El octonacionalista Iceta un peligro para la unidad nacional

EL OCTONACIONALISTA ICETA, UN PELIGRO PARA LA UNIDAD NACIONAL El prohombre socialista vasco Pachi López le preguntó al Presidente del Gobierno si sabía lo que era una nación y Pedro Sánchez -que es un chico aplicado- ha nombrado ministro de Política Catalana y Función Pública a Miquel Iceta para que se 124lo explique, cubriendo así de paso el preceptivo cupo del PSC, al haber devuelto a Cataluña a su incompetente y coitado ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que salve la patria catalana. Ha sido un trueque de conformidad con la más pura metodología sanchista: Al que no funcionaba en el Gobierno lo ha mandado a Cataluña y al que no funcionaba en Cataluña lo ha mandado al Gobierno. La “operación Illa” no es comprensible sin la segunda parte de la maniobra consistente en hacer a Iceta Ministro de Política Territorial. A juicio de Jorge del Palacio, “con Iceta en el Gobierno, el PSOE coloca en el corazón de la Moncloa a cargo de la cuestión territorial, toda la confusión política sobre el federalismo y la nación de naciones que caracteriza al PSC desde la época de Maragall. Un discurso que ha servido al socialismo catalán para simular que hacía política constitucionalista, mientras en realidad ha contribuido para ensanchar el consenso nacionalista sobre la idea de Cataluña como una nación agraviada con la que el Estado español deberá saldar cuentas de alguna manera y cuanto antes”. Ya tenemos en Cataluña el guion para una tragedia perfecta: la canalización de miles de votos del PSC a un nuevo tripartito. “Si la idea de Sánchez era captar voto constitucionalista teatralizando el inicio de una nueva política socialista para Cataluña marcada por la prevalencia del PSOE sobre el PSC, el nombramiento de Iceta hace difícil esconder una realidad de naturaleza muy distinta”. En la toma de posesión de Iceta, Sánchez ha ensalzado el genio político del flamante ministro, que fue un apoyo fundamental para que recuperara la secretaría general del PSOE. Yo no sé si cabe hablar de conocimiento político, pero sí de experiencia y marrullería políticas de quien ha sido un fontanero de José Montilla, Narcís Serra, Felipe González y el propio Sánchez. Repasemos su extensa e intensa biografía. En 1978 se afilió a las Juventudes Socialistas de Cataluña, de 1987 a 1991 fue concejal de Cornellá –cono Montilla de Alcalde-, de 1991 a 1995 director de Análisis en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno –con Serra- y de 1995 a 1996 subdirector de dicho Gabinete –con González-. Diputado en las Cortes de 1996 a 1999 y diputado en el Parlament desde 1999 hasta su disolución en 2020. Primer vicesecretario del PSC de 2004 a 2011 y miembro del Consejo Federal Ejecutivo del PSOE desde 2008. Fue un estrecho colaborador y fontanero mayor de Montilla durante su presidencia de la Generalitat y en 2005 formó parte de la ponencia que elaboró el malogrado Estatuto catalán de 2005. En 2015 el PSC obtuvo sus peores resultados en las elecciones autonómica y el secretario Pere Navarro fue sustituido por Iceta, quien logró parar el desplomé del partido y mejorar su situación, y en 2016 fue elegido líder del mismo. Candidato fallido a la presidencia de la Generalitat fue propuesto como senador en representación autonómica para luego ser elegido presidente del Senado, pero el Parlament rechazó la propuesta por amplia mayoría. El PSC se creó en 1988 como un partido federado con el PSOE, que le dio un amplio margen de autonomía, siempre que respetara las directrices políticas dictadas por la casa-madre, aunque en los temas relativos a Cataluña era la madre la que seguía a remolque del hijo pródigo en sus veleidades nacionalistas. El partido tenía dos almas: la de la burguesía izquierdista afín al nacionalismo –prevaleciente entre sus dirigentes- y la del complejo obrero inmigrante –calificado despectivamente de “charnego”- que se había establecido en el cinturón rojo de Barcelona y que toleraba el nacionalismo siempre que no degenerara en separatismo. Según Jorge del Palacio, el PSC no era la expresión nacionalista catalana del socialismo español, sino la variante socialista del nacionalismo catalán. La tensión existente entre los dos sectores explica la dificultad que ha tenido el PSOE para mantener un discurso coherente en Cataluña. Para el dirigente de ERC Joan Tardá, el PSC tenía como misión normalizar el independentismo. El PSC ha mantenido una posición ambigua y contradictoria pretendiendo nadar entre dos aguas. De un lado, ha apoyado el derecho a decidir del pueblo catalán y la celebración de un referéndum acordado con el Gobierno central y, de otro, se ha opuesto a la separación de Cataluña de España. Un maestro en el manejo de esta actitud ambivalente –que, según las circunstancias, se inclinaba más de un lado o de otro, pero que a la larga terminaba por favorecer al nacionalismo- ha sido, y sigue siendo, Iceta, que ha sido considerado como el ideólogo del Estado plurinacional. Propugnó el abandono del Estado de las Autonomías y su sustitución por un régimen federal mediante reforma de la Constitución. Iceta ha seguido una política tan sinuosa como su personalidad, amagando y no dando, o golpeando cuando estimaba oportuno. Iceta colaboró con el Gobierno tripartito, que estableció la inmersión escolar, continuó la política de catalanización emprendida por Jordi Pujol, exigió una mayor transferencia de competencias e inició una reforma del Estatuto catalán cuando no había demanda social para ello y -con la connivencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero- se adoptó un nuevo Estatuto que estaba en abierta contradicción con la Constitución, en cuya elaboración participó. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 –en la que sólo se declararon inconstitucionales sus principales disposiciones- se unió a Montilla en sus críticas a la sentencia y participó en las manifestaciones en las que se deslegitimó al Tribunal Constitucional. En las elecciones autonómicas de 2012 se incluyó en el programa del PSC el derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad. Según Iceta, los referéndums sobre la independencia se deberían poder hacer y se había hecho en las democracias más avanzadas mediante el acuerdo, Se hizo en dos ocasiones en Quebec y se haría en Escocia en 2014. Estas declaraciones eran más falaces y el experimentado político lo sabía. En el primer caso, la Constitución de Canadá permitía el ejercicio de la libre determinación de sus provincias y el Gobierno federal había llegado a un acuerdo con el Gobierno de Quebec para la celebración de los referéndums. En el segundo, silenciaba Iceta que Escocia había sido un Estado independiente antes de haberse incorporado voluntariamente al Reino Unido, que la inexistente Constitución británica no prohibía los referéndums y que los Gobiernos de Londres y de Edimburgo habían acordado celebrar el referéndum. En 2013, Iceta instó a la adopción de la Declaración de Granada sobre un nuevo pacto territorial, en la que la Asamblea del PSOE se pronunció por la reforma de la Constitución en clave federalista, concesión que el PSC consideró insuficiente. Para dar muestra de la autonomía del partido, sus diputados se negaron en 2016 a obedecer las instrucciones de la Gestora Nacional del PSOE de abstenerse en la votación de la elección de Rajoy como presidente de Gobierno. Iceta apostó por Sánchez para que recuperara la secretaría general del PSOE y éste, en señal de agradecimiento, apoyo la tesis del plurinacionalismo defendida por el PSC, que se plasmó en la Declaración de Barcelona de 2017 “Por el catalanismo y la España federal”, que fue negociada “vis-à-vis” por Sánchez e Iceta. En ella se consagraba la pluralidad nacional de España, se propugnaba una Constitución federalista, se preveía la vuelta al Estatuto de 2005 –algunas de cuyas disposiciones habían sido declarada anticonstitucionales por el Tribunal Constitucional-, se anunciaba la creación de un Consejo General del Poder Judicial catalán y se prometía aumentar la transferencia de competencias a la Generalitat y las inversiones estatales en Cataluña. El PSOE se dejó vampirizar por el PSC hasta el punto de reconocer el derecho a decidir del pueblo catalán y a considerar a España una nación de naciones. Iceta pidió a Sánchez que acabara con los daños del Gobierno a Cataluña, que impulsara una España distinta que respetara la identidad de la nación catalana, y que respaldara un Estado que defendiera los intereses de los catalanes. Tanto Sánchez como Iceta pasaron por alto que, desde la Constitución de 1812, la soberanía reside en la Nación. La Constitución e 1978 establece que la soberanía reside en el pueblo y se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran. Según el Tribunal Constitucional, nación era un concepto proteico que podía reflejar una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica e incluso religiosa, pero lo más relevante era el elemento jurídico-constitucional y, en este sentido, la Constitución no reconocía más Nación que la española. Como ha señalado Santiago Muñoz Machado, las nacionalidades tienen su apoyo exclusivo en la Constitución y no pueden subvertirla. La Nación de naciones sólo solo podría materializarse por medio de una confederación. “Se trata de una propuesta sin sentido ni porvenir y los promotores del alboroto plurinacionalista no se han parado un minuto a pensar en lo que han dicho, pues no se han tomado en serio la Constitución”. Según ha observado Juan Claudio de Ramón, en un Estado democrático no cabe la plurinacionalidad. Admitir más de una nación es tanto como admitir varias ciudadanías, algo vedado por el propio ideal democrático Para Javier Redondo, cuando el PSOE coquetea con el término plurinacionalidad emplea –consciente o inconscientemente- tesis separatistas e ignora que la nacionalidad delimita al sujeto de la soberanía. Con su concepción de la plurinacionalidad avanzaba inexorablemente hacia el derecho a decidir y su desorden conceptual nos aproximaba al caos. Con motivo de los incidentes del referéndum del 1-O, Iceta se mostró muy comprensivo con los participantes en una votación ilegal, calificó de inaceptable cualquier acción policial desproporcionada y pidió que cesaran los intentos de impedir por la fuerza una movilización ciudadana. Instó a que liberaran a los políticos encarcelados preventivamente para que pudieran participar en la campaña electoral y que les aplicaran medidas cautelares que no implicaran prisión. Se mostró asimismo favorable a que se les concediera un indulto en caso de ser condenados, aunque tuvo que replegar velas y reconocer que su petición era prematura dado que no el Tribunal Supremo no había dictado su sentencia sobre el procés. Iceta se negó a que el PSC participara como tal en la magna concentración constitucionalista que tuvo lugar el 8-O tras el providencial discurso del rey Felipe VI. Solo aceptó que sus militantes participaran a título particular y ello gracias a las presiones de auténticos socialistas como Josep Borrell, que fue uno de los principales protagonistas de la marcha. El PSC era renuente a aplicar el artículo 155 de la Constitución e Iceta se entrevistó varías veces con Carles Puigdemont a fin de tratar de convencerlo para que convocara elecciones para eludir su aplicación, pues el presidente Mariano Rajoy tampoco tenía muchas ganas se recurrir a él, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había declarado que, si el presidente de la Generalitat disolvía el Parlament, el Gobierno paralizaría el proceso de intervención en Cataluña.. En las elecciones autonómicas posteriores a la destitución del Govern, Iceta tuvo que retirar del programa del PSC el apoyo al derecho a decidir y a la celebración de un referéndum por presión del PSOE ya que no era electoralmente rentable, pero insistió en que el Estado debería reconocer la “identidad nacional” de Cataluña, así como sus peculiaridades, históricas, culturales y lingüísticas -como si no estuvieran suficientemente reconocidas en la Constitución-, así como que España era un Estado plurinacional. Manifestó que era razonable formar un Gobierno de coalición con los comunes y con los independentistas, como el PSC había hecho en el Ayuntamiento y en la Diputación de Barcelona. Tras uns elecciones, en la que el partido quedó en cuarta posición, inició una descarada campaña de “Iceta for president”, presentándose como el “Capitán de la política catalana”, el único político que podría forjar una mayoría al ser el candidato que menos rechazo provocaba, y prometió aparcar diferencias ideológicas y ser el presidente de toda la ciudadanía.. Hizo una serie de promesas populistas poco viables, como la creación de una Hacienda catalana,, una quita de la mayor parte de la ingente deuda de Cataluña y una versión edulcorada del Pacto Fiscal que la asemejara con el Pais Vaco y con Navarra. El PSC votó en contra de la propuesta de Ciudadanos de destituir al presidente del Parlament, Gerard Torrent, por su reiterada decisión de presentar como candidatos a la presidencia de la Generalitat a personas que no reunían las condiciones para ello. Una vez constituido el Gobierno de Joaquim Torra, Iceta se mostró favorable a que el Gobierno central negociara con la Generalitat y levantara los controles de sus cuentas. Sánchez –para satisfacción se Iceta- volvió a declarar que España era una Nación de naciones, entre las que se encontraban Cataluña, el País Vasco y Galicia, desempolvando su confusa concepción del plurinacionalismo y ultrapasando una línea roja que el propio PSOE había marcado: negarse a reconocer el derecho a decidir y la autodeterminación de las nacionalidades que configuraban España. En una declaraciones hechas en 2019 a “La Razón”, Iceta volvió a insistir en que España era un Estado plurinacional y que él había contado las naciones y le salían ocho comunidades que consignaban en sus Estatutos que eran nacionalidades históricas o naciones: Andalucía, Aragón , Baleares, Canarias. Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y el País Vasco. Aún podría salir una más si se contaba el Amejoramiento de Navarra.. “Nación y nacionalidad son términos similares”. Se trataba de una falacia más, pues el artículo 2 de la Constitución.es meridianamente claro al establecer que la Nación española está compuesta de nacionalidades y regiones. El continente no puede confundirse con el contenido, ni, en consecuencia, Nación con nacionalidad. Iceta se inspiró probablemente en la tesis de Daniel Innerarity, quien afirmaba que las tensiones que sufría España describían un Estado poliárquico muy diferenciado que calificaba de plurinacional y que equivalía a articular la diversidad en una cierta uniformidad. Observaba que en España se seguíamos pensando que a toda nación le correspondía un Estado y que ese Estado de tener un poder soberano, pero nos equivocamos- Aunque la nación fuera un principio político, no significaba que condujera a la consecución de un Estado. Juan Carlo Girauta ha respondido a Iceta con sentido del humor al decirle que Cataluña estaba compuesta por Tabarnia, Tractoria, el valle de Arán y posiblemente Tortosa. No era un comentario tan disparatado puesto que estaba inspirado en la sentencia del Tribunal Supremo canadiense, que señaló que, si Canadá se podía fraccionar, también podía hacerlo Quebec. Reconocer como naciones a Cataluña y a otras ocho comunidades llevaría aparejado su derecho a decidir, el ejercicio de su libre determinación y su eventual independencia. También en 2019.hizo Iceta unas declaraciones a “Berria”, en las que afirmó que “si el 65% de la población quiere la independencia, la democracia debería encontrar unos mecanismos para encauzar eso, pero no es el último penalti, ni con el 47% ni tampoco con el 51”. Ante Las numerosas críticas recibidas, el político catalán se justificó a medias al decir que a veces le resultaba difícil contenerse. No obstante, siguiendo su incontinencia verbal, un año después declaró a “Catalunya Radio” que, si en las elecciones autonómicas los partidos separatistas alcanzaran más del 50% de los votos tendrían más fuerza para negociar un referéndum. De nuevo erraba Iceta porque pasaba por alto que el artículo 2 de la Constitución –de la que deriva la legitimidad de las nacionalidades- prevé que la Carta Magna se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y que no se podrá realizar un referéndum sobre la independencia de una nacionalidad mientras no se reformara la Constitución y se introdujera en ella una disposición que lo permitiera, Lo que pasa es que el PSC y los partidos nacionalistas están de acuerdo con el aforismo de Georges Orwell en “Animal Farm” de que “todos los animales son iguales pero que los cerdos –sin ánimo de señalar- son más iguales“. Este sentimiento impregna la sociedad nacionalista catalana y se manifiesta en ese otro aforismo de que “el Barça es más que un club”. Cataluña es más que una nacionalidad e igual a una Nación. Pese a lo que digan el PSC y los partidos nacionalistas catalanes, el problema no estaba tanto en encajar a Cataluña en España, comoo a España en Cataluña, parte integrante de la Nación española, de la que al Estado ha sido expulsado y se ha dejado expulsar. El nombramiento de Iceta es perfectamente correcto y no hubiera sido motivo de objeción ni puesto en tela de juicio si hubiese sido nombrado para hacerse cargo de cualquier Ministerio que no fuera el de Administración Territorial, que es el competente para mantener las relaciones con las comunidades autónomas y el responsable de toda la estructura administrativa del Estado. Y no ha sido colocado por Sánchez en ese puesto por mero azar, sino que –al igual que en el caso de su antecesora Merirtxell Batet- lo ha hecho con aviesas intenciones, pues bien sabe lo que puede esperar de él. Somos muchos los que dudamos del constitucionalismo del PSC y de su vocación federalista, pues el federalismo asimétrico que preconiza va en contra del principio básico del federalismo que radica en la igualdad de los Estados federados y de todos sus habitantes Como no tiene un pelo de tonto, Iceta es consciente de las suspicacias y del temor que su apuesta plurinacional produce en muchos españoles, incluidos algunos votantes socialistas y, por ello, ha hecho al tomar posesión, una encendida declaración de amor a España. Ha afirmado que quería una España fuerte en su unidad y orgullosa en su diversidad –“me gusta una España diversa, plural y unida”-, que no sea la una grande y libre de la Falange, y ha enarbolado la bandera del diálogo y del reencuentro propio de un Estado federal como alternativa al procés, pues no había fortaleza más sólida que la que surgía del acuerdo y del pacto. No llegaba con un programa propio, ni iba a haber sobresaltos, inventos ni improvisaciones, y la co-gobernanza era la forma de entender el Gobierno en un Estado complejo Entre las muchas virtudes del pueblo catalán no figura la de tener buenos políticos, antes al contrario. Es tan mediocre la calidad de los políticos catalanes, que Salvador Illa –que ha sido el epítome de la incompetencia como ministro de Sanidad- figura como favorito en las elecciones del día de los enamorados –si es que se celebran ese día- para acceder a la presidencia de la Generalitat. Los voceros de la Moncloa –liderados por el astuto y hábil Iván Redondo- venden a buen precio la burra tuerta del ex-ministro y mantienen que la cordura se llama Illa y la solución de Cataluña estará en un nuevo Gobierno tripartito con ERC. Illa ya ha mostrado la orejita al asumir que en octubre de 2017 “todos cometimos errores”. En su esclarecida opinión, el Gobierno de Rajoy, los catalanes no nacionalistas y la mayoría de los españoles fuimos co-responsables de que la Generalitat celebrara un referéndum ilegal, que el Parlament derogara la Constitución y el Estatuto catalán y que, no se sabe muy bien quién, declarara la independencia de Cataluña y su secesión de España. Con un mensaje que aboga por el diálogo y que rehúye el cuerpo a cuerpo con el separatismo al que tendrá que recurrir en futuros pactos pasa poder gobernar, Sánchez ha afirmado en Barcelona que “ha llegado el momento de pasar pagina a diez años de enfrentamiento y división” y que con Illa ha empezado el principio del fin del proceso independentista. Illa le ha secundado afirmando que quiere “conseguir el reencuentro de todos los catalanes, que acabe la división y empiece una época de cooperación”. Según Iñaki Ellacuría, en Cataluña empieza a suceder lo que en el país Vasco se produjo a raíz de la derrota de ETA: la inmunidad del rebaño totalitario. “Inmunes ante la ley, con los golpistas libres para hacer campaña, pero también y sobre todo, frente al necesario juicio moral”. Cuando Sánchez e Illa se disfrazan de ingenuos para hablar de reconciliación, unir a los catalanes y generalizar y socializar la comisión de errores de octubre de 2017, recibe el aplauso de unas élites catalanas que desconoce todo sentimiento de culpa. El nacionalismo teme el reproche moral que le sitúe bajo el espejo de su fascismo, “las firmeza democrática que le muestre que el procés intento en 2017 hacer realidad el sueño de todo tirano: arrebatar a la mitad de los catalanes su condición de ciudadanos, borrar su voluntad, silenciar su palabra, eliminarles como sujetos Jurídicos [… “La ausencia de toda autocrítica entre los cabecillas y la masa vociferante que acompañó sus fechorías inhabilitan todo intento de diálogo tercerista, por muy sincero que éste sea, porque no habrá solución al problema catalán mientras no asuman su culpa y pidan perdón”. Iceta ayudará desde la retaguardia de Moncloa a que se liberen los “presos políticos” catalanes –Pablo Iglesias “dixit”-, bien concediéndoles un indulto más parecido a una amnistía, b ien rebajando las penas para el delito de sedición mediante la reforma del Código Penal “ad personam”. Alentará la formación de un nuevo Gobierno tripartito con ERC y los Comunes y facilitará la celebración de un referéndum de autodeterminación. No sabemos si los requiebros de Iceta a España son sinceros y genuinos, pues no es trigo limpio. Como dice el Evangelio, “por sus hechos los conoceréis”, y los hechos conocidos de Iceta son para causar, no ya suspicacias, sino temor, pavor y terror. La presencia de Iceta en el Ministerio de Administración Territorial supone colocar una bomba de profundidad en la quilla de la frágil barquichuela del régimen de las Autonomías. Madrid, 29 de enero de 2021

Ni barcos ni honra en Gibraltar

NI BARCOS NI HONRA EN GIBRALTAR Concluía mi anterior artículo sobre “Se confirman las cesiones del Gobierno a Gibraltar” afirmando que no se había producido nada irreparable y que el Gobierno aún estaba a tiempo de desandar el camino andado en el entendimiento logrado a última hora entre España y Gran Bretaña sobre Gibraltar, pero no parece que esté por la labor sino, bien al contrario, esté dispuesto a acelerar el ritmo de la marcha, como ha puesto de manifiesto la decepcionante comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya el pasado día 20 ante la Comisión Mixta para la Unión Europea en las Cortes.. La ministra afirmó que, por primera vez en 300 años, España recuperaba protagonismo en lo asuntos de Gibraltar y tomaba la iniciativa con “un claro plan de futuro” para el Campo de Gibraltar y la zona del estrecho. “Si lo que se pretende es otros 300 años de mantener reivindicaciones y ser ignorados, desde luego un no acuerdo hubiera contribuido en gran manera a este resultado”. No hemos renunciado a la soberanía, pero no podemos quedar ahí otros 300 años de “rutina reivindicativa”. De no haberse alcanzado un acuerdo, se habría vuelto a la verja levantada en 1908, aunque sería más rígida y más dura, pues habría consolidado la separación del territorio británico y de sus ciudadanos del resto de España. Si el cierre de la verja en 1967 fue negativo para los intereses de España, hoy lo sería mucho más. La economía de la zona del Campo de Gibraltar se vería gravemente dañada, pues el 15% del PIB de la comarca “depende y respira de Gibraltar”. Sin acuerdo, el Reino Unido habría consolidado el carácter de enclave colonial del peñón a través de “obras en el puerto y otras medidas de autarquía”, provocando el “aprovechamiento” desde otras zonas, fundamentalmente desde Marruecos. España perdería su capacidad de influencia y control sobre Gibraltar al menos por una generación. “Haremos avanzar por primera vez en el terreno práctico los intereses nacionales recuperando el control en esta zona de máxima importancia estratégica para nuestro país”. Se trata de “un plan del siglo XXI con objetivos ambiciosos para pasar de la palabrería a los hechos, pues se da respuesta a las legítimas demandas del Campo de Gibraltar de un mayor interconexión con la Roca”. Esto sí que es una palabrería muy alejada de la realidad pasada y presente. González Laya no parece estar al tanto de los avatares históricos por los que ha pasado Gibraltar, especialmente en los últimos sesenta años. Las reivindicaciones –calificadas displicentemente de “rutina reivindicativa”- fueron obviamente ignoradas por Gran Bretaña, pero no por la comunidad internacional, que dio la razón jurídica a España a través de la ONU, incluso en la fase del franquismo en la que el país era un apestado internacional. En la “Declaración sobre declaración de independencia de los países y pueblos coloniales” de 1960 –resolución 1524(XV)-, la Asamblea General afirmó que “toda tentativa encaminada a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Este importante aserto ha sido reiterado en ulteriores resoluciones, algunas de ellas en relación con el caso específico de Gibraltar. Situación de Gibraltar En la resolución 2070/XX) de 1965, la Asamblea instó al Reino Unido a negociar con España la descolonización de Gibraltar, de conformidad con la resolución 1514(XV), teniendo presentes los intereses del pueblo gibraltareño. Para contrarrestar este contratiempo, el Gobierno de Gran Bretaña organizó en 1967 un referéndum de pitiminí en el que -como era de esperar- más del 95% del pueblo gibraltareño votó a favor de continuar bajo el yugo del colonialismo británico y en contra de incorporarse a España. En este punto, cabe poner en duda la legitimidad de este pueblo de aluvión que no es el originario del territorio, pues, tras el Tratado de Utrecht, los gibraltareños fueron expulsados de la ciudad y la mayor parte de ellos se establecieron en San Roque. En 1968, la Asamblea General señaló en su resolución 2429(XXIII) que el mantenimiento del sistema colonial en Gibraltar era contrarios a los fines y principios de la ONU y de la resolución 1514(XV), e instó al Reino Unido a que pusiera término al mismo antes del 1 de octubre de 1969. Como reacción, el Gobierno británico otorgó una Constitución a un pueblo de 30.000 habitantes y convirtió un municipio en gobierno y un alcalde en ministro principal. En el preámbulo del documento, el Gobierno de Su Majestad Británica asumía el compromiso de no concertar acuerdo alguno, en virtud del cual el pueblo gibraltareño pasara a “depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad libre y democráticamente expresada”. A partir de ese momento, Gran Bretaña –con su habitual perfidia y habilidad- trató de convertir una cuestión de descolonización en un problema de ejercicio por un pueblo de su derecho a la libre determinación. En 1980 se produjo un cierto acercamiento y los ministros de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja y Lord Peter Carrington firmaron la Declaración de Lisboa, por la que ambas partes se comprometieron a resolver el conflicto de forma negociada, de conformidad con las resoluciones de la ONU, aunque el Reino Unido mantuvo su reserva sobre el necesario ejercicio de la autodeterminación por parte del pueblo gibraltareño, Tras el ataque en abril de 1982 a las islas Malvinas por parte de la Junta Militar de Argentina, se produjo la reacción del Gobierno británico, que derrotó en una breve guerra a los argentinos. Margaret Thatcher endureció su posición en temas coloniales, destituyó a Lord Carrington y suspendió las negociaciones sobre Gibraltar. A finales de ese mismo año, el Gobierno socialista de Felipe González abrió el tránsito por la verja fronteriza, que había sido cerrada en 1969 por el Gobierno de Franco. En 1984, los ministros de Asuntos Exteriores Fernando Morán y Geoffrey Howe firmaron la Declaración de Bruselas, por la que se comprometieron a aplicar la Declaración de Lisboa para resolver el conflicto sobre Gibraltar, en la que por primera vez se aceptó abordar el tema de la soberanía del territorio. Se reanudaron las negociaciones bilaterales –con participación de gibraltareños dentro de la delegación británica-, que tuvieron poco recorrido por la insistencia del Reino Unido de que cualquier posible acuerdo tendría que supeditarse a la aprobación por parte del pueblo gibraltareño. Las negociaciones se interrumpieron en 2002. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó un actitud más benévola hacia Gibraltar. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visitó oficialmente el Peñón en 2009, donde se fotografió amigablemente con su colega David Miliband y con el ministro principal, Peter Caruana. Se creó un Foro Trilateral con España, Gran Bretaña y Gibraltar, en el que se aceptó a éste como un interlocutor en pie de igualdad con los dos Estados interesados. Se trataba de un foro de cooperación y diálogo en el que no se abordaría la cuestión de la soberanía –que era irrenunciable para España-, sino aspectos prácticos de cooperación transfronteriza. España admitió tener en cuenta las aspiraciones del pueblo gibraltareño además de sus intereses, y firmó con su “Gobierno” una serie de acuerdos y memorandos de entendimiento, que fortalecieron la posición diplomática de la parte gibraltareña. Declaración de la ministra de Asuntos Exteriores en las Cortes Las declaraciones de González Laya en las Cortes, están repletas de imprecisiones y de falacias. 1) España no ha adquirido ningún protagonismo, sino que ha ido, como de costumbre, a la zaga de los intereses, no ya del Reino Unido, sino del “Gobierno” de Gibraltar. La ministra no ha revelado aún a los ciudadanos españoles en qué consiste el claro plan de futuro del siglo XXI para el Campo de Gibraltar. Si la verja –que no fue construida por España, sino por Gran Bretaña- se volvía más rígida, y dura, y se convertía en frontera exterior de la UE, no era por culpa de España, sino por la decisión del Reino Unido de marcharse de la Unión dando un portazo, por lo que debería atenerse a sus consecuencias. El Gobierno español no está aprovechando la ocasión de una coyuntura política favorable para apretarle las tuercas a Gibraltar, sino que ha acudido raudo a salvarlo de las consecuencias adversas del Brexit, a permitirle gozar de los beneficios del espacio Schengen –cuando la potencia colonial ha dejado de formar parte de la UE- y a darle facilidades que no se merece por seguir mostrando su sentimiento antiespañol. 2) Si Gibraltar se convertía en un “enclave colonial” no era por la falta de acuerdo, dado que ya lo es, y se trataría de un enclave de Gran Bretaña en la UE, un islote en el que aquélla permitiría la aplicación de ciertas normas de ésta –debidamente adaptadas a las necesidades gibraltareñas-, y a través del cual el Reino Unido tendría acceso al espacio Schengen sin excesivos controles. No alcanzo a ver cómo las obras en el puerto y “otras medidas de autarquía” -¿cuáles?- permitirían el aprovechamiento de otros Estados de la zona y especialmente de Marruecos. Si se refiere a la posible sustitución de los trabajadores transfronterizos por obreros marroquíes no la veo viable, como ya se puso de manifiesto cuando se intentó esta operación a raíz del cierre del paso por la verja en.1969. Amén de la dificultades de orden social, político, económico, cultural, lingüístico o religioso, existe la imposibilidad de albergar en el peñón a 15.000 personas –casi la mitad de la población del territorio- en un espacio geográfico ya saturado. 3) La falta de acuerdo no habría provocado la pérdida por parte de España de su capacidad de influencia y de control sobre Gibraltar durante al menos una generación, puesto que nunca la ha tenido. El acuerdo, por el contrario, fortalecerá el control sobre el territorio, no yo por parte del Reino Unido –que pasa a un segundo plano-, sino del “Gobierno” de Gibraltar, hasta el punto de que el ministro principal, Fabián Picardo, ha reivindicado la soberanía de Gibraltar sobre el territorio. A González Laya le ha traicionado el subconsciente cuando habla continuamente de Gibraltar -en vez de Gran Bretaña-, porque el “Gobierno” gibraltareño será en el futuro el principal interlocutor, con el que España tendrá que concertar acuerdos para regular las cuestiones prácticas. 4) La ausencia de acuerdo provocaría efectivamente una reducción sensible de los contactos entre Gibraltar y sus habitantes con el Campo de Gibraltar y los suyos, pero la principal demanda de éstos no es una mayor interconexión con el Peñón, sino con el resto de España y con Europa. Según la ministra, se producirían gravísimos daños en la economía de la región, porque el 15% de su PIB “depende y respira” de Gibraltar. No sé de dónde habrán salido estos datos y si en ellos se incluyen los beneficios de la economía sumergida y de las actividades ilegales o alegales de las empresas multinacionales, y los ingresos por contrabando de tabaco, alcohol y fuel, o por el tráfico de drogas. A los que evidentemente afectaría sería a los en torno a 15.000 trabajadores transfronterizos, que los gibraltareños son los más interesados en mantener en sus puestos. Los trabajadores españoles podrían ser debidamente compensados por el Estado a fondo perdido, a la espera de que el ambicioso plan de futuro cree suficientes puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar. 5) Otra de las falacias es la de la “prosperidad compartida”, que, por arte de magia, produciría el acuerdo. Gibraltar cuenta con una renta per cápita de €92.000 –la tercera más elevada del mundo- y una tasa de paro del 3%, y las cifras por estos conceptos en el Campo de Gibraltar son de €16,391 –una sexta parte de la gibraltareña- y de 30/35%, respectivamente ¿En qué medida puede beneficiar la afluente prosperidad de 38.000 gibraltareños a sus 300.000 primos transfronterizos? La única forma de mejorar la situación socioeconómica sería -en el lado negativo- evitar las pérdidas provocadas por infinidad de empresas registradas nominalmente en Gibraltar, que eluden pagar impuestos al Fisco de España a pesar de que realizan sus actividades en territorio español –como las empresas de juego “on line”-, el blanqueo de dinero realizado a través de un paraíso fiscal “offshore”, y los fabulosos ingresos obtenidos con el contrabando y el tráfico de drogas. En el lado positivo, mediante el lanzamiento de un auténtico Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar, con una elevada tasa de inversión, pública y privada, nacional e internacional –en particular de la UE-, que permita la industrialización del país, el desarrollo de los servicios –especialmente el turismo- y la notable mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones y los transportes. No he escuchado ni un solo dato sobre el prodigioso plan de futuro del siglo XXI ¿Qué hay de la terminación de los corredores atlántico y mediterráneo, de la potenciación del super-puerto de Algeciras y otros como los de Tarifa o Atanaras, de la mejoras viarias y ferroviarias en las comunicaciones con Cádiz y el resto de España, de la construcción de un aeropuerto en Castellar, de la Zona Franca de Los Barrios y de los polígonos industriales en San Roque y Algeciras…? Como decía el poeta, “las palabras son viento y van al viento” González Laya hizo una serie de comentarios -algunos de ellos incoherentes y contradictorios- sobre los controles que se deberían ejercer por parte de España, de Gibraltar o de la UE a través de Frontex, pero no voy a comentarlos porque ya hable extensamente de ello en mi último artículo y a él me remito. Como ha señalado Antonio Remiro, España no puede reconocer el puerto y el aeropuerto de Gibraltar como un punto de paso de la frontera exterior de la UE bajo jurisdicción y control británicos, y mucho menos –añado yo- bajo jurisdicción y control gibraltareños. La ministra señaló que Gibraltar no adoptará “medidas que debiliten o reduzcan el acervo de la UE” y destacó el compromiso de los gibraltareños y de los británicos –aquí reaparece ocasionalmente Gran Bretaña, que había desaparecido en el combate y dejado a Gibraltar el compromiso de asumir obligaciones, pese a no ser sujeto de Derecho Internacional- por “una gestión compartida de interdependencia desde la competencia leal”. Quizás se debería iniciar el futuro Acuerdo entre la UE y el Reino Unido con una disposición similar al artículo 6 de la Constitución española de 1812, que estableciera que “los gibraltareños serán buenos y benéficos”. ¡Viva “la Pepa”! También afirmó González Laya que sería una paradoja que, tras el Bréxit, la UE contribuyera a encauzar una cuestión irresuelta durante tres siglos. “La UE nos permitiría salvaguardar nuestra irrenunciables reivindicaciones históricas sobre Gibraltar”. El periodista José Virgilio Colchero le preguntó una vez a un Secretario del Foreign Office, en una charla “off the record”. cuándo Gran Bretaña devolvería a España Gibraltar, como había hecho a China con Hong Kong, y el ministro le contestó -con el típico sentido del humor inglés- que cuando España fuera como China. La UE –pese a la fuga del Reino Unido- es un actor protagonista en el globalizado espacio internacional que, en algunos aspectos, no tiene nada que envidiar a China. Si la UE apoyara a fondo la razonable reivindicación de España sobre Gibraltar –la última colonia de Europa-, entonces podría cumplirse el presagio de González Laya de que la Unión salvaguardara y llevara a feliz término dicha reivindicación. Mientras Gran Bretaña ha sido miembro de la UE, ésta ha tenido que guardar una escrupulosa neutralidad ante el enfrentamiento diplomáticos entre dos de sus Estados miembros. Ahora que –en buena o mala hora- el Reino Unido ha puesto orgullosamente pies en polvorosa, la Unión debería apoyar con todas sus fuerzas a un actual miembro frente a otro que ha dejado voluntariamente de serlo, sobre todo cuando su pretensión está jurídicamente basada en el Derecho Internacional, en especial el de la Descolonización. La ministra concluyó su disertación señalando que el preacuerdo era una labor de orfebrería, un trabajo diplomático que esperaba que sobreviviera y se consolidara en el futuro con un memorándum hispano-británico sobre seguridad y defensa, con el que se quiere aumentar una sólida relación con Gran Bretaña a pesar del Bréxit. Creo que se trata de un deseo piadoso, pues los británicos son muy celosos de su soberanía militar. Sobre el futuro de la base naval de Gibraltar se ha guardado un tupido silencio, cuando su creación está en la base de la presencia de Gran Bretaña en el Peñón. Aunque haya perdido la excepcional importancia estratégica que tuvo en su día, sigue siendo importante para la Armada de Su Graciosa Majestad. González Laya quiso dejar constancia expresa de su agradecimiento a Picardo, por el papel que había desempeñado en el logro del acuerdo, porque “es de bien nacidos ser agradecidos”. Debería concederle la gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica o de Carlos III. Según “El País”, las razones de pragmatismo esgrimidas por García Laya convencieron a la mayoría de los grupos parlamentarios, con la excepción del flanco derecho. Además de la izquierda –convencida de antemano-, el acuerdo recibió los parabienes de los grupos nacionalistas y el asentimiento implícito de Ciudadanos, cuya diputada Marta Martín lo calificó de “pragmático”. Rompieron el consenso los fanáticos de siempre. El senador del PP, Rubén Moreno, señaló que el Gobierno renunciaba a algo que España venía reclamando desde 1714 y que el acuerdo no impediría que Gibraltar continuara siendo un paraíso fiscal que estrangulaba la economía de su Campo, y preguntó a la ministra que, si no ahora, cuándo se debería exigir la devolución del Peñón. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que había surgido una oportunidad histórica para reclamar Gibraltar y el Gobierno la había desperdiciado, y que el acuerdo era el beso de Judas con el que España entregaba el Peñón. Futuro de Gibraltar Pese a las reiteradas afirmaciones de la ministra de Asuntos Exteriores de que España mantenía su reivindicación sobre el Gibraltar, no parece que el Gobierno haga nada para conseguir su realización. Como ha puesto de manifiesto Raimundo Bassols en “El arte de negociar”, para que una negociación tenga éxito es preciso que el compromiso final al que se llegue sea favorable, en mayor o menor medida, a todas las partes involucradas en el proceso. El buen negociador debe otear el horizonte y analizar las condiciones en que se encuentran las partes en el momento de iniciarse la negociación En el caso presente, los protagonistas principales son España, Gran Bretaña y Gibraltar. España mantiene una sólida posición jurídica y, por primera vez, también cuenta con una firme posición política. Con el apoyo jurídico de la ONU y el político de la UE, el Gobierno español está en buenas condiciones para exigir que se establezca en Gibraltar un régimen de cosoberanía. El Reino Unido se encuentra actualmente en una situación de debilidad internacional por la gravedad de la pandemia del Covid-19, los efectos del Bréxit y la necesidad de negociar cientos de tratados internacionales tras su salida de la UE, el desplome de la economía y los problemas internos que le plantean Escocia e Irlanda del Norte. El Gobierno español debería aprovechar esta coyuntura favorable para exigirle la cosoberanía que no sería una mala solución para los británicos. Al recuperar la soberanía sobre Gibraltar –aunque fuese compartida-, España satisfaría su anhelo histórico de unidad nacional e integridad territorial y, de ahí, podría hacer todo tipo de concesiones al Reino Unido y al pueblo de Gibraltar. Gran Bretaña salvaría la cara y el orgullo nacional al seguir manteniendo su soberanía sobre Gibraltar durante muchos años, el pueblo gibraltareño –aunque seguiría vinculado a la metrópoli- se integraría en un Estado miembro de la UE, que respetaría plenamente su autonomía, y el Gobierno británico podría cumplir las resoluciones de la ONU y conservar su base naval en el Peñón incluso en condiciones mejores de las actuales. A Gibraltar le ha llegado la hora de la verdad y tendría que optar por integrase en España o enfrentarse a ella. Podría integrarse en un Estado democrático miembro de la Unión con el máximo grado de autonomía y conservando su identidad cultural, sus estructuras de Gobierno, su idioma y sus tradiciones y usos sociales. Conseguiría todo lo que quisiera salvo la soberanía sobre el peñón, que sería devuelta a su legítimo titular. Una variante a esta alternativa, sería que Gibraltar siguiera dependiendo de Gran Bretaña mientras durara el período de cosoberanía, con un régimen especial de parcial integración en el espacio Schengen, inferior al contemplado en el documento-marco. Si no aceptara ninguna de estas dos opciones, se convertiría en una isla rodeada de un marco hostil, si España mantuviera la verja como frontera exterior de la UE y cerrara el tráfico con el Peñón, de conformidad con el Tratado de Utrecht, que establece que la concesión de la propiedad de la ciudad de Gibraltar a Gran Bretaña se hacía “sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”. Tras conocer la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores en el Congreso, lo más probable es que el Gobierno no haga nada de lo que he sugerido, siga concediendo “gratis et amore” sus favores a Gibraltar, y deje su reivindicación de soberanía en el baúl de los recuerdos. Parafraseando la famosa frase del almirante Casto Méndez Núñez, González Laya dijo que, puestos a elegir entre la “honra” y los “barcos”, el Gobierno había preferido quedarse con los barcos y reemplazar los conceptos de “honor” y “humillación” por otros como “corresponsabilidad” e “interdependencia” ¡Todo sea por la dignidad nacional! Mucho me temo que, si el Gobierno sigue el parecer de su ministra, España acabará al final en Gibraltar sin barcos y sin honra. Madrid, 22 de enero de 2021

Se confirman las cesiones del Gobierno español a Gibraltar

SE CONFIRMAN LAS CESIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL A GIBRALTAR En un artículo anterior daba mi daba opinión acerca del acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar a beneficio de inventario ya que no conocía el texto del pacto alcanzado el último día 2020. Ahora que conozco el inventario, gracias a la gentileza del BOE-bis, el diario “El País”, creo que me quedé corto en mi comentario. Naturaleza del documento-marco La encargada de negocios a.i. de España ante la UE, María Lledó, envió el mismo 31 de diciembre una carta a los Secretarios Generales del la Comisión y del Consejo Europeos con la que les remitía el texto acordado, y de su contenido hemos podido deducir que no se trataba de un acuerdo, sino de “un entendimiento acerca de los elementos fundamentales de la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido con respecto a Gibraltar, con el fin de que sirva de base para la elaboración de las directrices de negociación de la UE”. Ya podía haber dicho algo similar la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en vez de enredarse en mentirijillas de colegiala que han enervado innecesariamente a algunos padres de la patria. Al mismo tiempo y en paralelo, el representante permanente de Gran Bretaña, , en Bruselas, Sir Tim Barrow envió a los citados secretarios generales una misiva similar, aunque con algunas diferencias dignas de resaltar. Mientras la primera decía que España y el Reino Unido habían alcanzado un entendimiento, el segundo señalaba que el mismo había sido logrado por el Reino Unido “junto con Gibraltar”. Lledó observaba que la comunicación no prejuzgaba el acuerdo previo que debería dar España a las eventuales directrices de negociación y al eventual Acuerdo UE-RU en lo que respectaba a Gibraltar, y que nada de lo dispuesto en ese documento implicaba por parte de España “ninguna modificación de su posición sobre Gibraltar o sobre los límites de este territorio”. Barrow, más escueto y también más oficioso, manifestaba que la negociación del acuerdo no prejuzgaba “las respectivas posiciones jurídicas del Reino Unido y de España sobre soberanía y jurisdicción” El propio título del texto remitido en su versión inglesa despeja cualquier duda y describe la naturaleza jurídica del pacto alcanzado al calificarlo de “non paper”: “Proposed Framework for a UK-EU Legal Instrument Setting-out Gibraltar´s Future Relationship with the EU” –“Marco propuesto para un instrtumento jurídico RU-UE que establezca la futura relación de Gibraltar con la UE”-. Según la práctica diplomática, el “non paper” es un documento informal que recoge ideas sugerencias y propuestas sobre un determinado tema sin comprometer a sus autores. El documento-marco marca las directrices que deberían guiar la adopción del. Acuerdo a concluir entre la UE y Gran Bretaña. Técnicamente no es un tratado internacional, por lo que no era necesario su paso por las Cortes, aunque si debería haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. Tendrá que pasar por el Parlamento cuando se plasme en un Acuerdo internacional formal entre la UE y el Reino Unido para su debida ratificación. Si sigue las directrices recomendadas por el documento-marco, el Acuerdo británico-comunitario podría imponer obligaciones adicionales a España para que adoptara acuerdos administrativos y memorandos de entendimiento con Gibraltar . Contenido del documento-marco El documento empieza con la afirmación de que el marco propuesto no prejuzgaba la cuestión de la soberanía y la jurisdicción, y que el futuro Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña contendría salvaguardias sobre las respectivas posiciones jurídicas de España y del Reino Unido sobre soberanía y jurisdicción (apartados 1 y 3). El Acuerdo sería precedido por dicho marco, un instrumento político que establecía el entendimiento básico de España y del Reino Unido, junto con las autoridades gibraltareñas, sobre las futuras relaciones entre Gibraltar, España y la UE, que se formalizaría en el Acuerdo que se concluirá entre la Unión y Gran Bretaña. El Acuerdo podría ir acompañados de otros Acuerdos sobre materias de competencia regional, así como de acuerdos administrativos y memorandos de entendimiento destinados a desarrollar los aspectos prácticos de los mencionados Acuerdos (apartado 4) y a mejorar la cooperación entre las autoridades de la seguridad (apartado 6), aduaneras y fiscales (apartados 13 a 15), y judiciales y policiales (párrafo 3 del Anejo 1). En relación con la movilidad de personas, el Acuerdo debería contener disposiciones que permitan la aplicación en Gibraltar del acervo Schengen necesarias para conseguir la eliminación de los controles de movimiento de personas entre el peñón y los países Schengen, reduciendo las barreras físicas. Se deberían establecer puntos de acceso en el puerto y en el aeropuerto y el tránsito a través de ellos sólo sería autorizado tras la realización de los controles de Gibraltar y de Schengen. España será responsable de aplicar las normas Schengen, incluidos el Código de Fronteras y la protección de sus límites exteriores. Se establecerá un período transitorio de cuatro años, durante el cual España –con la conformidad de las autoridades gibraltareñas- podrá solicitar la asistencia operativa de Frontex para actuaciones relacionadas con la realización de los controles Schengen en el territorio de Gibraltar. Al término de este período, si cualquiera de las partes –de un lado, España y, d otro, Gran Bretaña y Gibraltar- no estuvieran satisfechas, podría solicitar, tras las debidas consultas, la revisión del Acuerdo o incluso decidir su rescisión. ¿Podría hacerlo Gibraltar aún sin el acuerdo de Gran Bretaña? El texto no es suficientemente claro y y el ministro principal, Fabían Picardo, ha da do una respuesta afirmativa (apartados 5 a 10). Respecto a la movilidad de mercancías, el Acuerdo debería ofrecer una solución a la medida basada en la adaptación de la unión aduanera de la UE a Gibraltar y la adopción de medidas para remover las barreras físicas entre Gibraltar y el área Schengen, suprimir los controles aduaneros en la verja de La Línea y hacer innecesarios los controles personales por motivos aduaneros. Para lograrlo, el Acuerdo debería incluir salvaguardias para evitar distorsiones en el mercado interior y hacer que Gibraltar aplicara “substancialmente” los mismos aranceles y las medidas de política comercial de la UE, incluidos las tarifas aduaneras, el IVA y las restricciones y prohibiciones por motivos de seguridad (apartados 11 y 12). La inclusión del término “substantially” introduce un elemento de duda en su interpretación, porque ¿quién decidirá si la conducta de las autoridades gibraltareñas es sustancial o no? Se plantean también dudas sobre la actuación de los agentes de Gibraltar, de España y de Frontex en el la realización de los controles. El acceso a Gibraltar y al espacio Schengen será compartido operativamente por las autoridades de Gibraltar y de España. Aquéllas decidirán en primer lugar conforme a sus leyes sobre el acceso de personas a Gibraltar y a continuación éstas tomarán su decisión conforme a la normativa de Schengen y ambas autorizaciones son acumulativas. Frontex podrá ayudar a realizar los controles en el puerto y en el aeropuerto. Tanto los visados de corta como de larga duración serán expedidos en las misiones diplomáticas y consulares españolas y las autorizaciones para residencia serán expedidas por las autoridades gibraltareñas, que deberán tener en cuenta las posibles objeciones de España y sólo concederlas cuando existan vínculos reales del solicitante con Gibraltar (Anejo I). Picardo ha declarado que, con independencia de lo que estipule el Acuerdo, si España recurriera a Frontex para realizar controles en el territorio, ninguno de sus agentes podría operar sin la autorización del Parlamento gibraltareño. Únicamente Gibraltar tendrá competencia para conceder visados de entrada en su territorio. “Ejerceremos ese control prioritario sobre el acceso a través de la Agencia de Fronteras y Guardacostas, que se convertirá en la principal agencia de control sobre todo acceso a la zona Schengen a través de Gibraltar”. La ley gibraltareña no permitirá a ningún agente de España ejercer jurisdicción ejecutiva o de cualquier otro tipo, y él jamás presentaría en el Parlamento un proyecto de ley que lo permita. Se ha mostrado satisfecho con el documento-marco porque no cruza ninguna de las líneas rojas de Gibraltar en materia de soberanía, jurisdicción o control, sino que ha supuesto una aserción de la soberanía de Gibraltar sobre su territorio. No habla ya de la soberanía de Gran Bretaña sobre el peñón, que es evidente desde el tratado de Utrecht, sino que se atreve a mencionar la soberanía de Gibraltar sobre su territorio. El documento-marco no es jurídicamente vinculante y es, en consecuencia, reversible. Sí será vinculante el Acuerdo que firme el Reino Unido con la UE, quien –a diferencia de España- no tiene ninguna reivindicación de soberanía sobre Gibraltar. Si Picardo está tan contento con el documento, algo habrán hecho mal los negociadores españoles. Según González Laya, lo pactado el 31 de diciembre tenía que traducirse en un Acuerdo entre la UE y el Reino Unido, que estará cerrado en un plazo de seis meses. Sólo tras la firma de dicho Acuerdo se empezará a aplicar sus disposiciones a Gibraltar y, mientras esto no ocurra, “vamos a garantizar una máxima fluidez cumpliendo con las reglas del juego” (¿?). Se adoptará un acuerdo inicial durante un plazo de cuatro años, tras el cual se aplicará el régimen general que fije el Acuerdo entre la UE y el Reino Unido, si bien cabía la posibilidad de que se rescindiera a petición de cualquiera de las partes e incluso que se anulara. Se ha producido la paradoja de que la salida de Gran Bretaña de la UE va a tener como resultado que se aplique el Acuerdo de Schengen a Gibraltar, lo que “ha acercado más los intereses de Gibraltar a los de nuestro país”. La ministra se ha mostrado satisfecha con la adopción del documento-marco, que considera un éxito del Gobierno y sigue sin explicar a los españoles en qué y cómo los beneficia. Como ha señalado Jorge Mestre en “OKDiario”, González Laya ha regalado un balón de oxígeno a Gibraltar para varias décadas sin contrapartida alguna y encima lo vende como una gran logro. Gran Bretaña gana una colonia dentro del espacio Schengen y un enclave por donde poder circular las mercancías hacia suelo británico sin control. Reacción de los partidos constitucionales de la oposición La reacción de los partidos constitucionales de la oposición a la adopción del documento-marco ha sido bastante crítica. El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado un acuerdo pésimo que se traduce en un fracaso lacerante en el que su partido se siente traicionado por la irresponsabilidad del Gobierno, y ha instado a Pedro Sánchez que evite la humillación que para España supone el acuerdo. El partido ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno para que explique el acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. El más contundente dentro del PP ha sido el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien ha afirmado que el Gobierno no sólo no echaba al “okupa” , sino que encima le pagaba el gas y la luz, El pacto rubricado por España con Gran Bretaña sobre Gibraltar enterraba la reivindicación de España sobre el peñón por los siglos de los siglos, pues –con semejante acuerdo- el Reino Unido y la población de la colonia no iban a tener ningún aliciente para aceptar en el futuro una cosoberanía y, mucho menos, un cambio de soberanía. Se ha roto lo que España ha dicho y hecho sobre Gibraltar hasta el momento y el Gobierno ha reconocido el principio de autodeterminación del pueblo gibraltareño. Si se materializa el Acuerdo ya no habrá quien lo mueva y el peñón se puede consolidar como paraíso fiscal off shore , aunque asuma el sistema aduanero europeo, el IVA y los impuestos especiales, pues no afecta al impuesto de sociedades, que no está unificado en la UE por la oposición de Irlanda. El acuerdo ha hecho dejación del principio básico de integridad territorial. Ha considerado intolerable que González Laya no haya informado sobre la cuestión a los portavoces de Asuntos Exteriores de los grupos parlamentarios, sobre todo por tratarse Gibraltar de política de Estado que hasta ahora se había hecho por consenso. Vox también ha sido contundente en su crítica al considerar muy preocupante el contenido del documento, por suponer una concesión de soberanía por parte de España. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado que, aunque la ministra haya asegurado que en el pacto se indicaba que ni España ni Gran Bretaña habían renunciado a sus posiciones jurídicas sobre la soberanía de Gibraltar, una cosa era lo que se decía y otra la que se hacía. El Gobierno de coalición socio-comunista estaba renunciando a la soberanía y entregando a Gibraltar el control del acceso al peñón. “Una vez que entras en Gibraltar, si quitas la verja, estás en el espacio Schengen. Es una gran ironía, porque Gibrtaltar no era Schengen cuando el Reino Unido era parte de a UE y, ahora que se ha ido, es una excepción al territorio Schengen, lo que es algo incomprensible”. Ni la policía nacional ni la guardia civil van a tener acceso al control por vía portuaria o aeoroportuaria. El pacto es muy lesivo para los intereses de España, que no ha ganado nada con él. “La demostración es que el propio acuerdo prevé que se pueda someter a revisión en los próximos cuatro años, pero Picardo ya ha manifestado que no tiene intención de modificar nada porque el acuerdo beneficia a los gibraltareños y al Reino Unido ¿Qué ha ganado España? Absolutamente nada”. En su línea centrocentrista pastelera, Ciudadanos ha dado una de cal y otra de arena. Tras censurar que la prensa hubiera tenido acceso al texto del pacto antes que los representantes de la nación, la portavoz para Asuntos Exteriores, Marta Martín, ha considerado buena noticia que Gibraltar se incorpore a Schengen “bajo supervisión española” (¿?) y se permita el libre movimiento de los trabajadores españoles que se desplazan cada día al peñón en el Campo de Gibraltar, si bien quedaban muchos flecos que el Gobierno no había aclarado aún. Ha exigido que se clarifiquen puntos clave para la seguridad de la comarca como los relativos a los impuestos sobre el tabaco o el alcohol para evitar la competencia desleal. “También nos gustaría saber más sobre las garantías de cumplimiento por parte de las autoridades de Gibraltar de sus obligaciones, sobre todo en materia ambiental y fiscal”. Ha afirmado que su formación va a estar vigilante para que el Gobierno de Sánchez no renuncie a “las aspiraciones de soberanía que forman parte del consenso de la política exterior española”. Es algo bastante más que una aspiración, pues se trata de un derecho de España sobre una parte de su territorio, que debería ser irrenunciable. Conclusiones Del contenido del documento-marco y de las declaraciones de los políticos cabe deducir las siguientes conclusiones. 1) El pacto de España y Gran Bretaña sobre Gibraltar no es un tratado internacional, sino un “non paper”, un documento-marco que contiene el entendimiento de los dos Estados y una declaración de intenciones sobre las directrices que deben inspirar la negociación y adopción del Acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar. 2) En consecuencia, no es necesaria su remisión a las Cortes –como ha señalado la ministra González Laya-, aunque sí debería haber sido aprobado por el Consejo de Ministro, dada la transcendencia política del compromiso asumido. Sí deberá ser sometido a las Cortes para su ratificación y al Consejo de Estado para su dictamen, el Acuerdo sobre Gibraltar que en su día se concluya entre la UE y el Reino Unido. 3) El documento-marco –como ha dicho Picardo y, por una vez estoy de acuerdo con él- no es jurídicamente vinculante y es reversible, por lo que el Gobierno no debería sentirse comprometido a seguir todas sus recomendaciones a la hora de negociar el Acuerdo sobre Gibraltar entre La UE y Gran Bretaña.. 4) En el documento-marco se dejan de lado las reivindicaciones de soberanía de España y del Reino Unido sobre Gibraltar. Aunque parezca ser una solución objetiva y neutral, no lo es tanto, pues beneficia más a Gran Bretaña que disfruta - además de los “derechos de propiedad” concedido por el Tratado de Utrecht de 1715- del “uti possidetiis” del territorio del peñón y del istmo. Esto se ha puesto de manifiesto en las cartas envidadas a los secretarios generales de la Comisión y del Consejo Europeos por las representaciones permanentes de España y del Reino Unido ante la UE. En la comunicación española, se ha mantenido hábilmente la salvaguardia de los derechos de España sobre todo el territorio, lo que incluye la parte del istmo ilegalmente ocupada por los británicos y sobre el que se construyó el aeropuerto de Gibraltar. 5) Gran Bretaña ha pretendido incluir a Gibraltar como una de las parte en el contencioso sobre el peñón, frente a la posición española de que sólo podía participar en las negociaciones bilaterales como parte de la delegación británica, pero –desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- España ha aceptado a Gibraltar como un interlocutor válido en pie de igualdad con los Estados y ha firmado con sus autoridades una serie de acuerdos, “arrangements” y memorandos de entendimiento “short of” auténticos tratados internacionales. El documento-marco recomienda el recurso a este tipos de acuerdos para aumentar la cooperación entre las autoridades españolas y gibraltareñas en materias de seguridad, fiscales, aduaneras, judiciales, policiales o medioambientales. 6) El recurso a estos instrumentos jurídicos refuerza la posición del “Gobierno” de Gibraltar, que está consolidando “de facto” su posición como presunto sujeto de Derecho Internacional, al margen de la potencia colonial. Esta situación se ha visto beneficiada por la salida de Gran Bretaña de la UE y la pretensión de mantener a Gibraltar en el espacio Schengen de la Unión con independencia del Reino Unido, que acepta que se apliquen normas comunitarias en una parte de su territorio. Picardo esta logrando su anhelo y se va creciendo hasta el punto de reivindicar la soberanía de Gibraltar, no del Reino Unido, sobre el territorio. 7) España apenas se beneficia del pacto y el principal beneficiado es Gibraltar al que se da todo tipo de facilidades a cambio de bien poco. 8) Los trabajadores españoles sólo se beneficiarán a corto plazo e incluso aquí resulta favorecido Gibraltar que necesita de la barata mano de obra española y no la puede sustituir por el momento, pues la alternativa marroquí plantea problemas de todo tipo. 9) El Gobierno español debería poner fin al chantaje de Gibraltar con los trabajadores transfronterizos, concediéndoles subvenciones para que dejen de trabajar y desarrollando el Campo de Gibraltar para crear riqueza y empleo. El Gobierno podría financiarlo en buena medida con cargo al Fondo de Recuperación y Resistencia 10) España debería endurecer los términos del Acuerdo UE/RU, concediendo menos derechos a los gibraltareños y exigiéndoles mayores obligaciones. Especialmente en materia de los controles para el acceso al espacio Schengen, que no se pueden ceder con prioridad a las autoridades gibraltareñas ni encomendárselas a Frontex a expensas de los derechos de España. Los agentes españoles deberían poder realizar los correspondientes controles en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar. 11) España no sólo ha pecado por acción, sino también por omisión al desaprovechar el privilegio concedido por la UE para de tener la última palabra en las relaciones de la Unión con Gibraltar y desperdiciar su primera palabra en beneficio de Gibraltar. 12) Asimismo ha dilapidado la oportunidad que le ha ofrecido el Brexit y el debilitamiento de la posición internacional de Gran Bretaña de potenciar su demanda de cosoberanía sobre el territorio. 13) El gobierno español debe dejar bien claro que el titular de la soberanía sobre el peñón es Gran Bretaña y no el “Gobierno” de Gibraltar, que tiene una posición secundaria, y de que en la negociación bilateral para la de descolonización de la última colonia de Europa se deberán tener en cuenta los intereses y no las aspiraciones del pueblo gibraltareño, que no goza del derecho de libre determinación. 14) Pese a lo afirmado en la carta a la UE, España sí ha modificado su posición sobre Gibraltar. El Gobierno ha tirado por la borda los enormes esfuerzos jurídicos y políticos realizados durante años por la diplomacia española, dentro y fuera de la ONU, para recuperar del peñón y el istmo, y conseguir la la integridad territorial de la nación. El Gobierno debería dar marcha atrás en sus concesiones y mantener su reivindicación de la soberanía sobre el peñón o, al menos, de la cosoberanía. 15) Aún no se ha producido nada irreparable y el Gobierno aún tiene tiempo de desandar el camino que nunca debería haber iniciado porque, con su lamentable caminar, abre la vía a la pérdida definitiva de Gibraltar Madrid, 13 de enero de 2021

Gibraltar: otra ocasión perdida

GIBRALTAR: OTRA OCASIÓN PERDIDA El pasado 31 de diciembre, cuando estaba a punto de agotarse el plazo para la culminación del Brexit y la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, esté país y España alcanzaron un principio de acuerdo para incluir a Gibraltar en el ”espacio Schengen”. Algunos amigos me han pedido que exprese mi opinión sobre el citado de Acuerdo, lo que haré con sumo gusto aunque a beneficio de inventario hasta que no conozca su texto. Es increíble e intolerable que, a estas alturas, los ciudadanos españoles desconozcan lo que ha pactado su Gobierno con el británico en un tema tan sensible como el de Gibraltar. ¿Acaso hemos regresado a la época anterior a Woodrow Wilson y a la Sociedad de Naciones de la diplomacia secreta y la no publicidad de los tratados internacionales? El Acuerdo de Comercio entre la UE y Gran Bretaña, de 1.500 páginas, fue publicado a las 24 horas de su adopción en las 26 lenguas oficiales de la Unión. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha Gonzáles Laya, ha dicho que el texto no se hará público hasta que los parlamentarios españoles no hayan tenido conocimiento de él, pero -después de más de una semana- ya han tenido tiempo sobrado de conocerlo y permitir que lo conozcamos. Sin embargo –como ha señalado Araceli Mangas- es una pobre excusa, pues cualquier Acuerdo tiene que ser enviado al Consejo de Ministros para su aprobación, luego al Consejo de Estado para su dictamen y finalmente a las Cortes para su ratificación. ¿Existe un Acuerdo articulado o un mero principio de Acuerdo? No puedo, por tanto, hacer un juicio fundado al desconocer el texto, y basarme tan sólo en las frases exultantes de la ministra de que habrá unión aduanera y libre circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar conforme al régimen de Schengen. Sin embargo, los comentarios contradictorios de Laya y del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, no dan piel al optimismo. Situación del Campo de Gibraltar La cuestión de Gibraltar es sumamente compleja y delicada y en ella están involucrados aspectos históricos, diplomáticos, jurídicos, políticos, económicos y sociales que hay que valorar. Cuando en el curso 1952-1953 estudiaba mi último año de bachillerato en el colegio marianista de San Felipe de Neri en Cádiz, a mi padre –que a la sazón fungía como magistrado de la Audiencia Provincial le encargó el Gobernador civil que hiciera un informe sobre la situación jurídica, política y socioeconómica del Campo de Gibraltar, una comarca empobrecida de la provincia gaditana de 150.000 kilómetros cuadrados de superficie y una población de cerca de 300.000 habitantes. Una de las conclusiones del informe secreto de Enrique de Yturriaga fue que el problema de la descolonización de Gibraltar no podría ser resuelto en forma favorable a los intereses de España mientras no mejorara la situación socioeconómica de su Campo, que obligaba a parte de su población a cruzar cada día la verja para ir a trabajar al Peñón. No sé si este informe influyó sobre el Gobierno, pero en 1965, doce años más tarde, éste aprobó un ambicioso Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar, por el que se potenciaba el puerto de Algeciras y se crearon una refinería de CEPSA, un polígono petroquímico en San Roque y áreas industriales en Los Barrios. Se declaró la comarca zona de preferente localización industrial y de interés turístico, y se concedieron a las inversiones subvenciones del 20%, preferencia en la obtención de líneas de crédito oficiales, libertad de amortización y reducción de aranceles a la importación de maquinaria. Se instalaron numerosas industrias como Acerinox, Astilleros Crisnave, Papelera del Atlántico, Unión Industrial de Envases, Siderar, MIGSA. Teleletra o Confecciones Gibraltar, la mayoría de las cuales fueron languideciendo y acabaron por desaparecer. Las comunicaciones viarias y ferroviarias mejoraron escasamente y no se construyó el prometido aeropuerto en Castellar. A partir de 1975, el Plan de empezó a hacer aguas por falta de inversiones e insuficiente desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, industrias y servicios, a medida que iban cerrando empresas. En 1998, la Junta de Andalucía lanzó un nuevo Plan de Desarrollo Comarcal, que preveía el establecimiento de una Zona de Actividades Logísticas en el puerto de Algeciras, el equipamiento y ampliación del puerto pesquero-recreativo de Atanaras, la mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril, la construcción del olvidado aeropuerto, un plan eólico en Tarifa y un parque metropolitano en el río Palmones. El plan fue un nuevo fiasco pues apenas produjo resultados. Un nuevo intento a nivel nacional se realizó en 2018 con un Plan Integral del Gobierno Central, con una dotación de 810 millones de euros, que preveía el establecimiento de una zona franca en Los Barrios, la realización de las tantas veces prometidas mejoras en las comunicaciones intercomarcales y con Cádiz, Málaga y Madrid, y el reforzamiento de las estructuras policiales y judiciales para luchar contra el rampante narcotráfico y la corrupción-La mayoría de estas medidas no se pudieron llevar a la práctica por la inexistencia de unos presupuestos generales del Estado y tan sólo mejoró la presencia policial, aunque de forma insuficiente ante el descarado desafío de las mafias del narcotráfico, que actuaban a la luz del día y atacbaan a las fuerzas de seguridad, con la complicidad de parte de la población más o menos marginal. Todo el mundo reconoce que el puerto de Algeciras tiene un gran potencial, pero no se pasa de la potencia al acto al no completarse los corredores atlántico y mediterráneo, y empieza a sufrir la competencia de puertos marroquíes como Beni Ensar o Tánger. El resultado de esta situación es que en el Campo de Gibraltar hay un paro del 40%, sus municipios tienen una renta seis veces inferiores a las del Peñón y unas 15.000 personas –la gran mayoría españolas- cruzan a diario la verja para cubrir los puestos menestrales de la colonia. Gibraltar está en el mejor de los mundos, pues disfruta de los beneficios de formar parte del Reino Unido sin tener que cumplir las obligaciones derivadas de la UE, aunque sí las de gozar de las ventajas de libertad de movimiento en el espacio Schengen –que no tenía cuando Gran Bretaña aún pertenecía a la Unión- y que ahora se le conceden a cambio de prácticamente nada: permitir que los trabajadores transfronterizos sigan acudiendo a diario al Peñón para sacarle las castañas del fuego a sus habitantes, que disfrutan de una de las rentas más alta del mundo a costa de los españoles. Cuenta con una mano de obra barata que apenas le acarrea gastos, pues ni siquiera tiene que proporcionarle alojamiento porque regresan al atardecer a territorio español para pernoctar, esta posición no la han conseguido los gibraltareños gracias a su laboriosidad o desarrollo tecnológico, sino a la ingeniería fiscal, la atracción desleal de empresas, el blanqueo de dinero, el contrabando y su inacción –cuando no connivencia- con el narcotráfico. Gozan del uso del hinterland español, donde disponen de segundas viviendas, y pueden jugar al golf en Sotogrande o bañarse en las playas de Marbella, mientras estafan al Fisco de España y explotan laboralmente a los habitantes del Campo de Gibraltar, que encima están contentos con las “llanitos”, porque les permiten trabajar y menos da una piedra. Según Ignacio de Castro, al final Gibraltar siempre gana. Situación de Gibraltar La entrada en vigor del Brexit ha ofrecido una nueva oportunidad a España, que había debilitado su posición por la desastrosa política del presidente José Luis Rosdríguez Zapatero y de su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos –primer ministro español que visitó oficialmente el Peñón- quienes potenciaron el status de Gibraltar al admitirlo como interlocutor en plan de igualdad en las negociaciones entre España y Gran Bretaña, aceptar que se tuvieran en cuenta no sólo los intereses de los gibraltareños sino también sus aspiraciones, y concertar con ellos una serie de acuerdos que les beneficiaban y fortalecían su posición. Tras el Brexit, se ha reforzado la posición jurídica de España, que cuenta con el respaldo de la ONU, que ha instado al Reino Unido a que negocie con España la descolonización de Gibraltar, respetando el principio de la integridad territorial y tomando en consideración los intereses del pueblo gibraltareño, que –de conformidad con el Tratado de Utrecht y la doctrinas de las Naciones Unidas- carece del derecho a la libre determinación. Pese a las balandronadas de Boris Johnson y de Fabián Picardo, Gran Bretaña tiene más difícil imponer sus tesis cuando ha perdido el apoyo de la UE y probablemente de Estados Unidos tras la salida en buena hora de Donald Trump, partidario del Brexit. Políticamente, Gran Bretaña ha perdido fuerza al abandonar la UE y tratar de desempeñar en solitario el papel de actor principal en un mundo globalizado. Amén del grave problema de la pandemia del Covid-19, Johnson tendrá que hacer frente, más temprano que tarde, a dos bombas con espoleta retardada que tiene adosadas al casco de la nave de “Old Britania”: Escocia e Irlanda del Norte. Desde el punto de vista socioeconómico, Gran Bretaña y Gibraltar gozan de la ventaja a corto plazo del chantaje de amenazar con impedir la entrada y el empleo en la colonia a los trabajadores transfronterizos y del temor de los dirigentes políticos comarcales a que esto ocurra. Hasta el último momento, el alcalde de la Línea, Juan Franco, señalo las gravísimas consecuencias que se producirían en la economía y en el día a día de su ciudad si no se llegaba a un acuerdo sobre Gibraltar. Hay que acabar con este condicionamiento y este chantaje, y la solución sería bastante sencilla: subvencionar con un ERTE generoso a estos trabajadores, como hace la UE con la PAC -que subvenciona a los agricultores para que dejen de cultivar- o el Gobierno con los mineros del carbón o los parados del PER. Se superaría el drama humano de los trabajadores gaditanos a un coste insignificante, los gibraltareños se cocerían en su propia salsa al verse privadas de una mano de obra barata y el Gobierno se vería liberado del chantaje “llanito”. Como ha afirmado acertadamente el ex–ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo- en un artículo en “El Mundo” titulado “Gibraltar oportunidad perdida”, España ha renunciado a aprovechar el Brexit para reclamar la soberanía sobre Gibraltar. Ni siquiera ha planteado la explotación conjunta del aeropuerto situado en el istmo que Gran Bretaña ocupa ilegalmente y ha retirado un recurso ante el TJUE para acabar con las prácticas del Peñón, uno de los paraísos fiscales más apreciados por los defraudadores internacionales. La renuncia es tanto más gratuita cuando la ONU y la ley europea están del lado de España. Se podía haber exigido al Reino Unido que cumpliese de una vez la doctrina de Naciones Unidas que le obliga a acabar con el contencioso colonial de acuerdo con el principio de integridad territorial y no con el de autodeterminación. El Gobierno español ha hecho una propuesta de solución basada en la cosoberanía, la doble nacionalidad, la autonomía y la creación de una zona económica especial. La soberanía compartida permitiría la permanencia de Gibraltar en la UE, la autonomía la identidad de los gibraltareños y la zona económica común la creación de empresas y la inversión internacional ¿No arbitraría fondos la UE –se ha preguntado el antiguo ministro- para crear esta área de prosperidad compartida? Creo que la rehabilitación del Campo de Gibraltar podría ser uno de los grandes proyectos a financiar con cargo al Fondo de Recuperación y Resistencia. En cambio, “El País” –en un editorial titulado “Peñón compartido”- se ha mostrado muy satisfecho con el principio de Acuerdo logrado bajo el inequívoco ultimátum de Madrid, porque “contiene señales claras de que podrá ser una gestión compartida de los asuntos del Peñón, lo que se aproxima a una especie de cosoberanía práctica entre ambos países”. Cuando Gibraltar se incorpore al espacio Schengen, estrechará mucho más su relación con uno de sus protagonistas, España, por encima de lo que en ese ámbito mantiene con su metrópoli británica. En términos de gestión de fronteras, puede decirse que Gibraltar se adscribe a Europa y abandona el ex-imperio. El control portuario y aeroportuario quedará en manos de la agencia europea Frontex, de la que España es socio, pero no el Reino Unido. Será Madrid quien responda de que la normativa de Schengen sea aplicada por los agentes de Frontex, que dependerán de las autoridades españolas para la entrada de visitantes y/o la concesión de visados. Al cabo de cuatro años, los agentes españoles sustituirán a los de Frontex en su tarea de control. El editorial prisaico matizaba su aserto al señalar que no se trataba de soberanía hispano-británica sobre el conjunto de relaciones exteriores, defensa o inmigración, pero sí del inicio del acceso de España, a través de Europa, a uno de sus elementos clave y más simbólicos, cual era la gestión de las fronteras -que correrá de cuenta europea-, pues el control del perímetro territorial constituye una de las competencias soberanas del Estado. El Acuerdo –que beneficiará a los gibraltareños y a la población andaluza de la región-, “al permear su línea divisoria, se convertirá en un progreso muy consistente para mejorar su vida cotidiana y laboral, y sus relaciones vecinales”. Será además el principal avance diplomático en tres siglos para diluir el recelo infundido a la población local respecto a España, construir un clima de confianza mutua y revertir prácticas irregulares de Gibraltar y, por ende, “un paso importante en el complejo camino de aplicación de las resoluciones descolonizadoras de las Naciones Unidas”. Me parece una actitud excesivamente voluntarista, que se compadece mal con la realidad. Por ejemplo, no veo cómo el Acuerdo puede contribuir a la aplicación de las resoluciones que recomiendan al Reino Unido que negocie con España la descolonización de Gibraltar, cuando es más que probable que sus efectos vayan en el sentido contrario. El corresponsal de “El País” en Bruselas, Lluis Basset, ha afirmado que la secesión británica de la UE bajo la bandera de recuperar la soberanía ha producido el efecto contrario en el Campo de Gibraltar, pero que “la interdependencia y la corresponsabilidad de Arancha González Laya son las que cuentan y, si no se habla de soberanía compartida, es para que no se espanten las almas más sensibles de las soberanas derechas españolas y británicas”. Me parece un deseo piadoso porque, en las conversaciones, se han dejado de lado las reivindicaciones de soberanía o de cosoberanía y, como ha reconocido la propia Laya, en el Acuerdo no se habla de soberanía -“Nadie cede un ápice en sus reivindicaciones”. Según ha expuesto Javier Rupérez en una tercera de “ABC”, de la parquedad expositiva de la ministra, se deduce que poco o nada se ha avanzado en nuestra secular y bien fundada reclamación sobre la soberanía española del peñón y del istmo. ¿Contiene el Acuerdo algún esquema de colaboración para regular los abusos de Gibraltar como paraíso fiscal y evitar los tráficos ilegales o delictivos? González Laya se ha limitado a cantar las excelencias de la desaparición de la verja y la satisfacción que la embarga por haber garantizado la movilidad de 15.000 trabajadores que diariamente se trasladan al peñón para cumplir con sus obligaciones laborales, pero los intereses de España no se limitan al bienestar de los trabajadores transfronterizos. Convendría que el Gobierno abandonara su tradicional mudez en los temas transcendentes y se explicara al respecto. Acuerdo hispano-británico sobre Gibraltar Según Felipe Sahagún, con el Acuerdo se ha pasado del “Gibraltar español” al “Gibraltar europeo”, gracias a la inmerecida generosidad de España, habiendo conseguido los gibraltareños, con bien poco a cambio, lo que no habían logrado durante los 47 años en que Gran Bretaña formó parte de la UE. Durante la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión, España consiguió que ésta le concediera la última palabra en las relaciones con Gibraltar, pero el Gobierno español no lo ha aprovechado. En una entrevista en “El País”, Miguel González le preguntó a González Laya si España no había perdido la oportunidad de poner su bandera en el Peñón y la ministra le contestó que ahí era donde habían fracasado todos los intentos anteriores, lo que no había beneficiado a ninguna de las dos partes. “Lo que hemos hecho ahora ha sido aparcar ls cuestiones relativas a la bandera, sin renunciar a nada, e ir construyendo entre tanto la vía de la corresponsabilidad en la gestión y una interdependencia más equilibrada, justa y leal[…] Hemos visto un cambio de paradigma que no está hecho de concesiones, sino de convergencia de intereses entre gibraltareños y españoles”. Como ha señalado Inocencio Arias, España ha metido a Gibraltar de tapadillo en el espacio Schengen con el falaz argumento de que había que avanzar hacia una “zona de prosperidad compartida”, pero ¿qué es lo que se comparte, la riqueza de Gibraltar y la pobreza del Campo que la rodea? ¿De dónde se desprende que éste vaya a prosperar porque se destruya la verja?...En los años anteriores en que la barrera fronteriza no dificultaba la movilidad de los españoles y de los gibraltareños, el Peñón y sus habitantes se han enriquecido cada día más, mientras que el Campo de Gibraltar ha aumentado su declive y su empobrecimiento. Arias ha instado a González Laya a que explique a los españoles en qué se han visto beneficiados con el Acuerdo. Para la profesora Mangas, la propuesta de origen británico de crear en el Campo de Gibraltar una gran área de prosperidad y cooperación económica se ha realizado hasta el punto de que este objetivo ha sido adoptado por el Gobierno español y por los políticos de la región. La dependencia económica del Peñón se ha producido por la incapacidad de los Gobiernos nacionales de generar vida económica en la región en igualdad de condiciones ¿A cambio y de qué se ha hecho el regalo a Gibraltar de permitirle participar del espacio de Schengen y de compartir los beneficios del entorno europeo? Pues a que Gibraltar siga dando trabajo a 10.000 españoles en un país con un paro endémico permanente de más de tres millones de personas. García-Margallo se ha declarado consciente de que muchos andaluces que hoy dependen de Gibraltar para tener trabajo y la mayoría de los políticos del Campo de Gibraltar son partidarios de pactar con los gibraltareños y renuentes a llevar a cabo del proceso de descolonización del Peñón, pero estima que están equivocados, porque no habrá empresas que se instalen en la región, ni fondos que inviertan en la misma mientras no se rehabilite una zona hoy tan depauperada. Hay además -añado yo- una serie de intereses ocultos, que van de las mafias del narcotráfico a muchos ciudadanos que se benefician del trapicheo del contrabando, que son partidarios del mantenimiento del statu quo, porque, a mar revuelto, ganancia de pescadores. Una vez otorgado “gratis et amore” el acceso de Gibraltar al espacio Schengen, el principal problema que se plantea es el de quién va a realizar la labor de control y aquí las posiciones de González Laya y de Picardo son antitéticas. La primera ha dicho que la gestión del control pertenece a España, que es la que tiene la base de datos, si bien –para ir creando confianza- la acción policial será llevada a cabo por los agentes de Frontex bajo dependencia de España, que tendrá la última palabra sobre quienes entran o no en el espacio Schengen. Transcurridos los cuatro años de prueba los agentes de Frontex serían sustituido por policías españoles Picardo, en cambio, ha señalado que hay dos fronteras, la gibraltareña y la europea, la primera de las cuales será controlada por los policías gibraltareños y la segunda por los agentes de Frontex, que tendrán acceso a la fuente de datos que posee España., “Ahí es donde España tiene responsabilidad remota, porque sus agentes no estarán en el aeropuerto ni en el puerto”. Al cabo de los cuatro años se celebrarían consultas y, si España se empeñara en imponer sus agentes, no se renovaría el Acuerdo. “Ningún agente español realizará controles de ningún tipo en Gibraltar, ni ahora ni en los próximos cuatro años? ¿Quién lleva razón? Hasta que no conozca el texto del Acuerdo n podré ofrecer una opinión más fidedigna sobre el mismo, pero de las declaraciones confusas y poco convincentes de la ministra de Asuntos Exteriores cabe deducir que el gran beneficiario de la operación ha sido Gibraltar, que no se lo merece por su continuada actitud antiespañola, y España apenas se ha beneficiado, habiendo perdido además una excelente oportunidad para avanzar en el enquistado conflicto hispano-británico de la descolonización del Peñón, en un momento favorable por la debilidad política del Reino Unido y por el apoyo a su causa de la ONU y de la UE. Picardo ha afirmado que Sánchez y González Laya habían propugnado poner a un lado la cuestión de la soberanía y por eso se había logrado un acuerdo –que él ha calificado de “Tratado de la prosperidad”-, en el que no ha habido perdedores y todas las partes han salido ganadoras, aunque una más que otra. Era el momento oportuno para haber insistido en la tesis de la cosoberanía que no perjudica a nadie, beneficia a todas las partes implicadas y permitiría solucionar el problema. Como ha señalado Antonio Martín Baumont en “Es.diario”, España tenía una oportunidad única, pero su Gobierno la ha dilapidado al renunciar a la soberanía –o. al menos, la cosoberanía- sobre Gibraltar y se ha tragado un paraíso fiscal en su territorio. Para poder haberlo hecho, hubiera sido necesario que el Gobierno y los partidos constitucionalistas adoptaran una postura de Estado, que no resulta posible con los populistas bolivarianos y los partidos separatistas. Este Gobierno no sólo no está dispuesto a dar la batalla para recuperar Gibraltar, sino que ni siquiera la daría para conservar Ceuta y Melilla. Madrid, 8 de Enero de 2021

La eutanasia no es un derecho, ni es progresista

LA EUTANASIA NI ES UN DERECHO, NI ES PROGRESISTA El pasado 17 de diciembre, el Congreso aprobó por 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones la Ley Orgánica reguladora de la eutanasia. Es un logro ideológico de la bancada Frankesntein, con el apoyo entusiástico de Ciudadanos, digno de mejor causa. Inés Arrimadas se congratuló por el “avance de las libertades” conseguido con la legalización de la eutanasia. “Somos liberales –dijo- y defendemos la libertad”. Libertad para matar, como James Bond. ¡Menuda libertad! Su portavoz, Ednundo Bal –en un lamentable artículo titulado “Ley de eutanasia: una garantía de libertad”- ha afirmado que el Congreso ha dado un paso histórico que pone a España en la vanguardia de Europa en cuanto a derechos y libertades con una ley a favor de la libertad para que cada uno pueda decidir entre morir dignamente o vivir con los menores sufrimientos posibles. Ha afirmado que la ley ha obtenido un amplio consenso, cuando –como buen jurista que es- sabe perfectamente que no se puede hablar de consenso con una oposición del 40% del hemiciclo y de tres partidos: PP, Vox y UPN. La ley aún tendrá que recibir el plácet del Senado y el diputado ha tenido la desfachatez de decir que allí sería de nuevo estudiada y mejorada por los distintos grupos parlamentarios, cuando sabe perfectamente que correrá el mismo triste sino que la LOMLOE y la de los Presupuestos a las que no se ha aceptado ni una sola enmienda. Elaboración y adopción de la ley La principal impulsora del engendro ha sido la ex-ministra de Sanidad y médica para más inri, María Luisa Carcedo, quien afirmó eufórica que la eutanasia, tal y como se aplicaría en España, sería “un instrumento al servicio de un proyecto humanizador, un derecho que nos hará más libres” ¿Le sonará de algo el juramento hipocrático? Hasta ahora, cinco Estados han regularizado la eutanasia: los países del Benelux, Colombia y Canadá. Según “El Mundo”, el hecho de que sean tan pocos los que han dado este paso demuestra hasta qué punto se trata de una cuestión de extraordinaria complejidad que exigía muchísimo debate, consenso político y social y un detallado estudio que implicara a una multiplicidad de expertos y de agentes concernidos. “Nada de eso ha ocurrido en nuestro país, antes al contrario. Hemos asistido prácticamente a la tramitación de una ley exprés en la que el Gobierno y sus socios han aplicado el rodillo”. Las prisas de Pedro Sánchez han obedecido al sectarismo y al tacticismo a corto plazo. Pero, “una bancada en pie aplaudiendo la despenalización de la eutanasia como si se tratara de un triunfo incontestable mueve antes a la inquietud que al orgullo, porque, por primera vez en nuestro ordenamiento, la vida deja de ser un bien jurídico supremo y admite sus desdoblamiento entre digna e indigna. Una distinción que nunca puede competer al Estado, sino sólo a la soberanía de la persona”. A juicio de la Conferencia Episcopal Española, la ley ha sido adoptada de manera “sospechosamente acelerada”, en tiempos de pandemia y estado de alarma, y sin ningún diálogo público. El PSOE ha pretendido desde el principio aprobar esta controvertida ley con alevosía y nocturnidad, y batiendo todos los records de tramitación parlamentaria. Presentó junto con Podemos una proposición de ley, en vez de un proyecto, para eludir el dictamen del Consejo de Estado, lo que es especialmente grave por afectar a los derechos fundamentales de las personas. El PP y Vox presentaron enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas de plano. El primero defendió como alternativa una ley de derechos y garantías ante el proceso final de la vida que incluía la generalización de los tratamientos paliativos, la sedación y el testamento vital. El portavoz popular, Ignacio Echániz calificó el texto de “inconstitucional, inoportuno, frívolo, injusto y chapucero”. Mas melodramática, la portavoz de Vox, Lourdes Méndez, señaló que la ley instauraba “la cultura de la muerte”y el Estado pretendía con ella poder matar a los más frágiles y desvalidos por considerarlos un carga, y declaró que su partido impugnaría la ley ante El Tribunal Constitucional. Más convincente estuvo el diputado de UPN, Carlos García Adanero, quien afirmó que la ley era como el caso del suicida que estaba en el alero, al que se podía enviar la policía y los psicólogos o empujarlo, y “Ustedes lo van a empujar”. El Gobierno no ha consultado con ninguna institución médica, ética o religiosa, y ha desoído los llamamientos y sugerencias de organizaciones como Colegios Médicos, el Comité de Bioética de España –organismo asesor del Ministerio de Sanidad-, el Foro de Laicos de España, la Plataforma de los 7.000 –integrado por políticos como Marcelino Oreja, Jaime Mayor o Alberto Ruiz-Gallardón-, la Asociación de las Religiones Monoteistas Abrahánicas, la Santa Sede o la Conferencia Episcopal Española. Como ha señalado ésta acertadamente ha habido excesiva aceleración y falta de diálogo. Pese a lo dicho por Bal, es evidente que la ley tiene una motivación ideológica que, aunque afecte obviamente a las confesiones religiosas, transciende el factor religioso porque tiene un trasfondo ético o simplemente humano, porque afecta a los derechos y libertades de la persona, y a su dignidad como ser humano. El tema viene siendo debatido desde antes que naciera el cristianismo o el islamismo. Ya en el siglo V a.C., el médico griego Hipóractes lanzó su famoso juramento, que fue asumido por la clase médica. Por él se comprometían los galenos a no acceder a las pretensiones que buscaran la administración de venenos o de pesarios abortivos a las mujeres, ni sugerir a nadie hacer cosas semejantes. El juramento hipocrático fue acogida por las Facultades de Medicinas de todo el mundo, y reformulado en el sentido de apartar de los enfermos cualquier daño o injusticia y jamás darles medicamentos mortales por mucho que se lo solicitaran, ni tomar iniciativa alguna de este tipo. En la última revisión elaborada en la Declaración de Ginebra de 1946, los médicos se comprometían a tener sumo respeto por la vida humana desde el instante mismo de la concepción y a no utilizar, ni aún bajo amenazas, los conocimientos médicos para contravenir las leyes de la humanidad. Según Roberto Camberiere, Presidente del Comité de Bioética de la Fundación Favaloro, el juramento estaba en contra de la eutanasia. Principios en que se basan los contrarios a la Ley El rechazo a la eutanasia se funda en un principio básico que se encuentra en los textos sagrados de todas las religiones y en los Códigos éticos del mundiales: “No matarás”. Eutanasia es una palabra de origen griego compuesta por los vocablos “eu” –bien” y “tanatos” –muerte-, que configuran el término “buena muerte” o “muerte dulce”, pero muerte al fin y al cabo. La OMS la define como “la procuración intencionada de la muerte de una persona que padece de una enfermedad avanzada o terminal a petición de éste en un entorno médico”, y la encíclica “Evangelium vitae” como “acción u omisión que por su naturaleza e intencionadamente causa la muerte con el fin de eliminar el dolor”. Es un acto contrario a la ética porque se elige el mal al suprimir la vida, que es siempre un bien en sí misma. La tendencia al bien persiste al ser algo inscrito en la profundidad de la conciencia del ser humano y es una decisión externa la que induce a la persona afectada a escoger libre y voluntariamente el mal. La práctica de la eutanasia produce una ofuscación de la sensibilidad ética. Según el papa Francisco, se debe evitar la tentación de apoyar una posible voluntad de morir del paciente facilitando su suicidio o causando directamente su muerte. Son formas apresuradas de tratar opciones que se presentan como expresiones de la libertad de la persona, cuando lo que encubre es el descarte del enfermo como una posibilidad o la falsa compasión ante su petición de que se le ayude a anticipar su muerte. Es lo que el propio pontífice ha calificado de “cultura del descarte”. “No existe el derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida, por lo que ningún médico puede convertirse en tutor compasivo de un derecho inexistente”. Quien ha aceptado la dimensión sobrenatural del sufrimiento puede caer en la tentación de ofrecer soluciones que no respeten el ritmo razonable de la reflexión y la maduración personales ante la enfermedad. No se pueden forzar las respuestas sobre el sentido de la vida, pero sí acompañar y sostener al enfermo. La eutanasia es una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es la de no abandonar nunca a los que sufren, a no rendirnos nunca, y a cuidar y a amar al paciente para darle esperanza. La vida humana –según el Papa- no es concebida ya como un valor primario que haya que respetar, cuidar y proteger, sino como un instrumento de lucro en favor de la economía y del consumo. Entran en este concepto de “descartables” ancianos, enfermos graves, discapacitados y no nacidos. En la cultura de la exclusión, todo aquél que no tenga capacidad de producir debe ser descartado, lo que supone la exclusión del ser humano e incluso la de Dios, En esta sociedad, el fin siempre justifica los medios. Posible agravamiento ulterior de la Ley Lo más grave de esta tesis es que con la eutanasia se abre un portillo en la muralla de la defensa de la vida. Basándose en casos excepcionales –como los de Ramón Sampedro, que fue divulgado con la película de Amenábar, o de María Jesús Carrasco, al que dieron amplia difusión los medios de comunicación-, se convierte la excepción en la regla general. De exigir unas condiciones extremas del paciente y de su petición libre y voluntaria, se extiende la eutanasia a menores y a personas incapaces, a decisiones médica ajenas a la voluntad del enfermo en una compasión mal entendida que pretende beneficiarlo y a considerarse un procedimiento normal y aceptable para poner fin a la vida de una persona, aunque no se den los requisitos garantista exigido en un primer momento y que se van suavizando con el transcurso del tiempo. Esto se puede ver en la experiencia de los Países Bajos, país pionero en el arte de bien matar. Cuando reconoció la eutanasia en 2002, Holanda impuso requisitos exigentes: mayoría de edad, pacientes terminales con sufrimientos insoportables y sin esperanza de curación, y petición libre y consciente del interesado. De ahí se ha ido pasando a extenderla a los menores de edad, a los nacidos con enfermedades graves, a los discapacitados sin su consentimiento, a los que padecían anomalías psicológicos y no físicas –antaño conocidos con el nombre políticamente incorrecto de “locos”-, a decisiones de los médicos o a petición de los familiares del paciente sin contar con su consentimiento, por estimar que el descarte iba en interés de la comunidad. No es de extrañar que en una sociedad con una concepción de la vida basada en el pragmatismo utilitarista se prescinda de quienes son vistos como fuentes de gastos e incomodidades. Lo que nació con una normativa sumamente restrictiva se ha ido trivializando hasta convertirse en una cuestión de intereses. Se ha llegado a autorizar la “muerte digna” a personas no enfermas por motivos tan frívolos como infelicidad senil, pérdida de las ganas de vivir, dolor existencial, insuficiencia de camas hospitalarias, situación insoportable de los familiares o molestias para médicos y enfermeros. En este ambiente deshumanizado, se ha producido una solapada e insidiosa coacción moral sobre enfermos e incapacitados para que soliciten voluntariamente la muerte por considerarse inútiles y una carga para la sociedad. Un grupo de incapacitados adultos se han quejado al Parlamento holandés de sentir sus vidas amenazadas. “Nos damos cuenta de que suponemos un gastos muy grande para la comunidad. Mucha gente piensa que somos inútiles, Nos damos cuenta a menudo de que nos intentan convencer para que deseemos la muerte”. De esta forma, la liberal Holanda ha ido estableciendo para sus enfermos e incapacitados un régimen eugenésico que coincide en muchos puntos con el adoptado por el nefando Gobierno nazi de Alemania entre 1933 y 1945, como un método para mejorar la raza. La eugenesia ha sido definida como la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera como portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos por ella fijados. Trisham Engelhardt la ha redefinido como “ingeniería genética del mejoramiento”. Argumentos a favor de la eutanasia Los partidarios de la eutanasia han apoyado sus tesis en argumentos como la lucha contra el sufrimiento insoportable y el ejercicio de la compasión clínica, la dignidad de la muerte y la autonomía de la voluntad del paciente. El sufrimiento se ha banalizado y considerado como un mal absoluto que hay que eliminar a toda costa. Se olvida que Dios dijo a Eva que pariría con dolor y a Adán que ganaría el pan con el sudor de su frente y que la tirra le daría espinas y abrojos. A ambos les recordó que morirían porque eran polvo y en polvo se convertirían (Gen. 2.16/19). La huida del valor y del sufrimiento se convierte en un valor supremo, que supone la negación de la realidad y causa deshumanización y frustración vital. Desde un punto de vista hedonístico, el sufrimiento es considerado como negativo, indeseable y contrario a la dignidad humana. Como ha señalado José Manuel Cansino, se festeja la eutanasia como un triunfo sobre el sufrimiento. El dolor es feo, pero nadie es ajeno al sufrimiento, que es una realidad inherente a la condición humana y un reto al que hay que enfrentarse, asumirlo y sublimarlo. Resulta inconcebible que se promueva la eutanasia en momentos en que la medicina ofrece alternativas como los tratamientos paliativos para atender a los enfermos en la última fase de su vida. Los profesionales de los cuidados paliativos no cesan de reivindicar el desarrollo de esta rama de la medicina en la que los Estados apenas invierten, porque es más expeditivo y menos costoso recurrir a la eutanasia. Por ello, los cuidados paliativos están poco desarrollados y sólo benefician a los que pueden costeárselos y se les niega a los más pobres y desasistidos. Así, el Gobierno de Sánchez ha dejado “ad calendas grecas” el proyecto de ley de cuidados paliativos y dado prioridad a la proposición de ley sobre la eutanasia. Según el documento de la Conferencia Episcopal Española “Sembradores de esperanza” (2019), quien sufre y está al final de su vida necesita ser acompañado, protegido y ayudado a responder a las cuestiones fundamentales de la existencia, abordar con esperanza su situación, recibir los cuidados paliativos con competencia técnica y calidad humana, ser acompañado por sus familiares y seres queridos y recibir el consuelo espiritual y la ayuda de Dios. La eutanasia que tiene como objetivo facilitar la muerte con el fin de eliminar el dolor no aporta soluciones a la persona que sufre. Como ha señalado la Plataforma de los 7.000, necesitamos con urgencia una Ley de tratamientos paliativos cuyos beneficios alcancen a toda la población. Hay que eliminar el sufrimiento y no a los que sufren. La Conferencia ha glosado el adagio médico de que la medicina “debe curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre”. A él habría que añadir un cuarto componente: “no matar nunca”. Para afrontar el sufrimiento hay otros medios, como aliviar las molestias, controlar el dolor, consolar al paciente o acompañar y mejorar su situación vital. Los enfermos tiene derecho a no sufrir inútilmente, a que se respete su libertad de conciencia, a conocer la situación en que se encuentren, a participar en la decisiones sobre las intervenciones a que se sometan, a que se respete su privacidad y la presencia de sus familiares, y a recibir asistencia espiritual. Tienen derecho a recibir tratamientos paliativos aunque recorten su vida, a que no se prolonguen las terapias de forma innecesaria, y a eludir el encarnizamiento y la obstinación terapéutica. Como ha señalado el documento pontificio “Samaritanus bonus” (2020), la miseria más grande es la falta de esperanza ante la muerte. La compasión humana no consiste en provocar la muerte del enfermo, sino en acogerlo, sostenerlo en las dificultades y ofrecerle afecto, atención y medios para aliviar el sufrimiento. Los partidarios de la eutanasia mantienen que el sufrimiento supone una vida indigna y que la muerte asistida es la mejor manera de superarlo. La calidad de la vida vale más que la vida misma ¿Con qué baremo se mide esa calidad para llegar a la conclusión de que no merece la pena ser vivida? Nadie –ni médico, juez o funcionario- tiene derecho a decidir que algunos seres humanos no tengan derecho a vivir y deban morir para conservar su dignidad. Ningún ser humano pierde la dignidad por sufrir. Como señaló San Juan Pablo II en su encíclica “Evangelium Vitae”, “cualquier persona puede llegar a descubrir en la ley natural de su corazón el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia y la misma comunidad política”. El papa Francisco ha reafirmado el valor inviolable de la vida, que “es una verdad básica de la ley natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico”. No hay que contraponer el sufrimiento con la posibilidad de vivir dignamente y dejar morir cuando la ley natural llame a ese momento. El Foro de Laicos de España ha respaldado el valor absoluto de cualquier vida humana y de su intocable dignidad. En la declaración conjunta de las Religiones Monoteistas Abrahánicas (2019) ha afirmado que “el cuidado de los moribundos representa una forma de asumir con responsabilidad el don divino de la vida cuando ya no es posible tratamiento alguno y muestra la responsabilidad humana y ética con la persona que sufre ante la muerte inminente. El cuidado respetuoso de la persona debe reconocer como objetivo fundamental la dimensión específicamente humana, espiritual y religiosa de la muerte”. Por consiguiente, se ha opuesto a cualquier forma de eutanasia, porque contradice fundamentalmente el valor inalienable de la vida humana Por último, los defensores de la eutanasia han invocado la autonomía de la voluntad de las personas y su derecho a decidir sobre su propia muerte. “Yo soy dueño de mi vida y moriré cuando y como quiera”, alegan. Pedir la eutanasia no significa que se reconozca la autonomía del paciente, sino bien al contrario, desconocer el valor de la libertad condicionada por la enfermedad y el dolor. Aceptar este argumento supondría justificar el suicidio asistido y el suicidio a secas, así como una eventual legalización de aberraciones como la pederastia o del bestialismo, si la voluntad de cualquier individuo es suprema, con independencia de los derechos y libertades de terceros. Un pensador –creo recordar que André Maurois- decía que los hombres en sociedad se asemejaban a los erizos, que si se mantenían separados no se escuchaban y si se acercaban demasiado se pinchaban. Hay que encontrar una fórmula que establezca la distancia adecuada y fije las normas de comportamiento para que se escuchen y no se pinchen. Esta reflexión es aplicable al establecimiento de las normas sobre el derecho de las personas a la vida La eutanasia no es un derecho Como ha señalado el Comité de Bioética de España, la eutanasia no es un derecho, ni un signo de progreso, sino de regresión. Responder con la eutanasia a la deuda que la sociedad ha contraído con sus mayores no parece que sea el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y de la solidaridad intergeneracional. No Hay que confundir lo que es lícito, porque así lo ha decidido el legislador con acabar con la vida de los ciudadanos. Para que un deseo o una pretensión se transformen en un derecho es necesario situar esa pretensión en el marco de las relaciones sociales como algo razonablemente exigible. La existencia del derecho exige razones más allá de los meros deseos del legislador, ya que implica poner en sus manos un poder que le permite controlar la conducta de otras personas, determinar lo que éstas puedan hacer o dejar de hacer, y hacerlo con el respaldo del papá Estado. Con la legalización de la eutanasia y su incorporación a las prestaciones del Estado, éste tendrá en sus manos no ya la salud de sus ciudadanos, sino también sus propias vidas, superando con ello uno de los principales límites del Estado liberal, en virtud de los cuales la vida de los ciudadanos no puede estar sometida a los poderes públicos. Esta legalización de la eutanasia supone una vía devastadora contra la protección de la vida humana. Podrá ser derecho positivo, porque así lo hayan decidido las Cortes, pero no es un derecho legítimo por estar en contra del Derecho Natural, que está impreso en la conciencia de todos los ciudadanos. Habrá que esperar a conocer la opinión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley. Tampoco es una decisión progresista, sino un retroceso en la civilización, ya que, en un contexto en que el valor de la vida humana se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidad familiar o gasto público, la legalización de la muerte temprana añade un obstáculo más al reconocimiento del derecho a la vida. Es llamativa la contradicción de la izquierda que ha luchado por la abolición de la pena de muerte y ha conseguido, a justo título, que se consagre en nuestra Constitución -aún cuando suponga un beneficio para los criminales-, pero promueve la muerte de inocentes nasciturus o enfermos desahuciados al defender el aborto o la eutanasia. La efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo socio-sanitario debería constituir para el Gobierno, ética y socialmente, el camino a emprender de manera inmediata, en vez de proclamar un derecho a acabar con la vida de los ciudadanos a través de una prestación pública. La muerte provocada no puede ser un hatajo para sanear la Seguridad Social o ahorrar recursos humanos y económicos en los servicios de cuidados paliativos. El Congreso ha fundamentado la aprobación de la Ley sobre la Eutanasia en el artículo 149-1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencias para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y se ha olvidado de mencionar el básico artículo 15, que establece que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. La Ley reconoce el derecho a solicitar y recibir lo que púdicamente se ha denominado “prestación de ayuda para la muerte” (artículo 4), para lo que se requiere ser mayor de edad y español –o residir en España-, “sufrir una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento grave crónico e imposibilitante”, hacer dos solicitudes por escrito de manera voluntaria y prestar consentimiento informado (artículo 5). Las prestaciones de ayuda para morir estarán incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y serán de financiación pública (artículo 13), y los profesionales sanitarios podrán ejercer la objeción de conciencia, de forma participada y por escrito, y deberán inscribirse en un registro “ad hoc” (artículo 16). El arzobispo de Burgos, Mario Iceta –que además de en Teología es doctor en Medicina- ha afirmado que la práctica eutanásica contradice la razón de ser de la medicina, que siempre a ha sido curar, al menos aliviar y siempre acompañar y consolar. “Ahora se introduce un nuevo objetivo: eliminar la vida del interno”. Ha estimado que hay algunos puntos especialmente chocantes como la consideración de la eutanasia como muerte natural, la dificultad de valorar la capacidad de decisión en estas situaciones –especialmente cuando haya alteraciones psicológicas-, la inscripción obligatoria en registros de los médicos objetores, y la obligatoriedad de ofrecer la eutanasia en todos los centros, incluidos los que estén en desacuerdo con ella. La medicina posee cada día más capacidad para eliminar el dolor y aliviar el sufrimiento de los enfermos y no entra en su razón de ser la eliminación de la vida del paciente. “Las razones esgrimidas para abanderar la eutanasia son de tipo ideológico y no médico”. El PSOE rechazó hace cuatro años la propuesta de Podemos de legalizar la eutanasia y ahora ha tomado la iniciativa. ¿Acaso tiene algo que ver con la presencia de Podemos en el Gobierno y su alianza con ERC y Bildu? Sánchez debería explicar al pueblo español las causas de este giro copernicano. El Congreso ha rechazado la enmienda podemita de aplicar la eutanasia a los menores de edad, en medio de esta orgía eutanásica en el hemiciclo. Ha adoptado una actitud más propia de la Reina de corazones en “Alicia en el País de las Maravillas”, en el sentido de que, cuando a un enfermo le duele la cabeza, lo mejor es cortársela. El PSOE ha cambiado el mensaje de Jesucristo de que “La verdad os hará libres” (Juan, 8/31) por el de ¡La muerte os hará libres”. Me gustaría conocer la opinión sobre este tema de los diputados, senadores y prohombres cristianos del PSOE, Ciudadanos y el PNV, si es que queda alguno. Cabe concluir que es contrario al Derecho Natural causar la muerte de un enfermo para evitarle el dolor y el sufrimiento. Ni el paciente, ni la familia del mismo, ni el personal sanitario o burocrático tienen derecho a provocar la muerte de una persona. Acabo recordando las palabras sencillas y entrañables de la madre Teresa de Calcuta: ”La vida es belleza, admírala. La vida es vida, defiéndela” Madrid, 31 de diciembre de 2020