La prodigiosa levitación de Delcy sobre territorio español

LA PRODIGIOSA LEVITACIÓN DE DELCY SOBRE TERRITORIO ESPAÑOL Las sonadas declaraciones del empresario y comisionista Víctor de Aldama ha traído a nuestro recuerdo la surrealista y grotesca “no visita” a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 20 de octubre de 2020, sobre la que tanto el presidente Pedro Sánchez como varios miembros de su Gobierno dieron 12 versiones distintas, todas ellas falsas. La información suministrada por Aldama, testigo de excepción de los hechos, junto con las averiguaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), han arrojado chorros de luz sobre el evento -que el Gobierno ha tratado de ocultar por todos los medios o de explicar de forma incoherente-, pero aún quedan bastantes zonas oscuras por aclarar en esta farsa. Antecedentes de la expedición Delcy El 13 de noviembre de 2017, el Consejo Europeo adoptó la decisión PESC 2017/2074 relativa a las medidas restrictivas por la situación en Venezuela, en la que se estableció que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) adoptarían las medidas necesarias para impedir que entraran en su territorio o transitaran por él “las personas físicas responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela” o “cuya actuación política o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho”. En la decisión PESC 2018/901, de 25 de junio de 2018, se incluyó un anejo en el que se mencionaban “nominatim” los altos cargos venezolanos a los que se aplicaba la disposición, entre los que figuraba Delcy Eloína Rodríguez, porque -en su época de presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima- había menoscabado la democracia y violado los derechos humanos, en especial ‘mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su autorización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político”. Rodríguez era la sazón uno de los personajes más siniestros e influyentes en la Corte de los milagros de Maduro, partidaria de la línea dura. Muestra de su sectarismo fue su negativa a aceptar la ayuda humanitaria enviada por los países occidentales para paliar la hambruna de la población venezolana, so pretexto de que había sido envenenada por los capitalistas para provocarle daños cancerígenos. En las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018, el Gobierno cometió toda clase de irregularidades y arbitrariedades, pero el Consejo Electoral Nacional proclamó de forma injustificada vencedor en las mismas a Nicolás Maduro, al que reconoció haber recibido el 67.84% de los votos. El alto comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió en un informe la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Los observadores internacionales de la ONU, de la Organización de Estados Americanos y de la UE consideraron fraudulentos los resultados. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, declaró la ilegitimidad de la continuidad de Maduro en el poder y, a principios de enero de 2019, se proclamó ” presidente encargado”. El Parlamento Europeo reconoció a Guaidó. y el Gobierno español y la Comisión Europea dieron un ultimátum a Maduro para que convocara en el menor plazo posible unas elecciones libres y democráticas, con garantías y sin exclusiones, y.-ante la negativa de éste-, reconocieron a Guaidó. El presidente venezolano reaccionó diciendo que el cobarde Gobierno español había tomado una decisión nefasta y amenazó con represalias a las empresas españolas que operaban en el país. En este ambiente turbulento se produce la visita de Delcy a Madrid a “por atún y a ver al duque”, para intentar convencer al Gobierno español de que cambiara de actitud y reconociera la legitimidad de la reelección de Maduro, y ultimar algunos negocios con su socio Aldama. En esos días se acusó a la vicepresidente venezolana de haber provocado un incidente internacional al viajar a España, siendo consciente de que tenía prohibido entrar en su territorio. Aumentó la confusión la afirmación de la periodista venezolana Yvelise Pacheco de que había sido invitada por el vicepresidente Pablo Iglesias, para contrarrestar la presencia de Guaidó, que esos días visitaba Europa, incluida España. Bien al contrario, la UCO ha descubierto que Delcy fue invitada a visitar España por el entonces todopoderoso ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con la venia de Sánchez. Ábalos le había mandado un correo en el que sugería invitar a Delcy para tratar de solucionar los problemas de algunas empresas españolas y Sánchez le contestó con un lacónico “Bien”. El ministro envió a Delcy una carta de invitación redactada por su “colaborador” Aldama, que estaba a partir un piñón con la vicepresidenta, con la que compartía turbios negocios. Éste se encargó de organizar la visita, para los que alquiló por varios días un palacete en la calle Oquendo, que fue debidamente chequeado por la policía y por el CNI. Programó reuniones con varios ministros y una gran cena a la que deberían asistir Sánchez, las vicepresidentas Montero y Ribera, y los ministros Ábalos, Grande-Marlaska, Robles e Illa. Así pues, del presidente abajo, todo el Gobierno estaba al tanto de la visita de Delcy, pese a lo cual todos ellos manifestaron no saber nada sobre la misma. Aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas y negación de la evidencia Delcy era consciente de que le estaba prohibido sobrevolar el territorio de países que formaban parte de espacio Schengen, como España, y mucho menos poner sus pies en ellos. El avión de línea no regular que la transportaba puso rumbo a Madrid y solicitó y obtuvo la autorización de las autoridades españolas competentes para el sobrevuelo y el aterrizaje en Barajas, a diferencia de lo que hizo Portugal que -cumpliendo con las decisiones de la UE- negó su autorización para el sobrevuelo de su espacio aéreo y la aeronave tuvo que entrar en España a través del espacio aéreo marroquí. La esperaban a pie de avión Ábalos, su hombre de confianza Koldo García y el omnipresente Aldama, quién subió con el ministro al avión. En ese momento se puso de manifiesto uno de las muchos puntos sin esclarecer que surgieron con motivo de la mini-visita. Delcy había sido invitada oficialmente por el ministro Ábalos, pese a saber que le estaba prohibido pisar territorio Schengen, por lo que inició el viaje sin pensar que surgieran obstáculos. ¿Quién decidió que no pudiera bajar del avión porque tenía prohibida la entrada en España? Entre otras mentiras, Sánchez dijo que no sabía nada sobre la llegada de Delcy y que su Gobierno había actuado correctamente pues, cuando constató que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, canceló la visita (¿?). Por muchos incompetentes que hubiera en el Gobierno español, ¿no había nadie en Presidencia de Gobierno o en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Interior o Transportes que advirtiera que desde hacía más de un año la vicepresidenta venezolana tenía prohibido acceso a territorio Schengen? En una de sus muchas declaraciones falsas, Ábalos dijo que, cuando estaba en el aeropuerto para recibir al ministro venezolano de Turismo, Félix Plasencia, le telefoneó Marlaska para informarle de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, había recibido una comunicación de la embajada de Venezuela, en la que indicaba que Rodríguez viajaba en un avión que ya había salido de Maiquetía y le pidió que -ya que estaba en Barajas- procurara que la intrusa no bajara del avión. En otra versión, Ábalos manifestó que el ministro venezolano, le había comentado que había coincidido en el avión con la vicepresidenta venezolana y le sugirió que fuera a saludarla y él, que era un caballero español, había acudido a rendirle pleitesía y hablar con ella durante unos minutos. Según ha afirmado recientemente Aldama, testigo presencial del evento, había acompañado a Barajas a Ábalos y a su hombre de confianza, Koldo García, para recibir a la vicepresidenta invitada por el ministro de Transportes en nombre del Gobierno. Abalos y Aldama subieron al avión, donde encontraron a una Delcy indignada y con razón. Les dijo que bajo ningún concepto iba a aceptar que la detuvieran y pidió que llamaran a Sánchez para que solucionara el problema. Así lo hizo Ábalos y Sánchez le autorizó a que diera garantías a Delcy de que podría bajar a la terminal del aeropuerto y permanecer en él hasta que lo abandonara con destino a un país que no fuera parte de Schengen. En consecuencia, el trío calavera formado por Ábalos, Koldo y Aldama escoltaron a Delcy y a su un voluminoso equipaje desde la terminal 2 a la 4, sin necesidad de pasar los controles policiales y aduaneros. En la sala VIP, la vicepresidenta y el ministro pudieron hablar largo y tendido de sus cosas, y éste ordenó a los policías que no la molestaran y le dieran facilidades para emprender el vuelo hacia Doha a primera hora del día siguiente. Sánchez elogió en el Congreso la labor patriótica de Ábalos, que evitó con su intervención que se produjera un incidente diplomático, y la ministra de Asuntos Exteriores afirmó que su colega de Transportes había actuado de la manera menos nociva para relaciones entre España y Venezuela y respetado la legalidad internacional. Aldama dijo en su declaración que Delcy había podido desembarcar y circular por los pasillos del aeropuerto gracias a que el ministro del Interior había ordenado al comisario responsable de Barajas que creara dentro del mismo un espacio ajeno a Schengen (¿?). La explicación no es muy acertada, porque el empresario no es un experto en Derecho Internacional. En realidad, el pretexto que encontró el Gobierno para blanquear la ilegal entrada de Delcy en territorio español, era que nunca había hollado territorio Schengen porque la parte internacional del aeropuerto no era territorio español, como afirmó Marlaska, y lo peor fue que semejante disparate sería avalado por un juez. ¿Forma el aeropuerto de Barajas parte del territorio español? Vox, el PP y el Partido Laócrata presentaron una querella contra Ábalos y varios funcionarios del aeropuerto por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, omisión en la persecución de delitos y usurpación de atribuciones, por permitir la entrada y estancia durante varias horas en el aeropuerto de Delcy Rodríguez, a la que el Consejo Europeo había prohibido la entrada en el espacio aéreo o el territorio terrestre de los países que formaban parte del espacio Schengen. El 11 de noviembre de 2020, el titular del Juzgado de Instrucción n° 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, dictó un auto por el que sobreseyó el caso, por estimar que no se había cometido ningún delito, dado que las zonas de tránsito del aeropuerto no eran territorio español. El juez y el fiscal habían estimado que las zonas de tránsito internacional de un aeropuerto más allá de los controles policiales y aduaneros eran “terra nullius”, zonas extraterritoriales que escapaban a la competencia del Estado en las que estaban ubicadas. Como ha observado el profesor Francisco Jiménez, no hay ”terra nullius” dentro de un aeropuerto internacional, por lo que Barajas no cuenta con un espacio internacionalizado sustraído a la soberanía española.. Cuestión distinta es que los viajeros no pasaran los controles policiales, migratorios, aduaneros o sanitarios. No hay ninguna parte de un aeropuerto, delante o detrás del control policial de fronteras, que no forme parte del territorio español o que goce de un régimen de extraterritorialidad. El que Delcy no pasara los controles policiales por gentileza de Ábalos y pudiera recorrer los kilómetros que separaban la terminal 2 de la 4, no le impidieron pisar territorio español y saltarse a la torera la prohibición del Consejo Europeo, con la connivencia del Gobierno español. El juez y el fiscal ignoraron no solo el Derecho Internacional y el Derecho interno, sino también la jurisprudencia patria, pues el Tribunal Constitucional afirmó en 1996 que, tanto el espacio aéreo como los aeropuertos, estaban sometidos a la soberanía española, y los funcionarios del servicio de control de fronteras actuaban en el ejercicio de las potestades públicas inherentes a la soberanía plena y exclusiva del Estado sobre los mismos. Delcy levitó sobre kilómetros de pasillos aeroportuarios como una Santa Teresa laica y pasó por una parte del territorio español sin tocarlo ni mancharlo, gracias a la gentil colaboración de los mosqueteros Ábalos, Koldo y Aldama. Los tres podrán explayarse ante el Tribunal Supremo donde han sido citados a declarar, si bien Koldo ya manifestó a los medios de comunicación que de lo que ocurrió en Barajas ese día no hablaría ni muerto. Relaciones de España con Venezuela La no-visita de Delcy coincidió en el espacio y en el tiempo con la visita a Madrid del “presidente encargado” Guaidó, y no sé si el cordial intercambio de opiniones en Barajas entre la vicepresidenta y el superministro tuvo como efecto colateral que el Gobierno reblandeciera su posición respecto al régimen de Maduro. Pese a haber reconocido su “status”, Sánchez se negó a recibir a Guaidó, como hicieron Merkel, Macron, Johnson o Borrell., y le dio plantón. Lo recibió Arancha González de forma bastante fría en la Casa de América. Desde entonces, se fue debilitando la relación con la oposición y se produjo un acercamiento al Gobierno de Maduro, bajo los auspicios de su embajador en la sombra, José Luis Rodríguez Zapatero. En las elecciones de 2024 ha vuelto a producirse la situación de abuso de poder de forma aún más acusada. El Tribunal Supremo impidió la presentación a las elecciones presidenciales de Corina Machado, que había ganado las primarias de forma destacada, y de su sustituta Corina Yoris. Los partidos de la oposición -que habían conseguido formar una plataforma unida- tuvieron que improvisar a última hora la selección como candidato del embajador jubilado Edmundo González. Pese a las arbitrariedades del Gobierno de Maduro -manipulación de los registros electorales, restricción de la participación de electores, abuso de los medios de comunicación, detenciones arbitrarias de candidatos, rechazo a la presencia de observadores imparciales-, la participación fue muy elevada y González venció a Maduro por una amplia mayoría del 67% frente al 33%, pero el Consejo Nacional Electoral dio por vencedor a Maduro con 51.2% de los votos, aunque no haya presentado las actas electorales, mientras que la oposición ha presentado hasta un 81.7% de las mismas, que mostraban la arrolladora victoria de González. Pese a las peticiones de la gran mayoría de los países -incluidos algunos de sus aliados, como Brasil y Colombia- el Consejo y el Gobierno se han negado a mostrar acta alguna, y Maduro inició una despiadada campaña de represión y ha realizado más de 2.000 detenciones arbitrarias para sembrar el pánico y provocar el exilio de los políticos de la oposición. González tuvo que refugiarse en España y Machado entrar en la clandestinidad. Sánchez ha adoptado una posición de equidistancia que resulta inaceptable, porque no cabe ser equidistante entre la democracia y la dictadura, entre los ganadores y los perdedores. O ha ganado Maduro, cosa que no ha podido probar, o ha ganado González, como se ha puesto de manifiesto en las actas que ha hecho públicas la oposición. Pese a que el Congreso y el Senado de España pidieron al Gobierno que reconociera a González como ganador en las elecciones, el PSOE se opuso y tuvo la desfachatez de pedir a las Cortes que reconocieran la gran labor de mediación que estaba realizando ZP en Venezuela para liberar a presos políticos y tender puentes entre el Gobierno y la oposición. El Gobierno español además ha tenido una lamentable y vergonzosa actuación para facilitar el exilio de González a través de su Embajada en Caracas. Tras expedir la Fiscalía General una orden de detención, González se refugió en la residencia de embajador de Países Bajos y más tarde en la de España. Allí se presentaron, a iniciativa de ZP, los hermanos Rodríguez, que anduvieron por la residencia como Pedro por su Moncloa. Chantajearon a González, en presencia del embajador español, Ramón Santos, y le obligaron a firmar un documento en el que reconocía la victoria de Maduro. La sombra de Delcy sigue siendo alargada. En estos críticos momentos, el Gobierno ha destituido a Santos y nombrado de forma sorprendente embajador en Caracas a Álvaro Enrique Albacete, un secretario de embajada que ingresó en la carrera en 2010, que no ha ostentado ningún puesto diplomático o consular fuera de España y que carece de experiencia alguna sobre Iberoamérica. Ha sido director adjunto del Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores (2010-2011), director adjunto del Centro Sefarad y responsable de las relaciones de España con las Organizaciones y Comunidades Judías (2011-2014), director adjunto del Centro Internacional Interreligioso y de Diálogo Cultural en Viena (2014-2021), secretario general adjunto de la Unión por el Mediterráneo (2022-2023) y jefe de gabinete del ministro de Cultura y compañero de promoción, Ernest Urtasun (2023-2024). Albacete ha batido todos los records diplomáticos al conseguir en su primer puesto en el extranjero la embajada en Venezuela, curiosamente coincidiendo con la condena del que fue embajador de ZP, Raúl Morodo, por recibir mordidas de Petróleos de Venezuela. El ministro Albares ha pretendido justificar su injustificable nombramiento -en el que Albacete ha superado a medio escalafón en un salto que ni Armand Duplantis-, afirmando que se trataba de un embajador de enorme experiencia en escenarios multilaterales y bilaterales, tanto en el exterior como en España. Como cabe apreciar por su biografía, tiene cero experiencia en Iberoamérica. Según “El Mundo”, el Gobierno ha recurrido a la diplomacia para mantener las relaciones con el chavismo y escogido a un embajador a la medida de Maduro por su cercanía a ZP, y ha permitido a sus socios de Sumar materializar el sueño húmedo de Pablo Iglesias y demás podemitas pata negra de lograr la guinda en la tarta bolivariana. El Parlamento Europeo y países como Estados Unidos, Italia, Argentina y Ecuador han reconocido la victoria de González, pero Sánchez se niega a hacerlo. El momento decisivo se acerca porque el 10 de enero deberá producirse la toma de posesión el presidente de la República. Maduro está determinado a ser ungido como tal, a pesar de haber sido ampliamente derrotado en las urnas, y está recurriendo al uso de la fuerza para conseguirlo. González también se muestra dispuesto a regresar a Caracas para ser investido presidente, pese al riesgo de ser detenido y encarcelado por el sátrapa caribeño. La Comunidad Internacional no puede lavarse las manos como hizo en 2019 y debe presionar al máximo para que Maduro acepte su derrota y permita la investidura del presidente que ganó las elecciones y el regreso a un régimen democrático. Conclusiones Volviendo al tema de Delcy, las muchas incógnitas acerca de su revoloteo sobre Barajas podrían ser desveladas si Aldama ampliara ante el Tribunal Supremo información sobre lo que ocurrió aquel misterioso día o Ábalos decidiera contar alguna verdad sobre el caso. Según Joaquín Manso, con la recepción de Delcy, el Gobierno sometió a subasta espuria la posición del Estado hacia Venezuela, como demostró Sánchez al negarse a recibir a Guaidó dos días después de la no-visita de Delcy, y hace ahora al no reconocer a González como presidente electo de la Republica. Sigue habiendo muchos puntos obscuro s sobre la presencia de Delcy en Madrid acerca de la que Sánchez y todo su Gobierno han mentido a discreción, incluso en sede parlamentaria, y se han negado a dar una explicación plausible de lo ocurrido. ¿Por qué se invitó oficialmente España a la vicepresidenta venezolana cuando tenía prohibida su entrada en territorio Schengen? ¿quién dio la orden de que se prohibiera a Delcy bajar del avión? ¿qué contenían las numerosas maletas que portaba la vicepresidenta? ¿dónde fue a parar su contenido? ¿por qué no se han publicado las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto? ¿qué hacías Aldama en la pista de la terminal 2 y en qué concepto acompañó a Ábalos al interior del avión?.... Creo que alguien debería dar respuesta a estas y otras preguntas sobre un suceso en el que podrían haberse cometido diversos delitos. En su investigación sobre el caso Koldo/Ábalos, el Tribunal Supremo debería investigar el “Delcygate”, quizás abriendo una pieza separada sobre el caso para no complicar aún más la compleja situación. Los ciudadanos españoles merecen una explicación. Madrid; 4 de diciembre de 2024

La Fiscalía General del Estado filtra datos confidenciales de un contribuyente por motivaciones políticas

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO FILTRA DATOS CONFIDENCIALES DE UN CONTRIBUYENTE POR MOTIVACIONES POLÍTICAS La frágil barquichuela del Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido en los últimos días el impacto de un par de torpedos por debajo de su línea de flotación: la declaración ante la Audiencia Nacional del comisionista Víctor de Aldama, en la que se ha autoinculpado , a la par que revelaba casos de corrupción de miembros del Gobierno y personalidades del PSOE, y el primer informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ,en el que culpa a la Fiscalía General del Estado, y en especial a su jefe, Álvaro García Ortiz (AGO), de las filtraciones a los medios de comunicación de datos confidenciales del ciudadano Alberto González Amador. Bombazos de Aldama y negativa del Gobierno y del PSOE a darle credibilidad Aldama se encontraba en prisión provisional acusado de fraude a la Hacienda Pública en el IVA de unos contratos sobre hidrocarburos y solicitó declarar de forma voluntaria ante el Juzgado n° 2 de la Audiencia Nacional, que está instruyendo el “caso Koldo/Ábalos”. Aldama -al que ha la UCO describe como el ”nexo corrupto” de varias operaciones- está implicado de forma destacada en el fraude de los hidrocarburos, en los casos de corrupción por la venta de material sanitario durante la pandemia, en el rescate de “Air Europa” y en el “Delcygate” y las relaciones con Venezuela. Aldama ha afirmado ante el titular del Juzgado número 2, Ismael Moreno, y el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, que pagó €250.000 a Ábalos y €100.000 a Koldo, €25.000 al jefe del gabinete de la vicepresidenta Montero, Carlos Moreno, y €15.000 al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Señaló que había celebrado seis reuniones con la vicepresidenta Teresa Rivera y otras con la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, para explorar las vías de negocio en zonas rurales poco habitadas y acotar un circuito de “pueblos temáticos” para proporcionarles mano de obra. Aldama involucró en su declaración a ministros como María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa y Ángel Víctor Torres, por lo que éstos se sumaron a una querella del PSOE por injurias y calumnias en nombre de Sánchez, Gómez, Cerdán y Moreno, por tratarse de manifestaciones” premeditadas, torticeras y efectuadas con fines absolutamente espurios y evidente finalidad política”. Respecto a la afirmación de Sánchez de que nunca había cambiado una palabra con Aldama y que la foto de los dos publicada en “El Mundo” era uno de los muchos ”selfies” que se hacía con desconocidos en los mítines del partido, Aldama precisó que había sido invitado al mitin en el que se presentó la candidatura de Pepu Hernández a la alcaldía de Madrid, porque Sánchez quería conocerlo personalmente para darle las gracias por lo que había hecho en Méjico en favor de empresas españolas -a las que se concedió la construcción del “Tren Maya”. La foto fue hecha por Koldo después de la reunión en los camerinos del Teatro de La Latina, que era zona reservada. Sánchez ha quitado importancia y credibilidad a las declaraciones del “personaje”, un delincuente que estaba en prisión preventiva y había salido de la cárcel para testificar, por lo que no le concedía el mínimo crédito, pues se trataba de una “inventada", de una serie de mentiras para mejorar su situación procesal. Sus ministros siguieron fielmente este argumentario y Félix Bolaños lo calificó de “agente de la T.I.A.” y Oscar López comentó que se creía James Bond, pero se parecía más al ”pequeño Nicolás”. El coro papagayónico se sumó disciplinadamente a la consigna monclovita, pero el tiro le ha salido por la culata, ya que el pequeño Nicolás y Aldama se parecen como un huevo y una castaña. Como ha observado Carlos Alsina, el primero no viajó a Méjico en una delegación oficial, no compró a altos funcionarios con millones de euros, no tenía en su nómina a un comandante de la Guardia Civil, no fue distinguido con la más alta condecoración a civiles de la Benemérita, no pagó el alquiler del piso de la amiga de un ministro, nunca estuvo en Barajas para recibir a la vicepresidenta de Venezuela, no actuó como embajador y mediador entre el Gobierno español y Delcy, y no distribuyó entre sus clientes teléfonos encriptados facilitados por la policía para poder comunicarse con tranquilidad. Según Joaquín Manso, la bomba de Aldama tenía más apariencia de veracidad que las palabras de Sánchez, ya que “nadie está en todas partes si no tiene una llave que le abra todas las puertas”. La credibilidad la dan los hechos y no las palabras, y Aldana se movía en Méjico, Venezuela o la propia España como un eficaz plenipotenciario del Gobierno español. En un sondeo encargado por ”El Español”, 63% de los encuestados consideraba más creíble a Aldama que a Sánchez. En cualquier caso, no era el Gobierno quién debería dirimir sobre la credibilidad del comisionista, sino los Tribunales, y tanto el fiscal Pastor como el juez Pedraz, han considerado creíbles sus afirmaciones y decidieron su liberación inmediata. En su decisión de colaborar con la Justicia, aunque ello suponga su autoinculpación, ha influido sin duda el criterio de su abogado, José Antonio Choclán -antiguo juez de la Audiencia Nacional-, pero también el temor por su vida, dado que recibió una advertencia cuando su coche blindado fue tiroteado y la amenaza en la cárcel de un preso que le dijo que lo iba a “chutar” si tiraba de la lengua. Por el momento, ha conseguido salir de la prisión de Soto del Real en horas 24. Resultan poco creíbles las descalificaciones del Gobierno y sus aliados a las declaraciones de Aldama, en base a que, al ser es un delincuente, no era de fiar. El declarante no es un delincuente, porque aún no ha sido condenado por nada y -pese a lo que crea Sánchez- no existe una presunción de culpabilidad, sino de inocencia, aunque el presidente haya sido fautor de leyes - como las de LGTBI o del “Sí es Sí”- en las que se ha invertido la carga de la prueba y el acusador no tiene que probar la culpabilidad del acusado, sino que será éste quien deba probar su inocencia. El Gobierno tiene una doble vara de medir, pues concedió credibilidad a las declaraciones de Amedo, Villarejo o Bárcenas -pese a estar condenados- porque le favorecían sus testimonios, pero se la niega a Aldama -que no está condenado- porque le perjudican. El 29 de octubre, el Gobierno concedió el indulto al ex-concejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia permitió que se incoara el caso Gürtel y -según Bolaños- fue la clave fundamental para destapar el mayor caso de corrupción en la democracia española -se ha olvidado del caso de los ERE-. El ministro declaró ufano que el indulto ponía de manifiesto que el Gobierno amparaba, reconocía y apoyaba a las personas que colaboraran con la Justicia. Por mor de la coherencia, cabe esperar que el Gobierno ampare a Aldama, que no debe ser tan fiero como lo pintan, cuando el ministro del Interior le concedió en 2022 la Orden de Mérito de la Guardia Civil. El coronel Francisco José Vázquez, jefe de la Unidad Central Especial-2, lo elogio al decir que se sentía casi un guardia civil, destacó sus grandes valores y su tributo a los intereses de España, y señaló que necesitaban personas como él que, de manera desinteresada, aportaran pequeñas cosas que solucionaban problemas que no podían resolver. Los socialistas han alegado que lo declarado por Aldama era una sarta de mentiras sobre los que no había aportado prueba alguna. Tras salir de la cárcel, el declarante manifestó a los periodistas que podía probar todo lo que había afirmado y comentó que, si Sánchez quería pruebas, las tendría. Calificó al presidente de mitómano y de paciente de Alzheimer, porque olvidó que lo conocía, y precisó que estaba al tanto de todo lo que ocurría, porque era uña y carne con Ábalos, con el que hablaba varias veces al día y continuamente lo consultaba. Deberá entregar las pruebas de las que dice disponer en próximas declaraciones y las espadas siguen en alto. Filtraciones de la Fiscalía General del Estado de datos confidenciales de un particular Se acaba de publicar el primer informe de la UCO tras haber examinado sus expertos los teléfonos de la fiscal-jefe de la Audiencia de Madrid, Pilar Rodríguez, en el que ha destacado la “participación preeminente” de AGO en las filtraciones a los medios de comunicación de datos confidenciales del o informado los medios de comunicación. Todo empezó cuando el 22 de enero de 2024 la AEAT elaboró un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, de la que es propietario González, en el que indicaba que había indicios de que se habían cometido delitos de fraude contra la Hacienda Pública y de falsificación documental en el impuesto sobre sociedades en 2020 y 2021. Al día siguiente, la Fiscalía de Madrid inició diligencias de investigación penal y nombró fiscal del caso a Julián Salto. Los sucesos más relevantes se produjeron en el mes de marzo. -Día 5: Se presentó una denuncia contra Maxwell Cremona y contra González. -Día 8: Rodríguez envió al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe -a petición de éste-, el expediente sobre la denuncia a González. -Dia 12: Se produjo una primera filtración al digital “Diario.es”, que, a las 6.00 publicó, que González había defraudado €350.591 y reproducía algunos pasajes de la denuncia. A las 8.50, Salto le envíó la denuncia al abogado de González para facilitar la defensa. Indicaba que “aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo entienden posible”. Esto revelaba que la Defensa y la Fiscalía habían discutido un posible acuerdo tras el envío el 2 de febrero de un correo por el que González reconocía la comisión de sendos delitos de fraude y se comprometía a abonar lo defraudado. Lo más llamativo era que el periódico tuvo conocimiento de la denuncia antes que su destinatario. La fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Ana García León, habló por teléfono con Rodríguez, quien le comentó el gran enfado de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, por la filtración y la publicación de “lo del novio de Ayuso”. Hasta entonces nadie había reparado en este hecho hasta que alguien -según "La Razón” un periodista- informó a la Fiscalía y levantó la liebre, porque alguien en la Fiscalía General o en La Moncloa pensó que esta circunstancia podría ser utilizada para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien, por cierto, había iniciado su relación con González con posterioridad a la realización de los fraudes supuestamente cometidos por su pareja. -Día 13: A las 21.30, “El Mundo” publicó que el fiscal Salto había propuesto al abogado de González un pacto para que éste aceptara la comisión de dos delitos notarios y el pago de lo defraudado para evitar el juicio. Cinco minutos más tarde AGO pidió a Rodríguez que le enviara con urgencia el expediente de González y, cuando ésta le preguntó que a dónde debería enviárselo, respondió que a su correo particular. A las 21.39, Rodríguez llamó por teléfono a Salto -que estaba asistiendo un partido de fútbol- para ordenarle que le enviara de inmediato los correos intercambiados entre su Fiscalía y la defensa de González, cosa que el fiscal hizo a las 21.59, y Rodríguez reexpidió los textos a AGO. A las 22.49, la fiscal decana, Virna Alonso, informó a su jefe y a Rodríguez de que “el correo es tal cual se ha reflejado periódico y es impecable en su contenido”, si bien fue la defensa la primera en proponer el pacto de conformidad. AGO le dio las gracias y Rodríguez comentó que daban ganas de “incorporar un poco de cianuro”. El fiscal general estaba obsesionado con dejar bien claro que la petición del acuerdo había sido realizada por el letrado de González, pese a que ello no tenía ninguna relevancia procesal, dado que lo importante era que el fiscal Salto se había mostrado propicio a llegar a un acuerdo y evitar la judicialización del caso. A las 23.51, la Cadena SER publicó en su web el contenido de los correos en cuestión e informó que la Fiscalía estaba preparando una nota de prensa para aclarar que fue la defensa de González quien buscó cerrar la conformidad. ¿Cómo lo sabía?, pues porque se produjo una segunda filtración. Entre las 21.59 y las 23.51 hubo un número muy reducido de personas que tuvieron acceso a dichos correos: AGO, Alonso, Rodríguez, Salto y Lastra, y algún otro al que el fiscal general pudiera habérselos mostrado. De ahí que -utilizando la terminología de Francisco Rojas Zorrillla- “entre bobos andaba el juego”. Pero el mayor bobo jurídico de España, AGO, fue el que impartió de forma directa las órdenes para llevar a cabo la réplica a la información publicada en “El Mundo”, por lo que es el principal responsable. Todos los implicaos estuvieron hasta altas horas de la noche consultándose para elaborar la citada nota de prensa. -Dia 14: A la 1.25, “Diario.es” reprodujo algunos pasajes contenidos en los correos y, a las 7.14, “El País“ informó de que la pareja de Ayuso había admitido ante la Fiscalía la comisión de dos delitos tributarios, cosa que la presidenta había desmentido. AGO trató de que se publicara cuanto antes la nota de prensa elaborada en la Fiscalía General, pero, escondiendo la mano tras tirar la piedra, pretendía que fuera hecha pública por la Oficina de Prensa de la Fiscalía de Madrid, como si fuera cosa suya. El jefe de la Oficina, Íñigo Corral se negó a hacerlo tras consultar con su superiora la fiscal superior de Madrid, Lastra, a la que AGO telefoneó varias veces, pero no se puso el teléfono porque estimaba que la difusión de esa nota no era legal. El fiscal general le mandó un correo en el que decía que la nota era correcta y que había que sacarla porque, si se tardaba en hacerlo, supondría que relato no era cierto y parecería que los compañeros no habían hecho bien su trabajo. Era imperativa su publicación porque, si se dejaba pasar el momento, “nos van a ganar el relato”. ¿Desde cuándo es misión de la Fiscalía General apoyar los relatos del Gobierno? Ante la firme oposición de Lastra, AGO decidió a las 10.20 enviar la nota a los medios de comunicación desde la Fiscalía General. Las furias filtradoras pasaron en paralelo a la presidencia del Gobierno, que echó su cuarto a espadas contra la odiada presidenta de la Comunidad de Madrid. A las 8.00, Pilar Sánchez Acera -jefa del Gabinete de Óscar López, a la sazón jefe de gabinete Sánchez- le envió al secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, los textos de los correos para que pudiera utilizarlos contra Ayuso en la sesión de la Asamblea de Madrid. Lobato -que es técnico de Hacienda- estimó que la publicación de esos textos podía ser ilegal y se negó a utilizarlos. Sánchez-Acera aseguró que ya habían sido publicados en los medios de comunicación, y efectivamente “El Plural” había publicado a las 9.06 los textos literales de los correos intercambiados. Adivina adivinanza. ¿quién filtró los correos a la directora del digital, Angélica Rubio, antigua jefa de prensa de Rodríguez Zapatero, quien -en agradecimiento a los servicios prestados a la causa- ha sido recompensada con una apetitosa poltrona en el Consejo de RTVE? Confortado con la publicación de los correos, Lobato acometió con ellos a Ayuso, y tuvo la desfachatez de pedir su dimisión por los presuntos delitos cometidos por su novio cuando aun no lo era. Rodríguez estaba bastante inquieta por si le podían llegar los efectos del cianuro y en un intercambio de mensajes con Alonso a las 20.17 le comentó que no le gustaba el panorama y que alguna Asociación de Fiscales podría ponerla en solfa ante el Consejo Fiscal. En efecto, a las 20.43, remitió a Alonso el comunicado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, en el que se denunciaba la publicación de los correos. -Día 20: González presentó una querella contra AGO, y contra Rodríguez y Salto por la revelación de datos confidenciales que le afectaban adversamente. Igual hizo el Colegio de Abogados en Madrid, por estimar que la actuación de los fiscales era ilegal y perjudicaba a la defensa de un particular. El juez José Goyena admitió a trámite las demandas contra los fiscales, pero se abstuvo de decidir sobre la que afectaba a AGO, que estaba aforado, por lo que remitió la querella al Tribunal Supremo (TS). Hay que pasar al mes de octubre. El día 16, la Sala Segunda de lo Penal del TS decidió por unanimidad investigar a AGO por la posible comisión de un delito de revelación de secretos, al apreciar indicios de lesividad que perturbaban el derecho a la defensa de un particular que se enfrentaba a un proceso judicial y perjudicaban su derecho a la presunción de inocencia. El Tribunal decidió investigar también a Rodríguez, pese a no estar aforada, dada la inescindible conexión entre las actuaciones de los dos fiscales. El magistrado Ángel Hurtado fue nombrado instructor del caso. Pese a la gravedad de su imputación, AGO se negado a dimitir, porque ni él ni su entorno habían filtrado documentos secretos. Ha declarado sin pudor que eso era lo menos grave y más prudente para la institución y que, con ello, reforzaba la independencia de la Fiscalía. Lanzó al aire chulescamente una amenaza y un aviso a navegantes, porque los fiscales manejaban mucha información y material muy sensible, y aseguró que “si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra para insinuar y para filtrar”. Bien al contrario, la mayoritaria Asociación de Fiscales manifestó que mantenerse en el cargo solo podía interpretarse cómo “una voluntad de mantener el control de la institución en su propio interés y no en el de la Fiscalía”, por lo que era inevitable su dimisión o su destitución. El Gobierno salió en tropel para apoyar incondicionalmente a quien considera uno más de sus miembros, lo que ponía de manifiesto la falta de respeto a la autonomía de la Fiscalía General. Sánchez, afirmó que AGO había cumplido con su deber de denunciar a un delincuente confeso, desmentir bulos y combatir la desinformación. Ninguno de estos tres supuestos son correctos: a) González no puede ser calificado de delincuente mientras no haya sido condenado por un juez y goza de la presunción de inocencia; b) en ninguna norma se establece que una misión de los fiscales sea combatir la desinformación, para lo que el Gobierno dispone de otros medios; c) tampoco es su misión desmentir bulos y, aunque lo fuera, la noticia publicada por “El Mundo” no era un bulo, y, a lo sumo, podía considerarse una información incompleta, ya que la iniciativa había partido de la defensa y no de la Fiscalía, pero lo esencial de la noticia era que ambas partes estaban negociando un acuerdo de conformidad. La Fiscalía General debería haberse limitado en su nota aclarar este hecho, pero en ningún caso estaba autorizado a cometer un delito para hacerlo. En su crasa ignorancia jurídica, el presidente ignora que la Constitución establece claramente cuál es la misión de la Fiscalía: “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, y del interés público tutelado por la ley[…], así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. El Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones con sujeción a los principios de legalidad y de imparcialidad -artículo 124-. Difícilmente podrá respetar el principio de legalidad si actúa tan abiertamente en contra de la ley, y menos aún el de imparcialidad al pronunciarse sobre su punible actuación. Es obvio que AGO solo está interesado en salvar su pellejo y que le importa un comino el interés general de España. El 30 de octubre, el instructor Hurtado tomó la excepcional decisión de que los agentes de la UCO registrarán el despacho oficial de AGO y se apoderara los datos incluidos en sus teléfonos móviles y en sus sistemas informáticos, especialmente durante el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo. Dando prueba de su falta de imparcialidad, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, recurrió esa decisión, que fue confirmada por la Sala. La UCO ha presentado su primer informe tras haber revisado el contenido de los teléfonos y sistemas telemáticos de la fiscal Rodríguez y ha solicitado -y obtenido- la autorización del TS para inspeccionar el material recogido en los medios telefónicos e informáticos del fiscal general. El segundo informe de la unidad aportará sin duda elementos probatorios de la mala praxis de AGO. Un efecto colateral ha afectado a Lobato, quien -tras conocer la incautación de los sistemas telefónicos e informáticos de AGO, acudió raudo a una notaría para obtener un acta de constancia de los correos intercambiados con su colega Sánchez-Acera, para librarse de una posible imputación por revelación de secretos. El sanchismo se ha lanzado con uñas y dientes contra él, al que ha calificado de traidor al PSOE, y -si bien al principio se enfrentó a su partido y declaró que no dimitiría-, la presión ha sido tal que, al final, ha presentado su dimisión como secretario general del PSOE de Madrid. La imputación del fiscal general del Estado es un hecho gravísimo sin precedentes. Aunque acepte la presunción de inocencia, creo que AGO ha violado el artículo 417 del Código Penal, que establece que comete delito de revelación de secretos “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”. También podría haber cometido un delito contra la intimidad previsto el artículo 197, que condena a quienes “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos”. Podría haber incurrido en la prevaricación prevista en el artículo 404, que sanciona a la autoridad o funcionario público que, “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Según “El Mundo”, la Fiscalía General es un pilar del Estado de Derecho y su máximo representante no puede utilizar su posición ni la información confidencial a la que tiene acceso para, vulnerando los derechos básicos de un particular, atacar a un adversario del Gobierno. El demoledor informe de la UCO “es un fresco crudo e intimidante de cómo puede llegar a conducirse un cargo público clave en toda democracia cuando el servilismo lo ciega”

Responsabilidades antes, durante y después de la DANA

RESPONSABILIDADES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA DANA El pasado día 15, el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, compareció ante el Parlamento valenciano para explicar lo ocurrido el 29 de octubre en el que una poderosa DANA cayó sobre la zona sur de Valencia, se desbordó el barranco del Poyo, inundó varias poblados y causó la muerte de 121 personas. Fue una comparecencia tardía y una exposición incompleta, pero al menos Mazón ofreció explicaciones a los diputados -por insatisfactorias que puedan parecer-, admitió que se cometieron errores y pidió disculpas por ellos. Otros responsables -Pedro Sánchez, Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles-no han dado aún la cara, ni justificado su actuación. La principal responsable, Ribera, ha estado desaparecida en combate y no comparecerá ante las Cortes hasta el día 20. Los partidos de la oposición y varios miembros del Gobierno han pedido la dimisión inmediata de Mazón, pero el presidente se ha negado a ello y afirmado que centraría sus esfuerzos en realizar la urgente e imprescindible tarea de restablecer la situación de los pueblos devastados. Según Daniel Jiménez Torres, si se cree que el manejo de la crisis por Mazón fue nefasto ¿por qué no tomó Sánchez las riendas? y, si se cree que debía haberlas tomado , ¿por qué no se lo pidió Mazón? Para Joaquín Manso, si clara es la responsabilidad de la Generalitat, igualmente debería estarlo la del Gobierno central por su dejación de funciones. El portavoz de Vox, José María Llanos, ha señalado a los dos grandes responsables del desastre, con un a distinción significativa entre la incompetencia del Gobierno autonómico y la negligencia criminal del Ejecutivo sanchista. A juicio de Rosa Díez, ante una catástrofe natural, unos no supieron actuar y se llama incompetencia; ante una catástrofe humanitaria, otros decidieron no intervenir y se llama denegación de auxilio. Lo primero exige responsabilidades políticas y lo segundo que se aplique el Código Penal. Antonio Caño ha observado que, a la incompetencia y la incapacidad del Gobierno local, se ha sumado la indiferencia y el cálculo político del Gobierno nacional, que es el máximo responsable ante una catástrofe de tal entidad. Mas -como ha señalado Sociedad Civil Valenciana- no ha llegado la hora de exigir dimisiones, sino de asumir responsabilidades, dar respuestas y estar al lado de los ciudadanos, mostrando voluntad para colaborar e la reconstrucción de sus pueblos y de sus vidas. Las responsabilidades son múltiples y se han generado tanto con anterioridad a la DANA, como durante la misma y con posterioridad a ella. Responsabilidades antes de la DANA Las inundaciones padecidas en la Comunidad Valenciana no son nada nuevo, puesto que se han producido otras similares e incluso superiores a lo largo de su Historia. Según el geólogo Enrique Ortega, en “Riadas, gotas frías y danas: breve recorrido por la desmesura y los despropósitos climáticos”-, entre 1321 y 2024 se han producido 27 grandes riadas en la región -una media de inundaciones cada 25 años-, sin que hubiera una relación con el aumento de las temperaturas, ya que se produjeron tanto en épocas de calentamiento como de enfriamiento de la tierra. En su libro “Climatología de España y Portugal”, Inocencio Font ha afirmado que, desde tiempos inmemoriales, el litoral Mediterráneo se ha visto sometido a los efectos desastrosos de grandes y repentinas riadas e inundaciones causadas por lluvias torrenciales. Esto pone de manifiesto que las autoridades no han sido capaces de tomar las medidas preventivas oportunas para hacer frente debidamente a estas hecatombes. En pocas ocasiones se han tomado medidas eficaces, como las que se adoptaron tras las graves inundaciones de Valencia causadas por el desbordamiento del río Turia en 1957, tras la cual el Gobierno de Franco desplazó el cauce del río del centro de la ciudad y lo trasladó a su periferia, donde fue debidamente encauzado. En 2004, el Gobierno de José María Aznar elaboró un Plan Hidrológico Nacional dotado con €235.000 millones, que preveía la interconexión de todas las cuencas hídricas. En la Comunidad Valenciana se preveía la construcción de una presa en Cheste y la limpieza y encauzamiento del arroyo del Poyo, para impedir que se inundaran 16 pueblos aguas abajo, tales como Catarroja, Torrent, Paimporta o Picaña. Los nacionalistas catalanes pusieron el grito en el cielo porque el Ebro era suyo y los izquierdistas criticaron el proyecto porque las presas eran artilugios franquistas, pasando por alto estos ignorantes sectarios que el Plan hidráulico que llevó a cabo el Gobierno de Franco había sido elaborado durante la II República por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo. Desde 1939, el Gobierno contó con un Ministerio de Obras Públicas y una Dirección General de Obras Hidráulicas, que construyeron muchos embalses y azudes e hicieron de España un referente mundial en la materia. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió al Gobierno, cambió el nombre por el de Ministerio para la Transición Ecológica (MTE), lo que implicaba una carga ideológica; ya que se enfrentaba el bien de la ecología y el medio ambiente con el mal del hormigón de las obras hidráulicas. ZP derogó el Plan, que estaba financiado por la UE, y suspendió las obras. Se impuso el dogma de que era nocivo construir presas y limpiar los cauces de los ríos para que éstos pudieran fluir libremente, de acuerdo con el principio de “mínima intervención”, y respetar “los valores medioambientales y plurales del dominio público”. Durante el mandato de Ribera se han destruido más de 250 embalses y azudes. La conservación de la naturaleza está para los seudo ecologistas por encima de la del ser humano. En 1985 se adoptó el Plan General de Defensa contra las Avenidas del Júcar y en 1987 se declaró la urgencia de su ejecución, pero 30 años más tarde solo se ha realizado la construcción dela presa de Terrateig, el encauzamiento de la rambla Gallinera y la reparación del estribo izquierdo de la presa de Forata, lo que ha sido providencial para que no reventara el embalse. En 2016, la Generalitat adoptó el Plan Conjunto para la Conservación de Cauces y Barrancos, con el fin de “prevenir e impedir incendios e inundaciones”, pero las labores previstas tampoco se han llevado a cabo. En 2018, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, propició la Ley de Protección de la Huerta, que impuso dificultades adicionales para el mantenimiento y limpieza de las ramblas. En 2021, el MTE rechazó la limpieza de los cursos de agua y optó por dejarlos como estaban para no forzar la sabia naturaleza, en base a una nueva visión del coste-beneficio. La ausencia de mantenimiento en el barranco del Poyo ha sido la principal causa de los inmensos daños causados en los pueblos que atravesaba, porque un cauce sucio reduce la velocidad del flujo y aumenta la altura de la columna de agua. La responsabilidad por no haber adoptado las medidas de prevención recae en el Gobierno de la Nación y, en menor grado, en el Gobierno de la Comunidad. Las carencias de las administraciones han permitido que se cumpliera la “crónica de un desastre anunciado”. Responsabilidades durante la DANA Ni el Gobierno autonómico ni el nacional han estado a la altura de sus responsabilidades, aunque uno más que otro, y ahora ambos cruzan sus invectivas para señalar quién ha sido el culpable. La cronología de los acontecimientos fue la siguiente: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dio una alerta roja por fuertes lluvias a las 7.36 h. del 29 de octubre, y señaló que la alarma se levantaría a las 18 h., y a las 11.06 h. mandó un correo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para informarle que el caudal en la rambla del Poyo era de 284 metros cúbicos. A las 12.20 h, el Centro envío una alerta hidrológica a los municipios ribereños del barranco para que activaran medidas preventivas y a las 12.45 h. a los ribereños del río Magro, para recomendar a los vecinos que no se acercaran a las rieras. A las 13 h, Mazón declaró a los medios de comunicación que el temporal se desplazaba hacia la serranía de Cuenca. A las 13.42 h, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó que el caudal había descendido a los 120 m. y, a las 15.04 h, a 53 m., aunque no desactivó la alarma. La Agencia Meteorológica Francesa apreció un caudal de 400 m. y un riesgo extremo para las personas. A las 14 h. la consejera de Interior, Salomé Pradas, pidió a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el envío de la UME a Utiel, y a las 14.23 h. recomendó por twitter mucha precaución a los vecinos de los municipios por los que discurrían el río Magro o el barranco del Poyo. A las 14 h. Bernabé hizo un llamamiento a la tranquilidad a través de un comunicado de la agencia Europa Press, y aseguró que todos los efectivos estaban coordinados. A las 15 h. la Generalitat subió la alerta al nivel 2 y Mazón se fue a almorzar con la periodista Maribel Vilaplana. A las 17 h, se reunió el Centro de Coordinación- Operativa Integrado(CECOPI) bajo la presidencia de Pradas. A las 18:33 h. Paiporta ya había sido anegada y a las 18:45 h. –dos horas y media después de su última comunicación- la CHJ informó mediante un correo que el barranco llevaba un caudal de 1.686 m. -cuatro veces el caudal del río Ebro-, pero no avisó del riesgo de desbordamiento, pese a que su presidente asistía a la reunión del CECOPI. Resulta llamativo que la CHJ informará con prontitud de la reducción del caudal del arroyo y tardará dos horas y media en hacerlo sobre su extraordinaria crecida A las 18.55 h. la CHJ informó sobre el incremento del caudal del río Magro y la posibilidad de que reventara la presa de Forata y de que se desbordara el barranco del Poyo. A las 19 h. Mazón se incorporó al CECOPI y 34 minutos más tarde la Generalitat elevó la alerta al nivel 2, pero no al 3. A las 19.43 h, Sánchez dio las primeras señales de vida al asegurar en twitter que seguía “de cerca” -¿desde la India?- y con preocupación las informaciones sobre las personas desaparecidas y los daños causados por la DANA. “Todos los servicios de emergencia y los efectivos de policía y guardia civil están desplegados ante el temporal”. A las 20 h, el Secretario de Estado, Hugo Morán, informó desde Cali que no se podía garantizar que no cediera la presa de Forata y, a las 20.12 h. el CECOPI envió un mensaje a los teléfonos móviles por el sistema ES-Alert -cuya existencia ignoraba Pradas-, cuando ya era demasiado tarde. Esta descripción de los hechos pone de manifiesto la incompetencia de la Generalitat y la inacción culposa -si no dolosa- del Gobierno central que no declaró la emergencia nacional. 1.-Incompetencia de la Generalitat: Mazón ha declarado que la información facilitada por la AEMET y la CHJ - organismos dependientes del MTE- fue “fragmentada, insuficiente y tardía”, y hubo un “apagón informativo” de 3 horas. También se produjo un ” apagón personal” del presidente de la Generalitat de 4 horas no suficientemente explicado. Si durante este tiempo Mazón no estuvo al corriente de los acontecimientos, malo; si lo estuvo y no hizo nada, peor. Mazón cometió dos graves errores: enviar demasiado tarde la alerta a la población -cuando en una catástrofe natural las primeras horas son cruciales-, y no pedir la declaración de emergencia nacional -pese a que se lo había sugerido Alberto Núñez Feijóo-, para no perder sus competencias de cabeza de ratón. Está políticamente achicharrado y es un lastre para el PP, pero, dado el panorama, no parece conveniente que dimita y debe centrase en las labores de reconstrucción de los pueblos desvastados y de reparación de daños a los ciudadanos damnificados. 2.-Inacción del Gobierno central ¿Dónde estaban los principales responsables del Gobierno central en el momento fatídico? Sánchez en Bombay, Ribera en Bruselas, Morán en Cali y Montero, Marlaska y Robles en la "luna de Valencia”. Sánchez estaba con la maharaní Begoña en Bollywood visitando los estudios cinematográficos Yash Ray Films. No estimó necesario interrumpir la visita turística, ni anular la posterior rueda de prensa en la que habló de cine, mientras en Valencia se estaba rodando una película de terror. Aún estuvo 8 horas más en la India antes de regresar a España en sus aeronaves particulares. Caño se ha preguntado sobre lo que hizo al llegar ¿Habló con Mazón para coordinar las acciones más urgentes? ¿Llamó a Feijóo para informarle de la situación y pedir la colaboración de su partido? ¿Preguntó a los líderes de otras Comunidades si estaban en condiciones de proveer auxilio instantáneo? ¿Convocó una conferencia telemática de presidentes autonómicos para coordinar las ayudas de cada cual? ¿Recabó la ayuda de otros países, de la UE o de la OTAN? ¿Declaró el estado de emergencia nacional?... No parece que hiciera nada de eso y se limitó a decir que “si necesitan más recursos, que los pidan”, frase reveladora de su irresponsabilidad, que le perseguirá toda su vida. Según Fernando del Pino, el relato oficial del Gobierno fue que no podía actuar si no se lo pedía la Generalitat, pero esto no es cierto, ya que podría haber intervenido desde el momento cero, de conformidad con la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé la intervención del Gobierno cuando las emergencias afecten a varias Comunidades Autónomas, o cuando, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional, aunque afectaran a una sola Comunidad (art.28). La declaración de emergencia de interés nacional corresponde al ministro del Interior, “bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas” (art.29). El Gobierno incumplió la Ley, incurrió en una omisión de socorro y vulneró el derecho a la protección de los ciudadanos en caso de catástrofe (art.5). Si Sánchez, Marlaska o Bernabé hubieran cumplido con su obligación, se podría haber activado de inmediato el Plan Estatal General de Protección Civil y se habría creado un mando unificado en el Comité Nacional de Coordinación. Como ha señalado García Margallo, ante la inoperancia de Mazón, Sánchez debería haber actuado, pero no lo hizo a propósito. ¿Por qué no lo hizo? En opiniones de Del Pino, Sánchez estimó que era mejor que las responsabilidades de gestionar semejante catástrofe recayeran en un Gobierno regional en manos del PP. El presidente siempre podría acudir más tarde al rescate y presentarse como el salvador. Decidió abandonar durante varios días a la población valenciana por priorizar el criterio político de dejar que Mazón se cociera en su propia salsa de incompetencia. Si querían ayuda que la pidieran. Para José Manuel Cansino, se han sucedido hitos lacerantes de gobernantes regionales atrapados en el error de minusvalorar la dimensión de la tragedia, mientras Sánchez se acomodaba en el compás de espera que se toma el fuego para calentar el agua en la que se está cociendo. La ministra para TE -principal responsable en hacer frente a la catástrofe- no estuvo , aunque sí se la esperaba. Estaba en Bruselas preparando su examen para entrar por la puerta grande en la Comisión Europea y no tenía tiempo para prestar atención a las minucias de unas inundaciones. Mostrando su egoísmo e irresponsabilidad, no recogió el acta de europarlamentaria desde la que debía hacer méritos para una vicepresidencia en la Comisión Europea. Optó por seguir siendo vicepresidenta del Gobierno, pero eludiendo al cumplimiento de sus funciones. Se limitó a intentar llamar por teléfono a Mazón y ha estado ausente como si la catástrofe se hubiera producido en Bangladesh. No se ha dignado pisar suelo valenciano para comprobar “in situ” las causas de la el hecatombe -provocada en buena medida por la inoperancia de su Departamento y de los organismos de él dependientes- y, solo ante el peligro de perder la poltrona europea, decidió comparecer en las Cortes el día 20 “après une aussi longue absence”. Responsabilidades después de la DANA La situación es catastrófica no solo por las pérdidas humanas, sino también por la inmensidad de los daños materiales y el elevado número de pueblos y personas afectados, por lo que urge tomar las medidas oportunas para reconstruir las zonas destruidas e indemnizar a los afectados, lo que solo puede hacer el Estado. Tras negarse a asumir responsabilidad alguna, Sánchez se presenta ahora como el rey Midas que -usando pólvora del Rey- tirará de chequera por conceder generosamente dádivas a los damnificados. Pero no se trata de un gesto filantrópico, sino de una obligación del Estado. En 2017, la Audiencia Nacional condenó a la Administración a indemnizar a un agricultor afectado por una riada porque la falta de mantenimiento en los cauces del río y la dejación de la Confederación Hidrográfica del Ebro fueron determinantes. El Tribunal afirmó que el Estado era responsable patrimonial de los daños causados por inundaciones, si se probaba que la falta de mantenimiento de los cauces del un río había sido el factor clave La Generalitat deberá colaborar con el Gobierno de la Nación para velar porque los fondos lleguen a sus destinatarios y tomar todas las medidas necesarias dentro de sus competencias para reparar los inmensos daños sufridos por la Comunidad. Felipe VI quería visitar las zonas asoladas por la DANA, pero el Gobierno central le desaconsejaba hacerlo. El Rey insistió y el 3 de noviembre visitó Paiporta, junto con la Reina, Sánchez y Mazón. La recepción no pudo ser menos acogedora pues unos ciudadanos que habían visto su pueblo arrasado y se sentían abandonados por las Administraciones Públicas, lanzaron bolas de barro y un palo de escoba contra la comitiva y profirieron insultos. Los Reyes, acompañador por Mazón, aguantaron gallardamente el chaparrón de los agraviados, escucharon sus justificadas quejas y dialogaron con ellos, mientras que Sánchez ponía pies en polvorosa. Para justificar su cobarde huida, Sánchez afirmó que había sido agredido por grupos organizados de ultraderecha, lo que era totalmente falso, como demostró la investigación policial. El reportaje de TVE fue lamentable y los medios afines culparon de provocación a los Reyes quienes no se han amilanado y han visitado Chiva, Utiel y Letur, donde han sido cordialmente acogidos por la población. Sánchez ha decidido jugar el papel de ”salvator populi” y protagoniza las comunicaciones para informar de las ayudas que ha acordado el Gobierno, presumiendo de que éste estaba a lo que debía estar -reconstruir y avanzar-, y ha anunciado una ayuda de €10.609 millones a personas y empresas de 78 municipios y, posteriormente, la adopción de 110 medidas por valor €3.765 millones, entre ayudas directas y créditos. Aunque son cifras importantes, están muy por debajo de los €34.000 millones reclamados por la Generalitat. Impulsado por su narcisismo, Sánchez ha pedido al pueblo español que -al igual que hizo durante la pandemia de aplaudir al personal sanitario- salga a cada día a los balcones para aplaudir el buen hacer de su Gobierno. Eludiendo la sesión de control del Congreso y menospreciando la XXIX Cumbre Iberoamericana de Cuenca (Ecuazdor), a la que debería haber asistido, Sánchez se trasladó a Bakú (Azerbaiyan), donde no se le había perdido gran cosa, para a participar como una estrella en la Conferencia de la ONU sobre Acción Climática, a la que no ha asistido ningún político importante. El Dr.pontificó al afirmar, en contra de la evidencia científica, que el cambio climático mataba, como se había puesto de manifiesto con la DANA de Valencia. Utilizó a las víctimas para defender su discurso político, pues fue la excusa del cambio climático precisamente la que impidió la aplicación de políticas que habrían evitado o disminuido la tragedia en la Comunidad Valenciana. Ribera, principal responsable de hacer frente a los estragos de la DANA -provocados en buena medida por la incuria de la AEMET y de la CHJ- se ha visto afectada muy a su pesar por los acontecimientos. Feijoó puso al PP Europeo al tanto de su inacción durante la catástrofe y el presidente del Grupo, Manfred Weber, ha sido sensible a su inquietud y los eurodiputados populares la pusieron en apuros durante el examen en el Parlamento Europeo de su candidatura a la vicepresidencia de la Comisión. El Parlamento ha aplazado la concesión del plácet hasta que Ribera dé explicaciones sobre su actuación en las Cortes y asuma el compromiso de dimitir en caso de que fuera imputada, -ya se han presentado cuatro querella contra ella ante el Tribunal Supremo- por presuntos delitos de homicidio imprudente y prevaricación por la gestión de la DANA. Los socialistas y sus aliados han condicionado su aprobación a la Comisión propuesta por Ursula von der Leyen a la concesión de la venia a Ribera para su vicepresidencia. El Gobierno se ha rasgado las vestiduras y acusado al PP de antipatriota por actuar contra los intereses de España, olvidando que el PSOE votó en 2014 contra de la candidatura de Arias Cañete, simplemente porque era del PP. Éste no se niega a apoyar a un candidato del PSOE, sino a esta candidata y tiene motivos fundados para ello, pues Ribera es una ecologista fundamentalista y una enemiga jurada de la energía nuclear, a la que ha condenado a su desaparición en España. Además, en el caso de la DANA valenciana, ha dado sobradas muestras de irresponsabilidad, de “dontancredismo” y de dejación de funciones. En su artículo “El fondo de la DANA” publicado en el “Diario de Sevilla”, Ramón Medina ha afirmado que en esta DANA ha fracasado la idea de identificar a España con un Estado plurinacional. Las supuestas naciones -que realmente son regiones como la Comunidad Valenciana- carecen de los recursos necesarios y de la capacidad de gobernanza para afrontar las crisis graves. Ni con la mejor previsión podría el Gobierno valenciano haber solventado la inundación. Eso no corrige su negligencia e imprevisión, pero tampoco otro Gobierno regional más competente habría podido actuar eficazmente, porque la región no tenía, ni tendrá, los recursos necesarios. En paralelo, el Gobierno central no ha declarado la emergencia nacional por mantener un concepto plurinacional de España, defendido por sus socios separatistas y de extrema izquierda, y que ha calado también en los socialistas. “Sin embargo, solo aceptando que España es una nación resulta factible asumir que las catástrofes graves que ocurran en alguna de sus regiones, o en varias a la vez, competen de entrada al Gobierno nacional. Así se habría actuado desde el primer momento con todos los recursos nacionales, en vez de esperar a que los pidieran”. Madrid, 19 de noviembre de 2024

Triunfo arrollador del populismo autocrático de Trump

TRIUNFO ARROLLADOR DEL POPULISMO AUTOCRÁTICO DE TRUMP El Partido Republicano o -para ser más preciso- el partido trumpista ha ganado de forma arrolladora las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump (DT) consiguió, en la misma noche del día electoral 292 compromisarios frente al los 224 de Kamala Harris, por lo que ha adquirido el rango de presidente electo. El Partido Republicano ha obtenido 53 senadores, frente a los 45 del Partido Demócrata y dos independientes, y ha conservado la mayoría en el Congreso, con lo que DT concentrará en sus manos todos los poderes, dado que el Tribunal Supremo -donde hay 6 magistrados conservadores y 3 progresistas- está a su disposición. Las encuestas -que predecían un empate técnico- se han equivocado y Trump ha ganado de calle las elecciones y podrá gobernar a su libre antojo, sin que le molesten los mecanismos de “check and balance” previstos por la Constitución norteamericana para evitar una excesiva concentración del poder. He estado una veintena de veces en Estados Unidos -nunca más de 2 meses consecutivos-, pero, si se acumulan todas mis estancias, equivaldrían a un destino de 2 años. La inmensa mayoría de este tiempo lo he pasado en Nueva York, lo más europeo que se despacha y bastante diferente de la América profunda. Allí siempre me he sentido en tierra extraña, como si estuviera en otro planeta. No me gustaba el “American way of living" y apenas compartía las opiniones del pueblo americano. Es un país de notorios contrastes donde alternan las cuotas más elevadas de democracia, con los hábitos de un país bananero, especialmente en el ámbito de la justicia. No comprendo la falta de regulación de la posesión y del uso de las armas -incluidas las de guerra- ni el mantenimiento de la pena de muerte, que hace de Estados Unidos uno de los países que más recurre a la pena capital, junto con Irán, Arabia Saudita y China. Tampoco entiendo el sistema electoral -especialmente para la designación del presidente de la Nación-, que hace posible que salga elegido un Jefe del Estado que haya obtenido menos votos que su adversario. Por ello, no me ha sorprendido que un delincuente como DT -que debería haber sido inhabilitado al ser condenado por la Justicia- haya ganado a pesar de su personalidad narcisista y autoritaria, y de su conducta arbitraria y prevaricadora. Trump, una persona deleznable y un político tóxico Como ha observado Andrés Trapiello, nadie parece discutir que DT es un hombre grosero, mentiroso, ególatra, insolente y macarrónico, un político sin escrúpulos, sin vergüenza y sin palabras, que ha mentido y miente sin hartarse -el “Washington Post” le ha contabilizado 29.508 mentiras durante su primer mandato-, pero a los 70 millones de americanos que lo han votado, todo eso le ha importado menos que la derrota de lo ”woke” y de los delirios identitario, a los que han respondido con otros delirios similares. Según Antonio Muñoz Molina, la paradoja de Estados Unidos es que no hay otro país que nos parezca más familiar, porque -desde que nacimos- nos alimentamos con sus imágenes y sus historias, y que, sin embargo, es en el fondo tan ajeno a nosotros, tan íntimamente extraño. La América profunda es un vago Tíbet hermético en el que permanece una teocracia de la Biblia, las armas de fuego, la raza humana, la carne roja y el voto al Partido Republicano, que se ha convertido en el aquelarre populista y apocalíptico que DT desató hace 10 años. Somos incapaces de comprender la atracción de un personaje así, con su vulgaridad de ricachón vocinglero, de un oligarca que es visto como un héroe de la clase trabajadora por muchas personas sometidas a la pobreza y despojados de cualquier forma de protección social. Un depredador sexual que compra el silencio de actrices pornográficas inspira un fervor religioso cercano a la idolatría en los cristianos evangélicos, obsesionados con el pecado y el infierno -su lema, “Dios es mi salvador y Trump mi presidente”-. Un machista grosero, que ha sido condenado por delitos de abusos sexuales provoca gritos entusiastas de las mujeres cuando aparece como una estrella de rock. Un racista confeso que califica de asesinos y violadores a los inmigrantes irregulares atrae un porcentaje sustantivo de votantes de origen asiático o latinoamericano, que recelan de los recién llegados por esa inclinación que tienen los explotados en rendir pleitesía a los explotadores, con la esperanza de dejar atrás a los que están peor que ellos. “La realidad americana es imposible de comprender por nosotros; un acceso de dimensiones monstruosas que revienta y lo afecta todo y un caldo de cultivo aislacionista, integrista y xenófobo, que ha existido siempre, pero que la hipocresía, la fortaleza institucional o el pudor reprimían”. Dios en persona lo votó aquel día de julio en que -según ha confesado el propio mártir- le salvó la vida para que hiciera al país grande de nuevo. Causas del triunfo de Trump y del descalabro de Harris Pese a todas las flores que se le han lanzado por su histórico triunfo, DT ha obtenido menos votos que en las elecciones de 2016, por lo que más que una victoria del candidato republicano -que sin duda lo ha sido- se ha tratado de una derrota de Harris y del Partido Demócrata. Las culpas han caído sobre ella. Joaquín Manso la ha calificado de “inane” y ha sido presentada injustamente como un arquetipo del “wokismo”, la pupila de Soros y la malvada Jezabel. Federico Jiménez Losantos ha dicho que es idéntica a Irene Montero. Sin embargo, y pese a las circunstancias, no ha hecho una mala campaña. Según Gina Montaner, en su único debate con DT, lo noqueó -hasta el extremo que éste se ha negado a tener otra enfrentamiento directo con ella-, la economía va razonablemente bien, el ingreso de inmigrantes por la frontera sur se ha reducido, y su discurso ha sido conciliador y centrista. En política exterior, se ha comprometido con los socios de la OTAN y de la UE, ha defendido a Ucrania y ha exigido a Israel que reconozca a un Estado palestino. Partía con los hándicaps de su falta de legitimidad al no haber sido seleccionada en primarias y de no haber dispuesto de tiempo suficiente para elaborar su política y, al renunciar a sus posiciones más izquierdistas y centrar su discurso, ha perdido credibilidad. Su fracaso no ha sido tanto de su persona, como del Partido Demócrata y de Biden, que es muy impopular pese a que no ha sido un mal presidente. El fracaso se ha debido al cambio de actitud de parte de su electorado tradicional -las minorías étnicas hispanas, afroamericanas y asiáticas, así como las mujeres-, cuyo apoyo el Partido Demócrata había dado imprudentemente por asegurado. El 53% de los varones y el 38% de las mujeres latinoamericanos han votado a DT, a pesar de sus insultos y su menosprecio. Un 15% de los afroamericanos lo han apoyado, 8 puntos más que en 2020, pese a ser Harris una mujer de color. La minoría árabe se ha inclinado por DT -42%- y ha castigado a Harris -36%- por su apoyo a Israel, cuando aquél ha ido mucho más allá que ésta en dicho apoyo -como demostró en su anterior mandato al trasladar la sede de la Embajada norteamericana de Tel-Aviv a Jerusalén y reconocer la soberanía israelita sobre toda esta ciudad y sobre los altos del Golán-, y dará vía libre a la actuación criminal de Netanyahu en Gaza y en el Líbano. En cuanto a las mujeres, no se ha producido un vuelco en favor de Harris como preveían las encuestas, y ésta solo ha conseguido un 53% de sus votos frente al 45% para Trump, que ha crecido un 14% en este sector a pesar de su flagrante misoginia. La causa de esta dislocación del voto tiene un origen económico. DT se ha apropiado del eslogan que tanto benefició a Bill Clinton de “Es la economía, estúpidos”, solo que en este caso la economía debería haber favorecido al Partido Demócrata en vez de al Republicano. Como ha señalado la Biblia del periodismo económico, “The Economist”, la situación de la economía en Estados Unidos es “de ensueño”, con pleno empleo y con mayor crecimiento económico -2.8%- que ninguna otra nación del G-7, por lo que es “la envidia económica del mundo”. Según Xavier Vidal-Folch, ha aumentado la riqueza global como nadie, mientras China capotaba y Europa tenía un crecimiento raquítico. Recreándose en sus infinitas mentiras, DT ha afirmado que Biden y Harris han dejado la economía estadounidense en la peor situación de su Historia, lo cual es falso. Trump dejó el paro al final de su mandato en el 6.3% y el desempleo subió como consecuencia de la pandemia hasta el 14.9%, pero el Gobierno demócrata ha conseguido bajarlo al 4.1%. El empleo ha aumentado un 12% y el salario medio un 19%. Existe, sin embargo, el borrón provocado por la inflación, que se ha comido casi una cuarta parte del poder adquisitivo de los ciudadanos a causa del crecimiento del precio de los alimentos, que han subido un 31.7% en los últimos años, y muchos ciudadanos han culpado de ello al Gobierno saliente, ignorando que es un problema global causado por razones ajenas al Gobierno estadounidense, como han sido la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania. La inflación llegó a crecer hasta el 9.9%, pero el Gobierno de Biden ha logrado bajarla hasta el 2.4%. DT ha tenido la habilidad de plantear a los electores una pregunta falaz: “¿Estás económicamente mejor o peor que hace 4 años? Según Rafa Latorre, ante la obvia respuesta, Trump solo tuvo que poner a desfilar a los culpables ideales para convencer al ciudadano de que una ensimismada élite metropolitana lo trataba como a una basura. Subido a la cresta de la ola, ha prometido que hará volver la situación al “statu quo” anterior a la pandemia, y muchos norteamericanos le han creído y por eso lo han votado. La política anunciada por DT va en sentido contrario a lo prometido, pues al poner elevados aranceles -65% a México, 60% a China y 20% al resto de países- éstos adoptarán medidas de represalia, con lo que aumentarán los precios tanto de los productos importados como de los exportados, y se producirá una guerra comercial. Si a ello se suma la reducción de impuestos a las rentas más altas y a las empresas, aumentará la inflación hasta extenderse a entre el 6 y el 9%, con el consiguiente aumento de los precios. 27 premios Nobel han escrito una carta a Trump en la que le advierten que, si lleva a cabo esta política, subirán la inflación y los precios, aumentará el déficit y se producirán mayores desigualdades. Según el Instituto Peterson, la guerra comercial provocará una pérdida de $2.600 anuales a una familia de tipo medio, y -según la Universidad de Pensilvania- la reducción de impuestos supondrá un déficit presupuestario de $5.1 trillones entre 2025 y 2034. Incidencias en la política interior Además de la política arancelaria y fiscal mencionada, DT persigue los objetivos de controlar por completo la Administración con sus fieles y expulsar a los inmigrantes irregulares. Pese a tener mayoría en las dos Cámaras, prefiere gobernar por medio de órdenes ejecutivas y a golpe de tweet. Ha prometido desmantelar el Estado profundo y acabar con la corrupción de Washington. Para ello, recuperará una fórmula del "Schedule F.” que estableció a finales de 2020 y que no llegó a poner en práctica al perder las elecciones. Por ella se creaba una nueva categoría de funcionarios designados a dedo, que se convertirían en cargos políticos de confianza, y se pasaría de los 4.000 funcionarios actuales a 30.000, con lo que conseguiría la politización de la Administración y su absoluto control. Pretende sacar de Washington D.F. a la gran cantidad de burócratas federales y diseminarlos por Estados federados controlados por patriotas. Esta depuración se aplicará también a los jueces y fiscales prevaricadores, que han dictado sentencias injustas en su contra, y a los medios de comunicación que lo han difamado. Creará un Comité de Reconciliación Nacional para que supervise y controle las diversas agencias de inteligencia, con el fin de evitar que espíen a los ciudadanos. El otro gran objetivo de política interna es realizar la mayor deportación de inmigrantes ilegales que haya conocido la Historia. Su máxima prioridad será luchar contra estos inmigrantes -“que están contaminando la sangre del pueblo”- y expulsar del país a los 11.5 millones de indocumentados que viven en el país a cualquier coste. “No es cuestión de precio. Cuando la gente ha sido muerta y asesinada, hay que hacerlo cueste lo que cueste”. Deshumaniza a estos ciudadanos, que realizan de forma precaria los trabajos que los estadounidenses desdeñan, y les acusa de asesinos, secuestradores, violadores y comedores de mascotas. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que los inmigrantes tienen una tasa de delincuencia inferior a la de los ciudadanos norteamericanos. Pese a esta política restrictiva e inhumana -que incluye la erección de un muro en la frontera con Méjico-, DT ha sido votado por muchos de estos inmigrantes de segunda generación, que aducen que los inmigrantes ilegales no deberían recibir un trato de favor. Con esta medida demagógica, Estados Unidos puede pegarse un tiro en el pie, porque estas deportaciones masivas afectarán notablemente a la disponibilidad de mano de obra. El 73% de dicha fuerza laboral, que ha permitido relanzar la economía tras la pandemia, ha sido extranjera. Para el Instituto Peterson, una expulsión de este tipo reduciría el PNB estadounidense a $5.1 trillones y haría subir la inflación al 9.1% en 2028. DT ha nombrado secretario de Inmigración a Tom Hanan, que fue quien propuso la separación de sus padres de los menores inmigrantes. Incidencia en política exterior DT es un convencido aislacionista, y no quiere que Estados Unidos sea el gendarme del universo. Muestra de ello es su lema de “America first” y, después de mí, el diluvio. Siente un atractivo especial por los líderes autocráticos, como Putin, Yinping, Kim-Yong e incluso Maduro. Su política exterior va a afectar desfavorablemente a sus relaciones con sus tradicionales aliados de la OTAN y de Europa. Según Manso, la primera consecuencia de la victoria de Trump será el auge del autoritarismo global. El paraguas protector de la Alianza va a perder buena parte de su fuerza disuasoria. La invasión de Ucrania corre el riesgo de cerrarse con un Acuerdo que convalide el derecho de conquista, y las guerras comerciales pueden hacer estragos en la economía europea. Especialmente graves pueden ser las consecuencias para la guerra en Ucrania. Pese a lo que dicen sus admiradores -como Juan Antonio de Castro- de que DT no es un peligro para nadie y se va a pronunciar en favor de la paz, propiciando el final de las guerras en Ucrania y en Palestina, mucho me temo que va a suceder todo lo contrario. Ha afirmado que no quiere que sigan muriendo rusos y ucranianos y que él puede resolver el conflicto en 24 horas. Su plan de paz se basa en un injusta equidistancia entre el agresor y el agredido. Según han filtrado algunos diarios norteamericanos -como el “Washington Post”-, se trataría de lograr un alto el fuego y congelar la situación actual, crear en territorio ucraniano una zona-tampón desmilitarizada de 1.200 km -supervisada por tropas neutrales-, y celebrar negociaciones para alcanzar un Acuerdo de paz, que permita a Rusia conservar un 20% del territorio ucraniano conquistado, incluida Crimea. Ucrania asumiría el compromiso de no ingresar en la OTAN durante un periodo de 20 años y se suprimirían las sanciones aplicadas a Rusia. La propuesta permitiría a la agresora “salvar la cara”, dado que recoge la mayor parte de sus reivindicaciones, pero aun así puede que no resulte aceptable para Putin, porque la Duma ya incorporó al Estado ruso los territorios ocupados y aún pretende redondearlos en el Dombás y Zaporiyia. Deja en el aire el futuro de los territorios ocupados por los ucranianos en la región de Kurs. En cualquier caso, la inequitativa solución no puede ser aceptada por el Gobierno ucraniano, ni tampoco por los países occidentales, porque supondría premiar la agresión rusa, alterar las fronteras reconocidas en el Acta de Helsinki, y romper el esquema de seguridad europea establecido a raíz de la II Guerra Mundial. A pesar de estas considerables concesiones, Putin no quedaría satisfecho, ya que su objetivo es recuperar los límites el antiguo Imperio zarista y para ello es necesario que Ucrania desaparezca del mapa. DT puede presionar a Zelenski con la amenaza de suprimir la imprescindible ayuda militar y financiera de Estados Unidos, cosa que propugnan sectores del Partido Republicano. Trump ha mandado su mensaje amenazador a Zelenski a través de su hijo Donald Jr: “Te quedan 38 días para perder tu subsidio”. El triunfo de DT -que ya en su anterior mandato mostró su escaso interés por la OTAN- puede suponer un duro golpe para la Alianza, que se ha visto revigorizada al afrontar la agresión rusa contra Ucrania y acoger en su seno a Finlandia y a Suecia. DT va a exigir a los socios -en este caso con razón- que cumplan con el compromiso de gastar en defensa un mínimo del 2% de su PIB, e incluso ya se habla de subir este porcentaje al 3%. El secretario general, Mark Rutte, ha pasado la mano por el lomo de Trump y lo ha alabado porque fue él quien estimuló a la Organización a moverse por encima del 2%, aunque haya que hacer más. Según Marlene Wind, no hace falta que Estados Unidos se salga de la OTAN para que ésta se desmorone, pues bastaría simplemente con que DT pusiera en duda -como al parecer pasa por su caletre- la no aplicación automática del artículo 5 del Tratado de Washington, que establece la ayuda militar obligatoria de los socios de la Alianza en caso de producirse una agresión contra uno de sus miembros. Ha llegado el momento en que Europa despierte de una vez y construya su propio sistema de defensa. Los países bálticos están aterrorizados -y no digamos los que no son miembros, como Moldavia- ante esta posibilidad y los nórdicos refuerzan su defensa. Los países europeos deberían aumentar de forma considerable sus gastos de defensa, porque ya no es de recibo que unos inviertan en mantequilla y solo otro lo haga en cañones. Sin ignorar la gran dependencia de la OTAN de Estados Unidos -especialmente en los ámbitos nuclear y logístico- Europa ha de procurar su propia defensa y tener una cierta autonomía para garantizar su seguridad. Conclusiones Cabe preguntarse si sigue sin llegar la hora en que una mujer pueda ocupar la Casa Blanca. La respuesta la ha dado Wind, al afirmar que Estados Unidos no está aún preparado para tener una mujer presidenta, y aún más -añado yo- si es de color. Lo peor de todo -en la opinión de Felipe Sahagún- es que ha resultado elegido un delincuente convicto que no acepta las reglas constitucionales, representa una amenaza para la democracia, arrastrará al mundo a nuevas guerras comerciales, facilitará la victoria de Rusia sobre Ucrania y dará carta blanca a Netanyahu para que siga con sus guerras en Próximo Oriente. Para “El Mundo”, la primera democracia del orbe ha apoyado de forma masiva a un líder abiertamente disruptivo, que representa el nacionalismo populista y el desprecio tanto por la verdad como por las reglas básicas del Estado de Derecho. El regreso de DT dará impulso a las fuerzas y regímenes autoritarios que desafían a las democracias liberales en todo Occidente y constituye una amenaza de carácter existencial para Europa. Según David Hoffman, que una persona cargada de condenas e imputaciones penales, y extravagante figura de la cultura del odio haya recuperado la presidencia de Estados Unidos es una señal de la crisis de la civilización y confirma la deriva autoritaria en el mundo entero. Iñaki Ellacuría ha comentado que comparte la preocupación de tanta gente de izquierdas en España por el regreso de DT, pero le sorprende su alarma por el autoritarismo del líder norteamericano. Ellos que idolatran y sostienen en Moncloa a Sánchez, que es el dirigente que más similitudes políticas y morales guarda con Trump. “Ellos no pueden, porque no es aceptable, denunciar de Trump lo mismo que se aplaude o se tolera de manera cómplice en Sánchez”. Según Manuel Arias Maldonado, habrá que ver si DT -perro más ladrador que mordedor- va a aplicar una agenda iliberal para indiferencia de sus votantes, que es justamente lo que sucede en España desde que nos gobierna Sánchez, “aficionado como el magnate neoyorquino a hostigar a los jueces, atacar a la prensa desafecta y colonizar las instituciones estatales”. Los que callaron durante el “procès” gritan hoy contra Trump. En su discurso de investidura, y sin venir a cuento, Sánchez acusó a DT de albergar ideas reaccionarias que acababan por parasitar a los partidos de la derecha tradicional como el Partido del Republicano, colonizado por el trumpismo. En otra ocasión lo insultó al calificarlo de “uno de los referentes de la internacional ultraderechista”. Ha descrito su mandato como 4 años de ruptura del multilateralismo, discurso xenófobo, odio y caos. Supongo que, compungido por sus meteduras de pata, se lamentará de sus infelices comentarios y moverá el rabo todo lo posible para que Trump no lo deje en la caseta del perro de la Casa Blanca, como hizo Obama con Rodríguez Zapatero tras su insulto a la bandera estrellada. Hay afinidades electivas. DT no tiene ideología ni principios, su máxima aspiración es aferrarse al poder a cualquier precio, miente de forma sistemática y ha hecho de la mentira la clave de bóveda de su política, es impredecible y cambia a menudo de opinión sin consultar más que con el cuello de su camisa, y considera sus adversarios políticos como enemigos, a los que hay que eliminar políticamente recurriendo a la descalificación y al insulto. ¿Les recuerda esta descripción a algún político patrio? Si Plutarco reviviera, escribiría probablemente uno de sus ensayos -salvando las distancias en el espacio y en el tiempo, y entre personas y países- sobre “Vidas paralelas de Donald Trump y Pedro Sánchez”. Madrid, 13 de noviembre de 2024

La UE y España reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a pesar de las sentencias del TJUE

LA UE Y ESPAÑA RECONOCEN LA SOBEERANÍA DE MARRUECOS SOBRE EL SÁHARA OCCIDEDENTAL, A PESAR DE LAS SENTECIAS DEL TJUE El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sendas sentencias por las que rechazó los recursos presentados por el Consejo y la Comisión Europeos -a los que se sumaron Francia y España- contra a la sentencia de 2021 del Tribunal General, que consideró nulos los Acuerdos agrícolas y pesqueros concertados entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, por extender su ámbito de aplicación al Sáhara Occidental. Antecedentes Ya en 2015, el Tribunal General de la UE declaró la nulidad del Canje de Notas que autorizaba la aplicación del Acuerdo entre la UE y Marruecos sobre las medidas recíprocas de liberalización de los productos agrícolas y pesqueros en las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. El Consejo y la Comisión Europeos recurrieron el fallo ante la Gran Sala del TJUE, que -un año después- confirmó la nulidad de los Acuerdos por estimar que no era aceptable su aplicación a un territorio no autónomo que tenía una condición distinta y separada de Marruecos. Dicha extensión era contraria al principio de efecto relativo de los tratados. El Parlamento Europeo había autorizado en 2013 la firma de un Protocolo de Pesca y el Frente Polisario recurrió ante el TJUE. En 2016 el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la validez del Acuerdo de Pesca de 2016 y de su Protocolo de aplicación En su sentencia de 28 de febrero de 2018, el TJUE afirmó que el territorio al que se aplicaba el Acuerdo debería corresponder el espacio geográfico sobre el qué Marruecos ejercía la plenitud de sus competencias de conformidad con el Derecho Internacional, entre los que no figuraba el Sáhara Occidental, que no formaba parte del territorio de Marruecos, por lo que la expresión “zona pesquera marroquí” no cubría el territorio sahariano. En un auto de 19 de julio, el Tribunal reiteró que el espacio sobre el que Marruecos tenía la plenitud de sus competencias no comprendía el Sáhara Occidental, por lo que su inclusión violaba las normas aplicables a las relaciones entre la UE y Marruecos. El TJUE hizo, sin embargo, una interpretación distorsionada del ámbito de aplicación del Acuerdo al no rechazar su validez. Ignoró la realidad y se pronunció a favor de la validez del Acuerdo pese a haber acordado su nulidad. El 28 de enero de 2019, el Consejo adoptó la decisión UE-2019/217, por la que aprobaba el Canje de Notas en el que se modificaban los Protocolos de Pesca, aunque -para salvaguardar su responsabilidad- mantuviera que el Acuerdo no prejuzgaba la posición de la UE ni de Marruecos sobre el estatuto jurídico del Sáhara Occidental. Se incluyó una Declaración conjunta en la que se establecía que los productos originarios productos originarios del Sáhara serían sometidos al control de las autoridades aduaneras marroquíes y se beneficiarían de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la UE a dichos productos en el Acuerdo de Asociación con Marruecos. El Frente Polisario impugnó la decisión porque implicaba el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. En su sentencia de 29 de septiembre del 2021, el Tribunal General rechazó los argumentos el Consejo y de la Comisión y consideró nula la decisión 2019/217. Aunque la sentencia era un tanto confusa, declaró taxativamente la nulidad de la decisión por incluir en su ámbito de aplicación unas aguas jurisdiccionales que no pertenecían a Marruecos. El Consejo habían pedido a la Comisión que lograra el consentimiento de los saharauis al Acuerdo y velara por que éstos fueran vinculados a la explotación de los recursos naturales del territorio. Pese a que el Acuerdo de Asociación solo era aplicable al territorio de Marruecos, en el nuevo Acuerdo de Pesca se extendía su aplicación a las aguas del Sáhara, lo que violaba el Acuerdo de Asociación. El Tribunal estimó que el pueblo saharaui era un tercero que se veía afectado por la ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo, con independencia de que resultase beneficioso o perjudicial para él, ya que estaba en contradicción con el artículo 34 del convenio de Viena de 1989 sobre el Derecho de los Tratados que establece que un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercero sin su consentimiento. El TJUE no excluía la posibilidad de que el Acuerdo se aplicará al Sáhara, aunque para ello requería que se obtuviera el consentimiento del pueblo saharaui. Ante la imposibilidad de consultar al conjunto del pueblo saharaui, la Comisión se limitó a consultar a las “poblaciones afectadas”, en las que se incluyeron los colonos marroquíes instalados en el territorio, las entidades de la sociedad civil bajo control marroquí y los operadores económicos, que estaban obviamente a favor del Acuerdo, y se excluyeron al Frente Polisario y a los saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia). El Tribunal estableció que el consentimiento del pueblo saharaui no se podía presumir y debería ser explícito, y la dificultad de consultarlo no debería ser un obstáculo para que dicho pueblo expresara su opinión, ya que la libre determinación era un derecho colectivo que la ONU reconocía al pueblo saharaui con independencia de la identificación de sus componentes. En consecuencia, las consultas realizadas por la UE no habían sido conformes con las exigencias del efecto relativo de los tratados aplicables a dicho pueblo en virtud de su derecho a la autodeterminación. No obstante, como la anulación del Acuerdo podría tener consecuencias graves para la acción exterior de la Unión, al provocar inseguridad jurídica en relación con unos compromisos internacionales asumidos en un tratado vinculante, el TJUE decidió mantener en vigor los efectos de la decisión por un periodo no inferior a dos meses o -en el caso en que se presentara un recurso- hasta que la Gran Sala dictara la correspondiente sentencia. Como era de esperar, la UE presentó un recurso -al que se sumaron España y Francia- que ha sido rechazado por el Tribunal en sus sentencias del 4 de octubre. El Alto Comisario europeo, Josep Borrell, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, firmaron una Declaración conjunta, en la que afirmaron que habían tomado nota de la sentencia y actuarían en consecuencia de cara al futuro, y que seguirían trabajando para desarrollar las múltiples dimensiones de la estratégica Asociación Euro-marroquí de Prosperidad Compartida, con el mismo espíritu de movilización, coherencia y solidaridad. Era obvio que la decisión del TJUE tropezaba con la posición política y económica de la Unión y de sus Estados miembros La sentencia contenía afirmaciones cuestionables, como afirmar que, al haber renunciado la potencia administradora -España- a ejercer su responsabilidad sobre el territorio, las partes en el proceso pasaban a ser Marruecos y el Frente Polisario. Marruecos, sin embargo, no ha adquirido legitimidad alguna, porque nadie puede transmitir a otro derechos que no tiene, y -como señaló el subsecretario jurídico de la ONU, Hans Corell en su Informe de 2002- el Acuerdo de Madrid no transfirió soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental, ni concedió a ninguno de sus signatarios -Marruecos y Mauritania- la condición de potencia administradora, porque España no podía transferir dicha condición unilateralmente. Lo establecido en dicho Acuerdo no afectó a la condición jurídica del Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonizar. La presencia de Marruecos en el territorio es una ocupación militar ilegal y la colonia sigue figurando en la lista de la ONU de Territorios no Autónomos, en la que se indica España es la potencia administradora, aunque -en nota a pie de página- se señale que ésta abandonó sus responsabilidades internacionales sobre su colonia en 1976, cuando el representante permanente de España ante la ONU informó el secretario general que el Gobierno español había terminado definitivamente su presencia en el Sáhara Occidental y se consideraba desligada de cualquier responsabilidad internacional con relación a la administración del territorio. Al no haberse producido una transferencia de soberanía, España sigue siendo ”de iure” la potencia administradora del territorio, que seguirá pendiente de descolonización hasta que el pueblo saharaui haya ejercido válidamente su derecho a la libre determinación. La Asamblea General condenó la ocupación de Marruecos y le pidió que pusiera fin a la misma. No obstante, en en su resolución 35/19 de 1980 realizó una inadecuada transmutación del mandato onusiano al pedirle a Marruecos que realizara negociaciones con el Frente Polisario con miras a llegar a una solución del conflicto. La ocupación militar del territorio Con Marruecos no le concedía legitimidada alguna, porque “de la injusticia no nace el derecho”, y la ocupación militar no genera ningún derecho de soberanía sobre el territorio ocupado. Resulta discutible si España sigue siendo o no la potencia administradora, pero de lo que no cabe la menor duda es que Marruecos no lo es, siendo tan solo un ocupante ilegal sin derecho alguno sobre el territorio. Las sentencias del TJUE han dejado bien sentado que el Sáhara Occidental es un territorio distinto del de Marruecos. Sentencias del 4 de octubre de 2024 En las tres sentencias dictadas el 4 de octubre, el TJUE desestimó en su totalidad los recursos presentados por el Consejo, la Comisión, Francia y España contra la sentencia del Tribunal General de 2021, por la que declaró nulos los Acuerdos agrícolas y pesqueros concertados por la UE y Marruecos por su aplicación en el Sáhara Occidental, porque dichos Acuerdos “se celebraron vulnerando los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados”. El TJUE rechazó la objeción formal de los recurrentes de que el Frente Polisario no gozaba de legitimación activa para demandar a la UE e intervenir en un procedimiento judicial en representación del pueblo saharaui. El Tribunal ha reconocido el “ius standi” del Polisario para presentar la demanda, al ser un interlocutor privilegiado en el proceso llevado a cabo bajo los auspicios de la ONU con miras a determinar el futuro estatuto del Sáhara Occidental y satisfacía las condiciones requeridas para cuestionar las decisiones adoptadas por la UE, con el fin de defender los intereses del pueblo saharaui. Este reconocimiento era clave porque, de no haberse producido, se habría puesto punto final al procedimiento. El Tribunal ha reconocido el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, que es un territorio no autónomo que posee una condición jurídica distinta y separada del territorio de Marruecos, que no es la potencia administradora del territorio, sino su ocupante ilegal. Ha señalado que el Sáhara occidental es un territorio sobre el que, desde los años 70, existe un conflicto sobre su situación jurídica entre Marruecos, que alega tener soberanía sobre el territorio, y el Frente Polisario, que “defiende el ejercicio por el pueblo del Sáhara Occidental de su derecho a la autodeterminación y a la creación de un Estado saharaui soberano”. Añadía que el conflicto teñía a la legalidad de los Acuerdos económicos celebrados entre la UE y Marruecos, que afectaban a la explotación de recursos naturales del territorio y de sus aguas jurisdiccionales. El TJUE ha reiterado que para poder aplicar un Acuerdo internacional entre la Unión y Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental era imprescindible obtener el consentimiento del pueblo saharaui, y ese consentimiento no se había producido. La sentencia ha introducido, sin embargo, una desafortunada variante sobre el fallo del Tribunal General, al estimar que ese consentimiento podía ser implícito, siempre que se cumplieran una serie de requisitos, que -según el profesor Juan Soroeta- se había inventado el Tribunal sin tener una base en el Derecho Internacional: a saber, que a) no creara obligaciones para el pueblo saharaui, b) previera una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable en beneficio de dicho pueblo, y c) estableciera un mecanismo de control que permitiera verificar que esa ventaja era real. Ha mantenido que ese consentimiento implícito era posible incluso aunque el Frente Polisario -representante legítimo del pueblo saharaui- se opusiera, a no ser que demostrara que las ventajas o el mecanismo de control de que debía ir acompañado no cumpliera los requisitos mencionados. Se ha producido con ello una injustificada inversión de la carga de la prueba, que debería recaer sobre la parte que alegara que el Acuerdo beneficiaba al pueblo saharaui. Los Acuerdos no habían creado una obligación para el pueblo saharaui, pero tampoco le habían conferido derechos o beneficios, pese a explotarse los recursos naturales del Sáhara Occidental. Es cierto que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior celebraron consultas con parte de la población residente en el Sáhara Occidental, pero fueron insuficientes. El Tribunal ha distinguido con acierto entre “pueblo” y “población”. Según los datos aportados por la propia Comisión, solo el 25% de la población que actualmente reside en el territorio forma parte del “pueblo” saharaui y la mayor parte de ella está constituida por colonos procedentes de Marruecos. El 75% del pueblo saharaui reside fuera el territorio del Sáhara, especialmente en los campamentos de refugiados de Tinduf , y ni ellos ni el Frente Polisario fueron consultados. En consecuencia, no se podía presumir la existencia de consentimiento por parte del pueblo saharaui. Aunque el TJUE haya confirmado la nulidad de los Acuerdos, ha incurrido en el mismo error del Tribunal General de prolongar su vigencia durante doce meses, recurriendo -en opinión de Soroeta-al argumento jurídicamente inaceptable en este caso de “pacta sunt servanda” – “los acuerdos deben ser cumplidos”-, porque pasa por alto el artículo 34 del Convenio de Viena, que establece que “un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”, y su artículo 53, que prevé que “es nulo todo tratado, que en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa del Derecho Internacional general”, como es el derecho a la libre determinación de los pueblos ¿Debe la UE cumplir unos Acuerdos que violan una norma esencial del Derecho Internacional? Reacción de la UE y sus Estados miembros A través de su portavoz, Nasbila Massrali, la Comisión ha destacado la sólida amistad de la UE con Marruecos y su voluntad de elevarla a un nivel superior, por lo que seguiría trabajando estrechamente con su Gobierno en todos los ámbitos en los que ambos socios mantienen relaciones de colaboración. Es más que probable que, a pesar de la continuada desautorización del TJUE, la Unión concluya un nuevo Acuerdo con Marruecos en el que extienda su aplicación al Sáhara Occidental, aprovechando el portillo que le ha abierto el Tribunal. Bastará con exponer convenientemente que tal Acuerdo beneficiaría al pueblo saharaui y dar por recibido su consentimiento implícito. Marruecos ha criticado acerbamente la sentencia y manifestado que contiene errores jurídicos evidentes y errores fácticos sospechosos, que denotan una ignorancia total de la realidad del caso y un sesgo político flagrante, por lo que. ha instado a la UE a que tome las medidas apropiadas para cumplir con sus compromisos internacionales. La UE ha puesto de manifiesto su hipocresía al anteponer el principio de efectividad al de legalidad, el pescado a las normas del Derecho Internacional, y la cooperación con Marruecos a los derechos humanos. Ha supeditado sus políticas sobre el Sáhara Occidental a sus deseos de mantener y desarrollar relaciones estrechas con Marruecos y se ha encontrado atrapada entre sus intereses políticos y económicos y sus obligaciones jurídicas. En lugar de no respetar el principio de libre determinación del pueblo saharaui, debería relanzar un proceso de paz creíble liderado por la ONU y explorar la posibilidad de lograr un acuerdo basado en la libre asociación entre Marruecos y el Sahara Occidental, mediante la concesión a éste de un amplio y generoso régimen de autonomía, que incite al pueblo saharaui a aceptar su eventual integración en Marruecos de través en un referéndum bajo los auspicios de la ONU. Las concesiones de Marruecos tendrían que ser lo suficientemente amplias para que el pueblo saharaui, renunciará a su derecho a la independencia. Desde hace décadas, la Unión ha venido pagando a Marruecos un impuesto revolucionario a través de sus Acuerdos comerciales y pesqueros. Nada importa, al parecer, el “Moroccogate” y el descubrimiento de los sobornos de diplomáticos marroquíes a eurodiputados, la reiterada violación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental, las condenas del Parlamento Europeo al Gobierno marroquí por no respetar la libertad de expresión y de prensa, no garantizar a los encarcelados por motivos políticos un juicio justo, y acosar a los periodistas, a los abogados y a sus familias, o el espionaje con el dispositivo Pegasus de los líderes europeos, incluidos Sánchez y Macron. Para la UE, Marruecos es un aliado estratégico con el que hay que estrechar las relaciones al máximo pese a su deplorable conducta. Francia siempre ha sido uno de los protectores de Marruecos. Gracias a su veto en el Consejo de Seguridad, impidió que la MINURSO pudiera llevar a cabo su mandato de celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui ejerciera su derecho de autodeterminación y optara entre la independencia del territorio o la integración en el Reino alauita. Pese a que las relaciones se enfriaron un poco, Francia mantuvo su determinación de apoyar los esfuerzos de Marruecos en favor del desarrollo económico y social el Sáhara Occidental en beneficio de la “población local” -léase los colonos marroquíes-. El Gobierno francés se sumó al recurso de la UE contra la sentencia del Tribunal General y, tras conocer la sentencia del TJUE, reafirmó su compromiso inquebrantable con una asociación excepcional de la Unión con Marruecos, y reiteró su voluntad de seguir profundizándola, porque las relaciones con el país magrebí tienen un valor estratégico. Macron se plantó en Rabat y fue incluso más allá que Sánchez, al afirmar que futuro del Sáhara Occidental estaba indisolublemente ligado a la soberanía de Marruecos, y que Francia lo acompañaría en las instancias internacionales para defender su marroquinidad. A cambio, obtuvo la concesión a empresas francesas de un proyecto ferroviario. Sánchez, por el contrario, no ha conseguido que Marruecos renuncie a su reivindicación sobre Ceuta y Melilla y ni siquiera que se establezcan las prometidas aduanas en sus fronteras, pese a su entrega total el sátrapa marroquí. España también se sumó al recurso contra la sentencia del Tribunal General, pese a ser consciente de la ilegalidad de unos Acuerdos que, al admitir que Marruecos pudiera dar licencias de pesca en unas aguas que no le pertenecían, suponía el reconocimiento ”de facto” de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Tenía la circunstancia atenuante de ser la nación más perjudicada por la imposibilidad de pescar en el banco sahariano, ya que son españoles la gran mayoría de los buques que faenan en dichas aguas. Sin embargo, no fue éste el principal motivo por el que Sánchez modificó de forma radical la tradicional política española de neutralidad sobre la descolonización de su antigua colonia. Fueron otros los motivos por los que el presidente -por sí ante sí y sin consultar con su propio Gobierno ni con las Cortes- envió a Mohamed VI una lamentable carta -que había sido redactada en el Gabinete del Sultán-, en la que afirmaba sin pudor que el Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007 era “una base sería, realista y creíble”, y la única “para una solución justa y duradera del conflicto sobre el Sáhara Occidental”. Esa fórmula, sin embargo, no reunía ninguna de las cualidades resaltadas por Sánchez. No era seria, porque le faltaba contenido específico y apenas concedía competencias a las provincias autónomas del Sáhara Occidental, que quedaban férreamente sometidas a centralismo del Gobierno marroquí; no era realista, porque no podía prosperar, ya que había sido rechazada de antemano por el Frente Polisario y por Argelia; y no era creíble, porque iba contra el derecho fundamental de los pueblos a la autodeterminación. Tampoco era la única solución viable para resolver el conflicto sahariano, tanto más cuanto que solo ofrecía una reducida descentralización y prescindía de la opinión del pueblo saharaui, que tenía un derecho irrenunciable a la libre determinación, reconocido por el Derecho Internacional, por el la ONU y por el propio Marruecos. El solemne compromiso asumido por Sánchez de defender a cualquier coste la legalidad internacional era aplicable en el este de Europa, pero no en el norte de África, y el presidente del Gobierno está dispuesto a conceder a Mohamed VI lo que le niega a Vladimir Putin. No es de extrañar que Mohamed VI haya mencionado al Estado ”amigo” de España, que “tan bien conoce los entresijos de ese expediente y cuya posición comporta profundos sentidos políticos e históricos”. Como señaló la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, en una Declaración a la que yo me adherí, la decisión del Gobierno español de apoyar el Plan de Autonomía marroquí constituye la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y, en consecuencia, una grave violación del Derecho Internacional. Dicha decisión supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara que ocupa ilegalmente. “Por todo ello, esta decisión conlleva la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida que contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa del Derecho Internacional”. Madrid, 6 noviembre de 2024