en tierra y los bombardeos. Madrid, 22 de Septiembre de 2014

Tarik Aziz:"In memoriam"

“IN MEMORIAM”: TARIK AZIZ” El pasado día 5, Tarik Aziz -antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Irak- falleció de un ataque al corazón en la cárcel de Camp Cropper (Nasiriya). Sus restos mortales fueron enterrados el 13 de Junio –día de San Antonio, santo al que veneraba- en Madaba (Jordania), donde su familia vive exilada desde 2003. Aunque soy consciente de realizar un acto políticamente incorrecto y de transgredir los cánones de una sociedad bienpensante y mal informada, quiero rendir un modesto homenaje póstumo a un hombre, a quien conocí personalmente, que fue injustamente condenado a muerte por la supuesta comisión de crímenes contra la humanidad. Breve biografía de Tarik Aziz Mijail Yuhanna –que arabizó su nombre cambiándolo por el de Tarik Aziz- nació en 1936 en Tel Keppe, un pequeño pueblo cercano a Mosul, en el seno de una familia caldea católica. Se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Bagdad y, en los años 50, se afilió al partido nacionalista panárabe Baaz –creado por otro cristiano, Michel Aflak-, que estaba a la sazón en la clandestinidad por ser considerado ilegal. Allí coincidió y trabó amistad con Saddan Hussein, quien lo nombró en 1968 Director del periódico del partido “Al-Thawra” y en 1974 Ministro de Información. En 1979 fue elegido miembro del Consejo Supremo de la Revolución y designado segundo Viceprimer Ministro. Desempeñó el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores entre 1983 y 1991. Pese a su carácter de “outsider” por ser católico y no pertenecer al “Grupo de Tikrit” -formado por los coterráneos tribales de Saddam-, fue incorporado al núcleo dirigente del Gobierno iraquí y del partido Baaz a causa de su capacidad, de su dominio del inglés y de su amistad con el Presidente. En 1990, Irak invadió Kuwait –en contra del criterio de Aziz- y, tras derrocar a su Gobierno, condicionó hábilmente la retirada de sus tropas a que hicieran lo propio Israel en Palestina y Siria en Líbano, pero su propuesta fue rechazada por Estados Unidos y por la CE. Aziz –que era partidario de la retirada- participó activamente en las negociaciones propiciadas por Rusia y Francia para solucionar el conflicto, entrevistándose con el Presidente Georges Bush Sr. y con su Secretario de Estado, James Baker. La suerte, sin embargo, estaba echada porque Estados Unidos –que ya había decidido intervenir por presión de Israel-, que se puso al frente de de una coalición internacional, cuyas tropas derrotaron a las de Irak y ocuparon su territorio. Tras el fiasco kuwaití, Aziz dimitió como Ministro, aunque conservó el rango de Viceprimer Ministro y se convirtió en asesor personal de Saddam en política exterior. Fue el punto de conexión de Irak con la ONU para aplicar las sanciones económicas impuestas por la Organización y para facilitar las labores de inspección de las supuestas armas de destrucción masiva, llevadas a cabo por la Comisión presidida por Hans Blix, pues el Presidente Bush había decidido –con buen criterio- mantener a Saddam en el poder para garantizar la unidad de un país integrado por un Sur chiita, un Centro sunita y un Norte kurdo. Aziz trató de convencer a Estados Unidos de que Irak no poseía tales armas, pero Georges Bush Jr. buscaba una excusa para enmendar la plana a su progenitor y atacó Irak para derrocar a Saddam. Esto desembocó en la guerra del Golfo de 2003, que Aziz hizo todo lo posible para evitar, aunque sus esfuerzos resultaron vanos. Tras la derrota iraquí, Aziz se entregó a las fuerzas ocupantes estadounidense, que lo pasaron a manos del nuevo Gobierno iraquí presidido por el fanático chiita Nuri al-Maliki, miembro del partido radical al-Dawa, que había atentado contra él en 1980. Fue juzgado en 2009 por un Tribunal iraquí -más guiado por la venganza que por la justicia- y condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad. El Presidente de la República, Jalal Talabani, se negó a firmar la orden de ejecución -de la que no se libró Saddam- y le conmutó la pena capital por la de cadena perpetua. Cumplió dicha condena en unas condiciones humillantes y tuvo que ponerse en huelga de hambre para que le autorizaran a recibir visitas de sus familiares. Relaciones personales con Tarik Aziz Tarik Aziz fue la primera autoridad iraquí a quien conocí cuando, pocos días después de mi llegada a Bagdad, le entregué las “cartas de estilo”, copia de las cartas credenciales que me acreditaban como Embajador de España en Irak. Me acogió cordialmente, con su habitual bonhomía, y mantuvimos una grata conversación. Aunque tuve pocos contactos directos con él, debido a la política de cerrazón y de aislamiento del régimen –que consideraba a los extranjeros enemigos potenciales-, las relaciones oficiales y personales entre los dos fueron buenas. Persona abierta y tolerante, era la cara amable del régimen, “guante de terciopelo” y elemento moderador del Gobierno de Saddam, aunque su influencia política era reducida. Era un hombre de bien, inteligente y con sentido del humor. En una ocasión, los Embajadores de la CE le invitamos a una cena de trabajo en la que hablamos del desarrollo de la guerra con Irán. El anfitrión holandés criticó poco diplomáticamente la forma en que Irak estaba conduciendo el conflicto y Aziz, sin inmutarse, le replicó que los países miembros de la CE eran, en buena medida, responsables de su continuidad, por el armamento que suministraban a Irán a pesar de los embargos decretados, y nos preguntó:”¿Qué Estado de los que Vds. representan no le facilita armas?. Durante unos segundos reinó en la sala un embarazoso silencio sepulcral, que fue interrumpido por el Embajador irlandés, Patrick McCabe, que, a su vez, le contestó:”Ministro, Irlanda no exporta armas a Irán, pero…es porque no las produce”. Se rodeó en el Ministerio de un equipo competente y moderado, formado por el Ministro de Estado Alwan, el Subsecretario al-Sahawi, y los Directores Generales de Europa, Hadawi, de Asuntos Jurídicos, Mahmoud, o de Relaciones Culturales, Bashir. En una larga conversación privada que tuve con él se mostró realista y comprensivo tanto con respecto a Irán, con quien quería finalizar la guerra, como con Israel. Afirmó que, aunque éste había atacado y destruido la central nuclear de Osirak, Irak no tenía animosidad contra el pueblo o el Estado israelitas, y que estaba dispuesto a reconocerlo, si aplicaba las resoluciones de la ONU sobre Palestina. Crítica situación de Irak El periodista Ilya Topper ha dicho recientemente que la división del Islam entre chiitas y sunitas se inventó en 2003 cuando el “virrey” estadounidense en Irak, Paul Bremer, prohibió el Baaz y creó un Consejo de Gobierno de mayoría chiita. Yo añadiría a estos dos errores cometidos por Estados Unidos los de la supresión del Ejército iraquí dominado por los sunitas y la subsiguiente dispersión de sus bien armados miembros, el desmantelamiento de la Administración, y el nombramiento como Presidente del Gobierno de al-Maliqui, un chiita radical que inició su particular yihad contra los sunitas y provocó el enfrentamiento entre las dos comunidades. Como ha señalado acertadamente “El Mundo” en un editorial, la política de Estados Unidos de derrocar a Saddam Hussein y a Bashar al-Asad ha provocado efectos contrarios a los perseguidos: un Gobierno inestable y fallido en Irak, una guerra civil en Siria y el establecimiento en partes de los dos países de la teocracia del Estado Islámico (EI), que ha causado la aniquilación de minorías étnicas y religiosas, la imposición por la fuerza de la moral musulmana, la destrucción del patrimonio artístico y el uso del terror como medio de acción política. El ex-Ministro se ha librado, al menos, de ver a su querida Mosul convertida en “una cárcel a cielo abierto en manos del EI”. Aziz se equivocó al apoyar al régimen iraquí y tratar de blanquear sus abominables acciones ante la comunidad internacional, y cometió graves errores por acción o por omisión, pero no fue autor de crímenes de lesa humanidad. Su delito fue el haberse mantenido fiel a su nación y a su jefe y amigo Saddam hasta el final de sus días. ¡Que Dios lo haya acogido en su seno!

Inmunidad diplomática

LA INMUNIDAD NO PUEDE CONDUCIR A LA IMPUNIDAD En las últimas semanas estamos siendo testigos –muy a nuestro pesar- de un folletín más propio de los seriales de la TV venezolana que de los respetables medios de comunicación españoles. El pasado 11 de Mayo, el Agregado de Interior de la Embajada de España en Brasil, Jesús Figón, mató a cuchilladas en Vitoria (Espíritu Santo) a su esposa Rosemary Justino Lopes. El autor confesó su delito y se entregó a la policía brasileña, que lo dejó en libertad por mor de la inmunidad que le confería su estatuto diplomático, a la espera de que las autoridades judiciales brasileñas incoaran el correspondiente proceso. La renuncia del Ministerio español de Asuntos Exteriores a la inmunidad de jurisdicción de su Consejero en Brasilia ha permitido que se inicie el procedimiento. La hija del matrimonio ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra su padre y solicitado su extradición, y el titular del Juzgado nº 6, Eloy Velasco, la ha admitido a trámite de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que permite a los Tribunales nacionales enjuiciar los delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, y ha citado a Figón para que preste declaración. Éste, a su vez, ha solicitado a Asuntos Exteriores que le devuelva su inmunidad para que pueda ser juzgado en España, ya que su estancia en un centro penitenciario brasileño –lo que no es el caso por el momento- podría constituir un riesgo para intereses de seguridad de España. En caso de ser condenado, Figón podría cumplir su condena en España en virtud de un Convenio de 1996. Diferencias entre inviolabilidad e inmunidad de jurisdicción o de ejecución Al comentar el caso, algunos medios de comunicación han mezclado y confundido principios del Derecho Diplomático tales como inviolabilidad e inmunidad de jurisdicción o de ejecución. Se trata de tres conceptos diferentes, que me parece oportuno aclarar. Los agentes diplomáticos son inviolables y no pueden ser objeto de ninguna forma de detención o de arresto. También gozan de inmunidad de jurisdicción, por lo que no pueden ser juzgados por un Tribunal local, pero, al tratarse de un derecho concedido al Estado y no al agente, podrá aquél renunciar a la inmunidad de éste cuando lo considere oportuno y conveniente. Aún en el caso de que -tras la renuncia del Estado acreditante- a la inmunidad de jurisdicción el agente fuera juzgado y condenado, la inmunidad de ejecución de que disfruta le libraría del cumplimiento de la pena, salvo que dicho Estado renunciara a esta inmunidad. Por el hecho de su inmunidad, el agente diplomático no está exento de la jurisdicción del Estado del que sea nacional. Así pues, en el presente caso se produce una concurrencia de jurisdicciones: la de Brasil, al haber renunciado el Gobierno español a la inmunidad de jurisdicción del agente, y la de España, al haberse presentado y aceptado una querella ante la Audiencia Nacional, competente para juzgar los delitos cometidos por los españoles en el extranjero. Renuncia del Gobierno español a la inmunidad diplomática La Comisión de Derecho Internacional de la ONU -que elaboró la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en Viena en 1961- estimó que, por el hecho de su inviolabilidad, el agente diplomático estaba exento de medidas que constituyeran una coacción directa sobre él, pero ello no excluía ni las medidas de legítima defensa, ni –en circunstancias excepcionales- la adopción de otras medidas para evitar la comisión de un delito. La Conferencia de Viena, no obstante, afirmó de forma taxativa en el Convenio que la persona del agente diplomático era inviolable y no podía ser objeto de ninguna forma de detención o de arresto, a diferencia que lo que establecería dos años más tarde establecería el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, que permitió la detención de un funcionario consular por decisión de la autoridad judicial competente cuando cometiera un delito grave. La policía brasileña ha actuado correctamente pues no llegó a detener a Figón, sino que éste se presentó voluntariamente y –tras confesar su delito- fue puesto en libertad. El Convenio de 1961 –en el que tanto España como Brasil son Partes- establece, también de forma tajante y sin excepción alguna, que el agente diplomático goza de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Incluye, sin embargo, la posibilidad de que el Estado acreditante renuncie de forma expresa a la inmunidad de su agente. La Conferencia de Viena adoptó incluso una resolución en la que recomendaba a los Estado que renunciaran a la inmunidad de jurisdicción de sus diplomáticos, siempre que pudieran hacerlo sin perjudicar el normal desempeño de las funciones de la Embajada. Era evidente que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción del Consejero de Interior en modo alguno afectaría negativamente a las funciones de nuestra Misión ni a su prestigio, sino que –antes al contrario- aumentaría éste ante el Gobierno y la opinión pública brasileños. La Convención de Privilegios e Inmunidades de la ONU de 1947 afirma que los Estados miembros de la Organización no sólo tienen el derecho, sino también la obligación de renunciar a la inmunidad de sus representantes para no entorpecer el curso de la justicia, siempre y cuando puedan hacerlo sin perjudicar los fines para los que la inmunidad fue acordada. Como tal es justamente el caso, esto es lo que ha hecho el Gobierno a través de una Nota Verbal de su Embajada en Brasilia al Ministerio brasileño de Negocios Extranjeros. Desde que se conocieron los hechos, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, declaró que España, no sólo no pondría ningún obstáculo a la investigación, sino que colaboraría con las autoridades brasileñas, pues la inmunidad diplomática no podía servir de coartada a hechos tan deleznables como los que se habían producido. Añadió que, si se demostrara que había habido “violencia machista” en la muerte de Justino, España renunciaría a la inmunidad de su Consejero de Interior. Días después, el Gobierno español renunció a la inmunidad de jurisdicción penal de Figón, no tanto por que hubiera realizado un acto de violencia machista –que podría considerarse, a lo sumo, como una circunstancia agravante de la conducta del autor-, sino porque una persona que había cometido un acto punible no debía eludir la acción de la justicia por el mero hecho de gozar de inmunidad debido a su calidad de diplomático. Concurrencia de las jurisdicciones de Brasil y de España El juez Velasco ha afirmado su competencia de conformidad con el principio de la “justicia universal” incluido en la LOPJ, que faculta a la jurisdicción española para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando su presunto autor sea español, el hecho se considere punible en el país en el que se produjo, el agraviado haya interpuesto una querella ante un Tribunal español y el delincuente no haya sido penado o absuelto por un Tribunal extranjero. Dado que estas cuatro condiciones se han cumplido en el caso presente, está suficientemente acreditada la competencia de la Audiencia Nacional. Cuestión distinta es si, en este supuesto, es conveniente la intervención del Tribunal español, a la que se opuso el propio Fiscal de la Audiencia, con cuyos argumentos coincido. Frente al carácter extraordinario de la jurisdicción de España se alza la de Brasil, que es la jurisdicción ordinaria competente para enjuiciar el caso por ser la del lugar donde se cometió el delito, en virtud del principio generalmente aceptado de la territorialidad de la ley penal. El factor problemático que suponía la inmunidad de jurisdicción penal del autor del delito por su calidad de diplomático ha sido debidamente superado con la acertada decisión del Gobierno español al renunciar con celeridad a la inmunidad del Consejero de Interior de su Embajada en Brasilia. El reconocimiento de la inviolabilidad y de la inmunidad de jurisdicción a las Misiones Diplomáticas y de sus miembros es esencial para garantizar el desempeño de sus funciones, pero en ningún caso debe la inmunidad provocar la impunidad de quien tenga una conducta delictuosa totalmente ajena al ejercicio de tales funciones.

Embajadores catalanes

A LA BÚSQUEDA DE LA NEGOCIACIÓN PERDIDA El pasado día 11, los prestigiosos Embajadores catalanes Raimundo Bassols, Fernando Perpiñá, Eugenio Bregolat y Eudaldo Mirapeix publicaron en “La Vanguardia" un segundo artículo en comandita sobre “Secesión y Derecho Internacional”. Ya en Noviembre de 2014, escribieron otro artículo titulado “Costes exteriores de la independencia”, en el que –con objetividad, serenidad y justeza- advirtieron a la Sociedad catalana y a su opinión pública sobre las graves secuelas que provocaría en el plano internacional la independencia de Cataluña. No parece que su sabia advertencia haya surtido efecto en Artur Mas y los empecinados dirigentes de la Generalitat, y en los altamente politizados líderes de asociaciones catalanistas e independentistas -tales como la Asamblea Nacional Catalana u “Omnium Cultural-”, cuando se han creído obligados a dar un segundo aviso. Lo hacen en su calidad de “catalanes, españoles y europeos”, términos que, no sólo no se excluyen, sino que se complementan. Se es español por ser catalán, vasco, murciano o andaluz, y se es europeo por ser español, inglés, alemán o polaco. Es útil conveniente que personas de acreditado prestigio como los citados Embajadores den su opinión sobre el tema. Las verdades del barquero El artículo incluye afirmaciones tan obvias como que la secesión unilateral de parte del territorio de un Estado no era aceptada por ninguna Constitución del mundo, ni por el Derecho Internacional, salvo en casos excepcionales; que el principio de integridad territorial no dejaba más vía legal para la independencia de Cataluña que su aceptación por las Cortes y la adopción por éstas de la correspondiente enmienda constitucional; que una declaración unilateral de independencia no sería válida para el Derecho Internacional; que, en caso de que se produjera, Cataluña sería considerada por la Unión Europea como un país tercero y quedaría al margen de sus tratados e instituciones, y se vería excluida de otras organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la OCDE o la OTAN, y que tanto ésta como la UE requerían el acuerdo unánime de sus miembros para admitir a un nuevo socio; que la secesión no era vista con buenos ojos por la ONU o por la UE, ni por los principales Estados del mundo; que la independencia tendría consecuencias calamitosas para Cataluña, para España y para Europa; que España no podía ir en contra de la tendencia política mundial de construir grandes sistemas de integración para ser competitivos en lo económico y tener peso político en el mundo, como si fuese ajena al esfuerzo de unidad de Europa. Estas conclusiones son impecables e irrebatibles, pero mucho dudo de que influyan sobre el Presidente Mas, que –como los monos del santuario Toshogu de Nikko- se ha tapado los ojos, las orejas y la boca, y no hay más ciego que el que no quiere ver, más sordo que el que no quiere oír, ni más mudo que el que no quiere hablar. Los Embajadores concluían su exposición -de forma algo simplista y, por tanto, cuestionable-, al afirmar que “se debería identificar lo que nos separa para ver qué solución amistosa y negociada encontramos, modificando, si fuera preciso, por los cauces legales existentes, el marco jurídico actual. Las partes deberían, por un lado, comprometerse a no vulnerar el Estado de derecho y, por otro, no atrincherarse en un paralizante inmovilismo”. Por consiguiente, en su condición de catalanes, españoles y europeos, los Embajadores lanzaron con insistencia un llamamiento al diálogo, ya que nuestro país no podía resignarse a tener que explicar en el futuro que, a la hora de las grandes decisiones internas, “no quisimos o no supimos negociar”. Imposible equidistancia entre cumplidores e incumplidores de la ley Con el debido respeto a los colegas y amigos -cuya buena intención y patriotismo constitucional están por encima de cualquier duda razonable-, estimo que estos asertos merecen ser matizados. No cabe adoptar una actitud equidistante entre quienes aplican la ley y quienes la incumplen. No basta con que el Gobierno de la Generalitat se comprometa a no vulnerar el Estado de derecho –que es lo que a diario hace de forma reiterada y con absoluta impunidad-, sino que está obligado a cumplir la Constitución, el Estatuto, las leyes y las sentencias de los Tribunales. No es posible equiparar su actitud con la del Gobierno central –al que se puede acusar de pasividad, de dudas a la hora de adoptar decisiones difíciles o de excesiva prudencia, aunque también de falta de firmeza por tolerar la insumisión de las autoridades catalanas-, ni colocar a las dos partes –el Gobierno de la Nación, de un lado, y los Gobiernos autonómicos, los partidos políticos y la Sociedad civil de Cataluña, de otro- en el mismo nivel de interlocución. Hay que reconocer que el asunto es extremadamente delicado y de difícil solución, y que la Generalitat y los partidos nacionalistas no están poniendo de su parte lo que les correspondería para resolverlo, antes al contrario. Está bien decir que hay que estar abiertos al diálogo y tener espíritu negociador –algo sobre lo que todos parecen mostrarse de acuerdo-, pero, antes de que se inicie la negociación, es preciso ponerse de acuerdo sobre con quién negociar, para qué negociar y cómo hacerlo. ¿Con quién, para qué y cómo negociar? La organización territorial del Estado español afecta a todas las Comunidades Autónomas y a todos sus ciudadanos, y no sólo a Cataluña, por lo que el tema no debería ser zanjado únicamente entre ella y el Gobierno de “Madrit”, ya que concierne al pueblo español en su conjunto. No puede éste asistir como “convidado de piedra” al reparto de los despojos de España, ni jugarse a los dados la túnica inconsútil de la unidad e integridad nacionales mediante referendums imposibles. Como dicen los ingleses, “se necesitan dos personas para poder bailar el tango” y no es fácil encontrar la adecuada pareja de danza. En cuanto al quién, hay que negociar con los dirigentes de todas las Comunidades, incluido obviamente Artur Mas, pese a haberse auto-descalificado con su proceder, al igual que lo han hecho los líderes de CIU, ERC y CUP, que han optado por la independencia “sí o sí”, al margen de cualquier negociación. El President se ha dejado seducir por los cantos de sirena de los informes tendenciosos y partidistas del Consejo Asesor para la Transición Nacional –plenos de mentiras, medias verdades y voluntarismo-, los ha aceptado a sabiendas de sus errores y está aplicando sus recomendaciones y navegando a todo vapor hacia la Itaca soñada e inalcanzable de la independencia. Y lo hace, no lanzándose a la calle con intención de cambiar el régimen democráticamente instituido –como han hecho el Movimiento del 15-M y sus seguidores de “Podemos”-, sino desde las mullidas poltronas del poder otorgado por una Constitución que trata de sabotear desde dentro con flagrante deslealtad institucional, a la par que disfruta de la red de seguridad económica que le facilita el denostado Estado, mientras materializa sus fantasías identitarias. El qué no puede ser sólo el status de Cataluña y- aún menos- su independencia, sino la reorganización del Estado de las Autonomías mediante la debida reforma de la Constitución, cuyo estudio debería haberse iniciado tiempo ha, aunque –como reza el refrán castellano- “nunca es tarde si la dicha es buena”. El Gobierno central tiene que abandonar, a este respecto, su “dontancredismo” autista y suicida. En relación con el cómo, hay que establecer con anterioridad las reglas del juego y cumplir con el “fair play”, pues no se puede jugar al bridge con las reglas del mus o viceversa. Mas está actuando como un trilero de feria, que esconde las bolitas entre los cubiletes, o como un tahúr –no del Mississipi, sino del Llobregat-, que juega con las cartas marcadas o con ases en la manga. Como en la obra de Marcel Proust, todo el mundo anda a la búsqueda de la negociación perdida, en la que tendrían que participar todas las fuerzas políticas, con el fin de lograr -con realismo y sentido de Estado- el más amplio acuerdo posible.

Reforma constitucional y Cataluña

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CATALUÑA: TANTO MONTA… El 27 de Abril asistí en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a un interesante debate acerca de “La reforma constitucional y Cataluña”, en el que actuó de ponente el profesor Santiago Muñoz Machado, autor de un estudio sobre el tema. Salí con mal sabor de boca, pues la situación no puede ser más desoladora. Reforma de la Constitución y situación en Cataluña A juicio del ponente, la Constitución necesita ser reformada por obsoleta. La separación de poderes no está asegurada, los partidos políticos –que han patrimonializado las instituciones- carecen de democracia interna, el Senado es una cámara inservible, el Consejo General del Poder General (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) están colonizados por los partidos y el servicio público de la justicia está desprestigiado, el TC no puede ser el garante del equilibrio de los poderes y de la defensa de la Constitución, la organización territorial del Estado ha dado paso a un desmesurado y descomunal crecimiento de las estructuras públicas…La Constitución y las leyes nacionales no se cumplen y el Estatuto ha dejado de ser una referencia en Cataluña. De ello se deduce que España debería tener un porvenir reformista, si los gobernantes desearan mejorar las instituciones, pero existe una sólida trama de intereses resistente a cualquier cambio y la reforma de la Constitución se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos, con perfiles identitarios en Cataluña. El Gobierno y el PP se muestran reticentes a la reforma y niegan su necesidad, mientras que los partidos nacionalistas –especialmente los catalanes- desprecian e ignoran la Carta Magna por considerarla superada. El Gobierno ha consentido reformas encubiertas de la misma al tolerar que se sustituyan decisiones que deberían ser materia de reforma constitucional por simples actuaciones legislativas de las Comunidades Autónomas El Presidente Artur Mas pedalea a piñón fijo en la Vuelta por etapas hacia la independencia. Tras el precalentamiento de las Diadas de 2013 y 2014 con las grandes manifestaciones de tinte soberanista, siguieron las declaraciones del Parlament reconociendo el “derecho a decidir” del pueblo catalán, el simulacro de referéndum del 9-N y la disolución del Parlamento. El próximo paso serán las elecciones autonómicas calificadas indebidamente de “plebiscitarias”, pues difícilmente cabe conciliar la elección por el pueblo de sus representantes en un régimen de democracia indirecta con el plebiscito, que es un procedimiento de democracia directa. Luego vendrán la elaboración de una Constitución catalana y la Declaración Unilateral de Independencia. El proceso está ya en curso, ante la pasividad del Gobierno central frente a la abierta rebeldía de la Generalitat, que incumple impunemente la Constitución y las leyes estatales, hace caso omiso de las sentencias de los Tribunales y va poniendo en pie la estructura del futuro Estado catalán, siguiendo las directrices del Consejo Asesor para la Transición Nacional. La independencia no requerirá un acto formal explícito, como en 1934, y caerá como fruta madura mediante la confirmación de una situación de hecho. ¿Están vinculados los dos temas? De un lado, la Constitución necesita ser reformada y, de otro, la Generalitat y los partidos nacionalistas propician la separación de Cataluña, pero –aunque estrechamente vinculados- se trata de dos hechos independientes. El problema catalán se podría resolver teóricamente sin necesidad de modificar la Constitución y una reforma federalizante de ésta –que es la solución que parece contar con más seguidores- sería probablemente rechazada por los nacionalistas catalanes. El Consejo Asesor se ha opuesto a la fórmula federal, porque “Cataluña se diluiría como un territorio con posiciones minoritarias en el conjunto de la Federación”. Las posiciones en Cataluña y en el resto de España sobre la modificación del Titulo VIII son sensiblemente diferentes, como señaló el profesor Josep María Vallés, para quien era indispensable una reforma de la Constitución, que tenga en cuenta la existencia de una “conciencia nacional” en Cataluña. Emilio Lamo de Espinosa reconoció que hay en Cataluña una minoría secesionista que está creciendo por el descarado apoyo de la Generalitat y que, si existe un cierto malestar, también se siente en el resto del país. Es preciso regenerar la democracia y ofrecer un proyecto ilusionador a nivel nacional. Hay que reformar España para reformar Cataluña, pero la independencia de ésta no es negociable. Necesidad de una reforma de la Constitución por amplio acuerdo Como no parece haber consenso suficiente para la reforma de la Constitución, es imprescindible –según Muñoz Machado- afrontar las soluciones específicas que la situación política de Cataluña demanda. No es posible aceptar una independencia por la que Cataluña se desvincule de la Constitución y continúe por la senda de la creación de las instituciones imprescindibles para la secesión. El profesor García Roca ha estimado que sería posible llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional si realmente se deseara. Aunque no sea necesario hacer todas las reformas a la vez, algunas deberían ser inminentes. Entre ellas ha citado la inserción de una “cláusula Europa” que reconozca la cesión de soberanía a la UE, la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, la ampliación del catálogo de derechos fundamentales, la conversión de algunos principios rectores en derechos, el cambio del sistema electoral del Congreso y de las funciones del Senado, la democratización interna de los partidos políticos, la supresión de la discriminación en la sucesión a la Corona, la flexibilización del sistema parlamentario -con facilidades para la creación de Comisiones de Investigación, la iniciativa popular y la democracia participativa-, la mejora en la designación de los miembros del TC y del CGPJ, la recuperación del recurso previo de anticonstitucionalidad en relación con los Estatutos de Autonomía y la flexibilización del procedimiento de reforma constitucional. Sobre estas sugerencias sería posible forjar un amplio acuerdo, pero no cabe decir lo mismo con respecto a otras recomendaciones como la integración política de las nacionalidades, la distribución de competencias entre el Estado y sus entes territoriales o la regulación de la financiación económica de las Comunidades Autónomas. La Constitución contiene disposiciones para hacer frente a los incumplimientos de las Comunidades, que llegan hasta la declaración del Estado de excepción –artículo 116- o la suspensión de la autonomía –artículo 155-, aunque también contiene otras menos radicales, a las que no ha recurrido el Gobierno central para hacer frente a la insumisión de la Generalitat. La imposición por el Estado de medidas de fuerza –que no cabe descartar del todo al ser constitucionales- no ofrecería una solución definitiva, Dicha solución debería lograrse con un acuerdo de naturaleza política en el que participen todas las fuerzas políticas constitucionales, para lo que habría que buscar –en opinión de Vallés- un clima favorable a la negociación y a la transacción. El Gobierno central tendría que salir de su letargo e involucrarse con los demás partidos en la elaboración de la reforma de la Constitución, acotando de antemano su alcance y las líneas sojas que no se podrían traspasar, como el principio de la unidad y de la integridad territorial de España. Todos los partidos, nacionales y nacionalistas, deberían actuar con rigor y sentido de Estado en busca de soluciones realistas y viables que consigan el mayor acuerdo posible. Han de respetar las normas establecidas en la Constitución –presente o futura- y observarlas lealmente. Más allá de estos límites –estima Muñoz Machado- sólo están “los regímenes confederados o la ruptura del Estado y la independización de sus fragmentos”.Según el Presidente del Centro, Benigno Pendás, hay que mantener el debate abierto, buscar la “conllevanza” entre los distintos pueblos y Comunidades, y encontrar un proyecto atractivo común para toda la Nación. ¡Que así sea!. Madrid, 11 de Mayo de 2015

La pescadilla gibraltareña se muerde la cola

LA PESCADILLA GIBRALTAREÑA SE SIGUE MORDIENDO LA COLA Los pasados días 9 y 10 asistí en Sevilla a unas interesantes jornadas sobre “La dimensión jurídica internacional del contencioso de Gibraltar”, organizadas por la Universidad Hispalense. La situación continúa estancada y los dos Estados involucrados -España y Gran Bretaña- y la población gibraltareña siguen reiterando sus argumentos sin que haya habido progreso alguno en la negociación, bloqueada por la mala voluntad británica. El contencioso cubre tres conflictos, que no se deben trocear y separar en la negociación porque -pese a presentar peculiaridades propias- están íntimamente ligados: el Peñón, el istmo que lo une con la península y los espacios marítimos. El Peñón de Gibraltar La situación jurídica del Peñón y su posible solución son bastante claras, como ha declarado reiteradamente la Asamblea General de la ONU. La presencia inglesa en Gibraltar se basa en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedió a la Corona de Gran Bretaña “la plena y entera propiedad de la ciudad y del castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensa y fortalezas que le pertenecen”. Como puso de relieve la profesora Paz Andrés, la posición jurídica española es muy fuerte. Gibraltar en un Territorio no Autónomo bajo dominación colonial británica, que debe ser descolonizado mediante negociaciones entre el Reino Unido y España, “teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio”. La celebración unilateral por Gran Bretaña de un referéndum en Gibraltar en 1969 fue condenada por la Asamblea, que -en su resolución 2353(XXII)- declaró que cualquier solución que destruyera total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país era incompatible con la Carta de San Francisco, e instó al Reino Unido y a España a que continuaran las negociaciones con miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar. En el preámbulo de la Constitución otorgada ese año a la colonia –que seguirá formando parte del Reino Unido hasta que el Parlamento británico decida lo contrario- el Gobierno de Londres afirmó que nunca aceptaría que el pueblo de Gibraltar quedara sometido a la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos. La ONU, sin embargo, no considera a la población gibraltareña como un pueblo con derecho a la libre determinación y ha reafirmado que Gibraltar es un territorio que debe ser descolonizado por cualquiera de los medios previstos en la resolución 1541(XV): integración en la potencia colonial, asociación con otro Estado o independencia. La primera solución ha sido rechazada por Gran Bretaña y la última no es viable sin la anuencia de España, ya que el Tratado de Utrecht prevé que, si aquélla decidiera enajenar “en cualquier modo” la propiedad de Gibraltar, “dará a la Corona de España la primera opción antes que a otros para redimirla”. Sólo queda, pues, la fórmula de la retrocesión a España, teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio “ex-post facto”, es decir, al término de la negociación y no durante la misma. El Gobierno anterior se metió un auto-gol al permitir que se incluyera en la declaración anual consensuada de la Asamblea las palabras “y aspiraciones”, si bien matizadas por la frase “de conformidad con el Derecho Internacional”. El Ministro Principal, Fabián Picardo, propugna una cuarta fórmula a la medida de las aspiraciones de los gibraltareños: estatuto especial bajo soberanía del Reino Unido. Considera obsoletas las tesis de la ONU y ha solicitado que se saque de la Lista de territorios por descolonizar, por haber accedido al autogobierno. El istmo La profesora Carmen Antón señaló que -al ocupar Gran Bretaña el istmo sin título jurídico alguno- pretende haberlo adquirido por prescripción. Si bien lleva ocupando de forma efectiva el territorio durante más de tres siglos, falta la anuencia del soberano, España, que no sólo no ha mostrado aquiescencia, sino que a lo largo de este tiempo ha presentado numerosas protestas y realizado actos de reivindicación de su soberanía sobre el istmo. España debería impedir la consolidación de la presencia británica en el istmo y no dar facilidades para que continúe su ilegal ocupación. No reconoce la verja como frontera exterior de la UE y tiene el derecho y el deber de establecer en ella controles necesarios para impedir los tráficos ilícitos. La profesora Cristina Izquierdo describió la situación de Gibraltar en el contexto de la Unión, que concedió en su día un régimen especial al Peñón –que hoy no tiene justificación- que lo excluyó de la Unión Aduanera, las Políticas Comunes, el Mercado Interior y el régimen fiscal, así como del “espacio Schengen”. Es un “paraíso fiscal” pese a la normativa comunitaria, que no se aplica con rigor. Debe ser un Centro Financiero, que beneficie el entorno del Campo de Gibraltar –en el que el Gobierno y las empresas españolas deberían realizar notables inversiones para aumentar su nivel de desarrollo-, pero no un paraíso fiscal. El principio comunitario de libre tránsito de personas y mercancías prevalece sobre la prohibición de comunicación por vía terrestre con la península establecida en el Tratado de Utrecht, por lo que –mientras Gran Bretaña sea miembro de la UE- España podrá suspender el tránsito por la verja, pero no prohibirlo. Los espacios marítimos Los espacios marítimos son el tema más controvertido del contencioso, no en lo que respecta al istmo –que no existen al carecer el Reino Unido de soberanía sobre el territorio-, sino al propio Peñón, que no son aceptados por España, a excepción de las aguas interiores del puerto. El profesor Pablo Antonio Fernández ofreció una versión matizada de la tesis de la “costa seca”. Según el principio general del Derecho de que la ley especial prevalece sobre la general, las disposiciones establecidas por el Tratado de Utrecht derogan la norma general del Derecho del Mar de que la costa se proyecta sobre el mar y genera espacios marítimos. Por dicho Tratado –“lex specialis”- España sólo cedió la propiedad de las aguas del puerto “sin jurisdicción territorial alguna”, por lo que el Peñón no tiene mar territorial –“lex generalis”-. Gran Bretaña no es propietaria sino administradora de un territorio no autónomo sometido a descolonización por mandato imperativo de la ONU y, como tal, no tiene derechos sobre unos espacios marítimos que no le corresponden. Fernández citó como precedentes algunos fallos judiciales, como la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 2014 en el caso de la delimitación marítima entre Chile y Perú, que ha reconocido la soberanía de Perú sobre un trozo de 323 metros de costa y la de Chile sobre las aguas adyacentes a la misma. La población de Gibraltar –que no constituye un pueblo en el sentido jurídico del término-no tiene derechos sobre los recursos marinos existentes en las aguas adyacentes al Peñón, salvo las del puerto. Para el profesor Alejandro del Valle, sólo siguen en vigor los apartados primero –cesión del Peñón al Reino Unido- y último –derecho preferente de España en caso de renuncia de aquél a la soberanía-, pues el segundo –prohibición de comunicación por tierra con el país circunvecino- ha quedado superado por la normativa de la UE. La solución judicial del contencioso parece poco factible. Aparte de que podría debilitar la firme posición jurídica de España reconocida por la ONU, no sería posible recurrir a ella sin el previo acuerdo de las Partes sobre el alcance del “petitum”, lo que es difícil de obtener. La solución política pasa por la negociación, que está bloqueada por Gran Bretaña con la excusa de no contar con la anuencia gibraltareña, y no se prevé la continuación del diálogo a través de grupos ad hoc. La mejor fórmula pasaría por una co-soberanía tipo Andorra o por un tipo de soberanía conjunta sobre la ciudad, que tuviera en cuenta los intereses de los gibraltareños y –por pragmatismo- los intereses militares y estratégicos británicos en la base naval. La solución técnica sería, pues, viable si el Reino Unido mostrara voluntad política. Mientras no sea así, la pescadilla de Gibraltar seguirá mordiéndose la cola y girando en un círculo vicioso.

Acoso parlamentario

EL TRIBUNAL SUPREMO DESAUTORIZA A LA AUDIENCIA NACIONAL El 17 de Julio de 2014 la Audiencia Nacional (AN) dictó una de sus más polémicas y controvertidas sentencias en el caso del acoso al Parlamento de Cataluña, en la que se pasó de la raya. Pese a la evidencia y gravedad de los hechos incriminados, exoneró a los 19 autores identificados, salvo a uno de ellos al que condenó a la pena ejemplarizadora de cuatro días de localización permanente por una falta de daños. En un artículo sobre “La Audiencia Nacional condona el acoso al Parlament” critiqué en estas páginas la “vergonzosa y lamentable resolución”, y expresé mi esperanza en que el Tribunal Supremo (TS) hiciera volver las aguas a su cauce y evitara el oprobio que había recaído sobre la judicatura española. Hay que felicitarse porque esto es lo que ha hecho el Tribunal en su fallo del pasado 17 de Marzo, en el que ha enmendado ostensiblemente la plana a la AN al condenar a 8 autores de conductas intimidatorias concretas a 3 años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado. El artículo 498 del Código Penal prevé, en efecto, una pena de 3 a 5 años para quienes empleen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a los miembros de una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones. Sentencia de la AN sobre el acoso al Parlament Los hechos son bien conocidos pues fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación. El 15 de Junio de 2011 un millar de furibundo ciudadanos anti-sistema cercaron la sede del Parlament y trataron por medios violentos de impedir el acceso a ella de los diputados, incluidos su Presidenta, Nuria de Gispert, y el President de la Comunidad, Artur Mas, quienes -junto con otros 30 parlamentarios- consiguieron llegar a su lugar de trabajo gracias a un helicóptero. Otros lo hicieron en vehículos blindados de la policía, pero muchos no pudieron atravesar la infranqueable barrera humana por las agresiones de palabra -“os vamos a matar”- y de obra -empujones, golpes y lanzamiento de objetos-. Sólo 70 de los 135 diputados lograron llegar al hemiciclo y pudieron aprobar los presupuestos de la Generalitat, principal diana de los “pacíficos” manifestantes, que –según alegaban- sólo pretendían “dialogar” con los diputados y transmitirles su mensaje de rechazo al recorte en gastos sociales y su oposición al citado presupuesto. Con su actuación intentaban enviar un mensaje crítico y protestar, “en defensa de la Constitución”, para evitar el “vaciamiento de los derechos fundamentales”(sic). El 7 de Julio de 2014, la Sala 1ª de la AN adoptó por mayoría una decisión exculpatoria, con el voto disidente de su presidente, Fernando Grande-Marlaska, que consideró que los acusados se habían puesto de acuerdo para acometer verbal y físicamente a los parlamentarios e impedirles que acudieran al Pleno. Fue una sentencia politizada y demagógica, carente de rigor jurídico, que contenía afirmaciones delirantes. Lo grave no era tanto el pronunciamiento –opinable, ya que el derecho no es una ciencia exacta-, sino los argumentos en que se fundaba. La AN estimó que las acciones de los “indignados” estaban “vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación” y “destinadas a reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios”. Consideró que los derechos de reunión y de expresión gozaban de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que debían ser objeto de especial protección, y justificó el incívico comportamiento de los manifestantes en que tenían grandes dificultades para hacerse oír, ya que los cauces de expresión estaban controlados por los medios de comunicación privados o por otros de titularidad estatal gestionados con criterios partidistas. En consecuencia, no tener en cuenta que los manifestantes ejercían un derecho fundamental hubiera supuesto “enviar un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes y en el ejercicio de la crítica política”, por lo que resultaba obligado admitir “cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”, si se quería dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia. Sentencia del TS que casó la sentencia de la AN El TS ha dado cumplida respuesta a los sofismas mantenidos en el fallo de la AN. En opinión del Tribunal, resulta inaceptable la “relativización” y la “banalización” de los hechos violentos realizados contra el Parlamento, que no podían “ser degradados a un simple problema de convergencia antinómica entre los derechos de expresión y de reunión, y el derecho al honor de los representantes de los ciudadanos”. La AN cometió un patente error al ponderar los derechos en conflicto, incurrió en un “llamativo desenfoque”, descontextualizó los antecedentes constitucionales en los que se apoyaba y recurrió a una “errónea y traumática desjerarquización de los derechos convergentes”, que garantizan la participación política a través de los representantes elegidos por el pueblo. Se obstaculizó a los legítimos representantes del pueblo el libre ejercicio de sus funciones legislativas, que era también presupuesto del derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo suponía no sólo afectar al derecho fundamental de participación de los representantes políticos de los ciudadanos catalanes, sino también atacar los valores superiores del orden democrático. Los condenados querían que el órgano de representación se viera incapacitado para el debate, lo que suponía un “ataque a las raíces misma del sistema democrático”. El ejercicio de los derechos de reunión y de expresión no podía operar como elemento neutralizante de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional. El TS recordó que la Historia europea ofrecía elocuentes ejemplos de cómo la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se iniciaron con un acto de violencia contra un órgano legislativo. Ha considerado paradójico la apreciación de los hechos por la AN, que condenó a un acusado por haber manchado la ropa de Montserrat Tura, pues -con arreglo a ese discurso- la función constitucional de la diputada SÍ podía convertirse en objetivo de los excesos de los manifestantes, pero NO su propiedad individual -expresada en una chaqueta-, que había de quedar a salvo de cualquier ataque. Reacciones a la sentencia del TS El Govern –que tantas veces ha criticado e incumplido las sentencias del TS- se ha congratulado en esta ocasión de un fallo que le favorece. Su portavoz, Francesc Homs, ha declarado que los condenados habían tratado de poner en tela de juicio quién representaba la soberanía popular y que muchos ciudadanos no habrían entendido que este episodio quedara en nada. Gispert, a su vez, ha afirmado que relativizar tan graves hechos equivaldría a banalizar los principios y valores sobre los que se fundamenta el sistema democrático, puesto que el Parlament es la institución que representa al pueblo de Cataluña. ERC, IUV y CUP, en cambio, han criticado acerbamente la decisión por considerar desproporcionada la condena. Yo, por mi parte, estimo que se ha quedado corta, pues el Tribunal ha aplicado la pena más baja de las posibles y no ha tenido en cuenta las circunstancias agravantes. Según Victoria Prego, la sentencia de la AN asombró y escandalizó a muchos ciudadanos al mantener que las agresiones contra los representantes legítimos de Cataluña debían ser aceptadas porque las amparaba la libertad de expresión y las excusaba la situación de crisis que atravesaba el país, y el hecho de que los manifestantes no pudieran evidenciar su enfado públicamente porque los medios de comunicación estaban bajo control privado. Tal argumento habría colocado a los representantes de las instituciones democráticas a merced de cualquier grupo de agitadores, por lo que era un alivio que el TS hubiera puesto las cosas en su justo sitio. No puedo estar más de acuerdo con las conclusiones de la periodista. .

Para el viaje andluz no se necesitan alforjas

PARA EL VIAJE ANDALUZ NO SE NECESITABAN ALFORJAS Las elecciones andaluzas han sido ganadas por el PSOE -35.4% de los votos y 47 escaños-, seguidos a considerable distancia por el PP -26.7% y 33- y, a aún más, por Podemos (Ps) y Ciudadanos (Cs), que han irrumpido con fuerza en la palestra -14.8%/15 y 9.2%/9 respectivamente- e IU -6.8% y 5-. Las encuestas ya habían pronosticado con acierto los importantes cambios que se han producido, aunque no necesariamente el reparto de los votos. Una de las más atinadas ha sido la del CIS, que acertó en relación con PSOE e IU, se quedó corta respecto al batacazo del PP y a los avances de Cs, y sobrestimó el éxito de Ps. En mi anterior columna, yo también intuí por donde iban los tiros, al prever la victoria insuficiente del PSOE, el retroceso del PP, el hundimiento de IU, la entrada triunfal de Ps y la aparición pujante de Cs. Victoria pírrica del PSOE He venido a Sevilla para la Semana Santa y ello me ha permitido comprobar in situ los estragos causados por la frívola e irresponsable decisión de Susana Díaz de adelantar innecesariamente las elecciones autonómicas, en un momento en que se está iniciando la recuperación económica de España -no tanto la de Andalucía-, lo que me permite hacer una valoración “a bote pronto” de los resultados. Ya señalé que la prevista victoria del PSOE podría resultar pírrica si perdía votos y no lograba la mayoría absoluta, y eso es lo que ha ocurrido en parte. Ha perdido118.963 votos –los peores resultados desde el establecimiento de la Autonomía-, aunque ha conservado su número de escaños y quedado a 8 de la mayoría absoluta, con lo que no ha logrado la estabilidad que pretendía con el adelanto. Pese a que, en general, se ha considerado que la Presidenta ha cosechado un gran éxito en su seudo-plebiscito, creo que no lo ha sido tanto, pues –aunque ha salvado los muebles y alcanzado su objetivo de mantenerse en la poltrona del palacio de San Telmo-la situación ha empeorado. Se ha dejado muchos “pelos en la gatera” durante la campaña electoral, que ha puesto de manifiesto su escasa preparación, su prepotencia, su andalucismo parroquiano y su falta de talla como estadista, imagen que el hábil aparato de mercadotecnia del PSOE había conseguido vender. Según Alberto Garzón, Susana se cree que ella es Andalucía y que Andalucía es ella, y -para el escritor Antonio Orejudo- el nacionalismo de la Sultana es tan letal como el de Artur Mas. La Presidenta ha jugado con ventaja, al utilizar sin pudor los imponentee recursos del poder que monopoliza y la red clientelar de los intereses creados por el pesebre. La corrupción no parece pasar factura, a pesar de haber llegado a límites inconcebibles de responsabilidad de la Junta, con dos ex-Presidentes y un buen número de Consejeros imputados o investigados por la justicia. Los casos de los falsos ERE o de los fraudes en los cursos de formación son la punta del iceberg de una corrupción institucionalizada, que ha afectado a miembros y funcionarios de la Junta, y de la que Díaz no puede exonerarse del todo, ya que fue Secretaria de Organización del PSOE y Consejera de Presidencia y es ahora Presidenta. Como ha observado Pedro G. Cuartango, los resultados electorales demuestran que la regeneración ética, la reforma del sistema y el combate contra la corrupción carecen de relevancia o son secundarios para tres cuartas partes de los andaluces. El voto de confianza que ha recibido el PSOE equivale a la continuidad de las políticas y las prácticas clientelistas, del caciquismo y de un sistema corrompido que se niega a desaparecer. Dado que el número de diputados obtenidos ha sido el mismo, “para ese viaje no necesitaba alforjas”. Su mayor éxito ha sido, sin embargo, provocar el descalabro sufrido por su bipartidista adversario. Descalabro del PP Tras haber perdido 506.932 votos y 17 escaños, el PP abandona –como Ulises- la ilusión de arribar a la Itaca de la mayoría absoluta, pasando de acariciarla a obtener los peores resultados de su Historia. En 2012 no supo rematar la faena a la hora de la verdad y vio como devolvían el toro al corral. El novel diestro ahora escogido para renovar la lidia se ganó la bronca de buena parte del respetable, pero Mariano Rajoy ha sido el principal responsable del fiasco. Tardó demasiado en designar al candidato, impuso a dedo a una persona sin condiciones relevantes y escasamente conocida -pasando por alto la opinión de los militantes andaluces-, menospreció a Cs –como se mostró con las meteduras de pata de Rafael Hernando, que los calificó de “naranjitos”, o de Antonio Sanz de que que confesó que no quería que mandara en Andalucía un partido que se llamaba Ciutadans y su presidente Albert-, y tuvo una presencia excesiva, paternalista y distante de Andalucía y de los andaluces, que permitieron a Díaz ningunear a Juan Manuel Moreno y enfrentarse de tú a tú al Presidente del Gobierno. El veterano “maestro” abandonó su Olimpo monclovita y bajó a la arena andaluza para dar la alternativa a su sobresaliente de espadas, pero sólo hizo una deslucida “faena de aliño”. Pese a haber realizado una campaña meritoria y ganado a Susana en los debates televisivos, el pundonoroso “Juanma” ha comprobado que, en el coso andaluz, es muy difícil lidiar con la derecha a un morlaco que tienen querencia y deriva por la izquierda. El PP ha sufrido un aparatoso revolcón que le enviará a la enfermería hasta las elecciones municipales –donde es dudoso que logre recuparse- y la gran corrida de las generales, en las que se juega su inmediato futuro. IU ha sufrido el abrazo del oso de su socio mayoritario en el Gobierno y ha caído en la irrelevancia, fagocitada por Ps. Irrupción de Podemos y Ciudadanos La situación podría haber sido peor, pues, si bien el electorado ha infligido un duro castigo a la nave del bipartidismo –que ha quedado sensiblemente tocada, pero no hundida-, no se ha volcado en demasía en pro de las emergentes fuerzas contestatarias. Ps ha tenido un sonado debut, aunque no tan triunfal como preveían los sondeos, debido a la escasez de tiempo para organizarse y al fuego graneado que recibió desde todos los cuarteles, especialmente del de Susana, que supo explotar el temor a los nuevos bolcheviques. La inesperada sorpresa la ha dado Cs, que ha entrado en el campo de Agramante andaluz con 9 escaños, que le permitirían sustituir a IU como Cirineo para ayudar a Díaz a portar la cruz de la ausencia de mayoría hasta el Calvario. Descartadas la “gran coalición” con el PP –a la que éste no haría ascos- y la alianza con Ps –que aspira a sustituir al PSOE como principal representante de la izquierda-, Susana podría pactar con Cs, “bisagra constructiva” en el espectro del centro. También podría gobernar en minoría apoyándose en una geometría variable de respaldos puntuales y ocasionales de cualquiera de los otros cuatro partidos en presencia. Con la tranquilidad de tener los presupuestos de 2015 aprobados, la Presidenta se inclina por esta solución durante un “tiempo muerto” hasta la celebración de las elecciones generales, pero esta fórmula no proporcionará la estabilidad requerida para que Andalucía salga del “pelotón de los torpes”. La solución menos mala sería una coalición con Cs, cuyo “cambio sensato” debería templar los excesos demagógicos del PRI-PSOE y ayudar en la tarea hercúlea de limpiar las cuadras de Augias de la corrupción andaluza. Para ello sería necesario que Susana enterrara los cadáveres insepultos de Manuel Chaves, José Antonio Griñan y Cía, y tomara medidas para erradicar la insoportable corrupción. Pero no resulta fácil, pues parece poco juicioso poner a la zorra –en el sentido metafórico de la fábula- al cuidado del gallinero. Me temo que nos esperan cuatro años de más de lo mismo, que difícilmente sacarán a Andalucía de su posición de comunidad con más paro y menos renta per capita de España y de la UE. Encendamos, pues, una vela a Cs y –como pedía el famoso torero- “¡Que Dios reparta suerte!”. Dicen que el pueblo nunca se equivoca –aunque yo tenga mis dudas- y, en democracia, hay que aceptar su decisión mal que nos pese. Los andaluces somos masoquistas y sólo nos cabe protegernos de la tormenta con la capa del estoicismo de nuestro paisano Séneca hasta que escampe. Sevilla