La saga-fuga de Artur Mas

LA SAGA-FUGA DE ARTUR MAS




En mi columna de la semana pasada me refería a la deslealtad institucional de la “Generalitat” de Cataluña, especialmente por su exigencia de un régimen fiscal similar al vasco o al navarro. Posteriores declaraciones de altos dirigentes de la mismas han venido a corroborar mi aserto. Así, el Presidente Artur Mas ha hecho un llamamiento a la sociedad catalana para que realice pronunciamientos explícitos a favor del Pacto Fiscal, y el Consejero de Interior, Felip Puig, ha afirmado la determinación del “Govern” de lograr este objetivo como sea, “por pacto o por radicalidad”.



El sistema fiscal vigente en Navarra y en el País Vasco es un régimen privilegiado concedido en el trascurso de la Historia al Reino de Navarra y a las provincias vascongadas del Reino de Castilla –Álava, Guipúzcoa y Vizcaya-, que ha sido recogido en la disposición adicional primera de la Constitución. Tiene un carácter excepcional y exclusivo, y no puede, por tanto, extenderse a otras CCAA de régimen común, como ahora pretende el Gobierno catalán.



Situación especial de Cataluña



Es innegable que Cataluña tiene unas peculiaridades propias que –como reconoció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto- la colocan en una situación especial en relación con “el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”. Estas singularidades justifican un tratamiento diferencial en los ámbitos citados, pero no hay motivos fundados para que Cataluña disfrute de un régimen fiscal especial, distinto de las otras comunidades. Todas ellas –a excepción de Navarra y del País Vasco, que gozan de un régimen excepcional de concierto económico- deben tener los mismos derechos y obligaciones en el dominio fiscal.



Tras la aprobación por el Parlamento catalán el pasado mes de Julio de la exigencia del Pacto Fiscal, Mas envió al Presidente del Gobierno una carta pidiendo cita para negociarlo, a la que Rajoy no ha contestado todavía, aunque la respuesta ofrezca pocas dudas. El Gobierno de la Nación no debería aceptar la reivindicación por razones jurídicas y políticas. Si es necesario corregir el modelo de financiación autonómica, habrá de hacerse de acuerdo con todas las CCAA y no de forma unilateral o bilateral. El Presidente de la Generalitat es consciente de la inviabilidad de la pretensión de salir del régimen común de financiación del Estado, pues –como ha reconocido el Círculo de Economía- es anticonstitucional. Mas, si embargo, insiste en su desafío para que “Madrid entienda que no es la petición de un ejecutivo, de un parlamento o de unos partidos, sino que es la reclamación de un país estero”. Ante la previsible respuesta negativa, se rasgará las vestiduras nacionalistas, ejercitará el rentable victimismo y acudirá al chantaje político y a la presión social. Ya ha anunciado un “otoño caliente” centrado en la Diada Nacional de Cataluña del 11 de Septiembre.



Intentos de la “Generalitat” para encubrir sus deficiencias



Al llamamiento a la movilización ha respondido el Consejo de Cámaras de Cataluña, que ha ofrecido su pleno apoyo al “Govern” e instado a los empresarios a que respalden la nueva financiación y den una respuesta conjunta al agravio histórico contra la Comunidad. Su Presidente, Artur Valls, ha afirmado que ésta no tiene problemas de solvencia sino de liquidez, por lo que exige al Gobierno central que ponga en marcha cuanto antes el Fondo de Liquidez Autonómica. Parece ignorar que Cataluña está en la lista negra de las Sociedades de Calificación, que la sitúan a la vera del bono-basura. Como nadie le prestaba un euro, tuvo que recurrir a la emisión de “bonos patrióticos” con unos intereses desorbitados -4.5% a 1 año-, que ahora no está en condiciones de retribuir. Ante la insuficiencia de las bellotas nacionalistas, el hijo pródigo acude al Papá-Estado, no para pedirle perdón por su prodigalidad y hacer propósito de enmienda, sino para que le siga financiando sus caprichos y francachelas..



El fracaso de la Generalidad se debe a la desmesura de su administración, a su corrupción y a su incompetencia. Se ha dotado de una estructura desproporcionada duplicando los órganos y servicios del Gobierno central y creando otros a un coste excesivo. Como Cataluña es “más que una nación”, su Presidente tiene que ganar mucho más que el del Gobierno de la Nación, el “Sindic de Greuges” más que el Defensor del Pueblo y un “mosso de esquadra” más que un guardia civil. El “oasis” se ha visto salpicado por las corruptelas, de las irregularidades de Banca Catalana al fraude del Palau, de las fantasmagóricas comisiones del 3% denunciadas por Pascual Maragall al escándalo de la ITV y a la financiación con dinero negro de CDC. La Generalitat ha sido una mala gestora, que –ante su incapacidad para cumplir sus obligaciones de pagar los intereses de su desorbitada deuda y de abonar los salarios de sus numerosos empleados- ha preferido recortar gastos en servicios básicos como la sanidad, la educación o la ayuda a los dependientes, antes que simplificar su elefantiásica estructura y reducir los innecesarios y sobredimensionados gastos de carácter identitario.



Alternativas para imponer el Pacto Fiscal



Filip Puig ha apuntado tres vías alternativas para imponer el Pacto Fiscal. La primera sería establecerlo de forma unilateral, creando una Hacienda propia y pidiendo a los catalanes que ingresen en ella sus impuestos. Esta solución no es viable por falta de base jurídica, así como de la infraestructura administrativa necesaria. La segunda implicaría convocar un referéndum sobre el Pacto Fiscal para presionar al Gobierno central y forzarlo a su aceptación. A tales efectos, el Parlamento está tramitando una Ley de Consultas Populares no Refrendarias, que permitiría a la Generalitat celebrar un referéndum sin necesidad de la preceptiva autorización del Consejo de Ministros, en contra de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto. Mas está sopesando la conveniencia de sustituir el apoyo del PP –que le ha permitido aprobar los presupuestos y gobernar en la Comunidad- por el de ERC, que pone como condición la celebración del citado referéndum. Además de la inexistencia de una fundamentación jurídica, esta solución presenta una dificultad política, en el caso de que la población no participe de forma mayoritaria y se produzca un fiasco similar al de las consultas sobre el Estatuto o sobre la independencia de Cataluña, en las que se implicaron CIU y su Presidente. La tercera es aún más disparatada: apelar a la UE para que reconozca el derecho de Cataluña a un régimen fiscal propio. El intento de los nacionalismos de sustituir la Europa de los Estados por la Europa de las regiones ha fracasado rotundamente, y la Comisión Europea jamás interferiría en una competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión, como es la fiscal. El mismo Josep Durán ha reconocido que nadie en el resto del Estado o en Europa ayudará a Cataluña en su pretensión, por lo que mantiene que, en vez de reclamar un régimen como el del concierto vasco, hay que tratar de negociar un modelo fiscal propio de Cataluña con el Gobierno de la Nación.



Cuando era líder de la oposición, Artur Mas afirmó que tenía que acatar la sentencia del TC sobre el Estatuto, aunque no lo aceptara políticamente, porque estaba en un Estado de Derecho. Ahora, ya en el Gobierno, se ha negado a acatar y a cumplir algunas sentencias del TC o del Tribunal Supremo en una actitud de abierta insumisión. Con la saga de su fuga hacia adelante en la cuestión del Pacto Fiscal, Mas asume el riesgo de arrojar a Cataluña en un vacío institucional, en detrimento de toda España.