La Fiscalía General del Estado filtra datos confidenciales de un contribuyente por motivaciones políticas

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO FILTRA DATOS CONFIDENCIALES DE UN CONTRIBUYENTE POR MOTIVACIONES POLÍTICAS La frágil barquichuela del Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido en los últimos días el impacto de un par de torpedos por debajo de su línea de flotación: la declaración ante la Audiencia Nacional del comisionista Víctor de Aldama, en la que se ha autoinculpado , a la par que revelaba casos de corrupción de miembros del Gobierno y personalidades del PSOE, y el primer informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ,en el que culpa a la Fiscalía General del Estado, y en especial a su jefe, Álvaro García Ortiz (AGO), de las filtraciones a los medios de comunicación de datos confidenciales del ciudadano Alberto González Amador. Bombazos de Aldama y negativa del Gobierno y del PSOE a darle credibilidad Aldama se encontraba en prisión provisional acusado de fraude a la Hacienda Pública en el IVA de unos contratos sobre hidrocarburos y solicitó declarar de forma voluntaria ante el Juzgado n° 2 de la Audiencia Nacional, que está instruyendo el “caso Koldo/Ábalos”. Aldama -al que ha la UCO describe como el ”nexo corrupto” de varias operaciones- está implicado de forma destacada en el fraude de los hidrocarburos, en los casos de corrupción por la venta de material sanitario durante la pandemia, en el rescate de “Air Europa” y en el “Delcygate” y las relaciones con Venezuela. Aldama ha afirmado ante el titular del Juzgado número 2, Ismael Moreno, y el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, que pagó €250.000 a Ábalos y €100.000 a Koldo, €25.000 al jefe del gabinete de la vicepresidenta Montero, Carlos Moreno, y €15.000 al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Señaló que había celebrado seis reuniones con la vicepresidenta Teresa Rivera y otras con la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, para explorar las vías de negocio en zonas rurales poco habitadas y acotar un circuito de “pueblos temáticos” para proporcionarles mano de obra. Aldama involucró en su declaración a ministros como María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa y Ángel Víctor Torres, por lo que éstos se sumaron a una querella del PSOE por injurias y calumnias en nombre de Sánchez, Gómez, Cerdán y Moreno, por tratarse de manifestaciones” premeditadas, torticeras y efectuadas con fines absolutamente espurios y evidente finalidad política”. Respecto a la afirmación de Sánchez de que nunca había cambiado una palabra con Aldama y que la foto de los dos publicada en “El Mundo” era uno de los muchos ”selfies” que se hacía con desconocidos en los mítines del partido, Aldama precisó que había sido invitado al mitin en el que se presentó la candidatura de Pepu Hernández a la alcaldía de Madrid, porque Sánchez quería conocerlo personalmente para darle las gracias por lo que había hecho en Méjico en favor de empresas españolas -a las que se concedió la construcción del “Tren Maya”. La foto fue hecha por Koldo después de la reunión en los camerinos del Teatro de La Latina, que era zona reservada. Sánchez ha quitado importancia y credibilidad a las declaraciones del “personaje”, un delincuente que estaba en prisión preventiva y había salido de la cárcel para testificar, por lo que no le concedía el mínimo crédito, pues se trataba de una “inventada", de una serie de mentiras para mejorar su situación procesal. Sus ministros siguieron fielmente este argumentario y Félix Bolaños lo calificó de “agente de la T.I.A.” y Oscar López comentó que se creía James Bond, pero se parecía más al ”pequeño Nicolás”. El coro papagayónico se sumó disciplinadamente a la consigna monclovita, pero el tiro le ha salido por la culata, ya que el pequeño Nicolás y Aldama se parecen como un huevo y una castaña. Como ha observado Carlos Alsina, el primero no viajó a Méjico en una delegación oficial, no compró a altos funcionarios con millones de euros, no tenía en su nómina a un comandante de la Guardia Civil, no fue distinguido con la más alta condecoración a civiles de la Benemérita, no pagó el alquiler del piso de la amiga de un ministro, nunca estuvo en Barajas para recibir a la vicepresidenta de Venezuela, no actuó como embajador y mediador entre el Gobierno español y Delcy, y no distribuyó entre sus clientes teléfonos encriptados facilitados por la policía para poder comunicarse con tranquilidad. Según Joaquín Manso, la bomba de Aldama tenía más apariencia de veracidad que las palabras de Sánchez, ya que “nadie está en todas partes si no tiene una llave que le abra todas las puertas”. La credibilidad la dan los hechos y no las palabras, y Aldana se movía en Méjico, Venezuela o la propia España como un eficaz plenipotenciario del Gobierno español. En un sondeo encargado por ”El Español”, 63% de los encuestados consideraba más creíble a Aldama que a Sánchez. En cualquier caso, no era el Gobierno quién debería dirimir sobre la credibilidad del comisionista, sino los Tribunales, y tanto el fiscal Pastor como el juez Pedraz, han considerado creíbles sus afirmaciones y decidieron su liberación inmediata. En su decisión de colaborar con la Justicia, aunque ello suponga su autoinculpación, ha influido sin duda el criterio de su abogado, José Antonio Choclán -antiguo juez de la Audiencia Nacional-, pero también el temor por su vida, dado que recibió una advertencia cuando su coche blindado fue tiroteado y la amenaza en la cárcel de un preso que le dijo que lo iba a “chutar” si tiraba de la lengua. Por el momento, ha conseguido salir de la prisión de Soto del Real en horas 24. Resultan poco creíbles las descalificaciones del Gobierno y sus aliados a las declaraciones de Aldama, en base a que, al ser es un delincuente, no era de fiar. El declarante no es un delincuente, porque aún no ha sido condenado por nada y -pese a lo que crea Sánchez- no existe una presunción de culpabilidad, sino de inocencia, aunque el presidente haya sido fautor de leyes - como las de LGTBI o del “Sí es Sí”- en las que se ha invertido la carga de la prueba y el acusador no tiene que probar la culpabilidad del acusado, sino que será éste quien deba probar su inocencia. El Gobierno tiene una doble vara de medir, pues concedió credibilidad a las declaraciones de Amedo, Villarejo o Bárcenas -pese a estar condenados- porque le favorecían sus testimonios, pero se la niega a Aldama -que no está condenado- porque le perjudican. El 29 de octubre, el Gobierno concedió el indulto al ex-concejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia permitió que se incoara el caso Gürtel y -según Bolaños- fue la clave fundamental para destapar el mayor caso de corrupción en la democracia española -se ha olvidado del caso de los ERE-. El ministro declaró ufano que el indulto ponía de manifiesto que el Gobierno amparaba, reconocía y apoyaba a las personas que colaboraran con la Justicia. Por mor de la coherencia, cabe esperar que el Gobierno ampare a Aldama, que no debe ser tan fiero como lo pintan, cuando el ministro del Interior le concedió en 2022 la Orden de Mérito de la Guardia Civil. El coronel Francisco José Vázquez, jefe de la Unidad Central Especial-2, lo elogio al decir que se sentía casi un guardia civil, destacó sus grandes valores y su tributo a los intereses de España, y señaló que necesitaban personas como él que, de manera desinteresada, aportaran pequeñas cosas que solucionaban problemas que no podían resolver. Los socialistas han alegado que lo declarado por Aldama era una sarta de mentiras sobre los que no había aportado prueba alguna. Tras salir de la cárcel, el declarante manifestó a los periodistas que podía probar todo lo que había afirmado y comentó que, si Sánchez quería pruebas, las tendría. Calificó al presidente de mitómano y de paciente de Alzheimer, porque olvidó que lo conocía, y precisó que estaba al tanto de todo lo que ocurría, porque era uña y carne con Ábalos, con el que hablaba varias veces al día y continuamente lo consultaba. Deberá entregar las pruebas de las que dice disponer en próximas declaraciones y las espadas siguen en alto. Filtraciones de la Fiscalía General del Estado de datos confidenciales de un particular Se acaba de publicar el primer informe de la UCO tras haber examinado sus expertos los teléfonos de la fiscal-jefe de la Audiencia de Madrid, Pilar Rodríguez, en el que ha destacado la “participación preeminente” de AGO en las filtraciones a los medios de comunicación de datos confidenciales del o informado los medios de comunicación. Todo empezó cuando el 22 de enero de 2024 la AEAT elaboró un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, de la que es propietario González, en el que indicaba que había indicios de que se habían cometido delitos de fraude contra la Hacienda Pública y de falsificación documental en el impuesto sobre sociedades en 2020 y 2021. Al día siguiente, la Fiscalía de Madrid inició diligencias de investigación penal y nombró fiscal del caso a Julián Salto. Los sucesos más relevantes se produjeron en el mes de marzo. -Día 5: Se presentó una denuncia contra Maxwell Cremona y contra González. -Día 8: Rodríguez envió al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe -a petición de éste-, el expediente sobre la denuncia a González. -Dia 12: Se produjo una primera filtración al digital “Diario.es”, que, a las 6.00 publicó, que González había defraudado €350.591 y reproducía algunos pasajes de la denuncia. A las 8.50, Salto le envíó la denuncia al abogado de González para facilitar la defensa. Indicaba que “aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo entienden posible”. Esto revelaba que la Defensa y la Fiscalía habían discutido un posible acuerdo tras el envío el 2 de febrero de un correo por el que González reconocía la comisión de sendos delitos de fraude y se comprometía a abonar lo defraudado. Lo más llamativo era que el periódico tuvo conocimiento de la denuncia antes que su destinatario. La fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Ana García León, habló por teléfono con Rodríguez, quien le comentó el gran enfado de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, por la filtración y la publicación de “lo del novio de Ayuso”. Hasta entonces nadie había reparado en este hecho hasta que alguien -según "La Razón” un periodista- informó a la Fiscalía y levantó la liebre, porque alguien en la Fiscalía General o en La Moncloa pensó que esta circunstancia podría ser utilizada para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien, por cierto, había iniciado su relación con González con posterioridad a la realización de los fraudes supuestamente cometidos por su pareja. -Día 13: A las 21.30, “El Mundo” publicó que el fiscal Salto había propuesto al abogado de González un pacto para que éste aceptara la comisión de dos delitos notarios y el pago de lo defraudado para evitar el juicio. Cinco minutos más tarde AGO pidió a Rodríguez que le enviara con urgencia el expediente de González y, cuando ésta le preguntó que a dónde debería enviárselo, respondió que a su correo particular. A las 21.39, Rodríguez llamó por teléfono a Salto -que estaba asistiendo un partido de fútbol- para ordenarle que le enviara de inmediato los correos intercambiados entre su Fiscalía y la defensa de González, cosa que el fiscal hizo a las 21.59, y Rodríguez reexpidió los textos a AGO. A las 22.49, la fiscal decana, Virna Alonso, informó a su jefe y a Rodríguez de que “el correo es tal cual se ha reflejado periódico y es impecable en su contenido”, si bien fue la defensa la primera en proponer el pacto de conformidad. AGO le dio las gracias y Rodríguez comentó que daban ganas de “incorporar un poco de cianuro”. El fiscal general estaba obsesionado con dejar bien claro que la petición del acuerdo había sido realizada por el letrado de González, pese a que ello no tenía ninguna relevancia procesal, dado que lo importante era que el fiscal Salto se había mostrado propicio a llegar a un acuerdo y evitar la judicialización del caso. A las 23.51, la Cadena SER publicó en su web el contenido de los correos en cuestión e informó que la Fiscalía estaba preparando una nota de prensa para aclarar que fue la defensa de González quien buscó cerrar la conformidad. ¿Cómo lo sabía?, pues porque se produjo una segunda filtración. Entre las 21.59 y las 23.51 hubo un número muy reducido de personas que tuvieron acceso a dichos correos: AGO, Alonso, Rodríguez, Salto y Lastra, y algún otro al que el fiscal general pudiera habérselos mostrado. De ahí que -utilizando la terminología de Francisco Rojas Zorrillla- “entre bobos andaba el juego”. Pero el mayor bobo jurídico de España, AGO, fue el que impartió de forma directa las órdenes para llevar a cabo la réplica a la información publicada en “El Mundo”, por lo que es el principal responsable. Todos los implicaos estuvieron hasta altas horas de la noche consultándose para elaborar la citada nota de prensa. -Dia 14: A la 1.25, “Diario.es” reprodujo algunos pasajes contenidos en los correos y, a las 7.14, “El País“ informó de que la pareja de Ayuso había admitido ante la Fiscalía la comisión de dos delitos tributarios, cosa que la presidenta había desmentido. AGO trató de que se publicara cuanto antes la nota de prensa elaborada en la Fiscalía General, pero, escondiendo la mano tras tirar la piedra, pretendía que fuera hecha pública por la Oficina de Prensa de la Fiscalía de Madrid, como si fuera cosa suya. El jefe de la Oficina, Íñigo Corral se negó a hacerlo tras consultar con su superiora la fiscal superior de Madrid, Lastra, a la que AGO telefoneó varias veces, pero no se puso el teléfono porque estimaba que la difusión de esa nota no era legal. El fiscal general le mandó un correo en el que decía que la nota era correcta y que había que sacarla porque, si se tardaba en hacerlo, supondría que relato no era cierto y parecería que los compañeros no habían hecho bien su trabajo. Era imperativa su publicación porque, si se dejaba pasar el momento, “nos van a ganar el relato”. ¿Desde cuándo es misión de la Fiscalía General apoyar los relatos del Gobierno? Ante la firme oposición de Lastra, AGO decidió a las 10.20 enviar la nota a los medios de comunicación desde la Fiscalía General. Las furias filtradoras pasaron en paralelo a la presidencia del Gobierno, que echó su cuarto a espadas contra la odiada presidenta de la Comunidad de Madrid. A las 8.00, Pilar Sánchez Acera -jefa del Gabinete de Óscar López, a la sazón jefe de gabinete Sánchez- le envió al secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, los textos de los correos para que pudiera utilizarlos contra Ayuso en la sesión de la Asamblea de Madrid. Lobato -que es técnico de Hacienda- estimó que la publicación de esos textos podía ser ilegal y se negó a utilizarlos. Sánchez-Acera aseguró que ya habían sido publicados en los medios de comunicación, y efectivamente “El Plural” había publicado a las 9.06 los textos literales de los correos intercambiados. Adivina adivinanza. ¿quién filtró los correos a la directora del digital, Angélica Rubio, antigua jefa de prensa de Rodríguez Zapatero, quien -en agradecimiento a los servicios prestados a la causa- ha sido recompensada con una apetitosa poltrona en el Consejo de RTVE? Confortado con la publicación de los correos, Lobato acometió con ellos a Ayuso, y tuvo la desfachatez de pedir su dimisión por los presuntos delitos cometidos por su novio cuando aun no lo era. Rodríguez estaba bastante inquieta por si le podían llegar los efectos del cianuro y en un intercambio de mensajes con Alonso a las 20.17 le comentó que no le gustaba el panorama y que alguna Asociación de Fiscales podría ponerla en solfa ante el Consejo Fiscal. En efecto, a las 20.43, remitió a Alonso el comunicado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, en el que se denunciaba la publicación de los correos. -Día 20: González presentó una querella contra AGO, y contra Rodríguez y Salto por la revelación de datos confidenciales que le afectaban adversamente. Igual hizo el Colegio de Abogados en Madrid, por estimar que la actuación de los fiscales era ilegal y perjudicaba a la defensa de un particular. El juez José Goyena admitió a trámite las demandas contra los fiscales, pero se abstuvo de decidir sobre la que afectaba a AGO, que estaba aforado, por lo que remitió la querella al Tribunal Supremo (TS). Hay que pasar al mes de octubre. El día 16, la Sala Segunda de lo Penal del TS decidió por unanimidad investigar a AGO por la posible comisión de un delito de revelación de secretos, al apreciar indicios de lesividad que perturbaban el derecho a la defensa de un particular que se enfrentaba a un proceso judicial y perjudicaban su derecho a la presunción de inocencia. El Tribunal decidió investigar también a Rodríguez, pese a no estar aforada, dada la inescindible conexión entre las actuaciones de los dos fiscales. El magistrado Ángel Hurtado fue nombrado instructor del caso. Pese a la gravedad de su imputación, AGO se negado a dimitir, porque ni él ni su entorno habían filtrado documentos secretos. Ha declarado sin pudor que eso era lo menos grave y más prudente para la institución y que, con ello, reforzaba la independencia de la Fiscalía. Lanzó al aire chulescamente una amenaza y un aviso a navegantes, porque los fiscales manejaban mucha información y material muy sensible, y aseguró que “si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra para insinuar y para filtrar”. Bien al contrario, la mayoritaria Asociación de Fiscales manifestó que mantenerse en el cargo solo podía interpretarse cómo “una voluntad de mantener el control de la institución en su propio interés y no en el de la Fiscalía”, por lo que era inevitable su dimisión o su destitución. El Gobierno salió en tropel para apoyar incondicionalmente a quien considera uno más de sus miembros, lo que ponía de manifiesto la falta de respeto a la autonomía de la Fiscalía General. Sánchez, afirmó que AGO había cumplido con su deber de denunciar a un delincuente confeso, desmentir bulos y combatir la desinformación. Ninguno de estos tres supuestos son correctos: a) González no puede ser calificado de delincuente mientras no haya sido condenado por un juez y goza de la presunción de inocencia; b) en ninguna norma se establece que una misión de los fiscales sea combatir la desinformación, para lo que el Gobierno dispone de otros medios; c) tampoco es su misión desmentir bulos y, aunque lo fuera, la noticia publicada por “El Mundo” no era un bulo, y, a lo sumo, podía considerarse una información incompleta, ya que la iniciativa había partido de la defensa y no de la Fiscalía, pero lo esencial de la noticia era que ambas partes estaban negociando un acuerdo de conformidad. La Fiscalía General debería haberse limitado en su nota aclarar este hecho, pero en ningún caso estaba autorizado a cometer un delito para hacerlo. En su crasa ignorancia jurídica, el presidente ignora que la Constitución establece claramente cuál es la misión de la Fiscalía: “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, y del interés público tutelado por la ley[…], así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. El Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones con sujeción a los principios de legalidad y de imparcialidad -artículo 124-. Difícilmente podrá respetar el principio de legalidad si actúa tan abiertamente en contra de la ley, y menos aún el de imparcialidad al pronunciarse sobre su punible actuación. Es obvio que AGO solo está interesado en salvar su pellejo y que le importa un comino el interés general de España. El 30 de octubre, el instructor Hurtado tomó la excepcional decisión de que los agentes de la UCO registrarán el despacho oficial de AGO y se apoderara los datos incluidos en sus teléfonos móviles y en sus sistemas informáticos, especialmente durante el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo. Dando prueba de su falta de imparcialidad, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, recurrió esa decisión, que fue confirmada por la Sala. La UCO ha presentado su primer informe tras haber revisado el contenido de los teléfonos y sistemas telemáticos de la fiscal Rodríguez y ha solicitado -y obtenido- la autorización del TS para inspeccionar el material recogido en los medios telefónicos e informáticos del fiscal general. El segundo informe de la unidad aportará sin duda elementos probatorios de la mala praxis de AGO. Un efecto colateral ha afectado a Lobato, quien -tras conocer la incautación de los sistemas telefónicos e informáticos de AGO, acudió raudo a una notaría para obtener un acta de constancia de los correos intercambiados con su colega Sánchez-Acera, para librarse de una posible imputación por revelación de secretos. El sanchismo se ha lanzado con uñas y dientes contra él, al que ha calificado de traidor al PSOE, y -si bien al principio se enfrentó a su partido y declaró que no dimitiría-, la presión ha sido tal que, al final, ha presentado su dimisión como secretario general del PSOE de Madrid. La imputación del fiscal general del Estado es un hecho gravísimo sin precedentes. Aunque acepte la presunción de inocencia, creo que AGO ha violado el artículo 417 del Código Penal, que establece que comete delito de revelación de secretos “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”. También podría haber cometido un delito contra la intimidad previsto el artículo 197, que condena a quienes “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos”. Podría haber incurrido en la prevaricación prevista en el artículo 404, que sanciona a la autoridad o funcionario público que, “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Según “El Mundo”, la Fiscalía General es un pilar del Estado de Derecho y su máximo representante no puede utilizar su posición ni la información confidencial a la que tiene acceso para, vulnerando los derechos básicos de un particular, atacar a un adversario del Gobierno. El demoledor informe de la UCO “es un fresco crudo e intimidante de cómo puede llegar a conducirse un cargo público clave en toda democracia cuando el servilismo lo ciega”