Crónica de una abstención anunciada

CRÓNICA DE UNA ABSTENCIÓN ANUNCIADA Según un sondeo del Eurobarómetro, sólo un 73% de los encuestados -83% en España- sabe que el día 25 se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo (PE), el 77% está poco o nada informado acerca de la Unión Europea (UE), y al 63.5% apenas le interesa la institución. En un momento decisivo para el futuro de la Unión, la mayoría se desinteresa, por lo que se espera una escasa participación. Si en las elecciones de 1987 el 68.5% de los españoles acudieron a las urnas, ahora se estima que lo hará menos del 50%. Se da la paradoja de que los más movilizados son los euroescépticos y los eurófobos, que aspiran a conseguir representantes para liquidar a la UE desde dentro Escaso conocimiento y aprecio del Parlamento Europeo El PE es una de las instituciones básicas de la UE, junto con el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia. No es un órgano legislativo clásico, ya que la iniciativa normativa corresponde a la Comisión y la decisión al Consejo, pero es una entidad co-decisoría con importantes facultades legislativas, sobre todo a partir del Tratado de Lisboa, que le ha otorgado capacidad para designar al Presidente de aquélla. Es además el único órgano comunitario elegido democráticamente por los ciudadanos europeos. Pese a ello, carece de relevancia ý prestigio para la opinión pública, que lo ve lejano e intranscendente, “jaula dorada” donde los partidos aparcan a sus políticos amortizados. Una parte de culpa corresponde al PE, que se ha caracterizado por su elitismo tecnocrático, opacidad, escasa eficacia, despilfarro, burocratización, ansias uniformadoras, hiperactividad en temas de importancia menor, no rendimiento de cuentas ante los electores, lenguaje poco inteligible y falta de sensibilidad social. Pero otra parte recae sobre los ciudadanos, que dan por supuesta a la UE, y no valoran los esfuerzos realizados para su constitución y su valiosa contribución al desarrollo económico, social, político y jurídico de los Estados miembros, especialmente de España, que se ha beneficiado ampliamente de las Políticas Agrarias y Pesqueras Comunes, y de los Fondos Estructurales, Regionales, de Cohesión Social y de Desarrollo Rural, así como de asistencia financiera durante la reciente crisis bancaria. No son conscientes de que un 70% de las normas que les afectan directamente provienen de la UE y del PE. Tienen una memoria corta y un estómago poco agradecido. Aprovechan las elecciones ordinarias o extraordinarias para ajustar cuentas con, y castigar al, Gobierno de turno, sin mayores consecuencias, y fundan su voto en cuestiones de política interna ajenas a la problemática comunitaria, como ocurrió en los referendums de Irlanda sobre el Acta Única o el Tratado de Lisboa, o de Francia y Holanda sobre el proyecto de Constitución Europea. Los partidos obvian los problemas europeos y se centran en los domésticos, como hemos podido ver en el desvaído debate televisivo entre los candidatos del PP, Miguel Arias, y del PSOE, Elena Valenciano. Auge de los partidos euroescépticos A todo ello se suma el hartazgo de la opinión pública ante los continuos y generalizados casos de corrupción y el desprestigio de la clase política, considerada en España como el tercer mayor problema al que se enfrentan los ciudadanos. Esta coyuntura está siendo aprovechada por los enemigos de la integración europea –populistas, euroescépticos y nacionalistas- para sacar ventaja de unas elecciones consideradas de escasa importancia y fortalecer sus posiciones internacionales e internas. Quieren acceder al PE para –como caballo de Troya- atacar la fortaleza europea desde su interior. Para poder formar grupo parlamentario propio, se requiere un mínimo de 25 diputados procedentes de 7 Estados distintos y, a tal efecto, , fuerzas como el Frente Nacional de Marine Le Pen y los Partidos de la Libertad de Holanda y Austria -respectivamente liderados por Geert Wilders y Andreas Mölzer- han formado la “Alianza Europea para la Libertad”. A ellos podrían sumarse otros grupos eurófobos, como el Partido de la Independencia del Reino Unido de Nígel Farage –con posibilidades de acceder al segundo puesto en las elecciones-, algunos partidos nacionalistas –como el flamenco Vlaams Belang de Philip Claeys o nacionalistas españoles de ERC, Bildu o “Bloque Nacional Galego”-, e incluso, en ocasiones, los conservadores del británico David Cameron o del húngaro Víktor Orbán. Con diversos matices, pretenden frenar el proceso de integración, devolver competencias a los Estados miembros, abandonar el euro y recuperar las monedas nacionales, y restringir las libertades de movimiento y de trabajo. Van en contra de los vientos de la Historia, al tratar de frustrar el proceso integrador de Europa y regresar a los localismos parroquianos, anacrónicos y estériles. Limitaciones de la Junta Electoral Central a la promoción del voto Los partidos deberían ser conscientes de este peligro y luchar contra el abstencionismo, no sólo con palabras dichas con la boca pequeña, sino con acciones concluyentes. Y aquí, una vez más “Spain is different”, pues es el único país de la UE en el que no se pueden realizar campañas incenitivadoras del voto con publicidad que contenga imágenes de urnas o papeletas, o mencione la consigna “¡Vota!”. Lo máximo que permite son mensajes genéricos como “Utiliza tu poder. Tú puedes decidir quién dirige Europa”. Para ello se basa en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 (LOREG), por el que los poderes públicos pueden realizar una campaña institucional destinada a informar sobre la fecha de la votación o los procedimientos para votar, “sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores”. Interpretando que “lo que no está expresamente permitido, está prohibido”, la Junta Electoral Central (JEC) ha estimado que, “a partir de la convocatoria de un proceso electoral, ningún poder público puede realizar una campaña de incentivación del voto, al entender que la abstención es una opción tan legítima como el ejercicio del derecho de sufragio”, por lo que el derecho a la misma debe ser protegido. Como ha expresado acertadamente UPyD –que ha pedido que se vuelva reconocer explícitamente el derecho de las administraciones a realizar campañas institucionales para incentivar la participación-, la abstención es una opción, pero no un derecho que el Estado deba proteger y, mucho menos, promover. Según mantuvo un miembro de la JEC en un voto particular en 2012, del tenor literal del artículo 50 de la LOREG no cabe deducir la prohibición a los poderes públicos de fomentar la participación ciudadana en las elecciones, pues el precepto se limita a prohibir que las campañas influyan en la orientación de voto de los electores. La promoción de la votación, en todo caso, no lesiona los supuestos derechos de los abstencionistas. El recurso al voto, además de un derecho, es un deber y, en muchos Estados con pedigrí democrático –como Italia o Chile- es obligatorio votar. Si los Estados no pudieran establecer esta obligatoriedad -como estima la JEC-, su imposición sería contraria a derecho. El sufragio es uno de los pilares básicos de la democracia y, por sentido cívico y motivos de solidaridad, los ciudadanos deben recurrir a él para procurar el bien común y, si no participan, pierden la oportunidad de aportar su debida contribución a la gobernación. Aunque legítima, la abstención no es una actuación positiva. Si un ciudadano no se identifica con ningún candidato en presencia, puede recurrir a las fórmulas del voto en blanco o nulo. Pese a sus llamamientos en pro de la votación, el PSOE ha denunciado a la Oficina de la UE en Madrid por un cartel promocional que rezaba “¿Te preocupa la situación laboral?. A nosotros también. Empleo. Mejoremos la situación”, y la JEC le ha obligado a retirarlo. La incomprensible política de la Junta favorece la abstención, y el alto grado de ésta previsto para las elecciones del 25-M es una pésima noticia para la democracia y para el progreso de la UE. ¡Vota y haz bien, aunque te cueste trabajo decidir por quién!. Madrid, 19 de Mayo de 2014