?Desjudicialización de la políitica o politización de la justicia?

Desjudicialización de la política en Cataluña o politización de la justicia? Sin llegar al extremo de Francois Mitterand que decía que el nacionalismo era la guerra, sí diría que es un virus maligno que infesta por doquiera que pasa, y que el nacionalismo catalán es especialmente virulento y contamina a diario todos los ámbitos de la vida española, de la adopción de los presupuestos generales a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de la enseñanza en las escuelas a la independencia de la justicia. Como ha señalado Yaschá Mounk en una reciente entrevista en “El Mundo”, el nacionalismo es como un animal domesticado que en manos de gente mala, con peligrosas intenciones, puede explotar y volverse salvaje. Este es el caso del nacionalismo catalán. Cuando todo parecía que el Gobierno y el PP estaban a punto de cerrar un acuerdo para la elección de un nuevo CGPJ y la renovación del Tribunal Constitucional (TC), el principal partido de la oposición sacó a última hora del pasado día 27 un comunicado en el que afirmaba que suspendía sus negociaciones con el Gobierno sobre estas cuestiones por la intención del Gobierno de rebajar las penas previstas en el Código Penal al delito de sedición, para atender a las exigencias de ERC. Negociaciones para la renovación del CGPJ En una flagrante muestra de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, y ante y la inanidad de las Cortes, responsable de los nombramientos de los miembros del Consejo y del TC, el ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez y un representante del principal partido de la oposición han estado celebrando negociaciones a puerta cerrada para llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de los miembros de ambos órganos. Las posiciones estaban bastante enfrentadas porque, mientras el PP exigía un compromiso formal del Gobierno para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de que los miembros judiciales del Consejo fueron elegidos por los jueces en vez de por el por el Parlamento, éste se negaba a modificar el vigente modelo de elección. Para ejercer presión sobre el PP y forzarle a que cediera en sus pretensiones y aceptara la tesis del Gobierno, Sánchez modificó la LOPJ para impedir al Consejo en funciones que realizara nombramientos de magistrados. Con ello, ha dejado al Tribunal Supremo (TS) en una situación precaria por el creciente número de bajas en sus filas. Para aumentar las dificultades de la negociación, su socio minoritario Podemos ha exigido que se le adjudiquen dos puestos en el CGPJ, uno de los cuales debería ser cubierto por la notoria magistrada “podemita” Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Tanto Ciudadanos -a través de su eurodiputada Maite Pagazaurtundúa- como el PP han denunciado ante la Comisión y el Parlamento Europeos la negativa del Gobierno a modificar la LOPJ, a fin de que los miembros judiciales del CGPJ fueran elegidos por sus pares, de conformidad con las recomendaciones hechas por la UE y por el Consejo de Europa. El comisario de Justicia, Didier Reynders ha señalado que los Estados no están obligados a tener un CGPJ, pero que -si lo tienen- sus miembros deben ser elegidos de acuerdo con las normas que rigen en la inmensa mayoría de los países miembros de la UE. Tras cuatro años de interinidad, el Gobierno presionó al PP para que aceptara renovar el Consejo de conformidad con la normativa vigente, acusándolo de violar la Constitución, y recurrió a una serie de triquiñuelas a cuál más chapucera: Intento de rebajar el quórum requerido para nombramientos a la mayoría simple -maniobra que fue abortada gracias a la tarjeta amarilla que le mostró la Comisión Europea-, privarle de su derecho a nombrar magistrados mientras estuviera en funciones, o restablecer esa facultad, pero limitada a la elección de los dos magistrados del TC que le correspondían. El presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, advirtió en diversas ocasiones que la situación era insostenible y conminó al Gobierno y al PP a que lograran un acuerdo. El comisario Reynders visitó a España y, tras entrevistarse con todas las partes interesadas -Gobierno, Presidente del TS, asociaciones judiciales y partidos políticos- concluyó que la prioridad era renovar el Consejo, pero que -inmediatamente después-había que iniciar el proceso de reforma del sistema de elección de sus miembros, comentando de pasada que lo mejor sería que la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 comenzase con dicha reforma. Lesmes dio un ultimátum al Gobierno y a la oposición para que procedieran de forma inmediata a la renovación del CGPJ y -ante la falta de respuesta de los interesados- presentó su dimisión irrevocable el pasado 9 de octubre. Este hecho inhabitual y las presiones de la Unión forzaron a Sánchez a cambiar de actitud y a convocar en Moncloa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para iniciar las negociaciones, que han sido llevadas a cabo por Félix Bolaños y por Esteban González Pons totalmente al margen de las Cortes. Las conversaciones han sido constructivas pues ambas partes han cedido algo en sus posiciones iniciales. El PP renunció a su exigencia de que el proceso de modificación de la LOPJ se iniciara de forma simultánea a la elección de los vocales del Consejo y aceptó que fueran éstos los que formularan una propuesta no vinculante de reforma de la Ley. El Gobierno admitió que se hiciera de forma conjunta la elección de los miembros del CGPJ y del TC, y que se encomendara al nuevo Consejo la elaboración de una propuesta de reforma en un plazo de seis meses. Parece ser que se habían puesto de acuerdo sobre los criterios de idoneidad para despolitizar la justicia -estableciendo un periodo de dos años antes de que los jueces que hubieran desempeñado altos cargos políticos volvieran a su carrera- y sobre los nombres de los futuros miembros del Consejo y del Tribunal. A la undécima hora surgió, sin embargo, una dificultad que había estado planeando sobre la negociación: el compromiso de Sánchez de modificar de forma inmediata el Código Penal para reducir las penas del delito de sedición. Las negociaciones se han cruzado asimismo con la adopción de los presupuestos generales del Estado. Aunque el Gobierno ha tratado por todos los medios de separar las cuestiones de la aprobación de los presupuestos y de la reforma del Código Penal -y que Bolaños hubiera asegurado a González Pons que no entraba en los planes del Gobierno esa modificación, que se trataba de “ruido mediático”-, ERC, consciente de la imperiosa necesidad que tiene Sánchez de sus votos para poder sacar adelante los presupuestos, le ha apretado las tuercas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, había firmado en el Senado que para modificar el Código se requería un cierto grado de consenso que por el momento no existía, pero los republicanos le replicaron que, si había mayoría para aprobar los presupuestos, también la habría para modificar el delito de sedición. En esta coyuntura, la bocazas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cometió la torpeza de afirmar durante el debate presupuestario en el Congreso que el presidente del Gobierno se había comprometido desde hacía dos años a revisar el delito de sedición para homologar su calificación con los estándares europeos y que dicha cuestión sería traída a la Cámara. Feijóo, que estaba con la mosca detrás de la oreja, telefoneó a Sánchez -que se encontraba la sazón en Sudáfrica en visita oficial- y éste le confirmó que había asumido un compromiso personal de reformar el Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición, y que se trataba de un compromiso de legislatura. Feijóo le comunicó entonces que su partido suspendía las negociaciones sobre la renovación del CGPJ, porque la rebaja penal del delito de sedición era una “diferencia insalvable”, y que no podían seguir avanzando mientras Sánchez no le aportará garantías suficientes de que no usaría los poderes del Estado para facilitar el camino a quienes querían combatirlo. A última hora del día 27, el PP publicó un comunicado en el que informaba sobre la suspensión de las conversaciones, a la espera de que el PSOE decidieran si quería avanzar con un partido constitucional como el PP, o de la mano de partidos que buscaban romper la unidad de España, como ERC, pues era una incongruencia pactar el reforzamiento del Estado de Derecho, al mismo tiempo que se pactaba con otros partidos desprotegerlo. Reformar la ley para mejorar la independencia del Poder Judicial no era compatible con reformar el Código Penal para decirle a los jueces que fueran condescendientes con quienes se levantaran contra la unidad de España. El único propósito del Gobierno era llegar a un compromiso unilateral con el independentismo, ya que la rebaja de las penas por el delito de sedición permitiría a los independentistas volver a delinquir sin necesidad de arrepentirse. El PSOE replicó con otro comunicado en el que afirmaba que la crisis institucional en un poder del Estado que estaba provocando el PP con su actitud obstruccionista era muy grave y dañaba el normal funcionamiento de la justicia y la reputación de España, y violaba la Constitución. El Gobierno estimaba que la situación podría llevar a un colapso en la justicia de gravísimas consecuencias, ya que el bloqueo del CGPJ con un presidente en funciones podría prolongarse hasta el próximo año. Si tan preocupado está el Gobierno por el deterioro de la justicia, podría aliviar la situación devolviendo al Consejo sus competencias y continuando las negociaciones de buena fe, tras renunciar a la modificación del Código Penal. Aunque no quepa descartarla, la posibilidad de que se reanuden las negociaciones es remota, si bien Sánchez y Feijóo han quedado en encontrarse el próximo 3 de noviembre para intentar conseguirlo. Para justificar su pretensión de modificar el delito de sedición, el Gobierno recurre al mantra de que tiene que homologarlo con la regulación de este delito en las democracias europeas y de que la UE le ha pedido que lo haga, argumentos ambos que no son ciertos. En el informe por el que se oponía a la concesión de los indultos a los sediciosos catalanes, el TS señaló que la crítica de exceso punitivo el Código Penal no podía ser el resultado de la comparación semántica de esa figura con tipos penales vigentes en sistema extranjeros, pero que en cualquier caso era incuestionable que los hechos demostrados como probados serían considerados delictivos en todos los países de nuestro entorno. La sedición era algo más que un ataque al orden público, ya que afectaba también a la convivencia ciudadana y " cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidaridad de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática, el enfoque tiene que ser radicalmente distinto”. La sedición va más allá del orden público y busca proteger la paz social, la ley y las resoluciones judiciales. No es desde luego la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. “Lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público”. Delitos similares eran sancionados en otros países europeos con penas superiores a las vigentes en España, que oscilan entre los 4 y los 15 años de prisión. Así, en Alemania, los delitos que socaven la existencia a la Republica o el orden constitucional son sancionados con penas que van de los 10 años a la cadena perpetua; en Bélgica, los atentados por los que se trate de destruir o cambiar la forma de gobierno se castigan con penas de 20 a 30 años; en Francia, se prevén condenas de hasta cadena perpetua a quienes ataquen los intereses fundamentales de la nación, incluida su integridad territorial; y, en Italia se sanciona con 12 años de prisión los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del país. El Gobierno pretende, al parecer, limitar la sedición a los delitos de orden público y desvincularlo de los ataques al orden constitucional. Precisamente el TS estimó en su sentencia que los líderes independentistas habían atentado gravemente contra el orden constitucional. Como ha observado Arcadi Espada, la reforma que planea el Gobierno va a establecer que, al que se levante desde una posición de indiscutible autoridad contra la nación paralizando el funcionamiento de la ley, fracturando la comunidad política, arruinando moral y económicamente a una parte del territorio nacional y degradando internacionalmente el crédito del Estado, le espera una pena similar a la del adicto tembloroso que, armado de un cuchillo de pelar, obliga a que le den los €40 de la caja registradora. Como ha señalado Feijóo, el delito de sedición no puede ser modificado fuera del marco constitucional. Ha prometido que, cuando acceda al gobierno propondrá un aumento de las penas en los supuestos de rebelión y sedición, y la tipificación como delito de la convocatoria ilegal de referéndums. Desde un punto de vista humorístico, los ratones de una tira de J.M. Nieto en “ABC”, comentan que no sabían por qué se había armado tanto revuelo con la sedición, porque, más que un delito, era una pérdida de tiempo “!Como si en Cataluña hiciese falta alzarse tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes!”. Según Alfonso Guerra, la gente no acepta ”monsergas”. Hablar de equiparar la sedición a la legislación europea era mentira, porque esa figura no existía en los países de nuestro entorno y, para delitos similares, las penas eran superiores a las de España. “Rebajar las penas de una gente que ha sido condenada por sedición resulta muy difícil y muy duro de aceptar”. En cuanto a la supuesta exigencia de la UE, ni la Comisión ni el Parlamento europeos han reclamado nada España a este respecto. Buscando mucho, tan solo se puede hallar un informe partidista y sectario de un diputado letón, que fue presentado a un Comité creado por el Consejo de Europa, que sugería la conveniencia de rebajar las penas de los delitos de rebelión y sedición contenidas en el Código Penal español. La mayoría de los representantes españoles -incluidos los socialistas- votaron en contra, mientras que lo hicieron a favor los representantes de los partidos independentistas catalanes y de Bildu. Si el Gobierno -como parece ser su intención- redujera a la mitad las penas aplicables a la sedición, las consecuencias no podrían ser más favorables para el nacionalismo catalán, pues podrían regresar España los auto-exiliados Puigdemont, Comín, Puig, Ponsatí y Rivera, quienes -tras ser juzgados- recibirían una condena menor que no les obligaría a entrar en prisión, y posteriormente serían indultados. Desaparecería la pena de inhabilitación para los sediciosos condenados, y Junqueras y sus secuaces podrían volverse a presentar a las elecciones. Este “do ut des” para conseguir el apoyo de ERC a los presupuestos es -según Raúl del Pozo- el resultado de una “gatada” -astucia, engaño y simulación- para un pacto entre condenados y condenadores sobre el delito de sedición, “una humillación a los jueces, una chulería autocrática y una burla a la necesaria separación de poderes”. Feijóo ha declarado que se ha sentido engañado por el Gobierno con la rebaja del delito de sedición, y Juan Manuel Moreno ha comentado que éste había jugado con dos barajas, una con el PP y otra con ERC. Mientras Bolaños aseguraba a González Pons que no se tocaría dicho delito, al mismo tiempo prometía lo contrario a su contraparte en el Govern, Laura Villagrá. Santiago González se ha preguntado si era razonable que el jefe de la oposición se sintiera engañado por el presidente del Gobierno, y ha contestado que no era para sorprenderse porque, en la biografía de Sánchez, no constaba ni “una sola afirmación preñada de veracidad dicha por su propio arbitrio”. El presidente lo engañará cuántas veces estime necesario. No parece que la cuestión de la sedición haya sido la única causa de la ruptura de las negociaciones. Según “El Mundo”, el PP exigió garantías al Gobierno de que no nombraría a ningún magistrado del TC que fuera favorable a los intereses de ERC o de corte independentista, pero Sánchez se negó a darlas. Los independentistas han reclamado que el futuro Tribunal no sea hostil a la Generalitat, respete la voluntad del Parlament y no frene sus políticas lingüísticas. Podemos ha aprovechado la ocasión para insistir en su anterior propuesta de cambiar el método de elección en el Congreso. Negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25% Ante el reiterado incumplimiento por parte de la Generalitat de las sentencias de los tribunales sobre la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas, el Gobierno de Rajoy presentó en 2013 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), quien -en su sentencia 16 de diciembre de 2020- estableció que aquélla debería tomar las medidas pertinentes para que todos los alumnos catalanes pudieran recibir, de manera efectiva e inmediata, al menos un 25% de la enseñanza en cualquiera de las lenguas cooficiales. Recurrido el fallo, el TS respaldó el 23 de noviembre de 2021 la decisión del TJSC. La Generalitat no acató la sentencia y el 8 de mayo de 2022 promulgó un Decreto-Ley que prohibía que se fijaran porcentajes de horas en la enseñanza. Unos días después, el Parlament adoptó -con el apoyo de los partidos nacionalistas, del PSC y de los Comunes- la Ley 8/2022 de Lenguas Oficiales de la Enseñanza no Universitaria, que estableció el catalán como la única lengua vehicular en las escuelas y el español solo como lengua curricular. Cumplido el plazo para ejecución de la sentencia, la Generalitat alegó que no le era posible hacerlo debido a la nueva normativa. Planteado el caso ante el TSJC, éste dio un paso atrás al aceptar el falaz argumento del ejecutivo catalán, pese a reconocer que el nuevo modelo lingüístico vulneraba varias disposiciones de la Constitución y del Estatuto. Lo más que hizo fue solicitar al TC que se pronunciará sobre la constitucionalidad de las nuevas normas, y el Tribunal acaba de admitir a trámite la petición del TSJC. También el PP, Ciudadanos y Vox han presentado recursos de anticonstitucionalidad, pero no ha recurrido, en cambio, el Gobierno como debería haber hecho, por lo que no se ha suspendido cautelarmente la aplicación de las normas recurridas. La actitud de la Generalitat entraña la comisión de sendos delitos de desobediencia y de prevaricación, cometidos con la complicidad del Gobierno. Según el artículo 408 del Código Penal, “la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público”. El artículo 410 prevé que “la autoridad o funcionario que se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales […] dictadas dentro del ámbito de sus respectivas competencias y revestido de las formalidades legales, incurrirá en la pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial…”. Es obvio que tanto la Generalitat como el Gobierno central están violando estos preceptos. En el caso de aquélla hay una cierta lógica en su proceder, porque no va a ejecutar la sentencia condenatoria de un delito por ella cometido, pero lo que resulta inexplicable es el incumplimiento por parte del Gobierno de su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias. La kafkiana situación se ha hecho más evidente cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, declaró cándidamente -o no tanto- en TV3 que había llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Nación para que éste no impugnara ante el TC la constitucionalidad de las normas catalanas que impedían la enseñanza del castellano en las escuelas de Cataluña. El Gobierno no ha desmentido semejante reconocimiento de un acto prevaricador, con lo que cabe interpretar que “quien calla otorga”. ¿Qué dice al respecto la Fiscalía General del Estado? Obviamente nada, porque -como ha afirmado Sánchez- es parte del Gobierno. En el plano político, Maite Pagazaurtundúa ha planteado el caso de la discriminación del español ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha acordado -pese a la oposición de los diputados del PSOE, de Podemos y de los partidos independentistas- enviar a Cataluña en el segundo semestre de 2023 una misión de investigación para comprobar sobre el terreno cuál es la situación del castellano en las escuelas catalanas. Según ha declarado la diputada, en la UE no se acaban de creer que en Cataluña los alumnos hispanoparlantes no puedan ser escolarizados en su lengua materna, que es la oficial del Estado, lo que constituye un caso único en Europa. Como ha señalado ante el Parlamento Europeo, el español no puede ser discriminado porque es una cuestión no solo lingüística o educativa sino de Estado de Derecho. El 12 de octubre organizó una concentración de representantes de las organizaciones que preconizan el bilingüismo en la sede bruselense de la Unión, bajo el lema “Español, lengua vehicular”. También el Foro de Profesores envió una carta -de la que fui signatario- a von der Leyen, Borrell y Reynders, en la que denunciaba la reiterada vulneración de la Constitución en materia educativa por parte de la Generalitat y su sistemática negativa aplicar las sentencias. Estas violaciones ya habían sido denunciadas a la UE desde 2019 por la Asociación para una Escuela Bilingüe, pero tanto el Parlamento como la Comisión se negaron a intervenir so pretexto de que la educación era competencia exclusiva de los Estados. Ahora se ha abierto un portillo a esa eventual intervención porque -como ha observado Reynders-, aunque la Comisión no fuera competente en materias educativas, sí lo era para hacer respetar las sentencias de los tribunales. Hasta el momento, se ha limitado a supervisar el cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales, pero, a partir del año próximo, podría ampliar su actuación para supervisar también las de los tribunales nacionales, e incluir sus conclusiones en su informe anual sobre Estado de Derecho en la UE. Aragonés acudió a Bruselas para exponer a Reynders las excelencias del sistema catalán de inmersión educativa, pero el alguacil salió alguacilado, al recordarle el comisario la obligación ineludible que tienen las Administraciones Públicas de cumplir las sentencias de los tribunales. La conducta del Gobierno actual ante la flagrante violación de los derechos fundamentales de los alumnos hispanoparlantes a ser escolarizados en su lengua materna no puede ser más lamentable: Se ha puesto de perfil ante la injusta situación para no molestar a sus aliados independentistas, no ha instado la ejecución de la sentencia del TSJC, ha votado a través del PSC a favor de la Ley 8/2022, no ha recurrido las inconstitucionales normas educativas catalanas e incluso ha pactado con la Generalitat no hacerlo, y ha avalado -por boca de Bolaños- la constitucionalidad de esas normas, porque -según él- representaban al 80% de la ciudadanía catalana. Desjudicialización de la política en Cataluña En la alegal “Mesa de Negociación”, el Gobierno y ERC se han comprometido a desjudicializar la política en Cataluña; es decir, a “rechazar la criminalización de los proyectos políticos democráticos y abogar por buscar soluciones en el marco de la seguridad jurídica, atendiendo las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal”. Ello supone -en opinión de Iñaki Ellacuría- la impunidad de los dirigentes catalanes para los delitos pasados, presentes y futuros. Para los pasados, el Gobierno ha concedido a los sediciosos políticos catalanes unos indultos injustos e injustificados, y planea la modificación del delito de sedición, para que los indultados y los prófugos de la justicia aún por juzgar puedan beneficiarse de una norma más favorable con efectos retroactivos. No bastan, sin embargo, estas concesiones a los separatistas por considerarlas insuficientes y de ahí que reclamen una amnistía que blanquee por completo su conducta, pese a ser conscientes de que una decisión de este tipo no tiene cabida en el marco constitucional. Tampoco les satisface una eventual reducción de las penas en el delito de sedición -que Juntos por Cataluña y Podemos exigen que se suprima-, porque no borraría plenamente el delito. De ahí, el apoyo incondicional de los partidos separatistas a los intentos de Sánchez de controlar el Poder Judicial, a través del CGPJ y del TC, su pretensión de estar representados en estas instituciones, y sus llamamientos a que las mismas sean comprensivas con los desafueros que la Generalitat comete en la actualidad o cometa en el futuro. ¿Se trata de una desjudicialización de la política o de una politización de la justicia? Yo creo que es más bien lo segundo. En su Ley de 2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, ya revelaron los independentistas su intención de que el poder ejecutivo dominara al judicial, negándole su independencia y autonomía. Como fracasó la independencia más breve de la Historia y la citada ley pasó a los anales de la infamia legislativa, el pragmático Govern de Aragonés apoya, como mal menor, al Gobierno de Sánchez y a su política contraria a la independencia del Poder Judicial, en la esperanza de que, en contrapartida, el Gobierno central permita que su “nación” continúe situándose por encima de la justicia. Madrid, 29 de octubre de 2022