Conducta demagógica de una Presidenta populista

CONDUCTA DEMAGÓGICA DE UNA PRESIDENTA POPULISTA (25-IV-12)




Los malos presagios que presentía en mi última columna se materializaron el día 16, cuando la Presidenta argentina anunció la adopción y envío al Congreso de un Decreto urgente para renacionalizar YPF. Optó por el proyecto más lesivo para los intereses españoles al expropiar el 50% de sus acciones, 26.01% para el Gobierno federal y 24.99% para las provincias. Pese a tratarse de una Ley de soberanía de hidrocarburos, implica una doble discriminación, pues -de todas las empresas petrolíferas en Argentina- sólo afecta a YPF y, del capital de ésta, sólo se expropian las acciones propiedad de REPSOL. Ante un cuadro de Evita y con invocaciones al “Ausente” , la Viuda de Kirchner recurrió a tópicos y medias verdades para “defender la soberanía hidrocarburífera de Argentina”, y culpar a REPSOL de todos los males que sufre la industria petrolera, por reducir su producción, no invertir y repatriar beneficios.



Cambio de actitud de la Presidenta argentina hacia REPSOL



Cuando a principio de los 90 la compañía estatal YPF estuvo a punto de quebrar, Néstor Kirchner y su esposa figuraron entre los más fervientes partidarios de su privatización y apoyaron la adquisición de la empresa por REPSOL en 1998, vendiendo el entonces Gobernador de Santa Cruz el 5% que poseía la provincia. La diputada Cristina Fernández respaldó la iniciativa y afirmó:”En lo económico posibilita la mejora de nuestras cuentas y, en lo institucional, nos torna creíbles y respetables en cuanto damos cumplimiento a la palabra empeñada”. ¡Cuan lejos están estas palabras de las ahora pronunciadas!. En 2008, ya como Presidente del Gobierno, Néstor Kirchner preconizó la “argentinización” parcial de YPF y forzó a REPSOL a “vender” un 25% de sus acciones al Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que sólo tuvo que pagar un 10% de su valor al contado, adquiriendo el resto con un préstamo de la empresa.



En 2011 la producción de petróleo de YPF descendió un 6,5% y la de gas un 10,1%, siguiendo la tónica general en todo el mundo debido al envejecimiento de los yacimientos –la tasa de declive ha sido del 6.7% y del 7.5% respectivamente- y a la inadecuada planificacion. A la par, Argentina aumentó su consumo, por lo que pasó de un superávit de $6.031 millones en 2006 a un déficit de 3.438 millones en 2011. La Presidenta ha culpado a REPSOL de haber tenido que pagar $9.397 millones para importar petróleo, pese a que YPF sólo explota 39% del petróleo y 28% del gas producidos en el país. También la ha acusado injustamente de no invertir en su filial, ya que REPSOL invirtió $3.030 millones en 2011, tenía previstos $3,380 millones para 2012, y se comprometió a reinvertir en YPF los beneficios obtenidos en Argentina.



A finales de 2011 Cristina Fernández afirmó que la inversión de REPSOL en YPF era el modelo a seguir. ¿A qué se debe tan súbito cambio de opinión?. Para el Presidente de la empresa, Antonio Brufau, al intento de tapar la crisis económica y social que padece el país –con lo que, según Mario Vargas, la Señora de Kirchner actúa como Hugo Chaves-, y a la necesidad de aumentar sus ingresos, para lo que quiere controlar en exclusiva la explotación del riquísimo yacimiento de Vaca Muerta.



Doble conflicto de Argentina con REPSOL y con España



La expropiación de YPF plantea un doble conflicto: uno privado entre REPSOL y Argentina, y otro público entre este país y España. Brufau ha calificado la decisión del Gobierno argentino de “manifiestamente ilícita” por violar las normas del Derecho Internacional y de la Constitución argentina, e incumplir el compromiso asumido en el Acuerdo de privatización de YPF de resolver las divergencias por medio de la negociación. Alega la violación del Convenio Hispano-Argentino para la protección recíproca de inversiones, de 3 de Octubre de 1991, por el que las Partes se comprometen a no obstaculizar el mantenimiento de las inversiones en la “prospección cultivo, extracción y explotación de los recursos naturales”. El Gobierno argentino tiene derecho a expropiar las acciones de REPSOL, siempre que –a juicio de Araceli Mangas- cumpla las siguientes condiciones: obre de forma respetuosa con el sistema internacional, actúe por causa de utilidad pública, no haga discriminación, dé una compensación adecuada, y respete las obligaciones internacionales contraídas. No parece que todos estos requisitos se cumplan en el presente caso. REPSOL no tiene necesidad de acudir a los tribunales argentinos y, tras un período de negociación de 6 meses, puede plantear la controversia ante el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o ante un tribunal arbitral “ad hoc”.



Junto a la controversia jurídica, se ha producido un conflicto diplomático entre España y Argentina por la violación por ésta del Derecho Internacional general y del Convenio sobre Protección de Inversiones en particular. El Gobierno argentino no ha respetado las disposiciones del Convenio que prevén la solución negociada de las controversias, e incumplido la promesa hecha a este respecto al Ministro de Industria Soria el 28 de Febrero. El Gobierno español ha condenado la arbitraria decisión argentina y si bien el Ministro de Asuntos Exteriores García Margallo ha afirmado que su prioridad será “negociar hasta la extenuación para buscar una solución”. Para mejorar su posición negociadora, España debería ejercer la máxima presión diplomática posible sobre Argentina, a través de los organismos internacionales competentes –UE, FMI, BIRF, OMC, G-20- y de los países amigos de Europa y América. Fruto de esta presión ha sido la resolución del Parlamento Europeo del día 20, que ha condenado la decisión argentina por arbitraria, discriminatoria y atentatoria al ejercicio de la libre empresa y al principio de seguridad jurídica, instado a la UE a que use todas las vías internacionales para lograr un “consenso de oposición”, y pedido a la Comisión y al Consejo que adopten medidas como la suspensión de las preferencias arancelarias unilaterales.



Negativas consecuencias para España y para Argentina



García Margallo ha dicho que la decisión de la Señora Kirchner es pésima tanto para España como para Argentina. El primer inversor en este país afronta, amén de las pérdidas de REPSOL, el riesgo de que la política confiscatoria del Gobierno argentino se extienda a las más de 400 empresas españolas que en él operan. En el plano político, el deterioro de las relaciones hispano-argentinas puede afectar adversamente al desarrollo de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará próximamente en Cádiz.



Para Argentina supone una victoria pírrica, con nefastas consecuencias a medio y largo plazo. Puede aumentar su desprestigio y aislamiento como paria internacional, lo que dificultará la obtención de las inversiones imprescindibles para su desarrollo y, especialmente, de la asistencia financiera y tecnológica requerida para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. La incuria de su burocracia clientelar contribuirá a la ineficaz gestión de YPF, el valor de cuyas acciones, devaluadas por el acoso del Gobierno argentino –pérdida del 56.9% en un año en la Bolsa de Nueva York-, parece imposible que se recupere. En el ámbito internacional, Argentina se va apartando no sólo de España, sino también de Europa, de Estados Unidos y de las democracias latinoamericanas, quedando en la poco grata compañía de regímenes autócratas y demagogos, como los de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Como ha observado Bernaldo de Quiros, la expropiación de YPF será la piedra de toque para saber hasta dónde está el mundo civilizado dispuesto a transigir ante la demagogia populista, que actúa contra la esencia de un orden mundial sustentado en el derecho.