Perspectivas de la guerra de Ucrania

PERSPECTIVAS DE LA GUERRADE UCRANIA Van a transcurrir más de diez meses desde ese fatídico 24 de febrero en el que las tropas rusas invadieron Ucrania y, en vísperas de acabar el año, cabe hacer una evaluación de la situación actual de la guerra y de sus perspectivas de futuro. Ayer, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron 69 misiles de crucero contra las infraestructuras energéticas ucranianas y -aunque 54 de ellos fueron derribados por los servicios antiaéreos- los 15 restantes alcanzaron su objetivo y lograron -entre otros daños a estos objetivos civiles- dejar sin luz al 90% de la ciudad de Leópolis, en el extremo occidental del país. Según el comandante en jefe del Ejército de Ucrania, Valeryi Zaluzhny, “el enemigo continúa sembrando el terror con misiles contra la población civil”. Creo que esta frase describe de forma bastante acertada cuál es la situación actual de la guerra de Ucrania iniciada contra todo derecho por la Federación de Rusia, bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin. Como declaró el ministro consejero ruso en la representación permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, antes de presentar su dimensión, durante 20 años de carrera diplomática había sido testigo de diferentes giros en la política exterior rusa, pero nunca se había sentido tan avergonzado de su país como el citado 24 de febrero. “Hoy, el Ministerio de Asuntos Exteriores no encarna diplomacia, sino belicismo, mentira y odio”. Desgraciadamente, son pocos los rusos que comparten esta opinión y -con la total desinformación en que viven y el lavado de cerebro cotidiano de los medios de comunicación controlados por el Kremlin- creen en su mayoría que Rusia se ha visto obligada a lanzar una “operación militar especial” para impedir la agresión contra el país que preparaba Ucrania, con la connivencia de la OTAN. Antecedentes del conflicto El origen remoto del conflicto puede situarse en 2008, cuando la Asamblea de la OTAN invitó a Georgia y a Ucrania a incorporarse a la Alianza. Rusia consideró que la eventual incorporación a la Organización de estos dos Estados que habían formado parte de la URSS supondría cruzar una línea roja infranqueable y constituiría un “casus belli”, y su ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, afirmó que ello supondría retrotraer las relaciones a la época de la guerra fría. El Gobierno ruso pasó de la palabra a los hechos e invadio Georgia, derrotó a las tropas georgianas y escindió el país, al reconocer la independencia de Abjazia y de Osetia del Sur. Ucrania se libró por los pelos de seguir la misma suerte, gracias al cambio de gobierno que se produjo al ser sustituido Víktor Yushenko por el pro-ruso Viktor Yanukovich, quien, no solo retiro la petición de ingreso en la OTAN, sino que también se negó a firmar el Acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea. De esta manera, Rusia introducía en su política exterior el veto a que Ucrania formase parte de la Alianza Atlántica -lo que seguía una cierta lógica-, pero también de la UE -lo que ya carecía de lógica alguna-. Tras la revuelta del Maidán y el derrocamiento de Yanukóvich, el nuevo Gobierno ucraniano viró hacia Occidente y firmó el Acuerdo con la UE. El Gobierno ruso lo consideró inaceptable e instó al Parlamento de Crimea a que acordara su secesión de Ucrania y su incorporación a la Federación de Rusia, tras un seudo-referéndum carente de legitimidad jurídica. Las tropas rusas se apoderaron de la península sin oposición alguna y, no bastándole su anexión, el Gobierno de Putin envió tropas camufladas para apoyar a los rebeldes de las regiones de Donetsk y Lugansk. La reacción de la comunidad internacional fue harto liviana -salvo una condena en la Asamblea General de la ONU y la aplicación de sanciones de menor cuantía- y Putin pudo asimilar su bocado a bajo coste. - Alentado por su éxito y ante la falta de reacción desfavorable ante su arbitraria conducta, Putin concentró grandes contingentes de tropas junto a la frontera y -pese a sus solemnes declaraciones de que en modo alguno pretendía invadir Ucrania- el 24 de febrero de 2022 se inició la crónica de una invasión anunciada. Los planes del sátrapa ruso de conquistar Kiev en pocos días y derrocar al presidente ucraniano Volodimir Zelenski no se cumplieron pese a los pronósticos favorable, y el potentísimo Ejército ruso se vio no solo frenado, sino incluso derrotado, gracias a la determinación y al valor de las tropas y del pueblo ucraniano, y al envío -primero con cuentagotas y luego con algo más de margen- de armamento procedente de Estados Unidos y de otros países europeos miembros de la OTAN. El Ejército ucraniano contraatacó y consiguió recuperar parte del territorio perdido, especialmente la importante ciudad de Jerson, y las tropas rusas tuvieron que retirarse allende el río Dnieper, donde han reforzado sus defensas y el frente está relativamente estabilizado, especialmente debido a las dificultades que ofrece el ” general Invierno”. Pese a esta situación, el Gobierno ruso y la Duma incorporaron a la Federación las regiones ucranianas de Donetks, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, y se comprometieron a defender a sus flamantes nuevos ciudadanos. Se trata de una peculiar forma de hacerlo mediante el bombardeo sistemático de sus pueblos, con lo que han conseguido que la mayor parte de la población -rusófona y pro-rusa- se haya decantado del lado ucraniano y luchen contra los invasores. Política criminal de Rusia de ataque sistemáticos a objetivos civiles Ante el fracaso de su ofensiva militar, el alto mando ruso ha recurrido -sin el menor escrúpulo y en contra todas las normas del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario- a bombardear de forma sistemática objetivos civiles sin valor militar, especialmente las infraestructuras energéticas, para privar a la población de los suministros de electricidad, agua y calefacción, y amedrentarla a fin de que se rinda sin condiciones ante su precaria situación humanitaria. El propio Putin dijo a Scholz que estos ataques eran “inevitables”, y su sabueso Lavrov ladró que era una necesidad imperiosa dejar a millones de personas sin luz, agua y calefacción para que Rusia pudiera empezar a sentirse segura ante una Ucrania que se había convertido en una” amenaza existencial” contra su país. El pueblo ucraniano, pese a todo, resiste con gran dignidad y espíritu de sacrificio. Putin ha recurrido al mismo tiempo al as que tenía en la manga de explotar la dependencia de la mayor parte de Europa -especialmente de Alemania y de los países de la parte oriental- del suministro de gas y de petróleo por parte de Rusia. Pese a esta dependencia, la UE ha ido ampliando las sanciones económicas a Rusia, tratado de disminuir el máximo posible la importación de productos energéticos rusos e impuesto -tras muchos esfuerzos- un tope al precio del petróleo importado. El Gobierno ruso ha recurrido a un descarado chantaje, aprovechándose de su situación ventajosa, y ha saboteado el gasoducto Nord Stream-1 que une Rusia con Alemania, reducido el suministro y acabado por cerrarlo. Ante el tope a los precios acordado por la Comisión Europea, Rusia ha dejado de suministrar petróleo a los países que cumplan ese acuerdo y está desviando el suministro de sus productos energéticos a países como China, India o Turquía, pero está perdiendo dinero porque los vende a precios inferiores a los de mercado. La escasez del suministro de gas y la subida de los precios han hecho que se tambalee un tanto la unidad en el seno de la UE, con países como la Hungría de Orban, que es un auténtico submarino pro-ruso en el seno de la Unión, pero también la propia Alemania, que pide solidaridad a sus socios mientras actúa unilateralmente financiando a sus empresas y alterando las reglas de la competencia. Como ha observado Pablo Suanzes, la reacción ante la invasión de Ucrania ha sorprendido a casi todo el mundo por su celeridad, su pegada y el compromiso económico, militar y político de la UE con Kiev, pero -según Ivan Krastev- ha llegado el momento difícil de mantener el pulso ante la fatiga de la contienda. Viene el frío, se disparan los precios de la energía y de los combustibles, suben los tipos de interés, se encarecen las hipotecas, se congelan las calderas y la economía real, y crecen las tensiones internas. El gran problema europeo no es tanto una amenaza desde fuera sino desde dentro, como muestra la multitud de crisis acumuladas, que han acabado con la confianza mutua, y la multiplicación de gobiernos o partidos que llegan al poder con ideas, mentalidades y agendas incompatibles con el discurso, los valores y los programas de la Unión. Con su política implacable, Putin pretende, de un lado, minar la moral de la población ucraniana, sometida a los más crueles bombardeos indiscriminados y, de otro, alentar el malestar de los mal acostumbrados europeos por las privaciones a las que deben someterse como consecuencia del conflicto ucraniano. Para Andrés Trapiello, el cansancio de la guerra está llevando a algunos a desear, con más o menos impaciencia, que termine cuanto antes mediante un acuerdo, y han empezado a pedirlo quienes contemplan el conflicto desde la tribuna como si asistieran a un torneo medieval. Los mismos que en agosto celebraban las derrotas rusas, piden ahora que se detenga la guerra y se entablen negociaciones de paz. Se lanza sutilmente el mensaje a Zelenski de que no desdeñe la opción de “paz por territorios” y renuncie a exigir la devolución de Crimea. Así, el indocumentado y prepotente Elon Musk -tan solícito con los dictadores-le he ha hecho un llamamiento para que entregue Crimea e incluso ha justificado el eventual uso de armas nucleares para recuperarla. Su amigo David Sacks ha afirmado en “Newsweek", que los “neocons” y la izquierda“woke” actuaban juntos de la mano y nos estaban llevando a la III Guerra Mundial. Esta opinión es compartida por la derecha alternativa norteamericana próxima a Donald Trump, que es contraria a enfrentarse a Rusia por apoyar a Ucrania. La recuperación del Congreso por parte de los republicanos -aunque haya sido por menos de lo previsto- ha provocado el viaje relámpago a Washington de Zelenski, quien ha visto confirmado el respaldo de Biden, aunque no tanto el de la bancada republicana. Posiciones “terceristas” que reclaman la opción “paz por territorios” Según David Jiménez Torres, desde el inicio de la invasión de Ucrania venimos escuchando propuestas pretendidamente realistas para poner fin al conflicto. Destacados líderes europeos -como Macron o Scholz- han mantenido que había que ofrecer una salida honrosa a Putin y evitar humillarlo, y últimamente se insiste en el peligro que supone acorralarlo y en la necesidad de ceder a su chantaje nuclear. Como Ucrania no puede ganar la guerra, Zelenski debe aceptar una negociación en la que haga importantes concesiones a Putin. ¿Por qué -digo yo- se han de hacer concesiones al agresor a costa del agredido? ¿Acaso sirvió de algo dejar que Rusia se anexionara Crimea? Para Jiménez Torres, la tesis de que una paz favorable a Putin devolvería la estabilidad al planeta no es realista, sino que más bien parece ciencia-ficción. Puede que ceder al chantaje atómico pondría fin a esta guerra, pero también estimularía la proliferación nuclear y aumentaría la inseguridad de toda la Europa oriental. Por otra parte, Ucrania quedaría desestabilizada por la frustración, el irredentismo y el miedo a que los rusos volvieran en un par de años a rematar la faena. “Esta confusión es la que intentan despejar los realistas planteando soluciones engañosamente sencillas, pero quizás más realista sea, precisamente, la que más vértigo da: que Rusia sea derrotada”. Como ha comentado julio Valdeón,”nuestros equidistantes juzgan improcedente ponerse del lado de la víctima sin propalar antes los argumentos del verdugo. Amparados en el sacrosanto contexto, matizan las agresiones unilaterales, los ataques a la legalidad internacional y la soberanía de las naciones”. Para José María Faraldo, no es cosa de apaciguar a Putin permitiéndole quedarse con un trozo de Ucrania, porque su expansionismo no se quedaría ahí. Si no fuera por la OTAN, Putin estaría probablemente en Gibraltar, ya que una de sus grandes visiones imperialistas es la de un continente euroasiático bajo hegemonía rusa que llegara de Gibraltar a Vladivostok. Para el ex-ministro alemán Norbert Röttgen, sería un tremendo error empujar a Kiev a negociar con Moscú en las actuales circunstancias. Se requieren dos para negociar y la realidad es que Putin quiere continuar con la guerra. No ha cesado en su obsesión y en su ambición, por lo que no está preparado para negociar. Está demasiado débil para hacerlo, ya que ha perdido la guerra de comunicación con Zelenski y destruido el modelo económico de Rusia, un país que es ahora más débil que en toda su Historia, y su Ejército está en retirada, por lo que no hay ninguna perspectiva de que vaya a ganar la guerra. En opinión de Gabriel Tortella, el apaciguamiento del enemigo es una solución tentadora a corto plazo, pero que a terminó más largo es un error muy grande, porque mostrar temor ante el enemigo es darle ánimos para que persista en sus objetivos; es seguir la táctica del chantajeado que paga para salir del paso, pero que con ello anima al chantajista a seguir explotándolo. Mesianismo de Putin Con su es espíritu mesiánico, Putin ha hecho gala del mayor de los cinismos. Ha instado a Ucrania a que cese inmediatamente las hostilidades, ponga fin a la guerra que desató en 2014, y regresé a la mesa de negociaciones. “Estamos preparados para ello, pero la elección de la gente de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jerson no se cuestionará. La decisión ya la han tomado y Rusia no los traicionará. Las actuales autoridades de Kiev deberán respetar esta libre expresión de la voluntad del pueblo, pues no hay otra vía y es el único camino hacia la paz. Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas y recursos que tenemos, y haremos todo cuanto podamos para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Esta es la gran misión liberadora de nuestra nación”. Añadió que “nuestros compatriotas y hermanos de Ucrania, que forman parte de nuestro pueblo unido, han visto con sus propios ojos que la clase dominante del llamado Occidente ha actuado contra la humanidad.” Cuando la URSS se colapsó, Occidente decidió que el mundo y todos nosotros accediéramos permanentemente a sus dictados. Está dispuesto a traspasar todas las líneas para preservar el sistema neocolonial que le permite vivir a expensas del mundo y saquearlo gracias al dominio del dólar y de la tecnología, y lo que explica su agresividad. Obliga a todos los países a ceder su soberanía a Estados Unidos y su determinación para preservar su dominio sin límites es la verdadera causa del conflicto. Fue Occidente el que pisoteó el principio de la inviolabilidad de las fronteras y el que decide quién tiene derecho a la autodeterminación. Las élites occidentales niegan la soberanía nacional y el Derecho Internacional, y su hegemonía presenta características pronunciada de totalitarismo, despotismo y apartheid. “Pensaron que lanzar la guerra contra Rusia les permitiría alinear de nuevo a todo el mundo bajo su mando, pero la mayoría de los Estados se niegan a decir ‘a sus órdenes’ y, en su lugar, eligen el camino más sensato de la cooperación con Rusia. La verdad se ha ahogado en un océano de mitos, ilusiones y fabricaciones, utilizando propaganda extremadamente agresiva y mintiendo como Goebbels. Cuanto más increíble sea la mentira, más rápido la gente se lo creerá”. Lo culpó de ser el único responsable de la crisis alimentaria y energética existente. “Intentan provocar un colapso de todo el sistema internacional y usar la vieja fórmula del crecimiento económico a través de la guerra. Occidente renuncia por completo a lo que significa el ser humano, y preconiza el derrocamiento de la fe y de los valores tradicionales, y la supresión de libertad. Una religión al revés, puro satanismo”. Concluyó afirmando que estaban luchando para que nunca se le ocurriera a nadie que Rusia, su pueblo, su cultura o su lengua pudieran ser borradas de la Historia. ”Nuestros valores son la humanidad, la misericordia y la compasión. La verdad está con nosotros y detrás de nosotros está Rusia”. Es una excelente descripción porque Putin se ha mirado al espejo y se ha hecho un autorretrato, si bien, donde dice “Rusia” debería decir “Occidente” y viceversa. El Parlamento Europeo ha designado a Rusia por amplísima mayoría -494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones- como un Estado promotor del terrorismo y lo ha acusado de lanzar ataques deliberados y de cometer atrocidades contra la población ucraniana. La Asamblea tomó nota de los 34.000 crímenes de guerra debidamente documentados cometidos por el Ejército ruso y de los 60.000 bombardeos de infraestructuras civiles, así como de la comisión de todo tipo de atrocidades en localidades ocupadas cómo Bucha, Mariupol, Irpin, Liman o Izium. El Ministerio Fiscal ucraniano está recogiendo las correspondientes pruebas y los mandos militares responsables de estos actos, así como Putin, deberían ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional o por un Tribunal “ad hoc”. El final de la guerra es tan incierto como cuando comenzó y no se percibe en el horizonte una paz honrosa para Ucrania, pese a la hipócrita palabrería del autócrata ruso, que ha dicho que estaba listo para negociar con todos los involucrados sobre soluciones aceptables, pero que eso dependería de los ucranianos, que eran los que se negaban a negociar. Como ha comentado cínicamente el portavoz, Dimitri Peskov, la negativa de Occidente a reconocer como rusos los territorios anexionados estaba obstaculizando la búsqueda de una fórmula que permita poner fin al conflicto. Con generoso espíritu negociador, Putin se ha mostrado dispuesto a concertar la paz, siempre que sea en sus términos, pero, ¿qué valor tiene la palabra de Putin? Dijo que jamás iría a la guerra contra Ucrania justo unos días antes de invadirla, que se había visto obligado a lanzar una operación militar especial para hacer frente a una agresión ucraniana e inició una guerra muy cruenta contra el indefenso y pacífico pueblo ucraniano, que nunca movilizaría los reservistas y no dudó en hacerlo cuando vinieron mal dadas, que las víctimas de la crueldad rusa habían sido causadas por los propios ucranianos, que ofrecía sinceramente la paz pero que lucharía para lograr todos sus objetivos… Putin ha perdido toda su credibilidad y ya nadie confía en su palabra. Según el director de la CIA, William Burns, Rusia aún no se toma en serio una negociación real para poner fin a la guerra. Zelenski, por su parte, ha afirmado que “no descansaremos hasta que los soldados rusos sean expulsados de todo nuestro territorio, incluida Crimea”. Según Araceli Mangas, Rusia ha infringido de forma sistemática casi todas las obligaciones como potencia ocupante y cometido innumerables crímenes de guerra y contra la humanidad en su conducción de las hostilidades, y Putin ha llegado incluso a superar a Hitler en las violaciones de sus obligaciones como ocupante de territorio ucraniano. Es el ejemplo delirante de un concepto de soberanía absoluta que emerge de las corrientes nacionalistas, totalmente al margen del Derecho Internacional. “Esta dominación medieval en la que un gobernante decide por todos en el interior y frente a todos fuera de sus fronteras, sin reconocer límites ni contrapesos, y que, con la amenaza nuclear, subordina nuestra existencia al logro de sus propios fines”. Como ha señalado“El Mundo” en un editorial, desde que Putin invadió Ucrania, Zelenski ha sido el dique de contención de una tiranía y se ha eregido en el gran defensor de los valores occidentales, apoyado por un pueblo comprometido hola flor resistencia al invasor. “Está en juego el humanismo liberal que debe imponerse frente a la mayor miseria y degradación imaginables que Putin ha traído a las puertas de Europa. Volodomir Zelenski nos ha recordado la importancia de la conciencia moral y que para defender los valores humanos de una visión digna del progreso hacen falta más que palabras. Se necesitan los hechos”. Seamos coherentes con nuestros principios Madrid, 30 de diciembre de 2022

Catalanización del Govern de Sánchez

“CATALANIZACIÓN” DEL “GOVERN” DE SÁNCHEZ Titulaba uno de mis artículos de hace unas semanas “Más bajo difícilmente podrá caer el presidente del Gobierno de España” y debo humildemente reconocer que me he equivocado por completo. Tomando prestado el grito de guerra de los socios de Pedro Sánchez, cabe reconocer que “sí, se puede”. Sánchez se ha mimetizado con sus aliados independentistas, y su Gobierno cada día se parece más al Govern de la Generalitat de Puigdemont, Torra o Aragonés. Las Cortes siguen con entusiasmo las nefastas pautas del Parlament y Meritxel Batet es una réplica de Carme Forcadell. La arbitrariedad y la chapucería imperan en uno y en otra, y la mayoría “frankensteiniana” oprime a la minoría democrática que representa la oposición, a la que acusa sin motivo de todos los males habidos y por haber, del golpe de Estado a la corrupción de las instituciones. En vez de gobernar, Sánchez se dedica a hacer oposición a la oposición y cabe preguntarse cómo es posible que quienes no ostentan el poder puedan realizar tantos desmanes, como Sánchez y su corte de los milagros le acusan cotidianamente, con el apoyo entusiástico de los medios de comunicación que, directa o indirectamente, controla el Gobierno. Arnaldo Otegui -el líder etarra que se cayó del caballo frente a Mondragón y se convirtió en un ferviente demócrata tras quitarse el pasamontañas- es un poco bruto, pero no sabe disimular, y ha hecho una descripción harto precisa de la situación actual. Según confesó a sus seguidores en la intimidad, “al Gobierno de Sánchez solo lo apoyamos los que queremos irnos de España”: a saber, antisistemas, independentistas y filoetarras. Estos son sus poderes, como diría el cardenal Cisneros. Los socialistas honrados deberían reflexionar y preguntarse si el actual PSOE sanchista es un partido de Estado, democrático e institucional. Aunque esté hecho de retazos incompatibles entre sí, las piezas incoherentes que configuran al monstruo se ensamblan formando un todo de apariencia gubernamental ante el temor de que Sánchez -una bicoca para esta laya- pueda perder el poder. El presidente dispone de suficiente mayoría para legislar lo que quiera y llevar a cabo las mayores barbaridades que se le ocurran, pero -en su prepotencia y menosprecio a los ciudadanos- no le basta con hacer cosas malas, sino que disfruta haciéndolas mal. No solo se pone por montera la Constitución y las leyes, sino que lo hace con alevosía y nocturnidad, como estamos viendo con las reformas exprés -sin las mínimas garantías jurídicas- de normas básicas como el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Todo de una tacada y por la puerta de atrás, recurriendo al fraude político de las propuestas de ley presentadas por el PSOE y por Podemos, y a las enmiendas de ERC. Así, ha estado a punto de conseguir en horas 24, la eliminación del delito de sedición, la devaluación penal del de malversación y la reforma de la Constitución, de la LOPJ y de la LOTC en lo relativo a la elección de los miembros del TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y aún le queda, para culminar sus fechorías, modificar la LEC a fin de impedir que los diputados imputados tengan que abandonar sus escaños. Y lo peor es que todo esto no lo está haciendo por convicción, puesto que ninguno de esos arbitrarios cambios figuraban en el programa electoral del PSOE y están en flagrante contradicción con las reiteradas declaraciones solemnes del presidente del Gobierno –“?Cómo quiere que se lo diga? Jamás pactaré con Bildu”-, sino por aceptar los chantajes de ERC y de Bildu, y limpiar a sus dirigentes de las lacras de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo por la comisión de delitos de sedición y malversación. Y eso que el alto Tribunal los eximió magnánimamente del delito de rebelión, porque su actuación criminal fue solo una “ensoñación”. ¡Menuda ensoñación! Realizar referéndum ilegales expresamente prohibidos por el TC, lanzar las masas a la calle para imponer sus designios mediante la violencia física y moral, derogar la Constitución mediante unas leyes autonómicas de desconexión, proclamar la República de Cataluña y decretar su independencia separándola de España. Con las modificaciones que está llevando a cabo Sánchez, estos gravísimos delitos -punibles en las legislaciones penales de todos los países democráticos- serían “pecata minuta”, pues pasarían a convertirse en simples alteraciones del orden público. Solo les falta que su aliado preferente, Oriol Junqueras, les informe de la fecha en la que sus fieles cometerán esta pequeña falta y obtendrán con total impunidad la independencia de Cataluña. El Gobierno ha forzado la máquina al máximo con estas apresuradas reformas: Proposiciones de ley por parte de los grupos parlamentarios en vez de proyectos de ley presentados por el Gobierno, para eludir la elaboración de los informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal; procedimiento de urgencia y reuniones extraordinarias, incluso nocturnas; negativa a que comparecieran expertos penalistas y constitucionalistas; acortamiento de los debates y rechazo sistemático de las enmiendas de la oposición… La Unión Progresista de Fiscales -que no es sospechosa de derechismo- ha expresado su firme oposición a la técnica legislativa utilizada por el Gobierno, que se ha privado de los preceptivos informes de los organismos jurídicos consultivos e impedido un debate público prudente y sosegado, que debería haber precedido a tan importantes cambios normativos. El Código Penal es una norma fundamental del Estado de Derecho y sus modificaciones no pueden ser realizadas de manera apresurada, y deberían llevarse a cabo atendiendo al interés general de todos los ciudadanos y con los más elevados estándares de técnica legislativa, lo que no es el caso de un Gobierno notorio por su chapucería jurídica, como ha puesto de manifiesto el fiasco de la Ley de "Sí es Sí”, que -por la incuria de la ministra Irene Montero y de su Ministerio de la señorita Pepys- ha permitido la reducción de las penas a más de un centenar de condenados por violencia sexual. El Gobierno culminó sus tropelías jurídicas con su pretendida modificación de la LOPJ y de la LOTC por la puerta de atrás, mediante enmiendas a una proposición de Ley Orgánica sobre la eliminación de la sedición, cruzando una línea roja que nunca debería haber traspasado por pura decencia. Ante estos disparates, el PP se plantó y recurrió en amparo ante el TC. La reacción del Gobierno y de sus aliados fue inaudita. Sánchez declaró que la derecha política, judicial y mediática trataba de amordazar a las Cortes, cosa que no había ocurrido en 40 años; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, exigió al partido que retirara su recurso que podría acarrear gravísimas e impredecibles consecuencias para la democracia –“No quiero ni imaginarme las consecuencias de que mañana el TC adopte una decisión en línea con la maniobra que está adoptando el PP. Serían consecuencias graves para la separación de poderes, para la normalidad institucional, y para la soberanía popular y el sistema democrático. Confío en que mañana el Constitucional adopte una decisión justa y con arreglo a la ley”-; y el portavoz socialista y presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia -haciendo gala tanto de desconocimiento de la Historia como de sectarismo- acusó al PP de tratar de nuevo de parar un Pleno y la democracia. “Hace 41 años lo hizo con los tricornios y hoy con las togas”. Si el Tribunal no se pliega a su voluntad, incumplirá la ley, tomará decisiones injustas y respaldará el golpismo del PP. La prestigiosa ex-ministra socialista, Cristina Alberdi, ha reaccionado ante tales desvaríos afirmando que es intolerable acusar de golpismo a un partido que legítimamente presenta un recurso permitido por la ley. El Gobierno ha introducido reformas en leyes orgánicas, que deberían haber sido tramitadas mediante proyectos de Ley, con los preceptivos informes y tras haber escuchado a las partes interesadas, y está socavando los cimientos de la democracia y alterando el equilibrio institucional. No se pueden modificar las leyes orgánicas mediante enmiendas a una proposición de Ley con la que no guardan conexión alguna, rebajar la mayoría para las elecciones de los 3/5, ni quitar al TC el trámite del plácet a los candidatos a magistrados, porque está en la Constitución. Sánchez hace todo lo que decía que no iba a hacer, se contradice a sí mismo de un día para otro y cada vez lo hace más rápido. ¿Qué nefanda acción ha cometido el PP para provocar semejante alboroto? Pues simplemente ejercer un derecho que le reconoce la legislación, y no por la puerta de atrás sino abiertamente. Una de las funciones del TC es dirimir cualquier duda o queja que sz lz presente con respecto al modo de cómo se lleve a cabo un proceso de reforma de una ley fundamental y si el poder legislativo y el ejecutivo cumplen las normas establecidas. El PSOE -que tiene una memoria corta y selectiva- ha olvidado que en 2003 recurrió ante el TC la decisión del Gobierno de José María Aznar de introducir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndums ilegales mediante una enmienda a la Ley de Arbitraje, y el Tribunal le dio la razón. Ha olvidado asimismo que, en el periodo 2017-2018, el PSC recurrió al amparo del TC diversas decisiones del Parlament, y el Tribunal le dio el solicitado amparo y prohibió en 2017 que se celebrará una sesión en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretendía exponer los resultados del referéndum del 1-O. Ha olvidado finalmente que, a instancias de su Gobierno, se prorrogó en la presidencia del TC en 2008 a María Emilia Casas y al resto del Tribunal, y que la controvertida sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña fue dictada por un Tribunal que tenía cuatro de sus magistrados en una situación de prórroga durante dos años. Nadie se rasgó entonces las vestiduras por este anómalo hecho. ¿Por qué lo hace ahora el PSOE cuando cuatro de sus miembros están en una situación de prórroga de tan solo unos meses? Algunos ignorantes del PSOE y de Podemos han cuestionado la legitimidad del actual TC para tomar decisiones porque algunos de sus miembros tienen su mandato “caducado”. Como ha observado el profesor Carlos Flores, semejante afirmación es del todo errónea, pues los magistrados que llevan más de cuatro años en su puesto no tiene su mandato caducado, sino que éste ha sido prorrogado al amparo del artículo 17-2 de la LOTC, que les obliga a permanecer en sus puestos hasta que no sean sustituidos. Su mantenimiento tiene por objeto impedir que el Tribunal pueda quedar paralizado por la desidia de los partidos políticos que deben procurar su renovación. Esos magistrados tienen exactamente las mismas atribuciones que los demás. Pese a las acusaciones infundadas del Gobierno y de sus aliados, sobre la falta de renovación del CGPJ y consiguientemente del TC, los magistrados no tienen culpa alguna, ya que su renovación corresponde a las Cortes. La Constitución establece que cuatro de los miembros el Consejo serán elegidos a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, por mayoría de tres quintos de sus miembros (artículo 122-3). Lo mismo establece respecto a los magistrados del TC, cuatro de los cuales serán elegidos a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado por una mayoría de tres quintos, dos más serán nombrados a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta del CGPJ (artículo 159-1). Según la LOPJ, las Cámaras deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo. Según una resolución de la Presidencia del Gobierno del 2000, las Mesas del Congreso y del Senado acordarán la apertura de un plazo para la presentación de candidaturas y los respectivos presidentes -a la vista de las deliberaciones y del tiempo transcurrido desde el inicio del proceso electoral- propondrán la apertura de sucesivos plazos para la presentación de las candidaturas. Tanto el Reglamento del Congreso como el del Senado contienen disposiciones similares. Pese a ello -según ha señalado Ana Sánchez en “ABC”-, ninguna de las Cámaras ha activado el proceso. Tanto la presidenta del Congreso como los tres últimos presidentes del Senado han sido designados por el PSOE, cuyos diputados controlan las dos Mesas. La inacción de los distintos presidentes, que culpan de la situación a los grupos parlamentarios y afirman que abrir los plazos sería una decisión estéril, se ha producido a pesar de los insistentes requerimientos del presidente del TC y del CGPJ -especialmente durante el mandato de Carlos Lesmes- y suponen una auténtica dejación de poder. Según el profesor José María Vera, ningún sujeto sometido a la ley puede decidir no cumplirla y considerarla estéril. La renovación de las dos instituciones es responsabilidad de las Cámaras y éstas y sus presidentes no han hecho nada para cumplir su mandato. Para Flores, la asunción de éstos de que el PSOE y el PP deben llegar a un acuerdo que vaya a ser ungido por ellos “a posteriori” explica, pero no justifica, su culposa inacción. El PP no ha cuestionado la decisión del Gobierno de modificar el Código Penal, la LOPJ o la LOTC, sino el procedimiento incorrecto utilizado para la reforma de estas dos leyes, que lesionan los derechos de los diputados al ejercicio de sus funciones constitucionales. En su sentencia de 2003, el TC condenó al Gobierno de Aznar porque había recurrido para reformar el Código a una enmienda que no tenía conexión alguna con la Ley que se estaba tramitando ¿Existe alguna conexión entre el Código Penal y la LOPJ o la LOTC? Éste es un caso clarísimo de cómo el Gobierno de Sánchez aplica la ley del embudo. El fondo del problema radica en la incapacidad del CGPJ de haberse renovado a su debido tiempo y permanecer durante cuatro años en una situación de provisionalidad que no le ha permitido elegir a los dos magistrados del TC que le corresponde. El Gobierno ha urdido todas las triquiñuelas posibles, como la restauración de las competencias del CGPJ solamente para elegir a los dos magistrados que le competen, y decidido actuar por las bravas al imponer el nombramiento de sus dos candidatos, el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo -cocinador de los indultos a los sediciosos catalanes-y Laura Díez -directora general de la Presidencia y colaboradora de la Generalitat-. Puede que estos nombramientos sean legales, pero no son éticos y no se puede imponer que entren en funciones cuando no se han designado los dos magistrados que corresponden al CGPJ. Al Gobierno no le basta ya nombrar jueces afines a su ideología, sino que designa sin pudor a juristas que han estado directamente a su servicio, para evitar desagradables sorpresas si, los designados actuaran con independencia y no se plegaran a las órdenes de su mentor. El PSOE y Podemos recusaron al presidente del TC, Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez -dos de sus miembros en situación de prórroga-, pero no así a los otros dos -Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares-, que se encontraban en idéntica situación, alegando que la decisión que se tomara les afectaría en la continuidad de su permanencia en el Tribunal. Como decía Orwell, todos los cerdos son iguales, pero algunos de ellos son más iguales que los demás. Xiol, al ser “progresista”, no se vería afectado y siempre actuaría con objetividad, a diferencia de sus otros dos colegas. Los magistrados de la minoría “progre” -tan demócratas ellos- exigieron al presidente que aplazaran la reunión, amenazando con ausentarse si no lo hacía, con lo que, al no haber quórum, no se podría adoptar decisión alguna. El Tribunal no entró a examinar las recusaciones por considerar que los recusantes carecían de legitimidad para hacerlo. Por decisión mayoritaria de 6 a 5 votos, el TC afirmó que los diputados recurrentes en amparo habían alegado la vulneración al ejercicio de su derecho del cargo representativo, de conformidad con lo establecido en la Constitución (artículo 23-2), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de aquellos representados (artículo 23-1), como consecuencia de la introducción por parte de la mayoría parlamentaria de enmiendas a unas leyes orgánicas, que no guardaban conexión de homogeneidad con el texto enmendador. El Tribunal apreció que la vulneración de los derechos fundamentales alegada no carecía “prima facie” de verosimilitud, si se atendía a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que había de existir entre ellas y la iniciativa legislativa que se pretendía modificar. Igualmente consideró que la cuestión planteada en el recurso tenía especial trascendencia constitucional, al estimar que el asunto suscitado trascendía el caso concreto, ya que planteaba una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, y que tenían unas consecuencias políticas también generales. ”El Tribunal ha estimado la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por los recurrentes en amparo y, en consecuencia, acordado suspender cautelarmente -conforme al artículo 56-6 de la LOTC- la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la LOPJ y la LOTC, introducidas en la referida proposición de ley orgánica, que deriva de las dos enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos[…], introducidas en el texto de la proposición de Ley Orgánica aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2022”. Pese a lo que trata de confundir el Gobierno con sus mensajes tóxicos, el TC ha resuelto un recurso que no era de fondo sino de forma. En su impecable auto, el Tribunal solo ha pedido que se hagan las cosas de conformidad con los procedimientos establecidos. Aunque los presidentes de las dos Cámaras y Bolaños se han apresurado a decir que acataban la decisión -a diferencia de sus socios de Podemos que eran partidarios de ignorarla-, como ha señalado Andrés Trapiello, están echando tanta basura mitinera, que están preparando el camino para la insumisión institucional y el descrédito del TC. Sánchez ha insistido en que la mayoría conservadora del Tribunal había impuesto su criterio. Es curioso el doble estándar del PSOE conforme al cual, cuando una resoluciones le satisface -aunque sea adoptada por el voto de calidad de su presidente-, se trata de una decisión del Tribunal, pero -si no le place- es una decisión de la mayoría conservadora del mismo. El fontanero jurídico del Gobierno, Bolaños -que ha sufrido en el Congreso unos varapalos impresionantes por parte de Inés Arrimadas y de Sergio Sayas- se ha quejado de que una decisión tan grave se haya adoptado en un tiempo tan breve y por una mayoría exigua. Al ministro le parece que el TC no ha tenido suficiente tiempo para pronunciarse sobre una cuestión tan sencilla como la de si se había seguido o no correctamente el procedimiento para modificar unas leyes orgánicas mediante enmiendas a otra ley. Le parece normal, en cambio, que una reforma tan compleja como la de los delitos de sedición, malversación y desórdenes públicos, se haga mediante un procedimiento de urgencia, sin informes de los organismos jurídicos consultivos y sin comparecencia de expertos. La presidenta del Consejo Batet ha lamentado la suspensión de un procedimiento legislativo en curso -un hecho sin precedentes- y un cambió del modo de proceder seguido hasta ahora, que ponen en peligro la legitimización del sistema democrático. Más contundente aún, el presidente del Senado, Ander Gil, ha afirmado que es un paso de difícil retorno en la degradación de dicho sistema. Para vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por primera una vez en la historia de la democracia los representantes del pueblo habían visto parcialmente suspendida su actividad legislativa. Estas críticas carecen del más mínimo fundamento. El TC no está impidiendo a las Cortes que legislen, sino que atenten contra los derechos de las minorías parlamentarias a través de un procedimiento irregular. Tan solo ha supuesto una breve interrupción del proceso legislativo, para permitir que las Cámaras cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes. El Tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto y, prueba de ello, es que los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos ya están preparando -nuevamente de forma espuria- una nueva propuesta de ley para modificar la LOPJ y LOTC en los mismos términos de urgencia, negativa a recabar los informes preceptivos y ausencia de un debate parlamentario serio y riguroso. El Senado presentó un recurso para que el TC autorizará que se votara la propuesta ya aprobada en el Congreso, pero el Tribunal lo ha rechazado. También la propia Fiscalía del TC, a instancias del Gobierno –“¿A quién pertenece la Fiscalía? Pues eso”- instó al tribunal a que se pronunciará sobre la recusación de González Trevijano y de Narváez, alegando que existía una indiscutible vinculación directa con el objeto en trámite parlamentario, y que se produciría una incidencia automática en la situación profesional y personal de los dos recusados. En una muestra de desvergüenza y cinismo -rayana con la prevaricación- Xiol ha votado a favor de la recusación de sus dos colegas, cuando él se encuentra exactamente en la misma situación. La propuesta del Ministerio Fiscal fue, sin embargo, rechazada por el tribunal por la “ratio” habitual de 6 a 5 votos. Resulta preocupante que un auto tan obvio y acertado haya sido rechazado por cinco probos magistrados del llamado sector progresista. Las perspectivas de un nuevo TC, cuando finalmente se constituya, no pueden ser más alarmantes, con un presidente como Cándido Conde -ególatra, inflexible y politizado, que ha defendido que los magistrados debían mancharse las togas con el polvo del camino-, tres magistrados más radicales que progresistas -Ramón Sáez, Juan Carlos Campo y José María Bandrés-y un trío de damas esclarecidas -María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán y Laura Díaz. Dada su amplia conexión con el Gobierno, no sería de extrañar que el TC pase a ser una sucursal más del mismo, como ya son la Abogacía del Estado, la Fiscalía General o el CIS. ¿Qué podría hacer la UE ante esta farsa que erosiona el Estado de Derecho en España? Nicolás Pan-Montojo ha publicado en “The Objective” un artículo titulado “Bruselas respalda la decisión del Constitucional de frenar los planes del Gobierno”, que resulta excesivamente optimista. Citando “fuentes comunitarias” no precisadas, ha comentado que -aunque la Comisión Europea eluda valorar en público las reformas de Sánchez- en privado ha sido muy crítica con ellas, y recordado que existen estándares europeos para la realización de reformas judiciales importantes, que requieren que se celebren consultas con todas las partes implicadas, y advierte del peligro que supone la adopción de una reforma exprés para cambiar los equilibrios en el Poder Judicial, como han demostrado las recientes sanciones impuestas a Hungría. Ante una reforma de este calado, el Gobierno español debería haber consultado al CGPJ, a los jueces y fiscales, e incluso a la Comisión de Venecia. Araceli Mangas ha comentado, por el contrario, que no debemos confiar en Europa, que es una tortuga. No estoy en este caso de acuerdo con la insigne académica y creo que la Unión puede y debe desempeñar una función mediadora para ayudar a resolver el enfrentamiento provocado por Sánchez con el Poder Judicial. Ya ha tomado algunos pasos modestos, pero eficaces, como la crítica a la pretensión del Gobierno de bajar el quórum para la elección de miembros del CGPJ o su recomendación de que sus miembros judiciales fueran elegidos por sus pares. Ante la tentación del Gobierno de un Estado miembro de violar el Estado de Derecho, la Comisión Europea no puede permanecer “on the fence” y debería pronunciarse, aunque fuera de forma sumamente discreta. No puede ser tan estricta con Hungría, Polonia o Rumanía, y tan laxa con España. El problema es que el presidente del Gobierno goza incomprensiblemente de buena reputación en Bruselas, como muestran -en palabras de Emilia Landaluce- “las miradas licuadas con las que Ursula von der Leyen alaba a Pedro Sánchez”. Éste será sensible a cualquier recomendación o advertencia de la Comisión, porque necesita de ella para potenciar su figura durante su ejercicio de la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2023. Sánchez no hará el menor caso a cualquier presión que le hagan las fuerzas políticas españolas -salvo que provengan de ERC o de Bildu-, pero acogerá solícito las advertencias de la Unión. Sánchez se parece cada vez más a Puigdemont y -como ha puesto de manifiesto Arrimadas en un discurso magnifico en el Congreso- ha asumido como propios todos los pronunciamientos básicos de los partidos separatistas, solo que en este caso lo hace desde la sede del Gobierno de España, y no hay esperanza de que vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución en toda la nación. “Cuando uno empieza a cuestionar la legitimidad de las instituciones, llega el caos”. Ojalá se equivoque, pero, con este personaje, todo es posible en La Moncloa. Madrid, 22 de diciembre de 2023

Punto muerto en las negociaciones entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar

PUNTO MUERTO EN LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA UE Y GRAN BRETAÑA SOBRE GIBRALTAR José Antonio de Yturriaga Barberán Embajador de España Estos días celebramos sin excesivo regocijo el 40º aniversario de la reapertura de la verja establecida en 1908 por Gran Bretaña en el istmo que separa el Peñón de Gibraltar del resto de España. El 14 de diciembre de 1982 el Gobierno socialista de Felipe González recién elegido decidió reabrir el paso por la frontera establecida en la verja que había sido cerrada por el Gobierno de Francisco Franco el 8 de junio de 1969. Antecedentes históricos Tras la guerra de sucesión por la corona de España, durante la cual una flota mixta de Inglaterra y Holanda que apoyaban al candidato austriaco se apoderó del Peñón, España -gobernada por el candidato francés Felipe de Borbón- otorgó a Inglaterra en perpetuidad, por el Tratado de Utrecht de 1713, “la entera y plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas, sin jurisdicción territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por tierra”. Los 4.000 habitantes de Gibraltar fueron expulsados del pueblo y tuvieron que refugiarse en la vecina localidad de San Roque, a unos 3 km la línea fronteriza, donde se establecieron “provisionalmente” y hasta ahora. Tras una serie de epidemias, los Gobiernos de España permitieron, por razones humanitarias, la instalación “provisional” de efectivos británicos en el istmo, y las autoridades del Reino Unido abusaron de la buena fe de los españoles, consolidaron su presencia en el istmo y erigieron una valla separadora entre Gibraltar y la península, que consideraron como frontera entre España y la colonia de Gibraltar, pese a las numerosas e ineficaces protestas de los débiles Gobiernos españoles. La Gran Bretaña se encontraba en el apogeo de su expansión colonial e importó una población artificial, que asciende a los 30.000 ciudadanos que hoy día habita en Gibraltar. En 1969, el Reino Unido otorgó -sin base jurídica alguna- una Constitución a Gibraltar, en cuyo preámbulo se decía que el Gobierno británico nunca concertaría acuerdo alguno por el que el pueblo gibraltareño quedará sometido a la soberanía de otro Estado, en contra de sus deseos expresado de forma libre y democrática. El Gobiernos español protestó en vano contra esta nueva violación del Tratado de Utrecht y, en represalia, cerró en 1989 la verja , prohibió el tránsito por la frontera, e interrumpió todas las comunicaciones. A la par, presentó el caso ante el Comité de Descolonización de los 24 y en la Asamblea General de la ONU, y logró un notable éxito diplomático y jurídico, al condenar la Organización al Reino Unido -en su resolución 3070(XX) de 1965- e instarle a que iniciara sin demora negociaciones con España para poner término a la situación colonial en el Peñón. Un año después, la Asamblea -en su resolución 2231(XXX)-, reiteró a Gran Bretaña su petición de que realizara sin demora negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio y le instó a que acelerara la descolonización de Gibraltar en consulta con España. Para frenar este proceso, el Gobierno británico celebró en 1969 un referéndum en el Peñón -en el que los gibraltareños se pronunciaron por abrumadora mayoría a favor de permanecer en el Reino Unido-, al que siguió el otorgamiento de una Constitución. Ambos hechos fueron condenados por la Asamblea en su resolución 2353(XXXII), en la que -tras advertir de que cualquier situación colonial que destruyera total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país era incompatible con la Carta de las Naciones Unidas- instó a los dos Estados a que continuarán las negociaciones con miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar y a salvaguardar los intereses de su población al término de dicha situación. Con este tramposo procedimiento, Gran Bretaña trató de convertir un caso de descolonización en otro de ejercicio de libre determinación por un pueblo colonizado precisamente por ella. Algunos Estados pro-británicos mordieron el anzuelo e interpretaron que los gibraltareños tenían derecho a decidir sobre el futuro de su territorio, pero tal no era el caso ya que el destino del Peñón sigue estando en manos del Parlamento británico. El Gobierno británico ha afirmado que mantendrá sus compromisos constitucionales , no renunciará a su soberanía sobre Gibraltar y tomará las medidas necesarias para salvaguardarla. El Gobierno español no niega la soberanía de Gran Bretaña sobre el Peñón -que le fue concedida por el Tratado de Utrecht, pero sí sobre la parte del istmo que fue ilegalmente anexionada por dicho país y en la cual construyó durante la II Guerra Mundial el aeródromo militar ahora convertido en aeropuerto internacional-. Mantiene que - de conformidad con las resoluciones de la ONU- el Reino Unido está obligado a negociar con España la descolonización de la última colonia que queda en Europa, especialmente por el contenido del propio Tratado, que establece que, si en algún momento a la Corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar en cualquier modo su propiedad sobre Gibraltar, se daría a la Corona de España la primera opción antes que otras para redimirla. El enunciado no puede ser más claro, pero -con su perfidia e hipocresía habituales- el Gobierno británico, si bien insiste en justificar su presencia en Gibraltar por lo establecido el Tratado de Utrecht, ignora las disposiciones del mismo que le perjudican. Consecuencias para Gibraltar de la salida de Gran Bretaña de la UE por el Brexit El abandono de la UE por parte de Gran Bretaña a causa del Brexit ha dejado a Gibraltar en una situación harto precaria al dejarlo sin cobertura política y jurídica, a la par que ha reforzado la posición de España, aunque su Gobierno está perdiendo esta magnífica oportunidad con unas concesiones incomprensibles sobre el Peñón. Según José Manuel García-Margallo, el Gobierno ha renunciado a aprovechar el Brexit para reclamar la soberanía sobre el Peñón, y en la Nochevieja de 2020 firmó con el Reino Unido un lamentable documento-marco sobre Gibraltar acerca de los elementos fundamentales que deberían regir la futura relación de éste con la UE, con el fin de que sirviera de base para la elaboración de las directrices de negociación entre las dos partes. Se propugnaba la libertad de movimiento de personas y mercancías a través de la verja -que debería desaparecer-y España sería responsable de aplicar las normas de Schengen y de proteger las fronteras exteriores de la Unión, si bien en los primeros cuatro años se podría encomendar la supervisión en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar a los agentes de FRONTEX. El documento hacia otras incomprensibles concesiones como la de que las salvaguardias que debería ofrecer para la aplicación de las normas fiscales y aduaneras de la UE solo se aplicarían “sustancialmente”, con la apertura a interpretaciones diversas ante un término tan vago. Para que no quedaran dudas sobre la interpretación de estas disposiciones, el presidente del Ayuntamiento de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmó que la ley gibraltareña no permitía a ningún agente de España ejercer jurisdicción ejecutiva o de cualquier otro tipo en su territorio, sobre el que alegó que su Gobierno ejercía la soberanía. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, consideró el acuerdo como un gran éxito del Gobierno, aunque fue incapaz de explicar a los españoles en qué les beneficiaba. Señaló que se había producido un cambio de paradigma que no estaba hecho de concesiones, sino de convergencia de intereses entre gibraltareños y españoles y se abonó al gran timo de la “prosperidad compartida”, que difícilmente puede beneficiar a los habitantes del Campo de Gibraltar, pues todas las concesiones inclinan la balanza en favor del privilegiado “status” de los gibraltareños. Afortunadamente -parafraseando las palabras finales del personaje de Ricky en la famosa película “Casablanca”-, aún nos queda Bruselas. iaLa Comisión y el Consejo Europeos elaboraron un mandato para la delegación negociadora que mejoraba considerablemente el texto hispano-británico y beneficiaba a España a pesar de su Gobierno. En las instrucciones se afirma taxativamente que los guardias de frontera española tendrían las competencias necesarias para llevar a cabo los controles y la vigilancia de fronteras y cumplir con las obligaciones subsiguientes en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar, porque los agentes de FRONTEX carecían de legitimidad para realizar semejante labor. España tendría asimismo la competencia exclusiva para expedir visados de estancia de corta y larga duración, así como permisos de residencia a nacionales de terceros Estados. Los controles aduaneros de Gibraltar serían realizados por las autoridades españolas, que deberían tener acceso permanente y en tiempo real a cualquier información relevante en la materia. El Acuerdo debería garantizar la aplicación de unas reglas equitativas de competencia en España y en Gibraltar, y aplicar un sistema impositivo que esté alineado con el español para evitar el diferencial de precios. Se debería asegurar que el puerto de Gibraltar pudiera competir lealmente con otros puertos de la UE, que los servicios aéreos entre la Unión y Gibraltar fueran prestados por empresas de países comunitarios, y que el aeropuerto gibraltareño no efectuara competencia desleal con los aeropuertos europeos. Las instituciones europeas echaron así un benéfico capote sobre la torpeza negociadora del Gobierno español. Las autoridades británicas se rasgaron las vestiduras por este mandato que iba mucho más allá del malhadado pacto hispano-británico. El secretario del Foreign Office, DominicRaab, se mostró decepcionado porque no hubiera habido reciprocidad e instó a la UE a que reconsiderara su posición, dado que el mandato entraba en conflicto con el acuerdo-marco alcanzado con España, socavaba la soberanía británica sobre Gibraltar y no podía servir de base para la negociación. Su principal objeción era que la propuesta no recogía el compromiso de que fueran los agentes de FRONTEX los que realizaran los controles fronterizos, pues no habría manera de que aceptaran que lo realizaran los policías españoles. Situación actual de la negociación El 28 de noviembre se celebró en Londres la X ronda de negociaciones entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar, que terminó sin resultados positivos, porque persiste la desconfianza de la Unión hacia su antiguo miembro, que ha violado el Protocolo sobre Irlanda del Norte que ambas partes habían acordado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había forzado la máquina antes de la reunión para tratar de que se llegara a un acuerdo. Así, el 10 de noviembre, instó al vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de delegación comunitaria, Maros Sefcovic, a que intensificara los contactos con la delegación británica, porque el Reino Unido se mostraba propicio a llegar a un acuerdo, deseo piadoso más basado en el voluntarismo que en la realidad. En una entrevista en “El País” el día 20, Albares declaró que, si se producía una expansión de Schengen a Gibraltar, sería necesario que la policía española controlara sus fronteras, aunque añadiera que su Gobierno aceptaba que, -durante los cuatro primeros años- las fuerzas españolas fueran ayudadas por los agentes de FRONTEX. La Comisión había presentado -a su juicio- una propuesta global y equilibrada que debería ser aceptable para Gran Bretaña. Había que establecer reglas de juego equivalentes para que la prosperidad de unos no se hiciera a costa de la de otros, y conseguir un acuerdo para eliminar físicamente la verja y sentar las bases por un espacio por prosperidad compartida entre Gibraltar y su entorno . El día 26, Albares convocó a las autoridades del Campo de Gibraltar para venderles la burra tuerta de la prosperidad compartida. Ha sido ésta -según Eric Martel- la “matraca” mantenida por el Reino Unido contra viento y marea, una mentira que -a fuerza de repetirse- se había convertido en una verdad oficial, que ha sido asumida por el Gobierno español. Los gibraltareños tienen una renta per cápita de €92.000 y una tasa de paro del 3%, mientras que las de sus vecinos descienden a €16.391 y ascienden al 32%, respectivamente. Estadísticamente, se podría hacer la media para mejorar las apariencias, pero en la realidad no era desgraciadamente posible y, con los beneficios concedidos, los gibraltareños se harían más ricos y los llanitos aún más pobres. El 14 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, se entrevistó en Madrid con su colega español, quien se mostró pleno de un injustificado optimismo, y manifestó que el Acuerdo estaba cerca, pues las posturas estaban aproximándose y que, de no ser así, no merecería la pena seguir negociando. Albares ha personalizado en exceso sus manifestaciones, al afirmar que el Gobierno español estaría dispuesto a firmar el Acuerdo mañana mismo, pasando por alto que no es España la que está negociando con el Reino Unido sino la UE, y que habría que conocer la opinión de Sefcovic, que no creo que sea tan optimista como la del ministro. Cleverly declaró que, si la propuesta hubiera sido aceptable, ya la habrían aceptado, pero aún quedaban puntos por perfilar, escollos por sortear y flecos por pulir, y que entre los temas sobre los que había mayor desacuerdo figuraba el del control del puerto y del aeropuerto por las fuerzas de seguridad españolas. Picardo ha manifestado que se trata de “nuestro país” y que “ningún agente español realizará controles de ningún tipo en el aeropuerto o en el puerto de Gibraltar”. Ha declarado asimismo que “Gibraltar no sería de ninguna manera una extensión del espacio Schengen”. Según ha comentado Javier Chaparro en “Europa Sur”, los principales obstáculos para el Acuerdo son el control de las fronteras por los agentes españoles, la negativa de los gibraltareños a respetar la normativa comunitaria en materia fiscal y ambiental, la discriminación en las pensiones de los trabajadores, y la existencia de una base aeronaval en la colonia. 1.-Control de fronteras: Es, sin duda, el obstáculo más importante que bloquea la obtención de un acuerdo, porque el Reino Unido se niega a aceptar la presencia de fuerzas de seguridad españolas en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, mientras que la UE lo considera una condición “sine qua non”, pues es el Estado fronterizo miembro de la Unión el que deberá controlar las fronteras con un tercer Estado -en este caso Gran Bretaña- para supervisar el cumplimiento de las normas comunitarias sobre la unidad e integridad del mercado único europeo. Es una línea roja que la Comisión -a diferencia de España- no permitirá que se traspase. 2.-Incumplimiento las normas comunitarias en los ámbitos fiscal y ambiental: Gibraltar se resiste a perder su privilegiado “status” de paraíso fiscal y armonizar sus normas fiscales con las de la UE, especialmente en relación con la prestación de servicios financieros y de juego “on line”, de los que las empresas multinacionales ubicadas en el Peñón obtienen considerables beneficios. Gibraltar pretende mantener la exención del IVA y unos impuestos bajos a estas empresas, pese a operar en España, sin que ésta consiga imponer impuesto alguno sobre ellas. En cuestiones ambientales, el respeto de la normativa comunitaria sobre vertidos de aguas residuales supondría una importante inversión por parte del municipio gibraltareño. Otro ámbito adversamente afectado sería el del “bunkering” o suministro de carburante a los buques. 3.-Discriminación laboral: En Gibraltar entran y salen cada días para trabajar unas 15.000 personas -12.000 de las cuales son españolas- y estos trabajadores sufren una gran discriminación con respecto a los trabajadores nativos en salarios y, sobre todo, en pensiones. La Comisión insiste en que se deben igualar los derechos de los trabajadores nativos y de los extranjeros. 4.-Permanencia de la base aeronaval: La principal razón de ser de la presencia de Gran Bretaña en Gibraltar ha sido el establecimiento de una base naval -ampliada funciones aéreas tras la construcción del aeródromo- desde la que controlar el estrecho y el acceso al Mar Mediterráneo. Por mucha concesión de una Constitución y de una serie de competencias al “Gobierno” gibraltareño, la base es materia reservada sobre la que nada tienen que decir los lugareños. Su existencia, sin embargo, y el acceso a sus instalaciones de submarinos nucleares plantean serios problemas para España, tanto de naturaleza militar -de importancia relativa, dado que ambos países pertenecen a la OTAN- como ambiental. También se plantea la cuestión del tráfico del personal militar británico y del posible uso conjunto del aeropuerto, al que aspira España. Las perspectivas a corto plazo no son esperanzadoras, porque 2023 será un año electoral tanto en España como en Gibraltar, y sigue la inestabilidad política y económica en el Reino Unido. A finales de año concluye el periodo de transición previsto y -como ha observado Susana Campo en “La Razón”- existe la sensación de que la fumata blanca se aleja, mientras el reloj corre. Las autoridades británicas ya se han puesto en el peor de los casos y han advertido a los gibraltareños de las consecuencias de una ausencia de Acuerdo, mediante la publicación de unas “Notas técnicas” sobre sus efectos. Albares ha afirmado -con razón- que la situación actual no puede mantenerse por tiempo indefinido. La Comisión Europea ha hecho hasta ahora la vista gorda, al no hacer instalar los controles correspondientes a una frontera exterior de la Unión, a la espera de que se lograra un Acuerdo, pero no puede seguir así y -ante las escasas posibilidades de éxito- tendrá que establecerlos más pronto que tarde, y poner punto final a las negociaciones, con las subsiguientes graves consecuencias para Gibraltar. Madrid, 19 de diciembre de 2022

Desvergonzado asalto del Gobierno de Sánchez a la justicia

DESVERGONZADO ASALTO DEL GOBIERNO DE SANCHEZ A LA JUSTICIA El 29 de abril de 1984, pese a haber sido imputado por fraude en el caso de la Banca Catalana, Jordi Pujol ganó las elecciones autonómicas en Cataluña y aprovechó su discurso con este motivo para afirmar solemnemente que, “a partir de ahora, cuando alguien hable de ética, de moral o de juego limpio, hablaremos nosotros, no ellos”. 36 años más tarde, el juez José de la Mata propuso procesar al presidente de la Generalitat, a su esposa y a sus 7 hijos por los delitos de fraude fiscal, alzamiento de bienes, blanqueo de dinero, falsedad documental y asociación criminal. No está mal para la “sagrada familia”. Parafraseando al Padre Peyton, cabría decir que “familia que roba unida, permanece unida”. La Audiencia Nacional acordó el procesamiento y el Fiscal solicito 9 años de cárcel para el patriarca, 29 para su hijo Jordi y 54 para el resto. En el ínterin, la ” madre superiora” -Marta Ferrusola- ha sido exonerada por padecer de Alzheimer y es más que probable que el patriarca -a punto de cumplir 94 años- nunca llegue a sentarse en el banquillo de los acusados “Sic transit gloria mundi”. Otros 38 años después, Salvador Illa, presidente del PSC ha emulado al ex-Honorable y -en un alarde de desvergüenza- proclamado que, “a partir de ahora, las lecciones de constitucionalismo y de patriotismo las vamos a dar los socialistas”. Esto lo dice el líder de un partido que ha apoyado el derecho a decidir, la celebración de un referéndum de autodeterminación, el plurinacionalismo, una reforma de un Estatuto de tipo confederal, la creación de un Consejo del Poder Judicial propio, la recuperación de los artículos del Estatuto de 2005 declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, la alianza con partidos separatistas para gobernar en ayuntamientos y diputaciones, la alegal mesa negociadora entre el Estado y la Generalitat al margen de las instituciones constitucionales, los indultos a los sediciosos, y la ley para incumplir la sentencia del TSJC sobre la obligación de impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Ha avalado la normativa catalana discriminatoria del español, respalda el Gobierno en minoría de Pere Aragonés – al que ha tirado los tejos para formar un nuevo tripartito- y apoya las propuestas para derogar el delito de sedición y descafeinar el de malversación ¡Menudo patriotismo constitucional! También advirtió Illa de que había que tener cuidado de no jugar con la Constitución. Lleva más razón que un santo, pero “no hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro”. Si ha habido alguien que no pare de jugar con el espíritu e incluso con la letra de la Constitución, ha sido Pedro Sánchez, cuyas propuestas arbitrarias serán aprobadas en breve por las Cortes merced a un injustificado procedimiento de urgencia y sin que se hayan recabados los informes preceptivos el Consejo de Estado y del CGPJ. Como ha señalado la Comisión Europea, antes de que un Estado modifique su Código Penal, debería solicitar el dictamen de sus más altos órganos consultivos. Convendría recordarle a Sánchez y a su Rasputín de bolsillo, Félix Bolaños, que hay que tener también mucho cuidado con jugar con el Código Penal, una norma básica para la convivencia entre los ciudadanos. Durante el debate el pasado 22 de noviembre en el Senado, Sánchez se negó a contestar en dos ocasiones a la pregunta que le hizo Alberto Nuñez Feijóo sobre cuál era la intención del Gobierno y, en vez de contestarle, se salió por la tangente y optó por ningunear al líder de la oposición. Como ha observado Jorge Rodríguez Zapata, el presidente del Gobierno debe responder de forma coherente y precisa a las preguntas e interpelaciones sobre cuestiones de interés general que se le formulen de conformidad con el artículo 111-1 de la Constitución, tales como la presentada por Feijóo. La pregunta era pertinente porque no es en modo alguno trivial desproteger la Constitución de las garantías penales que la deben salvaguardar. Las piezas van encajando en el rompecabezas. El Gobierno está ejecutando un plan minucosamente preparado en el que se ha seguido la “táctica del salami” de ir paso a paso para no alarmar en demasía. Se deniega la intención, se miente y se rectifica, y de ahí al siguiente paso, como ocurrió con las solemnes promesas de Sánchez de no pactar nunca con el partido que le impedía conciliar el sueño, de reforzar las normas del Código Penal sobre la rebelión y la sedición, de reintroducir el delito de convocatoria ilegal de referéndums, de traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado por sus Tribunales, o de prometer que jamás negociaría con Bildu . La política de Sánchez está basada en la mentira y -salvo en el caso de sus compromisos con los nacionalistas y los filoetarras- siempre hace lo contrario de lo que promete. En relación con la sedición cabe señalar que no solo no se ha homologado la legislación española con los países europeos, sino que tampoco lo ha hecho con la de los iberoamericanos, como prueba el caso del Perú, en el que sus instituciones han logrado neutralizar el intento de golpe de Estado incruento del presidente Pedro Castillo, que decidió clausurar el Parlamento y declarar el estado de emergencia. Fue censurado por el Congreso. Tras el triunfo de la moción de censura, fue detenido y se encuentra provisionalmente en prisión. Volviendo a Europa, se ha producido asimismo últimamente un caso que muestra la falta de homologación con Alemania, cuya Audiencia Provincial de Schleswig-Holstein rechazó la entrega de Puigdemont a los Tribunales españoles, por estimar que no había realizado actos comparables al delito de alta traición, ya que no se había producido la violencia requerida. Estoy seguro de que los jueces germanos no serán tan tolerantes con quienes jueguen con la Ley Fundamental Alemana. La situación no es en modo alguno comparable con lo que ocurrió en Cataluña, porque los detenidos son unos fantasmagóricos conspiradores que no disponen de poder alguno, carecen de fuerzas de seguridad y de estructura financiera, y no llegaron a realizar ningún acto delictivo. Los dirigentes de la Asociación “Ciudadanos del Reich” son el príncipe Heinrich XIII Reus -un aristócrata pirado- y Birgit Malsack-Winkermann, una juez y antigua diputada del partido ultraderechista AfD, que han sido acusados de terrorismo ¿Qué habría ocurrido si sucesos similares se produjeran en España tras la supresión del delito de sedición? Pues bien poca cosa, porque habrían cometido a lo sumo un delito de desórdenes públicos. Habrá que esperar a ver la decisión que adopten los tribunales alemanes, que fueron tan condescendientes con los sediciosos catalanes. El grupo parlamentario de ERC ha presentado una enmienda a la proposición de ley sobre sedición en la que han propuesto reducir las penas a los delitos de malversación de entre 2 y 6 años de prisión y 6 y 10 años de inhabilitación -aumentados a entre 8 y 12 años de cárcel y entre 15 y 30 años de inhabilitación en los casos de malversación agravada-, a penas de entre 6 meses y 3 años de prisión y entre 6 y 10 años de inhabilitación, cuando no haya ánimo de lucro personal. De esta esta manera, tipifican dos supuestos de malversación: una mala cuando los malversadores se meten el dinero en el bolsillo, en la que se mantienen condenas elevadas, y otra buena -que Emilia Landaluce ha calificado de “bienversación”-, cuando los frutos del latrocinio se dedican a buenas causas, como declarar la independencia de un territorio o llenar la caja del partido “bienversador”.. A los juristas de ERC solo le ha faltado poner los nombres y apellidos de los bienversadores, todos de estirpe catalana, aunque puede que se cuele algún converso charnego que se llame Sánchez. El PSOE y ERC han llegado a un acuerdo sobre una “cláusula ERC” -llamada ahora “desvío de patrimonio y fondos públicos para un fin diferente alprevisto”-, por la que se suaviza aún más el delito de malversación, al no preverse la existencia de agravantes y al exigirse que con el desvío presupuestario se hubiera causado daño o entorpecimiento grave al servicio público afectado. Al corresponder a la acusación la carga de la prueba y al ser la formulación excesivamente vaga, la disposición se presta a múltiples interpretaciones. Con este traje hecho a la medida de ERC, sus dirigentes serán plenamente rehabilitados y saldrán limpios como patenas. Una muestra más en las inconsistencias del Gobierno han sido las críticas vertidas por las ministras Inés Montero y Ione Belarrra contra los jueces argentinos por la condena a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua por fraudes de millones de euros, y a la que han mostrado su apoyo. Asimismo, la vicepresidenta española, Yolanda Díaz, se ha desplazado a Buenos Aires para solidarizarse con ella, no se sabe bien si en nombre del Gobierno o en el suyo propio. Joaquín Leguina ha comentado que la Generalitat se gastó el dinero de los españoles en acciones absolutamente ilegales, pero que, si los aliados de Sánchez atracaran un Banco, el delito de atraco sería sacado del Código Penal. Para los cerebros jurídicos del PSOE, abrir el melón del Código Penal no es tarea fácil que se haga todos los días y, por ello, había que aprovechar la ocasión para realizar todas las reformas requeridas, aunque no tuvieran nada que ver con el Código Penal. De ahí las enmiendas-sorpresa de los partidos del Gobierno para modificar la LOPJ y la Ley Orgánica del TC, para así redondear el control absoluto de estos dos órganos y convertirlos en una prolongación del Consejo de Ministros. El orgullo luciferino de Sánchez no le permitía consentir que unos fachas con toga lo pusieran continuamente en evidencia, y ha reaccionado con presteza. Si una ministra de Justicia podía ser Fiscal General del Estado ¿por qué otro ministro del ramo y una alta funcionaria de la Presidencia del Gobierno no podían ser nombrados miembros del TC? Dicho y hecho, pues nada se opone a la omnímoda voluntad del César. Se suprime la exigencia de que el Tribunal se renueve por tercios y se permitirá que los magistrados nombrados por el Gobierno se incorporen al TC aunque el CGPJ no haya designado aún los suyos, y se privará a los miembros del Tribunal de la facultad de evaluar la idoneidad de los candidatos, concediéndosela al Gobierno, que se convierte así en juez y parte. Esta modificación casa mal con lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución, de que los miembros del Tribunal serán nombrados por tercios. Respecto al CGPJ, reduce el quórum para nombrar a sus miembros de una mayoría cualificada de 3/5 a la mayoría simple, se establecen plazos perentorios para la toma de decisiones y se amenaza a sus miembros con condenas penales si no los cumplieran. Este cambio entra en contradicción con -si no la letra- el espíritu del artículo 122-3 de la Constitución, que prevé que los candidatos que propongan las Cortes sean elegidos por los diputados y senadores por mayoría de 3/5. Según la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, las mayorías cualificadas se establecieron para evitar que se rompiera el equilibrio de pesos y contrapesos que garantizaban la estabilidad del sistema democrático, que ahora rompe el Gobierno. Con esta cuádruple reforma, el Gobierno pretende dominar por completo el Poder Judicial y se carga el principio básico de la democracia de la separación y la independencia de los poderes del Estado. Vidas paralelas de Roma y de la Hispania actual Sánchez aspira a pasar la Historia por el motivo necrófago de violar tumbas. Según José Luis Corcuera, los españoles deberían evitar con su voto que también pase a la posteridad como un duplicado de Fernando VII. El presidente debería leer el excelente artículo sobre “República y tiranía en Salustio”, publicado en “Araucaria” por el profesor Antonio Hermosa, en el que, basándose en los relatos del historiador, senador y tribuno de las plebe Cayo Salustio, y de Marco Lépido, miembro del triunvirato junto con Marco Antonio y Octavio Augusto. En él narra las arbitrariedades cometidas por el Cónsul y Tirano, Lucio Sila, y compara la situación de Roma de finales de la República con la de la España actual. La guerra civil había cuarteado el alma y la potencia de la antaño ejemplar República Romana y la tiranía amenazaba su supervivencia. Se perdió el amor a la justicia y los romanos poblaron la paz con los monstruos habituales en el cortejo de la discordia, la codicia y la ambición. Las pasiones convocaron a la guerra civil y la Republica se hallaba fragmentada en dos mitades irreconciliables. No solo se nutría ésta con las pasiones, sino también con el enconamiento extremo de la sociedad, y su división entre pobres y ricos, fuertes y débiles, izquierdas y derechas. Había que elegir una de ellas y llevarla hasta el fondo, creando incluso una nueva cuando no existiera. ¿Cómo se refrena al futuro tirano? ¿Cómo se defiende la República? Repasando las acciones de Sila, salta a la vista su desmedida inhumanidad, al haber arrebatado a los romanos su celebrado tesoro ético. Exhibía crueldad y mostraba su saña donde se requería compasión, y era el único que había ejercido tormentos con los que aún no habían nacido y que tenían asegurada la injusticia antes que la vida. “Vosotros, por miedo a una servidumbre más grave, renunciáis asustados para recuperar la libertad. La patología del tirano debería incitar a quienes lo sufren a la rebelión, en vez de a la apatía. Según Lépido, la barbarie de Sila no terminaba allí, ya que en sus manos estaban las leyes, los juicios, el erario y las provincias; en fin, la vida y la muerte de los ciudadanos romanos. El éxito sirve a las mil maravillas para ocultar los defectos, pues cuando aquél se resquebraja, en la medida en que había sido temido, sería despreciado. La paz solo llegará para quien detente el derecho y la jurisdicción sobre los los asuntos antaño en poder del pueblo romano, y -bajo el jefe- los secuaces completaban la cadena del poder. El tirano aseguraba su dominio con “tiranitos” de segunda mano, ansiosos de esclavitud a fin de llegar también a ser amos. Quien ansía llegar a monopolizar la tiranía frente a los demás parece, sin embargo, tener los días contados. En una sociedad tan polarizada, solo cabe ser esclavo o ejercer el poder, tener miedo o inspirarlo. Si los esclavos querían recuperar el miedo que les inspiraba ser libres, deberían desprenderse de los vulnerables ideales de su tiempo y no obedecer a nadie salvo a las leyes, lo que suponía el mundo opuesto al encarnado por el tirano. El cómo exigía firmeza y valor. No se derrota al tirano defendiéndose, sino vengándose de él y recompensándolo con la suerte que él infligía a los demás. “Vale más la libertad en peligro, que la esclavitud en paz”. “El mismo sueño, enredado en los delirios de tantos falsos profetas de hoy, legítima sus tiránicos deseos de usurpar el trono ajeno, en tanto velan cobardemente por mantener oculta su intención criminal”. Y una recomendación final: “Aprovechemos la ocasión para recordar al estado llano de este país que -en tiempo de aguda crisis social- el precio de la ignorancia, la indiferencia, la desidia y la cobardía -esos escuderos magníficos de la inacción- es la libertad de todos”. No hace falta tener mucha imaginación para llenar los huecos en este paralelismo tipo Plutarco, pese a las diferencias en el tiempo y en las peculiaridades de los dos mundos que se comparaban. Bastará con sustituir al “tirano romano” por el “autócrata español” e incluir entre los “tiranitos” a los Bolaños, López, Batet, Iceta y Cia. Hay tres ideas en el mensaje que me parecen claves: no basta con defenderse sino que hay que atacar -ante un gánster o un tahúr no se puede actuar como una dama de la caridad-; solo se puede ser esclavo o libre, y no existen medias tintas; y hay que huir de la indiferencia, la desidia y la cobardía, lo que no es tarea fácil, ya que requiere firmeza y valor. No cabe la apatía, sino la rebelión frente al tirano. La situación es hoy incluso más grave que en 2017. Entonces, la Generalitat y el Parlament hicieron una declaración de independencia interrupta y dieron un golpe de Estado contra la Nación española. Ahora, es el Gobierno de esa Nación el que, con la eliminación de la sedición, exculpa los sediciosos y, con la rebaja de la malversación, blanquea por completo su conducta delictiva, reduce los plazos de las inhabilitaciones y abre el camino a que Junqueras sea el próximo presidente de la Generalitat. Por si fuera poco, Sánchez “ha ido a por todas” con descaro, y se ha lanzado a domeñar al Poder Judicial por las bravas y a ciscarse en la separación e independencia de los poderes del Estado. Pedro Sánchez ha ido mucho más allá que Alfonso Guerra, pues no solo ha enterrado a Montesquieu, sino que ha incinerado sus restos y esparcido sus cenizas sobre Barcelona desde la montaña del Tibidabo. Como nos exhorta a San Pablo en este tiempo de Adviento, “hora est de somno surgere” –“ya es hora despertarse del sueño”- y de pasar a la acción. Como ha señalado Luis del Val en “ABC”, todas estas indecencias de Sánchez son legales, pero seremos cómplices de ellas con nuestro silencio egoísta, mientras contemplamos cómo se destroza el armazón de 1978. Una cuestión que actualmente se debate es si se debería presentar o no una moción de censura contra Sánchez, como Ciudadanos y Vox están pidiendo que haga el PP. Hay argumentos legítimos a favor y en contra, que deben sopesarse con urgencia, pues el tiempo corre en favor del Gobierno. Feijóo se ha negado en redondo a dar este paso, alegando que no hay posibilidad alguna de que se gane la moción de censura, porque la mayoría Frankenstein cierra filas ante el peligro de que su mentor tenga que abandonar el poder, y que el fracaso de la moción fortalecería el Gobierno, que podría presumir ante la UE de contar con la mayoría de las Cortes. Curiosamente, ese verso suelto y principal ariete de la oposición contra Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado en esta ocasión de acuerdo con Feijóo, a diferencia de su predecesora Esperanza Aguirre. El primer argumento me parece poco convincente porque nada se gana con el dontancredismo galaico. El PP debe tener en cuenta el aforismo marinero de que “quien no se arriesga, no cruza la mar”. La oposición tiene que arriesgarse y hostigar incesantemente al Gobierno, porque éste le está dando a diario razones más que sobradas para ello con su política entreguista ante los enemigos internos de la soberanía y de la integridad territorial de España, y hurgar con insistencia en los puntos flacos que presenta el caudillo. Es obvio que no hay posibilidad alguna de que prospere la moción, pero -como ha señalado atinadamente Abascal-, no es cuestión de números, sino de combatir al Gobierno, y de presentar una alternativa razonable al mismo. Feijóo se encuentra en una situación de inferioridad al no ser diputado y no poder oponerse al presidente a diario en el Congreso. En los dos debates que ha mantenido en el Senado ha estado en manifiesta desventaja ante el privilegiado “status” del presidente del Gobierno, de su prepotencia y de su agresividad. La moción de censura le permitiría tener un mano a mano con Sánchez en pie de igualdad y mostrar sus dotes de estadista y su liderazgo, si es que lo tiene. Según Arcadi Espada, la moción sería el único instrumento que le permitiría confrontar a fondo con el presidente y de mostrar ante la opinión pública las múltiples carencias del Gobierno y la deriva catastrófica que tanto ha denunciado. Lo de menos es el resultado porque lo qué importa es poder comprobar si Feijóo y el PP ofrecen una alternativa política y moral al actual Gobierno. No creo que la inevitable derrota de la moción fuera necesariamente un plus para el Gobierno Frankenstein, si Feijóo es capaz demostrar que el monstruo es un tigre de hojalata compuesto de piezas incompatibles que no pueden producir un resultado armónico y que debería terminar en la chatarrería de la Historia. Item más, la presentación de la moción paralizaría momentáneamente la alocada hiperactividad de las Cortes, que hasta ahora Sánchez había tenido hibernadas y durmiendo el sueño de los justos, al gobernar a golpe de decretos- leyes. Espoleado por su par-dispar podemita, el presidente ha iniciado una carrera frenética para ultimar la aprobación de una serie de leyes divisorias y controvertidas, mal preparadas y peor redactadas, antes de que se inicie el ciclo electoral: Leyes “Trans”, sobre la familia, acerca del aborto, de maltrato animal, de la vivienda… La tramitación de la moción supondría la interrupción de la adopción de todos estos proyectos, que podrían ser felizmente olvidados si Sánchez y lo que queda del PSOE fueran derrotados en las distintas elecciones a las que estamos abocados. Hay otro elemento fundamental que se podría describir con el dicho “A la UE rogando y con el mazo dando”. No basta con las rogativas, porque nadie va a sacar a España las castañas del fuego y los españoles somos los principales responsables de solucionar nuestro futuro, pero la Unión puede ser de grandísima ayuda, tanto en lo económico como en lo político y jurídico, y Sánchez bien lo sabe. Tras varios años de sanchismo no ilustrado, resulta evidente que los españoles hemos sido incapaces de poner coto a los desmanes de su Gobierno. Para poder salir del marasmo económico en el que nos encontramos, resultan indispensables los generosos fondos comunitarios y la Comisión Europea puede poner condiciones para su entrega. Sánchez no hará el menor caso a los partidos políticos y a las fuerzas sociales, pero no tendrá más remedio que prestar atención y atender los consejos de la UE y del BCE. En el plano político-jurídico, la Comisión Europea es renuente a involucrarse en los asuntos domésticos de sus Estados miembros, pero hay unas líneas rojas que no se puede permitir que se traspasen, como se ha puesto de manifiesto en los delicados conflictos con Hungría y con Polonia. Aunque haya obvias diferencias, en algunas cuestiones, el Gobierno español se está paulatinamente, no ya “hungarizando”, sino incluso “venezuelizando”, y la Unión no puede permitirse el lujo de que España se sume al grupo de las democracias iliberales. Pese a sus reticencias, la Comisión ya ha dado algunos avisos al Gobierno en lo relativo a la politización de la justicia -sumisión al Gobierno de la Fiscalía General, elección de los miembros del CGPJ por los políticos en vez de por los jueces, reducción del quórum requerido para la elección de los miembros del Consejo y del TC, incumplimiento de las sentencias de los tribunales…-, la discriminación del castellano y el trato a las menores tuteladas. La situación ha empeorado de forma considerable tras la increíble decisión del Gobierno de modificar por la puerta de atrás el Código Penal y las leyes orgánicas relativas a la Justicia para exonerar a los golpistas catalanes de su responsabilidad por los graves delitos de sedición y malversación cometidos en 2017. El Comisario de Justicia Reynders ha visitado España y mantiene estrechos contactos con sus líderes políticos -tanto en el Gobierno como en la oposición- y las altas esferas judiciales. Consiguió que el Gobierno retirara su propuesta de bajar del quórum en las elecciones judiciales, pero ahora éste ha ignorado su consejo y vuelto a proponer dicha reducción. Tampoco ha prestado atención a la recomendación de la UE y del Consejo de Europa de que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por sus pares. La Comisión no puede entrometerse en los asuntos judiciales internos de los Estados, pero sí tiene el derecho y el deber de intervenir para impedir que se incumpla el Estado de Derecho, y una situación de este tipo se está produciendo en España con el incumplimiento sistemático por parte de la Generalitat de las sentencias de los tribunales. En su delirio de autocomplacencia, Patxi López ha afirmado que Europa no tiene nada que decir sobre el tema y debe limitarse a aplaudir, pero -bien al contrario-es imperativo que la UE actúe con urgencia ante la tentación totalitaria de uno de sus Estados miembros. Es justa y necesaria una intervención mediadora de la Comisión y del Parlamento Europeo y -a este respecto-es digna de alabanza la actuación de los eurodiputados de Ciudadanos y del PP en Bruselas y en Estrasburgo -especialmente de Maite Pagazaurtundúa- para concienciar a la UE sobre los incumplimientos del Estado de Derecho y de los principios de separación de poderes y la independencia judicial, tanto por parte de las autoridades autonómicas independentistas, como del el propio Gobierno de España. Conclusiones Las conclusiones de este artículo pueden encontrarse en el “Manifiesto contra la reforma de los delitos de sedición y malversación: En defensa del orden constitucional”, firmado por numerosos profesores y políticos -incluidos cinco antiguos ministros socialistas- y que yo también he suscrito. Los firmantes mantienen que, con la reforma, el Gobierno pretende que un intento de ruptura el orden constitucional se llame ahora desórdenes públicos agravados, que se produzca una rebaja máxima de las penas que deberían cumplir los fugados y que dejan la puerta abierta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas. Con su enmienda sobre la malversación, ERC consigue la exoneración de responsabilidad penal, o su reducción al mínimo, para los autores de los episodios gravemente delictivos de 2017, y que para el futuro se deje penalmente atípica la desviación de los caudales públicos de todos los españoles con el fin de realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal. Es una burla hablar de desinflamación del conflicto catalán cuando los condenados no han renunciado a la unilateralidad y declarado que volverán a intentarlo. Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que carece de homologación alguna en Europa. Por ello, esta perversión del Derecho Penal mediante una ley particular para unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y de Bildu para la adopción de los presupuestos generales -y quién sabe para qué más-, no puede contar con nuestro silencio. En consecuencia, los signatarios rechazan las actuaciones del Gobierno, cuyo propósito no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas, que en esta ocasión han exigido la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación. La finalidad de esta imposición es la de eximir de las penas de sedición y de malversación, y de la inhabilitación, a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática, al declarar unilateralmente -y al margen de las propias leyes de la Generalitat- la independencia de Cataluña. Advierten a la opinión pública que, la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente. Reclaman la retirada inmediata de las propuestas relativas a la sedición y a la malversación, y requieren la urgente tipificación de un delito contra la Constitución, con las penas incluidas en los Códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, para evitar un vacío legal que divida aún más la convivencia democrática entre los españoles. Madrid, 13 de diciembre de 2022