Hacia la restauración de la legalidad constitucional

HACIA LA RESTAURACIÓNDE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

            Aün nos estamos recuperando de la ceremonia de la confusión protagonizada el pasado día 11 por el Presidente de la Generalitat  Carles Puigdemont y, en menor medida, por el Presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. La situación me ha recordado una anécdota sobre un intercambio de palabras entre el Cardenal Fernando Quiroga y Francisco Franco en la Galicia natal de ambos. El Arzobispo de Santiago trataba de convencer al Jefe del Estado de que el Gobierno debería costear las obras de la ampliación del aeropuerto de Labacolla con motivo de la celebración del Año Jubilar Compostelano de 1965 y utilizaba como principal argumento la posible visita del Papa a la tumba del Apóstol. Franco le dijo:”¿Y si no viene?” y el Cardenal le replicó:”¿Y si viene?”. La cuestión que nos planteamos en el día de hoy es la de si ha habido o no una declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI).

¿Ha habido Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña?

            Puigdemont afirmó solemnemente en el Parlament: “Llegados a este momento histórico,  como Presidente de la Generalitat, asumo, al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República”. Acto seguido añadió:”El Govern y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia”.Tras finalizar esta intervención, hablaron los portavoces de los distintos partidos representados en la cámara para expresar su opinión sobre la declaración presidencial y se levantó la sesión sin que el Parlament se pronunciara en modo alguna sobre la supuesta declaración de independencia o sobre la propuesta de suspender la misma. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, planteó una pregunta que quedó sin respuesta. ¿Cómo se puede suspender una declaración que no se ha formalizado y, por tanto, no se ha llegado a producir ?.

            A continuación, los diputados de “Junts pel Sí” y de la CUP se reunieron en otro salón para firmar un papel –un “non-paper- pomposamente denominado “Declaración de Independencia de Cataluña”, un “destino manifiesto” que, cuan nuevos Bolívares –aunque más bien sean “bolivarianos”- iba dirigido “al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo”. La declaración contiene más mentiras e inexactitudes por centímetro cuadrado que cualquier otro documento de carácter político y jurídico. Verbi gratia:

Disparatado contenido de la Declaración de Independencia

1) “La justicia y los derechos humanos, individuales  y colectivos, … son la base de la Constitución de la República Catalana”. El panfleto titulado “Ley de  Transitoriedad Jurídica”, adoptado en el Parlament -sin debate y negándole la palabra a los diputados de la oposición y violando, no ya la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sino las propias leyes autonómicas- por un voto de mayoría pretende sustituir las Constitución Española de 1978, que fue aprobada en las Cortes por mayoría de dos tercios y refrendada casi por consenso por la inmensa mayoría del pueblo español, incluida una amplísima mayoría del pueblo catalán. Se basa en un supuesto “derecho de libre determinación” que no ampara el Derecho Español, el Derecho Catalán, el Derecho Internacional o el Derecho Europeo. Según el Derecho Internacional, el citado derecho de autodeterminación sólo corresponde a los pueblos de los territorios sometidos a dominación colonial o que se encuentran oprimidos en violación de los derechos humanos, lo que no es obviamente el caso del pueblo catalán, pese al desvergonzado victimismo de los separatistas. Ninguna normativa europea reconoce el “derecho a decidir” ni el derecho de una parte de un Estado a separarse del mismo de forma unilateral. En un Estado de Derecho como es español, los ciudadanos ejercen su derecho a decidir a través de las elecciones generales, autonómicas, locales o europeas, y –de forma excepcional- mediante referendums, siempre que se realicen de acuerdo con la ley. El futuro de Cataluña y de España no puede ser decidido únicamente por los catalanes, pues  requiere la participación de todos los españoles. Por muy importantes que sean los catalanes, de acuerdo con el principio de igualdad no son superiores al resto de los españoles.

            2) “Durante siglos Cataluña se ha dotado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud”. Cataluña nunca ha sido un Estado soberano: estuvo sometido al Rey de Francia y pasó más tarde a formar parte del Reino de Aragón. El autogobierno de Cataluña sólo se inició con el Estatuto de la II República de 1932, pero hubo que esperar hasta 1978 para que la Constitución consagrara un régimen de plena autonomía, que ha alcanzado uno de los más altos niveles de autogobierno del mundo.

            3) “El parlamentarismo ha sido durante los períodos de libertad la columna sobre la cual se han sustentado esas instituciones”. Esto puede que sea cierto hasta fecha bien reciente, cuando el Parlamento empezó a adoptar decisiones contrarias a la Constitución y al Estatut, pero dejó de serlo muy especialmente a partir del 7 de Septiembre de 2017, cuando la exigua mayoría de diputados de “Junts pel Sí” y de la CUP laminó los derechos de la minoría opositora, impuso el desacato y violó todo tipo de leyes, incluidas las autonómicas. Una muestra más de la denegación del parlamentarismo es que la Declaración de Independencia ni siquiera fue registrada, no fue adoptada por el Parlament y se firmó de tapadillo en una sala aneja al hemiciclo.

            4) Los diputados tuvieron que aprobar la DUI  “después de décadas de intentar honesta y lealmente la convivencia con los pueblos de la Península Ibérica” [sic].  No sé si este lapsus se debe a la influencia del Vicepresidente Oriol Junqueras, que considera a los catalanes distintos a españoles y portugueses, y más próximos a los franceses y a los italianos. Como ha observado Rafa Latorre, los declarantes deberían sustituir su mapamundi por un atlas geopolítico, a menos que quieran incluir en su oferta de diálogo a los portugueses y declarar independientes de España –antes que a ellos mismos- a los canarios, baleares, ceutíes y melillenses. Lo que denominan “debilitación de la convivencia” se inició a partir del momento en que el Gobierno central cedió en exclusiva las competencias sobre Educación a la Generalitat y ésta inició su política de inmersión escolar y de adoctrinamiento de los alumnos, a los que –amén de enseñarles un Historia falseada- inculca odio y menosprecio al resto de los españoles, vagos y parásitos que se aprovechan de la laboriosidad de los catalanes y encima les roban. Esta “debilitación convivencial” se intensificó en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó justificadamente la petición del President Artur Mas de que se concediera a Cataluña un Pacto Fiscal similar al reconocido en la Constitución al País Vasco y a Navarra,

            5) El Estado español “ha concedido una autonomía limitada, un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural” (¡!). No se pueden acumular mayor número de falacias en tan pocas palabras. No es el Estado sino la Constitución –aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de los catalanes- la que establece una distribución no suficientemente clara de las competencias. Precisamente ha sido el Estado –a través de los Gobiernos del PSOE y del PP- el que ha ido transfiriendo a la Generalitat competencias propias, en contrapartida a su apoyo para conseguir una mayoría que les permitiera gobernar en España. El chantaje de la bisagra ha provocado un lamentable “strip-tease” de competencias estatales y la transferencia de algunas que nunca deberían haber sido totalmente cedidas, como es el caso de la Educación. Decir que Cataluña sufre de discriminación lingüística y cultural es una falsedad mayúscula. Si existe discriminación en Cataluña es en contra de la lengua español, que –pese a ser reconocida en la Constitución y el Estatut como lengua co-oficial- es preterida en la Comunidad hasta el punto de negar a los niños castellano-parlantes la enseñanza en su lengua materna. El Govern se ha negado a aplicar numerosas sentencias en la materia de los más altos Tribunales españoles con absoluta impunidad. En cuanto al tratamiento económico injusto, no lo explica  -antes al contrario- la posición dominante de la economía catalana, que es  una de las más pujantes de España. Con independencia de que sea más o menos acertado, da la casualidad de que los distintos sistemas de distribución de recursos financieros –incluido el actualmente vigente- fueron acordados en negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y el Govern, y posteriormente impuestos a las demás Comunidades. Lo que la Generalitat ha pretendido hasta ahora –y así se incluyó en el non-nato Estatuto de 2005- es que el Estado invierta en Cataluña el equivalente al porcentaje de la aportación de la Comunidad al PIB nacional. Esto sí que es injusto y contrario a la justicia distributiva y a la solidaridad interterritorial, pues pretende -sin el menor pudor- que se dé más al que más tiene, en detrimento de las Comunidades menos favorecidas.

             6) “El respeto a la ley será una de las piedras angulares” del nuevo Estado, que se compromete a “continuar siendo parte de los tratados internacionales”: Resulta difícil aceptar este aserto cuando la proclamada República Catalana tiene su origen en la violación de la Constitución española, del Estatuto de Cataluña, de las normas dictadas por el propio Parlament y del Derecho Internacional. Un Estado nacido de la ilegalidad y de la insumisión carece de fuerza moral para exigir a sus ciudadanos el respeto a las leyes y a las sentencias de los Tribunales. La falta de seguridad jurídica y la desconfianza en un Gobierno que estaría co-dirigido por un partido antisistema como la CUP -que preconiza la nacionalización de la banca y de las empresas proveedoras de servicios públicos, así como la salida de la UE y de la OTAN- han provocado el impresionante éxodo de las principales empresas y bancos de Cataluña. Para poder ser parte en los tratados y miembro de las Organizaciones Internacionales, Cataluña necesitaría ser reconocida como Estado por la comunidad internacional, lo que resultaría harto difícil. Los dirigentes separatistas han mentido descaradamente a los ciudadanos al asegurarles que la independencia no afectaría a la pertenencia de Cataluña a la ONU, la UE, la OTAN y demás Organizaciones de las que España forma parte. Los dirigentes comunitarios han citado por activa y por pasiva las disposiciones del Tratado de la Unión que consagran la integridad territorial de los Estados miembros y establecen que, si una parte de un Estado se separara de él, pasaría automáticamente a ser un tercero con respecto a la Organización y perdería los derechos que ésta concede a sus miembros.

            7) La declaración concluye la con la siguiente afirmación: “Constituimos  la República Catalana como Estado soberana, independiente, de derecho, democrática y social”: Comentando una de las Leyes fundamentales del Gobierno de Franco, el profesor de Derecho Político de la Universidad de Sevilla, Ignacio María Lojendio, nos decía que cuanto más adjetivos se adjudicaban a un texto básico, más se diluía su contenido, y el refranero español advierte de que “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. La República Catalana se ha autocalificado con cinco adjetivos tan falsos como los duros antiguos de Cádiz, pues no es independiente, soberana, democrática o  social y –sobre todo- no es de derecho. Según Latorre, sus promotores han confundido la realidad con la literatura y no han firmado un texto jurídico o una declaración constituyente, sino “un manifiesto dadaísta”,  que  es “un testimonio imborrable para que los historiadores del futuro puedan mostrar la decadencia en la que el Gobierno de Puigdemont sumió a una de las Comunidades más prósperas de España; una degradación no sólo económica y social, sino también puramente moral”.

            Los catalanes han dado sobradas muestras de creatividad y capacidad de inventiva, pero, con la actuación del Govern, han revolucionado la ciencia política y su conducta será explicada en las universidades de todo el mundo como el modelo de lo que no deben hacer los gobernantes. 1) Desde el poder concedido por la Constitución que legitima su presencia en el Gobierno, la han atacado, socavado y sustituido en último término por una Ley que carece de la más mínima legitimidad. Han reemplazado una Carta Magna aprobada por dos tercios de las Cortes y refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español –incluido el catalán- por una Ley adoptada en un Parlamento autonómico por un solo voto de mayoría, tras haber impedido que la minoría opositora pudiera siquiera expresar su opinión y violando sus propias leyes y reglamentos. 2) Han basado su supuesta legitimidad en un seudo-referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y realizado sin las mínimas garantías democráticas, en violación e las normas nacionales y autonómicas y en base a unos resultados fantasmagóricos no verificados por ninguna instancia neutral y sobre un censo desconocido; aún así, han admitido que los votos afirmativos obtenidos sólo supusieron el 43% del censo. 3) Pese a que la Ley de Transitoriedad Jurídica –suspendida por el Tribunal Constitucional- ha sustituido supuestamente a la Constitución, el Govern  y su Presidente no han dimitido ni convocado elecciones autonómicas para la formación de un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, y han permanecido en el poder al amparo de una Constitución que –a su juicio-ha dejado de estar en vigor. 4) Han hecho una declaración implícita de independencia y otra explícita de suspensión de la misma, que no han sido sancionadas por el Parlament, por lo que –de conformidad de la lógica surrealista y dadaísta que prevalece en la tierra de Salvador Dalí- se trata, en el mejor de los casos, de una independencia meramente virtual. Difícilmente se podrá encontrar en la Historia un caso semejante de trapacería jurídica y de falta de respeto al Derecho.

El parto de los montes

            En este punto, volvemos a plantearnos la cuestión de si se ha producido una auténtica DUI. ¿Sí, no o todo lo contrario?. Como los teólogos medievales con el sexo de los ángeles, los juristas pueden discutir hasta la naúsea si, desde el punto de vista jurídico, ha habido o no una declaración formal de independencia. La Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, ha dicho que “Rajoy no ha entendido nada”. El problema es que la gran mayoría de los ciudadanos españoles comparte el sentir del Presidente. Como ha señalado Raúl del Pozo, ante la confusión provocada por el estilo enrevesado y tramposo de sofista empleado por Puigdemont, Rajoy ha respondido con estilo cartesiano –yo añadiría y con retranca gallega- requiriéndole que se aclare. En efecto, el Presidente le ha enviado el requerimiento de que “confirme si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia” y le ha exigido que responda antes de las 10 horas del próximo 16 de Octubre. En el caso de que no respondiera antes de esa fecha o diera una respuesta afirmativa, le ha pedido que revoque la DUI y ordene a la Presidenta y a la Mesa del Parlament que hagan lo propio. Le ha instado asimismo a que “comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación el cumplimiento íntegro de este requerimiento tanto por parte del Govern de la Generalitat como del Parlament de Cataluña antes de las 10 horas del próximo 19 de Octubre” y advertido que, en caso de que no atienda a esta orden, su Gobierno propondrá al Senado que ponga en marcha la aplicación del artículo 155 de 

Declaración unilateral de independencia a la vista antr ls desidia del Gobierno central

DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA A LA VISTA ANTE LA DESIDIA DEL GOBIERNO CENTRAL

            La inmensa mayoría de los españoles seguimos con estupefacción e incredulidad la ruta imparable hacía la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI), gracias al cerrilismo, la obstinación y el instinto suicida del Presidente de la Generalitat,  Carles Puigdemont y sus secuaces. Nada parece arredrarles en su alocada carrera hacia el precipicio: la denuncia de la reiterada  violación de la Constitución, del Estatuto y de su propias leyes; las decisiones del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; las advertencias del Gobierno central; el reconocimiento de todos los Estados democráticos de la ilegalidad del seudo-referéndum del 1-O; la exclusión de la Unión Europea en caso de producirse la DUI; las admoniciones de sus órganos asesores sobre la ilegalidad de su proceder; el inicio del proceso de deslocalización de los grandes bancos y empresas catalanas… ¡Alea  iacta est!.  Puigdemont –auto-asumida mezcla de César y de Moisés- se ha obstinado en cruzar el Rubicón del Ebro para llevar al pueblo escogido hacia la tierra prometida de la independencia.

Pasividad del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

            El hiperactivismo de Puigdemont contrasta con la pasividad –culposa, si no  dolosa- de Mariano Rajoy, pese al impecable y acertado discurso del Rey Felipe VI que lo ha puesto ante su responsabilidad, al afirmar de forma taxativa que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. 

Para Manuel Arias Maldonado, esta declaracióno ha venido a rellenar el vacío simbólico generado por el silencio del Gobierno. Su firme defensa de la legalidad ha achicado el espacio a quienes venían defendiendo un diálogo en condiciones de igualdad con el Govern. Según Luis Marín Sicilia, no hay nada más perverso ante el desafío catalán que hablar de diálogo o negociación. Con los delincuentes no se negocia, sino que se les aplican las sanciones que corresponden en un Estado de Derecho y, “una vez reconstruido el orden constitucional quebrantado, se dialoga hasta la extenuación y dentro del marco legal con los interlocutores que legítimamente se determinen en una situación ordenada y acorde con la legalidad vigente”. José Bono ha afirmado que “el diálogo debe ser la fase posterior a la reposición del orden constitucional: negociar bajo chantaje es impropio de un Estado democrático”. Como en su “Carta abierta a Pedro Sánchez “ han advertido algunos veteranos militantes socialistas ,”nunca ha servido para nada el diálogo bajo chantaje”.

            A Rajoy, sin embargo, el mensaje regio le ha entrado por un oído taponado por el algodón “arriólico” y salido por el otro. El Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha instado a aplicar sin demora el artículo 155 de la Constitución y a convocar elecciones autonómicas en Cataluña para impedir la DUI, pero Rajoy ha hecho oídos sordos con el increíble argumento de que no había aún motivos jurídicos suficientes. Siguiendo su línea política de no hacer nada y dejar que el tiempo soluciones los problemas, apura los tiempos en la esperanza de que Puigdemont dé marcha atrás. Como ha afirmado el Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, el Gobierno tiene la capacidad de apreciar mejor los tiempos y las necesidades, sabe cuándo debe intervenir y actuará, “con inmediatez, firmeza y serenidad”, en el momento más propicio. Según el propio Presidente, hará lo que crea mejor para España y en el momento que le parezca más oportuno. “Sé que no es fácil –ha afirmado-, pero también me correspondió en su día tomar otra [decisión] que tampoco lo era”.  Pero el tiempo se le está acabando y –según ha observado Luis Herrero en “ABC”-, si el Gobierno catalán conserva el pleno ejercicio de sus competencias tras la DUI, “Rajoy se convertirá en cómplice de la rebelión y tendrá que responder ante la justicia”.

            EL presidente duda porque no tiene plenamente asumidos los riesgos de recurrir al artículo 155 ante un flagrante acto de sedición, si no de rebelión. Como ha observado Cayetana Álvarez de Toledo, preguntó a uno de sus asesores “¿qué pasa si aplico el artículo 155 de la Constitución  y no me hacen caso?”. El Gobierno no acaba de entender ni la naturaleza del poder, ni las exigencias de la posmodernidad. ”El poder es la demostración de la autoridad; la posmodernidad requiere movilización. En vez de convocar al conjunto de los españoles contra el secesionismo xenófobo y la tiranía de los sentimientos, en vez de apoyarse en los ciudadanos para reafirmar que aquí manda el Estado democrático, el Gobierno vacila, espera y calcula. Sólo actúa cuando no tiene más remedio –el 1 de Octubre- y a veces incluso recula”. Esta actitud del Gobierno es una muestra de su falta de confianza en sí mismo y en los ciudadanos.

            Rajoy someterá sus próximos y decisivos pasos al visto bueno de Sánchez,

no porque anhele una acción consensuada con el PSOE, sino para salvaguardarse de sus críticas y eludir una posible moción de censura que lo aparte del poder. Y no se da cuenta que son tal para cual. Su única coincidencia es que ambos aspiran al puesto de mando en la Moncloa: uno para mantenerse aferrado al poder y el otro para  tratar de arrebatárselo por cualquier medio, como ha puesto de manifiesto al debilitar al Gobierno -en vez de apoyarlo en momentos críticos para el futuro de España- solicitando en el Congreso la reprobación de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tras llenársele la boca con farisaicas alabanzas a las fuerzas de seguridad del Estado, trata de condenar a quien supuestamente dio la orden para que cometieran toda clase de atropellos en Cataluña. Sánchez ha sido severamente criticado por  prestigiosos ex-dirigentes socialistas –especialmente andaluces- en el citado Manifiesto por la ambigüedad con la que está abordando un golpe de estado en toda la regla, ya que “la ilegítima, desleal y malversadora acción contra la democracia” emprendida por la Generalitat exige la unión de todos los partidos constitucionalistas.

        

            El recurso al artículo 155 –o a la Ley de Seguridad Ciudadana, que es otra alternativa legal para impedir la DUI- debería llevarse a cabo antes del 10 de Octubre, fecha en que está convocado el Parlament y la ocasión podría ser aprovechada para proclamar formalmente la secesión de Cataluña. El Gobierno debería instar asimismo al Tribunal Constitucional a que aplicara el artículo 92 de su Ley Orgánica, que establece que el Tribunal velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Según su párrafo 4-b), si apreciara el incumplimiento total o parcial de sus resoluciones, podría adoptar –entre otras- la siguiente medida:”Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”. Es evidente que la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Vicepresidente, Oriol Junqueras, han incumplido varias de las decisiones del Tribunal Constitucional, por lo que sería conveniente que –con independencia de que puedan ser imputados ante los Tribunales correspondiente por la comisión de diversos delitos- fueran suspendidos en sus funciones con carácter urgente. De esta manera se lograría, por otra parte, dificultar la DUI al verse privado el  Parlament de su Presidenta y de dos de sus más cualificados diputados. Pero no parece que Rajoy vaya a tomar medida alguna, como cabe deducir de sus declaraciones a “El País”, al afirmar que “el Gobierno impedirá que cualquier declaración unilateral de independencia se plasme en algo”. No dijo que vaya impedir que se celebre una DUI, sino que ésta no tendrá efecto, lo que –“a contrario sensu” quiere decir que va a permitir que se produzca.. Rajoy sabe que Sánchez no apoyará el recurso al artículo 155 mientras no se declare la independencia, por lo que no cabe excluir que –en su maquiavelismo galaico-  prefiera esperar a que se produzca ésta para así aplicar el citado artículo con las bendiciones del PSOE. Desde luego no se ha  molestado en enviar a Puigdemont el preceptivo apercibimiento precio a la aplicación del artículo 155 porque no quiere exponerse a nuevos desmentidos ya que su credibilidad está bajo mínimos. Juró o prometió por Breogan y la Santa Compaña que no habría referendums el 9-N y el 1-O, pero votaciones en Cataluña –como las meigas en su Galicia natal- “haberlas, haylas”.

Decisión del titular de un Juzgado de Barcelona sobre la actuación policial

            En estos últimos días no ganamos los ciudadanos para sobresaltos y, en el plazo de 24 horas, hemos recibido tres malas noticias: Decisión del titular del Juzgado nº  7 de Barcelona sobre las denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 1 de Octubre, declaraciones del Delegado del Gobierno en Cataluña en las que ha pedido disculpas por la actuación de dichas fuerzas, y resolución del Ayuntamiento de Barcelona exigiendo la dimisión de de Rajoy y otros altos cargos..

            El titular del Juzgado nº 7 de Barcelona, Francisco Miralles Carrió, ha admitido a trámite las querellas de 120 afectados por la actuación el pasado domingo de las fuerzas de seguridad del Estado en su intento de cumplir el mandato de los Tribunales de impedir la celebración de un referéndum ilegal. No aceptó los argumentos del Ministerio Fiscal y abrió una “causa general” contra los agentes de los cuerpos nacionales de seguridad por actuar de forma desproporcionada. El juez ha dado poe bueno que en Barcelona hubo 97 personas heridas leves y dos graves –sin contar 20 agentes heridos, que no sé si considerará personas- y que las medidas adoptadas por la policía afectaron a la convivencia. “La actuación policial sólo estará amparada en caso de que exista proporcionalidad. De lo contrario generará responsabilidad “, ha afirmado. Según esta lumbrera de la Judicatura, hay una presunción “iuris tantum” de que cualquier actuación de la policía nacional –no de la autonómica- es desproporcionada y, en cada ocasión en que los agentes tengan que intervenir para evitar la comisión de un delito tendrán que probar que su acción fue “proporcionada”, so a de incurrir en responsabilidad pnal.

Y el juez Miralles ha seguido desgranando sus perlas jurídicas:”No es ilegal ni ilícito que los ciudadanos votaran, dado que no podía producir ningún efecto jurídico relevante y el mandato del Tribunal Constitucional sólo afectaba a quienes convocaron y organizaron el referéndum”. En otras palabras, como su voto era irrelevante y como no habían sido expresamente mencionados en la decisión del Tribunal Constitucional, los pacíficos ciudadanos separatistas podían violar la ley, incumplir las sentencias de los Tribunales –y no sólo del Constitucional-, ocupar ilegalmente los centros públicos, obstaculizar la actuación de la policía formando barricadas y murallas humanas, insultar y agredir a los agentes, vulnerar su  propia Ley del Referéndum cometiendo toda clase de irregularidades, ocupar la vía pública y obstaculizar el tráfico…Todas estas acciones eran legales y lícitas, y estaban amparadas por la ley catalana y por su Juzgado. Los secesionistas tenían bula para incumplir la ley y no cometían delito alguno si lo hacían, a diferencia de los policías nacionales que tenían que demostrar su inocencia para no ser condenados por cumplir la ley. ¿Esto es lo que ha aprendido en la Escuela Judicial de Barcelona?. Espero que el resto de jueces de Cataluña no sean de la misma calaña jurídica que Miralles, aunque muchos de ellos están contaminados por el soberanismo.

Desafortunada petición de disculpas del Delegado del Gobierno en Cataluña

            En una entrevista en TV-3 –emisora de la Generalitat totalmente entregada a la causa del secesionismo- el Delegado del Gobierno en Cataluña, Eric Millo, afirmó que, tras haber visto las imágenes, quedaba en evidencia que “hay personas que han recibido golpes  y empujones, e incluso hay una en el hospital” –y los policías heridos, ¿tampoco son personas para el Delegado?-, por lo que no podía más que “pedir disculpas en nombre de los agentes”.  Millo explicó que el objetivo de la policía no era realizar cargas sino recuperar urnas y papeletas. “Las instrucciones dadas no eran ir a por las personas, sino a  por el material electoral“. Estas declaraciones son de vergüenza ajena y  totalmente rechazables. Implican que los policías incumplieron las órdenes y se  dedicaron a “ir a por las personas” y a golpearlas de manera desproporcionada. Esto, sin embargo, no fue sí y -aunque puede que se cometiera algún exceso, por otra parte inevitable cuando la policía se enfrenta a una multitud hostil y agresiva- la actitud de los agentes fue totalmente normal. El representante del Gobierno y principal responsable en Cataluña del orden público exageró y culpabilizó injustamente a sus propios agentes. Por si fuera poco, tuvo además la desfachatez de pedir disculpas “en nombre de los agentes”, que quedaron en la desagradable situación de “tras cornudos, apaleados”.

            Ante la justificada indignación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por las lamentables palabras de su jefe político, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, tuvo que salir a la palestra para desautorizar las palabras de Millo, hacer una cerrada defensa de la actuación de de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña y darles las gracias por su sacrificada intervención. Si el delegado –que no es la primera vez que comete graves errores- no tiene la decencia de presentar su dimisión tras haber sido desautorizado, el Gobierno debería destituirlo de manera fulminante.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona

            A propuesta de los concejales del PD-CAT, ERC y la CUP, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una resolución en la que pedía las dimisiones de Rajoy, Zoido y Millo por la actuación de las fuerzas de seguridad el 1 de Octubre.. Aunque votaron en contra el PP, PSC y Ciudadanos, la moción salió adelante gracias a la abstención de los “equidistantes” de “En Comú”, de la Alcaldesa Ada Colau.

            La Declaración “rechaza la escalada represiva del Estado Español contra el pueblo catalán, los Ayuntamientos democráticos y el Gobierno de la Generalitat, y constata que la suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se está produciendo estos días es un golpe de Estado encubierto”. No deja de ser paradójico que los autores de un golpe de Estado que pretenden declarar unilateral e ilegalmente la independencia de Cataluña acusen de esta fechoría a los responsables del Gobierno que –con más voluntad que fortuna- tratan de defender la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. El Ayuntamiento pidió al Gobierno central que respetara el mandato democrático emanado del referéndum, que retirara de inmediato “todos los cuerpos policiales represivos que mantiene en Cataluña” y que resarciera a los afectados por todos los daños sufridos durante la jornada del domingo, sean personales o materiales.

            La resolución instó al Gobierno del municipio a que “empiece a trabajar para dar respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía el 1 de Octubre”. Los concejales separatistas exigieron a Colau que rompiera la alianza que tiene en el municipio con el PSC -que le permite gobernar-, a lo que la Alcaldesa se ha opuesto, alegando que está tratando de convencer a Sánchez a que presente una moción de censura contra Rajoy, para lo que resulta indispensable mantener la coalición municipal.. Ahora, la sectaria Alcaldesa se ha vestido de blanco y afirmado sin pudor que “lo valiente hoy es escuchar y sentarse  hablar”

            Esta es una muestra más del objetivo que, con el fin de quebrar el orden constitucional, une a los separatistas con los populistas, antisistemas y grupos de extrema izquierda en un cóctel explosivo que –en palabras de Marín Sicilia- “el egoísmo de una burguesía catalana adormecida ha propiciado y del que han sabido aprovecharse quienes hoy dominan la calle en un proceso claramente revolucionario”. Ante tal desafío, el PSOE y su ingenuo y ambicioso Secretario General no pueden ponerse de perfil, como se ha advertido el citado Manifiesto de los veteranos socialistas.

Buenas noticias

            No ha habido sólo malas noticias, pues también se han producido algunas buenas. La Audiencia Nacional está investigando a Llosep Lluis Trapero, a la Intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los Presidentes de la ANC y de “Omnium Populi”, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un supuesto delito de sedición, y ya han comparecido éstos ante la magistrada Carmen Lamela, quien ha aplazado la vistilla y emplazado a los imputados a una nueva comparecencia tras haber recibido de la policía judicial nuevo material inculpatorio. El cerco de la justicia se va cerrando gradualmente sobre sus cabezas.

            Ante el temor creado por la incertidumbre jurídica y económica que crearía la DUI, 15 empresas catalanas –incluidas el Banco de Sabadell, Caixa Bank, Criteria, Gas Natural-Fenosa o Aguas de Barcelona- han decidido trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.  Otras empresas tan emblemáticas como Catalana de Seguros, Abertis, Freixenet e incluso Codorniú se lo están pensando. El Gobierno central –agradecido a los empresarios por echarle una mano y darle un respiro a su inacción- se ha apresurado a dictar un Decreto que facilita la realización de los traslados. Como ha observado Francisco Rosell, en vez de reponer el orden constitucional, el Gibierno se limita a facilitar el éxodo de las empresas. ¿Para qué  emplear el artículo 155 si la estampida de empresas obra análogos frutos sin arriesgar la imagen del Estado?. Rajoy considera que ello, amén de menos arriesgado, es más efectivo porque incide en el punto más sensible y vulnerable de los catalanes: la bolsa.

            Se siguen produciendo declaraciones institucionales a favor de la integridad de España y de la defensa del Estado de Derecho. Junto a la de la Real Academia Española de la Lengua, cabe citar la de la Asociación de Diplomáticos Españoles, realizada “ante la excepcional gravedad de la situación en España”. Afirma que la historia muestra que “no existen atajos en sociedades plenamente democráticas para conseguir objetivos políticos fuera del Estado de Derecho”, marco que ofrece vías para el desarrollo de todas las opciones legítimas y permite perseguir la satisfacción de las aspiraciones de todos, en un espíritu de concordia y entendimiento, y con todas las garantías legales. “No es concebible un Estado cuyas instituciones y Administración, en su territorio y en el exterior, no respeten y hagan respetar el orden constitucional”. Manda un mensaje de solidaridad y agradecimiento a los servidores públicos –miembros de la judicatura y cuerpos de seguridad del Estado-, que “están trabajando en estos momentos en Cataluña en un entorno especialmente difícil, que está exigiendo de ellos sus mayores esfuerzos en el cumplimiento de  las órdenes que reciben de las autoridades del Estado con un escrupuloso respeto a la ley” y a los principios de proporcionalidad y de adecuación a los objetivos y fines perseguidos. Concluye afirmando:”Volem enviar un càlid missatge de recolzament i afecte a tots els catalans: tota la xarxa d’ambaixades i consolats d’Espanya a l’estranger, sou i sereu a casa vostra”.

 

Esperanza en la manifestación unionista del 8-O en Barcelona

            Pero la mejor noticio y motivo de esperanza es la manifestación por la unidad de España que se va a celebrar mañana en Barcelona, convocada por la Sociedad Civil Catalana y a la que se han adherido una serie de entidades cívicas y sociales y partidos políticos como Ciudadanos, el PP y, vergonzantemente, el PSC, que ha pedido a sus militantes que participen a título particular. Como ha observado Álvarez de Toledo, nunca  antes los españoles se habían movilizado por Cataluña en una reacción insólita, fraterna y radicalmente optimista, porque “desafía por primera vez el dogma fundacional del nacionalismo: la idea de que Cataluña es un asunto interno de Cataluña”. Los españoles han considerado como suyas las víctimas del nacionalismo radical vasco, pero con Cataluña la mezcla de resignación y abandono ha durado hasta hoy. “Por culpa, complejo, cansancio o cobardía, a las tierras de Pujol siempre se había llegado pidiendo permiso o perdón”.El separatismo convirtió la marcha contra el terrorismo islamista en una manifestación contra España y el Rey, exhibió su fanatismo y destrozó la unidad civil. La manifestación del 8-O busca lo contrario: reivindicar el orden constitucional, lanzar una advertencia a los secesionistas de que no van a seguir encontrando como aliada la indiferencia española y señalar al Gobierno el camino que hasta ahora no ha deseado o sabido emprender. Quienes cultiven el derrotismo serán barridos por la realidad. “Podría ocurrirle a Rajoy si sigue haciendo ganchillo en la retaguardia. Los españoles libres e iguales se han activado a pesar del Gobierno”.

            El independentismo ha perdido este fin de semana el monopolio del espacio publico en Cataluña, como se pondrá de manifiesto mañana cuando la mayoría silenciada por el sectarismo diga “¡Basta!” en una histórica y multitudinaria manifestación. Según Javier Redondo, España ha puesto pie en pared y detenido la espiral de silencio para defender las libertades. “Es la regeneración desde abajo frente al segregacionismo desde arriba”. Para Arcadi Espada, mañana habrá en Barcelona una gran manifestación democrática, en la que se verá el alcance de la insumisión frente el Govern  rebelde. Como ha  señalado “El Mundo” en una editorial, “lo urgente y prioritario es restablecer la legalidad en Cataluña y que quienes nos han colocado en este abismo rindan cuentas ante la Justicia. Cuando la Ley regrese a Cataluña, habrá que retomar el diálogo, pero libre de chantajes y dentro de la Constitución”.

Sevilla, 7 de Octubre de 2017

Se consumó la rebelión y a lo hecho, pecho

SE CONSUMÓ LA REBELIÓN Y… A LO HECHO, PECHO”

            El día 1 de Octubre la Generalitat consumó con alevosía y diurnidad su rebelión contra el Estado de Derecho de España y abrió la vía a la consiguiente declaración unilateral de independencia de Cataluña. Cuando el dedo señala a la luna, los necios miran al dedo. Algunos políticos hipócritas y bienpensantes y la mayoría de los medios internacionales de comunicación se han fijado en el dedo del uso legítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado en cumplimiento de las órdenes de los Tribunales para evitar la celebración de un referéndum ilegal –lo que provocó, como es natural, la realización de cargas que produjeron algunos heridos, incluidos numerosos policías-, y olvidado la luna de la flagrante insurrección de la Generalitat contra el Estado de Derecho que le otorga su legitimidad. De nada han servido las reiteradas advertencias y peticiones del Gobierno de la nación a las autoridades catalanas para que respetaran la legalidad y -ante su insistencia en incumplir la Constitución, el Estatuto, las leyes y las sentencias de los Tribunales- aquél no tiene más opción que emplear todos los recursos que le concede el Estado de Derecho para poner coto a esta intolerable situación. Como reza el refrán castellano, “a lo hecho, pecho”.

Aplicación del artículo 155 de la Constitución

            Para hacer frente a situaciones como las que prevalecen hoy en Cataluña, la Constitución española –siguiendo el modelo alemán- incluyó el famoso artículo 155 –más comentado que leído-, que establece lo siguiente: ”Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”

El precepto entra como anillo al dedo en la rebelión de la Generalitat. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha llegado el momento de actuar y aplicar de inmediato el artículo 155, pues el único camino posible para defender la Constitución  y reconstituir la democracia en Cataluña pasa por una convocatoria inmediata de elecciones autonómicas. Según el profesor David Ortega, la única medida sensata para traer sosiego al pueblo catalán y a España es que hablen las urnas, pero no como ha sucedido de forma tan lamentable el pasado día 1, donde todo ha sido un esperpento Ello es competencia de Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o del Presidente del Gobierno central, en el caso de que se invocara el artículo 155. El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado contrario a recurrir al citado artículo y –en un buenismo irrealista- ha instado al Gobierno a abrir una negociación inmediata con Puigdemont, pese a que éste se ha auto-descalificado al violar todas las normas habidas y por haber, revolverse contra el Estado de Derecho y expresar su intención de que el Parlament declare unilateralmente la independencia de Cataluña..

Genio y figura, Rajoy –en su patológica y patética indecisión- se muestra proclive a aguardar ver los pasos que dé el President –como si hubiera alguna duda sobre cuáles serán- y, aunque ha considerado la posibilidad de aplicar el artículo 155 y la Ley de Seguridad Ciudadana, prefiere esperar por el momento. Resulta increíble su actitud que excede de la prudente cautela para entrar en el ámbito de la cobardía y de la pusilaminidad, justo lo contrario de la determinación que se espera de un hombre de Estado que se precie de tal . ¿Esperar a qué?. ¿Al hecho consumado de la declaración de independencia y a la creación de facto de la República de Cataluña?. ¿No es una pérdida de tiempo reunirse con los nacionalistas y con Podemos, que reduce la solución del problema catalán a que el Presidente del Gobierno se quite de en medio para acceder al poder de la mano de Pedro Sánchez?. Tiempo es precisamente lo que no sobra, pues -según la Ley del Referéndum- en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, el Parlament se reunirá para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, y Puigdemont ha afirmado que cumplirá dicha disposición en cuanto concluya el disparatado proceso de recuento de votos.

Rajoy está obsesionado con obtener el apoyo del PSOE antes de recurrir al artículo 155 y se niega a aplicarlo mientras no lo consiga, pero  Sánchez y su equipo no están por la labor. No le basta con contar con la razón jurídica y con la mayoría del PP en el Senado, reforzada con el respaldo de Ciudadanos. ¿A qué viene tanta cautela cuando está en grave e inminente peligro la integridad territorial de España?. Mientras sigue deshojando la margarita de su  proceder, convendría que releyera las páginas de la Historia sobre los sucesos del 4 de Octubre de 1934, en los que –tras la declaración por el Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, de la independencia de Cataluña dentro de la República Federal Española- el Presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, ordenó al Capitán General de Barcelona, Domingo Batet, que pusiera fin a la rebelión mediante el uso de la fuerza armada. Tras la intervención militar –que causó la muerte de algunos rebeldes. incluidos varios Mossos- la rebelión fue sofocada en 24 horas, el President y todos los miembros del Govern fueron detenidos y posteriormente condenados a 30 años de prisión,  y la autonomía catalana quedó suspendida. No sería preciso que Rajoy llegara tan lejos, pero algo tendrá que hace sin esperar al explícito respaldo del PSOE. Ha sido la pasividad de su Gobierno la que ha hecho posible en gran medida que los separatistas catalanes violen  flagrantemente la legalidad constitucional y se cisquen en el Estado de Derecho. Ya sólo les falta alcanzar el último eslabón de la cadena que es la secesión de España. Si carece de la suficiente fuerza moral, que tenga la decencia de dimitir y dar paso a otro miembro de su partido menos coitadiño, que tome las medidas adecuadas para poner fin a la actual situación de insurrección.

Como ha señalado El Mundo” en un editorial, “el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que permitan frenar en seco los planes del independentismo, lo que incluye la aplicación inmediata del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Ciudadana, en aras a preservar la legalidad y situar a los Mossos bajo el control del Estado. El Gobierno no puede perder ni un minuto ni le debe temblar el pulso a la hora de hacer frente, con la ley en la mano, a la felonía del independentismo”.

Lo primero que tiene que hacer es enviar al Presidente de la Generalitat un requerimiento formal para que cumpla sus obligaciones constitucionales, cosa que debería haber sido hecha tiempo ha. Como la respuesta será previsiblemente negativa, tendrá que convocar el Senado a la brevedad posible. Dado que este proceso puede llevar algún tiempo, Rajoy -o su sustituto- debería invocar la Ley 36/2015 de Seguridad Ciudadana y, a su amparo, poner a los desleales Mossos de Esquadra bajo el mando directo de la autoridad militar nacional y destituir sus dirigentes políticos –el Consejero de Interior Joaquim  Forn, que ya advirtió que los Mossos  no sólo no impedirían la celebración del referéndum ilegal, sino que contribuirían a su realización, y al Director del Cuerpo, Pere Esteve- y a sus dirigentes militares, especialmente al Mayor Josep Lluis Trapero. Al mismo tiempo, debería instar al Tribunal Constitucional a que  inhabilite y suspenda en sus funciones a Puigdemont, Oriol Junqueras y a los miembros del Govern más implicados –los Consejeros de Presidencia, Interior, Educación y Relaciones internacionales-, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que dicte sentencia en las querellas presentadas contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la impute por los delitos de sedición, prevaricación y malversación. El Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, debería asimismo instar a los juzgados competentes a que imputen a los Presidentes de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de “Omnium Cultural”, Jordi Cuixart, por dedición, y a la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por prevaricación. También deberían seguir su curso las diversas demandas presentadas contra los Mossos por desobediencia.

Una vez que el Senado autorizara al Gobierno a tomar las medidas apropiadas para que la Generalitat cumpla con sus obligaciones constitucionales y proteja el interés nacional, aquél debería convocar elecciones autonómicas, para que el pueblo catalán pueda elegir legalmente un nuevo Parlament y se constituya un Gobierno debidamente legitimado por las urnas, que negocie con el Gobierno central la restauración de la normalidad constitucional y de la democracia en Cataluña.

La chapuza del seudo-referéndum

            Según Santiago Muñoz Machado, los dirigentes de la Generalitat han llegado a tal grado de trapacería y mixtificación en el plano del derecho que resulta totalmente inviable discutir con ellos sobre temas jurídicos. Han modificado ilegalmente el Reglamento del Parlament para poder adoptar leyes fundamentales de forma exprés y sin debate, les han negado la palabra a los diputados de la oposición, han desoído las advertencias de sus propias instituciones jurídicas -el Secretario General del Parlamento o el Consejo de Garantías Estatutarias-, han aprobado una Ley de Referéndum que convoca una votación ilegal sobre algo en lo que carece de competencia –la independencia de Cataluña- sin fijar un mínimo porcentaje de participación o de votos obtenidos para decidirla bastando una simple mayoría, han adoptado la Ley de Transitoriedad que pretende sustituir a la Constitución mediante decisión por mayoría simple de una cámara regional…etc.

            Pero ni siquiera han cumplido sus propias normas. La forma en que se ha realizado el supuesto referéndum ha sido una vergüenza sin paliativos. No ha habido censo verificable ni tarjeteas electorales, no ha existido una Comisión Electoral ni  control neutral alguno durante las votaciones, se estableció a última hora un “censo universal” que permitía votar en cualquier lugar –incluso en la calle y en casas particulares-, las mesas electorales se constituyeron con voluntarios independentistas, las urnas eran opacas y llegaban a las mesas “preñadas” de votos afirmativos, se ha podido votar en cuantos sitios y cuantas veces los votantes  han querido, han podido votar menores de edad y extranjeros, no se sabe quién ha hecho el recuento de votos y aún no se conocen los resultados oficiales de la votación…¿Puede darse un mayor cúmulo de irregularidades?. Las autoridades a través del Consejero de Presidencia Jordi Turrull han filtrado los resultados oficiosos: De un censo fantasmagórico de 5.313.000 personas, se han recogido 2.262.424 papeletas (42%), de las que 2.020.144 eran afirmativas (90%), 176.566 negativas, (7.8%), 45.586 abstenciones y 2.129 nulas. ¿Resulta creíble que se haya alcanzado tan alto grado de participación a pesar de las dificultades objetivas para poder votar y el cierre de no menos de 400 colegios electorales?. ¿Es razonable pensar que 176.66 personas contrarias a la independencia  y otras 45.586 no favorables a la misma al  pronunciarse por la abstención se hayan enfrentado a las enormes dificultades existentes para depositar su voto?. Los resultados estaban predeterminados y ya los había anunciado Junqueras antes de la votación: 45% de participación y 90% de votos positivos. El Vicepresidente -que gracias a sus cualidades de pitoniso ha acertado los 14 resultados de la quiniela- afirmó tras el feliz parto que Cataluña había demostrado su desconexión de un Estado profundamente autoritario y que correspondía al Parlament la declaración unilateral de independencia.

            Varios medios de comunicación internacionales –como “Le Monde” o “Fijnancial Times”- han estimado que Rajoy se había equivocado al tratar de impedir la celebración del referéndum, pues, si lo hubiera permitido, nadie habría aceptado los resultados al ser evidentemente ilegal, y se habría ahorrado la difusión de las imágenes de las cargas policiales contra niños y ancianitas. Sin embargo, un Estado de Derecho no puede consentir sin pestañear la flagrante violación de las leyes y de las sentencias de los Tribunales por parte de sus propias autoridades autonómicas. Habría perdido toda credibilidad democrática.

Reacciones nacionales e internacionales tras la jornada del 1-O

            El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró su apoyo sin fisuras al Gobierno y a la Justicia, señaló que no podía entablarse un diálogo con Puigdemont y Junqueras -por lo que había que buscar nuevos interlocutores salidos de unas adelantadas elecciones autonómicas- y resaltó que el futuro pasaba por reconstruir el proyecto común español y no por conceder más privilegios los independentistas. El PSOE no estuvo a la altura de las circunstancias y se situó en la inaceptable actitud de equidistancia. Sánchez responsabilizo por igual a Puigdemont y a Rajoy de los enfrentamientos producidos durante la jornada y de la grave crisis institucional que atraviesa a España. Aunque culpó al primero de incurrir en desacato, sacar la política a la calle y organizar una consulta contraria a la Constitución y al Estatuto, ha cargado asimismo contra Rajoy por haber cerrado la puerta a la política y le ha instado a negociar. Condenó las cargas policiales  y aseguró que exigiría responsabilidad a los políticos que las habían ordenado. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta,  calificó de inaceptable cualquier acción policial desproporcionada y pidió que cesaran los intentos de impedir por la fuerza una movilización ciudadana. La portavoz  socialista en el Congreso, Margarit Robles ha criticado la acción policial en la cámara y solicitado la reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santa Maria. No deja de ser paradójico que esta petición provenga de una magistrado que ha sido Secretaria de Estado en el Ministerio de Interior. Sánchez ha dado prueba una vez más que su escasa talla política cuando, en un momento crítico en que resulta indispensable la unión de todos los partidos constitucionalistas se unan en torno al Gobierno para afrontar el desafío independentista, se desolidarice del mismo y requiera la reprobación de la supuesta responsable de la normal actuación de una policía que sigue los mandatos de los jueces, no del Gobierno, para tratar de restablecer la legalidad. No me sorprende su irresponsable actitud, pues –como ha observado su correligionario Joaquín Leguina- Pedro “es una veleta que se mueve según hacia donde sopla el viento. Está obsesionado con que España tiene un solo enemigo, que es Mariano Rajoy”.

            La reacción de Podemos era previsible y monotemática. Pablo Ibáñez ha señalado que la estrategia represiva del PP ha fracasado y reiterado su repetitivo llamamiento a Sánchez para que lidere una moción de censura contra Rajoy y forme un Gobierno con el fin de “construir una solución democrática y pactada en Cataluña”, que desemboque en un referéndum de autodeterminación. Pero ha llevado aún más lejos su extravagancia al solicitar a la Unión Europea que sancione a España con la suspensión de su derecho de voto en el Consejo por la vulneración de los valores fundamentales de la Unión en Cataluña. El PNV ha arrimado el ascua a su sardina y, tras criticar al Gobierno por la violencia ejercida en las calles catalanes, sugirió la celebración de un “referéndum legal y pactado” como los realizados en Escocia y en Québec. La Alcaldesa Colau ha roto su calculada equidistancia, acusado a Rajoy de “haber lanzado  brutalmente a la policía contra una población indefensa”, exigido al PSOE que presente una moción de censura y apoyado la propuesta de Puigdemont de mediación de la UE entre Cataluña y España.

            Las más importantes democracias europeas –Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos…- han respaldado la actuación del Gobierno español. No ha sido tal el caso de las instituciones de la UE. El Presidente del Consejo, Donald Tusk, ha afirmado que compartía los argumentos constitucionales de Rajoy, pero que le había instado a “encontrar formas para evitar una escalada de la situación y evitar el uso de la fuerza”. Peor aún ha sido el comentario de Margaritas Schinas, portavoz del Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Aunque afirmó que “confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para manejar este difícil proceso en completo respeto de la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, añadió una velada crítica:”Son tiempos de unida y estabilidad. Apelamos al diálogo. La violencia no puede ser instrumento en política”. Están de más estas hipócritas admoniciones buenistas. Como ha comentado Arcadi Espadas, Tusk y Schinas/Juncker ponen en paridad “a un Gobierno que defiende los derechos de los ciudadanos  en nombre de la ley y a otro que, desde fuera de la ley, los conculca. Ni Tu8sk ni Schinas demuestran conocer la diferencia entre la fuerza de la ley y la violencia, siempre ilegal”. El Gobierno español debe estar orgulloso de su policía que ha cumplido con prudencia y proporcionalidad un mandato judicial y realizado una labor impecable en una situación delicadísima tras la deslealtad de los Mossos. Los bienpensantes pacifistas de Bruselas parecen ignorar que, para proteger la ley y el orden público, la policía tiene que recurrir al uso legal de la fuerza y, si se escapa algún mamporro, es lo normal, sobre todo cuando los afectados se encuentran en lugares donde no deberían estar e incurriendo en posibles actividades delictivas –allanamiento de morada, obstrucción de la justicia, atentados de palabra y de obra contra la policía judicial…- . Deberían explicarnos cómo se impide en sus países la comisión de un delito de sedición, que no creo que se haga repartiendo besos y claveles rojos.. Además los indefensos ciudadanos afectados no son tan pacíficos como se pretende cuando centenares de policías han resultado heridos o contusionados. Los jerarcas comunitarios no parecen ser conscientes de que la insurrección catalana no afecta solamente a Cataluña y al resto de España, sino también a Europa. Si la rebelión catalana tuviera éxito, la UE se tambalearía y es posible que sucumbiera a la exaltación de los populismos nacionalistas, que provocaron la II Guerra Mundial. La UE puede permitirse el lujo de meter la pata en Kosovo, que es un tercero que ni siquiera es Estado, pero no en España, que es un Estado de Derecho miembro de la Unión. En vez de frívolas críticas, debería prestarle un apoyo incondicional.

            EL Gobierno español ha ganado la baza jurídica al contener el referéndum ilegal, pero ha perdido el relato mediático, en el que la agitprop nacionalista le da ciento y raya. La inmensa mayoría de los medios internacionales de comunicación han sido muy críticos con los actos de fuerza –que no de violencia gratuita- de las fuerzas españolas de seguridad, cuyos supuestos excesos se difunden de forma selectiva. . ¿Acaso se difunden de igual manera los ataques y vejaciones sufridos por los policías a manos de los pacíficos votantes como la trampa tendida a unos coches de la guardia civil por una multitud de energúmenos que apedrearon a  los agentes en San Carlos de la Rápita?.  ¿Es más humanitaria y benéfica la actuación de la policía alemana, francesa, belga, estadounidense o griega, o ls de los Mossos?. En cualquier caso, hay que reconocer que la difusión de las imágenes de algunas escenas de la actuación policial ha afectado muy adversamente la imagen de España y aumentado el caudal de simpatía hacia los pacíficos y ejemplares catalanes, que, aunque se saltan todas las leyes, lo hacen por una buena causa.

Mensaje del Rey Felipe VI a los españoles

            En estos momento críticos para la Historia de España, se echaba de menor la voz autorizada del Rey Felipe VI, en cuanto garante de la unidad y permanencia del Estado y responsable de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Como ha observado Lucía Méndez, “tardó en a parecer, pero lo hizo por todo lo alto” y, según Federico Jiménez Losantos, “Ni Felipe VI podía ser más oportuno, ni su mensaje llegar más a tiempo”. En efecto, el impecable mensaje del Rey Felipe ha llegado justo a tiempo y no contiene ni una sola palabra de más. Lo reproduzco en su integridad porque no tiene desperdicio.

            “Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña,-de una manera reiterada, consciente y deliberada- han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus disposiciones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.

            Estas autoridades han menospreciados los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles y, con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña.- Esas autoridades –de una manera clara y rotunda- se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

            Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña –a todos- quiero reiterarles que, desde hace décadas, vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y en libertad en Cataluña, ni en el resto de  España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que todos tienen un despacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de la libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes y sólidos, y los son  porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas y así debemos seguir ese camino con serenidad y determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos estará también Cataluña.

            Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución,  de renovar mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y permanencia de España”. ¡Que así sea!.

            El mensaje ha sido bien acogido por el PP, Ciudadanos y, en menor medida, por el titubeante PSOE, que ha echado en falta una referencia al mantra del diálogo. Bien al contrario, el profesor Francisco Sosa ha dicho que se agradece precisamente que el Rey haya omitido cualquier referencia a “la blandenguería del diálogo”. En opinión de Fernando Savater, se ha transigido demasiado. Se ha dialogado con Cataluña, los catalanes y los “pujoles” de un modo exagerado. Se ha mentido y se ha engañado a mucha gente durante mucho tiempo, y eso es lógico que cree un estado de gran frustración, que no se va a curar tan fácilmente y tardará en hacerlo. Ha sido mal acogido –como era de esperar- por los nacionalistas y por las huestes bolivarianas de Podemos, que criticaron que iba dirigido a sólo una parte de Cataluña y no hacía referencia alguna al diálogo  ni a las víctimas de los ataques policiales. Su  mascarón de proa, Ibáñez, afirmó con su habitual suficiencia:”Le digo al Rey no votado: No en nuestro nombre”. Ha sido bien acogido por la opinión pública en general, ahíta y harta  de las arbitrariedades y desplantes de las autoridades catalanas. También ha supuesto un alivio para los que dudaban que el Estado fuera capaz de tomar decisiones firmes en defensa de la Nación española. En términos futbolísticos, el Rey le ha dado una asistencia a Rajoy para que marque en la puerta del secesionismo catalán con la ayuda del artículo 155. Confiemos en el Presidente del Gobierno empuje el balón a la red. Si no, habrá que pedir al entrenador que lo cambie por otro jugador más en forma.

Sevilla, 4 de Octubre de 2017    

Diálogo en Cataluña sí, pero ¿con quién, para qué y cómo?

DIALOGO EN CATALUÑA SÍ, PERO ¿CON QUIÉN, PARA QUÉ Y CÓMO?

He leído con consternación y desagrado, aunque no con sorpresa, las declaraciones hechas a “El Mundo” por Joaquim Gay de Montellá, Presidente de Foment del Treball Naciona,- la principal Asociación de Empresarios de Cataluña- y Vicepresidente de la CEOE. Partiendo de una posición razonable sobre la ilegalidad del “procés”, ha llegado a la errónea conclusión de que el problema catalán se resolvería si se reformara la Constitución para ofrecer a Cataluña un Pacto Fiscal similar al vigente en el País Vasco y en Navarra..

Declaraciones del Gay de Montellá, Presidente de Foment

Gay estima que llevamos unidos desde el siglo XV y nos ha ido bien a todos, por lo que su objetivo es mantener a Cataluña dentro de España. La Comunidad está muy bien, pero debe mejorar. Respalda el Informe elaborado antes del verano por la Comisión Jurídica establecida por Foment en la que concluía que los planes del referéndum de autodeterminación elaborados por la Generalitat constituían un “golpe de Estado jurídico”. Semejante informe era claro y rotundo y no había sido cuestionado por nadie. Rechaza, por tanto, la consulta del 1-O por ser ilegal y apoye las medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno para impedir su celebración. Las Leyes del Referéndum y de la Transitoriedad adoptadas por el Parlament le han sorprendido y las rechaza por ser “desproporcionadas” y no ser el modelo para “mostrar democracia y conseguir la confianza de los votantes”

Las respuestas a la ilegalidad deben ser “proporcionadas”. No le gustan las detenciones, pero tampoco las ilegalidades y las detenciones han sido consecuencia del procés. Comprende el control por Hacienda de la Caja de la Generalitat si tenía sospechas fundadas de la ilegalidad de los pagos. Aunque no rechaza de plano la aplicación del artículo 155 de la Constitución, confía en que no se haga, porque  “emplear los máximos argumentos no es bueno, el camino siempre está en el diálogo”.

Defiende al Presidente de la CEOE, Juan Rossell frente a las críticas recibidas por su afirmación de que había que buscar una solución en Cataluña “intermedia entre la independencia y la sumisión total“(¡!). Aunque no creía que existiera tal sumisión, ha señalado que no se puede cuestionar una realidad. Los empresarios catalanes no son cobardes, pero viven en Cataluña. Es muy fácil ser rotundos fuera de ella, pero hay que venir aquí. “El que viera estos días las manifestaciones y vea la realidad se dará cuenta de que hay sentimientos muy fuertes. Hay un bloque central de gente que necesita que se le ayude en ese entendimiento”.

Afirma que sería bueno que el Gobierno y el Govern recuperaran el diálogo, porque, si no, es fácil que se vaya a una confrontación. Le encantaría que, antes del 1-O se dijera “vamos a sentarnos a hablar”, aunque comprende que “hay muchos argumentos de un lado y sentimientos de otro que impiden tener serenidad”. Hay que dialogar y pide una hoja de ruta rápida de diálogo para lograr un nuevo Estatuto de Autonomía que sea aprobado en un referéndum legal.

Medidas para resolver el “problema catalán”

La solución del “problema catalán” requiere la adopción de las siguientes medidas: Reconocimiento de la identidad de Cataluña, concesión de un Pacto Fiscal, realización de mayores inversiones en la Comunidad y vía libre para que Cataluña tenga representación propia  en organizaciones internacionales y puedas participar en competiciones deportivas.

Gay no explicita qué rasgos de la identidad catalana no están suficientemente reconocidos en la Constitución. Como observó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010, la Constitución ya reconoce la singularidad de Cataluña en relación con el Derecho Civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional. La Comunidad tiene sus instituciones propias como la Gerneralitat, el Parlament, el Sindic de Greuges -defensor del pueblo-, el Consejo de Garantías Estatutarias -especie de Consejo de Estado- o los Mossos de Esquadra, y tiene amplísimas competencias en todos los ámbitos salvo el financiero y fiscal. ¿Acaso piensa el Presidente de Foment que Cataluña también tiene en este ámbito un rasgo diferencial del que carecen las demás Comunidades salvo el País Vasco y Navarra?. Ésta es la ”madre del cordero”, que nos lleva a la segunda reivindicación.

El Estado debe reconocer a Cataluña un régimen financiero y fiscal privilegiado similar al concedido a las Comunidades vasca y navarra. Para ello - como ya defendió  en 2011- debería modificarse la Constitución para incluir una segunda cláusula adicional que concediera a Cataluña un Pacto Fiscal que le permitiera disfrutar de autonomía en la gestión tributaria. Viene a mi mente la “boutade” de Oscar Wilde de que “la mejor forma de resistir la tentación es cediendo a ella”. Pretende volver al statu quo ante a la petición de Artur Mas al Gobierno central y al rechazo de Mariano Rajoy, lo que provocó el inicio de la radicalización de Mas y de su partido y la fuga hacia delante para alcanzar la Itaca de la independencia, que ha llevado a la situación actual de insumisión total de Cataluña al Estado de Derecho. No sería lógico ni adecuado que el Gobierno sucumbiera al chantaje del separatismo y premiara su desleal desafío institucional concediéndole ahora lo que en 2013 justificadamente le negó.  

La tercera demanda es secuencia lógica de la anterior: Realización de mayores inversiones del Estado en Cataluña. Esta pretensión ya se plasmó en el Estatuto adoptado en 2005 por el Parlament, que incluía una disposición final que preveía una inversión mínima del Estado en Cataluña proporcional a su contribución al PIB nacional. Dicha disposición era  profundadamente injusta a la par que retrógrada, pues ignoraba los principios elementales de la justicia distributiva y social al propugnar que se diera más al que más tenía. Es natural que los empresarios catalanes quieran que el Gobierno invierta lo máximo posible en la Comunidad para generar riqueza y aquél debería acoger favorablemente peticiones razonables, como la conclusión del corredor mediterráneo, que beneficiará  no sólo a Cataluña, sino también a otras Comunidades como Andalucía, Murcia o Aragón. Pero de ahí a exigir una elevada inversión fija, en detrimento de las demás regiones, hay abismo insalvable. Bastante tratamiento privilegiado le está concediendo el  Gobierno a través del Fondo de Liquidez Autonómica, de cuyos créditos sin interés es Cataluña es con mucho la más beneficiada: 70.000 millones de euros entre 2012 y 2016, y 7.275 en 2017.

La cuarta y última reivindicación es más bien anecdótica: tener representación en organismos internacionales y participar con equipos propios en las competiciones deportivas internacionales. Gay ha citado en apoyo de su pretensión que “Flandes tiene gran representación internacional y nadie se rasga las vestiduras”. No sé en qué basa su afirmación, pero en mi largo caminar por medio mundo jamás he visto una Embajada de Flandes, mientras que Cataluña tiene un buen montón de seudo-Embajadas en los principales países del globo y ante Organizaciones Internacionales como la UE y la ONU. Es natural que la Comunidad quiera participar en la actividad de la UNESCO para potenciar la lengua y cultura catalanas o en el Comité de Regiones de la UE, pero sus rasgos diferenciales en los ámbitos idiomático y cultural no justifican la proliferación de Embajadas de pitiminí en las que enchufar a sus paniaguados –como diría Luis María Ansón-, ya que, como las demás Comunidades Autónomas, está suficientemente representada por las Misiones diplomáticas y consulares de España, que defienden y protegen por igual los intereses de todos los nacionales. En cuanto a disponer de de equipos deportivos propios, el Presidente de Foment señala que “Escocia tiene su propio equipo de fútbol y nadie lo cuestiona”, sin percatarse de que Escocia fue un Estado independiente antes de integrarse voluntariamente n el Reino Unido, cosa que nunca ha sido Cataluña, pese a las mendaces afirmaciones de los dirigentes catalanes. Ahora bien, si con ello se contribuyera a solucionar el “problema catalán”, no habría mayor problema en solicitar a las federaciones deportivas internacionales accedieran a sus propósitos. Si la FIFA permite la participación de los equipos de Gibraltar o Kosovo

-modelo, al parecer, para Cataluña- en los campeonatos mundiales de fútbol, ¿por qué no a ésta, que es “más que una nación”?.

            Las declaraciones de Gay de Montellá cayeron como una bomba en la CEOE –de la que es Vicepresidente-, uno de cuyos dirigentes afirmó que era preocupante que manifestara su opinión en un momento en que los empresarios deberían cerrar filas con el Gobierno para que se restablezca la legalidad. De aceptarse su propuesta,  supondría una independencia diferida que se sale por completo de lo que debe defender un dirigente de la CEOE. Procede de un supuesto moderado que ha hecho bueno el dicho “de los amigos y del agua mansa nos libre Dios, que de mis enemigos me libro yo”.

Imprescindible necesidad de diálogo

A todo el mundo se le llena la boca con la palabra diálogo, palabra políticamente

 correcta que muchos preconizan y pocos practican. Pablo Iglesias ha pedido a toda la oposición que promuevan “el diálogo constituyente que devuelva el protagonismo a las gentes, a los pueblos y a las naciones del conjunto de España”. Íñigo Urkullu ha advertido al Presidente del Gobierno que “la única salida es el diálogo”. Pedro Sánchez ha dicho que obligará a Rajoy y a Puigdemont a dialogar y ofrecido  para solucionar el problema catalán “diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno”. El Secretario General del PSOE mandó oponerse en el Congreso a la moción no de ley de apoyo al Gobierno y a los Tribunales ante el desafío catalán propuesta por Ciudadanos, porque este partido no aceptó su enmienda por la que se instaba al Gobierno a que buscara una solución negociada, proposición que ha sido apoyada por los socialistas en el Parlamento andaluz.

Como Pachi López –que ha afirmado que “es la legalidad política la que crea espacios para la política y el diálogo”-  preguntó a Sánchez “pero Pedro,¿ tú sabes lo que es una nación? , habría que preguntarle a Gay de Montellá, Ibáñez, Urkullu, Sánchez y “tutti quanti”: ¿Sabéis realmente lo que es un diálogo?.. ¿Es posible dialogar con quienes dicen que están dispuestos a hablar sobre “Referéndum, sí o sí”, violan las leyes y la  Constitución –a la que sustituyen por una ley autonómica jurídicamente impresentable-, incumplen las sentencias de los Tribunales y no reconocen legitimidad al Tribunal Constitucional, niegan la palabra a los diputados de la oposición en el Parlament y les impiden ejercer su actividad parlamentaria, amenazan a los discrepantes, pasan por alto los argumentos de sus propios órganos asesores y desoyen sus dictámenes, y piden a las masas que ocupen las calles para defender un referéndum ilegal y amparar a los delincuentes?. Como ha señalado Antonio Elorza, resulta absurda la apelación a un diálogo que sólo consistiría en que el Gobierno aceptara lo que la Generalitat decidiera.

            La respuesta ha sido acertadamente dada en un editorial de “El Mundo” en los siguientes términos: “La abierta deslealtad de la Generalitat y su contumacia en la desobediencia han dinamitado cualquier opción de diálogo. No puede haber ningún tipo de negociación, ni mucho menos concesión política y económica, a instituciones cuyos dirigentes usan las herramientas del autogobierno para intentar liquidar el mismo. El diálogo no sólo es necesario sino imprescindible en democracia y, desde luego, los empresarios están llamados a jugar un papel constructivo en esta tarea, pero siempre que medie un respeto escrupuloso a la ley, que es lo que permite armonizar la convivencia y garantizar la igualdad de los españoles. El Gobierno catalán sigue lejos de asumir esta exigencia irrenunciable en cualquier Estado de Derecho”. Y “la felonía insurreccional de la Gerneralitat resulta incompatible con abrir cualquier vía de negociación, por muchos llamamientos que se hagan al diálogo…El diálogo es imprescindible en democracia, pero siempre dentro del marco constitucional”.

Con quién dialogar

Dado por generalmente aceptado que el diálogo es imprescindible en cualquier sociedad, se plantea el problema de con quién dialogar, qué dialogar y cómo hacerlo.  ¿Quiénes deben ser los protagonistas de este diálogo?. Es evidente que uno de ellos es el Gobierno legal de la Nación y otro unos representantes genuinos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los actuales dirigentes de la Generalitat se han auto-descalificado y se hallan en una situación precaria e insostenible, dependientes de las decisiones de la Justicia. Según Santiago González, “hay un tiempo para dialogar y otro para ejecuta,- dice aproximadamente el Eclesiastés- y el de dialogar no es éste. El asunto está en el ámbito penal y el único diálogo posible para ellos debería de ser en la sala de justicia para responder de los graves delitos cometidos. Diálogo político sólo en el futuro, cuando se restañen los efectos de esta perversa iniciativa y paguen responsabilidades por tantos desafueros. Será con otros dirigentes, cuando éstos sean inhabilitados y encarcelados si el Tribunal los declara culpables de malversación y de sedición”.  Como ha observado Teresa López Pavón, con la amenaza de un referéndum ilegal sobre la mesa, mientras los interlocutores que tendría el Gobierno en una eventual maniobra de acercamiento sean los que han manifestado su voluntad de mantener el reto a la legalidad vigente, incluso después del 1-O, no cabe hablar de negociación.

Parece indispensable adelantar las elecciones autonómicas para escoger a dirigentes legitimados por las urnas para representar a Cataluña en su indispensable negociación con el Gobierno central con miras a restaurar la normalidad constitucional.. Según ha manifestado Marisa Cruz,  no se podrá evitar que estas elecciones tengan un fuerte componente plebisticitario, pero el Gobierno confía en que el ejecutivo autonómico que surja de los comicios se avenga al diálogo y a la negociación. Ha habido quienes –desde sectores de la izquierda y el nacionalismo-cuestionan la legitimidad de Rajoy para representar al Gobierno en la negociación. Sin embargo, por muy quemado que esté el Presidente por la inadecuada política seguida frente al “problema catalán” y por mucho que la abigarrada oposición lo descalifique con rotundidad, Rajoy es el representante legal del Gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos españoles y sancionado por las Cortes. Cuestión distinta es que se halle en una delicada situación al no contar con una mayoría en el Congreso y pender sobre su cabeza una moción de censura ardientemente deseada por Pedro Sánchez, que busca su investidura a toda costa con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas.

Qué se debe negociar

El qué de la negociación es el llamado “encaje” de Cataluña en el Estado español. Es obvio que tras el 1-O –pase lo que pase en esa fecha ya mítica- será inevitable abrir un proceso de reflexión sobre el diseño del Estado, que obligará

a  reconsiderar las relaciones del centro con la periferia, el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades –sea manteniendo el sistema actual de las Autonomías, sea en un posible régimen federal- y la distribución de los recursos financieros. En opinión de Cayetana Álvarez de Toledo, existen en el PP dos almas, la de la firmeza y la del apaciguamiento y, con los primeros cristales rotos, ha asomado la debilidad. El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a pagar a los nacionalistas a cambio de que renuncien a la secesión. Así, habló en el “Financial Times” de una posible reforma del sistema financiero si cesaran los planes de independencia. Sin excluir la concesión de un Pacto Fiscal –para lo que habría que modificar