El Gobierno quiere desamnistiar a los amnistiados"

EL GOBIERNO QUIERE DESAMNISTIAR A LOS AMNISTIADOS No hay nada imposible para la desbordante imaginación del Gobierno de la Nación. La que le falta a Pedro Sánchez le sobra a su socio gubernamental, Podemos, que le lleva por el ronzal hacia la realización de inigualados engendros jurídicos, como la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 -simbólica para el primero, pero efectiva y vinculante para el segundo-, que pretende forzar a los jueces fascistas a que juzguen los crímenes impunes del franquismo y condenen a sus presuntos autores, aunque estén en el otro barrio. La coyunda se ha plasmado en una enmienda conjunta al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Me viene a la mente un juego de palabras de mi niñez que, en versión actualizada, rezaría:”El país está amnistiado, quien lo desaministiará. El desamininistiador que lo desamnistíe, buen desamnistiador será”. El superjurista del Gobierno, Félix Bolaños, se muestra dispuesto a ganar el concurso. Adpoción de la Ley de Amnistía de 1977 En una excelente entrevista hecha en El Mundo” por Fernando Palmero a Alfonso Pinilla, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura ha advertido sobre la grave amenaza estructural que se cierne sobre España, que puede desembocar en un cambio de régimen, ya que el Gobierno ha puesto en cuestión dos piezas claves de aquel entramado que se fue construyendo con amplias dosis de posibilismos. Por un lado, el discurso legitimador del sistema, que no era otro que un pacto por la concordia y la reconciliación, que obligaba a superar las heridas abiertas en la Guerra Civil, y que empezó a naufragar en 2007 con la Ley de Memoria Histórica impulsada José Luis Rodríguez Zapatero, y que acaba de recibir un nuevo impulso desde el Gobierno populista del PSOE y de Podemos con la presentación del proyecto de Ley de Memoria Democrática. Por otro, el intento de reemplazar la fuente del poder , el sujeto soberano que la Constitución fija en la Nación española, única e indivisible, y que Sánc hez y sus socios independentistas pretenden sustituir por el de “nación de naciones” o “la España multinivel”, que abriría las puertas a la autodeterminación para cada uno de esos supuestos entes identitarios. Si ambas rupturas se llevaran hasta sus últimas consecuencias, el país entraría en un proceso constituyente de resultados inciertos, cuyo primer efecto sería la voladura total del modelo de 1978. Como ha señalado en el mismo periódico Rafael Moyano, en 1977 pedíamos “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”, porque eran lo más necesario para empezar de nuevo. En sólo seis meses, Adolfo Suárez sacó de la cárcel a los presos políticos que no tenían delitos de sangre, y fue la izquierda la que presionó en el Congreso y en la calle para que se liberara a todos los encarcelados. El mítico líder de Comisiones Obreras y diputado del Partido Comunista, Marcelino Camacho, afirmó a la sazón que “nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliar los que nos habíamos estado matándonos si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Nosotros los comunistas, que tantas heridas tenemos, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de libertad, paz y progreso”. Y concluía su trascendente intervención afirmando: ”Queremos cerrar una etapa y queremos abrir otra”. Y eso fue lo que pasó. La Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 –a juicio de Moyano- abrió la puerta a una nueva etapa. Aunque no fuera una ley de punto final, promovió el mirar hacia otro lado y primó recuperar la justicia, pese a que otras injusticias -como los crímenes y la represión del franquismo- quedaran impunes. Lo hicieron debatiendo centristas, comunistas, socialistas, nacionalistas y hasta conservadores, que se abstuvieron. “Dieron el primer paso para que esto saliera adelante e hicieron una Transición con todo el poder que da la discordia”. Destaca Pinilla la paradoja de que la amnistía fuera pedida por la oposición al franquismo y fuera una clara apuesta por sacar la Guerra Civil y los viejos rencores del debate político para construir un país donde todos pudieran convivir políticamente. “Eso lo pidió la izquierda, lo aceptó el centro y Alianza Popular se abstuvo, algo que hay que tener en cuenta cuando se dice que la amnistía benefició sólo a los torturadores del franquismo y a la derecha”. Según señaló en Tribunal Supremo en 2012 en una de sus sentencias sobre Baltasar Garzón, la Ley de Amnistía no fue aprobada por los vencedores detentadores del poder para encubrir sus crímenes, sino que fue adoptada por abrumadora mayoría en las Cortes Constituyentes como reivindicación de las fuerzas política ideológicamente contrarias al franquismo, por lo que ningún juez o tribunal podía cuestionar la legitimidad de tal proceso. En efecto, la ley fue aprobada por 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un voto nulo. Como ha editorializado “El Mundo”, uno de los cimientos de la reconciliación fue la Ley de Amnistía, que se ha convertido en el último objetivo del anacrónico y morboso revanchismo del Gobierno más sectario que ha padecido España. Nuestra democracia es tan generosa que permite al secretario general del PCE, Enrique Santiago –bien distante del añorado Camacho- no sólo ser nombrado secretario de Estado, sino trabajar desde el seno de esa institución para destruir su neutralidad y alinearla con sus fracasadas fantasías guerracivilistas para redirigirlas contra el rival político. Para el comunismo actual la reconciliación por la que sus antecesores tanto pelearon fue una traición, un momento de debilidad que -medio siglo después- hay que corregir resucitando el cainismo. Se trata de reinterpretar aquel hito fundacional de nuestra democracia para imponer la imprescriptibilidad de hechos ya amnistiados. Poco importa que el alcance de esta futura norma sea prácticamente nulo, lo que realmente importa es el símbolo, “el relato que el sanchismo quiere ahora imponer de que la Transición fue una equivocación”. Ley de Memoria Histórica En opinión de Pinilla, Rodríguez Zapatero reintrodujo la Guerra Civil en el debate político sirviéndose del hecho de que aún había personas en las cunetas a las que había que rendir justicia y memoria para poner en solfa la Transición y cambiar la interpretación de lo que históricamente había ocurrido a partir de 1936. Decía Benedetto Croce que “cada presente busca su pasado” y George Orwell que “quien controla el pasado, controla el futuro”. Así, tanto Zapatero como Sánchez siguen el mal precedente de los nacionalistas catalanes y tratan de reescribir la Historia de España y de conseguir a través de la moviola ganar la Guerra Civil 82 años después de que se acabara. Para Francisco Rosell, la memoria histórica aspira a hacer del pasado el porvenir que nos espera, mediante un recurso al franquismo sobrevenido por quienes resucitan a Franco para instaurar las bases de una tiranía, una estrategia que valga para tapar las negligencias de la gestión del Gobierno. Trata de normalizar los apaños con ERC y Bildu, al vincular con el franquismo a todo el espectro a la derecha del PSOE. Según Rafa Latorre, el Gobierno trabaja para que la memoria de los españoles se vea afectada por una particular demencia que imponga el olvido de lo reciente y un vívido recuerdo de lo remoto. El franquismo es la dopamina del socialismo, que necesita de la enésima forma legal en su eterno combate póstumo contra Franco, “por lo que el franquismo ha de permanecer siempre en trance de ser derrotado”. Mal debe irle las cosas al Gobierno –estima José I. Benavides- cuando saca a pasear el espantajo de Franco. Como ha observador Javier Redondo, “la pala de la memoria es en ungüento que alivia la inoperancia, ahúma la nulidad, solivianta atavismos y pretende distraer el ojo de la persiana del negocio echada, la cola del paro, las ayudas sin cobrar, las arcas vacías, los apremios de Bruselas y las machadas de Bildu. El recurso a la memoria resulta un filón inagotable para los tercios de la división”. Según Melitón Cardona, hay un evidente intento por parte del Gobierno de coalición de someter el poder judicial al ejecutivo y de imponer un pensamiento único a través de expedientes como los de la Memoria Histórica o de la reforma de la educación. Se está intentando una reinterpretación del pasado y de la identidad de España para establecer una serie de seudo dogmas inatacables, cuya impugnación implicaría responsabilidad penal, con manifiesto desprecio de las libertades de opinión, de expresión y de cátedra. Se culpa a Podemos de los males que nos asuelan, pero el auténtico culpable es un partido socialista que persigue los mismos fines que su socio de Gobierno. La Ley57/2007 de Memoria Histórica –calificada, por Rafael Hernando de “Histérica”, porque no tiene otro objetivo que enfrentar a los españoles- parece haber muerto de éxito y necesita ser actualizada y reforzada. A ello se dedicó con entusiasmo digno de mejor causa la ex–vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo –que en gloria política esté-, hasta que recibió la inesperada visita del motorista de la Moncloa, émulo del motorista de El Pardo. Había preparado un engendro de proyecto de Ley de Memoria Democrática, que hacía buena a la Ley aún vigente y ahora ha recogido el testigo el jurista Bolaños, que ha reformulado el texto y alentado la presentación de una serie de enmiendas, cada cual más disparatada, de consuno con su socio podemita. Ley de Memoria Democrática ¡Qué manía de poner calificativos a la memoria, que no es histórica, democrática, comunista o franquista, sino subjetiva según la sienta cada ciudadano, sea o no historiador. El proyecto de Ley de Memoria Democrática ha sido descrito por “El Mundo” como un texto pensado para prolongar la guerra cultural de los españoles y se basa en una burda distorsión de las palabras para azuzar el revanchismo y exprimir la utilización maniquea del pasado a fin de manipular el presente y ganar poder en el futuro. “Cuando su gestión naufraga y los escándalos se le amontonan, el Gobierno acude a la tumba del dictador. Su necrofilia resulta ya grotesca”. Comienza la Ley afirmando en su Exposición de Motivos que, desde el Holocausto -¡nada menos!-, el impulso de la política de memoria democrática se ha convertido en un deber moral para evitar los episodios más negros de la Historia. La principal responsabilidad del Estado es fomentar su versión inclusiva y plural, pero no es una cosa ni la otra porque excluye a la España no republicana e impone un pensamiento único para luchar contra el supuesto totalitarismo de la derecha. Pretende reconocer y reparar la dignidad de las víctimas de todo tipo de violencia intolerante y fanática, pero sólo de las víctimas republicanas o antifranquistas. Afirma que la sociedad española tiene un deber de memoria por las personas que fueron perseguidas y dieron su vida en defensa de la democracia y la libertad, como los comunistas, los anarquistas y los separatistas. Semejante afirmación es un oximorón, pues demócratas, lo que se dice demócratas, había bien pocos en el bando republicano –como en el nacional- y, si se mantiene este principio rector, no se beneficiarán muchos. La Ley tiene como objetivo fomentar el conocimiento de las etapas democrática de nuestra Historia –que son bien pocas-, y preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra Civil –aunque sólo de una parte de ellas- y de la dictadura fascista, para evitar que se repita cualquier forma de violencia política o de totalitarismo. Pretende conocer la verdad de los hechos ocurrido durante la Guerra Civil, pero sólo en el bando nacional, desentendiéndose de lo que ocurrió en el lado republicana, que fue un oasis de paz, libertad democracia. Magnifica las barbaridades que se cometieron en uno y pasa por alto e incluso justifica las cometidas en el otro, convirtiendo a sus autores en “héroes de la democracia”. Supongo que los comunistas no podrán aceptar este calificativo, salvo que se refiera a las “democracias” populares. Tiene asimismo por objeto la recuperación, salvaguardia y difusión de la memoria democrática como reconocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y de los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la Historia, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones. Me parece excelente, aunque no tanto que se excluya lo ocurrido en la zona republicana entre 1931 y 1939. Si la Ley considera víctimas a las personas que sufrieron daños físicos, morales o patrimoniales que menoscabaron sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones y omisiones que constituían violaciones de los derechos humanos, no hay razón alguna para excluir a las víctimas no republicanas y su exclusión se debe únicamente al sectarismo del Gobierno actual. Como no era suficientemente malo el proyecto de Ley, el PSOE y Podemos han presentado todo un arsenal de enmiendas para empeorarlo. La enmienda estrella es la que prevé que todas las leyes del Estado –incluida la Ley 46/1977 de Amnistía- se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional convencional y consuetudinario, en particular con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el genocidio y la tortura son imprescriptibles y no amnistiables. Se ha añadido la tortura, que no figuraba en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Podemos ha estimado que la enmienda abre la puerta y es la vía más clara para juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la impunidad. Santiago ha afirmado que da un mandato expreso a la “derecha postfranquista de la judicatura”, que se ha amparado hasta ahora en la Ley de Amnistía para mantener la impunidad de los criminales franquistas- para aplicar la ley internacional. Ha alegado el artículo 15-2 del Pacto Internacional de 1966 de Derechos Civiles y Políticos, que prevé que nada de lo dispuesto en el Pacto se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Santiago no tiene la más remota idea de lo que es el Derecho Internacional, el Constitucional o el Penal. Ignora el principio de legalidad establecido en el artículo 25-1 de la Constitución, conforme al cual “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infraccion administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. Desconoce asimismo el principio de irretroactividad previsto en su artículo 9-3, que prevé que la Constitución garantizará “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. En su auto 80/2021, de 15 de septiembre, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo de Gerardo Iglesias contra la inadmisión por la Audiencia Provincial de Oviedo de su querella contra la policía por la comisión de delitos de lesa humanidad, de tortura y de lesiones, por inexistencia de la vulneración denunciada. El Tribunal se basó en el principio “nullum cimen, nulla poena sine lege scripta, certa et stricta”, por el que únicamente cabe imponer una condena por un hecho acaecido si no existe una norma jurídica que prevea que tal hecho es punible y que, si se realizaba, le correspondería una determinada pena. El Derecho Internacional consuetudinario no era fuente suficiente para una condena por no responder al principio de “lex praevia”. En cuanto al Derecho Internacional convencional, al tiempo de producirse los hechos denunciados, no existía en el ordenamiento penal español la figura del crimen contra la humanidad, que no se introdujo en él hasta 2004. Respecto a los delitos ordinarios de torturas y lesiones, habían transcurrido más de 40 años desde su comisión, por lo que estaban prescritos. Los principios de legalidad y de e irretroactividad consagrados en la Constitución impedían que pudiera revivirse con posterioridad una responsabilidad penal ya inexistente y, en consecuencia, que pudieran ser investigadas penalmente las acciones imputadas a los supuestos responsables. Ello no implicaba la imposibilidad de activar la búsqueda de la verdad, realizar investigaciones de otra índole o proceder a reparaciones a través de procedimientos judiciales ajenos al proceso penal. También el Tribunal Supremo se ha pronunciado en esta línea en sus sentencias 798/2007 en el “Caso Scilingo” y 101/2012 en el “Caso Garzón”, así como en su auto de 2012 sobre “Competencia en la investigación de las fosas de la guerra civil y del franquismo”. En el caso del capitán argentino Adolfo Scilingo, el Tribunal revocó la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional por el delitos de lesa humanidad, porque no podía aplicarse a hechos anteriores a la introducción en el Código Penal de dicho delito. Hubo condena, pero por delitos comunes que no habían prescritos. En relación con Baltasar Garzón, el Tribunal reconoció que el juez había abierto diligencias para enjuiciar supuestos delitos amnistiados y ya prescritos, imputado a personas fallecidas y aplicado calificaciones jurídicas contrarias al principio de legalidad, al abrir una causa general contra los crímenes del franquismo cuando no estaban tipificados como delitos en la legislación española. El Supremo concluyó, no obstante que –aunque hubiese sido errónea la aplicación de la ley que hizo el juez-, su conducta no fue prevaricadora, porque su error fue oportunamente corregido por la Audiencia Nacional, cuya decisión evitó los posibles efectos negativos de la causa. Bolaños, que –aunque políticamente sectario- es jurídicamente competente, no ha tenido empacho en reconocer que la enmienda propuesta a la Ley de Memoria Democrática no derogaría la Ley de Amnistía, sino todo lo contrario, porque lo que hacía era ratificar su vigencia y reafirmar que tenía que ser interpretada -como prevé la Constitución- de conformidad con los tratados internacional, por lo que la situación sería igual a la existente desde 2002, cundo España ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Las dificultades que existen ahora para enjuiciar los crímenes del franquismo seguían siendo las mismas por la irretroactividad de la Ley. La de Memoria Democrática será una ley ordinaria que no puede derogar una ley orgánica como la de Amnistía. ¿Por qué no se le concede entonces tal? Pues sencillamente por el temor del Gobierno a no lograr la mayoría requerida para su adopción. Con la enmienda se trataba de abrir una vía que permitiera investigar y eventualmente juzgar tales crímenes. Según el ínclito Santiago. España era el único país occidental que había permitido la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Puede que este neo-estalinista no considere que su amada Rusia no es Occidente, ni una dictadura del proletariado. Tendrá que consultarlo con su correligionario Alberto Garzón. Por supuesto que ambos ignoran la resolución del Parlamento Europeo de 2019 que condenó los crímenes cometidos por los comunistas en Europa. Según ha observado Mariano Alonso en “El Español”, lo ocurrido sería una simple manera del PSOE de congraciarse en el terreno simbólico con las exigencias de su socio de Gobierno y atraerse el apoyo de sus aliados separatistas, pero no ha tenido éxito en lo último, pues ERC ha criticado la propuesta y su portavoz Gabriel Rufían lo ha acusado de vender humo y tratar de engañar a la gente, actuando con un triunfalismo absurdo al proponer una falsa revisión de la Ley de Amnistía. Por ello, los republicanos han presentado sus propias enmiendas, centradas en la exigencia de la supresión del título de Rey de España y de todos sus privilegios, porque la monarquía tenía su origen en la dictadura franquista. Rufíán parece ignorar que Felipe II o Alfonso XIII ya fueron reyes.. Como ha comentado con sorna Benavides, no sabe muy bien si es viable eso de cambiar los efectos de una ley casi medio siglo después de su entrada en vigor, pues –si se siguiera ese razonamiento- podríamos cargarnos la Ley de las Siete Partidas de Alonso X o el Código de Hammurabi. La enmienda extiende hasta 1982 –año en el que el PSOE accedió al Gobierno- el ámbito de aplicación de la ley –inicialmente previsto para 1978- para poder investigar supuestos de vulneración de los derechos humanos de personas en su lucha por la consolidación de la democracia. Bolaños tiene el cuajo de afirmar que durante ese período persistían “inercias de la dictadura”, según el consenso de los historiadores (¿?). Para ello se crean una Comisión de Expertos, un Centro de la Memoria Democrática y una Oficina de las Víctimas, y se refuerzan las facultades investigadoras del Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo de Derechos Humanos y de la Memoria Democrática. Los tiros van contra protagonistas de la Transición como Rodolfo Martín Villa, que –aunque su imputación haya sido rechazada por la Audiencia Nacional, la impresentable fiscal general, Dolores Delgado, ha dado facilidades para que sea enjuiciado por la juez argentina María Servini, discípula dilecta del juez réprobo Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general. Como ha señalado Juan Antonio Lascurain en un artículo en “El Mundo” sobre “Martín Villa y la muerte de Manolete”, Servini ha procesado al ex-ministro de la Gobernación por ser autor de nada menos que cuatro asesinatos cometidos por la policía, nada menos que hace más de 40 años y que conformarían nada menos que un delito de lesa humanidad, sin prueba alguna, basándose en la jurisdicción universal. Según Pinilla, con la ley de Memoria Democrática se da una vuelta de tuerca a la impugnación de la Transición iniciada por la Ley de Memoria Histórica, y los ataques a la Ley de Amnistía ponen de manifiesto la inspiración política de una ley que es un misil contra sus bases legitimadoras. En la Transición se optó por la reconciliación para fundamentar la democracia y este Gobierno ha elegido pasar página porque, cuando se arroja la Guerra Civil a las Cortes, se arrumba la reconciliación. Como ha observado Eduardo Álvarez, de una ley de memoria que alarga el franquismo hasta 1982 sólo cabe esperar la más dañina desmemoria. La Ley es históricamente una chapuza, jurídicamente una aberración, políticamente un grave error y éticamente... Bueno, éticamente ¿acaso sabe Sánchez lo que es la ética? No lo sabe ni quiere que los demás lo sepan y por eso ha decidido que se deje de enseñar en el bachillerato la asignatura de Filosofía, de la que la Ética forma parte. Si Aristóteles levantara la cabeza y viera lo que ocurre en España, echaría al fuego su “Ética a Nicómaco”.