Enésima afrenta judicial de Bélgica a España

ENÉSIMA AFRENTA JUDICIAL DE BÉLGICA A ESPAÑA El pasado día 7 se conoció el auto de la Cámara del Consejo del Tribunal de primera instancia de Bruselas –sección flamenca- por el que ha denegado la entrega a los Tribunales españoles del antiguo Consejero de Cultura de la Generalitat, Lluis Puig, reclamado por una Orden de Entrega y Detención Europea –OEDE- del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por los delitos de sedición y malversación. La decisión ha sido tomada a puerta cerrada y no se ha hecho pública, por lo que la información sobre la misma hay que buscarla en las filtraciones realizadas a la prensa belga. La Fiscalía de Bélgica ha apelado contra esta decisión a la Cámara de Acusaciones, organismo igualmente opaco, que no suele motivar sus decisiones ni hacerlas públicas. Contra su eventual decisión cabrá recurso ante la Corte de Apelación. Animosidad de las autoridades belgas hacia España Ésta es una muestra más de la tradicional animosidad hacia España de las autoridades belgas, especialmente las judiciales, pero que se extiende a todos los poderes del Estado. Así, el entonces Primer Ministro, Charles Michel –actual Presidente del Consejo Europeo- criticó al Gobierno español por su actuación con motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017. Su Viceprimer Ministro, Jan Jambon, puso a la justicia española a caer de un burro y expresó su disposición a conceder el estatuto de refugiado político al prófugo ex–Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los Consejeros de su Gobierno huidos de la justicia española y refugiados en Bélgica. El Presidente el Parlamento de Flandes, Jan Peuman, ha censurado la democracia española y mantenido que España no debería ser miembro de la UE. Con motivo de la presentación de una OEDE contra Puigdemont, el Fiscal del Rey, Jean-Marc Meilleur, afirmó que examinaría con atención la petición para impedir que pudiera producirse una violación de sus derechos fundamentales, puso en duda el respeto por parte de España de los derechos humanos y exigió garantías de que serían objeto de un juicio justo y no estarían sujetos a episodios de violencia. La historia de la falta de cooperación de la justicia belga con la española viene de lejos, pues muchos de sus miembros estiman que España no es un Estado de Derecho y que sus Tribunales no ofrecen suficientes garantías de independencia y credibilidad. Los tribunales belgas han rechazado en diversa ocasiones la extradición de terroristas de ETA so pretexto de que no recibirían un juicio justo. El caso más reciente ha sido el de la negativa a entregar a la activista etarra Natividad Jáuregui a) “Pepona”, acusada del asesinato del Coronel Romeo. Un tribunal de Gante afirmó que la entrega de un miembro del “movimiento armado de resistencia vasca” sería atentatoria a sus derechos fundamentales, ya que sería sometido a un régimen de privación de libertad en condiciones degradantes, acompañado de torturas y sin apenas permitir contactos con el mundo exterior, incluidos sus abogados y familiares. Semejantes falsedades fue ron avaladas por el Tribunal de Apelación. Los hijos de Romeo denunciaron a Bélgica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien les dio la razón y condenó a este país al pago de una indemnización por no haber cumplido con su obligación de cooperación con España de conformidad con el régimen de la OEDE, aunque –a pesar de este reconocimiento- no obligó a las autoridades belgas a entregar a la etarra a los tribunales españoles para que fuera sometida a juicio. La situación ha devenido kafkiana cuando Bélgica aceptó junto a los demás socios de la UE, España incluida, el sistema de la OEDE, establecido para facilitar y acelerar las extradiciones en base al reconocimiento de que todos los Estados miembros cuentan con tribunales homologados y dignos de confianza. Si Bélgica estimaba que España no contaba con tribunales de este tenor, no debería haber aceptado el régimen de la OEDE en relación con ella. Lo que no puede es aceptar unas obligaciones y luego incumplirlas con el argumento de que los tribunales españoles no garantizan la celebración de juicios justos a los delincuentes entregados. El sistema está basado en la confianza mutua y la presunción de que los tribunales de los distintos Estados actúan conforme a derecho y pronuncian sentencias justas. Las OEDE deben ser tramitadas con celeridad si cumplen los requisitos formales exigidos y el tribunal al que se solicita la entrega no puede entrar a examinar el fondo del asunto. Sólo excepcionalmente puede rechazar la entrega en el caso de posible violación de los derechos fundamentales de la persona requerida. Como manifestó el TEDH en el caso Jáuregui, la revocación de la presunción de cumplimiento de los derechos humanos y la negativa a la entrega de la persona requerida por el riesgo de que pudieran verse violados dichos derechos tenía que ser justificada mediante elementos circunstanciados y bases fácticas suficientes que probaran de forma fehaciente el peligro de manifiesta violación de tales derechos, y los tribunales belgas no habían probado la existencia de un peligro real e individualizado de violación de los derechos fundamentales de Jáuregui. Puigdemont y sus cuatro consejeros prófugos en Bélgica tuvieron la desfachatez de presentar en los tribunales belgas una querella criminal y una demanda de resarcimiento por daños morales contra el instructor del TS, Pablo Llarena, y el Reino de España, que fueron rechazadas por la jurisdicción belga al aceptar la inmunidad de jurisdicción del Estado español por sus actos “iure imperii”, de conformidad con el principio general del Derecho “par inter pares non habet imperium”. Tras los reiterados ataques de Bélgica a la justicia española, una cincuentena de Embajadores jubilados escribieron el 21 de mayo de 2018 una carta al Embajador belga en Madrid, Marc Calcoem, en la que expresaban su preocupación e indignación por el alto grado de desconfianza de las instituciones belgas hacia la justicia española, que se compadecía mal con que España –socio de Bélgica en la UE y aliado en la OTAN- fuera parte en todos los Convenios sobre Derechos Humanos, y aceptara y cumpliera el régimen de la OEDE. El 24 de diciembre de 2018 le enviaron una nueva carta en la que expresaban su esperanza en que –frente a la tentativa explícita de las autoridades catalanas de violar unilateralmente el orden constitucional y estatutario, romper la integridad territorial de España y obtener la independencia de Cataluña, Bélgica prestaría a España el mismo apoyo que ésta le prestó durante la I Guerra Mundial, a través de su Embajador en Bruselas, el Marqués de Villalobar El Embajador belga no se ha dignado responder a las cartas de sus colegas.. Incumplimiento por Bélgica del régimen de las OEDE Para negarse a ejecutar las OEDE solicitadas por España, los tribunales belgas se han basado a veces en fútiles argumentos formales, como cuando rechazaron la entrega de Puigdemont y sus comilitones porque no existía una orden nacional subyacente válida que se correspondiera con el contenido de la OEDE, lo que era contrario a la verdad puesto que la orden había sido emitida por la magistrada instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y reiterada más tarde por el magistrado instructor del TS, Pablo Llarena. Otras veces han entrado indebidamente a examinar en el fondo del asunto y enmendado la plana al juez español, como en el caso Valtoncyk. El rapero Josep Miquel Arenas fue condenado en 2017 por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por los delitos de terrorismo e injurias a la Corona. El Tribunal belga estimó que las declaraciones de Valtoncyk era un ejercicio de la libertad de expresión y que el juicio y la condena habían sido injustos, por lo que denegó su entrega a la justicia española. El caso Puig es un modelo de libro de la grosera injerencia de la Cámara del Consejo de Bruselas en la jurisdicción española. El Tribunal belga ha tenido la desfachatez de imponer el Derecho Procesal belga al español -que es el único competente-, para afirmar que el TS no es competente para enjuiciar a los políticos catalanes, que sólo son justiciables ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha alegado que España ha violado el artículo 47 de la carta de Derechos Fundamentales de la UE, que prevé que “toda persona tiene derecho a que su causa se oída equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable y por un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda perdona podrá hacerse aconsejar, defender y representar”. Según la normativa sobre la OEDE, el Estado al que se solicita la entrega sólo puede negarse a hacerlo cuando existan motivos fundados para creer que la ejecución de la Orden afectaría negativamente los derechos fundamentales de la persona requerida. El Tribunal belga se ha entrometido en el Derecho Procesal español y ha partido de sendas premisas falsas: que el TS no es competente para cursar la OEDE y enjuiciar a Puig, ya que sólo el Tribunal Superior de Justicia Cataluña puede hacerlo, y que, al haber intervenido un tribunal incompetente, se ha violado el derecho del ex-Consejero de Cultura a ser enjuiciado por su juez natural. Ergo, Puig ha visto adversamente afectado un derecho fundamental, por lo que Bélgica no está obligada a entregarlo. Un juez belga no tiene competencia para decidir cuál es la norma procesal aplicable en España a un caso determinado y su decisión es claramente “ultra vires”. Como ha observado Rafael Arenas, el juez belga ha fiscalizado la interpretación que ha hecho el TS de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, lo cual no sólo es contrario a la OEDE, sino a toda la lógica de la cooperación judicial en Europa, que se basa en el principio de confianza y respeto mutuo. De ahí que la interpretación que haga un juez de un Estado miembro de su propia ley tiene que ser aceptada por los demás jueces europeos. La primera en solicitar una OEDE contra Puigdemont y cuatro Consejeros de su Gobierno –incluido Puig -fue la magistrada instructora de las Audiencia Nacional, pero, como resultaban afectadas personas aforadas, el TS asumió el caso y designó un instructor ad hoc, que instruyó el procedimiento contra el Vicepresidente Oriol Junqueras y las demás personas aforadas involucradas en el referéndum ilegal del 1-O que habían permanecido en España. Han sido juzgados por el tribunal predeterminado competente –el más alto del país- en un juicio ejemplar que ha sido transmitido en vivo por la TV, y en el que los acusados han sido suficientemente aconsejados y defendidos. Haciendo gala de su ignorancia del Derecho Procesal español, el tribunal belga ha mantenido que Puig sería juzgado por el TS, lo que no es cierto, dado que –al no ser eurodiputado como sus colegas y no estar aforado-, sería juzgado por la Audiencia Nacional, al igual que el Jefe de los Mossos, José Luis Trapero o los dirigentes políticos de la policía autonómica. La Cámara del Consejo de Bruselas ha dado por buena la afirmación de Puigdemont de que sus derechos fundamentales no habían sido respetados y –entrando una vez más en el fondo del asunto, a lo que no está autorizado-, ha citado como gran referencia jurídica el informe de 2019 de un Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que afirmó -por si y ante sí, y sin la menor base jurídica- que el TS no era competente para juzgar a los encausados por el referéndum ilegal del 1-O. Uno de los organismos más desprestigiados de la ONU es la Comisión de Derechos Humanos, cuyos miembros son cooptados por los Grupos regionales de Naciones Unidas. Ello hace posible que formen parte de la misma Estados de dudoso pedigrí en materia de Derechos Humanos como Rusia, China, Irán, Irak, Arabia Saudita, Bahrein, Cuba, Venezuela o Nicaragua, que es como poner a las zorras al cuidado del gallinero. La Comisión crea los más variopintos Grupos de Trabajo sobre temas muy diversos, en algunos de los cuales se integran personas inadecuadas o mercenarias, que se venden al mejor postor. Son estos Grupos los que aprovecha la Generalitat para hacer su propaganda internacional a cambios de sustanciosas contribuciones monetarias o en especie. Tal ha ocurrido con el citado Grupo de Detención Arbitraria, cuyo relator fue José Antonio Guevara, un jurista mejicano de dudosa reputación. Cuando visitó España para ver la situación sobre el terreno ya tenía redactado su informe, en el que mantenía que la detención de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart supuso una violación por parte del Estado español de la Declaración Universal de Derechos Humanos y exigía su inmediata liberación. Asimismo ponía en tela de juicio la competencia del TS para juzgar a los encausados. Los informes de los Grupos de Trabajo no son vinculantes, salvo que los asuma la Comisión y adopte la correspondiente resolución. El Gobierno ya criticó en su día el citado informe, que carecía del menor rigor jurídico y estaba repleto de falacias e inexactitudes. La decisión dela Cámara bruselense ha sido acogida con entusiasmo por los sectores separatistas catalanes. El Vicepresidente del Parlament y abogado de Puig, Josep Costa, ha afirmado que se trata de una sentencia de gran importancia, porque aborda la cuestión de la competencia y habla de una vulneración de los derechos fundamentales del requerido. Ha estimado que el criterio seguido con respecto a Puig podría ser aplicado igualmente a Puigdemont, en el caso de que el Parlamento Europeo concediera el suplicatorio y levantara su inmunidad. Arturo Puente ha escrito en “elDiario.es” un artículo titulado “El último traspiés del Supremo en Bélgica deja tocadas las aspiraciones de extradición de Puigdemont”, en el que destaca que ha sido la primera vez que un juez belga ha fundamentado la negativa a entregar a una persona requerida mediante una OEDE en base a que se produciría una violación de los derechos fundamentales del interesado. La decisión no tiene desperdicio. Es arbitraria, invade la soberanía de la jurisdicción española, pretende determinar quién sería el tribunal competente para juzgar a Puig, incumple las disposiciones de la Decisión sobre la OEDE al entrar indebidamente a examinar el fondo del asunto, y atenta contra los principios de la UE en materia de cooperación judicial. Se trata en el mejor de los casos de ignorancia y, en el peor de ellos, de prevaricación. Incidencia de la resolución sobre la OEDE y sobre las relaciones hispano-belgas La decisión de la Cámara del Consejo de Bruselas tendrá serias incidencias en los ámbitos de la estructura y la operatividad de las OEDE, y en el de las relaciones diplomáticas hispano-belgas. La asociación “Impulso Ciudadano” ha remitido sendas cartas al Ministro español de Justicia, al Comisario europeo del ramo y a los grupos del Parlamento Europeo para llamar la atención sobre las graves discrepancias existentes entre Bélgica y España en la interpretación y la ejecución de las OEDE, que deberán ser resueltas. Ha pedido que se reflexione sobre el funcionamiento de la Orden, se refuerce el proyecto europeo de cooperación judicial entre los Estados miembros y se apliquen de manera eficaz los instrumentos jurídicos de la UE. Ha señalado asimismo que decisiones como la adoptada por la Cámara de Bruselas condiciona en España la percepción sobre el objeto y el fin de la integración europea y fomenta el euroescepticismo. Comparto la opinión de Impulso Ciudadano y coincido en su apreciación de que el régimen de las OEDE no se está aplicando como es debido y dificulta la consecución de un único espacio jurídico europeo. Pese a la renuencia de la Comisión Europea, hay que introducir modificaciones en el sistema para mejorar su funcionamiento, precisando los supuestos de entrega automática, aclarando los supuestos de doble incriminación y reforzando la automaticidad y la celeridad en la entrega de las personas requeridas. En el ínterin, la Comisión Europea-y eventualmente el Tribunal de Justicia de la UE- deberían obligar a los tribunales belgas a que cumplan lealmente con las disposiciones relativas a las OEDE. De no conseguirse estos objetivos, los tribunales españoles deberían aplicar el principio de la reciprocidad y negarse a tramitar las OEDE solicitadas por los tribunales belgas. Como ha declarado Arenas, Vicepresidente de Impulso Ciudadano, los Gobiernos españoles se han quedado en respetar las decisiones judiciales, como si se hablara de la sentencia de un tribunal en un caso penal y no es así. Cuando surgieron las primeras denegaciones, el Gobierno tendría que haber actuado de acuerdo con la naturaleza de la OEDE y el Ministro de Justicia debería haber dicho: “Estamos preocupados porque no se están cumpliendo, porque la lógica de la euroorden es que se ejecute. Y voy a entrevistarme con el Comisario de Justicia de la UE para analizar este problema, y pedir a la Comisión Europea que haga un análisis de obligado cumplimientos de las euroórdenes. Queremos tener un informe de cuántas euroórdenes se cumplen y se ejecutan, y cuántas no y por qué razones”. Y a partir de ahí, haber pedido una revisión del instrumento, porque lo que no puede ser es que los criterios para aplicarlas varíen de país a país. Y lo que tenía que haber hecho la UE era instar a la Comisión a hacer lo mismo y, si había que introducir reformas, introducirlas. Si entendemos que habría que reducir su ámbito de aplicación a determinados delitos, pues no habrá más remedio que asumirlo y excluir algunos delitos controvertidos –como rebelión o sedición- de la aplicación de la OEDE. “Lo que no puede ser es que tengamos un instrumento que en teoría debería haber provocado que el señor Puigdemont y el resto estuvieran ya en España hace dos años y no sea así. No puede ser que España esté ejecutando las euroórdenes con toda lealtad, todas las que se le piden, aplicando rigurosamente el instrumento, y otros países no hagan lo mismo. Es inasumible”. También ha estimado Arenas que existe la vía del TJUE, mediante el envío de una cuestión prejudicial, para que interprete cómo hay que aplicar las OEDE en estos casos. El TS es quien debería haber planteado esa cuestión. El Gobierno podría advertir de que, en caso de que las OEDE no fueran atendidas, estudiaría la posibilidad de enviar al tribunal de Luxemburgo a los Estados que no las cumplieran y que fuera éste el que determinara si había habido o no incumplimiento del derecho de la UE. Pero no se trata sólo de un problema técnico-jurídico, sino que hay también un importante componente político. Los tribunales belgas y las autoridades del país en general han dado reiteradas muestras de menosprecio de, y hostilidad a, la jurisdicción española, y negado la credibilidad a sus jueces y hasta la condición de España como Estado de Derecho. Ello resulta intolerable y afecta muy adversamente a las cordiales relaciones que deberían existir entre dos Estados que son socios en el seno de la UE y aliados en el marco de la OTAN. No comprendo la actitud de los tribunales y del Gobierno de Bélgica, e ignoro las gestiones que hayan podido hacer el Gobierno y la diplomacia de España para paliar esta lamentable situación, pero los resultados no parecen haber sido satisfactorios. Los continuos actos inamistosos hacia España podrían constituir incluso un motivo para la ruptura o la interrupción de las relaciones diplomáticas entre los dos países o, cuando menos, haber provocado la presentación de fuertes protestas diplomáticas o la retirada por algún tiempo del Embajador español en Bruselas. El Gobierno español debería ser más firme y menos tolerante con los injustificados exabruptos de las instituciones belgas. Con un socio y aliado como Bélgica, España no necesita enemigos. Playa de Amposta, 15 de agosto de 2020

Nth judicial affront of Belgium to Spain

Nth judicial affront of Belgium to Spain August 17, 2020 Jose Antonio Yturriaga Ambassador of Spain, professor of Diplomatic Law at the UCM. Carles Puigdemont On August 7th the order of the Chamber of the Council of the Court of First Instance of Brussels - Flemish section - by which it has denied the delivery to the Spanish Courts of the former Minister of Culture of the Generalitat, Lluis Puig, claimed by a European Surrender and Detention Order – Euro-order - of the investigating judge of the Supreme Court, Pablo Llarena, for the crimes of sedition and embezzlement. The decision has been taken behind closed doors and has not been made public, so information on it must be sought in the leaks made to the Belgian press. The Belgian Prosecutor's Office has appealed against this decision to the Chamber of Accusations, an equally opaque body, which does not usually give reasons for its decisions or make them public. Against this eventual decision there will be an appeal to the Court of Appeal. Animosity of the Belgian authorities towards Spain This is one more example of the traditional animosity towards Spain of the Belgian authorities, especially the judicial ones, but which extends to all the powers of the State. Thus, the then Prime Minister, Charles Michel -current President of the European Councilcriticized the Spanish Government for its action on the occasion of the illegal referendum of October 1, 2017. His Deputy Prime Minister, Jan Jambon, put the Spanish justice system in serious doubt and expressed his willingness to grant the status of political refugee to the fugitive ex-President of the Generalitat, Carles Puigdemont, and to the Councilors of his Government fled from the Spanish justice and refugees in Belgium. The President of the Flanders Parliament, Jan Peuman, has censured the Spanish democracy and maintained that Spain should not be a member of the EU. On the occasion of the presentation of a Euro-order against Puigdemont, the King's Prosecutor, Jean-Marc Meilleur, stated that he would carefully examine the petition to prevent a violation of his fundamental rights from taking place, questioned the respect by Spain of human rights and demanded guarantees that they would be subject to a fair trial and would not be subject to episodes of violence. The history of the lack of cooperation between the Belgian and Spanish courts goes back a long way, as many of its members consider that Spain is not under the rule of law and that its Courts do not offer sufficient guarantees of independence and credibility. Belgian courts have repeatedly rejected the extradition of ETA terrorists on the pretext that they would not receive a fair trial. The most recent case has been the refusal to hand over the ETA activist Natividad Jáuregui a) "Pepona", accused of the murder of Colonel Romeo. A court in Ghent affirmed that the handing over of a member of the “Basque armed resistance movement” would be an attack on her fundamental rights, since she would be subjected to a regime of deprivation of liberty in degrading conditions, accompanied by torture and hardly allowing contacts with the outside world, including her lawyers and family. Such falsehoods were endorsed by the Court of Appeal. Romeo's children denounced Belgium before the European Court of Human Rights, who agreed with them and sentenced this country to pay compensation for not having fulfilled its obligation to cooperate with Spain in accordance with the OEDE regime, although –despite this recognition- it did not oblige the Belgian authorities to hand over the ETA woman to the Spanish courts for trial. The situation has become Kafkaesque when Belgium accepted, together with the other EU partners, including Spain, the OEDE (Euro-order) system, established to facilitate and accelerate extraditions based on the recognition that all Member States have approved and trustworthy courts. If Belgium believed that Spain did not have such courts, it should not have accepted the OEDE regime in relation to it. What it cannot do is accept certain obligations and then fail to comply with them on the grounds that the Spanish courts do not guarantee fair trials for the criminals handed over. The system is based on mutual trust and the presumption that the courts of the different states act in accordance with the law and pronounce fair sentences. Euro-orders must be processed expeditiously if they meet the formal requirements and the court to which delivery is requested cannot enter to examine the merits of the matter. Only exceptionally can you refuse delivery in the event of a possible violation of the fundamental rights of the requested person. As stated by the ECHR in the Jáuregui case, the revocation of the presumption of compliance with human rights and the refusal to surrender the requested person due to the risk that said rights could be violated had to be justified by circumstantial elements and factual bases sufficient to prove in a reliable way the danger of a manifest violation of such rights, and the Belgian courts had not proven the existence of a real and individualized danger of violation of Jáuregui's fundamental rights. Puigdemont and his four escaped counselors in Belgium had the audacity to present in the Belgian courts a criminal complaint and a claim for compensation for non-pecuniary damage against the TS instructor, Pablo Llarena, and the Kingdom of Spain, which were rejected by the Belgian jurisdiction by accepting the immunity from jurisdiction of the Spanish State for its acts “iure imperii”, in accordance with the general principle of Law “par inter pares non habet imperium”. Following Belgium's repeated attacks on Spanish justice, around fifty retired Ambassadors wrote a letter to the Belgian Ambassador in Madrid, Marc Calcoem, on May 21, 2018, expressing their concern and outrage at the high degree of distrust of the Belgian institutions towards the Spanish justice system, and were unhappy with the fact that Spain - Belgium's partner in the EU and an ally in NATO - was a party to all Human Rights Conventions, and accepted and complied with the OEDE regime was not recognized as such. On December 24, 2018 they sent him a new letter in which they expressed their hope that - in the face of the explicit attempt by the Catalan authorities to unilaterally violate the constitutional and statutory order, break the territorial integrity of Spain and obtain the independence of Catalonia, Belgium would lend Spain the same support that Spain gave it during World War I, through its Ambassador in Brussels, the Marquis de Villalobar. The Belgian Ambassador has not deigned to respond to the letters of his colleagues. Non-compliance by Belgium with the Euro-order regime To refuse to enforce the Euro-orders requested by Spain, Belgian courts have sometimes relied on futile formal arguments, such as when they rejected the surrender of Puigdemont and his accomplices because there was no valid underlying national order corresponding to the content of the Euro-order, which was contrary to the truth since the order had been issued by the examining magistrate of the National Court, Carmen Lamela, and later reiterated by the examining magistrate of the Supreme Court, Pablo Llarena. Other times they have improperly entered to examine the merits of the matter and amended the plan of the Spanish judge, as in the Valtoncyk case. Rapper Josep Miquel Arenas was sentenced in 2017 by the National Court to three and a half years in prison for the crimes of terrorism and insults to the Crown. The Belgian Court considered that Valtoncyk's statements were an exercise of freedom of expression and that the trial and conviction had been unfair, so it denied his delivery to the Spanish courts. The Puig case is a book model of the rude interference of the Brussels Council Chamber in the Spanish jurisdiction. The Belgian Court has had the audacity to impose Belgian Procedural Law on Spanish Law -which is the only competent-, to affirm that the Supreme Court is not competent to prosecute Catalan politicians, who are only tried before the Superior Court of Justice of Catalonia. It has alleged that Spain has violated Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights, which provides that “everyone has the right to have their case heard fairly, publicly and within a reasonable time and by an independent and impartial court, previously established by law. Any person can be advised, defended and represented”. According to the regulations on the OEDE, the State to which surrender is requested can only refuse to do so when there are reasonable grounds to believe that the execution of the Order would negatively affect the fundamental rights of the requested person. The Belgian Court has meddled in Spanish Procedural Law and has started from false premises: that the Supreme Court is not competent to make the Euro-order and prosecute Puig, since only the Superior Court of Justice of Catalonia can do so, and that, by having intervened an incompetent court, the right of the former Minister of Culture to be tried by his natural judge has been violated. Ergo, Puig has been adversely affected in a fundamental right, so Belgium is not obliged to surrender him. A Belgian judge does not have jurisdiction to decide what is the procedural rule applicable in Spain to a given case and his decision is clearly “ultra vires”. As Rafael Arenas has observed, the Belgian judge has supervised the interpretation that the Supreme Court has made of the Spanish Criminal Procedure Law, which is not only contrary to the Euro-order, but to the entire logic of judicial cooperation in Europe, which is based on the principle of trust and mutual respect. Hence, the interpretation made by a judge of a Member State of its own law has to be accepted by other European judges. The first to request a Euro-order against Puigdemont and four Councilors of his Government - including Puig - was the examining magistrate of the National Court, but, as procedurally protected people were affected, the Supreme Court took up the case and appointed an ad hoc instructor, who instructed the proceeding against Vice President Oriol Junqueras and the other persons involved in the illegal referendum of October 1 who had remained in Spain. They have been tried by the competent predetermined court - the highest in the country - in an exemplary trial that was broadcast live on TV, and in which the accused have been sufficiently advised and defended. Showcasing its ignorance of Spanish Procedural Law, the Belgian court has maintained that Puig would be tried by the Supreme Court, which is not true, given that - as he is not a MEP like his colleagues and is not procedurally protected -, he would be tried by the National Court, like the Chief of the Mossos, José Luis Trapero or the political leaders of the regional police. The Chamber of the Council of Brussels has accepted Puigdemont's affirmation that his fundamental rights had not been respected and - going once again to the bottom of the matter, to which they are not authorized -, has cited as a great legal reference the 2019 report of a Working Group on Arbitrary Detention, which affirmed - in and of itself, and without the slightest legal basis - that the Supreme Court was not competent to judge those indicted for the illegal referendum of October 1st. One of the most discredited bodies in the UN is the Human Rights Commission, whose members are co-opted by regional UN groups. This makes it possible for States with dubious pedigree in terms of Human Rights, such as Russia, China, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, Cuba, Venezuela or Nicaragua, which is like putting foxes to guard the henhouse. The Commission creates the most diverse Working Groups on very diverse topics, some of which are made up of inappropriate or mercenary people, who are sold to the highest bidder. It is these groups that the Generalitat takes advantage of to make its international propaganda in exchange for substantial monetary or in-kind contributions. Such has happened with the aforementioned Arbitrary Detention Group, whose rapporteur was José Antonio Guevara, a Mexican jurist of dubious reputation. When he visited Spain to see the situation on the ground, he had already drawn up his report, in which he maintained that the detention of Oriol Junqueras, Jordi Sánchez and Jordi Cuixart represented a violation by the Spanish State of the Universal Declaration of Human Rights and demanded their immediate release. It also questioned the competence of the Supreme Court to try the defendants. The reports of the Working Groups are not binding, unless the Commission assumes them and adopts the corresponding resolution. The Government already criticized the aforementioned report, which lacked the least legal rigor and was full of fallacies and inaccuracies. The decision of the Brussels Chamber has been enthusiastically received by the Catalan separatist sectors. The Vice President of Parliament and Puig's lawyer, Josep Costa, has affirmed that it is a sentence of great importance, because it addresses the issue of competence and speaks of a violation of the fundamental rights of the person requested. He has estimated that the criterion followed with respect to Puig could also be applied to Puigdemont, in the event that the European Parliament granted the request and lifted his immunity. Arturo Puente has written in "elDiario.es" an article entitled "The latest misstep of the Supreme Court in Belgium leaves Puigdemont's extradition aspirations touched", in which he highlights that it has been the first time that a Belgian judge has substantiated the refusal to deliver a requested person through a Euro-order on the basis that a violation of the fundamental rights of the interested party would occur. The decision is not wasted. It is arbitrary, invades the sovereignty of the Spanish jurisdiction, seeks to determine who would be the competent court to try Puig, fails to comply with the provisions of the Decision on the Euro-order by improperly entering to examine the merits of the case, and violates the principles of the EU in matters of judicial cooperation. It is ignorance at best and prevarication at worst. Impact of the resolution on the OEDE and on Spanish-Belgian relations The decision of the Chamber of the Council of Brussels will have serious consequences in the areas of the structure and operation of the Euro-orders, and in that of Spanish-Belgian diplomatic relations. The “Impulso Ciudadano” (Citizens’ Impulse) association has sent letters to the Spanish Minister of Justice, the European Commissioner for the sector and the groups of the European Parliament to draw attention to the serious discrepancies between Belgium and Spain in the interpretation and execution of the Euro-orders, that must be resolved. They have called for reflection on the functioning of the Order, the European project for judicial cooperation between the Member States to be strengthened and the legal instruments of the EU be applied effectively. It has also pointed out that decisions such as the one adopted by the Brussels Chamber condition in Spain the perception of the object and purpose of European integration and encourages Euroscepticism. I share the opinion of Impulso Ciudadano and agree in its assessment that the Euro-order regime is not being applied properly and makes it difficult to achieve a single European legal space. Despite the reluctance of the European Commission, modifications must be made to the system to improve its operation, specifying the assumptions of automatic delivery, clarifying the assumptions of double criminality and reinforcing the automaticity and speed in the delivery of the required persons. In the meantime, the European Commission - and eventually the EU Court of Justice - should oblige Belgian courts to loyally comply with the provisions relating to the Euro-orders. If these objectives are not achieved, the Spanish courts should apply the principle of reciprocity and refuse to process the Euro-orders requested by the Belgian courts. As Arenas, Vice President of Impulso Ciudadano, has declared, the Spanish governments have declared respect for judicial decisions, as if they were talking about the sentence of a court in a criminal case and it is not like that. When the first refusals arose, the Government should have acted in accordance with the nature of the Euro-order and the Minister of Justice should have said: “We are concerned that they are not being complied with, because the logic of the Euro-order is for it to be executed. And I am going to meet with the EU Commissioner for Justice to analyze this problem, and ask the European Commission to carry out an analysis of mandatory compliance with Euro-orders. We want to have a report on how many Euro-orders are fulfilled and executed, and how many are not and for what reasons”. And from there, having asked for a revision of the instrument, because what cannot be is that the criteria for applying them vary from country to country. And what the EU should have done was urge the Commission to do the same and, if reforms had to be introduced, introduce them. If we understand that its scope of application should be reduced to certain crimes, then there will be no choice but to assume it and exclude some controversial crimes - such as rebellion or sedition - from the application of the Euro-order. “What cannot be is that we have an instrument that in theory should have caused Mr. Puigdemont and the rest to be in Spain two years ago and it is not like that. It cannot be that Spain is executing the Euro-orders with all loyalty, all those that are asked of it, rigorously applying the instrument, and other countries are not doing the same. It is inacceptable”. Arenas has also considered that there is a way for the CJEU, by sending a preliminary ruling, to interpret how the Euro-orders should be applied in these cases. The TS is the one who should have raised that question. The Government could warn that, in the event that the Euro-orders were not addressed, it would study the possibility of sending to the Luxembourg court those States that did not comply with them and that it would be the latter to determine whether or not there had been a breach of the law of the EU. But it is not only a technical-legal problem, there is also an important political component. Belgian courts and the country's authorities in general have repeatedly shown contempt for, and hostility to, the Spanish jurisdiction, and denied credibility to its judges and even the status of Spain as under the rule of law. This is intolerable and very adversely affects the cordial relations that should exist between two States that are partners within the EU and allies within the framework of NATO. I do not understand the attitude of the courts and the Government of Belgium, and I do not know the steps that the Government and the Spanish diplomacy have been able to make to alleviate this unfortunate situation, but the results do not seem to have been satisfactory. The continuous unfriendly acts towards Spain could even constitute a reason for the rupture or interruption of diplomatic relations between the two countries or, at least, have caused the presentation of strong diplomatic protests or the withdrawal for some time of the Spanish Ambassador in Brussels. The Spanish Government should be more firm and less tolerant of the unjustified outbursts of the Belgian institutions. With a partner and ally like Belgium, Spain does not need enemies.

La marcha real; A cada uno lo suyo

LA MARCHA REAL: A CADA CUAL LO SUYO Se ha levantado la veda y, desde medios gubernamentales, se ha iniciado una inmisericorde cacería mayor del Rey Emérito, cual si fuera un elefante de Bostwana. Los partidos separatistas sustentadores del Gobierno han presionado sobre el Presidente, haciéndole saber que la presencia Juan Carlos I en el palacete de la Zarzuela hacía inviable su apoyo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Desde dentro del Gobierno de coalición, su Vicepresidente segundo –que ha manifestado urbi et orbe que su principal objetivo político era expulsar de España a los pérfidos Borbones e instaurar la III República- ha presionado fuertemente a su vez sobre Pedro Sánchez y ha exigido la expulsión del Rey Emérito, no sólo de la Zarzuela, sino también de España, la abdicación de Felipe VI por ser hijo de su padre, la derogación de la Constitución y la proclamación de una República plurinacional. Sánchez no ha desautorizado a Pablo Iglesias por sus furibundos ataques al Jefe del Estado, ni lo ha defendido públicamente, ya que en el fondo comparte las ideas republicanas de su Rasputín, y ha instado a su vez a Felipe VI y a su inmediato entorno -a través de su Vicepresidenta segunda, Carmen Calvo- a que propicie la salida de España del Rey Emérito, siguiendo las consignas del gurú oficial del Reino, Iván Redondo. Salida de España de Juan Carlos I Fruto de estas intolerables presiones ha sido la carta de 3 de agosto de Juan Carlos I a su hijo, en la que le comunicaba que “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”, había tomado la meditad de cisión de “trasladarme en estos momentos fuera de España”. El texto de la carta fue publicado en un comunicado del la Casa de S.M. el Rey, en el que se indicaba que Felipe VI había transmitido a su padre “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”, y resaltado la importancia histórica que representaba el reinado de Juan Carlos I “como legado y obra política e institucional al servicio de España y a la democracia”. De la misiva y del comunicado cabe deducir que la marcha del Rey Emérito ha siso consensuada entre la Casa Real y el Gobierno, que Felipe VI está reconocido a a su padre y contento de su marcha, que Don Juan Carlos se ha trasladado al extranjero “por el momento” y que piensa regresar cuando le plazca o cuando sea eventualmente citado por las autoridades judiciales, como consecuencia de la investigación iniciada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se limitará a los actos por él realizados con posterioridad a junio de 2014, cuando –con motivo de su abdicación- perdió la inviolabilidad de que gozaba de conformidad con el artículo 56-3 de la Constitución. Estimo que se están sacando las cosas de quicio, incluso por algunas personas que se declaran partidarios de la monarquía. Aunque no resulten fácilmente separables, cabe hacer cierta distinción entre la vida pública y privada de un Jefe de Estado –sea Rey o Presidente de la República-, sobre todo cuando –como en el caso de Juan Carlos I- ha dejado de serlo. La primera entra en el ámbito de la política y la segunda en el ámbito de la ética. Como ha señalado Carlos Herrera, habría que establecer el plano exacto en el que la vida privada de los Jefes de Estado incide con consecuencias públicas en la vida de los ciudadanos. La actuación privada del Rey Emérito deberá ser analizada desde la óptica de la legalidad más que la de la de la moralidad. Según José Antonio Zarzalejos, la marcha de Juan Carlos I supone una medida sancionadora acordada entre el Gobierno y Felipe VI, será por tiempo indefinido y probablemente tendrá carácter definitivo. Para Elisa de la Nuez, una vez descubiertas las andanzas patrimoniales y fiscales del Rey Emérito, la única solución posible era que se le apartara de cualquier labor institucional y que abandonara España. La grave crisis política existente estaba provocada por la falta de ejemplaridad de Juan Carlos I, por lo que había que restaurar con urgencia la ejemplaridad de la institución y diferenciar al Rey Emérito de su sucesor. Estimaba fundamental cerrar la anterior etapa a todos los efectos y retirar al antiguo monarca la dignidad honorífica de Rey que le reconoció el Real Decreto 470/2014. No estoy del todo de acuerdo con estas apreciaciones. Juan Carlos I no se ha ido al exilio como su abuelo Alfonso XIII, sino que se ha marchado de España por algún tiempo para dar un margen a que se calme la situación y se pongan las cosas en su sitio. Parece ser que Don Juan Carlos le dijo a su hijo que se iba para que estuviera tranquilo, y en su carta le expresó que quería contribuir a facilitarle el ejercicio de sus funciones, “desde la tranquilidad y el sosiego” que requería su alta responsabilidad. Como ha comentado Herrera, “si mañana el fiscal concluye que no encuentra motivos para pedir su procesamiento por asuntos desvelados por un policía encausado y una avispada comisionista, Juan Carlos podría volver a trasladarse a su casa, de la que ha sido amablemente invitado a marcharse”. Se trata de una especia de destierro voluntario. Como ha observado Jordi Canal, la salida del Rey Emérito no es ni una huida ni un exilio, sino un alejamiento temporal de unos focos cegadores. Juan Carlos I ha dado un paso al lado que su propio hijo y la Casa Real le venían reclamando. Es una medida preventiva y ejemplarizante que intenta frenar los efectos de unos malhadados ecos del pasado. Las monarquía de Felipe VI no se puede permitir el lujo de ser desprestigiada a partir de culpabilidades de otro momento. El antiguo monarca ha ofrecido una renuncia vital para no seguir perjudicando con sus actos y con su desprestigiada imagen actual la monarquía ejemplar de su hijo. Concuerdo con de la Nuez en que “si la Corona quiere subsistir, tiene que convertirse en una institución modélica que funcione como una referencia para todas las demás”, pero cabe distinguir entra la actuación pública y la privada del monarca, y no mezclarlas ni confundirlas. Un jefe de Estado puede llevar una vida privada deplorable y desempeñar una extraordinaria labor pública y viceversa, tener una vida privada impecable y ser un pésimo gobernante. La lamentable vida privada de Don Juan Carlos no tiene por qué enturbiar el excelente desempeño de su actividad política como Jefe del Estado, reconocida por todos en España y fuera de ella. Vida pública de Juan Carlos I Según Canal, no deberíamos cometer el error fácil o malintencionado de extender nuestras conclusiones o apreciaciones sobre el Juan Carlos I de los últimos años a todo su reinado. No es posible olvidar que el último cuarto del siglo XX ha sido un momento histórico excepcional, en el que se ha consolidado una España democrática, moderna, estable y abierta al mundo. El monarca y la monarquía parlamentaria tuvieron en ello un papel decisivo. Don Juan Carlos ha sido un gran Rey en la España del siglo XX, pero no ha sabido encontrar su lugar en la el siglo XXI. La historia debe imponerse a la memoria y el análisis equilibrado y riguroso del pasado a la mirada distorsionada del presentismo. En el ámbito de la política, Juan Carlos I ha dejado a los españoles una herencia notable, pues fue uno de los principales artífices -si no el principal- de la instauración de la democracia en España, y eso no se debe olvidar si somos bien nacidos. A Juan Manuel Burgos le parece una muy mala noticia que una personalidad que ha desempeñado un papel central en la Historia de España tenga que abandonar el país prácticamente a escondidas, y significa que algo va mal. Es cierto que el comportamiento personal de Don Juan Carlos ha estado lejos de ser ejemplar, ha hecho mucho daño a la Corona, a España y a sí mismo, y está pagando por ello un alto precio. No obstante, la función política realizada durante sus casi cuarenta años de reinado ha sido crucial en la gestión del proceso de transición, en la reconciliación de las dos Españas, en la consolidación de la democracia y en el asentamiento de España entre las naciones de Europa. ¿Nada de eso cuenta?, se ha preguntado Burgos. Ya días antes de conocerse la marcha real, el ex-Alto Comisario para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, denunció con vehemencia la injusticia que se estaba cometiendo con Don Juan Carlos, en un artículo en el que parafraseaba el famoso texto de Emile Zola “Yo acuso”. En él acusaba al Gobierno de Sánchez-Iglesias de graves faltas de lealtad con el Jefe del Estado a lo largo de los últimos años “con actuaciones, afirmaciones, comentarios, ausencias y suplantaciones en las que prevaleció, junto a las faltas de respeto, el menosprecio al papel que le corresponde en la Constitución“. Asimismo lo acusaba de intentar llevar a España a una República por la vía de desacreditar a la Monarquía de cualquier manera, y de realizar una presión en todos los frentes tendente a forzar su salida de España, sin que existiera sobre él imputación de ningún tipo, como condición necesaria para seguir tolerando la monarquía constitucional en el país. También denunciaba el silenció de los ex–Presidentes de Gobierno –con la honrosa excepción de Felipe González- y de los políticos de la Transición, que han permanecido con los labios cerrados ante tantos agravios durante esta fase de linchamiento, y acusaba a los empresarios –especialmente a los beneficiarios del consorcio adjudicatario de la construcción y operación del AVE a La Meca-, que han visto engrandecidos sus empresas y sus negocios “por la acción y presencia del Rey, gran embajador de España, abridor de mercados, siempre dispuesto a ayudar a las empresas”. No se han librado de la crítica los medios de comunicación que, sin rigor ni prueba alguna, han hecho programas especiales en los que han negado al Rey la presunción de inocencia. Concluía su filípica Espinosa de los Monteros culpando a Pedro Sánchez y a su Gobierno de “una conducta innoble, carente de toda objetividad, moderación y buen criterio”, tendente a “forzar la expulsión de su país de un ciudadano que tanto ha hecho desde su juventud al servicio de España”. Vida privada de Juan Carlos I Cuestión distinta es la vida privada del monarca, que sería manifiestamente mejorable. Sus reiteradas aventuras extramaritales constituían un continuado agravio a su esposa, Doña Sofía, y a sus hijos, llegando en el caso de Corina Larsen a facilitarle una vivienda cerca de la Zarzuela y a incluirla en el séquito real en viajes oficiales. Se ha rodeado de, y dejado aconsejar por, empresarios amigos de dudosa conducta y ha ocultado al Fisco los $100 millones que le regaló el Rey de Arabia Saudita Abdullah bin Abdelaziz, pero estos comportamientos -que entran en el ámbito de la ética y son moralmente reprobables- resultan socialmente aceptables por parte de una sociedad española sumamente tolerante con las debilidades sexuales y fiscales de sus dirigentes. Resulta, por tanto, hipócrita rasgarse ahora las vestiduras por hechos que eran públicos y notorios en sus tiempos gloriosos, y fueron y consentidos y tolerados por el entorno de la Casa Real, los políticos del Gobierno y de la Oposición, y la sociedad española en general. Como ha señalado Maite Rico, llueven piedras sobre Juan Carlos I, aunque ha sido él quien se lo ha buscado, pero los inquisidores más exaltados –como Pablo Iglesias o Joaquim Torra- son los menos indicados para lapidar a nadie, como puso de manifiesto Jesucristo en la parábola de la adúltera. Iglesias ha dicho -sin demudársele la color- que los cargos públicos debían velar por la ejemplaridad y la limpieza de las instituciones, y que la huida de un rey corrupto perseguido por la justicia no era bueno para la democracia española. Esto lo ha pontificado con el mayor de los cinismos un personaje que recurre a sabiendas a las mentiras más burdas, dado que el Rey Emérito no ha sido imputado por la justicia, ni en Suiza ni en España, mientras que él si lo está por diversos delitos, y tiene en su armario muchos cadáveres de corrupción de origen iraní o venezolano. El Presidente de la Generalitat, a su vez, ha acusado al Gobierno central de haber facilitado la huida de una persona investigada por un caso inmenso de corrupción, que ha creado una gravísima situación y comprometido a la democracia española. Esto lo afirma otro patético personaje que está, no ya imputado, sino condenado por desobediencia a varios meses de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas, que tiene a su partido procesado por las prácticas corruptas del 3%, que no es demócrata y que no se considera español. El Parlament ha declarado que “Catalunya es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey”, ha pedido “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía” y exigido la retirada del título de Rey a Don Juan Carlos y su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Torra ha instado a los Ministros de Podemos a que dimitan si el Gobierno no organiza un referéndum sobre la Monarquía. No cabe dar la menor credibilidad a unas acusaciones realizadas por una despechada comisionista y un policía corrupto y estafador, que están imputados por la justicia y a los que ésta permite que recurran a la mentira para asegurar su defensa. Según Benigno Pendás, Juan Carlos I no está investigado ni imputado, y ha declarado que encuentra a disposición de la justicia, por lo que pude desplazarse a donde le plazca. Esto ha sido confirmado por el Tribunal Supremo cuando ha rechazado la demanda de Omnium Cultural de se adopten medidas cautelares para evitar la “huida” del Rey Emérito, porque el sistema procesal español no contempla la adopción de este tipo de medidas respecto a quienes no tienen la condición de investigados. A juicio de Araceli Mangas, cabe desear que sea una estancia temporal para respirar fuera de esta atmósfera tóxica creada por quienes ya están acusados o investigados, y en interés de su defensa. “Ningún juez ni fiscal, español o suizo, ha acusado ni notificado como investigado al Rey Emérito”. Únicamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha iniciado una investigación general sobre los actos realizados por Don Juan Carlos con posterioridad a junio de 2014, cuando perdió su inviolabilidad tras su abdicación. No obstante, sin esperar a conocerse los resultados de la investigación, se han difundido opiniones jurídicas equivocadas. Si la marcha del monarca se ha hecho de acuerdo con el Presidente del Gobierno, no se entienden los exabruptos del Vicepresidente del mismo calificando de “huida” su marcha, como si fuera un prófugo con orden de busca y captura. ¿Quién miente –se pregunta la profesora de la UCM-, Sánchez o Iglesias? La Vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha replicado a su colega que el Rey Emérito no ha huido de nada porque no está incurso en ninguna causa. Las acusaciones a Juan Carlos I de cobrar comisiones por las obras del AVE a La Meca carecen de base jurídica y de consistencia fáctica. Como ha señalado Gonzalo Quintero, comisiones son las cantidades que se cobran por facilitar un determinado negocio y que se abonan al vendedor o al intermediario, pero no al comprador. Entra en el terreno de lo absurdo pensar que el Estado que encarga una obra pague comisiones a los realizadores de las mismas o a sus mediadores. La donación del Rey Abdelaziz a Juan Carlos I se produjo en 2008 y el contrato por la que se concedió la construcción del AVE a un consorcio español se realizó en 2012, lo que hace inverosímil que –aun en el caso hipotético de que hubiera habido comisiones- se abonaran éstas con cuatro años de antelación a la firma del correspondiente contrato. El donativo fue un regalo y no una comisión ni, mucho menos, un delito. ”Los motivos que movieron al rey saudita a hacerlo no afectan en absoluto al crédito del Gobierno de España”. Aquí cabe especular sobre dichos motivos, que encuentran una explicación en las estrechas relaciones mantenidas por Don Juan Carlos con los monarcas del Golfo, pese al carácter autocrático y retrógrado de sus regímenes, y su apoyo a los mismos, especialmente en los momentos en que la “primavera árabe” los puso en evidencia. Esta íntima relación alcanzó su punto culminante con la concesión al soberano saudita del toisón de oro, la más alta condecoración de España. Los árabes suelen ser agradecidos y generosos, por lo que no resulta extraño que un monarca multimillonario ofreciera un donativo de €64,8 millones a su “hermano” el Rey español, como que el Rey de Bahrein, Hamad al Jalifa, le obsequiara con €1.7 millones o el Jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid, le regalara dos Ferraris valorados en €700.000. Según Quintero, Don Juan Carlos podría haber cometido a lo sumo un delito fiscal al no declarar al Fisco español la donación saudita, pero este supuesto delito habría prescrito. Tampoco se ha podido producir blanqueo de dinero porque, para que se cometa este delito, es preciso que el dinero proceda de una actividad delictiva.Por otra parte, la supuesta donación del Rey emérito de €64.8 millones a Corina Larsen ha sido un disparate fenomenal, pero tampoco puede ser considerada como delito, aunque sería en buena medida ilegal, porque nadie puede recibir por donación más de lo que podría recibir por herencia, y Don Juan Carlos sólo podría donar sumas del tercio de libre disposición de su caudal hereditario. Intentos de derrocar la Monarquía Podemitas y separatistas han manifestado abiertamente su intención de derrocar la Monarquía española y de establecer la III República. Por eso, han aprovechado los garrafales errores del Rey Emérito para atacar a la institución monárquica que él ha liderado dignamente durante cuarenta años. No tienen especial interés en atacarle –al considerarlo amortizado y suficientemente desprestigiado-, pero han empezado con él por ser el eslabón más débil de la cadena real en el proceso de desmantelamiento de la Transición, pero su objetivo es Felipe VI. Según Jaime Carvajal, los comisarios de la memoria histórica son hoy quienes se afanan en negar o ignorar la determinante contribución del hoy Rey Emérito a la instauración de la democracia en España, en un intento de deslegitimar la institución de la Monarquía y precipitar un cambio de régimen En un nuevo acto de deslealtad institucional como partido en el Gobierno, Podemos se ha aliado con los partidos nacionalistas -que aspiran a independizarse de España- para utilizar los presuntos actos irregulares del monarca en su afán de desacreditar a la Corona y forzar un referéndum sobre la forma de Estado. Piden al hijo que abdique por los pecados de su padre, pero -según una encuesta de Metroscopia- 80% de los españoles encuestados han considerado que los errores y culpas son de las personas que los cometen y no de sus descendientes o de las instituciones que representan, y 87% que los actos que se imputan a Don Juan Carlos sólo han dañado su imagen personal. José Álvarez Junco se ha preguntado qué necesidad tenía Juan Carlos I de cometer la serie de errores que le han llevado a este lamentable final. Demostró la utilidad de la monarquía y ganó a muchos de sus conciudadanos –especialmente a raíz del 23-F-, que se convirtieron, si no en monárquicos, en “juancarlistas”. Se confió con la adquisición de prestigio adquirido y, en vez de mantener la prudencia que le había guiado mientras se sentía débil, bajó la guardia creyéndose fuerte y cometió error tras error. Ha sido una pena porque España necesita instituciones neutras y prestigiosas, y la monarquía era una de las pocas respetadas, no por sí misma, sino por su titular. Resulta imperdonable que él mismo haya deteriorado ese prestigio. Un rey no tiene vida privada y la ejemplaridad, esperada en cualquier cargo público, es doblemente exigible en él. Nadie en su entorno le advirtió que era mortal o él no quiso oírlo si lo hicieron, y ha destrozado su imagen interna e internacionalmente. Inquiere especialmente el historiador qué necesidad tenía de acumular tanto dinero. Creo que aquí está una de las claves que, si no justifican, explican al menos su conducta codiciosa: la precariedad económica que padeció en su niñez. En su libro sobre “El Rey”, José Luis de Vilallonga alude en varias ocasiones a la constante preocupación por el dinero que observaba en su familia durante la infancia, Efectivamente, al Rey Emérito parecer haberle perdido la inseguridad por la incertidumbre económica en la que creció. Cuando en 1975 llegué destinado a Portugal, fui a presentar mis respetos a Don Juan de Borbón en Estoril y me sorprendió la modestia en la que vivía la familia y su dependencia económica de unos fieles amigos. Este temor parece haber pesado sobremanera sobre el proceder del monarca. Los republicanos tienen, -según Pendás- un grave inconveniente, cual es el no estar de acuerdo sobre el tipo de República que quieren imponer: ¿una República unitaria, federal, confederal, plurinacional, popular o “cartagenera”? La cuestión de la antinomia Monarquía-República ha quedado superada, pues lo importante no es la forma del Estado, sino el tipo de gobernación que se establezca, de modo que favorezca el máximo posible de democracia. Como ha señalado Álvarez Junco, no se trata de ser monárquico o republicano, sino de ser demócrata, y de establecer y consolidar un régimen de convivencia en libertad, “No es fácil que la República pueda garantizar un presidente que reúna mejores rasgos de imparcialidad suprapartidista, de preparación y de profesionalidad que Felipe VI”. Para Álvaro Vargas-Llosa, la monarquía es una institución indisociable del sistema democrático liberal, que resulta indispensable para evitar el caos civil o la dictadura reaccionaria, y el régimen monárquico establecido en la Constitución de 1978 es una sólida garantía para la democracia liberal. A juicio de Juan José Solozábal, las peripecias del Rey Emérito, ciertamente lamentables, en modo alguno deben afectar los títulos justificados de la institución monárquica en nuestro sistema constitucional. La contribución del monarca ha sido fundamental para la estructuración e integración de nuestro sistema político constitucional, pues es una instancia neutra que cumple una función de relación entre las diferentes ramas públicas. Su intervención en el cumplimiento de las tareas del Estado reforzó la unidad e imparcialidad de éste, redujo el partidismo de los órganos a los que complementa, y reforzó la imparcialidad de la jurisdicción que se administra en su nombre. ”A un país de la variedad constitutiva del nuestro, le viene bien el elemento de integración que es el monarca, símbolo de la unidad y permanencia del Estado” Habría que renunciar a una utilización partidista de la situación, que lleva a que la oposición constitucional pretenda sacar rédito de la denuncia del poco entusiasmo monárquico del Gobierno, presentándose como adalid exclusivo de la causa, y es preciso que el Gobierno cierre filas en defensa del marco constitucional de la monarquía y obstruya radicalmente el paso a cambios en la institución que, en estos momentos, tienen un alcance erosionador El ardor republicano del Presidente del Gobierno le ha jugado una mala pasada. Durante mucho tiempo ha estado enviando mensajes subliminares en contra de la Monarquía y a favor de la República, ha permitido que Iglesias ponga en tela de juicio desde el Gobierno la forma monárquica del Estado, y no ha salido en defensa del Rey como era su obligación. Ahora -urgido por la exigencias de la UE, cuya asistencia económica es indispensable para levantar al país-, ha afirmado -quizás demasiado tarde,- el pleno respeto del Gobierno al pacto constitucional en cuya cúspide se encuentra la Monarquía parlamentaria, y advertido de la inconveniencia de tratar de extender las presuntas responsabilidades personales a las instituciones, aunque sigue tolerando los improperios antimonárquicos de su Vicepresidente. Hasta se ha sentido obligado a enviar una carta a sus militantes para defender la Monarquía y exigirles responsabilidad, ante el desmadre antimonárquico de algunos de sus dirigentes, como la Alcaldesa de Gijón. Según José Juan Toharia, la Corona, como institución, ha sufrido un deterioro muy leve con el asunto de la marcha real. Don Juan Carlos es ya Rey Emérito, la Corona la desempeña Felipe VI y su imagen pública suscita los mismos elevados niveles de aprobación ciudadana que antaño recibiera su padre. Yo no soy tan optimista y creo que la institución monárquica ha sido seriamente afectada y hay que esforzarse por parar su declinante trayectoria. Como ha observado Canal, la Monarquía encarnada por Felipe VI necesita cuanto antes pasar página, a fin de demostrar su ejemplaridad y utilidad para afrontar un futuro, en el cual la estabilidad y la unidad que la Corona asegura van a resultar imprescindibles. Entre otras cosas, resulta indispensable una mayor transparencia. Como ha observado Carmen Enríquez, Don Juan Carlos sigue siendo Rey -aunque sea sólo a título honorífico- y la ciudadanía española tiene derecho a saber dónde se encuentra, los motivos de su marcha y el futuro que le espera. En opinión de Carvajal, la esperanza es que las instituciones democráticas que el Rey Emérito tanto ayudó a consolidar puedan estar a la altura del actual desafío institucional. “En manos de Felipe VI, que ha hecho de la transparencia y la ejemplaridad su seña, hay motivos para confiar en que la Monarquía superará esta crisis y seguirá aportando la estabilidad que necesita el país para capear este crítico momento”. Según José Núñez Xeisas, ha habido dos fases en la historia de Juan Carlos I y se ha preguntado cuál de ellas prevalecerá, si la del 23-F o la de la cacería de Bostwana. Yo confío en que la Historia colocará a cada personaje en su sitio y reconocerá la extraordinaria contribución del Rey Emérito al establecimiento y a la defensa de la democracia en España, a pesar de sus muchos errores, que él mismo ha reconocido al confesar humildemente “Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, y al abdicar y renunciar a la Jefatura del Estado. Lo malo es que sí volvieron a ocurrir. A cada uno lo suyo Playa de Amposta, 9 de agosto de 2020