Punto muerto en las negociaciones entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar

PUNTO MUERTO EN LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA UE Y GRAN BRETAÑA SOBRE GIBRALTAR José Antonio de Yturriaga Barberán Embajador de España Estos días celebramos sin excesivo regocijo el 40º aniversario de la reapertura de la verja establecida en 1908 por Gran Bretaña en el istmo que separa el Peñón de Gibraltar del resto de España. El 14 de diciembre de 1982 el Gobierno socialista de Felipe González recién elegido decidió reabrir el paso por la frontera establecida en la verja que había sido cerrada por el Gobierno de Francisco Franco el 8 de junio de 1969. Antecedentes históricos Tras la guerra de sucesión por la corona de España, durante la cual una flota mixta de Inglaterra y Holanda que apoyaban al candidato austriaco se apoderó del Peñón, España -gobernada por el candidato francés Felipe de Borbón- otorgó a Inglaterra en perpetuidad, por el Tratado de Utrecht de 1713, “la entera y plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas, sin jurisdicción territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por tierra”. Los 4.000 habitantes de Gibraltar fueron expulsados del pueblo y tuvieron que refugiarse en la vecina localidad de San Roque, a unos 3 km la línea fronteriza, donde se establecieron “provisionalmente” y hasta ahora. Tras una serie de epidemias, los Gobiernos de España permitieron, por razones humanitarias, la instalación “provisional” de efectivos británicos en el istmo, y las autoridades del Reino Unido abusaron de la buena fe de los españoles, consolidaron su presencia en el istmo y erigieron una valla separadora entre Gibraltar y la península, que consideraron como frontera entre España y la colonia de Gibraltar, pese a las numerosas e ineficaces protestas de los débiles Gobiernos españoles. La Gran Bretaña se encontraba en el apogeo de su expansión colonial e importó una población artificial, que asciende a los 30.000 ciudadanos que hoy día habita en Gibraltar. En 1969, el Reino Unido otorgó -sin base jurídica alguna- una Constitución a Gibraltar, en cuyo preámbulo se decía que el Gobierno británico nunca concertaría acuerdo alguno por el que el pueblo gibraltareño quedará sometido a la soberanía de otro Estado, en contra de sus deseos expresado de forma libre y democrática. El Gobiernos español protestó en vano contra esta nueva violación del Tratado de Utrecht y, en represalia, cerró en 1989 la verja , prohibió el tránsito por la frontera, e interrumpió todas las comunicaciones. A la par, presentó el caso ante el Comité de Descolonización de los 24 y en la Asamblea General de la ONU, y logró un notable éxito diplomático y jurídico, al condenar la Organización al Reino Unido -en su resolución 3070(XX) de 1965- e instarle a que iniciara sin demora negociaciones con España para poner término a la situación colonial en el Peñón. Un año después, la Asamblea -en su resolución 2231(XXX)-, reiteró a Gran Bretaña su petición de que realizara sin demora negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio y le instó a que acelerara la descolonización de Gibraltar en consulta con España. Para frenar este proceso, el Gobierno británico celebró en 1969 un referéndum en el Peñón -en el que los gibraltareños se pronunciaron por abrumadora mayoría a favor de permanecer en el Reino Unido-, al que siguió el otorgamiento de una Constitución. Ambos hechos fueron condenados por la Asamblea en su resolución 2353(XXXII), en la que -tras advertir de que cualquier situación colonial que destruyera total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país era incompatible con la Carta de las Naciones Unidas- instó a los dos Estados a que continuarán las negociaciones con miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar y a salvaguardar los intereses de su población al término de dicha situación. Con este tramposo procedimiento, Gran Bretaña trató de convertir un caso de descolonización en otro de ejercicio de libre determinación por un pueblo colonizado precisamente por ella. Algunos Estados pro-británicos mordieron el anzuelo e interpretaron que los gibraltareños tenían derecho a decidir sobre el futuro de su territorio, pero tal no era el caso ya que el destino del Peñón sigue estando en manos del Parlamento británico. El Gobierno británico ha afirmado que mantendrá sus compromisos constitucionales , no renunciará a su soberanía sobre Gibraltar y tomará las medidas necesarias para salvaguardarla. El Gobierno español no niega la soberanía de Gran Bretaña sobre el Peñón -que le fue concedida por el Tratado de Utrecht, pero sí sobre la parte del istmo que fue ilegalmente anexionada por dicho país y en la cual construyó durante la II Guerra Mundial el aeródromo militar ahora convertido en aeropuerto internacional-. Mantiene que - de conformidad con las resoluciones de la ONU- el Reino Unido está obligado a negociar con España la descolonización de la última colonia que queda en Europa, especialmente por el contenido del propio Tratado, que establece que, si en algún momento a la Corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar en cualquier modo su propiedad sobre Gibraltar, se daría a la Corona de España la primera opción antes que otras para redimirla. El enunciado no puede ser más claro, pero -con su perfidia e hipocresía habituales- el Gobierno británico, si bien insiste en justificar su presencia en Gibraltar por lo establecido el Tratado de Utrecht, ignora las disposiciones del mismo que le perjudican. Consecuencias para Gibraltar de la salida de Gran Bretaña de la UE por el Brexit El abandono de la UE por parte de Gran Bretaña a causa del Brexit ha dejado a Gibraltar en una situación harto precaria al dejarlo sin cobertura política y jurídica, a la par que ha reforzado la posición de España, aunque su Gobierno está perdiendo esta magnífica oportunidad con unas concesiones incomprensibles sobre el Peñón. Según José Manuel García-Margallo, el Gobierno ha renunciado a aprovechar el Brexit para reclamar la soberanía sobre el Peñón, y en la Nochevieja de 2020 firmó con el Reino Unido un lamentable documento-marco sobre Gibraltar acerca de los elementos fundamentales que deberían regir la futura relación de éste con la UE, con el fin de que sirviera de base para la elaboración de las directrices de negociación entre las dos partes. Se propugnaba la libertad de movimiento de personas y mercancías a través de la verja -que debería desaparecer-y España sería responsable de aplicar las normas de Schengen y de proteger las fronteras exteriores de la Unión, si bien en los primeros cuatro años se podría encomendar la supervisión en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar a los agentes de FRONTEX. El documento hacia otras incomprensibles concesiones como la de que las salvaguardias que debería ofrecer para la aplicación de las normas fiscales y aduaneras de la UE solo se aplicarían “sustancialmente”, con la apertura a interpretaciones diversas ante un término tan vago. Para que no quedaran dudas sobre la interpretación de estas disposiciones, el presidente del Ayuntamiento de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmó que la ley gibraltareña no permitía a ningún agente de España ejercer jurisdicción ejecutiva o de cualquier otro tipo en su territorio, sobre el que alegó que su Gobierno ejercía la soberanía. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, consideró el acuerdo como un gran éxito del Gobierno, aunque fue incapaz de explicar a los españoles en qué les beneficiaba. Señaló que se había producido un cambio de paradigma que no estaba hecho de concesiones, sino de convergencia de intereses entre gibraltareños y españoles y se abonó al gran timo de la “prosperidad compartida”, que difícilmente puede beneficiar a los habitantes del Campo de Gibraltar, pues todas las concesiones inclinan la balanza en favor del privilegiado “status” de los gibraltareños. Afortunadamente -parafraseando las palabras finales del personaje de Ricky en la famosa película “Casablanca”-, aún nos queda Bruselas. iaLa Comisión y el Consejo Europeos elaboraron un mandato para la delegación negociadora que mejoraba considerablemente el texto hispano-británico y beneficiaba a España a pesar de su Gobierno. En las instrucciones se afirma taxativamente que los guardias de frontera española tendrían las competencias necesarias para llevar a cabo los controles y la vigilancia de fronteras y cumplir con las obligaciones subsiguientes en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar, porque los agentes de FRONTEX carecían de legitimidad para realizar semejante labor. España tendría asimismo la competencia exclusiva para expedir visados de estancia de corta y larga duración, así como permisos de residencia a nacionales de terceros Estados. Los controles aduaneros de Gibraltar serían realizados por las autoridades españolas, que deberían tener acceso permanente y en tiempo real a cualquier información relevante en la materia. El Acuerdo debería garantizar la aplicación de unas reglas equitativas de competencia en España y en Gibraltar, y aplicar un sistema impositivo que esté alineado con el español para evitar el diferencial de precios. Se debería asegurar que el puerto de Gibraltar pudiera competir lealmente con otros puertos de la UE, que los servicios aéreos entre la Unión y Gibraltar fueran prestados por empresas de países comunitarios, y que el aeropuerto gibraltareño no efectuara competencia desleal con los aeropuertos europeos. Las instituciones europeas echaron así un benéfico capote sobre la torpeza negociadora del Gobierno español. Las autoridades británicas se rasgaron las vestiduras por este mandato que iba mucho más allá del malhadado pacto hispano-británico. El secretario del Foreign Office, DominicRaab, se mostró decepcionado porque no hubiera habido reciprocidad e instó a la UE a que reconsiderara su posición, dado que el mandato entraba en conflicto con el acuerdo-marco alcanzado con España, socavaba la soberanía británica sobre Gibraltar y no podía servir de base para la negociación. Su principal objeción era que la propuesta no recogía el compromiso de que fueran los agentes de FRONTEX los que realizaran los controles fronterizos, pues no habría manera de que aceptaran que lo realizaran los policías españoles. Situación actual de la negociación El 28 de noviembre se celebró en Londres la X ronda de negociaciones entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar, que terminó sin resultados positivos, porque persiste la desconfianza de la Unión hacia su antiguo miembro, que ha violado el Protocolo sobre Irlanda del Norte que ambas partes habían acordado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había forzado la máquina antes de la reunión para tratar de que se llegara a un acuerdo. Así, el 10 de noviembre, instó al vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de delegación comunitaria, Maros Sefcovic, a que intensificara los contactos con la delegación británica, porque el Reino Unido se mostraba propicio a llegar a un acuerdo, deseo piadoso más basado en el voluntarismo que en la realidad. En una entrevista en “El País” el día 20, Albares declaró que, si se producía una expansión de Schengen a Gibraltar, sería necesario que la policía española controlara sus fronteras, aunque añadiera que su Gobierno aceptaba que, -durante los cuatro primeros años- las fuerzas españolas fueran ayudadas por los agentes de FRONTEX. La Comisión había presentado -a su juicio- una propuesta global y equilibrada que debería ser aceptable para Gran Bretaña. Había que establecer reglas de juego equivalentes para que la prosperidad de unos no se hiciera a costa de la de otros, y conseguir un acuerdo para eliminar físicamente la verja y sentar las bases por un espacio por prosperidad compartida entre Gibraltar y su entorno . El día 26, Albares convocó a las autoridades del Campo de Gibraltar para venderles la burra tuerta de la prosperidad compartida. Ha sido ésta -según Eric Martel- la “matraca” mantenida por el Reino Unido contra viento y marea, una mentira que -a fuerza de repetirse- se había convertido en una verdad oficial, que ha sido asumida por el Gobierno español. Los gibraltareños tienen una renta per cápita de €92.000 y una tasa de paro del 3%, mientras que las de sus vecinos descienden a €16.391 y ascienden al 32%, respectivamente. Estadísticamente, se podría hacer la media para mejorar las apariencias, pero en la realidad no era desgraciadamente posible y, con los beneficios concedidos, los gibraltareños se harían más ricos y los llanitos aún más pobres. El 14 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, se entrevistó en Madrid con su colega español, quien se mostró pleno de un injustificado optimismo, y manifestó que el Acuerdo estaba cerca, pues las posturas estaban aproximándose y que, de no ser así, no merecería la pena seguir negociando. Albares ha personalizado en exceso sus manifestaciones, al afirmar que el Gobierno español estaría dispuesto a firmar el Acuerdo mañana mismo, pasando por alto que no es España la que está negociando con el Reino Unido sino la UE, y que habría que conocer la opinión de Sefcovic, que no creo que sea tan optimista como la del ministro. Cleverly declaró que, si la propuesta hubiera sido aceptable, ya la habrían aceptado, pero aún quedaban puntos por perfilar, escollos por sortear y flecos por pulir, y que entre los temas sobre los que había mayor desacuerdo figuraba el del control del puerto y del aeropuerto por las fuerzas de seguridad españolas. Picardo ha manifestado que se trata de “nuestro país” y que “ningún agente español realizará controles de ningún tipo en el aeropuerto o en el puerto de Gibraltar”. Ha declarado asimismo que “Gibraltar no sería de ninguna manera una extensión del espacio Schengen”. Según ha comentado Javier Chaparro en “Europa Sur”, los principales obstáculos para el Acuerdo son el control de las fronteras por los agentes españoles, la negativa de los gibraltareños a respetar la normativa comunitaria en materia fiscal y ambiental, la discriminación en las pensiones de los trabajadores, y la existencia de una base aeronaval en la colonia. 1.-Control de fronteras: Es, sin duda, el obstáculo más importante que bloquea la obtención de un acuerdo, porque el Reino Unido se niega a aceptar la presencia de fuerzas de seguridad españolas en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, mientras que la UE lo considera una condición “sine qua non”, pues es el Estado fronterizo miembro de la Unión el que deberá controlar las fronteras con un tercer Estado -en este caso Gran Bretaña- para supervisar el cumplimiento de las normas comunitarias sobre la unidad e integridad del mercado único europeo. Es una línea roja que la Comisión -a diferencia de España- no permitirá que se traspase. 2.-Incumplimiento las normas comunitarias en los ámbitos fiscal y ambiental: Gibraltar se resiste a perder su privilegiado “status” de paraíso fiscal y armonizar sus normas fiscales con las de la UE, especialmente en relación con la prestación de servicios financieros y de juego “on line”, de los que las empresas multinacionales ubicadas en el Peñón obtienen considerables beneficios. Gibraltar pretende mantener la exención del IVA y unos impuestos bajos a estas empresas, pese a operar en España, sin que ésta consiga imponer impuesto alguno sobre ellas. En cuestiones ambientales, el respeto de la normativa comunitaria sobre vertidos de aguas residuales supondría una importante inversión por parte del municipio gibraltareño. Otro ámbito adversamente afectado sería el del “bunkering” o suministro de carburante a los buques. 3.-Discriminación laboral: En Gibraltar entran y salen cada días para trabajar unas 15.000 personas -12.000 de las cuales son españolas- y estos trabajadores sufren una gran discriminación con respecto a los trabajadores nativos en salarios y, sobre todo, en pensiones. La Comisión insiste en que se deben igualar los derechos de los trabajadores nativos y de los extranjeros. 4.-Permanencia de la base aeronaval: La principal razón de ser de la presencia de Gran Bretaña en Gibraltar ha sido el establecimiento de una base naval -ampliada funciones aéreas tras la construcción del aeródromo- desde la que controlar el estrecho y el acceso al Mar Mediterráneo. Por mucha concesión de una Constitución y de una serie de competencias al “Gobierno” gibraltareño, la base es materia reservada sobre la que nada tienen que decir los lugareños. Su existencia, sin embargo, y el acceso a sus instalaciones de submarinos nucleares plantean serios problemas para España, tanto de naturaleza militar -de importancia relativa, dado que ambos países pertenecen a la OTAN- como ambiental. También se plantea la cuestión del tráfico del personal militar británico y del posible uso conjunto del aeropuerto, al que aspira España. Las perspectivas a corto plazo no son esperanzadoras, porque 2023 será un año electoral tanto en España como en Gibraltar, y sigue la inestabilidad política y económica en el Reino Unido. A finales de año concluye el periodo de transición previsto y -como ha observado Susana Campo en “La Razón”- existe la sensación de que la fumata blanca se aleja, mientras el reloj corre. Las autoridades británicas ya se han puesto en el peor de los casos y han advertido a los gibraltareños de las consecuencias de una ausencia de Acuerdo, mediante la publicación de unas “Notas técnicas” sobre sus efectos. Albares ha afirmado -con razón- que la situación actual no puede mantenerse por tiempo indefinido. La Comisión Europea ha hecho hasta ahora la vista gorda, al no hacer instalar los controles correspondientes a una frontera exterior de la Unión, a la espera de que se lograra un Acuerdo, pero no puede seguir así y -ante las escasas posibilidades de éxito- tendrá que establecerlos más pronto que tarde, y poner punto final a las negociaciones, con las subsiguientes graves consecuencias para Gibraltar. Madrid, 19 de diciembre de 2022