¿LLEGARÁ A CELEBRARSE EL REFERÉNDUM DEL 1-O EN CATALUÑA?
Los
acontecimientos se precipitan tras el órdago del Parlament al adoptar las Leyes del Referéndum y de la Transitoriedad y de
la Generalitat
al firmar el Presidente Carles Puigdemont y la totalidad del Govern la convocatoria del un referéndum ilegal de autodeterminación para e1 1 de
Octubre. El Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha tenido que reconocer que el procés “ hace lo que dice” y se ha
visto forzado a abandonar el “dolce fare
niente” y a tomar medidas enérgicas para poner coto a la abierta insumisión
de la Generalitat. Lala Mesa del Parlament, ha llamado a declarar como imputados a los 712 Alcaldes
que han decidido ceder locales municipales para la celebración del referéndum y
ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad –de la Guardia Civilla Policía Nacionalla Policía Municipal-
Artículo de Martín
Pallín
Entre
tanto, la Generalitat ha sacado
algunos frutos de su hábil y “goebeliana” campaña publicitaria y ha
conseguido la comprensión y el apoyo de prestigiosos medios internacionales de
comunicación como “The New York Times” o
“Le Monde”, aunque no del “Financial Times”, que ha publicado un
demoledor editorial crítico del procés.
El diario parisino, situándose en una cómoda postura equidistante, ha afirmado
que las dos partes en el conflicto han contribuido al absurdo del referéndum
salvaje que nos amenaza y la lucha continuará tras el 1-O. Madrid debería
escuchar las reivindicaciones de cientos de miles de catalanes que han
desfilado por las calles durante los últimos cinco años, que al principio no
pedían la independencia sino sólo el derecho a expresarse como en Escocia.
Rajoy tendría que haber seguido el ejemplo de David Cameron, permitir la
celebración del referéndum y tratar de convencer a los catalanes de que su
futuro europeo pasa por su permanencia en España.
También ha
conseguido respaldos internos como el del antiguo Fiscal y Magistrado del
Tribunal Supremo, Presidente de la
Unión de Fiscales Progresistas y Portavoz de Jueces para la Democracia , José
Antonio Martín Pallín, cualificado exponente del progresismo judicial de la “gauche caviar”. Ha publicado en “La
Vanguardia ” un artículo sobre “Camino al 1-O”, que está lleno de inexactitudes y falacias, lo que
no es de extrañar conociendo el talante del personaje. En sus libro “¿Para que servimos los jueces?, ha afirmado
que un juez demócrata no puede decir que
la ley es la ley y hay que cumplirla
como si fuera una orden. El juez que sólo maneja las normas legales es como un
autómata. El conocimiento jurídico desprovisto de cualquier acercamiento a la
rica pluralidad social ignora el papel del juez en una sociedad democrática en continua transformación. Los valores
del consenso, el diálogo, la libertad ideológica y la libre decisión están por
encima de los corsés legales. El juez es algo más que un funcionario o un profesional.,
pues, en su parcela, es “un actor
político”. Pallín es de los que estima que los jueces deben ensuciar sus
togas con los polvos del camino. Siempre mostró una especial comprensión hacia
los etarras y sus cachorros de Batasuna, Bildu o Sortu. Ha criticado la “sobre actuación judicial” de la Audiencia Nacionalla Guardia Civil
Pallín ha
incluido en su artículo las siguientes perlas jurídicas: 1) Las querellas presentadas
por la Fiscalía Generalla Constitución en un
país democrático. 4) Por ceder locales se cometería, a lo sumo, un delito de
desobediencia, porque “el referéndum
ilegal no existe”. 5) Ni el derecho
penal ni el político-constitucional tienen mecanismos para parar la votación,
pues no hay ninguna norma que castigue la colaboración con un referéndum
declarado ilegal. 6) El Gobierno debe dejar votar pues “el referéndum no tiene garantías y no será reconocido por los
organismos internacionales”, ya que no se ajusta a la legalidad española o
internacional, por lo que no será considerado válido por la comunidad
internacional. 7) Se han de imponer a la votación muchas condiciones y
limitaciones, así como compromisos por ambas partes, que deben sentarse a
hablar. 8) La solución del conflicto de Cataluña está en la política y no en la
activación de los mecanismos judiciales. 9) Resulta indispensable el diálogo y
la reforma de la
Constitución …
Llevaría
tiempo refutar todas y cada una de estas inexactitudes, por lo que me limitaré
a hacer unas sucintas consideraciones, que cualquier persona con un mínimo de
conocimientos jurídicos podrá desarrollar: 1) Las querellas presentadas por la Fiscalía contra los
autores de una serie de delitos tipificados en el Código Penal es plenamente
conforme con la legalidad. 2) No sé si se podrá detener la riada del proceso de
independencia, pero sólo se logrará con el respaldo de la ley y el apoyo de las
fuerzas de seguridad. 3) No se investiga a los 712 Alcaldes que se han
comprometido a ceder locales municipales por permitir que se pongan urnas en
sus instalaciones, sino por desobedecer las decisiones del Tribunal
Constitucional, que ha suspendido la celebración del referéndum. 4) El
referéndum ilegal sí existe y su convocatoria estuvo en su día sancionada en el
Código Penal, aunque el Gobierno del PSOE decidiera suprimirlo so pretexto de
que “el ejercicio de las potestades de
convocar o promover consultas por quienes no tienen legalmente atribuidas es
perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”. 5) La
convocatoria de un referéndum por quien no tiene competencia para ello viola la Constitución y supone
un delito de usurpación de atribuciones -artículo 506 del Código Penal-, amén
de delitos de desobediencia al TC –artículo 410- y prevaricación –artículo
404-. 6) Si el referéndum no se ajusta a la ley nacional o internacional y no
ofrece las debidas garantías, ¿por qué debe el Gobierno permitir que se
celebre?. 7) Ante la violación flagrante de la ley no cabe compromisos con los
violadores. 8) Al margen del evidente contenido político del conflicto catalán,
el Gobierno es responsable de hacer cumplir la ley y está obligado a actuar
cuando unas autoridades cuyas competencias les son concedidas por la Constitución y el
Estatuto de Autonomía violan ambos instrumentos, los sustituyen por una ley
autonómica de segunda división, niegan la competencia del Tribunal
Constitucional e ignoran sus decisiones, y convocan un referéndum ilegal en el
que basarse para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. 9) Siempre
es necesario el diálogo, pero éste carece de sentido porque –como ha observado
Arcadi Espada- “los nacionalismos no
pueden pactar; necesitan vencer”. El
enfrentamiento radical existente hace imposible –en opinión de Antonio Elorza-
cualquier compromiso de fondo, por lo que resulta absurda la apelación al
diálogo, que sólo podría consistir en la concesión por el Gobierno de un Vº Bº
a lo que la Generalitat decida. En
cuanto a la necesidad de reformar la Constitución y, sobre todo su alcance, hay
opiniones diversas y respetables y ninguna de ellas se debería imponer sobre el
consenso que se alcanzó con la
Constitución de 1978. Pero, mientras esté vigente, no se
puede fundamentar su reforma en la reiterada violación de sus preceptos..
Inexistente derecho a
decidir sobre España por sólo una parte de su territorio
Los
nacionalistas han tenido la habilidad de basar sus reivindicaciones en el
democrático derecho de los ciudadanos catalanes a decidir sobre su futuro y
ocultado su intención de lograr la secesión, con lo que han atraído a su campo
a muchas personas contrarias a la independencia. De aquí que sean mayoría en
Cataluña los partidarios del derecho a decidir, como manifestación del derecho
de libre expresión. Aquí se percibe el complejo de superioridad de los
catalanes que, como ha observado Albert Boadella, se arrogan unos rasgos
superiores a los demás españoles –“No hay
nada comparable a nuestra tribu del seny”-, por lo que sólo ellos pueden
decidir sobre el futuro de Cataluña y de España. Para Arcadi Espada, limitar el
derecho a decidir sólo a los catalanes supone negar al resto de los ciudadanos
españoles la facultad de decidir políticamente cuál va a ser el futuro de
España y -a juicio de Fernando Savater- “nadie
tiene derecho a decidir que los demás no decidan”. Como ha señalado un
lector español en una carta a “El Mundo”,
Cataluña también es nuestra, porque cada uno de nosotros posee un poco de todas
y cada una de las partes de España, y este derecho fundamental es atacado de forma
frontal por el referéndum del 1-O. Los titulares de tal derecho son no sólo los
pocos millones de residentes en Cataluña, sino también todos los españoles que
quieren seguir considerándola como propia y de todos.
Unos 300
juristas miembros de la Asociación Españolala
Declaración concluye afirmando: “Como Cataluña no es una entidad que disfruta de un derecho de
separación del Estado reconocido por el Derecho Internacional, el derecho de
libre determinación de los pueblos no puede constituir el fundamento jurídico
para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum
previsto en la Ley
19/2017 del Parlament actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional”.
Insumisión total de la Generalitat
y pasividad del Gobierno central
Según Elorza, no era previsible
que una institución del Estado como la Generalitat
pusiese en marcha un proceso de subversión del orden legal aprovechando los
poderes que éste le confería, para luego destruirlo. Ha sido un procedimiento
inédito en la historia constitucional
por cuanto compagina un objetivo de secesión con el uso simultáneo de la
legalidad vigente y la subversión permanente de la misma. La libertad política
ha sido reemplazada por la movilización de masas en apoyo del detentador del
poder, quien toma sus decisiones por encima de cualquier condicionamiento
legal. Santiago Muñoz Machado ha señalado que los dirigentes catalanes han
decidido no aplicar la
Constitución ni el Estatut.
La única autoridad soberana en Cataluña es el Parlament y no existe ninguna norma superior que observar a las
leyes autonómicas como la de Transitoriedad, que se considera superior a la Constitución. Alfonso
Guerra ya observó que en Cataluña se estaba produciendo un golpe de Estado “a
cámara lenta”.
Más de 400
profesores universitarios han publicado un Manifiesto en el que afirman que una
sociedad civilizada en la
Europa del siglo XXI sólo puede basarse en el respeto a las
normas que nos hemos dado democráticamente, empezando por la Constitución , pero el
Govern y los grupos secesionistas en
el Parlament están “subvirtiendo las reglas y abusando del poder
que las leyes le han conferido”. No han dudado en “traspasar los límites de la legalidad para -apelando a un inexistente
derecho a decidir- impedir el ejercicio de los derechos de las minorías
parlamentarias, poniendo en peligro la convivencia”. Los catedráticos han
hecho un llamamiento a la movilización de los ciudadanos para que exijan al Gobierno
de España y a todas las instituciones y partidos políticos democráticos que
actúen con la máxima celeridad, firmeza y determinación para proteger los
derechos de todos, e instado al Estado a que “utilice la fuerza legítima que le corresponde en exclusiva”.
En opinión de Francisco Rossell, nunca
hasta ahora se había producido un golpe de
Estado parlamentario presto a tornar en rebeldía totalitaria. El Estado se
juega el ser o no ser y puede movilizar todos los instrumentos a su alcance o
quedarse paralizado, en cuyo caso el compromiso de Mariano Rajoy quedaría
reducido a virutas de retórica con las que alfombrar el suelo antes de ser
barridas. Para Albert Rivera, la hegemonía del marco mental separatista ha sido
posible porque en Cataluña el Estado y los valores constitucionales han ido
desapareciendo en las últimas décadas. La presencia del Estado brillaba por su
ausencia y la igualdad, la libertad, la solidaridad y la unión han ido cediendo
terreno frente a los contravalores del supremacismo, de la imposición, del
egoísmo y de la división. Insultar al Jefe del Estado o silbar el himno
nacional, colgar en los Ayuntamientos la estelada en vez de la bandera nacional
o incumplir las sentencias de los Tribunales no tiene coste alguno y, cuando en
un país democrático a los poderes públicos les cuesta aplicar las leyes y a los
que las violan no les cuesta nada, se corre el riesgo de convertirse en un país
sin futuro. Se ha cumplido la aspiración de Pasqual Maragall de lograr que el
Estado fuera prácticamente residual en Cataluña.
Esta
situación comenzó a cambiar tímidamente en fecha bien reciente cuando el Fiscal
General del Estado, José Manuel Maza, afirmó que, “frente a la sinrazón de los que se sitúan al margen de la ley, del
Estado de Derecho y la democracia no caben vacilaciones de clase alguna”. La Fiscalía seguiría
actuando en defensa del Estado democrático de Derecho y había dado
instrucciones a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que utilizaran todos
los medios posibles para recabar los efectos de los delitos cometidos e impedir
que se cometieran otros nuevos. Ahora bien, era importante -conforme a la cautela “marianista”-actuar de
forma proporcionada y no realizar actuaciones en las que el remedio fuera peor
que la enfermedad. A los separatistas les encantaría que el Gobierno
reaccionara de forma desproporcionada para cargarse de razones, por lo que había que actuar con prudencia. La
celebración del referéndum programado para el 1-O era un acto ejecutivo nuclear
contra el que había que actuar con mayor energía.
Para Rosell, una suicida política
de quimérico apaciguamiento de los nacionalistas por parte del Gobierno ha
llevado a concesiones que han desembocado en un Estados inerme ante el
separatismo Algunos autores –como Federico Jiménez Losantos- han criticado la
actitud excesivamente prudente Gobierno, porque lo que los separatistas buscan
es que siga con el “tiki-taka” de la proporción y no pasar al ataque, mientras
ellos metían goles con la mano y, “a esta
inacción suicida hemos llegado por empacho de mesura y proporcionalidad”.¿Se
cumple la ley o no? Y, si no se cumple, ¿a qué espera el Gobierno para aplicar el
artículo 155 de la
Constitución ?. Según Luis María Ansón, de poco ha servido tanta
prudencia por mor de no crear mártires. La voracidad cerril de los dirigentes
soberanistas, la lenidad del Gobierno, la cachaza de Rajoy y la torpeza de no prever lo que iba a
ocurrir nos ha conducido a la situación límite que padecemos. Ha llegado la
hora de acabar con las medias tintas y de que las Fuerzas de Seguridad pongan a
disposición judicial a 10 ó 12 dirigentes políticos que están cometiendo un
delito de sedición y preparando abiertamente un golpe de Estado, y de que los
jueces los juzguen y los condenen.
Escalada de la Generalitat
Ante la inacción del Gobierno, la Generalitat
se ha envalentonado, ha ido radicalizando su actitud de abierto enfrentamiento
con el Estado y ha optado por seguir su ruta hacia la declaración unilateral de
la independencia tras la celebración el 1-O de un referéndum ilegal de libre
determinación. Como ha observado Rafael Latorre, el desarrollo del procés ha liberado a los
independentistas de su sus complejos de legalidad y sus mentiras son cada vez
más burdas y sus actuaciones ilegales más osadas. Según “El Mundo”, todo movimiento insurreccional, una vez rotos los diques
institucionales de la democracia representativa, termina siempre por
encomendarse a la calle, y legitima la ruptura de la Constitución por la
fuerza emocional y la lógica asamblearia. La sociedad catalana se está “batasunizando. Impulsado por los
antisistema de la CUP ,
el Govern ha alentado a sus
seguidores a ocupar la calle y, con las acciones de “kale barroka” de sus cachorros de “Arran”, se corre el riego de que
se produzcan actos de violencia que escapen al control de los aprendices de
brujo de la “Generalitat”.
Muestra de
ello son los llamamientos que ha hecho Puigdemont a sus seguidores para acosar
y presionar a los Alcaldes que, en cumplimiento de la ley, se han negado a
ceder espacios municipales para la celebración del 1-O. Cuando un político en
el poder incita a la coacción contra un presunto enemigo, no podrá
escandalizarse luego de los efectos que sus inducciones puedan provocar. Así,
se produce una identificación entre una Generalitat autoexcluida de la ley y sus agitadores
callejeros. Los antisistema se han puesto en movimiento con sus actuaciones
mafiosas para obligarles mediante la coacción a
incumplir las leyes. Los matones
de “Arran” han difundido en Lérida un
mensaje siniestro:”Quienes niegan el democrático derecho a la
autodeterminación son enemigos del pueblo ¡Tratémosles como tales!”. Han distribuido carteles con las
fotografías del Alcalde y de los 13 concejales ilerdenses que se han opuesto a
ceder locales municipales para el referéndum con la leyenda “Assenalem-los!” (¡Señalémoslos!). Semejante táctica fascistoide recuerda los años de
plomo provocados por ETA. Para la concejal del PP Dolors López, se trata de una
situación similar a la de la
Alemania nazi en la que se señalaba a los judíos, y el
concejal socialista Juan Gómez ha declarado: “Me recordó al País Vasco. Sólo les faltó poner una diana sobre nuestras
cabezas”. Según el Secretario General del PP en Cataluña, Xavier García
Albiol, “El Presidente Puigdemont apunta
el objetivo y los radicales de la
CUP disparan”. El Fiscal General ha ordenado investigar
las campañas de estos radicales contra los alcaldes y concejales
constitucionalistas por incurrir posiblemente en los delitos de amenazas
–artículo 169-, coacciones –artículo 172- o incitación al odio –artículo 510-.
Tras las
recientes actuaciones del Gobierno, el Presidente Puigdemont ha reiterado su
llamamiento a “tomar permanentemente la
calle”. El Vicepresidente Oriol Junqueras dijo a la multitud concentrada ante
su Consejería:”Sólo el pueblo salva el
pueblo. El futuro está en vuestra s manos”. La Alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, se ha quitado la careta de falsa equidistancia y ha pedido a los
barceloneses que salgan a la calle para defender las instituciones catalanas y
el autogobierno de la ofensiva represora que está realizando el Gobierno
central. La Presidente
del Parlament, Carme Forcadell, ha arengado
a los manifestantes para que presionen a los jueces y exijan la liberación de
los detenidos. Así pues, todo el “establishment”
catalán se ha echado irresponsablemente en manos del pueblo, de las masas
incontroladas y mediatizadas por los elementos más radicales, que pueden
provocar la algarada y actos de
violencia. Aunque subversivo, el proceso ha sido hasta ahora pacífico, pero
–como ha señalado Raúl del Pozo- los conflictos nacionalistas llevan en su
esencia la semilla de la violencia y la situación empeora al contar la
intentona con las masas. Una explosión de la violencia haría que se consolidara
el delito de sedición, que –tras la reforma del Código Penal introducida en
1995 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -requiere en su artículo
544 que se produzca un alzamiento público y tumultuario. Ya veremos como se
desarrollan los acontecimientos hasta el 1-O y después de esa fecha.
Reacción del Gobierno
central
La
situación insurreccional en Cataluña entra como un guante en las disposiciones
del controvertido artículo 155 de la Constitución , pero Rajoy no se ha atrevido a
aplicarlo por no contar con el apoyo de los demás partidos constitucionales,
que se han opuesto –con más o menos vehemencia- a que el Gobierno recurra a él.
El Gobierno del PP está dramáticamente sólo. Ciudadanos lo apoya a medias y
está siempre dispuesto a desgastarlo para fortalecer su posición. El PSOE de
Pedro Sánchez está radicalmente en su contra y listo a aliarse con el diablo
–léase Pablo Iglesias- para desbancar a Rajoy y ocupar la poltrona
presidencial. En el conflicto catalán, ha criticado tanto al Govern, por dividir a Cataluña con su
referéndum ilegal, como a Rajoy, por enfrentar a Cataluña con España para ganar
elecciones. Ha respaldado vocalmente al Gobierno en su oposición a la política
separatista de la Generalitat , pero se
ha opuesto a la proposición no de ley presentada por Ciudadanos para apoyar al
Gobierno y a los Tribunales ante el desafío secesionista en Cataluña. Tras los
últimos acontecimientos ha afirmado que el PSOE está detrás del Gobierno, aunque
no es de fiar. En cuanto a Podemos, Iglesias ha roto su calculada ambigüedad y
supuesta equidistancia al alinearse claramente con la Generalitat ,
apoyar la celebración del referéndum –a cuyos efectos ha convocado una Asamblea
de alcaldes y diputados-y criticar acerbamente las medidas adoptada por el
Gobierno.
Al fin –¡y ya
era hora!- Rajoy ha reaccionado y decidido
a actuar con firmeza. Ha ido preparando el camino: En el ámbito político, con la
petición a las Fuerzas de Seguridad –a través de la Fiscalía General-la Generalitat.
Asíla Generalitat
hacía trampas con su presupuesto y lo ha controlado, paradójicamente en el año
en que ésta había cumplido por primera vez sus compromisos financieros y
presupuestarios. Ha aplicado, citarlo, el artículo 155 de la Constitución , so
pretexto del incumplimiento por el Govern
de la Ley 2/2012
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Aunque en
los últimos días las Fuerzas de Seguridad ya habían logrado algunos éxitos
parciales en su tarea de impedir el referéndum, ayer día 20 dieron un golpe decisivo
a la logística prevista para su celebración: incautación de 9.8 millones de
papeletas de voto y detención de 14 altos funcionarios de la Generalita –incluidos el Secretario General de la Vicepresidencia , Josep
María Juvé, el Secretario de Hacienda, Josep Lluis Salvadó, y el Director del
Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información , Josué
Sallent-, quienes han sido imputados por os delitos de prevaricación,
desobediencia, revelación de secretos y malversación. Puigdemont se ha rasgado
las vestiduras y ha acusado al Gobierno de violar la Constitución y el Estatut, de suspender “de facto” la autonomía de Cataluña y de
cometer “una agresión sin amparo judicial”.
Aunque ha acusado el golpe recibido, ha manifestado que seguirá adelante con la
celebración del referéndum del 1-O -para lo que dice tener un plan B- e instado
a los catalanes a que defiendan sus derechos mediante la ocupación de las
calles.
El
Presidente Rajoy hizo anoche una ponderada y acertada declaración institucional
en la que afirmó que “España es un Estado
de Derecho que tiene los medios necesarios para impedir que quienes quieren
infringir las normas básicas de la democracia puedan hacerlo. Tiene mecanismos
para defender la legalidad y exigir
responsabilidades a quienes con tanta imprudencia están poniendo en grave riesgo
la convivencia. No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la
ley y a la democracia”. Destacó que “las
leyes son el instrumento que nos hemos dado para convivir en libertad y resolver
nuestras discrepancias de manera pacífica y justa. Por eso, nadie puede
pretender situarse por encima de ellas y, por eso, la desobediencia a la ley
por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia”. Advirtió
a la Generalitat
que “votar sólo es sinónimo de democracia
cuando se hace de acuerdo a la ley y respetando los derechos de todos”, y garantizó
que su Gobierno utilizaría “todos los
instrumentos” de que dispone para frenar el proceso independentista e
impedir cualquier conato de referéndum ilegal, “con el fin de evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el
conjunto de los ciudadanos”.Alentó a los dirigentes catalanes a que
abandonaran su pulso al Estado, pues “saben
que este referéndum no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo y ahora
no es más que una quimera imposible o una excusa para ahondar aún más en la
fractura que han provocado en la sociedad catalana. Si les importa la tranquilidad
de los catalanes, renuncien a esta escalada de radicalidad. Están a tiempo de
evitar males mayores. A nadie beneficia este desafío constante a la democracia
y a la ley”.
La
actuación del Gobierno ha sido respaldada hasta ahora por el PSOE y por Ciudadanos
y condenada por los nacionalistas –el PNV ha dejado caer que podría impedir la
aprobación de los Presupuestos de 2018- y por Podemos y sus acólitos.
Iglesias se ha alineado ya claramente con los
independentistas, llegó hasta afirmar en las Cortes que “en España hay presos políticos” e hizo un llamamiento para
participar en movilizaciones callejeras en favor del referéndum de
autodeterminación. Podemos organizó una mini-manifestación de protesta en la Puerta del Sol con
militantes de los partidos nacionalistas y el día 24 celebrará en Zaragoza una
Asamblea de diputados y de alcaldes a favor del referéndum del 1-O. La
actuación ha sido, sin embargo, bien acogida en genereal por la opinión pública
de España, harta ya de los desplantes y tropelías de las autoridades catalanas.
Como ha editorializado “El Mundo”, la
insólita agresión al orden constitucional que sostiene la Gerneralitat
justifica sobradamente la respuesta que el Estado está desplegando con medida
proporcionalidad, pero con toda firmeza. La operación de desmantelamiento del
referéndum ilegal realizada el día 20 marca un punto de inflexión que todo
demócrata contempla con alivio y esperanza. Rajoy parece haber leído el
artículo de Ansón y seguido su consejo ha mandado detener a un par de altos cargos
más de los recomendados, aunque aún no se ha atrevido con los peces gordos.
Ahora éste admite que el Presidente está actuando con moderación y con firmeza,
si bien “son muchos los que esperan que
actúe con mayor contundencia”.
¿Llegará a celebrarse el
referéndum 1l 1-O?. No lo creo, pero el problema seguirá sin resolver y el
abierto enfrentamiento entra la
Generalitat y el Estado y la tensión social continuarán
el 2-O y los días siguientes. Se va abriendo camino la posibilidad de que el
Gobierno recurra finalmente al artículo 155 después del 1-O y algunos –como
José García Domínguez- consideran que se debería aplica ya mismo, sin demora.
Tiene el inconveniente de que, durante el debate en el Senado, se pondría de
manifiesto la soledad del Gobierno, pues no parece que Sánchez esté dispuesto a
dar su brazo a torcer y la falta de aval del PSOE daría nueva munición a la
hábil agitprop de la Generalitat. También podría recurrir el Gobierno
a la Ley 36/2015
de Seguridad Nacional, lo que le permitiría poner bajo su autoridad a los poco
colaboradores Mossos y convocar
elecciones autonómicas anticipadas antes de que lo haga Puigdemont.
Previamente, sería necesario que
los Tribunales competentes inhabilitaran a Puigdemont, a Junqueras y a todo el Govern, así como a Forcadell y a Colau,
y les impusieran sustanciosas multas, como ha empezado a hacer el Tribunal Constitucional con Juvé y con los Síndicos lectorales. Como ha señalado Teresa Freixes, la
Ley Orgánicala
Constitución , y tanto él como el Tribunal deberían ejercerlos.
El PSOE y Ciudadanos deberían de dar muestras de sentido de Estado y, en vez de
demonizar y rechazar estos instrumentos legales extraordinarios, apoyar su uso
por uno y otro ante la gravedad del desafío separatista que amenaza la unidad
de España y el mantenimiento en ella de la democracia y del estado de Derecho.
Es probable que el 1-O no se celebre el
referéndum de autodeterminación, pero ello no supondrá “the end of the affair”, porque -dada la cerrilidad y obstinación de
los dirigentes separatistas, y su determinación de no dar salida al toro de la independencia-
tras los fiascos del 9-N y del 1-O harán una nueva intentona cuando el momento
les sea propicio e incluso cuando no lo sea. No soy, por tanto, optimista sobre
la posibilidad de que estos dirigentes cambien de actitud, pues –como ya vaticinó
en 1934 el periodista Agustí Calvé a) “Gaziel”,
a raíz del fracaso de la declaración de independencia de Lluis Companys- “cada vez que el destino coloca a Cataluña en
una de esas encrucijadas decisivas, nosotros los catalanes nos metemos fatal y
estúpidamente en el que conduce al despeñadero”.
Madrid, 21 de Septiembre de 2017
