El Gobierno sigue tratando de controlar el poder judicial

EL GOBIERNO SIGUE TRATANDO DE CONTROLAR EL PODER JUDICIAL El Gobierno sigue tratando de controlar por cualquier medio el Poder Judicial, bien de forma directa, como en el caso de la utilización partidista de la Fiscalía General del Estado, bien de forma indirecta a través de sus testaferros en el seno de instituciones como el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal de Cuentas. Tan solo se escapan hasta ahora de su control el Tribunal Supremo (TS) y, por supuesto, los tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El escándalo de la Fiscalía General del Estado La Fiscalía General no es propiamente un órgano judicial, pero juega un papel fundamental en el ejercicio de la función judicial por los distintos tribunales. La Constitución lo sitúa dentro del título del Poder Judicial, aunque tenga un carácter híbrido, ya que es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos del ciudadano y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Debe ejercer sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a la legalidad y a la imparcialidad (artículo 124). El principio de dependencia jerárquica ha sido interpretado de forma abusiva por el Poder Ejecutivo y el Gobierno de turno suele proponer para cubrir el puesto a un jurista afín a su ideología y considera que está a sus órdenes. Esta absorción de la Fiscalía General por el Gobierno ha llegado hasta extremos inéditos hasta ahora durante la presidencia de Pedro Sánchez, que dejó bien claro que la Fiscalía era un órgano más del Gobierno. Pese a que el elegido deba ser un jurista de reconocido prestigio, independiente e imparcial, Sánchez no tuvo empacho en nombrar fiscal general a Dolores Delgado, miembro del PSOE, diputada y ministra de Justicia, tan solo unos días después de cesar en el puesto. Aunque fiscal de carrera, Delgado ha tenido una actuación profesional y política sumamente controvertida, y fue reprobada hasta en tres ocasiones por el Congreso y por el Senado. Siguiendo el clientelismo propio de la casa, Delgado propuso como sucesor al jefe de su Gabinete Técnico, Álvaro García, que no era precisamente un jurista de reconocido prestigio, pero que daba la coincidencia de que era miembro de la Unión Progresista de Fiscales, de la que la fiscal general se nutría para cubrir todos los puestos importantes, pese a su carácter minoritario. Previamente, Delgado -precavida ella- trató de asegurarse su futuro. Desde su posición en el Ministerio de Justicia, diseñó la súper-Fiscalía de Memoria Democrática, con nombre y apellidos. En el ínterin, se autopromocionó mediante la adopción de una disposición que garantizaba el nombramiento automático del fiscal general como fiscal de sala del TS al cesar en su puesto. No se sabe si es mayor el nepotismo de la decisión o la forma chapucera en que trató de realizarse: una enmienda a la Ley Concursal que se tramitaba en las Cortes. La maniobra era tan burda, que se vio frustrada por la oposición del socio del Gobierno y de sus aliados, por lo que la propuesta solo contó con los votos favorables del PSOE. Eso resultaba intolerable para el Gobierno sanchista, que se sentía obligado a agradecer los servicios prestados. El Fiscal general García -que debía su puesto al dedazo de su predecesora- acudió al rescate y la nombró fiscal de sala en la sección militar del TS, pese a sus escasos conocimientos en la materia. Este nombramiento ha sido recurrido por el fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, experto en cuestiones militares. Pero el culmen del nepotismo, rayano con la prevaricación, de García -al que Carlos Herrera llama “Don Alvarone”, por razones obvias- se ha alcanzado con su propuesta para nombrar Delgado fiscal de sala de de Memoria Histórica y Derechos Humanos, que fue aceptada por el Consejo de Ministros pese a la oposición de la inmensa mayoría de los miembros del Consejo Fiscal, de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que alegaron que el nombramiento era nulo de pleno derecho, tanto por razones de forma como de fondo. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los fiscales de sala serán nombrados por el fiscal general, previo informe del Consejo Fiscal. Cuando García llevó el nombramiento al Consejo, sus miembros solicitaron ejercer las competencias que les atribuía el artículo 58 de dictaminar acerca de la concurrencia de incompatibilidades de los candidatos al puesto, a lo que García se negó. Entonces, siete de los nueve consejeros electos se negaron a hacer el informe requerido por la legislación, que -aunque no vinculante- era preceptivo. Pese a la inexistencia de este informe, García nombró a Delgado para el puesto que ella misma había diseñado para sí, por lo que no se han cumplido las exigencias de la ley y el acto es nulo por razones formales. Existe la razón adicional de que se ha agotado la legislatura y se han convocado elecciones generales, por lo que -al no existir ninguna razón de urgencia para la cobertura del puesto- lo lógico hubiera sido dejar el nombramiento en manos del futuro fiscal general, si es que se cambia, como es más que probable. Pero también es nulo el nombramiento por razones sustantivas, porque -según el citado artículo 58- “en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge, o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ,ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”. Se produce el hecho público y notorio de que la pareja sentimental de Delgado es el juez réprobo expulsado de la judicatura, Baltasar Garzón, uno de los ideólogos de la Ley de Memoria Democrática, que es administrador único del despacho Ilocad y titular de la Fundación FIBGAR, instituciones especializadas en Derechos Humanos, materia que deberá controlar la nueva fiscal, por lo que es evidente que se puede producir un conflicto de intereses y se vería afectada su requerida imparcialidad. Como ha observado Elisa de la Nuez, pocos episodios ilustran tan bien la decadencia de la Fiscalía General como el nombramiento de Delgado, realizado por su sucesor y mano derecha, y la que debe su nombramiento. Como dicen los ingleses, “charity begins at home”. Incondicional apoyo del TC a las decisiones del Gobierno Conforme el plan trazado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, con la ayuda de su cohorte progre, el Tribunal va condonando -con más prisa que pausa- todas las leyes controvertidas adoptadas bajo los auspicios del Gobierno de coalición socio-comunista: Aborto, Eutanasia, Educación, Igualdad de trato de hombres y mujeres en el trabajo…, y lo mismo ocurrirá con el blanqueo de otras leyes, incluida la de la celebración un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pero el talante colaboracionista de la actual mayoría se extiende asimismo a otros temas de menor importancia, como pueden ser los recursos de amparo de los condenados en el caso de los ERE o la condonación de las pintorescas fórmulas de promesa de cumplimiento de la Constitución. Cualquiera que sea el caso, se aplica el rodillo y se reproduce el resultado de siete votos a favor y cuatro en contra. Por supuesto que -una vez lograda la mayoría- entre las urgencias de Conde no figura la de cubrir la vacante producida por la enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, querido compañero de Facultad en la Universidad de Sevilla. ¿Para qué, si corresponde al sector conservador? El de los ERE ha supuesto el mayor caso de corrupción de la democracia, no solo por el elevado montante del fraude a la Hacienda Pública -unos 700 millones de euros-, sino también por su carácter institucional, ya que se trató de una estafa cometida a lo largo de numerosos años por la Junta de Andalucía, y por la que han sido condenados sus Presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y un considerable número de consejeros y altos cargos de la misma -un total de 19-, por haber conocido y consentido el “descontrol absoluto” del fraude. La instrucción del caso por la juez Mercedes Alaya fue obstaculizada por la propia Junta, que se personó en el proceso como acusación particular para proteger y defender desde dentro a los acusados. A pesar de las enormes presiones políticas a las que se vio sometida Audiencia Provincial de Sevilla, su sentencia de fue ejemplar y fue confirmada en lo esencial por el TS. Los recurrentes -entre los que se encontraban Chávez y Griñán- basaron su recurso en la pretendida vulneración del derecho a la legalidad penal cometida por ambos tribunales en la interpretación del artículo 444 del Código Penal sobre prevaricación y del artículo 432 sobre malversación. Pese a que estas alegaciones carecieran de fundamento, el recurso fue admitido a trámite por la mayoría del TC, so pretexto de la especial trascendencia constitucional de los recursos de amparo en atención a su relevancia social y a las consecuencias políticas generales. El Tribunal se ha separado una vez más de la práctica seguida hasta ahora, por la que, no se consideraba suficiente para la admisión a trámite de un recurso la relevancia política ni la notoriedad pública del recurrente y, tratándose de causas de corrupción, estimaba que la repercusión política o social que dichas causas penales hubieran tenido no dotaban a los recursos de amparo de especial transcendencia constitucional. En un voto particular, los magistrados de la minoría señalaron que el TC no solía admitir la inmensa mayoría de las demandas de amparo, debido a que el Tribunal no debía convertirse en una súper-corte de casación que se pronunciará sobre asuntos que correspondían a la jurisdicción ordinaria. Enrique Arnaldo y César Tolosa han observado que el TC no apreció especial trascendencia constitucional en otros grandes supuestos de corrupción, como en el “caso Noos” (2019), en el que rechazó el recurso de Iñaki Urdangarín, o el “caso Gürtel” (2021), en el que hizo lo propio con los recursos de Francisco Correa y de Pablo Crespo. La Sala del Tribunal -presidida por Inmaculada Montalbán- ha apreciado, de en la interpretación de las disposiciones sobre el delito de prevaricación, de forma un tanto frívola y escasamente fundada, una “cierta extravagancia”, porque la prevaricación se refería a resoluciones administrativas que eran actos pre-legislativos, acuerdos del Gobierno andaluz que desembocaron en la aprobación de unos presupuestos por parte del Parlamento. Para los magistrados discrepantes, sin embargo, de conformidad con el artículo 117-3 de la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos “corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. Una vez más, el TC ha ultrapasado sus competencias ya asumido de forma exorbitante unas funciones que no le corresponden. Como han observado Arnaldo y Tolosa, el propio tribunal ha reconocido en repetidas ocasiones que no tiene competencia para definir o interpretar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, y que la función de interpretar y aplicar la legislación vigente, subsumiendo en las normas los hechos enjuiciados, “corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios”. Tanto la Ley Electoral como los Reglamentos del Congreso y del Senado prevén que los diputados y senadores electos deben jurar o prometer la Constitución, pero no establecen cuál es la fórmula adecuada para hacerlo. En 1989, tres diputados de Herri Batasuna acataron la Constitución “por imperativo legal” y el presidente del Congreso, el socialista Félix Pons, rechazó el añadido y se negó a reconocerles la condición plena de parlamentarios. Los abertzales recurrieron y el TC les dio en 1990 la razón y estimó que la fórmula resultaba aceptable. En 2019, los diputados y senadores independentistas y de izquierdas pugnaron por ver quién era más original e insultante a la hora de prometer la Constitución, ante la actitud tolerante y comprensiva de la expresidenta de las respectivas cámaras, Meritxell Batet y Pilar Llop. Entre las fórmulas utilizadas figuraban las siguientes: “por la libertad de los presos políticos catalanes y por el regreso de los exilados”, “por hola lealtad al mandato democrático del 1 de octubre”, “hasta la Constitución de la República Catalana”, “por fidelidad al pueblo de Cataluña”, “en lealtad primera y última a nuestro pueblo”, “hasta la creación de la República Vasca”, “hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre”, “por los derechos del País Vasco”, por Andalucía libre”, “en defensa del derecho de autodeterminación”, “desde el compromiso republicano”, “por las trece rosas”, “por evitar una España vaciada y otra desarrollada”, “ por la libertad de los pueblos indígenas”; “por la igualdad de género y la justicia climática”, “por el planeta”…etc. Algunos de los comentarios añadidos a las promesa eran pintorescos y estrafalarios, aunque inofensivos, pero otros eran francamente atentatorios contra la Constitución y suponían una lacerante burla al decoro de las Cámaras. Pese a las protestas del PP, Ciudadanos y Vox, las respectivas presidentas estimaron que las expresiones utilizadas no eran contrarías a la Constitución ni al Reglamento de las Cámaras, y habían sido avaladas por la Junta Electoral Central y por el TC, que había mostrado gran flexibilidad sobre las formas de realizar el acatamiento. Ocho diputados del PP presentaron un recurso contra la decisión de Batet, que ha sido rechazado por el TC pon 6 votos a favor y cuatro en contra, produciéndose la abstención de Juan Carlos Campo por sus relaciones con la presidenta del Congreso. La ponente ha sido María Luisa Segoviano, que se suponía que era un verso suelto dentro del progresismo, pero que ha mostrado ser una de las magistradas más alineadas con las tesis del Gobierno. La mayoría ha argumentado que no ha quedado acreditado que la decisión de Batet haya incidido en los derechos y facultades que conforman el status propio del cargo de diputado, ni lo haya cercenado, y que las fórmulas utilizadas no impedían al resto de los diputados ejercer sus funciones parlamentarias “en plenitud”. Es obvio que el incorrecto lenguaje utilizado por algunos diputados no afectaba al ejercicio de las funciones de los demás, pero no se trataba de eso, sino de que se realizara un fraude notorio, no solo a la letra, sino sobre todo al espíritu de la Constitución. El legislador condiciona el inicio del mandato de un diputado a que acate la Constitución, y alguna de las fórmulas utilizadas no solo no implican dicho acatamiento, sino que constituyen una burla a la Constitución y atenta al decoro de las Cortes. En la sentencia en la que condonó la fórmula de “por imperativo legal”, el TC dejó bien claro que las expresiones añadidas a la promesa no podían vaciar ni desnaturalizar su sentido, y es evidente que muchas de estas manifestaciones -especialmente las formuladas por los independentistas- lo hacían. Cómo ha señalado Josu de Miguel, en democracia la formas también tienen su importancia y el enunciado del compromiso qué deben asumir los diputados ha de ser diáfano y sin matices. La variedad de expresiones inequívocas hace que los ciudadanos interpreten las coletillas utilizadas como manifestación de reservas al cumplimiento de la Constitución. Según Arcadi Espada, en una errónea interpretación de libertad de expresión de los diputados, Batet primero y el TC después, han aceptado la burla expresa a la Constitución qué han manifestado los sediciosos catalanes y los insultos a la democracia española. El Tribunal ha perdido una excelente ocasión de poner término a una reunión práctica que ya me he ido siguiendo en las sesiones de Constitución de las distintas legislaturas y de devolver el decoro a la práctica parlamentaria española. El Tribunal de Cuentas también protege al Gobierno El Tribunal de Cuentas desempeñó un papel fundamental en la persecución de los sediciosos catalanes, porque los atacó por donde más les dolía, por la cartera, pues les impuso importantes sanciones económicas y el depósito de elevadas fianzas que garantizaran el pago de las mismas. El Gobierno aceleró el control del Tribunal para acudir en auxilio de sus aliados catalanes y contó curiosamente para ello con la colaboración del PP liderado a la sazón por Pablo Casado. Remodelado el Tribunal y excluidos algunos magistrados que habían desempeñado un destacado protagonismo en el proceso sancionador, se redujeron las sanciones, se permitió que la Generalitat avalara con fondos públicos las fianzas de los condenados y se acabó por liberarles de las mismas. Ahora solo falta que se les compense económicamente los perjuicios ocasionados y, conociendo a Sánchez y que los compromisos con sus socios catalanes son unos de los pocos que cumple, todo es cuestión de tiempo. Ahora, un Grupo técnico del Tribunal liderado por el profesor Javier Morillas ha elaborado un informe bastante crítico sobre la gestión gubernamental durante la pandemia del COVID. El informe criticaba no solo la gestión, los contratos y los gastos no solo del Ministerio de Sanidad de Salvador IIla, sino también de los del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, y de Transportes de José Luis Ábalos, que ponían de manifiesto muchas irregularidades no justificadas por la urgencia del momento. En él afloraban cambios injustificadosde proveedores, la celebración de contratos de urgencia cuando no la había, y la actitud opaca del Gobierno chino. Era un lunar en la campaña de propaganda permanente sobre la excelencia de la actuación del Gobierno que resultaba intolerable. Por ello, la mayoría compuesta por los magistrados elegidos a propuesta del PSOE votaron en contra del informe y la presidenta, Enriqueta Chicano, se ha negado a que se remita a las Cortes y a que se publique en su actual redacción. El TS, último reducto galo del imperio romano sanchista Pese a sus denodados esfuerzos, Sánchez no ha podido domeñar aún a los tribunales ordinarios de Justicia y especialmente al TS, pilar que mantiene el Estado de Derecho en España. Últimamente el Tribunal ha dictado un par de sentencias que mantienen nuestra esperanza en la justicia: La que ha rechazado los recursos y de Carles Puigdemont y de sus compinches, y la que ha avalado la actuación de los Tribunales en las rebajas de condena provocadas por la ley del “Sí es sí”. La Sala de Apelación del TS ha desestimado los recursos presentados por Puigdemont, Comin, Ponsatí y Puig, y confirmado la tesis del magistrado-instructor, Pablo Llarena, de que siguen incursos en un delito de malversación agravada y que no les son, por tanto, aplicables las rebajas de penas “ad personam” acordadas por el Gobierno para satisfacer a sus aliados separatistas. Según la Sala, la reforma del Código Penal no ha cambiado el escenario, ya que no se han modificado las razones hola que justificaron su procesamiento, y Llarena no ha pecado en ningún momento de parcialidad, ni ha vulnerado los derechos de los condenados. “Los hechos probados declarados en nuestra sentencia nunca podrán recibir el tratamiento privilegiado que representa la aplicación del artículo 483 del Código Penal. Aplicar los fondos públicos de la Generalitat para la financiación de una consulta popular que desbordaba el marco competencial de quienes la promovían […] y orientada a un proceso secesionista que no llegó a tener virtualidad nunca podrán considerarse una aplicación pública diferente de aquella a la que estaban adscritos dichos fondos”. La reforma realizada no desdibujaba el escenario de la causa, ya que “el ánimo de lucro en sentido jurídico penal no significa ánimo de enriquecerse, sino de apropiarse una cosa para disponer de ella como si fuera su propietario; es decir, disponer de ella de la manera más absoluta”. Por otra parte, no cabe transformar la sedición en un delito de desordenes públicos, ya que son distintos los elementos de ambos tipos penales. Los sediciosos no incurrieron en este último delito, sino en el de desobediencia, recogido en el artículo 410 del Código, pues desplegaron e impulsaron “una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ninguna llamada la violencia, y no unos desórdenes públicos por medio de la violencia”. El pleno del TS también ha certificado que la ley del “Sí es sí” había supuesto la reducción de condenas a más de un millar de agresores sexuales, y descartado el criterio con el que la Fiscalía General ordenó oponerse a las rebajas, al estimar que debía aplicarse la disposición transitoria del Código de 1995 que cerraba la puerta a la revisión de la mayor parte de condenas firmes y establecía que no debían revisarse aquellas que siguieran dentro de la nueva horquilla de mínimos y máximos. Al no incluirse dicha disposición en la Ley, no podía extenderse a la reforma de los delitos sexuales. El Tribunal ha avalado las rebajas en la que las Audiencias se han limitado a sustituir la pena mínima impuesta en su día por la nueva más baja contemplada en la Ley del “Sí es sí”. Por otro lado, ha desestimado los recursos de los penados que no habían resultado beneficiados o reclamaban una rebaja mayor. Lo que para la ministra de Igualdad, Irene Montero -principal aunque no única responsable del bodrio- ha sido una “mala noticia", ha sido una excelente nueva para los amantes de la justicia y del Estado de Derecho. Madrid, 25 de junio de 2023

Santos, un diplomático que no suma, sino que resta y divide

SANTOS, UN DIPLOMÁTICO QUE NO SUMA, SINO QUE RESTA Y DIVIDE Estos últimos días han sido noticia -y no precisamente buena- las declaraciones, escritos y opiniones del hasta hace poco representante permanente de España ante la ONU en Nueva York, Agustín Santos, al que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha incluido como número 2 en las listas de “Sumar” por Madrid para las elecciones generales del 23 de julio . Según ha revelado el corresponsal de ”ABC” en Estados Unidos, David Alandete, Santos practicaba una doble vida literaria, desdoblando -cómo el Dr. Jekyll- su personalidad bajo el seudónimo de Gustavo Buster, quien exponía sus ideas explosivas especialmente a través de la revista marxista “Sin permiso”, cuyo lema es “República y Socialismo también para el siglo XXI”, y de la que es miembro destacado de su Comité de Redacción. Ello sin permiso de la superioridad, pues -por mucho que el Ministerio de Asuntos Exteriores no haya estado en ocasiones a la altura de sus responsabilidades- no creo que haya dado la venia a la manifestación de las truculentas opiniones de un destacado diplomático, que ha ocupado durante siete años dos de los puestos más importantes y de mayor responsabilidad en la carrera diplomática española, como son la jefatura de la Representación Permanente de España ante la ONU en Nueva York y en Ginebra. Según han declarado al periódico fuentes del Ministerio, éste ignoraba que Santos escribiera bajo seudónimo, y que cualquier diplomático podía expresar libremente sus opiniones políticas, siempre que no revelara secretos oficiales. Como ha destacado “ABC” en un editorial, la designación de Santos está ofreciendo sorpresas insospechadas, ya que en sus intervenciones y escritos “no solo se exhibe cómo sectario ideológico profundamente antidemocrático, arremetiendo contra la monarquía, la OTAN o la derecha, sino que también se descubre como fervoroso partidario del independentismo catalán”. Su predecesor en el puesto, el embajador Inocencio Arias, ha observado que Santos lleva tiempo poniendo en tela de juicio y zahiriendo la Constitución, la monarquía y nuestra pertenencia a la OTAN, e incluso abogando por el derecho de autodeterminación de cualquier parte de España. Ha señalado que habrá llenado de perplejidad a muchos diplomáticos -que en numerosas embajadas defienden cada día la unidad de España- ver como su colega en la ONU tenga dudas al respecto, tratándose de un funcionario que debería defender a España en el ágora más importante del planeta. Vaya por delante que un diplomático -como cualquier otro funcionario- puede tener la posición ideológica que estime oportuna, militar en el partido político que le pete y expresar sus opiniones -por críticas que sean- , siempre que ello no afecte adversamente al ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, y -en el caso de Santos- parece ser que ha cruzado más rayas rojas de lo que es tolerable para un embajador de España. Cualidades exigidas a los diplomáticos Ya en el siglo IV, Casiodoro mantenía que la misión diplomática requería del arte de “varón sabio y prudente, capaz de expresarse ante una asamblea sutil y docta”. Jacques Duguet decía que el embajador debería ser “ muy sabio, moderado, reservado, atento y versado en la historia”. El embajador José Sebastián de Erice enunció -de forma no exhaustiva y un tanto voluntarista- las virtudes que debería reunir el diplomático: ardor patriótico a toda prueba, educación, afabilidad, prudencia, cautela, sinceridad, fidelidad, disciplina, veracidad, serenidad, experiencia, inteligencia clara, juicio rápido, decisión lenta, caballerosidad, profesionalidad, impasibilidad, entereza, sociabilidad, largueza, mesura, comedimiento, morigeración, capacidad de observar y de estudio, laboriosidad, elocuencia y adecuada presentación externa. El embajador Mariano Ucelay simplificó el catálogo reduciéndolo a las virtudes” “teologales” - sentido de Estado, interés nacional y honor nacional- y “cardinales” -realidad, oportunidad, proporcionalidad y sentido común y del humor-. No parece que Santos haya practicado la mayoría de estas virtudes, según se deduce de sus declaraciones y escritos, aunque quepa decir en su honor que no se ha escudado detrás de su seudónimo, que figura en la frontal de su revista de cabecera en los siguientes términos: ”Gustavo Buster-Agustín Santos Maraver (Nueva York-Madrid). Bajo ese seudónimo, ha pronunciado conferencias y participado en debates controvertidos, sin que la superioridad le haya siquiera mostrado una tarjeta amarilla, pese a la radicalidad de sus posiciones y su evidente incompatibilidad con la política interior y exterior del Gobierno español. No conozco personalmente a Santos, ni fue alumno mío durante los 12 años en que fui profesor de la Escuela Diplomática, pues ingresó en mayo de 1982, cuando yo tuve que dejar la enseñanza en la Escuela por mis funciones de secretario general técnico, y -tras la llegada del PSOE al Gobierno- inicié mi singladura cómo embajador en diversos países. No obstante, dada mi condición de antiguo representante permanente ante las Naciones Unidas en Viena, creo tener la suficiente autoridad moral para valorar su actuación como representante de España en la ONU. Nunca me crucé con Santos durante el periodo en que compartimos carrera, ni coincidí con él en puesto alguno, por lo que no tengo ningún pre-juicio -bueno o malo- sobre él. De ahí, tenga que basar mi evaluación en los datos facilitados por periodistas como David Alandete, Daniel Tercero o Luca Constantini, que no han sido contradichos o corregidos por el interesado. Las opiniones de Santos han afectado tanto a la política interior como a la exterior del Gobierno español. Política interior Supongo que, cuando Santos se incorporó a la Carrera diplomática, prometió respetar la Constitución, aunque, acto seguido presentara en su fuero interno una enmienda a la totalidad de la misma, consistente en derogarla e instaurar la III República. A estos efectos, se ha servido especialmente de la oportunidad que le ha proporcionado el golpe de Estado intentado por la Generalitat en 2017. Durante su desempeño del puesto de cónsul general en Perpiñán -una especie de virrey en la Cataluña francesa-, Santos publicó hasta diez artículos en apoyo de la independencia de Cataluña. Ignoro lo que haría o dejaría de hacer para cumplir las instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores con el objeto de impedir que ningún Gobierno o autoridad internacional reconociera la independencia de Cataluña. En el artículo “La revuelta democrática de Cataluña y la reacción de Rajoy” (2017) afirmó que el referéndum ilegal del 1-O sería recordado como una de las jornadas más espectaculares de la lucha pacífica de la población catalana por el derecho a la autodeterminación, y como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Era un referéndum legal que permitía a Cataluña expresarse sobre cómo quería vivir políticamente y relacionarse con otros Estados, y supondría el final del régimen de 1978. Solo así se entendía la intransigente y violenta oposición del Gobierno central y de los partidos dinásticos a la autodeterminación. No se trataba solo de un problema de Cataluña, sino que afectaba al conjunto del Estado. Si avanzaran el discurso, las amenazas y la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado- Ejercito, Iglesia, jueces, monarquía y cuerpos represivos-, los derechos y las libertades de los españoles se verían afectados más aún que ahora, y entonces perderíamos todos. Defender la independencia de Cataluña era la mejor manera de acabar con el Reino de España. La secesión a través de la autodeterminación no solo era una opción para defender a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, sino también al resto de las Comunidades Autónomas, a las que se les impedía decidir si querían una Monarquía heredera directa del franquismo o una República. Extender la base social del apoyo a la autodeterminación y a la independencia suponía mostrar que una República catalana era mucho más favorable para los intereses de las clases trabajadoras que la actual situación. En España había una monarquía bananera que subsistía gracias a una amalgama de partidos dinásticos, por lo que era necesario realizar cuanto antes un cambio de régimen para acabar con la segunda restauración borbónica, a partir de la unidad de las izquierdas. En su artículo “Resistencia, represión, libertad y Cataluña” (2018), el Cónsul general señalaba que la lucha catalana por su autodeterminación debería ser recogida por una izquierda emergente para enlazarla con la lucha de los pueblos de España por su autodeterminación y por la República. Las elecciones autonómicas que se celebraron en 2017 bajo la férula de artículo 155 de la Constitución pusieron de manifiesto la situación de una nación intervenida, pues se celebraron con políticos presos y miembros del Gobierno legítimo de la Generalitat -incluido su presidente- en el exilio, bajo amenaza de ser encarcelados; Lamentó que el presidente Carles Puigdemont no pudiera haberse presentado a la investidura como presidente legítimo de la Generalitat. Defendió la muy necesaria actuación de los comités de Defensa de la República y descalificó a Sociedad Civil Catalana como una fuerza de la ultraderecha con conexiones fascistas. Semejantes afirmaciones eran más propias de un “embajador” de la Generalitat que de un representante de España. En relación con las elecciones generales, Santos manifestó en 2022 que habría que ver si el creciente descontento social se traducía en una movilización electoral, cuyo componente de centro izquierda estaba hegemonizado por el PSOE, pero quedaba por conocer dónde se situaba el partido que pretendía crear Yolanda Díaz. Había que evitar por todos los medios un triunfo de las derechas que desembocara en un Gobierno de PP y de Vox, que abriría la puerta a la implantación institucional de una restauración reaccionaria del régimen de 1978. El 4 de junio de 2023, tan solo unos días antes de presentar su dimisión para poder presentarse en las listas de “Sumar”, Santos publicó su último artículo como embajador de España, con el significativo título de “Derrotar al PP y a Vox”. El embajador Arias ha planteado el caso hipotético de que Díaz lograra ser la primera presidenta del Gobierno de España y nombrara ministro de Asuntos Exteriores a Santos, y se ha preguntado dialécticamente que harían ambos si uno de sus embajadores pronunciara frases hirientes contra los herederos de Fidel Castro, despreciara a Putin o a Xi Jinping, elogiara a Marina Le Pen, e hiciera ascos al presidente de la III República. Ha contestado diciendo que suponía que el insensato sería cesado en horas 24, lo tendrían ocho años en el pasillo y finalmente lo mandarían a un consulado pacífico donde no pudiera hacer daño. Pedro Sánchez es mucho más comprensivo y generoso, y ha mantenido en su puesto durante cinco años a su representante permanente ante la ONU en Nueva York, pese a su actuación kamikaze contra el Estado y contra el Rey. Claro que, si permite que esto mismo lo hagan sus vicepresidentes y sus ministros desde el seno del Gobierno, es natural que sea igualmente tolerante con un embajador. Ha habido un precedente no muy lejano cuando el embajador en Andorra, Alberto Moreno, fue fulminantemente cesado por hacer unas declaraciones sobre la situación en Cataluña, que el ministro de Asuntos Exteriores consideró sumamente desacertadas. Era cuando gobernaban la horrenda derecha y el ex-embajador se tuvo que consolar con un puesto de concejal en un pueblo de Cataluña bajo las siglas de Podemos. Santos ha sido sin duda más afortunado que Moreno. Esta surrealista situación plantea más un problema ético que jurídico o político. No parece normal que una persona que está radicalmente en contra de la Constitución de su país y de sus instituciones aguante estoicamente durante cinco años una insoportable situación que hería las más profundas de sus convicciones. Quizás haya llegado la hora de que se le conceda la medalla de Sufrimientos por la Patria. Había, sin embargo, una solución fácil y sencilla para superar esa intolerable situación, que consistía en conjugar el verbo dimitir, pero ya sé que eso es pedir peras al olmo. ¡Allá cada cual con su conciencia! Política exterior La dramática situación del ex-embajador no se agota con los problemas de conciencia que se le plantean por servir al Gobierno de un Estado que está muy por debajo de sus exigencias éticas, sino que se extiende asimismo a la política exterior de ese Gobierno, cuyas orientaciones básicas no compartía, ya fueran respecto a las relaciones con Estados Unidos y otros aliados, la pertenencia de España a la OTAN, la agresión de Rusia a Ucrania o la descolonización del Sáhara Occidental. No parece que Santos haya estado muy de acuerdo con la política imperialista seguida por los presidentes norteamericanos, ya fueran Donald Trump o Joe Biden, y no se privó de hacer aceradas críticas a la conducta de uno u otro, mientras residía en territorio de Estados Unidos y recibía un trato privilegiado de sus autoridades. Afirmó que, en el largo declive imperial del capitalismo en Estados Unidos, adolecía el país de la falta de una alternativa que permitiera reunificar los intensos caminos de una clase trabajadora dividida, compartimentada y culturalmente radicalizada. Especialmente duras fueron sus críticas a la política norteamericana con respecto a Venezuela. Estados Unidos había creado en este país un escenario de golpe de Estado y un extractivismo económico en bancarrota, cuyo propósito era hambrear a la población para obligarle a rebelarse y aceptar la liberación del imperialismo, para lo que se servía de Juan Guaidó, que era un peón del proyecto de golpe de Estado preparado en Washington por los Bolton y los Abrams. El saqueo del monopolio estatal del petróleo venezolano era el botín al que aspiraba el tío Sam, aunque fuera a costa de incendiar toda la región. No sé si las críticas Santos llegaron a los oídos de los más altos dirigentes estadounidenses, merced a los poderosísimos tentáculos de los tropecientos servicios de información del país, pero si embajador fue prudente y se limitó a mantener sus descalificaciones en el reducido ámbito de la revista digital “Sin Permiso”, es posible que hayan pasado desapercibidas para la CIA o el FBI, que tienen asuntos más importantes de que ocuparse que el de rastrear una revista trotskista, que no conoce ni el periodista que la parió. Santos ha violado en es este caso una de las normas básicas de la diplomacia, según la cual los agentes diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el que ejercen sus funciones -artículo 41-1 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones de diplomáticas-. Curiosamente, aunque las autoridades norteamericanas se hubieran sentido agraviadas por los comentarios del representante permanente, no habrían podido hacer nada contra él, porque el Estado anfitrión de una Organización internacional no tiene la capacidad de declarar persona no grata a un diplomático que esté acreditado ante la Organización. Las críticas más importantes de Santos han sido las realizadas contra la OTAN y sus Estados miembros, especialmente Estados Unidos. En su opinión, la OTAN ha sido y sigue siendo una de las causas de inestabilidad en Europa desde que se creó durante la guerra fría. Su sueño hegemónico ha producido el monstruo de pesadilla del imperialismo oprimido ruso. El embajador denunció que la “inestabilidad permanente de la competencia interimperialista en el continente europeo con la disuasión nuclear heredada del pasado era dejar el futuro en mano de los Trump, Johnson, Biden,, Putin y Stoltenberg de turno y sus socios”. Así, situaba injustamente al mismo nivel a agresores como Putin y a jefes de Estado democráticos de una Organización defensiva. Esta confusión de las responsabilidades se puso especialmente de manifiesto en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que para Santos derivaba de “una confrontación interimperialista entre Rusia y la OTAN, que ha provocado la invasión.[…] El espacio democrático en Ucrania ha sido ahogado por la subordinación instrumental a los intereses de la OTAN”. Santos ha decidido -por sí y antes sí- que Ucrania tiene que ser neutralizada y excluida de la Alianza Atlántica para satisfacer a Rusia, sin tener en cuenta la opinión del pueblo ucraniano e ignorando que el Tratado de Washington se abre al ingreso de los Estados democráticos de Europa que lo soliciten y sean aceptados de forma unánime por todos sus miembros. Puede que la neutralización de Ucrania sea uno de los puntos básicos de un posible Acuerdo de paz, pero nunca puede ser impuesta y debería ser decidida por los propios ucranianos. No sé si si embajador ha cumplido a pie juntillas las instrucciones del Ministerio sobre la condena de Rusia por su agresión a Ucrania. Sé, por experiencia, que no resulta fácil defender con éxito una tesis cuando no se está de acuerdo con lo bien fundado de la causa. Como ha observado el embajador Arias, ¿con qué ánimo batallará ante cualquier Organización Internacional un funcionario que crea que la OTAN es nociva? Según Alandete, durante las votaciones en la ONU en las que se condenó la invasión rusa, Santos expresó algunas reservas por estimar que la culpa de la misma no la tenía solamente Rusia. Este es, a mi juicio, un caso clarísimo de que, si un diplomático no está conforme con la política de su Gobierno sobre un tema concreto y con las instrucciones que de él reciba al respecto, lo más honrado y coherente sería presentar la dimisión. Hay otro tema de política internacional que se puede plantear, cuál es el de la posición que deba adoptar España en la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental, una vez que Sánchez ha cambiado de forma unilateral la postura tradicional de España sobre la cuestión. Cuando Santos fungía como jefe de gabinete el ministro de Asuntos Exteriores de Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, fue enviado por éste a Canarias para que tratara de convencer a la activista saharaui, Aminatou Haidar, de que abandonara la huelga de hambre que había iniciado ante a la negativa del Gobierno marroquí a permitirle regresar al Sáhara, Para ello le ofreció la nacionalidad española, trabajo y una casa en España, pero Haidar rechazó lo que calificó de ”soborno” y logró torcer la mano de Mohammed VI, que autorizó su regreso. No sé actualmente cuál es la posición de Santos o de su jefa Díaz sobre el tema del Sáhara Occidental. El Frente Polisario lo acusó en su día de ser el responsable de la repatriación de los cooperantes españoles presentes en los campamentos de refugiados, alegando problemas de seguridad que no existían. El número 2 de las listas por Madrid tendrá que cohabitar con la candidata número 3, la también activista saharaui, Tesh Sidi y -al parecer-con otros candidatos pro-marroquíes, y el conflicto está servido. “Sumar” cada día se parece más al camarote de los hermanos Marx en vez de a un partido serio y riguroso, por muy “marxista” que sea. El problema es que no sabemos si el marxismo es el de don Carlos o el de los famosos cómicos norteamericanos. Respeto la ideología de Santos -aunque no la comparta- y -una vez que ha presentado su dimisión y cesado como embajador, tiene abierta la vía para declarar lo que le plazca. Creo, sin embargo, que ha actuado con frivolidad y falta de responsabilidad cuando ha estado durante cinco años al frente de una de las misiones diplomáticas más importantes de España, pese a no estar de acuerdo con su Constitución, sus instituciones y sus normas básicas. Ello habrá afectado, sin duda, al normal ejercicio de sus funciones diplomáticas. Madrid, 17 de junio de 2023

?Son las elecciones generales la segunda vuelta de las locales?

SON LAS ELECCIONES GENERALES LA SEGUNDA VUELTA DE LAS LOCALES? Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M han supuesto un estrepitoso varapalo a Pedro Sánchez, y menciono al presidente y no a su Gobierno porque él ha sido el principal responsable de semejante descalabro. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, centró el objetivo de la campaña electoral en derogar el sanchismo y Sánchez aceptó el desafío y convirtió unas elecciones locales en un plebiscito sobre su persona, pero -como ha señalado Maite Rico en su artículo “Sánchez nos impide saborear su derrota”, publicado en “El Mundo”, “el revolcón ha dejado a nuestro Narciso boqueando en la orilla con bañador del revés”. La misma ola ha barrido a sus socios de Podemos y a sus aliados independentistas preferentes, a excepción de Bildu. El único barón socialista que ha sobrevivido a la marea ha sido el presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que es quién más le irrita por no alinearse incondicionalmente con sus disparates. Sánchez nos ha impedido disfrutar del espectáculo con su decisión de adelantar las elecciones generales y celebrarlas el 23 de julio en plenas vacaciones veraniegas. Lo ha hecho porque no quiere que se vea el desastre, ni rendir cuentas por haber hundido a su partido y envenenado la convivencia, con la ayuda de unos aliados que odian la democracia. Piensa el presidente que un disparate tapa a otro y que pronto se olvidará el primero. En efecto, los comentaristas políticos apenas hablan ya de “tsunami” azul y centran sus comentarios en la celebración de las próximas elecciones generales. Yo no le voy a dar ese gusto y -aunque sea brevemente- voy a comentar los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, sus causas y sus consecuencias. Elecciones locales Según ha editorializado “El Mundo”, los ciudadanos han castigado de manera categórica la forma de gobernar de Sánchez, marcada por el sectarismo, la mentira institucional y la polarización, así como sus alianzas con populistas e independentistas. El derrumbe, por otra parte, del bloque radical sobre el que ha caminado durante esta legislatura ha convertido al PSOE en un partido en riesgo de desvertebración, pues nunca había tenido tan poco poder territorial 1.-Causas de la derrota socialista El fiasco de la debacle socialista se ha debido no tanto a los méritos ajenos como los deméritos propios. Además del lastre que suponía su desacertada política, Sánchez ha errado en su estrategia, pues, en vez de ampararse en la fortaleza de sus barones y alcaldes, se ha empeñado en protagonizar la campaña con mítines y promesas constantes y ha perdido de forma contundente. Prueba de ello es que el único varón que ha mantenido el poder ha sido García Page, el político socialista que más ha criticado a su jefe, del que ha procurado distanciarse lo máximo posible. Los ciudadanos, han rechazado de forma especial el contubernio del PSOE con Bildu y la inclusión en sus listas de 44 candidatos condenadas por terrorismo, que el Gobierno ha aceptado sin rechistar y que ha beneficiado a los testaferros de ETA, que han ganado las elecciones en el País Vasco ante la sorpresa y el desconcierto del melifluo PNV. A ellos se han sumado los escándalos por la compra de votos en Melilla, Mojácar o Albudete. La actitud de Feijóo ha sido justamente la contraria, ya que ha dejado la iniciativa a sus dirigentes regionales, que han hecho sus campañas en función de los problemas y las necesidades de sus respectivas Comunidades autónomas. El PP ha salido considerablemente reforzado de los comicios, pues ha conseguido superar al PSOE en 760.000 votos. Esto refuerza el liderazgo de Feijóo, que se sitúa en una situación ventajosa con vistas a las próximas elecciones generales, siempre que presente un programa preciso e ilusionante y establezca unos límites con respecto a Vox, que no le hagan perder ese capital de moderación y centralidad atesorando. El partido de Abascal también ha salido fortalecido de las elecciones y ya está representado en todos los parlamentos autonómicos, y sus votos serán decisivos hoy para que el PP pueda desalojar a los socialistas de la presidencia de varios Ayuntamientos y Comunidades. Uno de los problemas que habrá que resolver es el de relaciones entre el PP y Vox, dado que de éste dependerá que aquél pueda gobernar en algunas Comunidades o municipios. ¿Cómo deberá afrontar el PP los acuerdos con Vox? se ha preguntado David Jiménez Torres y su respuesta ha sido: “Con la mayor naturalidad”. La debacle del sanchismo ha mostrado que quien concita mayor rechazo es la coalición actual y no su alternativa. La mayoría de los votantes del PP asumieron hace tiempo que, aunque incómodo, el partido de Abascal resultaba aceptable. Lo que Feijóo necesita es elevar a categoría política lo que es plenamente normal al nivel de la calle. Resulta paradójico que el PSOE -que pacta con partidos antisistema, independentistas y filoetarras que pretenden destruir a España- descalifique a un partido que respeta la Constitución. En la Europa democrática partidos de extrema derecha se han integrado en Gobiernos sin que nadie se haya rasgado las vestiduras y, tras pacto de coalición entre el centro derecha y la derecha en Castilla/León no se ha hundido el país. 2.-Elecciones municipales La piel de toro se ha teñido de azul y el PP ha arrasado en las urnas municipales. Ha obtenido 7.046.634 votos frente a los 6.288.907, lo que supone 757.727 sufragios de diferencia, a los que hay que añadir los casi millón y medio de votos de ventaja que los socialistas traían de las elecciones de 2019. Los populares han conseguido 23.412 concejales frente a los 20.784 de los socialistas -2.628 de diferencia-. No es solo un problema de cantidad, sino también de calidad, ya que el PP gobernará en 7 de las 10 ciudades más pobladas de España. Ha conservado las ciudades más importantes en las que gobernaba -incluida Madrid por mayoría absoluta, al igual que en Málaga, Zaragoza, Santander, Alicante y Logroño-. El PSOE ha perdido la “joya de la corona” de Sevilla y 7 de las 8 provincias andaluzas -todas menos Jaén-, así como 17 de las 22 capitales de provincia que poseían, incluidas Valladolid, Valencia y Palma de Mallorca. Solo ha tenido buenos resultados en Cataluña, dónde gobernarán Gerona, Lérida y Tarragona, y tiene alguna posibilidad de hacerlo en Barcelona, donde ha ganado el ex- alcalde y candidato por JxC, Jorge Trías, aunque ERC hoy no parece dispuesta a darle su apoyo. Los republicanos han pagado por su idilio con el Gobierno de Sánchez y han perdido 302.000 votos, pasando de ser la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Barcelona en 2019, a quedarse muy descolgado en cuarta posición. Situación especial es la de el País Vasco y de Navarra, donde Bildu -a pesar de llevar a una cuarentena de terroristas en sus listas- ha superado por primera vez al PNV, gracias el lamentable blanqueo de los testaferros etarras por el PSOE y a la amnesia inducida de buena parte de la sociedad vasca. Bildu ha sido la fuerza más votada en Vitoria -muy emparejada con el PSOE, el PNV y el PP-, pero su candidata no resultará elegida gracias a la generosidad del PP, que le ha prestado sus votos “gratis et amore” para evitar que la capital alavesa fuera regidad por una edil filoetarra. Igual regalo ha hecho a la candidata peneuvista a la presidencia de la diputación de Guipúzcoa, sin que ninguno de estos dos partidos haya tenido el decoro de darle las gracias. En Pamplona, aunque el más votado haya sido el candidato de Unión del Pueblo Navarro, Bildu ha exigido que sea elegido su candidato, en contrapartida al apoyo que su partido otorga al PSOE para que gobierne en la Comunidad Foral. Ante el rechazo de la sociedad navarra a la inclusión de terroristas en sus listas, el PSOE se ha negado con la boca pequeña a respaldar a Joseba Asirón . Se trata de una decisión hipócrita que no durará mucho porque la presidenta de la Comunidad, María Chivite, necesita la abstención de Bildu para poder ser reelegida. 3.-Elecciones autonómicas El desastre del PSOE ha sido, si cabe, aún mayor en las elecciones autonómicas, ya que ha perdido 6 de las Comunidades que regía, manteniendo tan solo Castilla la Mancha, solo por un voto. Ha sido la fuerza más votada en Asturias y Canarias, aunque en las islas podría ser desalojado del Gobierno mediante un pacto entre Coalición Canaria y el PP. También podría conservar la presidencia de la Comunidad Navarra, sí Chivite aparca sus remilgos y pacta con Bildu, como ya hizo hace 4 años. El PP ha conservado las dos Comunidades que gobernaba, Madrid -por mayoría absoluta- y Murcia, y ganado la de La Rioja. Podrá asimismo apoderarse de la de Cantabria -gracias a la anunciada abstención del partido de Revilla- y la de Canarias, en cogobierno con CC, así como las de Ceuta y Melilla. El PP podría acceder asimismo a la presidencia de las Comunidades de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, pero para ello necesitaría el apoyo o la abstención de Bildu. El partido de Abascal ha mejorado considerablemente sus resultados, salvo en la Comunidad de Madrid. Sus 13 escaños en la Comunidad Valenciana, los 8 en Baleares, los 7 en Aragón y los 5 de Extremadura podrían permitir al PP gobernar en estas Comunidades. Abascal es consciente de que su posición clave para desalojar al PSOE de estas Comunidades y permitir el acceso del PP, y está dispuesto hacerla valer. Como ya anunció durante la campaña electoral, no aceptará ni regalos ni chantajes. Exige negociar con el PP y, en principio, pretende integrarse en el Gobierno de estas Comunidades como ha hecho en Castilla-León. El PP no está por la labor, por la baza que daría al PSOE y a los partidos a su izquierda para lanzar un S.O.S. con el fin de impedir Gobiernos fachas. Tanto Feijoó como los líderes regionales, Carlos Mazón, Marga Prohens, Jorge Azcón y María Guardiola, han expresado su intención de gobernar en solitario y hacer pactos puntuales con Vox para resolver problemas concretos. Su táctica consistirá en alargar lo máximo posible las negociaciones y aplazar la firma de eventuales pactos de gobierno o de legislatura con Vox hasta después de la celebración de las elecciones generales, pero Abascal no se lo va a poner fácil. Adelanto de las elecciones generales Como ha observado Santiago González, Sánchez oculta una capacidad de sorpresa para propios y extraños, que muchos de ellos interpretan como ingenio, audacia o capacidad estratégica, pero no hay tal. Nadie esperaba el anuncio sobre la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, pero 24 horas después de la debacle de la izquierda en las elecciones locales, el presidente -sin consultarlo siquiera con su Gobierno- decidió adelantar la convocatoria de las elecciones generales para celebrarlas en plena canícula, pues la mejor manera de tapar un fracaso es dar un salto adelante y no volver la mirada hacia atrás. Para “El Mundo”, este inesperado adelanto electoral no puede entenderse como un acto de sobrevenida responsabilidad, sino únicamente como una nueva y desesperada huida hacia adelante en la que Sánchez busca salvarse a sí mismo tras el desastre que él mismo ha provocado, con el fin cortar de raíz cualquier crítica interna contra su liderazgo personalista, “que ha recibido una enmienda total de la ciudadanía, ansiosa de centralidad y concordia tras cinco años de polarización y políticas identitarias”. Sánchez hizo una declaración institucional en la que afirmó que, aunque las elecciones fueran locales, el sentido del voto enviaba un mensaje que él -pese a no haberse presentado a las mismas, estaba dispuesto asumir en primera persona sus resultados. Ante esta situación, la solución más democrática consistía en que el pueblo español tomara la palabra y se pronunciara al respecto. Feijoo ya había propuesto que se celebrarán las elecciones generales al mismo tiempo que las locales, pero el presidente ni se molestó en contestarle. Afirmó que había tomado esta decisión en función de sus competencias constitucionales que como presidente del Gobierno, pero violó el artículo 115 de la Constitución, que establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, podía proponer la disolución de las Cortes, que debería ser decretada por el Rey. Ni Sánchez convocó al Consejo de Ministros, ni consultó con el Rey, si no que -por sí y ante sí, como un monarca absoluto- decidió la disolución y la fecha de las elecciones y, ”a posteriori”, solicitó la venia del Rey y celebró la preceptiva reunión del Consejo de Ministros para cumplir con las formas. Acto seguido, se reunió con el grupo parlamentario socialista y le endilgó una homilía en la que anticipó cuál sería la estrategia del PSOE durante la campaña electoral, consistente en fusionar la derecha extrema (PP) con la extrema derecha (Vox), en un ”totum revolutum” que amenazaba a la democracia en España. “La gente tiene que elegir ahora si quieres ministros de ultraderecha o gobiernos progresistas del PSOE y los partidos a su izquierda, si quieren de vicepresidente a Abascal o a un vicepresidente de un partido de progreso”. El único programa de la ultraderecha consistía en derogar el sanchismo, lo que suponía destruir todo lo construido, desmantelar todo lo conquistado, acabar con los avances sociales logrados -subida del salario mínimo y de las pensiones, ingreso mínimo vital y reforma laboral-, y suprimir los impuestos a los bancos y a las grandes empresas energéticas para volver a sus amnistías fiscales. Van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen sus argumentos. Utilizaran la posición de dominio que tienen en las grandes empresas y en los medios de comunicación para desatar una campaña feroz, en la que se verá a personas que solo se representa a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación y a la réplica. Hablarán de pucherazo y tratarán de detenerlo a él como responsable del mismo. Van a contar barbaridades y harán como sus maestros norteamericanos, que lanzaron una turba enloquecida al Capitolio para denunciar un falso pucherazo. Según “ABC”, Sánchez se ha entregado a un populismo exacerbado con el que se ha mimetizado con Pablo Iglesias, con tics bolivarianos y trumpistas. Ha adoptado un discurso que rompe con los moldes institucionales propios de un partido de Gobierno en una democracia liberal. Acusar a poderes ocultos, cargar contra los medios de comunicación o señalar a empresarios han sido recursos tradicionalmente empleados por los líderes populistas y resultan impropios en una democracia consolidada como la española. Pronunció un discurso basado en el miedo ante una supuesta conspiración y llegó hasta el extremo de afirmar que podría incluso acabar siendo detenido. “Pocas veces en España hemos visto replicar el discurso de Donald Trump con una fidelidad tan literal, utilizando por cierto el antiterrorismo como coartada”. No hizo la menor autocrítica y optó por subir el volumen de la crispación presentándose como la víctima propiciatoria de una supuesta ola reaccionaria. La derrota electoral no implicaba un rechazo a sus políticas, sino que provenía de una tendencia internacional, frente a la cual el presidente se presentaba como la única solución. “Sánchez insistió en intentar establecer un supuesto vínculo entre la alternativa a su gobierno y populistas consagrados como Trump, Orban o Bolsonaro. Acusar al adversario de los defectos propios es una ardid perfectamente reconocible cuando se hace de forma tan explícita. El amago no solo resulta imposible de creer, sino que da cuenta del estado de desesperación de todo un partido. La ovación cerrado por parte de sus diputados y senadores -de más de 2 minutos- evidencia la expulsión de todo juicio crítico que pudiera intentar enmendar la espiral autodestructiva hacia la que parece dirigirse el PSOE”. Quiénes se oponen a sus políticas “saben a quienes sirven y tienen más medios y ningún pudor para lanzar infundios y traficar con la mentira”. Sánchez ha mirado al espejo y ha proyectado su imagen a la oposición democrática. La frivolidad del presidente de adelantar las elecciones generales ha producido consecuencias funestas, tanto en el plano interno como en el internacional. En el plano doméstico, ha provocado la paralización y la eliminación de medio centenar de proyectos de leyes y de decretos-leyes, tales como las de la Función Pública, el Plan de Justicia, la Reforma del Sistema Nacional de Salud, el Teletrabajo en la Administración Pública, la de la Atención al Cliente, la que crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, las Enseñanzas Artísticas, los Bomberos Forestales, el Estatuto del Becario, la Industria, la Seguridad Nacional, la Paridad, el Olvido Oncológico, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, la Minoración de los Ingresos por CO2, la Movilidad Sostenible, la Agencia para la Investigación de Accidentes Ferroviarios Marítimos y Aéreos, el Mecenazgo, el Cine o la Oficina Española de Derechos de Autor. En el ámbito internacional, porque la fecha de las elecciones coincide con el inicio dela Presidencia de turno hoy del Consejo de la UE por parte de España. Aunque los preparativos se vengan realizando desde hace meses y continuarán su curso gracias a la profesionalidad HD de los funcionarios públicos, el impulso político quedará completamente diluido. Habrá cientos de reuniones en Bruselas y en distintas ciudades españolas. Especial importancia tienen la cumbre de la OTAN en Lituania el 11 de julio y, unos días más tarde, la reunión entre la UE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que no se celebra desde hace siete años y que tiene entre sus objetivos potenciar la presencia de la Unión en Iberoamérica y conseguir la entrada en vigor del Acuerdo entre la UE y Mercosur. La presidencia de España tendrá que coordinar cuestiones fundamentales como la adopción del presupuesto europeo, la reforma de las reglas fiscales, la inmigración y el asilo. ¿Podrá el presidente Sánchez, inmerso en una campaña electoral en la que se juega su futuro hacer frente a estas importantes responsabilidades? Por otra parte, si -como es de esperar- se produjera un cambio de Gobierno, la nueva Administración tendría que asumir la realización de unas tareas las que no ha participado y con las que podrían estar de acuerdo. Esta situación ha tenido ya indeseadas consecuencias, como el aplazamiento -a propuesta del PP Europeo- del discurso ante el Parlamento Europeo del presidente del Gobierno al asumir la presidencia, con el que se suele iniciar la misma. Sánchez solo está preocupado por su futuro y supedita hoy los intereses de España o de la UE a su interés personal. Según Joaquín Manso, Sánchez ha caído en la “trampa de Tácito”, conforme a la cual, la credibilidad y la confianza del pueblo son la fuente de legitimidad existencial de un gobernante, y -una vez que las ha perdido- da igual cualquier cosa que diga o haga, porque siempre quedará sometido a sospecha. El 28-M debería representar el obituario de una forma de hacer política y a Sánchez solo le queda el camino de la arenga frentista, que puso en evidencia el servilismo de sus parlamentarios y va dirigida a la lanzar una campaña sucia de todo o nada, y a movilizar a las bases. Este planteamiento coloca al país ante un riesgo destituyente sí triunfara su apuesta, si bien también ofrece una oportunidad a España, pues se abre la vía del cambio que representa Feijóo. Éste tendrá que ir más allá de su genérico lema de “derogar el sanchismo” y presentar un programa y un equipo que signifiquen una alternativa más decente al Gobierno de Sánchez, un proyecto liberal profundo que recupere la concordia y la racionalidad democrática, haga hincapié en la ética civil, supere el enfrentamiento y afirme la Constitución en Cataluña. Ésta última es una de las asignaturas pendientes del PP y no parece que Feijóo salga bien parado del todo con sus conexiones con la nacionalista Galeuska, su bilingüismo amigable -en detrimento del castellano en Galicia-, y su apoyo a un catalanismo constitucionalista -que no existe-. Su intervención en la Asamblea del Círculo de Economía -donde dijo que cuando hablaba en público en Galicia nunca se expresaba en castellano y ensalzó el patriotismo de los catalanes porque eran los que más impuestos pagaban- ha sido manifiestamente mejorable. El presidente del Círculo, Jaume Guardiola, afirmó que la situación en Cataluña era mucho mejor que antes, gracias al giro pragmático del Govern de ERC y a la actitud de Sánchez, que había sabido entender que el conflicto con Cataluña en nada beneficiaba a España, y le pidió que no revirtiera los puentes tendidos por el presidente del Gobierno. Feijóo le contestó que Cataluña era clave y que había que dar prioridad a esa Comunidad y a los intereses de los catalanes. ¿A santo de qué había que dar prioridad a una Comunidad en estado permanente de insumisión, cuyas autoridades habían dado un golpe de de Estado para separarse de España, que era la más insolidaria de las Comunidades y que recibía hoy del Gobierno de la Nación un tratamiento privilegiado en los ámbitos político, económico y financiero?. Juan Carlos Girauta le ha señalado su equivocación al reconocer la comisión de errores por parte del PP en Cataluña ante una burguesía que apoyó un golpe de Estado y alentó a unos políticos locos que rompieron la convivencia, y le advirtió que había sido aplaudido por quienes nunca le votarían. Concluyó afirmando que “el hombre que tiene ganadas las elecciones se empeña en perderlas”. Todas las encuestas -hoy salvo las del CIS de Tezanos- vaticinan el triunfo del PP en las elecciones generales, aunque varían en la apreciación de los resultados según el medio que las promueve. Así, la del Instituto 40dB para “El País”, prevé que, si Sumar y Podemos llegaran a un acuerdo para presentarse juntos, el PP no lograría la mayoría, incluso con el apoyo de Vox. La de Sigma-2 para “El Mundo”, en cambio, anticipa una mayoría absoluta por parte de la derecha. Yo me inclino más bien por esta segunda alternativa, creo que -con el carácter plebiscitario de su persona que ha dado Sánchez a las elecciones en locales, éstas han supuesto la primera vuelta de unas elecciones generales anticipadas por el orgullo y el narcisismo del presidente del Gobierno. Según Santiago González, Sánchez tiene ya las elecciones perdidas, aunque no lo sepa, pero el PP no las tiene aún ganadas, pese a que puede que tampoco se haya enterado. No debe bajar la guardia y darlas por ganadas, ya que Sánchez es un hueso duro de roer, especialmente ahora que se juega su supervivencia política. Madrid, 5 de junio de 2023