Algo huele a podrido en el reino de Al-Andalus

ALGO HUELE A PODRIDO EN EL REINO DE AL-ANDALUS Nada más cruzar Despeñaperros se percibe el hedor de los fraudes de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y de los cursos de formación profesional que afecta a las instituciones políticas –especialmente la Junta de Andalucía- y sociales –incluidos Sindicatos, Asociaciones empresariales, empresas diversas y bufetes de Abogados- e incluso a instituciones judiciales, y ha trascendido los límites de la Comunidad Autónoma andaluza. Antecedentes del caso del fraude de los ERE La denuncia en 2009 de los propietarios del restaurante “La Raza” contra Mercasevilla por su exigencia de coimas permitió a la juez titular del Juzgado nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, descubrir el putrefacto entramado de los ERE en el que estaba implicada la Junta de Andalucía. Ésta negó relevancia penal a la conducta de los responsables de los ERE y la consideró, a lo sumo, como falta administrativa, y el Presidente Manuel Chaves la calificó de “trama de cuatro golfos”. Sin embargo -como ha ido demostrando Alaya-, esta chapucera trama derivaba no tanto de la actuación incorrecta de unos funcionarios desaprensivos, como de un sistema perfectamente planificado para distribuir “fondos de reptiles” sin control alguno, de una red de corrupción institucionalizada, inspirada o –cuando menos tolerada- por los altos cargos de la Junta. Ésta se personó en el proceso abierto en el citado Juzgado nº 6 como presunta perjudicada para tener acceso al sumario y –desde dentro- obstaculizar la labor de la juez instructora e inició una campaña descalificadora de la misma para intimidarla, pero ésta siguió valientemente con su investigación e inculpó a altos cargos de la Junta: Directores Generales, Consejeros e incluso a los antiguos Presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el auto por el que procesó al ex-Consejero de Trabajo, Antonio Fernández, la juez acusó a la Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo d personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. El personado PSOE criticó el encarcelamiento y procesamiento de Fernández y asumió su defensa jurídica, y el Consejero de Justicia, el fiscal Emilio de Llera, arremetió con inusitada estridencia contra la decisión de Alaya. En el curso de la instrucción del caso, la juez ha ido imputando a Consejeros y ex- Consejeros de la Junta –como Magdalena Álvarez, Antonio Ojeda, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Manuel Recio, Gaspar Zarrías o José Antonio Vieira- y a los ex-Presidentes Chaves y Griñán. Como la mayoría de ellos eran aforados, el examen de los casos pasaron a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) o al Tribunal Supremo (TS). Cuando estaban a punto de ser imputados, los aforados renunciaron a sus escaños y la jurisdicción volvió a los tribunales ordinarios. Tras percibir signos inequívocos para imputar a Chaves, Griñán y varios ex-Consejeros, el instructor designado por el TS, Alberto Jorge Barreiro, señaló en un auto que sólo ganaban tiempo para escapar a la jurisdicción de la juez Alaya. Como ha observado Francisco Rosell, cuando se veían con la soga del TS al cuello, renunciaban al escaño para retornar a la casilla inicial, con la pugnaz instructora fuera si la labor de zapa daba fruto. Para el Presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia de Sevilla, Antonio Moreno, que los aforados vuelvan al juzgado de origen da cierto tufo. “Supongo que lo hacen porque creen que muchas cosas prescribirán”. Según Carlos Mármol, causa rubor ver que quienes reclamaban que el sumario pasara a instancias superiores, huir del Alto Tribunal para regresar a la jurisdicción ordinaria ahora que los vientos parecen más favorables. Es la señal evidente de quién mece la cuna del Juzgado nº 6. Más asombroso es que el TSJA consuma el dislate incurriendo en la contradicción de decir que Alaya debería seguir, pero apartándola por completo del caso. No parece una decisión salomónica sino interesada. La culminación de la investigación ha pesado menos que la máxima de la tribu: cualquier cosa antes de que revienten las costuras del sistema. Estamos ante la “peronización” definitiva de la justicia en Andalucía. La independencia judicial se basa en tres elementos: que los jueces trabajen sin presiones, que tengan estabilidad en el juzgado y que ninguna instancia superior interfiera sus investigaciones, y ninguno de ellos está en pie: Ayala ha recibido presiones, el PSOE ha cuestionado su figura y el Sanedrín gremial la ha sacado del tablero el mismo día que rubricaba el pacto para seguir amordazando al Parlamento, “cuya composición no casa con los deseos de su Peronísima Majestad”. La soberanía popular queda bajo la tutela de su vicario y el TSJA renueva los obstáculos judiciales pendientes. “Lo peor de este episodio –concluye Mármol- no es asesinar a la justicia por la espalda, sino justificarlo a la siciliana, diciendo que la juez no quería colaborar”. Cambio de instructora en el caso del fraude de los ERE En Junio de 2015, Mercedes Alaya –sin duda fatigada por el acoso del “establishment” socialista- solicitó y obtuvo una plaza en la Audiencia sevillana, en la creencia inducida de que podría seguir con su labor instructora como juez de apoyo. Con ello perdió el control sobre la instrucción del caso de los ERE La Sala de Gobierno del TSJA propuso, en efecto, la concesión de una comisión de servicio -junto con el juez Álvaro Martín- para que continuara con la instrucción del caso, pese a las reservas de su sucesora María Núñez, que había estado 11 años a cargo de un Juzgado de Derecho de Familia y estaba apadrinada por el Consejero de Justicia De Llera, notorio y desaforado crítico de Alaya. Los primeros pasos de la nueva titular desde su llegada al puesto se dirigieron –en opinión de J.Caro Romero- a “destejer una procelosa investigación, que ha sido avalada –incluso en sus arriesgadas conclusiones- por el Instructor designado por el TS en el caso que afecta a los ex–Presidentes Chaves y Griñán”. Nada más llegar-y sin esperar a la decisión del TSJA sobre el recurso de la Fiscalía que había solicitado la división del macro-proceso-, lo troceó, algo a lo que se había opuesto vehementemente Alaya –apoyada por la propia Audiencia-, al estimar que se rompería la unidad del proceso. El sumario se dividió en tres piezas: diseño ilegal del “fondo de reptiles”, pagos abonados a las Aseguradoras y a los Sindicatos, y falsas ayudas concedidas a las empresas, esta última dividida, a su vez, en más de 200 micro-piezas, lo que puede condicionar los resultados, ya que –al juzgarse por separado- existe el riesgo de que algunos de los delitos queden prescritos. Según Rosell, este troceo reduce los numerosos y continuados delitos a asuntos de menor cuantía y –dado que las leyes son como las telarañas- los insectos pequeños quedarán prendidos en ellas, mientras que los grandes la romperán. Al final, será sancionada la morralla de actores secundarios, mientras que los “peces gordos” se saldrán de la red y eludirán las condenas o, a lo sumo, recibirán, sólo sanciones administrativas. Según José Antonio Gómez Marín, en Sevilla crece la impresión de que la “jibarización” de los sumarios instruidos por Alaya “va que se mata desde que se apareció a la Junta la juez Núñez”. Ésta ha rechazado la solicitud del Fiscal de tomar declaración a los imputados que dejaron de ser aforados a fin de evitar que puedan alegar prescripción de los delitos o vulneración del derecho de defensa, con la consiguiente anulación del proceso. También mantiene paralizadas las investigaciones de los fraudes de los cursos de formación con la excusa de presionar a la Junta para que le facilite más funcionarios, al tiempo que prescinde de los que han colaborado con Alaya, so pretexto de que serían sustituidos por los nuevos que le proporcione la Junta. ¡Desviste a un Santo sin poder vestir a otro!. Defenestración de la juez Alaya Harta probablemente de tantas zancadillas, Mercedes Alaya envió el 25 de Junio de 2105 un duro e inapropiado escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que arremetía contra su sucesora –a la que cuestionaba la competencia y la imparcialidad- y reclamaba la exclusividad en la instrucción de los casos de los fraudes de los ERE y de los cursos de formación. El tiro le salió por la culata y, el 13 de Octubre, el TSJA decidió revocar la comisión de servicio que previamente le había concedido y mantener sólo la de Martín como juez de apoyo a Núñez, decisión que fue corroborada por el CGPJ. Como ha señalado Belmonte –en su “Tercio de Varas” en “El Mundo” de Andalucia-, a leguas se veía venir que a la Juez Alaya, tarde o temprano, la decapitarían poniendo punto final al soponcio de la Junta y de su Partido. La vista se hizo más patente cuando apareció en escena la sustituta del brazo astuto del Consejero del ramo, cuya animosidad hacia Alaya está requetebién probada. Y ahora a esperar pues nunca se sabe, aunque “lo previsible es que el gran globo se desinfle y acabe en poco o casi nada el que ha sido el mayor escándalo en la historia de la autonomía”. Ayala ha sido víctima de sus propios errores. Su equivocación básica –si quería seguir con la instrucción del sumario de los ERE- fue solicitar su traslado a la Audiencia, porque, “ipso facto,” dejó de ser la “juez natural”. Su plaza salió a concurso y fue ocupada por otra magistrada, cuya apreciación del caso lamentablemente difería de forma notable del criterio de la su predecesora. Pretender –como hizo Alaya- llevar el caso desde la Audiencia colisionaba con el principio básico del juez natural y podría acarrear la nulidad del proceso. Es cierto que podía haber continuado con la instrucción si el TSJA le concedía una comisión de servicio al efecto, pero lo mismo que se la dio, se la quitó. Como destacó el Tribunal, no es posible prescindir de la condición de juez natural y predeterminado por la ley y adquirida por la actual titular, que ostenta la superior dirección y responsabilidad del caso, y no puede ser desposeída de su conocimiento sin su aquiescencia, pues dicho principio no puede ser saltado por nadie. Antes existía la figura del “juez especial” –recuerdo, por ejemplo, cuando mi padre, siendo magistrado de la Audiencia Territorial de Sevilla, fue nombrado juez especial en el caso del robo de las joyas de la Virgen de los Reyes-, que hubiera podido solucionar el problema, pero esto no es ya viable y la decisión del TSJA ha sido formalmente correcta. Otro grave e incomprensible error de Alaya ha sido enviar en contra de su sucesora un escrito intolerable y difícil de aceptar, que -por más que tenga buena parte de razón en su argumentación- ha dado razones al TSJA para su defenestración, pues “patentiza una clara voluntad de no colaborar con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial”. Lo deseable hubiera sido utilizar sus conocimientos, pero los duros ataques dirigidos a su sucesora obligaron a replantear la solución inicialmente propuesta, ya que Alaya traspasó la línea roja al cuestionar la idoneidad e independencia de Núñez. La vehemente juez ha cometido, por otra parte, algunas equivocaciones en la instrucción del sumario, especialmente al concentrar excesivamente el trabajo en su cuestionada persona, pese -o quizás debido- a la insuficiencia de medios y a las ingentes presiones sufridas desde la Junta, el PSOE y algunos sectores judiciales, y tardar demasiado tiempo en concluir la instrucción. En su descargo tiene la enorme complejidad del sumario y la estrecha conexión entre sus elementos constitutivos, que le incitaba a mantener la unidad sumarial contra viento y marea. Sin embargo, nadie puede negar que ha realizado un trabajo descomunal y hurgado donde ningún juez o Tribunal andaluz se había atrevido y que -gracias a su tenacidad y buen hacer jurídico- ha puesto de manifiesto las cloacas de la Junta y revelado el enorme fraude de los ERE. Su relato se ha mostrado válido, pues, de no ser así –ha observado Carlos Mármol-, el TS no habría iniciado un un “encausamiento interruptus” de los padres de la patria implicados en una red corrupta que subvencionaba el despido libre de sus amigos. Riesgo de solución insatisfactoria del caso de los ERE El Vicesecretario del PP, Pablo Casado, ha afirmado que, detrás de la decisión del TSJA de apartar a Alaya del caso está la “larga sombra” de la Junta. El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha responsabilizado al PSOE y a la Junta de esta separación y afirmado que en España se llevan demasiados años en los que a los jueces se les mueve y se les presiona en función del caso que juzguen, y ha equiparado la situación a los “movimientos” del PP de los magistrados encargados de la trama “Gurtel”. Esta comparación es poco afortunada, pues no ha sido el PP, sino la Fiscalía y las acusaciones privadas quienes están tratando de remover del Tribunal competente a algunos de los “jueces naturales” del caso. Según Caro Romero, lo que ha dejado de aclarar Rivera es por qué Cs sostiene a la Junta y aprueba a ciegas los presupuestos a un partido que “mueve jueces” en Andalucía. Es una pena que Cs renuncie tan fácilmente a su papel en Andalucía de corrector de la corrupción que prometió a sus votantes. Según Luis Miguel Fuentes, el reformismo minimalista y contemplativo de Cs sólo está consiguiendo migajas insuficientes ante lo fundamental: ninguna decisión económica o ideológica nos empobrece y estrangula tanto como la propia corrupción del sistema, el uso metódico de lo público con el único objetivo de sostener al partido y a su poder, y “eso es en lo que Cs está colaborando”. La exclusión de Alaya es una operación política diseñada por el partido en el poder y ejecutada por los largos tentáculos de un régimen que alcanza hasta el máximo órgano judicial en Andalucía. En un excelente artículo sobre “La defenestración de la juez Alaya”, publicado en “El Mundo” de Andalucía, su director, Francisco Rosell, ha afirmado que, tras defenestrar a Alaya de la instrucción de los ERE y de las macro-causas que probarían la institucionalización de la corrupción andaluza como sistema socialista para garantizarse su intangible hegemonía, no se sabe si su espectro recorrerá los salones de los órganos de gobierno judiciales. Como estaba cantado por mor de de unas maniobras orquestadas difícilmente disimulables, el desenlace se ha registrado cuando el Instructor de la causa en el TS percibió signos inequívocos para imputar a los aforados ex- Presidentes Chaves y Griñán, así como a algunos ex-Consejeros que gozaban de igual privilegio para burlar la justicia mediante una corrupción piramidal y jerárquica. Alaya vio como se nombraba específicamente a un consejero para que se desembarazara de ella el antiguo fiscal De Llera, quien nunca reparó en la existencia de la corrupción cuando era el encargado de investigar tales delitos. En pago de sus artimañas, la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha premiado con el número 2 de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Sevilla a la esposa del susodicho, Juana Amalia Rodríguez. La Sala de Gobierno del TSJA y el CGPJ nunca prestaron apoyo y amparo a Alaya, sino que participaron en maniobras arteras contra ella por su empecinamiento en esclarecer unos abusos que afectaban a la columna vertebral del régimen andaluz. Siendo lo más lógico que se le hubiera otorgado una comisión de servicio para cerrar el voluminoso sumario, las Salas de Gobierno dieron largas para que su sustituta –sin experiencia penal alguna, pero apadrinada por De Llera- fuera deconstruyendo la causa. Entretanto, tras su paso a la Audiencia, Alaya aguardaba en vano un pronunciamiento favorable para seguir en exclusiva con la instrucción, que no se produjo. Dada la trama de intereses a la que se enfrentó, era el presumible epílogo que acontecería en cuanto constató que no era cosa de “cuatro golfos”, sino que tenía un calado enorme al implicar a la cúpula de la Junta. Los altos togados dependientes de la política han defenestrado a Alaya apelando a su incapacidad de entenderse con quien estaba demoliendo su labor de años y presentando la situación como un culebrón entre dos mujeres de armas tomar que andaban a la greña. La confluencia de intereses es la que ha arrojado a Alaya de los ERE, facultando a su sustituta a que los trocee y los deje en asuntos de menor cuantía. La estafa de los ERE y de los cursos de formación no sólo puede quedar en agua de borrajas en manos de una juez de la confianza del Consejero De Llera, sino también provocar que no se reintegre a las arcas públicas lo mucho saqueado. “Cuando la política entra por la puerta de las Salas de Justicia y se acomoda en sus estrados, el Derecho salta por la ventana”, concluye Rosell, con el que estoy en buena medida de acuerdo. Parafraseando a William Shakespeare en “Hamlet”, cabe decir que “algo huele a podrido en el reino de Al-Andalus”. Sevilla, 27 de Octubre de 2015