Ni barcos ni honra en Gibraltar

NI BARCOS NI HONRA EN GIBRALTAR Concluía mi anterior artículo sobre “Se confirman las cesiones del Gobierno a Gibraltar” afirmando que no se había producido nada irreparable y que el Gobierno aún estaba a tiempo de desandar el camino andado en el entendimiento logrado a última hora entre España y Gran Bretaña sobre Gibraltar, pero no parece que esté por la labor sino, bien al contrario, esté dispuesto a acelerar el ritmo de la marcha, como ha puesto de manifiesto la decepcionante comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya el pasado día 20 ante la Comisión Mixta para la Unión Europea en las Cortes.. La ministra afirmó que, por primera vez en 300 años, España recuperaba protagonismo en lo asuntos de Gibraltar y tomaba la iniciativa con “un claro plan de futuro” para el Campo de Gibraltar y la zona del estrecho. “Si lo que se pretende es otros 300 años de mantener reivindicaciones y ser ignorados, desde luego un no acuerdo hubiera contribuido en gran manera a este resultado”. No hemos renunciado a la soberanía, pero no podemos quedar ahí otros 300 años de “rutina reivindicativa”. De no haberse alcanzado un acuerdo, se habría vuelto a la verja levantada en 1908, aunque sería más rígida y más dura, pues habría consolidado la separación del territorio británico y de sus ciudadanos del resto de España. Si el cierre de la verja en 1967 fue negativo para los intereses de España, hoy lo sería mucho más. La economía de la zona del Campo de Gibraltar se vería gravemente dañada, pues el 15% del PIB de la comarca “depende y respira de Gibraltar”. Sin acuerdo, el Reino Unido habría consolidado el carácter de enclave colonial del peñón a través de “obras en el puerto y otras medidas de autarquía”, provocando el “aprovechamiento” desde otras zonas, fundamentalmente desde Marruecos. España perdería su capacidad de influencia y control sobre Gibraltar al menos por una generación. “Haremos avanzar por primera vez en el terreno práctico los intereses nacionales recuperando el control en esta zona de máxima importancia estratégica para nuestro país”. Se trata de “un plan del siglo XXI con objetivos ambiciosos para pasar de la palabrería a los hechos, pues se da respuesta a las legítimas demandas del Campo de Gibraltar de un mayor interconexión con la Roca”. Esto sí que es una palabrería muy alejada de la realidad pasada y presente. González Laya no parece estar al tanto de los avatares históricos por los que ha pasado Gibraltar, especialmente en los últimos sesenta años. Las reivindicaciones –calificadas displicentemente de “rutina reivindicativa”- fueron obviamente ignoradas por Gran Bretaña, pero no por la comunidad internacional, que dio la razón jurídica a España a través de la ONU, incluso en la fase del franquismo en la que el país era un apestado internacional. En la “Declaración sobre declaración de independencia de los países y pueblos coloniales” de 1960 –resolución 1524(XV)-, la Asamblea General afirmó que “toda tentativa encaminada a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Este importante aserto ha sido reiterado en ulteriores resoluciones, algunas de ellas en relación con el caso específico de Gibraltar. Situación de Gibraltar En la resolución 2070/XX) de 1965, la Asamblea instó al Reino Unido a negociar con España la descolonización de Gibraltar, de conformidad con la resolución 1514(XV), teniendo presentes los intereses del pueblo gibraltareño. Para contrarrestar este contratiempo, el Gobierno de Gran Bretaña organizó en 1967 un referéndum de pitiminí en el que -como era de esperar- más del 95% del pueblo gibraltareño votó a favor de continuar bajo el yugo del colonialismo británico y en contra de incorporarse a España. En este punto, cabe poner en duda la legitimidad de este pueblo de aluvión que no es el originario del territorio, pues, tras el Tratado de Utrecht, los gibraltareños fueron expulsados de la ciudad y la mayor parte de ellos se establecieron en San Roque. En 1968, la Asamblea General señaló en su resolución 2429(XXIII) que el mantenimiento del sistema colonial en Gibraltar era contrarios a los fines y principios de la ONU y de la resolución 1514(XV), e instó al Reino Unido a que pusiera término al mismo antes del 1 de octubre de 1969. Como reacción, el Gobierno británico otorgó una Constitución a un pueblo de 30.000 habitantes y convirtió un municipio en gobierno y un alcalde en ministro principal. En el preámbulo del documento, el Gobierno de Su Majestad Británica asumía el compromiso de no concertar acuerdo alguno, en virtud del cual el pueblo gibraltareño pasara a “depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad libre y democráticamente expresada”. A partir de ese momento, Gran Bretaña –con su habitual perfidia y habilidad- trató de convertir una cuestión de descolonización en un problema de ejercicio por un pueblo de su derecho a la libre determinación. En 1980 se produjo un cierto acercamiento y los ministros de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja y Lord Peter Carrington firmaron la Declaración de Lisboa, por la que ambas partes se comprometieron a resolver el conflicto de forma negociada, de conformidad con las resoluciones de la ONU, aunque el Reino Unido mantuvo su reserva sobre el necesario ejercicio de la autodeterminación por parte del pueblo gibraltareño, Tras el ataque en abril de 1982 a las islas Malvinas por parte de la Junta Militar de Argentina, se produjo la reacción del Gobierno británico, que derrotó en una breve guerra a los argentinos. Margaret Thatcher endureció su posición en temas coloniales, destituyó a Lord Carrington y suspendió las negociaciones sobre Gibraltar. A finales de ese mismo año, el Gobierno socialista de Felipe González abrió el tránsito por la verja fronteriza, que había sido cerrada en 1969 por el Gobierno de Franco. En 1984, los ministros de Asuntos Exteriores Fernando Morán y Geoffrey Howe firmaron la Declaración de Bruselas, por la que se comprometieron a aplicar la Declaración de Lisboa para resolver el conflicto sobre Gibraltar, en la que por primera vez se aceptó abordar el tema de la soberanía del territorio. Se reanudaron las negociaciones bilaterales –con participación de gibraltareños dentro de la delegación británica-, que tuvieron poco recorrido por la insistencia del Reino Unido de que cualquier posible acuerdo tendría que supeditarse a la aprobación por parte del pueblo gibraltareño. Las negociaciones se interrumpieron en 2002. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó un actitud más benévola hacia Gibraltar. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visitó oficialmente el Peñón en 2009, donde se fotografió amigablemente con su colega David Miliband y con el ministro principal, Peter Caruana. Se creó un Foro Trilateral con España, Gran Bretaña y Gibraltar, en el que se aceptó a éste como un interlocutor en pie de igualdad con los dos Estados interesados. Se trataba de un foro de cooperación y diálogo en el que no se abordaría la cuestión de la soberanía –que era irrenunciable para España-, sino aspectos prácticos de cooperación transfronteriza. España admitió tener en cuenta las aspiraciones del pueblo gibraltareño además de sus intereses, y firmó con su “Gobierno” una serie de acuerdos y memorandos de entendimiento, que fortalecieron la posición diplomática de la parte gibraltareña. Declaración de la ministra de Asuntos Exteriores en las Cortes Las declaraciones de González Laya en las Cortes, están repletas de imprecisiones y de falacias. 1) España no ha adquirido ningún protagonismo, sino que ha ido, como de costumbre, a la zaga de los intereses, no ya del Reino Unido, sino del “Gobierno” de Gibraltar. La ministra no ha revelado aún a los ciudadanos españoles en qué consiste el claro plan de futuro del siglo XXI para el Campo de Gibraltar. Si la verja –que no fue construida por España, sino por Gran Bretaña- se volvía más rígida, y dura, y se convertía en frontera exterior de la UE, no era por culpa de España, sino por la decisión del Reino Unido de marcharse de la Unión dando un portazo, por lo que debería atenerse a sus consecuencias. El Gobierno español no está aprovechando la ocasión de una coyuntura política favorable para apretarle las tuercas a Gibraltar, sino que ha acudido raudo a salvarlo de las consecuencias adversas del Brexit, a permitirle gozar de los beneficios del espacio Schengen –cuando la potencia colonial ha dejado de formar parte de la UE- y a darle facilidades que no se merece por seguir mostrando su sentimiento antiespañol. 2) Si Gibraltar se convertía en un “enclave colonial” no era por la falta de acuerdo, dado que ya lo es, y se trataría de un enclave de Gran Bretaña en la UE, un islote en el que aquélla permitiría la aplicación de ciertas normas de ésta –debidamente adaptadas a las necesidades gibraltareñas-, y a través del cual el Reino Unido tendría acceso al espacio Schengen sin excesivos controles. No alcanzo a ver cómo las obras en el puerto y “otras medidas de autarquía” -¿cuáles?- permitirían el aprovechamiento de otros Estados de la zona y especialmente de Marruecos. Si se refiere a la posible sustitución de los trabajadores transfronterizos por obreros marroquíes no la veo viable, como ya se puso de manifiesto cuando se intentó esta operación a raíz del cierre del paso por la verja en.1969. Amén de la dificultades de orden social, político, económico, cultural, lingüístico o religioso, existe la imposibilidad de albergar en el peñón a 15.000 personas –casi la mitad de la población del territorio- en un espacio geográfico ya saturado. 3) La falta de acuerdo no habría provocado la pérdida por parte de España de su capacidad de influencia y de control sobre Gibraltar durante al menos una generación, puesto que nunca la ha tenido. El acuerdo, por el contrario, fortalecerá el control sobre el territorio, no yo por parte del Reino Unido –que pasa a un segundo plano-, sino del “Gobierno” de Gibraltar, hasta el punto de que el ministro principal, Fabián Picardo, ha reivindicado la soberanía de Gibraltar sobre el territorio. A González Laya le ha traicionado el subconsciente cuando habla continuamente de Gibraltar -en vez de Gran Bretaña-, porque el “Gobierno” gibraltareño será en el futuro el principal interlocutor, con el que España tendrá que concertar acuerdos para regular las cuestiones prácticas. 4) La ausencia de acuerdo provocaría efectivamente una reducción sensible de los contactos entre Gibraltar y sus habitantes con el Campo de Gibraltar y los suyos, pero la principal demanda de éstos no es una mayor interconexión con el Peñón, sino con el resto de España y con Europa. Según la ministra, se producirían gravísimos daños en la economía de la región, porque el 15% de su PIB “depende y respira” de Gibraltar. No sé de dónde habrán salido estos datos y si en ellos se incluyen los beneficios de la economía sumergida y de las actividades ilegales o alegales de las empresas multinacionales, y los ingresos por contrabando de tabaco, alcohol y fuel, o por el tráfico de drogas. A los que evidentemente afectaría sería a los en torno a 15.000 trabajadores transfronterizos, que los gibraltareños son los más interesados en mantener en sus puestos. Los trabajadores españoles podrían ser debidamente compensados por el Estado a fondo perdido, a la espera de que el ambicioso plan de futuro cree suficientes puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar. 5) Otra de las falacias es la de la “prosperidad compartida”, que, por arte de magia, produciría el acuerdo. Gibraltar cuenta con una renta per cápita de €92.000 –la tercera más elevada del mundo- y una tasa de paro del 3%, y las cifras por estos conceptos en el Campo de Gibraltar son de €16,391 –una sexta parte de la gibraltareña- y de 30/35%, respectivamente ¿En qué medida puede beneficiar la afluente prosperidad de 38.000 gibraltareños a sus 300.000 primos transfronterizos? La única forma de mejorar la situación socioeconómica sería -en el lado negativo- evitar las pérdidas provocadas por infinidad de empresas registradas nominalmente en Gibraltar, que eluden pagar impuestos al Fisco de España a pesar de que realizan sus actividades en territorio español –como las empresas de juego “on line”-, el blanqueo de dinero realizado a través de un paraíso fiscal “offshore”, y los fabulosos ingresos obtenidos con el contrabando y el tráfico de drogas. En el lado positivo, mediante el lanzamiento de un auténtico Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar, con una elevada tasa de inversión, pública y privada, nacional e internacional –en particular de la UE-, que permita la industrialización del país, el desarrollo de los servicios –especialmente el turismo- y la notable mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones y los transportes. No he escuchado ni un solo dato sobre el prodigioso plan de futuro del siglo XXI ¿Qué hay de la terminación de los corredores atlántico y mediterráneo, de la potenciación del super-puerto de Algeciras y otros como los de Tarifa o Atanaras, de la mejoras viarias y ferroviarias en las comunicaciones con Cádiz y el resto de España, de la construcción de un aeropuerto en Castellar, de la Zona Franca de Los Barrios y de los polígonos industriales en San Roque y Algeciras…? Como decía el poeta, “las palabras son viento y van al viento” González Laya hizo una serie de comentarios -algunos de ellos incoherentes y contradictorios- sobre los controles que se deberían ejercer por parte de España, de Gibraltar o de la UE a través de Frontex, pero no voy a comentarlos porque ya hable extensamente de ello en mi último artículo y a él me remito. Como ha señalado Antonio Remiro, España no puede reconocer el puerto y el aeropuerto de Gibraltar como un punto de paso de la frontera exterior de la UE bajo jurisdicción y control británicos, y mucho menos –añado yo- bajo jurisdicción y control gibraltareños. La ministra señaló que Gibraltar no adoptará “medidas que debiliten o reduzcan el acervo de la UE” y destacó el compromiso de los gibraltareños y de los británicos –aquí reaparece ocasionalmente Gran Bretaña, que había desaparecido en el combate y dejado a Gibraltar el compromiso de asumir obligaciones, pese a no ser sujeto de Derecho Internacional- por “una gestión compartida de interdependencia desde la competencia leal”. Quizás se debería iniciar el futuro Acuerdo entre la UE y el Reino Unido con una disposición similar al artículo 6 de la Constitución española de 1812, que estableciera que “los gibraltareños serán buenos y benéficos”. ¡Viva “la Pepa”! También afirmó González Laya que sería una paradoja que, tras el Bréxit, la UE contribuyera a encauzar una cuestión irresuelta durante tres siglos. “La UE nos permitiría salvaguardar nuestra irrenunciables reivindicaciones históricas sobre Gibraltar”. El periodista José Virgilio Colchero le preguntó una vez a un Secretario del Foreign Office, en una charla “off the record”. cuándo Gran Bretaña devolvería a España Gibraltar, como había hecho a China con Hong Kong, y el ministro le contestó -con el típico sentido del humor inglés- que cuando España fuera como China. La UE –pese a la fuga del Reino Unido- es un actor protagonista en el globalizado espacio internacional que, en algunos aspectos, no tiene nada que envidiar a China. Si la UE apoyara a fondo la razonable reivindicación de España sobre Gibraltar –la última colonia de Europa-, entonces podría cumplirse el presagio de González Laya de que la Unión salvaguardara y llevara a feliz término dicha reivindicación. Mientras Gran Bretaña ha sido miembro de la UE, ésta ha tenido que guardar una escrupulosa neutralidad ante el enfrentamiento diplomáticos entre dos de sus Estados miembros. Ahora que –en buena o mala hora- el Reino Unido ha puesto orgullosamente pies en polvorosa, la Unión debería apoyar con todas sus fuerzas a un actual miembro frente a otro que ha dejado voluntariamente de serlo, sobre todo cuando su pretensión está jurídicamente basada en el Derecho Internacional, en especial el de la Descolonización. La ministra concluyó su disertación señalando que el preacuerdo era una labor de orfebrería, un trabajo diplomático que esperaba que sobreviviera y se consolidara en el futuro con un memorándum hispano-británico sobre seguridad y defensa, con el que se quiere aumentar una sólida relación con Gran Bretaña a pesar del Bréxit. Creo que se trata de un deseo piadoso, pues los británicos son muy celosos de su soberanía militar. Sobre el futuro de la base naval de Gibraltar se ha guardado un tupido silencio, cuando su creación está en la base de la presencia de Gran Bretaña en el Peñón. Aunque haya perdido la excepcional importancia estratégica que tuvo en su día, sigue siendo importante para la Armada de Su Graciosa Majestad. González Laya quiso dejar constancia expresa de su agradecimiento a Picardo, por el papel que había desempeñado en el logro del acuerdo, porque “es de bien nacidos ser agradecidos”. Debería concederle la gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica o de Carlos III. Según “El País”, las razones de pragmatismo esgrimidas por García Laya convencieron a la mayoría de los grupos parlamentarios, con la excepción del flanco derecho. Además de la izquierda –convencida de antemano-, el acuerdo recibió los parabienes de los grupos nacionalistas y el asentimiento implícito de Ciudadanos, cuya diputada Marta Martín lo calificó de “pragmático”. Rompieron el consenso los fanáticos de siempre. El senador del PP, Rubén Moreno, señaló que el Gobierno renunciaba a algo que España venía reclamando desde 1714 y que el acuerdo no impediría que Gibraltar continuara siendo un paraíso fiscal que estrangulaba la economía de su Campo, y preguntó a la ministra que, si no ahora, cuándo se debería exigir la devolución del Peñón. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que había surgido una oportunidad histórica para reclamar Gibraltar y el Gobierno la había desperdiciado, y que el acuerdo era el beso de Judas con el que España entregaba el Peñón. Futuro de Gibraltar Pese a las reiteradas afirmaciones de la ministra de Asuntos Exteriores de que España mantenía su reivindicación sobre el Gibraltar, no parece que el Gobierno haga nada para conseguir su realización. Como ha puesto de manifiesto Raimundo Bassols en “El arte de negociar”, para que una negociación tenga éxito es preciso que el compromiso final al que se llegue sea favorable, en mayor o menor medida, a todas las partes involucradas en el proceso. El buen negociador debe otear el horizonte y analizar las condiciones en que se encuentran las partes en el momento de iniciarse la negociación En el caso presente, los protagonistas principales son España, Gran Bretaña y Gibraltar. España mantiene una sólida posición jurídica y, por primera vez, también cuenta con una firme posición política. Con el apoyo jurídico de la ONU y el político de la UE, el Gobierno español está en buenas condiciones para exigir que se establezca en Gibraltar un régimen de cosoberanía. El Reino Unido se encuentra actualmente en una situación de debilidad internacional por la gravedad de la pandemia del Covid-19, los efectos del Bréxit y la necesidad de negociar cientos de tratados internacionales tras su salida de la UE, el desplome de la economía y los problemas internos que le plantean Escocia e Irlanda del Norte. El Gobierno español debería aprovechar esta coyuntura favorable para exigirle la cosoberanía que no sería una mala solución para los británicos. Al recuperar la soberanía sobre Gibraltar –aunque fuese compartida-, España satisfaría su anhelo histórico de unidad nacional e integridad territorial y, de ahí, podría hacer todo tipo de concesiones al Reino Unido y al pueblo de Gibraltar. Gran Bretaña salvaría la cara y el orgullo nacional al seguir manteniendo su soberanía sobre Gibraltar durante muchos años, el pueblo gibraltareño –aunque seguiría vinculado a la metrópoli- se integraría en un Estado miembro de la UE, que respetaría plenamente su autonomía, y el Gobierno británico podría cumplir las resoluciones de la ONU y conservar su base naval en el Peñón incluso en condiciones mejores de las actuales. A Gibraltar le ha llegado la hora de la verdad y tendría que optar por integrase en España o enfrentarse a ella. Podría integrarse en un Estado democrático miembro de la Unión con el máximo grado de autonomía y conservando su identidad cultural, sus estructuras de Gobierno, su idioma y sus tradiciones y usos sociales. Conseguiría todo lo que quisiera salvo la soberanía sobre el peñón, que sería devuelta a su legítimo titular. Una variante a esta alternativa, sería que Gibraltar siguiera dependiendo de Gran Bretaña mientras durara el período de cosoberanía, con un régimen especial de parcial integración en el espacio Schengen, inferior al contemplado en el documento-marco. Si no aceptara ninguna de estas dos opciones, se convertiría en una isla rodeada de un marco hostil, si España mantuviera la verja como frontera exterior de la UE y cerrara el tráfico con el Peñón, de conformidad con el Tratado de Utrecht, que establece que la concesión de la propiedad de la ciudad de Gibraltar a Gran Bretaña se hacía “sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”. Tras conocer la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores en el Congreso, lo más probable es que el Gobierno no haga nada de lo que he sugerido, siga concediendo “gratis et amore” sus favores a Gibraltar, y deje su reivindicación de soberanía en el baúl de los recuerdos. Parafraseando la famosa frase del almirante Casto Méndez Núñez, González Laya dijo que, puestos a elegir entre la “honra” y los “barcos”, el Gobierno había preferido quedarse con los barcos y reemplazar los conceptos de “honor” y “humillación” por otros como “corresponsabilidad” e “interdependencia” ¡Todo sea por la dignidad nacional! Mucho me temo que, si el Gobierno sigue el parecer de su ministra, España acabará al final en Gibraltar sin barcos y sin honra. Madrid, 22 de enero de 2021