Nefastas consecuencias del presidencialismo de Sánchez en la política exterior y creación de un conflicto con Israel

NEFASTAS COSECUENCIASE DEL PRESIDENCIALISMO DE SÁNCHEZ EN LA POLÍTICA EXTEROR Y CREACIÓN DE UN CONFLCTO CON ISRAEL En el artículo “España practica la antidiplomacia” publicado en " El Mundo”, el profesor Josu de Miguel ha afirmado de forma taxativa que Pedro Sánchez ha decidido romper la baraja en materia de política exterior. Desde hace dos décadas, la política internacional ha dejado de ser un tema de interés electoral. La opinión pública española apenas se preocupa por una actividad que es privativa del Gobierno y los partidos políticos tampoco la consideran una cuestión estratégica, pese a que la globalización y la integración de España en la UE exigirían un conocimiento experto y disposiciones claras que convergieran era un consenso amplio en el país. Como consecuencia de este vaciamiento institucional, la política exterior se ha presidencializado y Moncloa ha ido desplazando al Ministerio de Asuntos Exteriores en las decisiones importantes que afectan a España como actor internacional. Baste recordar como Sánchez cambió la posición s España en el tema del Sáhara Occidental por la sola decisión del presidente, sin consultar al Consejo de Ministros ni a las Cortes. Este proceder inhabitual ha vuelto a evidenciarse durante la visita que Sánchez ha realizado a Israel, junto con su colega belga Alexander de Croo, como presidentes rotatorios -actual y futuro- del Consejo Europeo. Sánchez le leyó la cartilla en público al primer ministro israelita Benjamín Netanyahu y le exigió el debido respeto al Derecho Internacional. “Sus palabras -que pueden considerarse moral y jurídicamente adecuadas- fueron un ejemplo de antidiplomacia, que ha servido para [… ] poner en peligro los esfuerzos de la Unión para parar la guerra generada por el ataque de Hamas a Israel. Las relaciones diplomáticas tienen reglas informales incluso en casos donde resulta necesario ser políticamente contundente. Son reglas que también impiden que la razón del Estado se conviertan en una razón de establo”. Abundando en esta misma idea, Iñaki Ellakurría ha afirmado que el secretario general de un partido que organizó un chapucero terrorismo de Estado, y actual presidente de un Gobierno que ha acordado su investidura con un prófugo -a cambio de liberar a varios centenares de golpistas, corruptos e imputados por terrorismo-, se plantó en un país en guerra, herido y en estado de conmoción tras la masacre perpetrada por Hamas, para regañarle desde la superioridad moral del cínico sin fondo o del idiota contemporáneo, y reclamar una amnistía humanitaria para un yihadismo deshumanizado. El numerito de las reprimenda tenía la intención de utilizar una tragedia por oportunismo político, porque ni las víctimas palestinas ni las israelíes le importaban tanto como utilizar el conflicto armado en Gaza para amarrar el voto de una izquierda radical que es antijudía. Su megalomanía le llevó a dar una rueda de prensa en Rafah, por donde deberían regresar a Israel algunos rehenes liberados. Este ruin aprovechamiento de la tragedia no sería más que el enésimo bochorno nacional provocado por el sanchísmo. “Al presentar Sánchez la agresión de Hamas a Israel como una guerra común entre dos Estados, equiparando la intervención militar israelí con el terrorismo de Estado ruso en Ucrania, avala la narrativa islamista y debilita la doctrina de la legítima defensa de la democracia frente a sus agresores”. ¿Están justificadas estas duras críticas al proceder de Sánchez? Examinemos los hechos. Reacción del Gobierno español ante la masacre de israelitas por parte de Haamas El Gobierno español fue remiso en reaccionar ante la masacre terrorista por la profunda división existente en su seno entre la mayoría socialista y la minoría de Podemos, y no se sumó al comunicado conjunto de condena firmado por Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. Sánchez asumió sin entusiasmo la posición de condena de la UE y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se negó a que la Cámara adoptará una resolución institucional de condena. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó que “el presidente del Gobierno, yo mismo y todo el Gobierno de España no dudamos en condenar el atentado terrorista de Hamas”, lo que no es del todo cierto porque, tanto los ministros de Podemos en el anterior Gobierno, como los de Sumar en el actual se han negado a condenar al grupo terrorista. Especialmente graves fueron las declaraciones incendiarias de las ministras podemitas, que participaron en una manifestación a favor de Hamas al grito de “! Es resistencia, no terrorismo!”. La vicepresidenta Yolanda Díaz se desmarcó del Gobierno y exigió a Israel que finalizara la ocupación de Gaza, pese a que la franja no estaba ocupada por este país. La ministra Yone Belarra acusó a Netanyahu de aplicar una política de apartheid contra los palestinos y de cometer actos de genocidio, instó Sánchez a que denunciara a Israel ante el Tribunal Penal Internacional, y exigió la ruptura de relaciones diplomáticas. Albares declaró que era completamente normal que dentro de un Gobierno de coalición hubiera posturas diferentes, ya que los ministros gozaban de la libertad de expresión, lo que tampoco es correcto, porque el Gobierno es uno y solidario, y no es normal que sus miembros se posicionen en contra de las decisiones adoptadas por su presidente, que es el responsable de la política exterior. Ante la insumisión de sus ministras, Sánchez debería a haberlas obligado a cumplir dichas decisiones y, en caso de no hacerlo, a cesarlas. Su silencio equivalía a condonar las afirmaciones de las rebeldes como Belarra, que afirmó que, cuando hablaba, lo hacía como ministra del Gobierno y en nombre del mismo. Infringiendo los usos diplomáticos habituales, la Embajada de Israel en Madrid, hizo público un comunicado en el que condenaba las declaraciones de algunos miembros del Gobierno español que se habían alineado con un terrorismo tipo Estado Islámico, e hicieron un llamamiento a Sánchez para que condenara inequívocamente tan vergonzosas declaraciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores replicó siguiendo la misma equivocada vía y rechazó tajantemente en otro comunicado las falsedades vertidas por la Embajada contra el Gobierno y mantuvo que la posición de éste “en su conjunto” había sido clara al condenar los ataques de Hamas. El comunicado erraba al hablar del “Gobierno en su conjunto”, como si pudiera haber algo que no fuera un Gobierno único, y el comunicado de la Embajada -aunque inexacto, erróneo e injustificado, al acusar a los ministros de apoyar el terrorismo- no era falso o infundado, pues las acusaciones hechas por Berlarra y por Díaz fueron sumamente graves. El silencio de Sánchez ante la reprobable conducta de sus ministras resultó atronador. Pese a ostentar la presidencia rotatoria de la UE, fue de los pocos presidentes que no viajaron a Israel para mostrar solidaridad con el Gobierno y el pueblo israelitas, como también hicieron la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo Michel, y el alto representante para Asuntos Exteriores Borrell. Su tenue apoyo a Israel iba siempre acompañado de la advertencia a su Gobierno de que debía respetar las normas del Derecho Internacional y el principio de proporcionalidad en su respuesta a la agresión de Hamas. Viaje de Sánchez a Israel Tras formar a trancas y barrancas su Gobierno Frankenstein-2, Sánchez se acordó de que era el presidente del del Consejo de la Unión y se dignó viajar en concepto de tal a Israel. En contra de su obligación, no ha comparecido durante su mandato ante el Parlamento Europeo para exponer su programa y, sin consultar con las instituciones europeas sobre su visita, se lanzó a la aventura actuando a su desleal saber y entender. Se entrevistó con las máximas autoridades de Israel, a las que leyó la cartilla por su desmesurada reacción ante el ataque terrorista de Hamas, y prodigó sus declaraciones “ad majorem Petrus gloriam”. Sánchez fue recibido con desconfianza por contar en su Gobierno con ministros abiertamente anti-israelitas, como Sira Rego y Ernest Urtasun, quienes -en su época de eurodiputados- votaron en contra de la resolución del Parlamento que condenaba la agresión de Hamas. El principal periódico del país; “Yediot Ajronot”, recibió al presidente con un artículo titulado “España presenta ministra que apoya a Hamas“, que reflejaba el malestar de muchos sectores por las opiniones expresadas por Rego, a la que calificaban como la ministra que “justificó la matanza del 7 de octubre y acusó a Israel de genocidio”, al acusar a los israelitas con que “ustedes llevan 75 años exterminando a un pueblo. Dejen de amenazar la paz en el mundo, abandonen su guerra colonial y respeten los derechos humanos”. Albares quitó importancia a estas declaraciones y manifestó que solo representaban la opinión de la ministray no la del Gobierno, y que no supondrían un obstáculo en las buenas relaciones entre España e Israel (¿?). En su entrevista con el presidente de la República, Isaac Herzog, y con el primer ministro Netanyahu, Sánchez adoptó una actitud crítica y aleccionadora. Presumiendo de su experiencia con la derrota de ETA -que no tenía absolutamente nada que ver con la situación en Gaza- les advirtió que el terrorismo no podía erradicarse solo con el uso de la fuerza y que deberían ofrecer un horizonte de paz. El Gobierno israelita estaba obligado a dar una respuesta “proporcionada” de modo que sus operaciones militares no implicaran la muerte de miles de niños, y tenía que respetar las normas del Derecho Internacional y de los Convenios de Ginebra sobre Derecho humanitario. Visiblemente contrariado por no estar acostumbrado a recibir estas filípicas, Netanyahu le contestó que la guerra debería finalizar en una paz, pero que los palestinos no la querían, ya que no aceptaban la existencia del Estado de Israel. Si salieran victoriosos, intentarían destruir el Medio Oriente y después irían a por Europa, porque “odian esta civilización libre, quieren destruirla, y tienen una ideología que es una locura”. Si no se frenara a Hamas en Gaza, España también saldría perdiendo. Como ha señalado Carlos Alsina, el problema radica en qué se entiende por “proporcionado”. Así, por ejemplo, ¿es proporcionado que Israel mate a los dirigentes de Hamas, como Estados Unidos hizo con Bin Laden? ¿Es proporcionado lanzar misiles contra edificios civiles desde los que se había recibido fuego hostil, bombardear escuelas y hospitales si se tenía constancia de que eran utilizados por los terroristas como refugios o centros de operaciones, o disparar contra una ambulancia si constaba que transportaba armamento en vez de heridos? … Hay actuaciones que son claramente contrarias al Derecho humanitario -y deberían, por tanto, ser condenadas en paliativos-, como expulsar de sus hogares a cientos de miles de ciudadanos, obligarlos a trasladarse hacia el sur de la franja y bombardearlos en su huida, pero hay otros actos derivados de un conflicto armado cuya ilegalidad no resulta tan clara. En una guerra se pierde cualquier sentido de la proporción y su primera víctima es la verdad. Los terroristas de Hamas utilizan a los rehenes y a sus propios nacionales como escudos humanos, y no respetan la santidad de los centros sanitarios, las mezquitas o las escuelas, que utilizan con descaro con fines militares. Es cierto -como ha señalado Borrell- que no se debe confundir a Hamas con los gazatíes, , pero no es menos cierto que muchos de ellos son terroristas o los apoyan de una u otra forma. Los habitantes de Gaza decidieron por amplia mayoría expulsar de la franja a la Autoridad Palestina controlada por el Fatah y entregar el Gobierno a Hamas. Muchas mujeres palestinas inculcan a sus hijos el odio a muerte hacia el judío y los entrenan para matarlos. Resultó realmente revulsivo el espectáculo mostrado en vídeos difundidos por los terroristas en el que se veía a multitud de personas aclamando el desfile en el que se exhibían a los rehenes -incluidas jóvenes semidesnudas y ensangrentadas- y escupiendo sobre ellas. Sánchez también visitó en Ramala al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, al que ofreció la solución de “dos Estados” para satisfacer las legítimas aspiraciones delo pueblo palestino a tener un Estado propio, seguro y viable. Esta solución ya fue propuesta en 1948 por la ONU cuando propició la creación del Estado de Israel junto a otro Estado palestino, pero tanto uno como el otro lo rechazaron. La oposición palestina era comprensible, porque que creaba en su país un Estado artificial y hostil que ocupaba parte de sus tierras, pero tras tres guerras en las que la coalición de países árabes fue derrotada por Israel -que ocupó Cisjordania, Jerusalén, Gaza y los altos de Golán-, podrían haber escarmentado y adoptado la actitud realista de aceptar la solución de los dos Estados. Los más directamente afectados -Egipto y Jordania- así lo hicieron y normalizaron sus relaciones con el Estado hebreo, y a ellos siguieron más tarde Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Tras negociar Estados Unidos la “Doctrina Abraham” con Israel y países árabes, Arabia Saudita y otros Estados del Golfo se iban a incorporar al proceso de normalización, y esta posibilidad fue, al parecer, el motivo por el que Irán instó a su protegido Hamas a que lanzara su sorpresivo ataque contra Israel para impedir que lo hicieran, y lo ha conseguido. El día 24, Sánchez se trasladó al puesto fronterizo de Rafah, donde se esperaba la llegada de los primeros rehenes liberados, sin venir demasiado a cuento, ya que España no había intervenido en las negociaciones para obtener dicha liberación. Allí pronunció un lamentable discurso, que ha provocado una crisis diplomática con Israel. Cuando todos los israelitas estaban sobre ascuas a la espera de recibir a los liberados, vieron sorprendidos por el canal 12 de la TV n a un intruso que -como charlatán de feria- habían montado un tenderete al lado de la frontera egipcia y pronunciaba un controvertido discurso. Sánchez afirmó, que -desde el mismo 7 de octubre- su Gobierno había condenado el atentado terrorista de Hamás, al que calificó de organización terrorista. Ello, sin embargo, no era incompatible con su mensaje de que el derecho de Israel a defenderse debía hacerse dentro del escrupuloso respeto al Derecho Internacional humanitario, y que su voz se alzaría para proteger a los civiles palestinos. La violencia solo traía violencia, y era necesario reemplazar dicha violencia por paz y la esperanza. “Ayer tuvimos reuniones muy fructíferas en Jerusalén con el presidente Herzog y el primer ministro Netanyahu, a los que transmití la firme condena de España a los terribles ataques terroristas del 7 de octubre. Celebré el acuerdo que permite la liberación de algunos rehenes y el establecimiento de una pausa humanitaria, subrayando que el resto de rehenes deben ser también liberados. Reiteré el derecho de Israel a defenderse, pero dentro de los parámetros y limitaciones impuestas por el Derecho Internacional humanitario. Y no está siendo el caso. La matanza indiscriminada de inocentes civiles, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable”. En lenguaje diplomático se puede expresar preocupación, lamentar o deplorar una determinada la conducta, pero aquí Sánchez dio un relevante salto cualitativo al calificar de completamente inaceptables las acciones del Gobierno israelita, pues nunca un presidente de Gobierno había hecho de forma pública una condena tan contundente de un país amigo. La reacción israelita no se hizo esperar. Netanyahu criticó las declaraciones de Sánchez por no responsabilizar plenamente a Hamas por sus crímenes de lesa humanidad, “ya que masacró a nuestros ciudadanos y utiliza a los palestinos como escudos humanos", y el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, declaró que “condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que dan un impulso al terrorismo. Israel está actuando de acuerdo con el Derecho Internacional y luchando contra una organización terrorista asesina, peor que el ISIS, que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. El Ministerio convocó a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón, para trasladarle una firme protesta por las declaraciones de Sánchez. El ministro Albares, por su parte, replicó afirmando que tales acusaciones eran totalmente falsas, inaceptables y fuera de lugar, y llamó a capítulo a la embajadora israelí en Madrid, Rodica Radiam-Gordon, para recriminarle por las injustas acusaciones al presidente del Gobierno español, que redondeó sus desastrosas declaraciones en Tierra Santa con una intervención en Madrid ante sus entregados fieles. En ella afirmó que condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no era una cuestión de partidos ni de ideologías, sino de hu-ma-ni-dad, y exigió a la oposición que defendiera los derechos humanos, “que es lo que estamos defendiendo desde el Gobierno” (¿?). Esto lo dice un personaje que ha logrado su investidura mediante la compra de los siete votos del partido de unos delincuentes que dieron un golpe de Estado para proclamar la independencia de Cataluña, y violan a diario los derechos humanos de los catalanes no nacionalistas. Feijóo ha acusado a Sánchez de practicar una política exterior “excéntrica” y calificado sus declaraciones de ”ocurrencias”, que hacen de España un país poco fiable internacionalmente, y le ha pedido que no cree en un conflicto diplomático en un contexto de conflicto bélico. Sánchez ha recibido un regalo envenenado con el comunicado de Hamas en el que ha mostrado su aprecio por su postura clara y audaz, al condenar las matanzas indiscriminadas de un Estado ocupante contra civiles en la franja, y por plantear la posibilidad de que España reconociera unilateralmente al Estado palestino, si la UE no diera ese paso. Cohen, a su vez, comentó que las felicitaciones de Hamas a los primeros ministros de España y de Bélgica eran vergonzosas y deshonrosas. “No olvidaremos quién nos apoya en estos tiempos y quién apoya a una organización terrorista asesina que retiene a más de 200 rehenes”. Algo habrá hecho mal Sánchez cuando he recibido tan cálidos elogios de los terroristas. En su rueda de prensa en Rafah Sánchez afirmó que había llegado el momento de que los países miembros de la UE reconocieran conjuntamente al Estado palestino, pero que -de no hacerlo- España tomaría sus propias decisiones. Se trata de una simpleza porque 11 Estados comunitarios ya han reconocido a la Autoridad Palestina: Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Suecia. La Unión no la ha hecho por no haber consenso y España podría hacerlo -y creo que debería hacerlo- en cualquier momento y sin mayores problemas. Como reacción a las inamistosos declaraciones de Sánchez, Israel no asistió a la reunión del Foro de la Unión por el Mediterráneo celebrada en Barcelona, por lo que el debate sobre el conflicto de Gaza resultó inocuo ante la ausencia del principal protagonista. Las declaraciones de Sánchez van a afectar adversamente a las relaciones con Israel, cuyos servicios secretos han ayudado España en la lucha contra el terrorismo etarra y yihadista. Tampoco han sido bien acogidas en la Casa Blanca -donde Sánchez no es demasiado popular-, ni en la UE, como muestra que Macron lo haya excluido de una reunión en París sobre el futuro de la Unión, pese a ser su actual presidente. España y la UE han propuesto volver a la fórmula de los dos Estados para resolver el conflicto, pero dicha fórmula -que teóricamente sería la más válida- no resulta viable por ser rechazada tanto por los árabes como por Israel: los primeros porque aspiran a que haya un único Estado palestino, y el segundo porque no se fía de un Estado que pretende su destrucción. A corto plazo, se plantea el problema del futuro de Gaza tras el fin del conflicto, para lo que caben tres posibilidades: que lo ocupe Israel -fórmula que se rechaza tras la fracasada experiencia anterior-; que sea gestionada por la ONU -solución improbable por el posible cruce de vetos en el Consejo de Seguridad-; o que vuelva a ser administrada por la Autoridad Palestina. Esta última opción no resultaría viable en las presentes circunstancias, a causa del desprestigio de la Autoridad por su corrupción e inoperancia, y de la oposición de la mayor parte del pueblo gazatí. Es, sin embargo; la única razonable y sería posible si todas las partes involucradas contribuyeran a ello. Sería indispensable una completa reestructuración y modernización de la Autoridad para convertirla en un auténtico Estado que controlara todo el territorio adjudicado a Palestina -bajo la égida de los elementos más sanos del Baath-, la estrecha colaboración de Israel, y el apoyo técnico y financiero de la ONU. Sánchez ha dicho cosas razonables respecto a los excesos de Israel, pero lo ha hecho mal “hic ac nunc” y de forma inaceptable. a) Espacio: Escogió un Israel en estado de “shock” por su vulnerabilidad ante el ataque de Hamas y el ensañamiento y la crueldad de los terroristas con sus victimas, y -en particular- el escenario de Rafah, para lanzar sus más duras diatribas contra el Gobierno israelita. b)Tiempo: Estuvo desacertado en el "timing”, en un momento en el que el país se mostraba expectante el día en que volvían a casa los primeros rehenes liberados. c) Forma; Falló en las formas en el plano interno y en el internacional, pues tomó su decisión sin contar con su Gobierno ni con las Cortes, y -pese a presentarse como un representante de la UE- no consultó a las instituciones europeas y actuó por su cuenta. Faltó a las más elementales formas de la diplomacia, al no hacer con discreción sus críticas a un aliado y dar gran publicidad a sus acusaciones. Como ha señalado Maite Rico, ha roto la unidad europea, abriendo una crisis con Israel en el momento más inoportuno y de la forma más grotesca, pretendiendo dar lecciones a un país que ha sufrido un holocausto. “Acusar a Israel de matanzas indiscriminadas es comprar el argumentario de Hamás”. Siguiendo erre que erre; Sánchez ha declarado a TVE que, con el número creciente de víctimas -especialmente niños- tenía francas dudas de qué Israel estuviera cumpliendo con el Derecho Internacional humanitario. El ministro de Asuntos Exteriores Cohen ha afirmado que, tras estas estos indignantes comentarios, que repetían acusaciones infundadas, había llamado a consultas a su embajadora en España. Sánchez ha llevado su cesarismo autocrático a la política exterior, monopolizando su ejercicio al margen del conocimiento de su propio Gobierno y del requerido control de las Cortes. A causa de su inmensa egolatría, ha creado un conflicto diplomático innecesario con Israel y está poniendo en entredicho la imagen internacional de España. Madrid, 30 de noviembre de 2023

Previsibilidad del TC y última esperanza en la UE

PREVISIVILIDAD DEL TC Y ÚLTIMA ESPERANZA EN LA UE (25-XI-23) Cómo ha observado Joaquín Manso, la transformación estructural que Pedro Sánchez pretende no sería posible si no se hubiese realizado la colonización instrumental de las instituciones españolas. El presidente controla por completo el poder ejecutivo y el legislativo, y trata de hacer lo propio con el judicial, y ya le falta menos. Antes del asalto final al fortín de la judicatura, que es el Tribunal Supremo (TS), ha ido ocupando paulatinamente los reductos jurídicos de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Constitucional (TC). La Abogacía del Estado pasó a ser la Abogacía del Gobierno, como se puso de manifiesto cuando el responsable de la Sección Penal, Edmundo Bal, fue destituido por negarse a sustituir la acusación de rebelión contra los protagonistas del procès por la sedición. Ahora tendría que sustituirla por la de desórdenes públicos, pero solo por un rato, antes de justificar la necesidad de concederles la amnistía por el interés general de España. Sánchez tuvo bien claro desde el principio de quién dependía la Fiscalía del Estado. ¡Pues eso! De ahí que nombrara como fiscal general a la ex-ministra de Justicia, Dolores Delgado, en un alarde de puertas giratorias, y que ésta nombrara como sucesor a su protegido, Álvaro García, quién gentilmente le devolvió el favor ascendiéndola -pese a no tener suficientes méritos- a fiscal de Sala y nombrándola sucesivamente jefa de las Fiscalías de lo Militar y de la Memoria Democrática y Derechos Humanos, el último de ellos sin contar con el preceptivo informe del Consejo Fiscal. Los nombramientos fueron recurridos ante el TS y éste ha anuló el ascenso y el primer nombramiento, afirmando tajantemente que el fiscal general incurrió en una “desviación de poder visible e innegable”. Como ha comentado Leyre Iglesias, la insoportable desviación de poder del fiscal general no ha motivado su cese sino su ratificación A pesar de este varapalo -o quizás a causa de él- Sánchez, no solo no lo ha destituido, sino que lo ha confirmado en su puesto por el excepcional trabajo que ha realizado. Es una muestra más del absoluto menosprecio del presidente por el derecho y por la justicia. García es uno de los pocos personajes del ámbito de la justicia que no se ha inmutado por la amnistía y por el “lawfare”. Se ha olvidado del artículo 124 de la Constitución, que dice que la misión del Ministerio fiscal es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los Tribunales Ha negado el amparo a los fiscales de la Sala Segunda del TS ante los furibundos ataques que han recibido de los independentistas, no ha hecho crítica alguna al “lawfare”, y ha dado una larga cambiada sobre la Ley de Amnistía, al afirmar que hablará sobre ella después de que se haya publicado en el BOE, cuando ya sea demasiado tarde, aunque supongo que lo hará para darle su bendición. 18 fiscales del TS le han enviado una misiva muy crítica por su “dontancredismo”, pero el antiguo presidente de la Asociación Progresistas de Fiscales y se ha disociado de sus correligionarios para seguir paciendo en el pesebre. El TC ha sido asaltado sin miramientos por el Gobierno siguiendo su táctica de nombrar, en vez de a juristas prestigiosos, a gente del Gobierno sujetos una obediencia perruna al Capo. Empezando por Cándido Conde-Pumpido -que fue fiscal general-, y siguiendo con Juan Carlos Campo, -ex-ministro de Justicia-, Laura Díaz -antigua directora general en Presidencia del Gobierno- e Inmaculada Montalbán -ex-presidenta de Observatorio de Violencia de Género-. El Gobierno tenía gran prisa en nombrar a sus magistrados so pretexto de que un órgano tan importante no podía estar incompleto, pero la vacante del magistrado propuesto por el Senado, Alfredo Montoya -que tuvo que dimitir por razones de salud el 28 de julio de 2022- sigue sin cubrir. Es la técnica de la velocidad variable, acelerada para los progresistas y maestosa para los conservadores. No ha conseguido hacerse aún con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la numantina resistencia del PP y de los vocales por él propuestos, bordeando las disposiciones de la Constitución. Por el empecinamiento de tirios y troyanos, y por la inanidad y el pasotismo de los presidentes del Congreso y del Senado, el actual CGPJ sigue en funciones 5 años después de haber concluido su mandato, pese a todas las estratagemas a las que ha recurrido el Gobierno, que trató de reducir la mayoría requerida para los nombramientos -maniobra que fue abortada por la advertencia de la Comisión Europea-, privó al Consejo de su competencia principal de nombrar a los altos cargos de la judicatura, y ahora pretende que los nombramientos puedan hacerse por una sola de las Cámaras: el Congreso, por supuesto, que es la única en la que cuenta con mayoría. El PP es corresponsable de esta lamentable situación al no facilitar su renovación, pero el PSOE es igualmente responsable por su negativa a seguir la recomendación del Consejo de Europa de que los vocales de origen judicial sean nombrados por sus pares. Aunque el PP ahora defienda a ultranza la elección por los jueces, cuando tuvo mayoría absoluta no restableció este criterio -pese a haberlo incluido en su programa electoral-, porque era más útil el intercambio de cromos. Si los socialistas se comprometieran a cambiar la forma de elección de los jueces, se podría llegar fácilmente a un acuerdo para la urgente renovación del CGPJ. La última y más reciente muestra del cinismo gubernamental ha sido el nombramiento como letrado mayor del Congreso de Fernando Galindo, quien -hasta hace solo unos días- fungía como subsecretario de Política Territorial. El cambio no ha sido inocente, porque el flamante letrado ha roto con el criterio expresado en 2021 por su predecesor, Carlos Gutiérrez, y demás letrados del Congreso, que rechazaron admitir a trámite una propuesta de los independentistas sobre concesión de amnistía, que se parece como una gota de agua a la que ahora ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Entonces, presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, aceptó el informe y rechazó la tramitación de la propuesta, mientras que la presidenta actual, Francina Armengol, le ha puesto alfombra roja. La propuesta fue rechazada porque equivalía a un indulto general prohibido pro la Constitución. Según Galindo, la proposición tiene una clara similitud con la amnistía concedida en 1977, cuando se parece como un huevo a una castaña y, si no, que se lo pregunten al ex-secretario general de la UGT, Cándido Méndez, quien ha afirmado que la amnistía es una granada de fragmentación contra el principio de igualdad ante la ley, y ha abierto una gran brecha en la Sociedad española a través del engaño y del menosprecio. Ha indicado Galindo que el texto no incluye ninguna disposición que individualice las causas abiertas y las identifique de manera concreta y específica, pero la proposición contiene cláusulas claramente personalizadas, a las que solo falta ponerles nombres y apellidos. Ha concluido que en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional no existen parámetros o elementos suficientes para determinar si se producía una contradicción evidente y palmaria sobre la viabilidad de la proposición, por lo que los demás motivo de inconstitucionalidad alegados deberían ser dilucidados en su caso por el TC. Todos los caminos conducen, pues, hacia otro Cándido, camino que no está empedrado precisamente de buenas intenciones. Las dos propuestas eran igualmente rechazables, especialmente la segunda, por ser aún más explícita. Pero -como decía Heráclito- “panta rei” –“todo fluye” y, aunque los textos sean prácticamente idénticos, Sánchez ha tenido uno de sus súbitos cambios de opinión por mor de 7 votos. Que razón tenía Miguel Delibes en su deliciosa novela sobre la necesidad de luchar por “el disputado voto del Sr. Cayo” -hoy Puigdemont-. Aunque Sánchez sea poco “leído y escribido”, tiene una pléyade de asesores áulicos que le susurran al oído frases de personajes históricos para que las haga suyas. Como la de Platón de que “la justicia no es otra cosa que lo provechoso para el más fuerte”, a lo que añade algunas reflexiones cínicas del amplio repertorio de Maquiavelo –como “hay que hacer de la necesidad virtud” o ”el fin justifica los medios”. Según ha comentado Juan Claudio de Ramón, la exigencia de sometimiento a la ley será, a partir de ahora, fruto de la pura fuerza, y cada uno hará en cada momento lo que más le convenga -al margen de cualquier consideración ética-. Que necesita 7 votos para seguir aferrado al poder, pues “a por ellos, oé, oé, oé”. En consecuencia -según ”El Mundo”- “el respeto del Gobierno a las sentencias judiciales es cada vez más escuálido y la ofensiva contra la justicia cada vez más notoria”. ¿Es previsible la decisión del TC sobre la Ley de Amnistía? Desde que accedió a la presidencia del TC por decisión de Sánchez, Conde ha asumido con férrea mano el control del TC y realizado, con una celeridad digna de mejor causa, uno de los mandatos principales que le encomendó el presidente, cual era el de la puesta al día en los atrasos de resoluciones pendientes, y rechazado todos los recursos en contra del Gobierno mediante la aplicación del rodillo progresista de su mayoría de 7 a 4. Se atribuyó a Conde la frase de que el Tribunal rechazaría todos los recursos presentados por Vox, con independencia de su contenido, y así ha ocurrido: Blanqueamiento constitucional de las leyes sobre el aborto, la eutanasia, la educación, o la igualdad de trato de hombres y mujeres en el trabajo, condonación de formas atípicas de prometer el acatamiento de la Constitución, recurso de amparo de los condenados en la causa de los ERE, revocación de la decisión de la Junta Electoral Central contraria a revisar el recuento de los votos nulos emitidos en Madrid durante las elecciones generales, constitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas y de la “Ley Rider”, validación de la reforma de la LOPJ para negar al CGPJ en funciones la facultad de hacer nombramientos, y apertura de la vía para que los miembros judiciales del CGPJ pudieran ser elegidos por solo una de las Cámaras de las Cortes. Esta última decisión se basaba en un inadmisible “obiter dictum” -en la línea introducida por el magistrado de la Prada en su sentencia del caso "Gürtel”-, que no venía en absoluto a cuento, dado que en el recurso de Vox no se hacía referencia alguna al modelo de elección de los vocales del CGPJ. El TC afirmó de pasada que, al no existir una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de dichos vocales, era “posible que, dentro del marco constitucional, la propuesta para su nombramiento, proceda en todo o en parte, del Congreso o del Senado”. La adición de esta ”morcilla” fue severamente criticada, tanto por los cuatro magistrados de la minoría, como por las Asociaciones judiciales, pues -como señaló “El Mundo” en un editorial- bastaba con acudir a la literalidad de la sentencia para comprobar ”el servilismo de la mayoría progresista, al validar de forma anticipada una vía de renovación del Poder Judicial que permitiría que sus doce vocales judiciales fueran elegidos por mayoría absoluta en una única votación en el Congreso”. El gabinete del presidente del TC publicó una inusual nota de prensa en la que afirmaba que se había hecho una lectura “descontextualizada” de la sentencia, que reseñaba la doctrina del Tribunal sobre el sistema de nombramiento y renovación de sus miembros, y que tan solo describía el marco constitucional y el campo de acción del legislador. Al no establecer la Constitución ningún límite, podía éste optar por que todos los miembros del CGPJ fueran designados por las Cortes, o por que los doce vocales de procedencia judicial fueran elegido por los propios jueces. Era insólita porque los jueces debían hablar con sus sentencias y no mediante comunicados de prensa. Como señaló la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el TC estaba afrontando una crisis de credibilidad, debido tanto a los criterios de elección de sus magistrados -altamente sospechoso de politización-, como por el proceder sistemático del Tribunal de actuar por bloques, lo que era difícilmente compatible con métodos de resolución en los que primara lo jurídico sobre lo ideológico. La situación en el TC no está nada clara. En 2019, el Tribunal adoptó por unanimidad sendas sentencias por las que desestimaba los recursos contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y, entre los magistrados que la adoptaron, se encontraban Conde y Balaguer. El TC afirmó que todos los poderes públicos estaban sometidos a la Constitución y debían adecuar su actuación a sus disposiciones, lo contrario de lo que hicieron quienes atentaron contra el interés general de España al discutir sobre la preservación misma del Estado español y cuestionar su unidad e integración territorial. El Tribunal tuvo que actuar para reconducir la actuación de una Comunidad Autónoma cuyos órganos habían infringido gravemente sus obligaciones constitucionales y legales, y habían atentado contra dicho interés general. En 2021, Conde se apartó de todos los recursos derivados de la causa relativa al procès, porque los líderes independentistas lo recusaron por no ser imparcial. No creo que ahora lo recusen, porque -aunque siga sin ser imparcial- su parcialidad se inclina a favor de los independentistas. Según ha señalado María Jamardo en “El Debate”, si el TC ha reconocido que la democracia representada en el Parlament no era ilimitada, lo mismo cabe decir de la del Congreso, por lo que resultaría difícil salvar el argumento de que “una mayoría simple de 176 diputados pueda aprobar una ley llamada a amnistiar a miembros de varios de los partidos que la sacaron adelante”. Se ha preguntado si la mayoría de izquierda del TC sería capaz de avalar un texto normativo que, en sentido estricto, implicaría desautorizar las declaraciones hechas por los magistrados citados, que en en 2017 y con posterioridad condenaron la ilegalidad de las aspiraciones separatistas, y ha concluido que el pasado condiciona a Conde y a sus colegas del TC. La opinión general es que ya se sabe de antemano lo que el TC va a sentenciar en el caso harto probable de que el TS plantee una cuestión de inconstitucionalidad, al estar controlado por Conde, cuya doctrina mantiene -según Maite Alcaraz en “El Debate”- que “todas las leyes son interpretables y los tribunales tienen que ser permeables al mando del Gobierno y adaptar los criterios jurídicos a las estrategias de los despachos”. Para Andrés Betancor, el TC ya sabe lo que tiene que hacer y no hace falta que el Gobierno se lo recuerde. Enrique Gimbernat estima, en cambio, que no hay que dar por hecho que el Tribunal considere constitucional la Ley de Amnistía. Conde -que es un gran jurista- va a estudiar el caso muy a fondo y aplicará el derecho según su conciencia y su razonamiento. No hay que dar por supuesto que los 7 magistrados progresistas vayan a votar en bloque, y podría haber discrepancias. No comparto el optimismo del insigne penalista. Conde actuará, sin duda, conforme a su razonamiento, pero éste se inclina hacia la constitucionalización de la amnistía, tanto más si se confirmara que ha colaborado en secreto en la redacción de la Ley. En cuanto a los magistrados progresistas, siempre han actuado en bloque e imponiendo su rodillo. La situación se complica y ya se han producido las primeras recusaciones de algunos de los magistrados del TC. En mi opinión, Conde, Campo y Díez son manifiestamente recusables, y deberían abstenerse de intervenir para salvaguardar la imagen de imparcialidad del Tribunal. La recusación también podría alcanzar a Montalbán y a Balaguer. Dando muestras de dignidad profesional -virtud escasamente practicada en el bando sanchista- Campo ha solicitado su abstención ante un recurso de un particular contra la admisión a trámite de la Ley de Amnistía, para el que había sido designado como ponente, y ha anunciado que se abstendrá de intervenir en todo lo relacionado con dicha Ley. El virus de las recusaciones va a extenderse y existe el riesgo de que el Tribunal pierda efectivos en el sector progresista, si prosperaran las justas recusaciones de Conde y de Díez. En tal caso, se produciría un empate a cuatro votos y a la progresista vicepresidenta Montalbán correspondería el voto de calidad. En esta circunstancia cabe destacar la hola flagrante anormalidad de que, tras haber transcurrido 16 meses desde que dimitió Montoya, su vacante siga sin cubrir. ¿Puede la UE ayudar a España a evitar que se adopte la Ley de Amnistía? La UE ha evitado hasta fechas bien recientes inmiscuirse en los asuntos domésticos de sus Estados miembros, pero la Unión es un espacio político basado en unos valores compartidos, cuya vulneración no sería una cuestión meramente nacional. No hay ya una suma de Estados de Derecho, italiano, polaco o español, sino un Estado de Derecho europeo, en el sentido -como ha observado Rafael Arenas- de que si se viera amenazada la separación de poderes o los principios democráticos en cualquier lugar de la Unión, toda ella se pondría en peligro. Esta idea de “europeidad” se plasmó en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Cuando se pone en riesgo el Estado de Derecho se activan las competencias de las instituciones comunitarias, porque la protección de los principios democráticos en los Estados miembros es una tarea compartida entre las instituciones nacionales y las europeas. La UE se ha ido dotando de mecanismos que permiten a sus instituciones responder a una vulneración de estos valores, y cuyo máximo exponente es el artículo 7, que prevé que el Consejo Europeo -por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo- podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave de dichos valores por parte de un Estado miembro. Si además de grave el riesgo fuera persistente, el Consejo podrá invitar por unanimidad al Estado de que se trate a que presente sus observaciones y, si éstas no fueron satisfactorias, podrá decidir la suspensión de determinados derechos, incluidos los derechos de voto. El recurso a los mecanismos preventivos se inició a raíz de la llegada al poder de los partidos Fidesz en Hungría y Justicia y Libertad en Polonia, porque -como ha observado Belén Becerril- la colonización de las estructuras del Estado mediante ataques a la independencia judicial caracterizaron las acciones de dichos Gobiernos. Nunca se han llegado a imponer dichas sanciones porque el umbral requerido de la unanimidad hace casi imposible su uso, pero ello no significa que el artículo sea inútil, ya que el mero hecho de que se inicie el mecanismo preventivo produce un fuerte impacto político. Además, conforme al artículo 19, los Estados miembros deberán contar con vías que garanticen la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión, lo que exige la independencia de sus Tribunales. Por consiguiente, una normativa nacional que socave el principio de independencia del Poder Judicial constituiría una vulneración del ordenamiento jurídico de la UE. Es lo que ha sucedido en Polonia y en Hungría, y lo que podría ocurrir en España si se aprobara la Ley de Amnistía. En virtud de estos mecanismos preventivos y tras las deficiencias denunciadas por el Informe anual de la UE sobre el Estado de Derecho, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha pedido información al Gobierno español sobre su proposición de Ley de Amnistía, porque la Unión está muy preocupa por el concepto de ”lawfare”, que es incompatible con el principio de independencia del Poder Judicial. La preocupación europea por lo que está sucediendo en España se puso de manifiesto con la sesión monográfica que el Parlamento celebró el día 22 para debatir sobre la proposición española de Ley de Amnistía y su impacto en el Estado de Derecho. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Angeles Moreno, criticó la celebración de un debate sobre una Ley nacional que aún no había sido aprobada, lo que suponía una intromisión de la UE en una cuestión constitucional interna que era de la competencia exclusiva de España y que debería ser debatida únicamente en las Cortes. No explicó cómo un asunto tan interno iba a ser controlado desde el extranjero -fuera del espacio comunitario- por una anónima Comisión carente de cualquier base jurídica, bajo el arbitrio de verificadores internacionales. Resultó patético escuchar a la representante del PSOE, Iratxe García -presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Europeo- mantener ante sus colegas justo lo contrario de lo que hasta el pasado mes de julio había mantenido, convirtiendo a Puigdemont de villano en héroe. Para cubrir el peligroso flanco de la acusación de terrorismo, afirmó que la proposición de Ley excluía de la amnistía los actos terroristas, pero ocultó que solo se refería a aquéllos sobre los que hubiera recaído una sentencia firme, por lo que los actos terroristas cometidos por los CDR y por Tsunami Deocratic -bajo el liderazgo del propio Puigdemont y de Marta Rovira- serían amnistiados al no haberse celebrado aún los correspondientes juicios. El juez García Castellón ha sembrado el pánico entre independentistas y socialistas al proponer al TS el procesamiento de Puigdemont por terrorismo, pese al informe en contrario el fiscal de la Audiencia Nacional. El instructor ha solicitado asimismo al Gobierno suizo la entrega de Rovira y, aunque este Gobierno sea poco proclive a colaborar en los procesos contra personas que residan en su territorio, está obligado a ello dado que Suiza es Parte en el Convenio Europeo contra el Terrorismo. Sí Puigdemont Rovira hoy fueran condenados por terrorismo, perderían el derecho a ser amnistiados. Reynders estuvo cauto al reconocer que la cuestión catalana era un problema interno y no pronunciarse sobre la proposición hasta que no adquiriera rango de Ley, pero señaló que los expertos jurídicos de la Comisión estudiarían tanto la Ley, como el Pacto de Investidura entre el PSOE y Junts. La Unión, por tanto, mantiene bajo vigilancia al Gobierno español. Los mecanismos controladores de la UE son limitados pero relevantes, y ya se aplicaron con éxito en Rumanía, impidiendo que el Gobierno rumano concediera una amnistía. Asimismo, el TJUE ha condenado a Polonia y a Hungría por violar la independencia judicial. La Unión cuenta con otros mecanismos intimidatorios, como retener los fondos europeos, de conformidad con el Reglamento de Condicionalidad o el Plan Europeo de Recuperación. Si las Cortes adoptaran una Ley de amnistía que viole el Estado de Derecho, la UE no solo podría, sino debería intervenir. No obstante, la respuesta a tan importante reto deberá partir de España; de sus instituciones, de sus políticos y de la sociedad civil.

Carta a Reynders

Madrid, 13 de Noviembre dee 2023 Sr. Don Didier Reynders Comisario de Justicia Comisión Europea BRUSELAS (BELGICA) Estimado Comisario Reynders: Le presento mis excusas por distraer su atención, pero el asunto es extremadamente grave, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez está atentando contra el Estado de Derecho en España y violando los principios básicos de separación de poderes y de independencia del poder judicial, en contra de la normativa española y europea. El Gobierno está a punto te presentar en las Cortes una Ley para conceder una amplia amnistía a los políticos y ciudadanos catalanes que dieron un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de España en 2017, realizaron actos de terrorismo y atacaron a la policía. Algunos de ellos fueron condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, pero fueron indultados por el Gobierno a pesar de la opinión en contrario del Tribunal. Otros -como el antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, huyeron del país para eludir la justicia española y son considerados prófugos. Puigdemont fue elegido eurodiputado, pero el Parlamento Europeo ha suspendido su inmunidad y está pendiente de ser extraditado a España, si el Tribunal de Justicia de la UE rechaza el recurso presentado por sus abogados. En las elecciones generales de 23 de julio, el Partido Socialista (PSOE) fue derrotado por el Partido Popular (PP), pero a su líder, Alberto Núñez Feijóo, le faltaron tres votos en el Congreso y no puedo ser elegido presidente del Gobierno. Sánchez - cuyo partido había quedado en la segunda posición en las elecciones- presentó su candidatura, pero para ser elegido requería los votos de todos los partidos nacionalistas, incluidos los siete votos de “Junts por Catalunya”. Para lograrlos, el PSOE ha firmado un Acuerdo con Junts por el que sus diputados apoyarán la candidatura de Sánchez a cambio de la concesión de una amnistía -y eventualmente la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña-, así como de considerables concesiones económicas, financieras y de otro tipo, tales como reconocer que los Tribunales españoles habían recurrido al “lawfare” contra ciudadanos de Cataluña por sus ideologías independentistas, o que el Congreso podría crear Comisiones parlamentarias para supervisar -y eventualmente derogar- las decisiones y sentencias de jueces y de tribunales. Pese a no haber ido tan lejos como España, Polonia y Hungría han sido condenadas por la UE. Existe un precedente importante, que sin duda conocerá. En 2019, el presidente de la Comisión Europea, Claude de Juncker, afirmó en Bucarest que, si el Gobierno rumano llevaba a cabo su proyectada Ley de Amnistía, ello sería un paso atrás en el Estado de Derecho, y valores esenciales de la UE se verían adversamente afectados. La Unión presionó al Gobierno rumano y la amnistía no llegó a ser concedida. Espero que la Comisión Europea siga este importante precedente. Ha surgido un inmenso clamor en todos los sectores de la sociedad civil española contra este humillante Acuerdo y contra la posibilidad de que el Gobierno conceda una amnistía ilimitada a unos delincuentes que, no solo no se han arrepentido de sus crímenes, sino que, por el contrario, se han jactado de que volverán a cometerlos. Jueces, fiscales, abogados, profesores, diplomáticos, funcionarios, médicos, inspectores de Hacienda y policías han alzado sus voces en contra de la concesión de una amnistía, y cientos de miles de ciudadanos han salido a las calles para manifestar su oposición a una decisión de Sánchez que es injusta, inconstitucional e ilegal. Algo mal habrá hecho cuando las cuatro Asociaciones de Jueces y las cuatro asociaciones de fiscales -que suelen discrepan entre ellas-han reaccionado unánimemente contra la pésima conducta del Gobierno y se han opuesto tajantemente a la concesión de una amnistía, que supone una intromisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo en el Poder Judicial, y una violación del sagrado principio dr independencia de la justicia, 65 diplomáticos jubilados -la inmensa mayoría de ellos antiguos embajadores- han publicado una declaración titulada “No en mi nombre, ni en el de España: No a la amnistía, no a la autodeterminación”. Le adjunto a una copia de dicha declaración. Acogimos favorablemente la carta que ha dirigido a los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, en los que les alertaba de los riesgos de conceder una amnistía que podría quebrar los valores fundamentales de la UE, y les pedía que le facilitaran amplia información sobre el alcance personal, material y temporal de la proyectada Ley. Hemos quedado asombrados con la cínica respuesta de Bolaños de que no podía facilitar esa información porque su Gobierno era un Gobierno en funciones y no tenía nada que ver con la Ley, que era competencia de las Cortes. Este ”ministro en funciones” -la eminencia gris detrás de esta oprobiosa Ley-es el que ha firmado un Acuerdo con el presidente de ERC, Oriol Junqueras -condenado por el Tribunal Supremo e indultado por el Gobierno-, conforme al cual, a cambio del apoyo de los diputados de este partido a Sánchez, el Parlamento aprobará una amnistía y el Gobierno condonará 15,000 millones de euros de la deuda que la Generalitat tiene contraída con el Estado español. Supongo que será consciente de que Sánchez y su Gobierno en funciones están violando los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE y, en consecuencia, espero que la Comisión Europea aplique las disposiciones del artículo 7 de dicho Tratado y sancione a España, como ha hecho con Polonia y con Hungría. Atentos saludos Dr. José Antonio de Yturriaga Embajador de España Profesor de Derecho Diplomático en la UCM Ex-jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores

Crónica de una indignidad anunciada

CRÓNICA DE UNA INDIGNIDAD ANUNCIADA El 9 de noviembre fue un día aciago para España y los españoles. Todos nos temíamos que se llegara al fin a un acuerdo entre el PSOE y JxC, porque era de vital importancia para ambos partidos, pero nuestros peores presagios han quedado superados por la indignidad de Pedro Sánchez, que ha traspasado todas las líneas rojas posibles. La guinda a este descomunal desastre la ha puesto el intento de asesinato del antiguo líder del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, que ha salvado la vida de milagro. Se dice que los autores podrían ser miembros de los servicios de inteligencia de Irán, pero ha venido a mi mente el recuerdo de los tiros con los que terroristas de “Terra Lliure” hirieron a Federico Jiménez Losantos en 1981, por su grave crimen de haber defendido la paridad entre el catalán y el castellano. Minutos antes de producirse el atentado, el herido había afirmado que “ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Puigdemont que tritura en España el Estado de Derecho y acaba con la separación de poderes. Nuestra Nación dejará de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos”. Estos acontecimientos no se han producido de la noche a la mañana, sino que han sido fruto de un largo y penoso proceso. Antecedentes Desde que llegó al poder, Sánchez ha mostrado inclinación hacia los partidos separatistas de izquierdas de Cataluña y tomado una serie de medidas para favorecerlos, después de haber prometido que nunca lo haría. Así, indultó a los sediciosos catalanes que habían sido condenados por el Tribunal Supremo (TS) a pesar de la opinión desfavorable de éste, suprimió el delito de sedición, rebajó las penas al de malversación y ha decidido amnistiar a las personas enjuiciadas por su vinculación con el procès a cambio de que los independentistas le den sus votos para la investidura. Antes de las últimas elecciones generales, Sánchez afirmó que “el independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar, ya que no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”. En el informe justificativo de la concesión de indultos, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, argumentó que, “a diferencia de la amnistía -claramente inconstitucional-que se reclama en algunos sectores del independentismo, el indulto no hace desaparecer el delito”. El PSOE no solo no incluyó en su programa electoral la concesión de una amnistía a los responsables del procès, sino que la excluyó expresamente en sus declaraciones durante la campaña electoral. No entraba en sus planes concederla, pero -como ha reconocido el propio Sánchez- “las elecciones del 23 de julio cambiaron las cosas”. El cambio se ha debido a que, para poder ser reelegido al frente del Gobierno, a Sánchez no le bastaban los apoyos ofrecidos por sus socios en el anterior Gobierno y necesitaba imperiosamente los 7 votos del partido liderado por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont. La concesión de la amnistía era una “condición” para que pudiera haber un Gobierno de progreso, y el coraje se manifestaba haciendo realidad el refrán “hacer de la necesidad virtud” . En consecuencia, afirmó con el mayor de los cinismos que, “en el nombre de España, en el interés de España y en la defensa de la convivencia entre españoles”, defendía la amnistía en Cataluña para su normalización política. ¿En qué se basaba para hablar en nombre de España cuando no había sometido esa propuesta a la consideración de los españoles en las elecciones? ¿En qué beneficia al interés de España y a la convivencia entre españoles el perdón y el olvido de los delitos de unos delincuentes que, no solo no se han arrepentido de sus fechorías, sino que se han jactado de que las volverán a cometer? Según Emiliano García Page, en el caso de Sánchez en relación con Puigdemont hay más necesidad que virtud. En realidad, el lema que guía a Sánchez es el de que “el fin justifica los medios”. Curiosamente, Maquiavelo nunca pronunció esa frase , aunque quepa deducirse del contexto de su obra. No creo que el presidente haya leído “El Príncipe”, pero tiene sus ”negros” y “negras” que -además de redactarle su tesis doctoral y escribirle sus memorias- le facilitan frases ocurrentes para que intercale en sus discursos. A juicio del florentino, la necesidad impera sobre la moral y la virtud sin fortuna sirve de poco. “Cuando un príncipe ve que su fidelidad en la promesa se convierte en perjuicio suyo y que las ocasiones que le determinaron hacerlas no existen ya, no puede, y aún no debe, guardarlas. Si el príncipe es débil, debe recurrir a la astucia mejor que a la fuerza y no ser esclavo de su palabra, sino de su conveniencia”. Maquiavelo pretendía mostrar cómo lograr que el príncipe salvara a Italia. Sánchez es un aventajado discípulo de este maestro, pero su problema es que no quiere salvar a España -pese a sus hipócritas alegatos sobre la concordia ,el diálogo y el reencuentro-, sino salvarse a sí mismo. Para José Ignacio Torreblanca, existe una nítida línea que conecta ”El Príncipe” con el “Manual de resistencia” de Sánchez. Hay una definición de “maquiavélico” que viene a cuento: “Persona hipócrita y falsaria, calculadora y falta de empatía, que lo subordina todo al propio beneficio”. ¿Les recuerda a alguien? Sánchez también había dicho que Puigdemont era un prófugo y que él se comprometía a trabajar ”hic et nunc” para traerlo a España ,a fin de que rindiera cuentas ante la justicia. Efectivamente lo va a traer, pero no como un delincuente extraditado para ser juzgado por sus delitos, sino en olor de multitud en su calidad de antiguo -y futuro- presidente de la Generalitat, como un estadista ejemplar que va a permitir con los votos de su partido la formación en España de un nuevo Gobierno progresista. Sánchez mantiene ahora que la celebración del referéndum ilegal del 1-O, las Leyes de Desconexión que abolían la Constitución, y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no fueron delitos, sino” crisis políticas”, que nunca debieron ser judicializadas, y que -gracias a la amnistía- volvería a la política lo que nunca debería haber salido de ella. Las consecuencias de este increíble giro copernicano -por el interés de Sánchez- son extremadamente graves, ya que – si la actuación de los sediciosos catalanes fue legítima- el Rey Felipe VI habría ultrapasado sus funciones y errado al pronunciar su transcendental discurso del 3 de octubre 2017 -en el que echó en cara a las autoridades catalanas su ilegal alzamiento contra el Estado-, los jueces y fiscales del TS habrían prevaricado por juzgar y condenar injustamente y a sabiendas a unos patriotas inocentes, y el Gobierno, y las fuerzas de seguridad, que intervinieron legítimamente para restaurar el orden constitucional violado, abusaron de su poder y deberían ser sancionados y pedir perdón a los golpistas por sus injustificables excesos. Es especialmente preocupante el el alto grado de desprestigio en que el Gobierno ha situado a España con su disparatada política exterior, que la han convertido en el hazmerreír de Europa. Como decía Josep Tarradellas, lo único que no puede hacer un político es el ridículo, y Sánchez lo está haciendo en demasía. Los diplomáticos que dedicaron sus mejores esfuerzos para contrarrestar el falso relato de la eficaz ”agitprop” independentista, a fin de explicar a las Cancillerías el golpe de Estado posmoderno dado desde el poder por las autoridades catalanas - y que consiguieron que ni un solo Estado reconociera a la fugaz República Catalana- se encuentran ahora con que toda su labor ha sido en vano, porque los golpistas actuaron correctament, y que el proscrito de Waterloo no es ya un prófugo, sino un político que trabaja por el interés de España. En un Gobierno serio -sea de izquierdas o de derechas- lo importante es que gobierne con coherencia, siguiendo la política que estime más adecuada, aunque en el presente caso no se trate de una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de dignidad nacional. Un presidente de Gobierno responsable no puede someterse al chantaje de los enemigos de España y ser aliado preferente de quienes pretenden destruirla. ¿Qué pensarán los jueces del TJUE de un país cuyo Gobierno lleva años solicitando la extradición de un prófugo -al que ha acusado de rebelión, sedición y malversación- y ahora desautoriza a sus jueces y se postra ante el prófugo para mendigarle los votos de su partido, y que -para conseguirlos- está dispuesto a cometer las mayores vilezas? Acuerdo entre el PSOE y JxC Pese a la derrota del PSOE en las elecciones del 23-J, Sánchez estimó que las había ganado y que podría seguir gobernando con el apoyo de los partidos progresistas, incluido JxC. Sánchez envió a Waterloo a su vicepresidenta Yolanda Díaz en funciones de Juan Bautista para que enderezara los caminos del Señor. Se entrevistó con el fugado y se hicieron unas fotos que eran la muestra de la ignominia que Sánchez pretendía cometer. Como Puigdemont exigía su reconocimiento público y su legitimación, el presidente envió a Bruselas al número 3 del partido, Santos Cerdán, quien -en compañía de le eurodiputada Iratxe García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo- rindió pleitesía al prófugo y se hizo otra foto en la que ha quedado plasmado su blanqueamiento a nivel nacional y europeo. El Acuerdo del PSOE con ERC provocó los celos de Puigdemont, quién subió la apuesta a extremos increíbles y lo peor es que Sánchez ha aceptado sus exorbitantes exigencias sin rechistar, ante la proximidad de la fecha tope del 27 de noviembre. En el Acuerdo firmado por Cerdán y Turull, el PSOE ha asumido el lenguaje y el relato independentista: existencia de un enfrentamiento histórico entre España y Cataluña desde 1714, conflicto político que debe ser resuelto por la política al margen del derecho, desjudicialización de la política y fin del injusto acoso judicial a los independentistas –“lawfare”-, reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña, amnistía como única solución frente al acoso de los jueces, nuevas Mesas de Diálogo y de Acuerdo al margen de las Cortes, y negociación en el extranjero entre dos Estados soberanos bajo la supervisión de un mediador internacional. acatarse la sntencacatarse la sentencia El Acuerdo está lleno de inexactitudes, falacias y mentiras. Ambas partes han aceptado que el responsable de la agudización del conflicto no ha sido el independentismo, sino el PP, que denunció ante el Tribunal Constitucional (TC) la inconstitucionalidad del Estatuto de 2006, pasando por alto que también lo recurrieron el Defensor del Pueblo -el exministro socialista de Justicia, Enrique Mújica-, y dos Comunidades Autónomas. Fue decisiva la anulación en 2010 por el Tribunal de parte de un Estatuto que había sido adoptado por el Parlament y por las Cortes, y aprobado en referéndum por el pueblo catalán. El Estatuto fue sometido en Cataluña a un referéndum, pero en él solo participó el 48.45% del electorado y resultó aprobado por el 73.90% de los votantes, lo que contrastaba con el Estatuto de Sau en cuyo referéndum participó el 59.39% de los electores y obtuvo un voto afirmativo del 88.5%, lo que demostraba que apenas existía demanda social para su modificación. Señalan que la parte de la sociedad que lo refrendó buscaba el reconocimiento de Cataluña como nación. ¿Y cuál era la opinión del 51.55% de los catalanes que no participaron en la consulta y el 26.10% que lo rechazaron? Una de las mayores mentiras del independentismo es la identificación del pueblo catalán con los independentistas, excluyendo a más del 50% de los catalanes constitucionalistas. Afirman que generó una gran repulsa de la autoridades catalanas que se mostró en la celebración de una importante manifestación -convocada por el presidente socialista de la Generalitat, José Montilla, quien hizo un llamamiento a que no se acatase la sentencia y deslegitimó al TC. Añaden que la Generalitat hizo una serie de propuestas, “desde la lealtad y el marco legal vigente” (¿?), entre las que figuraban la concesión de un pacto fiscal similar al existente en el País Vasco y Navarra, y la autorización para celebrar un referéndum en Cataluña, pero el Gobierno central rechazó lamentablemente estas propuestas y no favoreció la negociación política. Mariano Rajoy aceptó todas las propuestas de la Generalitat -creo que eran 27- salvo estas dos, por ser claramente inconstitucionales. Mas acusó al Gobierno de discriminar a Cataluña, se echó al monte para presionar al Gobierno y -como el aprendiz de brujo- perdió el control de la situación e inició el camino hacia ninguna parte de la independencia. Con una increíble simplificación, han indicado que “todo ello” llevó a la aplicación del artículo 155 de de la Constitución. ¿Y qué era todo ello? No decía una palabra sobre la adopción de las Leyes de Referéndum y de Desconexión -que degradaban la Constitución y el Estatuto- y que hubo una DUI. También han silenciado que la inmensa mayoría de los senadores, incluidos los socialistas, votaron a favor de la resolución, aunque luego presionaran para que no se aplicara en sectores claves, se acortara el plazo de suspensión de la autonomía, y se celebrarán apresuradamente elecciones, que llevaron de nuevo a los líderes separatistas a la Generalitat. Continúan afirmando que, a raíz de lo acontecido -sin decir lo que aconteció-, los procesos afectaron adversamente a un sinfín de personas y tuvieron una incidencia política relevante, al igual que otras resoluciones de organismos internacionales -y ponían en pie de igualdad las sentencia del TJUE o del TEDH con las recomendaciones de un fantasmagórico Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, financiado y manipulado por la Generalitat. Ni mencionan la sentencia del TS que condenó a los responsables del procès que no huyeron, tras un juicio transparente y ejemplar, y una sentencia bastante benigna al no apreciarse la comisión de una rebelión de libro. Insisten en que solo la política podrá encauzar la búsqueda de una solución negociada, mediante “acuerdos que respondan a las demandas mayoritarias del Parlament, que representa legítimamente al pueblo de Cataluña”. Representa éste políticamente a una parte del pueblo de Cataluña, pero no socialmente, como muestra que en las últimas elecciones generales ERC y JxC quedaron en 4°y 5° lugar -incluso por detrás del PP-, con solo el 5.7% de los votos en toda España. En cualquier caso, no había justificación alguna para ignorar las demandas de más de 50% de catalanes constitucionalistas y de la inmensa mayoría del resto de los españoles. Pretenden sustituir la legalidad por la legitimidad popular, ignorando que no puede haber legitimidad democrática si no se respeta la legalidad. Pese a reiterar que existen grandes discrepancias con JxC, el PSOE ha ido admitiendo todas las reivindicaciones independentistas, especialmente la de la legitimidad del resultado y del mandato del referéndum del 1-O y de la DUI. Aunque niegue su aceptación, reconoce que es posible llegar a acuerdos sobre el tema. A causa de estas discrepancias, se ha acordado dotarse de un mecanismo liderado por un mediador internacional que realice el seguimiento del proceso negociador y verifique el cumplimiento de los acuerdos logrados. Se trata de una negociación en el extranjero entre dos Estados en pie de igualdad, bajo la supervisión de un árbitro internacional, al margen de cualquier intervención de las Cortes que representan a todo el pueblo español. Se señala que los acuerdos se producirían “a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones” Se perseguirá el objetivo de superar las limitaciones del autogobierno y acabar con el déficit fiscal, así como de reconocer a Cataluña como nación. Se ignoran por completo las aspiraciones de la otra mitad no separatista y del resto de los españoles, y -en cuanto a la consideración de nación- como los independistas son conscientes de la sentencia del TC de 2010, que afirma tajantemente que no hay más nación que la española, ese reconocimiento se hará, no en la Ley, sino en un documento político paralelo . JxC propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña al amparo del artículo 92 de la Constitución, que establece la posibilidad de celebrar referéndums consultivos sobre temas de especial importancia. El artículo prevé que en la consulta participarán todos los españoles y no solo los catalanes. El PSOE defenderá el cumplimiento del Estatuto de 2006 teniendo en cuenta la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña, y se compromete a restaurar las partes del Estatuto de 2005 que fueron declaradas inconstitucionales mediante un cambio radical de la jurisprudencia y de la doctrina de un TC que controla Cándido Conde-Pumpido, testaferro de Sánchez al servicio de S.M. Republicana. El Gobierno propondrá una modificación de la LOFCA que establezca para Cataluña una cláusula de excepción del sistema general de financiación, que permita la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Como ha observado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la cesión de los rendimientos podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las de la AEAT. Lo que reconoció al País Vasco y a Navarra la Constitución, se concederá ahora a Cataluña por la omnímoda voluntad del autócrata Sánchez. Se habla de pasada de la concesión de una amnistía para procurar una plena normalidad política, institucional y social, que permita abordar los retos del futuro inmediato de Cataluña. La correspondiente Ley deberá beneficiar tanto a los responsables, como a los individuos que -desde la consulta de 2014 al referéndum de 2017- hubieran sido objeto de decisiones o procedimientos vinculados a estos eventos. Se tendrán en cuenta la situaciones comprendidas en el concepto de “lawfare” y las consecuencias que pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad penal o administrativa. Se ha adoptado una formulación tan ambigua que el chicle de la amnistía se puede extender hasta el infinito y más allá, y afectará a los amigos de Puigdemont -como Borrás, Alay, Boye o incluso la sagrada familia Pujol-, aunque sus delitos no tengan nada que ver con el procès. Por supuesto que incluye a los CDR y a los directivos y comandos violentos de “Tsunami Democratic”, aunque la situación se les haya complicado con la imputación por parte el magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón del propio Puigdemont y de Marta Rovira por un delito de terrorismo. El Gobierno también se compromete ampliar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas e internacionales, en violación del artículo 149-1-3 de la Constitución, que prevé la competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales. Así, de una tacada, Puigdemont consigue del PSOE una amnistía, una referencia a la autodeterminación, una negociación en base a lo que diga el Parlament, el reconocimiento de la excepcionalidad de Cataluña y de su carácter de nación, el cupo catalán y la participación directa en las organizaciones internacionales. Se trata de concesiones de sentido único que solo benefician a JxC, porque ¿qué ofrece éste a cambio? Pues tan solo los 7 votos de sus diputados para investir a Sánchez y un vago compromiso de mantener la estabilidad de la legislatura, condicionado a que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos por el PSOE. Nada de expresar arrepentimiento o de pedir perdón, dado que no cometieron ningún delito, ni de prometer que no reincidirían recurriendo una acción unilateral, sino que han reiterado que “lo tornaran a fer” . Puigdemont y Junqueras han dejado bien claro que la amnistía es el primer paso hacia la autodeterminación y la independencia. Hay un gran clamor de desaprobación procedente del conjunto de la sociedad civil española. Jueces, fiscales, diplomáticos, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, empresarios y la Guardia Civil han expresado su repulsa a un acuerdo lesivo para España y han llamado a Sánchez de todo menos bonito. Este generalizado sentir se ha puesto de manifiesto gráficamente en el titular de “El Mundo” de “Sánchez rinde el Estado a Puigdemont”. Para Carlos Herrera en COPE, ha supuesto un adiós a la dignidad del Estado y a la verdad, al aceptar Sánchez la sarta de mentiras del independentismo. Según “El Debate”, el PSOE ha acordado con los independentistas la desaparición de una España de ciudadanos libres e iguales, pertenecientes a una patria común e indivisible, en un régimen de monarquía parlamentaria. El verdadero desafío a la Constitución lo encarna un delirante líder socialista cuya codicia y afán de poder coloca a España al borde de un caos sin precedentes. Sánchez acepta cualquier monstruosidad que le garantice su permanencia en el poder. “!Su reino por 7 votos!”. Todas las asociaciones de jueces han hecho una declaración conjunta en la que se rechaza el Acuerdo, porque permite la intromisión parlamentaria en asuntos judiciales y viola la separación de poderes y la independencia judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha adoptado una declaración en la que afirma que la amnistía es contraria al Estado de Derecho, porque permite que los autores de graves delitos queden exentos de comparecer ante los tribunales por el hecho de ser independentistas. No podía aceptar una iniciativa que cercena los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial. “La amnistía convierte a la justicia en una quimera”. Sesenta y cinco diplomáticos jubilados hemos firmado una Declaración titulada “No en mi nombre ni en el de España: No a la amnistía, no a la autodeterminación”, que ha sido publicada en este periódico. ¿Se puede parar la amnistía? Se puede y se debe intentar pararla, aunque será muy difícil conseguirlo, porque -aun cuando exigua- Sánchez cuenta con mayoría en el Congreso, y sus socios -por muy divididos que estén- se juntan como una piña para que un presidente tan proclive al separatismo- continúe en el poder y no gobierne la derecha. Cabe realizar contra la amnistía acciones políticas, judiciales y de presión en la calle. Las acciones políticas tienen escaso recorrido dada la actual configuración del Congreso. Como ha observado Santiago González, bastaría con que tres diputados socialistas votaran contra Sánchez para que no fuera investido, pero no hay en el Congreso tres socialistas decentes. Más posibilidades ofrece la vía judicial que -en situaciones normales- debería llevar a que el TC a declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, pero con su actual composición y sus persistentes votaciones de 7 a 4, es de temer que el Tribunal se pronuncie a favor de su constitucionalidad. Según “Libertad Digital”, Conde ha participado en secreto en la elaboración de la Ley, y Ciudadanos ha solicitado al TC que abra una investigación al efecto. El mero asesoramiento constituiría una flagrante violación del principio de imparcialidad inherente a la función de un juez del TC. Cabría el recurso a la vía judicial europea si el TS planteara una cuestión prejudicial ante el TJUE. Tiene argumentos más que suficientes en base a la normativa comunitaria en materia de terrorismo y de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional García Castellón ha imputado por terrorismo a Puigdemont, Rovira y a otros supuestos miembros de “Tsunami Democratic”, el TS ha condenado por malversación a varios de los amnistiables, y la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein decidió entregar a los tribunales españoles a Puigdemont por la comisión de un delito de malversación. Como ha señalado un grupo de profesores de Derecho, los delitos de terrorismo y de malversación no son amnistiables conforme a la normativa de la UE. Existe otra posible vía político-jurídica, como sería la intervención de la Comisión Europea a causa de la violación por España de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión, el primero de los cuales establece que la UE se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Hay un precedente. En 2019, el presidente de la Comisión Europea, Claude de Juncker, afirmó en Bucarest que, de otorgarse la amnistía prevista por el Gobierno rumano, se produciría un paso atrás en el Estado de Derecho y se vería afectado negativamente un valor esencial de la Unión, y la amnistía no se concedió. El comisario de Justicia, Didier Reynders, está con la mosca en la oreja con el proceso involutivo que se está produciendo en España y ha escrito una carta al Gobierno español en la que señala que -aunque la Ley de Amnistía no haya sido aún presentada- se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público, y gran número de ciudadanos habían contactado la Comisión al respecto. Por ello, ha pedido al Gobierno un informe detallado sobre la Ley, especialmente acerca de su alcance personal, material y temporal. “La Comisión supervisará la amnistía para garantizar que no viole los derechos fundamentales de los españoles” y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho. La Asociación de Fiscales ha enviado un escrito a la Comisión denunciando la ilegalidad de la amnistía y pidiendo su intervención en virtud del artículo 7 del Tratado, y que aplique los mecanismos en él previstos, incluido el procedimiento sancionador que se ha aplicado a Polonia y Hungría, si la Ley de Amnistía llegara a aprobarse. Según Fernando Sabater, si Sánchez se mantuviera en el poder gracias a una amnistía anticonstitucional, habría que luchar en la calle, en los medios de comunicación, en Ayuntamientos y Comunidades, en las aulas, en Europa y en las Organizaciones Internacionales. “Frente al resignado ‘!Ya basta!’, hay que gritar ‘!Basta ya!’”. El Gobierno socialista que justificaba los escraches a los políticos del PP y a las sedes de su partido, porque eran “jarabe democrático”, ahora se rasgan las vestiduras y se consideran como doncellas ultrajadas cuando algunos ciudadanos, más o menos exaltados, se concentren ante la sede socialista de la calle Ferraz. Hay que mantener la presión en la calle mediante manifestaciones pacíficas e impedir que elementos antisistema violentos desprestigien los actos en los que el pueblo español expresa su hartazgo por la intolerable deslealtad de Sánchez, al pretender conceder una inconstitucional amnistía a unos irredentos golpistas por “7 votos de plata”, que le permitan mantenerse en el poder. Sánchez deja en mantillas a don Julián y a Godoy. Madrid, 10 de noviembre de 2023

PSOE: Quiero y sí puedo, una Ley de Amnistía anticonstitucional

PSOE: QUIERO Y SÍ PUEDO, UNA LEY DE AMNISTÍA INCONSTITUCIONAL Al fin rugió la montaña socio-convergente y parió el ratón de la amnistía, ofrecida a las Cortes como proposición de ley del Grupo parlamentario del progenitor B, dado que el progenitor A no ha reconocido aúnla poco viable criatura, que ha nacido con exceso de peso y falta de contenido constitucional. Padrinos, comadronas y asistentes, que han contribuido al nacimiento del engendro, tampoco han participado en el parto y se mantienen a la expectativa, aunque con la intención de abrazar efusivamente al bebé en cuanto sea políticamente conveniente. El PSOE ha asumido en solitario la paternidad y no ha querido esperar por la urgente necesidad -ajena a la virtud- de que Pedro Sánchez fuera investido cuanto antes presidente del Gobierno. El maestro de ceremonias fue Félix Bolaños que manifestó que la proposición de ley era plenamente constitucional, con la misma intensidad y falta de convicción con la que el Gobierno había afirmado durante meses lo contrario. En Antena 3, Vicente Vallés ha mostrado los vídeos con las declaraciones de Sánchez, Calvo, Marlaska, Campo, Montero, Iceta e Illa, en las que declaraban tajantemente que la amnistía era inconstitucional. Tantas veces han repetido su rechazo de la amnistía, que ahora tienen que asegurar lo contrario y presumir de la constitucionalidad de su Ley, para convencerse a sí mismos y a los demás. Lo han reiterado hasta en 33 ocasiones y -según reza el refrán castellano, “dime de lo que me presumes y te diré de lo que careces”. Según “El Mundo”, la proposición de Ley es el mayor ejemplo de arbitrariedad y consagración de la mentira institucional que ha conocido nuestro país en las últimas décadas. “La falsedad primigenia de la futura norma es una clamorosa ausencia en su redacción: la de su única y auténtica motivación, que no es otra que la perpetuación en el poder del presidente en funciones”. El Gobierno dice que lo hace por el ” interés general”, cuando es simplemente el precio político pagado por una investidura y para evitar la alternancia. El propio Sánchez ha reconocido que la amnistía era la “condición” para su supervivencia política. El PSOE ha aceptado el chantaje de un prófugo, cuya conducta es eminentemente antidemocrática, y falta a la verdad al decir que busca la concordia, cuando lo que alienta es la discordia. La exposición de motivos de la Ley -más larga que su articulado- es el cuento de Pedro en el país catalán de las maravillas. Es profusa, confusa y difusa, plena de verborrea justificadora, e incluye muchas referencias a disposiciones y sentencias, nacionales y extranjeras, que suenan bien, pero que no vienen a cuento -se puede ver la “lunga mano” de Conde-Pumpido-. Afirma que la medida es comparable a las adoptadas por otros país cercanos -como Italia Portugal o Francia, sin tener en cuenta que la normativa de estos países aceptan la amnistía, aparte de que son casos completamente distintos y que lo que es válido para estos países no lo es necesariamente para España. También cita a Alemania -país que, aunque no la incluye en su Ley Fundamental, la ha concedido en casos excepcionales-, pero silencia que dicha Ley prohibidos prohíbe los partidos que propugnen la desintegración del país. En el Preámbulo se define la amnistía como una facultad legislativa que se configura en el ordenamiento jurídico como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales que, en el seno un Estado de Derecho, persigue la consecución del interés general, cuál es la necesidad de encauzar y superar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de una mejora en la convivencia y la cohesión social y política, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas. No pueden decirse más falacias en tan pocas palabras. No existe en Cataluña una situación política tan deteriorada que requiera el recurso a una medida excepcional como la amnistía. Hay infinidad de conflictos arraigados en el mundo que no se resuelven de forma tan drástica. Pero la mayor falsedad es repetir hasta la saciedad que se ha recurrido a ella en pro del “interés general” de la nación, cuando es público y notorio que se ha llevado a cabo por el “interés particular” de -como ha señalado Emiliano García Page- de Sánchez por mantenerse en el poder, y el de Puigdemont por eludir la cárcel ¿Qué interés general hay en que se condonen los graves delitos cometidos por unos políticos que no se han arrepentido de sus fechorías y se jactan de que las volverán a cometer? ¿Qué interés general hay en imponer a un gobernante que no ha ganado las elecciones y que formó en la anterior legislatura un desastroso Gobierno-Frankenstein con el apoyo de los partidos que quieren destruir a España? ¿En qué va mejorar la convivencia y la cohesión social? No solo no va a mejorar la convivencia en Cataluña, sino que la va a empeorar en el resto de España. Como ha observado Laura Borrás, “el conflicto ha dejado de ser entre catalanes y ahora lo va a ser entre españoles”. Con su resentimiento y su odio a lo español, el nacionalismo ha “catalanizado” el conjunto de la sociedad española ¿Cómo se pueden integrar las distintas sensibilidades políticas cuando, a nivel regional, se ignora y menosprecia a la mitad de los catalanes que no son nacionalistas y, a nivel nacional, los izquierdistas y los nacionalistas se confabulan para impedir que gobierne la derecha con una reedición del Pacto del Tinell? Se afirma en el texto que las Cortes recurren a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho y asumen la mejor vía para resolver desde la política un conflicto político, que afecta no solo a los líderes políticos -que son los menos-, sino también a cientos de ciudadanos que ejercen funciones esenciales en la Administración autonómica y local. Se trata de “excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general”, lo que permitirá superar el conflicto político. Es un paso más en el camino reconciliador bajo el principio de la justicia, en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta el Estado de Derecho no son inamovibles, dado que el Derecho está al servicio de la sociedad y no al revés, y que el Estado “debe tener capacidad de actualizarlos, adaptándose al contexto en cada momento”. Una Ley de Amnistía solo puede fundamentarse en la solidez del sistema democrático que demuestra así su conciliación a través de un acto de soberanía de las Cortes, que se pronuncia por un entendimiento, diálogo y negociación de las distintas sensibilidades políticas, ideológicas y nacionales. “El pluralismo político, la justicia y la igualdad presiden la ley de amnistía”. El constituyente de 1978 no la prohibió y “forma parte del pacto fundacional de la democracia española”. A quién se halla legitimado para tipificar y destipificar una determinada conducta se le debe reconocer la facultad de amnistiar cualquier delito. La igualdad no implica necesariamente que se dé un alcance universal a los efectos de la amnistía, y dicho principio solo deberá aplicarse cuando exista una identidad sustancial en las situaciones jurídicas. Podría dedicar varias páginas a rebatir esta sarta de sofismas, pero me voy a limitar a exponer brevemente algunas contra-argumentaciones . La amnistía no es un mecanismo que autorice la Constitución (CE), porque, aunque no explícita, está implícitamente prohibida. Como ha afirmado el ex -magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Jorge Rodríguez Zapata en su excelente artículo “La amnistía, el caballo de Troya contra la Constitución”-, no compete su concesión a las Cortes porque -según el artículo 62-2 de la CE-éstas solo pueden ejercer la potestad legislativa del Estado, aprobar presupuestos, controlar la acción el Gobierno y realizar las demás competencias que les atribuya la Constitución. Entre estas competencias tasadas no se incluye la de amnistíar, que fue vedada por los constituyentes al rechazar las enmiendas presentadas por los diputados Raúl Morodo y César Llorens. Asimismo fue rechazada la propuesta del PC de incluir entre las facultades de las Cortes la de “adoptar decisiones políticas fundamentales”. Por consiguiente, las ampulosas declaraciones de que la amnistía es una facultad legislativa, que forma parte del acto fundacional de la democracia española , y de que reconoce la competencia de éstas para otorgarla como un acto soberano, son inexactas e incorrectas. Es una democracia constitucional, no pueden existir funciones o potestades públicas si no están atribuidos por la propia Constitución con la precisión de en qué consisten, por quién se ejercen y con qué límites. La amnistía tiene que estar prevista de forma expresa en la CE, porque se entromete en la reserva de jurisdicción que corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales –artículo 117-3-, y “atenta contra la seguridad jurídica, la independencia judicial, la igualdad y el Estado social y democrático de Derecho”. Ningún poder debe entrometerse” de facto” en el ámbito de otro poder, ni ejercerse al margen de la CE. Las Cortes no son plenamente soberanas y tienen que someterse a la Constitución. Según Ignacio Varela -que fue miembro del gabinete de Felipe González- la amnistía es extrajurídica y anticonstitucional. Es antijurídica porque nada en ella responde a la acepción de la ley como “precepto dictado por la autoridad competente, en la que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y por el bien de los gobernados”. El precepto no ha sido dictado por la autoridad competente -no cree que Puigdemont lo sea-, no está en consonancia con la justicia puesto que ataca frontalmente a quienes la encarnan, resulta imposible encontrar en ella algo que guarde relación con el bien de los gobernados, y persigue más bien el provecho inmediato de un gobernante venal. Es doblemente inconstitucional porque violenta la voluntad del constituyente y sirve a un designio de vaciamiento progresivo de la Constitución por la vía de hecho. La CE prohíbe los indultos generales -articulo 62-i)- y , por pura lógica, “quién puede lo más, puede lo menos”. Si la Constitución prohíbe explícitamente los indultos generales, con mayor motivo incluirá de forma implícita la prohibición de la amnistía, que es un peldaño más en la escala del derecho de gracia, pues al perdón se añade el olvido. La amnistía afecta a todos los implicados en el procès , especialmente a sus líderes, que quedan totalmente blanqueados, y el hecho determinante es que éstos sean catalanes y aspiren a la independencia, a los que está permitido la comisión de cualquier delito -incluido el terrorismo- con tal de que lo cometan con el fin de lograr la secesión de España. Se crea una nueva disposición en el Código Penal, consistente en establecer una circunstancia eximente total para estos ciudadanos, cuya intención política basta. Remontan el origen del proceso a la sentencia del TC de 2010, que comportó una gran tensión institucional y dio lugar a la intervención de la justicia, que provoco la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que se reaviva cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales en el ámbito penal. La animadversión a España de ciertos sectores ya existía antes de 2010. Los jueces tuvieron que intervenir -como qué no podía ser de otra manera en un Estado de Derecho-, no contra unos ciudadanos que eran partidarios de la independencia, sino contra quienes habían cometido delitos sancionados por el Código Penal a la sazón vigente. Sánchez ha comprado el relato independentista y admite que existe un conflicto político entre Cataluña y España desde 1717, y que dicho conflicto solo puede ser resuelto con medidas políticas y no judiciales. El problema es que no existe la política en estado puro, ajena a cualquier otro valor, y pasa por alto que no se puede ejercer adecuadamente la política al margen del Derecho, ya que no hay política sin ley. Los autores de la proposición de Ley afirman que la concepción de la amnistía es la vía hacia la reconciliación en Cataluña, pero ¿cómo puede haber reconciliación cuando los autores de los delitos no aceptan la ilegalidad de su actuación, no se arrepienten ni piden perdón, y se jactan de que los volverán a cometer. Como ha observado Vicente Coll, la amnistía no es el fruto de un proceso de reconciliación entre los catalanes sino la consecuencia de un chantaje. Es una manifiesta impostura, un camuflaje y una humillación para los catalanes constitucionalistas. Hablan de pluralismo político, pero no existe tal cuando se descarta a los catalanes constitucionalistas y a la derecha nacional. Se persigue un fin flagrantemente injusto, cual es el de perdonar a quienes no quieren ser perdonados e insisten en volver a delinquir. No hay igualdad -en contra de lo requerido en los artículos 14 y 139-1 de la CE-, cuando, por ejemplo, un catalán -por el hecho de serlo y declararse indepe- puede apedrear con adoquines a un policía y dejarlo incapacitado de por vida, mientras que cualquier otro español fuera de Cataluña sería condenado por atentado a la autoridad por lanzarle una simple lata de Coca Cola vacía. Afirman que los Poderes Legislativo y Ejecutivo deben adaptar el Derecho a la realidad en función de las circunstancias y que el Estado ha de tener capacidad para actualizarlo. Es una burda consagración del relativismo jurídico, que permite al Estado modificar “de facto” la CE por la puerta de atrás, reinterpretándola en función de sus intereses, como propone el “independentista bueno” Íñigo Urkullu. Los secesionistas catalanes no son tan sutiles -o tan hipócritas- y violan a las bravas la Constitución y las leyes, e incumplen las sentencias de los Tribunales. Dicen inspirarse en los principios de responsabilidad, proporcionalidad y adecuación. Responsabilidad para superar la situación de alta tensión política en Cataluña mediante el diálogo y el reforzamiento de la convivencia para lograr la plena normalización. Solo hay diálogo entre el Gobierno y los independentistas, mientras que se ignoran por completo a los catalanes constitucionalistas ¿Cómo se puede normalizar la situación de la insumisión permanente de las autoridades catalanas que incumplen las leyes y las sentencias? Prueba de ello son la inmersión escolar forzosa en catalán y el incumplimiento de la sentencia sobre el 25% de enseñanza en castellano. Proporcionalidad, acotando con precisión los hechos amnistiados durante un determinado tiempo -de 2014 a 2023-. No se amnistían delitos menores como el robo o la estafa, sino graves delitos de sedición y de malversación, y se convierten los delitos de atentados terroristas en meras faltas de desórdenes públicos. ¡Menuda proporcionalidad! Adecuación: Se recurre a unos instrumentos jurídicos legítimos y constitucionales para resolver un conflicto que no puede ser resuelto por otros medios, como los indultos o la modificación del Código Penal. Se trata de una adecuación muy poco adecuada, pues -tras probar el Gobierno estas soluciones claudicantes- sigue sin resolverse el conflicto y hay que dar, por tanto, un paso más. No basta con perdonar a los sediciosos irredentos, sino que hay que borrar los delitos, como si no hubiera ocurrido nada en Cataluña estos últimos años. “Muerto el perro, se acabó la rabia”. ¡Todo sea por la memoria histórica, que un Gobierno que -desmemoriado sobre hechos recientes- limita a la Guerra Civil. Contenido de la Ley de Amnistía La Ley contiene 23 artículos y 3 disposiciones adicionales. Es una obra de autor, no tanto por sus redactores -parece ser que ha sido elaborada a pachas entre Jordi Turull y Félix Bolaños, bajo la cándida supervisión del presidente del TC-, sino por sus destinatarios, ya que los distintos artículos tienes nombres y apellidos. Hay cláusulas “Puigdemont”, “Rovira”, “Junqueras”, “Alay”, “Mas”, “CDR”, “Tsunami Democratic”…El artículo 1°, que establece el alcance de los beneficiados del maná de la amnistía, es uno de los más largos y prolijos de la Historia legislativa española. El Decreto-ley de 1936 contenía un artículo único que decía: “Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales”. La Ley de 1977 es algo más explícita, aunque no demasiado: “Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976”. La disparatada proposición de Ley de 2023 describe minuciosamente quienes serán los beneficiados de la amnistía, en un largo y confuso artículo con tres párrafos y uno de ellos con seis apartados: “Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones cometidas entre esas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas, o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”. Sigue a continuación una caótica enumeración acciones que trata de ser lo más exhaustivas posible pero, por si acaso, añaden en cada apartado la coletilla-escoba de “y cualquier otro acto tipificado como delito que tuviera idéntica finalidad”. ¡Todo vale! Habría sido más fácil redactar un artículo breve y añadir un anejo que incluyeran los nombres de todos los agraciados, o decir que serían amnistiados los catalanes partidario de la independencia que hubieren cometido cualquier acto que genere responsabilidad penal, administrativa o civil. Dentro del paraguas de este último término se cobijaría la sedicente responsabilidad contable, que se refiere esencialmente a las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Cuentas. Se incluyen los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o la independencia, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos. Figuran entre ellos los delitos de usurpación de funciones públicas y de malversación. Asimismo se incluyen las actuaciones desarrolladas con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares, o lograr que otras entidades prestaran su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña (“cláusula Alay”), y las vinculadas de cualquier manera al proceso independentista o a sus líderes (clausula “erga omnes”). También comprende los actos cometidos el relación con las consultas de 2014 y 2017 por quienes carecieran de competencia para ello o cuya convocatoria o celebración hubiera sido declarada ilícita (“cláusula Más”). Quedan amnistiados los actos de desobediencia y de atentado contra la autoridad siempre que se hubieran ejecutado con el fin de permitir la celebración de las citadas consultas, y los de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y entidades en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas, cuando tuvieran por objeto reivindicar la independencia o la celebración de consultas. Se mencionan los actos de desobediencia, desórdenes públicos y atentados contra las autoridades, ejecutados para mostrar el apoyo a los fines de la independencia. La Ley incluye excepciones a la aplicación de la amnistía, tales como los actos dolosos contra personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o daños al feto, los delitos de tortura o del tratos inhumanos o degradantes, y los delitos de traición o contra la paz o la independencia del Estado. También se incluyen los delitos de terrorismo siempre y cuando haya habido sentencia firme (“clausula Tsunami”), por lo que quedan cubiertos los independentistas que han cometido dichos delitos, porque -al no haberse cerrado sus causas- no ha habido sentencia firme. Hay también una cláusula impuesta por la UE, cual es la referente a los delitos que afectaren a los intereses financieros de la Unión. Por último, quedan excluidos los delitos en los que se aprecien motivaciones racistas, antisemitas o antigitanas, o que causen discriminación por razones de religión, sexo, u orientación sexual o de género. No se incluyen los actos de “antiespañolismo”, realizados frecuentemente por los independentistas. Prevé que el órgano judicial competente ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas amnistiadas, se procederá a la eliminación de los antecedentes penales, y quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura y las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención. Se alzarán las medidas cautelares cuando se plantee un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley (“cláusula Puigdemont”). El prófugo de Waterloo podrá regresar “en beautè” a España escoltado por los Mossos. Se acordará el archivo definitivo de los procedimientos administrativos incoados, se alzarán las medidas cautelares y se devolverán las cantidades consignadas. Se extinguirán las responsabilidades contables derivadas de las resoluciones del Tribunal de Cuentes y se devolverán las cauciones. Parafraseando un viejo y popular anuncio de la radio, cabe decir que “Sánchez y Puigdemont lavan más blanco”. Para culminar el pleno de las concesiones, los jueces deberán tomar con urgencia las medidas de ejecución de la amnistía en un plazo máximo de dos meses, “sin perjuicio de los posteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos”. Se trata de una pretensión excesiva que choca con la práctica seguida en los recursos de inconstitucionalidad y en el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Respecto al “lawfare”, el PSOE ha cedido ante las advertencias del comisario Reynders y la judicialización de la política no se menciona explícitamente en el texto de la Ley, aunque -cómo ha señalado Rodríguez-Zapata- se puede apreciar en la parte más endeble de su texto, que es la que exagera ”ad nauseam” las funciones de las Cortes en contra de lo establecido en la CE. Estrictamente no era necesario, puesto que el mensaje intimidatorio buscado se asienta en el Acuerdo político con JxC, que prevé que Comisiones parlamentarios de investigación actúen como tribunales populares “de facto”, con la consiguiente deslegitimación de los jueces. Cuando en la sesión de investidura Miriam Nogueras amenazó al Gobierno de no apoyarlo durante la legislatura si no cumplía con los compromisos asumidos en el Acuerdo, Sánchez respondió que cumpliría todos ellos. No es que la palabra del flamante presidente valga mucho, pero demuestra que el PSOE sigue uncido al carro de las exigencias independentistas. Resulta intolerable que las exorbitantes ansias de poder de un ególatra pongan en peligro la soberanía nacional y la integridad territorial de España. El sufrido pueblo español no lo puede consentir y-en contra de sus hábitos conservadores- se está empezado a lanzar a la calle para gritar “!Basta ya!”.