El ministro español de (In)Cultura excede la Leyenda Negra

EL MINISTRO ESPAÑOL DE (IN)CULTURA EXCEDE LA LEYENDA NEGRA Los Gobiernos españoles no han dado especial relevancia a la cultura, que han considerado como lo que en mi época universitaria se denominaba una “María”. Raramente ha tenido autonomía y se ha solido integrar en el Ministerio de Educación. A la hora de hacer recortes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la primera Dirección General que se suprimía era la de Relaciones Culturales y, a nivel gubernamental, la principal víctima era el Ministerio de Cultura. Raramente ha contado con ministros destacados y a menudo ha servido para colocar a ministras-florero. El hasta ahora ministro, Miquel Iceta, ni siquiera logró superar el primer año universitario en las dos carreras que intentó estudiar y, como premio por ello, ha sido nombrado representante permanente ante la UNESCO. Ha sido sustituido por la cuota catalana de Sumar, Ernest Urtasun, que al menos obtuvo un título universitario y sacó unas oposiciones a la carrera diplomática. Su apreciable currículum, sin embargo, ha sido dilapidado por su sectarismo pijo-progre de la Bonanova. Cataluña ha proporcionado a España un destacado plantel de embajadores, como -por citar a algunos de mi generación- Raimundo Bassols, Fernando Perpiñá, Francisco Condomines, Juan Prat, Eugenio Bregolat o Eudaldo Mirapeix. Mucho me temo que Urtasum no entrará en esta selecta lista. Según ha señalado Jorge Bustos, como el ministro del ramo tiene escasas competencias, tiene que recurrir a declaraciones aparatosas para adquirir notoriedad. Urtasun ha militado en Iniciativa per Catalunya Verds, Catalunya en Comú (Podemos), Esquerra Verda, Comisiones Obreras y Sumar. Admirador de Pablo Iglesias, cuando éste hizo mutis por el foro tras el “ayusazo”, le envió el mensaje de “ha sido, es y será un orgullo caminar a tu lado. No te vayas muy lejos”. Tras ingresar en la carrera diplomática en 2010, tres años más tarde pidió la excedencia sin haber salido al exterior y se dedicó a la política. Entre 2014 y 2023 fue eurodiputado y se integró en el Grupo Verde/Alianza Libre Europea, y tiene como timbre de gloria haber sido uno entre la veintena de diputados que votó en contra de la resolución del Parlamento Europeo que condenaba la masacre de civiles israelitas cometida por Hamas. Tras el declive de Podemos, se fue decantando hacia Sumar. Acogió con entusiasmo en Bruselas a Yolanda Díaz, de la que dijo que era “un orgullo recibir en el Parlamento Europeo a la vicepresidenta Díaz y a todo su equipazo. Un lujo de equipo, infatigable en defensa de los derechos sociales en España y en toda Europa” (2021) y dio “gracias infinitas” a su querida Yolanda. “La política cobra sentido cuando se ocupa de los problemas reales de la gente y logra avances concretos para los más desfavorecidos. Pocas veces he sentido tanto orgullo de estar donde estoy” (2022). Después de tales florilegios, no fue de extrañar que Díaz lo nombrara portavoz de Sumar y ministro de Cultura. Comparación del Imperio español en América con el imperialismo belga en el Congo Urtasun ha tenido a gala afirmar que la cultura es la mejor arma de combate político. Su concepción de la misma como un instrumento ideológico sirve para ahondar la división entre los españoles. Tras su nombramiento, declaró el 30 de diciembre pasado a la Cadena SER que “yo he vivido estos años en Bruselas, donde hay un Museo de África que era terrorífico, racista, colonialista, espantoso, y Bélgica ha cambiado radicalmente este museo. Hay toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató antes. Yo creo que es algo que nosotros, poco a poco, tenemos que empezar hacer ¿Cómo lo haremos? Lo estamos acabando de ver. La voluntad es ir poco a poco, pero nosotros hemos heredado esa cultura colonial, que de alguna manera tenemos que ver y gestionar”. Que esto lo diga un ministro de Cultura -que se supone que debe defender la Historia y la cultura de su país, y tratar de desmontar los tópicos de la Leyenda Negra- es un hecho insólito, una aberración histórica y una mezcla de ignorancia y de mala fe, porque el ministro es el primer creyente en esta vieja leyenda y el abanderado de la creación de otra nueva, cual es la persecución ilegal al independentismo catalán por la prevaricadora Justicia española. Urtasum puso en pie de igualdad la actuación del Imperio hispano en América con el imperialismo del Rey de Bélgica en África. Cabe recordar que en 1885, el Congreso de Berlín reconoció a una empresa privada belga -supuestamente benéfica-, dirigida por el rey Leopoldo II, el dominio sobre una extensión de 2.600.000 kilómetros cuadrados denominado “Estado Libre del Congo”, que el monarca administró como un cortijo con plena impunidad. Explotó de forma sistemática y exhaustiva los recursos naturales del Congo mediante la utilización de la mano de obra indígena en condiciones de esclavitud, y estableció un régimen de terror mediante la creación de un Ejército privado, que realizaba frecuentes ejecuciones en masa y amputaciones de miembros como castigo -los negreros llegaron a utilizar las manos cortadas como moneda informal-. Aunque no hay datos verificables, distintos autores han cifrado las víctimas de la barbarie belga entre cinco y diez millones de muertos. Para minar la moral de los congoleños, los obligaban a violar a sus madres y a sus hermanas. Cómo ha señalado el historiador argentino Marcelo Gullo, los belgas dejaron en el Congo zoológicos humanos y cientos de personas con los miembros amputados. En 1890, el afroamericano George W. Williams escribió una carta al Rey de los belgas en la que denunciaba las atrocidades que se cometían en el Congo. El escándalo adquirió tal naturaleza que, en 1908, Leopoldo II se vio forzado por la presión internacional a ceder sus derechos sobre el Congo al Estado belga. La situación mejoró algo, aunque no en demasía, pues siguió la explotación del territorio y hasta 1954 se mantuvieron los trabajos forzados ¿Qué herencia dejaron los belgas aparte del genocidio de los indígenas? ¿Crearon hospitales y universidades? Ni uno ¿Mezclaron su sangre con la de los aborígenes y se produjo algún mestizaje? En absoluto. El Imperio español en cambio -cómo ha observado Gullo en su libro ”Lo que América debe a España”- nunca consideró sus posesiones en América como colonias, sino como provincias de sus virreinatos, en la que los ciudadanos de uno y otro lado del Atlántico poseían los mismos derechos. La falsa historia de la colonización de América escrita por los enemigos históricos de España ha ganado la batalla cultural y determinado conciencias, costumbres y perjuicios. Urtasun y quienes piensan como él creen que España fue una mala hierba que no debería haber existido nunca. “No hay un ejemplo en la Historia de la humanidad de una clase política y de un sector ideológico que detesten a su propia nación y, encima, están en el Gobierno”. España es el único país en el que llevar una bandera nacional es motivo de vergüenza. Lo que ocurre en España es algo insólito. “Las declaraciones de Uratsun conllevan una ignorancia supina o una mala fe absoluta” -o ambas, añado yo-. Que el ministro de Cultura ponga en pie de igualdad la acción colonizadora, culturizadora y evangelizadora de España en América con la política de explotación y exterminio de Bélgica en África indica su ignorancia histórica y su talla moral, y es motivo de escándalo para cualquier biennacido. Treinta y cinco asociaciones culturales de España y de Hispanoamérica han publicado un comunicado del Protocolo de Santa Pola, en el que le han pedido que se retracte de sus declaraciones o que dimita, y han expuesto los siguientes argumentos: 1) La misión de un ministro de Cultura es defender la cultura de España y no atacarla o menospreciarla, y afirmar su obra civilizadora de 300 años, basada en la extensión del mensaje del cristianismo y del legado grecorromano. Identificarlo con el dominio colonial abusivo llevado a cabo por el rey Leopoldo es un chiste de dudoso gusto. 2) España no tuvo colonias en América, ya que se trataba de provincias de la “España ultramarina”. Según la Constitución de 1812, “la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” (artículo 1), y son españoles “todos los hombres libres nacidos o avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos” (artículo 5). 3) Toda gran empresa tiene un Debe y un Haber, pero en el caso de la colonización española de América, éste es muy superior a aquél. 4) El modelo virreinal se aplicó allende el Atlántico en forma de organización descentralizada que creó más de 30 universidades, mil hospitales y cientos de ciudades. Se invirtieron ingentes cantidades de oro y plata en infraestructuras hidráulicas, caminos, puentes, catedrales y edificios públicos que han resistido el paso del tiempo. 5) Ello fue fruto de una colaboración entre los pocos peninsulares que llegaron a América y los indígenas, unidos por el mestizaje y la igualdad de trato. 6) España no ha elaborado una leyenda negra sobre los abusos de la conquista de Hispania por Roma y ha preferido centrarse en los aspectos positivos de la misma. ¿Por qué habría de ser diferente con el imperio hispano? 7) Un ministro de Cultura de España debería dedicarse a combatir la Leyenda Negra hispanófoba, en vez de aceptarla. El prestigio de España está en peligro cuando se menosprecia su pasado o se apoyan visiones negativas y sectarias que solo contribuyen a su debilidad y a la baja autoestima colectiva del mundo hispano. Esta estrategia sirve, consciente o inconscientemente, al quintacolumnismo de los que quieren tener a los españoles enfrentados, desunidos y débiles. “O rectifica su declaración pública o debería presentar de forma inmediata su renuncia al cargo, por falta de voluntad para defender la historia de la casa común, que une, no solo a los 47 millones de españoles, sino también a 500 millones de hispanos”. Es de sobra conocida la animadversión de Urtasun a la tauromaquia. Los “corre-bous”, en los que se ponen bolas de estopa encendida en las astas de las vaquillas, las arrastran con cuerdas y las arrojan a los canales y al mar son “cultura catalana”, mientras que las corridas de toros son una muestra de la crueldad del pueblo español, que disfruta viendo cómo se tortura y mata a tan noble animal. Me ha sorprendido la editorial de la revista “Mundotoro” del pasado día 18, que ha criticado las afirmaciones de que el genocidio explotador era igual a la cultura del mestizaje y, por eso, debíamos plantearnos devolver piezas del Museo de El Prado o del Thysen, cuando en España jamás ha existido una expropiación cultural. El ministro viene para rematar la faena de ensuciar el pasado español para argumentar la violencia de ese pasado contra culturas como la de Cataluña, y lo hace de forma sutil, hablando en contra de los toros, justo al lado de su discurso de la Leyenda Negra española que es puro “marketing”, que pretende anular hechos históricos que sitúan a España en otro lugar con sombras. Asistimos a una vuelta de tuerca del revisionismo inmoral de nuestra Historia, al abundamiento de una leyenda negra que blanquea las aspiraciones ilegítimas en cultura, economía, tradiciones y legado cultural de la Cataluña de los independentistas, de forma que Urtasun no esconde para qué ha sido nombrado. Su antitauromaquia es el prólogo a su hispanofobia. En un concierto, su antitaurinismo sería ese telonero que calienta los cuerpos antes de la llegada de la gran actuación. Descolonización de los museos Yo me consideraba un experto en descolonización, porque hice mi tesis doctoral sobre “Participación de la ONU en el proceso de descolonización” y mi Memoria en la Escuela Diplomática sobre “Proceso evolutivo de la Guinea Ecuatorial española “, y he escrito un libro sobre el Sáhara Occidental y muchos artículos sobre temas relativos a la descolonización. Pero resulta que me he quedado anticuado, porque -según el ministro de Cultura- lo que hay que descolonizar no son los pueblos oprimidos, sino los museos españoles colonizados, promoviendo un proceso de revisión de las colecciones que “permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas, que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la Historia y del legado artístico […] Se trata de establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar este marco colonial”. Me recuerda el trabalenguas infantil del arzobispo de Constantinopla que se quería descontantinopolizar y que -en su versión “urtasionana”- rezaría: “Los museos españoles se deben descolonizar; el descolonizador que los descolonialice, buen descolonizador será”. Pero ¿cómo se descoloniza un museo?, ¿Se trata -como ha comentado David Jiménéz Torres- de devolver piezas a su destino de origen, de reescribir las explicaciones sobre las obras, de exponer una visión distinta del pasado español o, de hacer simples proclamas antiimperialistas que complazcan a la parroquia ideológica?.. .El problema es que el propio Urtasun no lo sabe. Su ocurrencia no deriva de un estudio serio de nuestros museos, sino de una moda reformista que se está extendiendo por las instituciones culturales occidentales. Como ha comentado con sorna David Lema, es un paso pequeño para un ministro de Cultura, pero un gran paso para la Humanidad, al fomentar la protección de una de las especies que corren el peligro de extinguirse, pero que nunca mueren: los museos. Si la caridad bien entendida empieza por uno mismo, quizás el ministro podría iniciar su campaña descolonizadora por su propia tierra. Menciona Lema un anuncio por palabras aparecido en ” La Vanguardia” que decía: “Quien quiera comprar una negra y una hija suya mulata, que sabe guisar, lavar y planchar bien, acuda enfrente de la casa de los Gigantes n° 9, casa de don Mariano Sans y de Salas”. Entre 1789 y 1920, los negreros catalanes trasladaron desde África a América unos 30.000 esclavos en barcos que salían desde Barcelona, cargados con telas, alcohol y fusiles hacia la costa centroafricana, donde los cambiaban por esclavos que luego trasladaban hasta América. ¿Quién va a discutir ahora -se ha preguntado- el patrimonio de los herederos de los señores del Eixample? Urtasun prestaría un gran servicio patriótico si consiguiera volver a unir España y a Cataluña, mandando a la basura el olvido y recordando las gestas conjuntas. Si tuviera éxito, es posible que lo llamaran del “British Museum” de Londres, donde hay, al parecer, algunas piedras que devolver ¡Qué bien le vendría a la Commonwealth! ¡Ponga un Urtasun en su museo! Las declaraciones de Urtasun han sido severamente criticadas tanto por los partidos de la oposición, como por buena parte de los expertos en museos e historiadores. La diputada del PP, Sol Cruz-Guzmán, señaló que -como España no tuvo colonias en América-, los discursos coloniales la ponían nerviosa. El representante de Vox, Joaquín Robles, acusó al ministro de haber interiorizado el discurso de la Leyenda Negra y destacó el hecho de que España tuviera un ministro de Cultura hispanófobo. Urtasun se enzarzó con él y le espetó que tenía que defender la cultura frente a los desafueros de Vox, a lo que Robles le replicó: “Nos acusan de censura Vds, la izquierda ’woke’, que es la campeona de la censura“. Puede que los dos tuvieran algo de razón. Una de las críticas más sardónicas ha provenido de Luis del Val, que ha reconocido en la COPE su ignorancia por no saber que los museos españoles estaban colonizados y enfermos de etnocentrismo, y era una suerte que el ministro de Cultura lo hubiera descubierto y se mostrara dispuesto a descolonizar los 17 museos que dependían del Gobierno. Observó que no había encontrado trazas de etnocentrismo en el Prado, salvo que se acusara a Rubens, Velázquez, Tiziano o Goya de pintar siempre a personas de raza blanca. Urtasun era un hombre culto y amante de la familia, porque era comunista e hijo de comunista, y la familia que abrazaba el marxismo permanecía unida. Era también miembro de CC.OO en su afán de conocer a algún obrero, porque había sido educado en el elitista Liceo Francés de Barcelona, donde no había ningún hijo de obrero, ni tampoco vería a muchos en la carrera diplomática. Su amplio conocimiento de las clases sociales y su odio a la tauromaquia pondrían las cosas en su sitio y desterraría de El Prado la colección de grabados taurinos de Goya. Había otro aspecto que un ministro tan sensible como él ya habría advertido, cual era la inercia del género. En el museo solo había un desnudo masculino -el San Sebastián de El Greco-, mientras que los femeninos eran muy numerosos: la maja de Goya, la serie mitológica de Tiziano y, sobre todo, las tres Gracias de Rubens. Urtasun debería reunirse con su colega de Sanidad para acordar la retirada de esa exhibición de grasa superflua, que provocaba desmayos entre los seguidores de la dieta mediterránea. Pero lo importante era que se abría una actividad nueva: la de descolonizador de museos. Carlos Herrera le ha recordado a Urtasun que el Imperio español existió, por mucho que le produjera urticaria y que tratar de borrarlo cinco siglos más tarde era una absurda labor de idiotas, con la que solo conseguiría hacer el ridículo. España no tuvo colonias en América y, si hoy hay indigenismo, es porque la conquista española -a diferencia de la inglesa o de la belga- se caracterizó por respetar a los indígenas y promover el mestizaje. El escritor mejicano Enrique Krauze ha afirmado que hay que tener claro que existían muchísimas diferencias entre las colonias que las potencias europeas establecieron en África en el siglo de XIX y los virreinatos españoles en América, pues fueron dos formas de gobierno muy distintas. Hablar de la descolonización de los museos españoles era un gran error. Para Isabel San Sebastián, ”la imbecilidad histórica que subyace a esta pretensión es gigantesca. Pretender reescribir lo que refleja un museo y la historia narrada a través del arte es directamente orwelliano: El Ministerio de la Verdad”. Se ha preguntado con sorna si habría que cambiar las meninas por los meninos y poner rostros de mujer en los fusilamientos de Goya para complacer a Urtasun. No solo intenta imponer su dogmatismo en el campo político e intelectual, sino quiere llevarlo al extremo absurdo de la pintura. “Desde el punto de vista cultural, me parece grotesco y, desde el punto de vista histórico, demostrativo de una falta absoluta de conocimiento de lo que es la Historia de España”. La profesora del CEU, María Saavedra, ha afirmado que expresiones como “marco colonial”, “inercias de género” o “misión lastrada del patrimonio” son palabras vacías que buscan imponer por ley una determinada visión del pasado, con el objetivo de contentar a una parte de la población a la que no le interesa la cultura, sino la ideología. El que los museos sean vivos no significa que haya que reinventarlos desde ideologías sesgadas, que nada tienen que ver con la Historia. Los museos ya dan mayor presencia a los pueblos indígenas y prestan gran importancia a las piezas que reflejan la cultura, el simbolismo y la religiosidad de los pueblos prehispánicos -especialmente en los museos de América o de Antropología-, y nada tiene que ver con una concepción etnocentrista de la Historia, como apunta el ministro de Cultura. El ex-director de los Museos de El Prado y Arqueológico, José María Luzón, ha expresado su desacuerdo con que los museos se conviertan en un botín. España no ha expoliado nada y no tiene sentido devolver a Colombia el tesoro Quimbaya, que fue donado por su presidente a la reina regente María Cristina. Si se acordara su entrega, las Ordenes Religiosas podrían solicitar la devolución de las obras que fueron incautadas durante la desamortización. La Dirección General de la Verdad Urtasun anunció la creación de una Dirección General de Derechos Culturales que desarrollará un plan que haga cumplir sus políticas culturales a medio plazo en todos los ámbitos de la Administración. El eje de este programa sería la adopción de una postura firme para combatir cualquier forma de censura, y la igualdad y acceso equitativo a la misma de todas las minorías. Se trata de desarrollar acciones concretas y medidas específicas que generen las mejores condiciones posibles para que los proyectos culturales se desarrollen, y la ciudadanía pueda disfrutar de una vida cultural plena sin ningún tipo de censura previa. “La creación y producción cultural sufren un momento histórico de cambio en el que la censura y la injerencia política ganan terreno en la gestión pública. Esta dirección acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada en el espacio público”. La mención de la función fiscalizadora hace pensar que la Dirección General se dedicará más a la acción ideológica que a la ejecutiva. La prioridad será extender y democratizar el acceso a la cultura y de garantizar el derecho a la creación de las mujeres –“nuestra práctica cultural exige un compromiso decidido con el feminismo y la igualdad real”- y los colectivos LGTBI. Según un editorial de “El Mundo”, la creación de una Dirección General que luche contra la censura no solo parte de premisas falsas, sino que confirma la querencia de la izquierda radical por someter la creación intelectual, necesariamente libre, al tamiz de una ideología del Estado. Cómo ha señalado Rafa Latorre, la andanada de palabrejas con las que el ministro presentó su programa sería solo una cursilada, si no supiéramos que, en política, lo cursi es un disfraz de lo siniestro. Refleja un deseo de control. La mera sugerencia de que sea una Dirección General la que establezca qué es inaceptable censura, qué es justa cancelación, qué es gestión cultural o qué es capricho ideológico, es sumamente preocupante y desprende un tufillo orwelliano de Ministerio de la Verdad. Por otra parte, al igual que el ministro Albares ha metido con calzador al feminismo y a la diversidad de género en la política exterior, Urtasun pretende hacer lo propio en la política cultural, lo cual es discriminatorio. Todavía en el caso de la mujer sería tolerable, pero no así en el supuesto de los colectivos LGTBI, porque no hay motivos razonables para que un homosexual tenga prioridad de acceso a la cultura sobre un heterosexual o sobre un socio del Rayo Vallecano. Dado que no tiene capacidad, ni voluntad, para defender la Historia y la cultura de España, sería de interés general que Urtasun renunciara al Ministerio y se metiera en el ”bombo”, para ser destinado al Consulado en Kinshasa, dónde podría comprobar las bondades de colonización belga del Congo, frente a las maldades de la realizada por la Corona española en América. De allí podría ser destinado al Consulado en Santa Cruz de la Sierra para seguir investigando “in situ” el genocidio cometido por sus ancestros. Madrid, 26 de enero de 2024

El Tribunal Constitucional humilla al Tribunal Supremo

ELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL HUMILLA AL TRIBUNAL SUPREMO Según el artículo 123-1 de la Constitución española (CE), el Tribunal Supremo (TS) es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. En estos temas, tiene precedencia el Tribunal Constitucional (TC), jurisdicción especializada que -según el artículo 161-1- tiene como competencia resolver los recursos de anticonstitucionalidad contra las disposiciones de rango legal, las peticiones de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales, los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y “las demás materias que le atribuyan la Constitución o las Leyes Orgánicas”. Se trata, pues, de una jurisdicción especializada y residual, que debe ejercerse dentro del exclusivo marco de las competencias que le han sido específicamente atribuidas por la CE o una Ley Orgánica y, entre ellas, no figuran las de interferir en las atribuciones del TS, ni modificar el contenido de sus resoluciones. Mas esto es precisamente lo que está haciendo últimamente el TC, como se ha puesto de manifiesto en recientes sentencias, como las que han aceptado los recursos de amparo presentados por Alberto Rodríguez y por Arnaldo Otegui. En su deseo de controlar el Poder Judicial, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez -que ya controla el Poder Legislativo y algunos ámbitos del Judicial -como la Fiscalía General, la Abogacía del Estado o el TC- ha pinchado en hueso con el TS, única institución que -junto a la Corona- garantiza la persistencia del Estado de Derecho. Por ello, Sánchez trata de dominar el TS y, en tanto que no lo consiga, se dedica a desprestigiarlo desde el poder, y cuenta para ello con la valiosa colaboración del “Comando Pumpido”, liderado por su cándido presidente, que lo ha convertido en una sucursal de la Moncloa, con la inestimable ayuda de antiguos ministros y miembros de la Administración socialista. Como ha comentado Jesús Lillo en “ABC”, España parece ya preparada para reconocer los méritos de Conde-Pumpido y del exministro Campo, como garantes de la constitucionalidad del sanchismo, y todo se reduce en suma a la legitimación de los “cambios de opinión”, por lo jurídico o por lo informativo. En un régimen político en el que los poderes se unen como cuatrillizos monovolumen, nos rasgamos las vestiduras por la más que aparente dependencia orgánica del TC, mientras nos distraemos en el parque de atracciones mediáticas, que políticos profesionales ayudaron a construir para que “la necesidad personal de uno fuera la virtud de todos”. Concesión de amparo a Alberto Rodríguez El 24 de enero de 2014, durante una manifestación en La Laguna contra la LOMCE, Alberto Rodríguez, a) “el Rastas”, propinó una patada en la rodilla a un policía. Siete años más tarde se celebró el juicio en el TS, ya que Rodríguez había sido elegido diputado, y fue condenado por atentado a agente de la autoridad. Según artículo 551 del Código Penal, los autores de este delito pueden ser castigados a prisión de 3 a 4 años y a multa de 3 a 6 meses, así como a una pena accesoria de inhabilitación durante el período que durara la condena. El Tribunal fue muy benigno, tanto por la levedad de la infracción, como por la excesiva dilación en la celebración del juicio, y tan solo lo condenó a un mes y 15 días de prisión, y a una inhabilitación en el ejercicio del sufragio pasivo durante la condena. El TS le conmutó la pena de prisión por una multa de €540. Rodríguez no se conformó con la condena, pese a su levedad, porque estimaba Que no había delinquido, y que la sentencia era una barbaridad antidemocrática y una criminalización de la protesta social, por lo que la recurrió con el fin de que se anulara su condena. La Sala II de lo Penal confirmó la sentencia y -ante la consulta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet- se ratificó en el mantenimiento de la pena accesoria de inhabilitación durante 45 días. La presidenta aplicó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y despojó a Rodríguez de su condición de diputado, pero Podemos se negó a que corriera la lista y su puesto quedó sin cubrir. El diputado recurrió en amparo al TC, tanto por su condena como por la privación de su estatuto, y anunció asimismo que apelaría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La ponente del primer recurso, María Luisa Segoviano, se mostró favorable a conceder el amparo, pese a que la Fiscalía solicitara su inadmisión, al no apreciar que se hubiera producido ninguna de las vulneraciones alegadas por el recurrente. Se produjo el habitual alineamiento de bloques ideológicos y la sentencia fue adoptada por siete votos a cuatro. El fallo es sumamente débil desde un punto de vista jurídico, como han puesto el manifiesto en su voto particular los magistrados de la minoría. La sentencia aceptó los hechos, pero optó por una interpretación que permitiera adecuar la pena de prisión y la accesoria de inhabilitación, mediante la sustitución de la pena de prisión por la de multa, que no llevaba aparejada una pena de inhabilitación, cuya imposición afectaba al derecho fundamental de representación política del recurrente. Afirmó que el TS había vulnerado el derecho de Rodríguez a la legalidad penal, desde la perspectiva del principio de prohibición de interpretaciones extensivas o axiológicas de los preceptos sancionadores. La incidencia que se hacía en las resoluciones impugnadas a que la comisión de un delito sancionado en abstracto con una pena de prisión podía producir consecuencias jurídicas accesorias vinculadas a ella, que no se desenvolvían dentro de las bases valorativas constitucionales referidas a la exigencia de proporcionalidad en la intervención penal. La interpretación controvertida conforme a la cual pervivía la pena de prisión y las consecuencias accesorias vinculadas a ella, cuando fuera inferior a tres meses, provocaba una interpretación imprevisible contraria al artículo 25-1 de la Constitución, ya que utilizaba un soporte axiológico ajeno al principio constitucional de proporcionalidad, por implicar un desproporcionado sacrificio que producía un potente derroche inútil de coacción. No comprendo a qué viene la mención del citado artículo, que establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyeran delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento, porque dicha legislación ya tipificaba el delito de atentado contra la autoridad pública. Los magistrados de la minoría han afirmado que no eta sostenible desde un punto de vista lógico o racional, ni entendible desde parámetros interpretativos de común aceptación, que se considerara un “derroche inútil de coacción” que, por cometer un delito contra el orden público, se impusiera una pena que comportaba impedir que el recurrente pudiera presentarse durante 45 días como candidato a unas elecciones que además no se produjeron. Maxime, cuando esa pena se puso muy por debajo del mínimo legal, sin que la lesividad de la conducta punible se hubiera visto atenuada por la circunstancia de dilaciones indebidas, que no afectaba a la gravedad del delito. Debería haberse desestimado el amparo, de acuerdo con la opinión de la Fiscalía, porque la sentencia reconstruía improcedentemente la demanda que Rodríguez planteó, ya que en ningún momento alegó la disproporcionalidad de la pena de inhabilitación, que provocó la pérdida de su condición de diputado por la aplicación de la LOREG, lo que se excluyó del objeto del recurso, al no haber sido impuesta en el proceso penal. El Tribunal no tomó en consideración la razón de la atenuación de la condena, ni el hecho de que no se convocaran elecciones en el periodo de inhabilitación, ni tampoco que se hubiera sustituido la pena de prisión por la de multa, que no implicaba la pena accesoria de inhabilitación. “La pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que, a los efectos de su ejecución -y solo estos exclusivos efectos- se haya acordado su sustitución por una pena de multa”. Para mí, este es el punto más débil de la argumentación del TC, que partía de la base de que -como la pena había consistido en una multa- no llevaba aparejada la pena accesoria de inhabilitación. Esta afirmación es errónea, porque la pena dictada no fue de multa, sino de prisión, por leve que fuera, y la pena de prisión fue ulteriormente sustituida por la de multa para beneficiar al reo. El Tribunal ha pecado de incongruencia cuando admitió los hechos delictivos, pero no la pena infligida por considerarla desproporcionada, opinión que podría ser acertada y tan válida como la de cualquier profesor o tertuliano, pero que -de conformidad con la normativa vigente- el TC no tenía derecho a formular en el proceso penal. La CE le ha encomendado el papel de garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y censor de la constitucionalidad de las normas y de las actuaciones de las autoridades, pero no le ha conferido la competencia de revisar las decisiones del TS. No ha estimado que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de Rodríguez -lo que sí entraría dentro de su competencia-, sino que -ultrapasando abusivamente sus funciones se ha erigido en instancia de apelación y de casación del TS. Ha reconstruido una sentencia dictada por el más alto Tribunal del Estado, ha modificado la pena por él impuesta, y se ha convertido en una suerte de jurisdicción de ultimísima instancia, algo totalmente ajeno a su auténtica función. Como ha señalado Julián Quirós en “ABC”, en su artículo “Conde Pumpido ni siquiera disimula”, el TC renovado con antiguos subordinados directos de Sánchez, intenta erigirse en órgano de casación por encima del TS y en una especie de Cámara legislativa general por la vía del “constructivismo normativo”. Según han manifestado los magistrados de la minoría, se ha producido el hecho insólito de que, por primera vez, el TC ha modificado la pena impuesta a un condenado en una sentencia del TS. Concesión de amparo a Arnaldo Otegui De conformidad con su exorbitante pretensión de superioridad jerárquica en todos los ámbitos, el TC ha aceptado la demanda de amparo del presidente de Bildu, Arnaldo Otegui -hombre de paz para el PSOE, condenado por terrorismo-, y anulado la parte de la sentencia del TS que ordenaba la repetición del juicio realizado contra él en el “caso Bateragune”. En 2011, la Audiencia Nacional (AN) condenó a Otegui a diez años de prisión por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigente, por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna y, un año después -tras recurrir la sentencia-, el TS le rebajó la pena a seis años y medio, al estimar que no había quedado probado que ostentase la calidad de dirigente. Otegui recurrió ante el TEDH, que -tan propicio a respaldar los derechos de los etarras, como insensible a proteger a sus víctimas- condenó en 2021 a España, por estimar que el recurrente no había sido juzgado por un tribunal imparcial, debido a que la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, hizo durante un interrogatorio un comentario inapropiado, aunque en modo alguno determinante para justificar la condena. El TS accedió en 2020 a anularla y a retrotraer las actuaciones al momento anterior al juicio, y ordenó que se repitiese la vista oral. El beneficiado se opuso a la repetición del juicio y presentó un recurso de amparo por estimar que, si así se procediera, se vería perjudicado. El TC le ha dado la razón y desautorizado la decisión del TS, al estimar que, si se repitiera el juicio, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva, por violarse el principio “non bis in idem”, conforme al cual, ningún ciudadano puede ser juzgado y condenado dos veces por unos mismos hechos. En un voto particular concurrente, los cuatro magistrados de la minoría señalaron que la anulación del sentencia de la AN comportaba necesariamente la repetición del juicio. En mi opinión, la argumentación de la sentencia -de la que ha sido ponente Juan Carlos Campo- es errónea, porque, si se aceptara la decisión del TS, no se realizarían dos juicios para decidir sobre los delitos imputados al presidente de Bildu, sino un único juicio, ya que el primero que se celebró fue anulado por el TEDH y es como si no hubiera existido. Solo habría habido una única sentencia, pues la primera había quedado anulada y, por tanto, no se vulneró el principio ”non bis in idem”. En una muestra de incoherencia, el TC ha dado por buenas, tanto la sentencia condenatoria impuesta por el TS a Otegui, como la del TEDH que decidió anular el juicio y la correspondiente sentencia, por haber sido dictada por un tribunal que no era imparcial. Sin embargo, ha entrado en una flagrante contradicción cuando se ha negado a que se repita el juicio, dando por buena una sentencia que no debería serlo, al haber sido dictada pon un tribunal inadecuado. El TC ha abusado así de su inexistente superioridad sobre el TS y lo ha humillado una vez más. Otegui ha aprovechado gustoso la ocasión para presentarse como una víctima de la politización de la justicia realizada durante años en el País Vasco contra los independentistas. “Estos 15 años para nosotros han sido de persecución política [...] El ‘lawfare’ judicial y policial ha sido una estrategia utilizada contra la izquierda abertzale por el Estado profundo”, que pretendía quitar de en medio “a los que queríamos lograr la paz”. El mundo al revés. Ya no son solo los nacionalistas catalanes los que reinventan la Historia, sino que ahora han seguido sus pautas los abertzales vascos. Según la nueva postverdad, estos patriotas fueron acosados y perseguidos por los jueces y por las fuerzas del orden, e injustamente condenados y encarcelados. Y la novedad es que el Gobierno del PSOE comparte la opinión de los perseguidos y acepta que ha habido un inadmisible ”lawfare” en Cataluña y en el País Vasco que hay que corregir, mediante la amnistía de los inocentes y la condena de los jueces prevaricadores. Si se mantiene este Gobierno, la amnistía a los sediciosos catalanes se extenderá a los terroristas vascos aún en prisión y, en el ínterin, el Gobierno de coalición PNV-PSN -con la inestimable ayuda del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- se ha encargado de irlos liberando con prisas y sin pausas. Otras sentencias recientes del TC Carlos Herrera ha descrito a Conde-Pumpido como el ”Negreira judicial”, un árbitro comprado, que siempre pita a favor de quien le paga. Este agradecido comportamiento se puede apreciar en las últimas sentencias adoptadas por el TC. 1.- Decisión de Batet de no pedir informes sobre los Fondos Europeos: En 2021, diputados del PP solicitaron una reunión extraordinaria de la mesa del Congreso para examinar el dictamen del Consejo de Estado sobre el Decreto-ley 63/2020, por el que se regulaba la concesión directa a cargo de los Fondos Europeos de subvenciones a los trabajadores que ejercieran el derecho de reducción de jornada o de excedencia en el contexto de la crisis del COVID. En una sentencia cuya ponente ha sido Laura Díaz, el Tribunal ha rechazado la petición, en base a que el Reglamento del Congreso solo exige para la convalidación de un Decreto que haya sido publicado en el Diario de la Cámara, sin que sea necesario solicitar ninguna documentación adicional. 2.-Exigencia del catalán en Baleares: El nuevo Gobierno autonómico balear del PP ha suprimido la exigencia de un determinado conocimiento del catalán para poder trabajar en la sanidad pública, establecida por el anterior Gobierno del PSOE, Podemos y Mes, presidido por Francina Armengol, en violación del Estatuto de Autonomía, que establece que el catalán y el castellano son idiomas oficiales, que todos tienen el derecho -no el deber- de conocerlos y utilizarlos, y que nadie podrá ser discriminado por razón del idioma (artículo 3). Esta exigencia provocó un déficit de personal sanitario, como reconoció en un informe el propio Gobierno de Armengol. El TC ha admitido a trámite el recurso de los socialistas contra el Decreto del Gobierno de Marga Prohens, en el que alegan que se ha infringido el régimen de cooficialidad lingüística. 3.-Modificación del Reglamento del Senado: El TC ha admitido a trámite el recurso de diputados socialistas contra la reforma del Reglamento del Senado, que permite a la Mesa de la Cámara decidir sobre la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, cuando hayan sido tramitadas en el Congreso por el procedimiento de urgencia, en base a que el artículo 90-3 de la CE prevé que el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar un proyecto de ley se reducirá a 20 días en los proyectos declarados urgentes por el Congreso. Cabe señalar que la Ley de Amnistía, no ha sido presentada como un proyecto de ley, sino como una proposición de ley, con lo que se ha evitado la presentación de los informes preceptivos de los órganos asesores. García Castellón ha instado al TS que investigue el “Caso Tsunami Democratic” El magistrado del Juzgado de Instrucción n° 6 de la AN, Manuel García Castellón, ha desestimado el recurso de la Fiscalía en contra de enviar al TS el “Caso Tsunami Democratic” (TD), para que investigue por delitos de terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otros 10 encausados. El magistrado viene investigando el caso desde 2019, cuando se produjeron disturbios violentos en Cataluña, especialmente en el aeropuerto de El Prat, orquestados por una plataforma independentista en protesta por la sentencia condenatoria del TS contra los autores del procès. Frente al argumento de la Fiscalía de que no existían elementos de juicio nuevos, el juez se remitió a la exposición razonada de cien folios que había enviado al Supremo, en la que desarrollaba ampliamente la información aportada por los Mossos de Escuadra, AENA y ENAIRE, que habían permitido consolidar su opinión de que existían indicios razonables suficientes para estimar que se habían cometido actos de terrorismo. Destacaba el juez con ironía que cabía reflexionar sobre el hecho singular de tener que insistir ante el órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sobre la contundencia, calidad y nitidez de dichos indicios. Unos días antes de celebrarse las elecciones generales del 23-J, la Fiscalía presentó un informe en el que se apreciaban indicios suficientes para concluir que se habían producido actos de terrorismo, pero, unos días después del 23-J, la Fiscalía -siguiendo la tónica de los súbitos cambios de opinión del presidente Sánchez- hizo lo propio y rechazó dicho informe a través del fiscal-jefe de la AN, Jesús Alonso, quien dijo no había sido consultado. “¿De quién es la Fiscalia General? Pues eso”. En la acción desplegada en El Prat el 14 de octubre de 2019, se utilizaron armas, artefactos pirotécnicos, mecanismo de disparo de proyectiles y otros objetos de similar potencia destructiva, que portaban las personas que asaltaron el aeropuerto, lo que mostraba la planificación de la acción ejecutada por TD y la voluntad de imprimir un carácter violento a la misma. Existió un riesgo para la integridad física de las tripulaciones y viajeros que se encontraban en vuelo por el bloqueo de la torre y el centro de control del tránsito aéreo, pues la intención de los asaltantes era impedir el relevo de los controladores, lo que -de haberlo conseguido- habría tenido consecuencias imprevisibles. También corrieron peligro las fuerzas de seguridad -dos policías resultaron incapacitado de por vida-, los empleados y los pasajeros, como puso de manifiesto la muerte por infarto de un ciudadano francés. García Castellón concluyó que “la gravedad de los delitos que en este momento se vislumbra, la clara afectación que éstos tuvieron a los intereses generales y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello”. Dado que entre los investigados se encontraban personas con inmunidad, la investigación correspondía al TS. Estimó asimismo que existían indicios que permitían inferir la participación de Puigdemont en el nacimiento y planificación de las acciones de TD. La decisión del magistrado instructor suponía el lanzamiento de un torpedo a la línea de flotación de las frágil barquichuela de la Ley de Amnistía, porque, si la autoridad judicial competente estimara que los encausados habían cometido un delito de terrorismo, no podrían ser amnistiados. De aquí las reacciones de los promotores del engendro legal. Puigdemont ha afirmado que García Castellón debería de estar condenado “por sus responsabilidades en la vulneración persistente del Estado de Derecho”. La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha declarado que había una obsesión en el juez de incriminar al independentismo con el delito de terrorismo. “Hay casualidades que son muy sospechosas”. Estas declaraciones se daban por descontado, pero han sorprendido las realizadas en TVE por la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, quien afirmó que “hay algunas personas que tienen querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno, frente a los que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”, y añadió que el juez “tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”. Todas las Asociaciones Judiciales -salvo la que se declara “progresista”- han condenado semejantes afirmaciones y el CGPJ ha declarado por unanimidad que “estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrado en la UE, uno de cuyos valores esenciales en la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor de la Justicia”. Aunque algunos ministros han tratado de matizar el disparatado aserto de la vicepresidenta y asegurado que el Gobierno del PSOE siempre respeta las decisiones judiciales aunque no las comparta, los acontecimientos muestran que Sánchez ha perdido la brújula y -una vez aceptado someterse al chantaje del independentismo para conservar el poder-, la aprobación de la Ley de Amnistía y el acoso a los jueces serán los objetivos prioritarios de la presente legislatura. ¿Alberga alguien dudas sobre lo que dictaminará el TC de Conde-Pumpido, cuando tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley? Madrid, 20 de enero de 2024

? El Gobierno español ha reconocido a Kosovo?

¿EL GOBIERNO ESPAÑOL HA RECONOCIDO A KOSOVO? La República de Kosovo proclamó en 2008 su independencia de forma unilateral y España se negó a reconocerla como Estado independiente por contravenir la legalidad internacional. El 6 de enero, sin embargo, la ministra de Asuntos Exteriores de Kosovo, Donika Gazwalla-Schwartz, envío un mensaje por “X” en el que informaba que los kosovares podrían viajar a España a partir de este año. “Muchas gracias, España”. Al día siguiente, El Ministerio español de Asuntos Exteriores confirmó la veracidad de esta información. Como ha señalado “El Mundo”, la sorpresiva decisión de reconocer como válidos los pasaportes de Kosovo es un nuevo giro en la política exterior que el Gobierno ha realizado de forma unilateral, sin explicárselo a los ciudadanos, ni abordarlo con la oposición -y sin recibir la venia de las Cortes, añado yo-. Como en el caso del dramático giro en la posición de España sobre el Sáhara Occidental decidido por Pedro Sánchez “por sí y ante sí”, los españoles nos hemos enterado del nuevo cambio en la política exterior decidido por presidente del Gobierno por boca de un alto cargo de un un país extranjero. Tras haberse sumado Kosovo al espacio Schengen desde primeros de año, España era el único país de la Unión Europea que no admitía la libre circulación de kosovares por su territorio. Hace tan solo unos meses, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró la negativa al reconocimiento de Kosovo y razonó la consistencia de esa posición, pero ahora defiende justamente lo contrario. “Lo inasumible es un reconocimiento de facto que resulta difícilmente desligable de las alianzas de Pedro Sánchez con el independentismo, cuando el propio Puigdemont se ha referido repetidamente a la vía kosovar como un modelo”. Este modelo, por tanto, sienta un peligroso precedente con respecto a Cataluña. Antecedentes históricos Kosovo es un territorio de 10.887 kilómetros cuadrados y 1.8 millones de habitantes -el 90% de origen albanés y de religión musulmana-, situado en los Balcanes en lo que fue la República Federativa de Yugoslavia (RFY). Fue conquistado por el Imperio otomano en 1389 y, tras su desintegración, se integró en Serbia como una región autónoma de Yugoslavia, junto con Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegorbina, Montenegro y Macedonia. Aunque en 1945 predominaba la población de origen serbio y de religión ortodoxa, la inmigración procedente de Albania hizo que la población de origen albanés resultara mayoritaria. En 1979, el mariscal Tito le concedió un mayor grado de autonomía y, a su muerte un año después, Kosovo pretendió sin éxito convertirse en el séptimo Estado de la Federación. En 1988, el primer ministro de Serbia, Slobodan Milosevic, le privó de su autonomía y los albanokosovares crearon el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y se alzaron en armas contra el Gobierno serbio, que reprimió la sublevación de forma brutal. En 1999, la OTAN organizó una conferencia en Rambouillet para tratar de resolver el conflicto armado entre serbios y kosovares. Se acordó un alto el fuego, la restauración del Estatuto de Autonomía en Kosovo y el envío de tropas de la Alianza para supervisar la tregua. Serbia, sin embargo, no firmó el Acuerdo e incrementó su política de limpieza étnica. Aunque el caso se llevó al Consejo de Seguridad en marzo de 1999, la OTAN decidió actuar sin contar con el respaldo del Consejo de Seguridad e inicio los bombardeos de Kosovo y otros partes de la RFY, alegando la urgente necesidad de una intervención humanitaria para evitar un genocidio en Kosovo. Los ataques se prolongaron hasta junio, cuando el Ejército serbio fue derrotado y Milosevic tuvo que retirar sus tropas de Kosovo. El vacío que dejó fue ocupado por el ELK, que se instaló en todo el país practicó una política de limpieza étnica similar a la realizada por Milosevic, lo que provocó el exilio de unos 200.000 serbokosovares. Yo ejercía a la sazón las funciones de embajador en la Federación Rusa y recibí las protestas del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov, que recurría a los argumentos que tradicionalmente había utilizado Occidente para criticar en la ONU los desafueros de la Unión Soviética. Yo trataba de replicarle con el argumentario otaniano, pero -en mi fuero interno- estaba convencido de que llevaba razón, y que la OTAN había cometido no solo una flagrante violación del Derecho Internacional, sino también un considerable error de cálculo. El doble estándar asumido por Occidente y sus débiles argumentos fueron más tarde utilizados por Rusia para justificar sus ataques a Georgia y a Ucrania. El 10 de junio, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 1244(1999), por la que se decidió desplegar en Kosovo una presencia internacional bajo los auspicios de la ONU, con la participación militar de la OTAN (KFOR) y una administración civil interina (UNMIK), que permitieran al pueblo kosovar “gozar de una autonomía sustancial en la RFY”. En la resolución se reafirmaba “la adhesión de todos los Estados miembros al principio de la soberanía e integridad territorial de la RFY”, y se hacía un llamamiento a favor de “una autonomía sustancial y verdadera administración propia para Kosovo”. Ese mismo año, el ELK -que se había apoyado en las mafias albanesas y financiado gracias al tráfico de drogas, de armas e incluso de órganos humanos- se convirtió por arte de birlibirloque en el Partido Democrático de Kosovo (PDK), y fue blanqueado merced al respaldo de Estados Unidos, que hasta entonces lo había considerado un movimiento terrorista. Su milicia eliminó a mucho serbokosovares e hizo una purga entre los dirigentes de la Liga Nacional Democrática liderada por anterior primer ministro, el moderado Ibrahim Rugova. A iniciativa del representante especial del secretario general de la ONU, Martti Ahtisaari, se iniciaron las negociaciones entre los Gobiernos serbio y kosovar sobre el futuro del territorio, que no produjeron ningún fruto por exigir éste la independencia de Kosovo y negarse a aquél a renunciar a la soberanía sobre una parte de su territorio. En marzo de 2007, Ahtisaari presentó un plan para establecer estructuras que sirvieran de base a un futuro Kosovo independiente bajo tutela internacional, en el que coexistieran el serbio y el albanés como idiomas cooficiales y se ofrecieran garantías al 10% de la minoría serbia, pero su propuesta fue rechazada por Serbia. El representante especial envió su plan a la ONU, pero fue asimismo rechazado por el Consejo de Seguridad ante la oposición de Rusia y de China. En noviembre de ese año se celebraron unas elecciones generales, que fueron ganadas por el PDK, con el 35% de los votos, y su presidente, Hashin Thaci a) “Serpiente”, pasó de líder terrorista a jefe del Gobierno. Éste ya había anunciado que, si su partido ganaba las elecciones, declararía unilateralmente la independencia de Kosovo, como ya se había hecho en 1990, sólo que entonces no produjo ningún efecto, porque la seudo-República solo fue reconocida por Albania. Ahora la situación era diferente, porque los kosovares contaban con el apoyo de Estados Unidos y de la mayoría de los Estados miembros de la UE, y sus dirigentes tenían alguna experiencia gubernativa, porque desde 1999 habían colaborado con la misión civil de la UE (EULEX) en la gobernación del país, que había sido calificada por el Gobierno serbio de “ocupación ilegal”. Pese a las recomendaciones en contrario de la ONU, la OTAN y la UE, el 17 de febrero de 2008, el Parlamento proclamó la independencia del país, y su presidente, Jakub Kranki, afirmó que Kosovo se había convertido en un Estado democrático, libre e independiente. Sería efectivamente un Estado independiente para las naciones que lo reconocieran, pero democrático era más bien poco. El presidente serbio, Boris Tadic, declaró que Serbia nunca reconocería la independencia de Kosovo porque formaba parte de su territorio. El Consejo de Seguridad adoptó una resolución anodina en la que hacía un llamamiento a todos los Estados de la región a que colaboraran en beneficio de la paz. La UE hizo una declaración en la que destacaba que se trataba de un caso especial “sui generis”, que no podía servir de precedente para situaciones similares. Dio libertad de acción a los miembros para que actuaran como estimaran conveniente y - como consecuencia de ello- 22 Estados reconocieron la independencia de Kosovo y otros 5 se negaron a ello: Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, manifestó que España no podía convalidar un acto unilateral que no respetaban la legalidad internacional. Hasta 101 Estados han reconocido la independencia de Kosovo, pero entre los que se han negado a reconocerlo se encuentran importantes Estados como Rusia, China, India, Indonesia, Brasil, Méjico o Argentina. No es miembro de la ONU -por la oposición del Consejo de Seguridad-, pero ha sido admitido en algunos de sus organismos especializados, como el Banco Mundial o el FMI. A petición de Serbia, la Asamblea General pidió al Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre si la declaración unilateral de independencia violaba las normas del Derecho Internacional en general y la resolución del Consejo de Seguridad 1244 en especial. En un desafortunado dictamen, el Tribunal dio el 22 de julio de 2010 una respuesta negativa a la pregunta, en base a que el Derecho Internacional no prohibía las declaraciones unilaterales de independencia y que la Asamblea de Kosovo tenía derecho a hacerla. Respecto a la resolución del Consejo de Seguridad, el TIJ estimó que, al haberse disuelto en 2006 la RFY, el pronunciamiento sobre el respeto a su integridad territorial había quedado sin sentido. Consideró que se trataba de un caso excepcional y que no suponía un aval jurídico a la separación de cualquier entidad situada dentro de un Estado existente, aunque no explicó por qué. El Tribunal eludió pronunciarse sobre la cuestión fundamental de si Kosovo tenía derecho a separarse de Serbia y de si el derecho a la libre determinación del pueblo kosovar prevalecía sobre el derecho a la integridad territorial de Serbia, como se estableció en la resolución 1244, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración de la Asamblea General de 1960 sobre la Descolonización de que “todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la ONU”. Para mí resulta evidente que la declaración unilateral de independencia de Kosovo violó el compromiso asumido por todos los Estados miembros en la citada resolución de respetar la soberanía y la integridad territorial de la RFY y de su heredera universal Serbia, una vez que se independizaron los demás Estados federados de Yugoslavia. Kosovo no era uno de esos Estados, sino una parte de uno de ellos, Serbia. Tal es la opinión de la práctica totalidad de la doctrina iusinternacionalista española, como se puso de manifiesto en un número monográfico de la Revista española de Derecho Internacional, en la que los más destacados catedráticos del ramo criticaron severamente diversos aspectos de la opinión consultiva. Por otra parte, nunca he comprendido los motivos del incondicional apoyo de la UE a Kosovo, la presión de la Comisión Europea para que todos sus miembros lo reconocieran, y la firma de acuerdos tendentes a su eventual incorporación a la Unión, cuando se trata de un Estado de origen dudoso, la mayoría de sus líderes han sido terroristas y aplicado una política genocida contra la minoría serbia, carece de instituciones democráticas homologables, y apenas ofrece valor añadido a los intereses de la UE. Su reconocimiento, en cambio, plantea graves inconvenientes a cinco de sus miembros, especialmente a España por el valor de precedente que respaldaría los intentos separatistas en Cataluña o el País vasco, pero también a Chipre y Grecia -problema del seudo Estado turco-chipriota-, y a Eslovaquia y Rumanía -problema de minorías étnicas-. La UE debería ser un poco más sensible a los intereses vitales de sus miembros, sobre todo cuando no tiene ningún interés especial en respaldar a un Estado fallido como Kosovo. Actitud de los Gobiernos de España y de Cataluña sobre Kosovo Por razones obvias, el Gobierno de España se opuso desde el principio a aceptar la declaración unilateral de independencia de Kosovo, tanto porque era contraria al Derecho Internacional, como por que suponía un gravísimo precedente que favorecía las pretensiones separatistas de Cataluña y del País Vasco. Aunque tarde, José María Aznar admitió implícitamente en 2008 el error cometido durante su visita a Moscú en 1999, cuando -a pesar de mis advertencias- se presentó como el adalid de la OTAN y de su intervención en Yugoslavia, lo que provocó un abierto enfrentamiento con Boris Yeltsin y los altos jerarcas rusos. Aznar comentó con el vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, que la independencia de Kosovo había servido a Rusia como precedente para justificar su intervención en Georgia. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había afirmado a la sazón que la independencia de Kosovo era un peligroso precedente para otras regiones separatistas que afectaban a palestinos, vascos y turcochipriotas, y -siendo consecuente con esta advertencia- Rusia utilizó como coartada este precedente para justificar sus ataques a Georgia y Ucrania, y acusó a Occidente de doble rasero. Por las razones opuestas a la negativa de España, los partidos nacionalistas catalanes y vascos apoyaron la independencia de Kosovo y el vicepresidente de la Generalitat, José Luis Carod-Rovira, pidió al Gobierno que lo reconociera. Ante las dificultades de imponer en Cataluña los precedentes escocés o quebequés, Puigdemont afirmó en 2020 que “no podemos renunciar nunca a la vía unilateral, no solo porque es perfectamente legítima, sino también porque tiene recorrido para un adecuado reconocimiento internacional, y el caso de Kosovo es un ejemplo”. En numerosas ocasiones se refirió a la vía kosovar como el modelo a seguir para imponer la secesión. El “ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña”, Raúl Romeva, solía poner a Kosovo de ejemplo a seguir por Cataluña, ya que no era una excepción sino la regla general. El antiguo jefe del gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay, afirmó a primeros de año que España era el único país de Schengen que no permitía la entrada en su territorio de ciudadanos de Kosovo, haciendo honor a sus tics supremacistas y catalanófobos. Los distintos Gobiernos españoles siguieron una política coherente sobre el tema. En la “web" del Ministerio de Asuntos Exteriores se indica -salvo que se haya borrado últimamente, cosa que no me sorprendería- que “la declaración unilateral de independencia de Kosovo, lejos de contribuir a la estabilidad de la región, va a suponer un nuevo problema regional, y por extensión, europeo”. Hasta el volandero y veleidoso Sánchez ha seguido hasta ahora una línea marcada por los intereses de España y el sentido común. Durante su visita los Balcanes en 2021, manifestó que “una declaración unilateral de independencia viola el Derecho Internacional”, y dijo en Belgrado que, en relación con Kosovo, “España ha estado y va a estar del lado de Serbia”, un país con el que comparte “el convencimiento del respeto del Derecho Internacional y de la integridad territorial de los Estados”. La palabra de Sánchez no es que valga mucho, pero ahí queda constancia de su posición hasta el siguiente cambio de opinión. De todas formas, el presidente ha ido modulando su postura y acogido al primer ministro kosovar, Albin Kurti, en Madrid -reunión de la Internacional Socialista- y en Granada -Cumbre de Estados Europeos-. En diciembre de 2021, en respuesta a una interpelación del PP, el Gobierno señaló que España mantenía su posición de no reconocimiento de la declaración unilateral de independencia de Kosovo, tesis que reiteró en febrero de 2022. En noviembre de 2023, Albares contestó a una interpelación de JxC reiterando que España no reconocía la declaración de independencia de Kosovo por ser un acto unilateral ajeno a la legalidad internacional, si bien señaló que había llegado el momento de “hacer un esfuerzo definitivo para solucionar la cuestión del territorio de Kosovo en el marco del diálogo entre Belgrado y Pristina, mediante un acuerdo respetuoso con el Derecho Internacional”. La UE no cesa de mediar entre los dos Estados sin obtener resultados positivos ante la absoluta disparidad de las posiciones en presencia. En marzo de 2023, El Consejo Europeo decidió -y el Parlamento Europeo aprobó- admitir a Kosovo en el espacio Schengen. El Gobierno español anunció que no aceptaría los pasaportes expedidos por Kosovo y reiteró esta posición ante el Parlamento Europeo. La propia Comisión advirtió que España quedaba excluida de esta medida al no reconocer la soberanía de dicho Estado. Como destacó Albares, España tenía una política de no reconocimiento de Kosovo, lo que conllevaba el no reconocimiento de sus pasaportes, “que hemos venido aplicando de forma consistente”. La consistencia no ha durado mucho, pues el Gobierno kosovar informó que, a partir del 1 de enero de 2024, el Gobierno español reconocería la validez de los pasaportes kosovares y permitiría el acceso a su territorio de los ciudadanos del país, sin necesidad de visado. El ministerio de Asuntos Exteriores confirmó a ”El País” la veracidad de la noticia, aunque no explicara los motivos justificativos de este cambio de opinión, ya que España había acondicionado hasta el momento el reconocimiento de la independencia de Kosovo a la conclusión de un acuerdo con Serbia, que sigue sin producirse. Fuentes del Ministerio han alegado que España era el único país de Schengen que no aceptaba los pasaportes kosovares ordinarios, y quería adoptar un “planteamiento constructivo” para impulsar el diálogo entre Belgrado y Pristina, con el fin de solucionar el conflicto y minimizar su impacto en los ciudadanos. El presidente kosovar, Hashim Thaci, trató de convencer a España en 2019 cuando mantuvo que el caso de Kosovo era especial porque se había producido un caso de limpieza étnica y de genocidio por parte de la Serbia de Milosevic, por lo que habían tenido que librar una batalla por la existencia. “España no es Serbia, ni está gobernada por un Milosevic, y tampoco Cataluña es Kosovo”. Consecuencias de la aceptación de los pasaportes de Kosovo El Ministerio de Asuntos Exteriores ha afirmado una y otra vez que la aceptación de los pasaportes kosovares no suponía en modo alguno el reconocimiento de Kosovo como Estado soberano. Sin embargo, reconocer la validez de un pasaporte implica admitir la existencia de las autoridades nacionales de un Estado competentes para expedirlo y -como ha observado el “ABC”- “el hecho de aceptar como válido el pasaporte de los kosovares equivale de facto al reconocimiento de su nación”. El reconocimiento de un Estado puede hacerse de forma explícita o implícita. La doctrina admite que el establecimiento de relaciones diplomáticas o el voto a favor de la admisión de un Estado en una Organización Internacional suponen un reconocimiento tácito de dicho Estado, pero otros actos similares no resultan tan concluyentes, como el hecho de reconocer la validez de los pasaportes expedidos por un Estado no reconocido. Cómo ha observado el profesor Antonio Remiro, en tales casos, lo esencial es la constatación de la voluntad de reconocer por parte del sujeto al que son imputables los actos de que se trate, y hay que examinarlos, caso por caso, para comprobar si existía o no la voluntad de reconocer ¿Es consciente el Gobierno español de las consecuencias jurídicas de la aceptación de los pasaportes kosovares? Lo dudo y no basta afirmar que tal no es su intención. No creo que Sánchez, -que practica una política a corto plazo de “au jour le jour”, que le permita mantenerse en el poder como sea- se haya planteado seriamente las consecuencias de su decisión. No es fruto de la casualidad o del azar que este nuevo cambio de posición del Gobierno se haya producido justamente en el momento en el que Sánchez ha tenido que aceptar todas las exorbitantes exigencias de Puigdemont para conseguir los votos o la abstención de JxC, que han hecho posible la convalidación en el Congreso de dos Decretos-leyes fundamentales para la gobernación da España al comienzo de la nueva legislatura, en la que la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición Frankenstein-2 hace que sean imprescindibles los votos de todos y cada uno de sus aliados. Sánchez accede a lo que le exija Puigdemont y luego le encarga a Félix Bolaños y a sus múltiples consejeros áulicos que vistan al muñeco con el adecuado ropaje jurídico. Según Marisa Cruz en “El Mundo”, el reconocimiento de la validez de los pasaportes expedidos por la República de Kosovo se ha interpretado en los medios diplomáticos como una maniobra cuyo objetivo es “empezar a justificar un nuevo discurso del ejecutivo hacia Cataluña”. Para el PP, el Gobierno pretende establecer las bases para que los socios europeos comiencen a acostumbrarse al cambio de opinión sobre las reivindicaciones catalanas y propiciar el reconocimiento de su diálogo con el independentismo y las correspondientes concesiones. Trata de trasladar al ámbito internacional la bendita teoría del diálogo en relación con las cesiones hechas y por hacer ante las exigencias del secesionismo catalán. Y todo ello se hace mediante negociaciones opacas y secretas, al margen de las Cortes donde reside la soberanía del pueblo español. Con su reconocimiento tácito de la independencia de Kosovo, Sánchez ha dado un paso más para aplicar en Cataluña la vía kosovar. Madrid, 15 de enero de 2024

Abusos sexuales en la Iglesia Católica española

ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA En 2022, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo la elaboración de un Informe sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Dicho Informe fue presentado en octubre de 2023. La Conferencia Episcopal Española encargó al bufete de Abogados Cremades & Calvo-Sotelo otro Informe sobre dichos abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica española, y la Conferencia, a su vez, ha elaborado otro documento basado en la información recibida. Según los datos de un sondeo de la Agencia GAD3 recogidos en el informe del Defensor del Pueblo, el 1.13% de los abusos cometidos se produjeron en el ámbito de la Iglesia y un 0.6% fueron realizados por sacerdotes o religiosos. Pese a ser esta cuestión una parte ínfima del gravísimo problema de los abusos sexuales a menores, ya que la inmensa mayoría de los casos se produce en el marco de las familias y su entorno, saltó a la opinión pública porque algunos periódicos -como “El País”- extrapolaron de forma artificial y maliciosa los datos obtenidos. La encuesta fue realizada a 8.013 españoles y los citados periódicos -no Ángel Gabilondo- hicieron una curiosa regla de tres. Si el 1.13% de los encuestados habían sufrido estas prácticas, 445.000 personas habrían sido victimizadas en el ámbito religioso, y sí el 0.6% había sufrido abusos por parte de sacerdotes y religiosos, la suma de ciudadanos agredidos sexualmente por personas consagradas ascendería a 236.000. Condena sin paliativos de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica Durante años se han cometido abusos sexuales en el seno de las distintas -Iglesias, incluida la Católica, y España no ha sido la excepción, por mínima que sea porcentualmente esta aberración, ya que no se trata de un problema de cantidad, sino de calidad. Por mínimos que sean estos porcentajes, se trata de conductas sumamente graves, que resultan totalmente inaceptables y deben ser condenadas y sancionadas. Además de la gravedad del pecado -que puede también constituir delito-, se producen en estos casos circunstancias agravantes. 1) Las víctimas son los niños, a los que Jesús dedica una atención especial según el Evangelio: ”Y al que escandalizara a uno, de estos pequeñuelos que cree en mí, más le valiera que le colgasen una piedra de molino del cuello y lo hundieran en el alta mar” (Mt. 18, 6); 2) Los autores son personas consagradas que, por el hecho de serlo, deberían ser ejemplares y, por el contrario, destrozaron la confianza que en ellos tenían depositada las propias víctimas, a las que causaron dudas sobre sus creencias e incluso el rechazo a la religión que profesaban; 3) Se produjeron abusos de superioridad, de confianza y de prevalencia del cargo -artículo 22-2°, 6° y 7° del Código Penal-. El prestigio social de la Iglesia, responsable de la educación de tantos niños, la obligaba a actuar con la máxima contundencia y transparencia para depurar todas las responsabilidades por estos episodios inaceptables. Buena parte de a jerarquía eclesiástica solía pecar más por omisión que por acción, al no dar importancia a los abusos. Consideraba que se trataba de un simple pecado y no llegó a estimar que podría tratarse también de un delito, se preocupaba por conceder el perdón al infractor, -al que encubrían y ,a lo sumo, cambiaban de destino-, se despreocupaba de la víctima e ignoraba las secuelas morales que se le pudieran causar. Por el buen nombre de la Iglesia, había que evitar el escándalo y se echaba tierra encima, sin ser conscientes de que con ella podían enterrar a unos inocentes. La situación cambió con el Papa Benedicto XVI, sobre todo a raíz de los escándalos que se produjeron en Estados Unidos y en Méjico -especialmente en el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, cuya conducta fue considerada delictiva por el Vaticano-. El Papa condenó los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, pidió perdón por ellos y declaró que habría tolerancia cero con los mismos. Esta actitud ha sido seguida e intensificada por el Papa Francisco. El actual pontífice escribió en 2018 una Carta al Pueblo de Dios, en la que reconoció que la pederastia eclesial era un crimen que generaba hondas heridas de dolor e impotencia en las víctimas y en toda la comunidad, creyente o no. Señaló que nunca se haría lo suficiente para pedir perdón y reparar los enormes daños causados. Había que generar una cultura capaz de evitar que esas situaciones se volvieran a producir, se perpetuaran o se encubrieran. Condenó tales atrocidades y se comprometió a erradicar esa cultura de muerte. Pese a que el dolor de las víctimas era un gemido que clamaba al cielo y llegaba al alma, durante mucho tiempo había sido ignorado o silenciado. “Con vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde debíamos que estar y no actuamos a tiempo, al no reconocer la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas”. El Papa afirmó que solucionar el problema era un deber de solidaridad cristiana e invocó la epístola de San Pablo a los Corintios en la que decía que, si un miembro de la Iglesia sufría, todos los demás sufrían con él. En 2019, el Papa Francisco dictó el motu proprio “Vox estis lux mundi”, en el que estableció las reglas de carácter universal para luchar contra los abusos sexuales en la Iglesia. Impuso la obligación a todos los fieles de denunciar estos abusos y a sus autores -incluidos los Obispos-, mandó crear en todas las diócesis mecanismos para facilitar la tramitación de las denuncias y el trato de las víctimas, y ordenó a los obispos y a los directores de las congregaciones religiosas que colaboraran con la justicia civil en caso de que se hubiera cometido algún delito. Este protocolo de actuación se acaba de actualizar y se ha extendido la posible responsabilidad al personal no religioso. Comisión de abusos sexuales en la Iglesia católica española Aunque no con tanta intensidad como en otros países, en España también se han producido abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, especialmente en las comunidades religiosas, y la jerarquía no ha estado a la altura de las circunstancias. En el Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, se afirma que no era cuestión de hacer un juicio a dicha Iglesia, pero en realidad es lo que se ha hecho. Resulta desproporcionado e injusto centrar la crítica sobre el abuso sexual de menores únicamente en dicha Iglesia Es un grave problema social y moral que, en la inmensa mayoría de los casos, se produce en el ámbito de las familias y de su entorno. También se genera en otras comunidades cristianas y musulmanas, en movimientos juveniles como los “boy scouts”, en centros escolares y en entidades deportivas. ¿A qué se debe esta preocupación por investigar a la Iglesia católica en la que solo se ha producido entre el 0.6% y el 1.13% de los casos de pederastia? Curiosamente, Gabilondo -que ha sido fraile antes que cocinero- ha afirmado en su Informe que la Iglesia católica es la institución en las que más progresos se han realizado en la lucha contra los abusos sexuales de menores. Basándose en los datos de la encuesta de GAD3, el Informe concluye que un máximo de 1.13% de los encuestados sufrieron abusos en el ámbito de la Iglesia. El problema ha surgido cuando algunas publicaciones han extrapolado estos datos y llegado a resultados insólitos. El propio director de la Agencia, Narciso Michavila, declaró a Carlos Herrera que era una encuesta de alcance limitado y que las extrapolaciones realizadas eran absurdas, y Gabilondo tampoco incurrió en esa irresponsable frivolidad. Recibió el testimonio de 487 víctimas -el 84% varones- y llegó a la conclusión de que hubo entre 1.000 y 2.000 victimas. Destacó el impacto devastador que los abusos sexuales habían tenido en las vidas de las víctimas y acusó a la Iglesia de negar los mismos o de minimizar el problema durante décadas. Debería la Iglesia apoyar a las víctimas, indemnizarlas y participar en la creación de un Fondo de reparación. La Conferencia Episcopal consideró valiosas las recomendaciones del Informe, que estudiarían con atención. Rechazó las extrapolaciones hechas por los periódicos y manifestó su disposición a participar en el Fondo propuesto, siempre que hubiera otros contribuyentes y que las indemnizaciones se destinaran a todas las víctimas y no solo a las causadas en el ámbito de la Iglesia. Su presidente, el cardenal Omella, reconoció que la Iglesia no había actuado bien en la cuestión al limitarse a apartar a quienes cometían los abusos cambiándoles de destino o de diócesis. Volvió a pedir perdón a las víctimas y destacó que el objetivo de la Conferencia era que estos abusos no se volvieran a producir y señaló que, desde que se adoptaron nuevos protocolos, habían descendido de forma drástica. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declaró que la Iglesia debería tomar buena nota del Informe del Defensor del Pueblo y que España tenía una deuda con las víctimas de esas terribles agresiones. Al Gobierno, por lo oído, solo le preocupa el 1.13% de las víctimas producidas en el seno de la Iglesia católica. Sorprendentemente, las críticas más duras a la Iglesia católica no figuraban en el Informe del Defensor del Pueblo, sino en el encargado por la Conferencia Episcopal al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que empezaba por afirmar que, aunque se hubieran producido abusos sexuales fuera de los entornos de la Iglesia -que, sin duda, eran mayores en número, no por ello se aminoraba el drama de los abusos que se habían producido en sus dominios. “Las medidas que ha tomado la Iglesia española han sido tardías, desigualmente asumidas, tomadas casi siempre como reacción a los acontecimientos y globalmente insuficientes”. Críticó acerbamente la ocultación, relativización e incluso la negación de los abusos por parte del clero de no menos de un millar de casos, que afectaron al doble de víctimas durante décadas en España; “La cultura de la ocultación solo terminará cuando exista la conciencia completa de los responsables máximos de la Iglesia de que la dignidad de cualquier persona está por encima de otros bienes institucionales”. El reconocimiento de estos abusos solo se había empezado a producir a partir de 2020, pero era aún muy dispar entre las diferentes diócesis y congregaciones. Por todo ello, la auditoría recomendaba encarecidamente a la Conferencia Episcopal que “reconozca y condene explícitamente los hechos, proclame la superación de la cultura del silencio y de la ocultación, e indique su voluntad de abordar esta realidad de los abusos, de prevenirlos y de erradicarlos en su ámbito”, así como que asumiera la responsabilidad por los daños producidos y remediara sus acciones negativas. Debía reparar a las víctimas en su daño a nivel personal, dándoles voz, escuchándolas, afirmándolas como sujetos de derechos y alentando la solidaridad con ellas. En cuanto a las indemnizaciones, aconsejaba que los responsables eclesiásticos que ofrecieran garantías de que éstas no determinarían la ocultación del delito, ni la renuncia por parte de las víctimas a sus derechos. Recomendó la creación de un Fondo de 50 millones de euros para indemnizar a las víctimas y la convocatoria de un acto público de reparación de las mismas. Además de la tardanza en la entrega del Informe, desagradó sobremanera a la Conferencia el carácter desabrido de la crítica y el tono de superioridad moral aleccionadora de la misma, que sin duda excedía del ámbito de un informe jurídico a instancia de parte. El informe iba más allá de señalar los hechos objetivos y en él se hacían interpretaciones subjetivas que -por válidas que pudieran ser- excedían del contexto de un informe forense, que debería haberse limitado a exponer los hechos, precisar los abusos cometidos por los miembros de la Iglesia y sugerir posibles soluciones, sin tratar de imponerlas, porque eso no entraba dentro de su cometido. Era a la Conferencia demandante del Informe a la que correspondía extraer sus consecuencias y tomar las decisiones pertinentes para solucionar o aliviar el problema, incluidas las compensaciones morales y las indemnizaciones pecuniarias. La Conferencia Episcopal replicó con un Informe titulado “Para dar luz”, en el que señalaba algunos errores cometidos por el bufete, como el de contar por duplicado quejas y demandas que se habían presentado simultáneamente en España y en el Vaticano. Discrepó del número de casos sustanciados por el bufete y solo admitió 806 casos de abusos, de los que 205 quedaron probados, 70 casos eran verosímiles aunque no hubieran sido probados, 75 estaban pendientes de resolución o en investigación, 280 no habían sido probados, y 24 quedaron excluidos, 13 archivados y 3 considerados como denuncias falsas. Afirmó que los abusos sexuales eran considerados pecados y delitos, y como tal debían ser tratados. La constatación de su existencia había suscitado en la Iglesia un movimiento sin precedentes en tres direcciones: conocer la realidad de los abusos y el daño producido en tantas personas desde hacía décadas, reparar dichos daños en la medida de lo posible, y establecer las medidas necesarias para evitar que los abusos volvieran a repetirse. Reconoció que la realidad de los abusos sexuales contra menores no era un problema exclusivo de la Iglesia, sino que constituía uno de los problemas más graves que afrontaba la sociedad y que buena parte de él seguía estando oculto. Concluía el estudio con la afirmación de que “lo hasta aquí presentado supone ya una luz en el mundo oscuro de los abusos sexuales a menores, pero siempre quedará trabajo por hacer”, y la Iglesia se comprometía a hacerlo. Dentro de la situación de confusión que se ha creado en torno a este grave problema, hay muchos puntos que precisan ser definidos, como el de qué se debe entender por “persona que ha sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia”. Voy a poner como ejemplo una experiencia personal. Cuando tenía 14 años y estudiaba 4° de bachillerato en el Colegio de La Salle de Almería, llegó procedente de Estados Unidos el Hermano Guillermo para darnos clases de Inglés. El que llamábamos “Brother William” era un poco “toquetón” y le gustaba acariciar a los niños. Un día que estaba estudiando en clase, noté que alguien estaba acariciando mi cara y, como reacción instintiva, di un manotazo hacia arriba y las gafas Truman del profesor saltaron por los aires. El hermano William no volvió a molestarme, aunque se vieron afectadas a la baja mis notas en Inglés. ¿Puedo considerarme yo una víctima de abusos sexuales por parte de la Iglesia? Ha habido casos muy graves de abusos, pero también ha habido personas que se han aprovechado de la coyuntura para beneficiarse, especialmente en Estados Unidos, donde muchas diócesis tuvieron que declararse en bancarrota tras pagar elevadas sumas para indemnizar a las víctimas. La petición perdón a las víctimas por parte de la jerarquía eclesiástica -que ya se ha hecho- debería ir acompañada del compromiso de prevenir la repetición de estos abusos y de colaborar con la justicia para sancionar los delitos que se cometan. El Gobierno debe velar por ello e investigar los abusos que se produzcan en cualquier institución y no limitar sectariamente las investigaciones a la Iglesia católica ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Va a investigar, por ejemplo, los abusos sexuales cometidos en las mezquitas y en las comunidades musulmanas, donde abundan las violaciones de los derechos fundamentales de los menores, especialmente de las niñas? Lo dudo. El Gobierno supuestamente progresista que disfrutamos es tan duro con los débiles como débil con los fuertes, aún cuando éstos lo sean por mor de la aritmética electoral y por la necesidad imperiosa de sus votos para la supervivencia política del amado líder. Descristianización de la Navidad La Europa actual ha renegado de uno de sus principales títulos de gloria, cual es -junto a la filosofía griega- el humanismo cristiano. Cada día se descristianiza más, mientras tolera acomplejada la expansión del islamismo, no solo como religión -lo cual sería perfectamente razonable-, sino también como como praxis social y cultural, al aceptar la aplicación de la “Charia”, con su corolario de prácticas contrarias a las leyes y las costumbres europeas, como la poligamia, la, dominación de la mujer, la ablación o la justicia coránica. Hay barrios-guetos en París, Londres o Bruselas donde la policía no se atreve a poner los pies, por regir la ley de la jungla urbana del islamismo radical. Esta descristianización se aprecia de forma palpable en la mutación de la Navidad. Todo un Magnífico Señor Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha incurrido en el más clamoroso ridículo al felicitar al personal por el “fin del otoño”, que abre paso a un nuevo año, mediante la reproducción de una hoja seca, que puede parecer cualquier cosa. Otros eruditos a la violeta han ofrecido sus parabienes por el solsticio de invierno o porque la Navidad había llegado al Corte Inglés y a otros grandes almacenes, que se lucran con una festividad familiar tan entrañable. Los Reyes Magos de Oriente -los castizos Melchor, Gaspar y Baltasar-, que ofrendaron al Niño Jesús oro, incienso y mirra, han sido sustituidos por intrusos como Father Christmas, Papá Noel, Santa Claus, la Befana o el Olentzero, pasando por alto que lo que durante siglos se ha celebrado en estas fechas no es otra cosa que el nacimiento de Jesús de Nazaret. Como ha comentado Javier García Luengo en ”ABC”, en estos tiempos en que la desacralización de la Navidad ha llegado hasta el extremo de intentar rebautizar estos entrañables días con el aséptico nombre de “fiestas de invierno”, resulta especialmente agradable recorrer las salas del Museo del Prado para reencontrarnos con tantas pinturas consagradas a los diferentes episodios históricos que ahora volvemos a recordar. Estas obras -realizadas por los más grandes artistas de diferentes escuelas y estilos- tienen en común el habernos legado ese patrimonio devocional fundamentado en los valores humanos y cristianos, que siempre han vertebrado a nuestra vieja Europa, valores que aún seguimos celebrando, sí, en Navidad. Desde “La Anunciación” de Fray Angélico a la “Sagrada Familia” de Rafael, pasando por los pastores realistas de Murillo y “La adoración de los Reyes” de Velázquez, en la que el genial pintor sevillano se retrató a sí mismo y a otros miembros de la familia. Ahora, gracias a la labor de inculturación de los Gobiernos socialistas, en cuyos planes de estudios va desapareciendo la Historia de España y la Historia Sagrada, a las nuevas generaciones no le dicen nada estos cuadros. Como uno de los últimos mohicanos de nuestro país, yo -que soy un anticuado retrógrado, aunque consecuente con la Historia de la Humanidad-, cometeré la osadía políticamente incorrecta de desear a mis lectores unas muy felices Pascuas, en conmemoración del 2023° aniversario del nacimiento del hijo de Dios ¡Feliz Navidad! Madrid, 29 de diciembre de 2023

Una traición más del PSOE: Se o no ser con Bildu

UNA TRAICIÓN MÁS DEL PSOE: SER O NO SER CON BILDU El último “cambio de opinión” de Pedro Sánchez, por indigno que sea, no sorprende ya a nadie. San Pedro negó tres veces a Jesucristo y luego se arrepintió y lloró amargamente, y Jesús le dijo:” Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Otro Pedro “non sanctus” ha recurrido a la negación hasta 70 veces 7 y no solo no se ha arrepentido y llorado por su traición, sino que se ha carcajeado histéricamente como un ”Joker” y construido sobre sus mentiras la iglesia laica de su autocracia. El PSOE entrega a Bildu la joya de la corona de Navarra La Constitución de 1978 fue extremadamente generosa con Navarra, al igual que con el País Vasco, al establecer en la disposición adicional primera que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. Ante la reivindicación de los partidos nacionalistas vascos de que Navarra formaba parte de Euskadi, la Constitución incluyó en la disposición transitoria cuarta, que, a los efectos de su eventual incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico que le sustituyera, la iniciativa correspondería -en vez de a la diputaciones y a los municipios de las provincias interesadas- al órgano foral competente, el Parlamento de Navarra, cuya decisión debería ser ratificada en referéndum por el pueblo navarro. La norma suprema de la Comunidad es la Ley de Reintegración y de Amejoramiento Foral de Navarra, adoptada por la Ley Orgánica 13/1982 -que sustituyó a la Ley de 1841 de modificación de los foros de Navarra-, que asegura la continuidad histórica del régimen foral con una solución autonómica singular para el pueblo navarro. La Ley preveía que sería elegido presidente el candidato del partido más votado, pero ese sistema automático de elección fue sustituido en 2001 por el sistema parlamentario habitual de elegir al candidato que contará con más apoyos en el Parlamento. La mayoría del pueblo Navarro es foralista y españolista, pero hay en el norte de la Comunidad una importante minoría vascoparlante que reclama la integración de Navarra en El País vasco y su independencia. La Ley de amejoramiento estableció que el castellano -lengua materna del 81.9% de los navarros- huir a la lengua oficial de la región, pero reconoció la cooficialidad del euskera en esas zonas en base al principio del predominio lingüístico. Hoy desde su reconstitución como Comunidad Foral, Navarra fue gobernada alternativamente por el PSN -filial del PSOE-y por Unión del pueblo Navarro (UPN) -derecha formalista en la que se integró el PP-, viendo la alternancia en el poder fijada en su día por Cánovas y Sagasta. Hola comunidad se fragmentó en 3 importantes grupos políticos: la derecha formalista, hoy el centro-izquierda socialista -hoy al principio también foralista- y el independentismo formado por Bildu y Geroa Bai, filial navarra del PNV. El reparto de fuerzas hoy supone en la actualidad un 40% para UPN y un 30% respectivamente para el PSNY para las fuerzas independentistas. Sin embargo -como ha observado Fernando Vaquero-, UPN se durmió en los laureles, confiada en la fidelidad del PSN al foralismo y a la alternancia en el poder, pero los socialistas navarros no se conformaban con la alternancia y querían el poder, para lo que necesitaban pactar con el independentismo. El PSOE los contuvo desde Madrid y hasta en dos ocasiones -incluso con el Gobierno de Rodríguez Zapatero- vetó esa alianza, La situación cambió porque ya no era solo María Chivite la que necesitaba de los votos independentistas para acceder a la presidencia de la Comunidad, sino que era el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez, el que precisaba de ese apoyo para mantenerse como presidente del Gobierno de España. Ya en 2015, UPN ganó las elecciones con 15 diputados, seguida por Geroa Bai (9), Bildu (8), Podemos y PSN (7), y PP y Ezquerra (2). La candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos, fue elegida presidenta gracias a la abstención del PSN y su Gobierno realizó una intensa campaña de “euskaldunización” de Navarra, inconsistente con el reparto político y lingüístico de la Comunidad. En 2019, la coalición “Navarra Suma” -integrada por UPN, PP y Ciudadanos-, ganó las elecciones con 20 diputados, seguida por la coalición gobernante -Gerona Bai 9, Bildu 7, Podemos 3 y Ezquerra 1- y por el PSN (11). Estimó éste que no debería dejar pasar una tercera oportunidad y -ya con el apoyo de Sánchez, que necesitaba los votos independentistas para acceder al poder- Chivite fue nombrada presidenta gracias a la abstención de Bildu, pese a que el PSN se había comprometido a no negociar con los abertzales por motivos éticos, ya que -como dijo su portavoz Maite Ezporrín- no habían condenado los crímenes de ETA. La posición del PSOE había sido establecida en 2015 por Sánchez en una entrevista televisiva, donde afirmó de forma solemne que, en cualquier combinación en la que estuviera Bildu, el PSOE no estaría, ya que era el único partido con el que se negaba a dialogar y, por supuesto, a pactar. Para el PSOE, la defensa de la Constitución era el máximo valor, una a línea roja que jamás traspasaría, pues era “una bandera de identidad en la política navarra”. Y añadió con el mayor de los énfasis: “Se lo digo 5 veces o 20: ¡Con Bildu no vamos a pactar! Se lo repito ¡con Bildu no vamos a pactar!”. Vanidad de vanidades, todo vanidad. ¡Donde queda la palabra de un presidente de Gobierno! Al llegar a la hora 21, Sánchez cambio de opinión. La situación se ha vuelto reproducir en las elecciones de 2023, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Pamplona. En aquélla, UPN consiguió 15 escaños, PSN 11, Bildu 9, Geroa Bai 7, PP y Zurequin 3 y Vox 2. Chivite fue reelegida presidenta gracias de nuevo a la abstención de Bildu. La novedad se ha producido en el Ayuntamiento pamplonica. El PSN se negó a votar al candidato bilduetarra, Joseba Asiron, por temor a que ello le perjudicará en las elecciones generales, y por eso resultó elegida alcaldesa la candidata más votada, Cristina Ibarrola, pero -una vez investido Sánchez con el apoyo de los independentistas- ancha era Navarra y los dirigentes socialistas navarros siguieron la vía el del perjurio de su líder. Chivite ha jurado y perjurado en infinidad de ocasiones que el PSN jamás pactaría con Bildu, y la candidata socialista al Ayuntamiento, Elma Sáiz, declaró que su partido no apoyaría a Joseba Asiron. Una vez que Sáiz recibió la patada hacia arriba con su ascenso a ministra de Seguridad Social, ha quedado superado cualquier obstáculo ético para apoyar a quien ya fue, entre 2015 y 2019, un desastroso alcalde de la ciudad, Bildu y el PSN han presentado una moción de censura contra la alcaldesa que se votará el próximo día 28. ¡Menuda inocentada! Ibarrola ha afirmando que el PSN ha vendido de forma miserable la ciudad de Pamplona a los herederos de ETA, con el pago el impuesto revolucionario. Estaba mal que el PSN se apoyara en Bildu para acceder a la presidencia de la Comunidad, pero lo de Pamplona es muchísimo peor, puesto que ha pasado a apoyarse en, a apoyar a, Bildu. De una pasable excusa para conseguir el poder, se ha convertido en una acción encomiable. Esta labor de embellecimiento ha sido encomendada a un “muchachito de Valladolid”, que ha pasado de jabalí montaraz a vaquilla resabiada de las acreditadas dehesas castellanas, que embiste contra todo lo que no sea rojo. Según el adagio español, solo los niños y los locos dicen la verdad y no sé bajo qué concepto ha realizado Óscar Puente su invectiva. Al menos, es de agradecer su franqueza, a diferencia de la exquisita hipocresía del sofista Bolaños. Puente ha subrayado que no tenía ningún problema en que un partido democrático y progresista se hiciera con la alcaldía de una ciudad española, en vez de que la gobernara la derecha fascista, sentándose así la doctrina del PSOE de que es preferible pactar con los herederos de ETA que con la derecha democrática. Ya el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, había rebuznado al declarar que Bildu había hecho más por España que los que llevaban en la muñeca la bandera hola rojigualda, y que ese partido había salvado muchas vidas al apoyar el estado de alarma durante la pandemia del COVID. Las víctimas de ETA han acogido con satisfacción la benéfica contribución de los billduetarras a salvar vidas en el País Vasco y en Navarra, en los que solo causaron unas 800 muertes o contribuyeron a ellas. Según ha destacado Gorka Maneiro en “Voz Populi”; difícilmente podrá ser considerado democrático un partido qué cuenta entre sus dirigentes a personas condenadas por terrorismo -como Arnaldo Otegui, David Pla, Antón López “Kubati” o Mertxe Aizpurúa-, incluye en sus listas electorales a terroristas, y les hacen homenajes públicos cuando salen de la cárcel. Bildu será legal, porque así lo decidió el Tribunal Constitucional en una lamentable sentencia en la que anuló otra perfectamente fundada del Tribunal Supremo que negaba su legalidad, pero no es democrático. Tampoco es progresista, si por progresismo se entiende hacer política para extender los derechos fundamentales y defender la igualdad y a libertad, porque Bildu hace justamente lo contrario. Sus miembros son herederos directos de quienes fueron los auxiliares de ETA, cuyos crímenes nunca ha condenado. Como ha señalado David Mejía en ”The Objective”, Bildu es la antítesis del progresismo, con su desinterés por la igualdad, su sustitución de la nación cívica por la nación étnica, la concesión de superioridad a lo diferencial sobre lo común, su fomento de la construcción nacional -euskalduna, catalana o la que se tercie-, su odio a la derecha estatal, y su mutismo sobre los delitos cometidos en nombre de estas causas. Por oportunismo y no por convicción, ha asumido las causas del feminismo, de la lucha por la diferencia de género y del ecologismo, cuando es un partido fundamentalmente machista, homófobo y totalmente desinteresado por el medio ambiente. Como ha declarado Otegui, Bildu encarna la capacidad de enarbolar los valores y principios mayoritarios de la nueva sociedad vasca, y escribirá el futuro de Euskal Herria con libertad, igualdad, femenismno, euskera y antifascismo. Ha tenido la habilidad de atraerse con su disfraz a buena parte de la juventud del País Vasco y de Navarra, lo que no le ha debido costar demasiado con un rival dentro del nacionalismo cuyo lema es “Dios y leyes viejas”. Para Jorge Bustos, bajo el liderazgo espiritual de Puente, los devotos operarios del muro están alcanzando sus últimos objetivos de blanqueamiento batasuno. Nos dicen que Bildu es la purita expresión del progresismo vasco, que su compromiso con la Constitución está fuera de duda desde que contribuyó a la investidura de Sánchez -aunque fuera para planear juntos el troceamiento de España-, y que, a los verdugos impenitentes que reciben sus homenajes y figuran en sus listas, “no solo no les falta ningún tramo ético por recorrer, sino que han ido más lejos en la defensa de la democracia que sus víctimas del PP”. Este proceso mental culminará con la concesión de la amnistía a los pistoleros reagrupados en las cárceles vascas. La memoria de la sangre derramada por ETA sale de la refinería de Ferraz convertida en algo peor que el olvido, pues se recicla en militancia antifascista, perfumada con el aroma nostálgico de una canción protesta y de un póster del Ché. “Batasuna en el fondo siempre fue de los nuestros”. ¿Pamplona y lo que falta? Todo queda en familia. Como ha destacado “El Mundo” en un editorial, Sánchez ha procedido a la quiebra de un consenso básico que regía entre los partidos democráticos de no facilitar el poder a Bildu, mientras me hiciera el recorrido mínimo de condenar el terrorismo que la izquierda abertzale alentó. El PSOE ha roto ese pacto ético y político y, con ello, el socialismo ha culminado el blanqueamiento de un partido filoterrorista. Presentándolo como un paso en favor de la convivencia, va a entregar Pamplona a una formación que, no solo no ha condenado los crímenes de ETA, sino que tiene en sus filas, e incluso en su cúpula, a personas condenadas por terrorismo. “El PSOE, que sufrió a ETA y que apoyó el artículo 155, ha dado definitivamente la espalda a su propia historia,a la concordia social y al mínimo respeto a la moralidad en el ejercicio de la política”. Incidencia de la decisión del PSOE en el País Vasco El PSOE ha insistido en que la concesión a Bildu de la alcaldía de Pamplona era un gesto incidental que no tenía nada que ver el hecho de que este partido hubiera apoyado la investidura de Sánchez “gratis et amore”. Esto resulta tan inverosímil que ni siquiera las gargantas profundas socialistas se lo creen, y es público y notorio que se trata de la primera letra girada al cobro como consecuencia de lo que Núñez Feijóo ha calificado de “pacto encapuchado”. Mientras que los acuerdos firmados por el PSOE con ERC, JxC y PNV han sido hechos públicos prácticamente en su integridad, nada se sabe de los compromisos asumidos por Sánchez con su principal aliado. ¿Hasta donde llegan las generosas concesiones a de Pedro I el de las Mercedes? No las conocemos, aunque sí sabemos cuáles son las aspiraciones de Bildu. Como ha comentado el antiguo diputado de UPN Carlos García Adanero -hoy en el PP-, el blanqueamiento del partidos, sus presos y todo lo demás. La máxima prioridad es la liberación de todos los presos de ETA, ya estabulados en las cárceles vascas. Le sigue el aumento del poder municipal y, en cuanto sea posible, el autonómico, con la ayuda de su socio socialista. Ese sería el momento para el reconocimiento del País Vasco como nación, con la incorporación de Navarra para formar Euskal Herria, y el ejercicio del derecho a decidir mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante. El último eslabón de la cadena sería la concesión de la soberanía a Euskal Herria y su eventual independencia plena, en el marco de una Confederación con otras naciones ibéricas. Empezando por lo más fácil, el PSOE le ha regalado la alcaldía de Pamplona a Bildu como premio a su buena conducta, al apoyar incondicionalmente a Sánchez, ¿por qué no ampliar este reconocimiento extendiendo las concesiones a las alcaldías de Durango, Guernica o Vitoria? El control del ayuntamiento de esta última fue un desinteresado regalo del PP al PSOE para evitar que cayera en manos de Bildu, pero una vez que está a partir un piñón con lo ssosocialista, no cabe excluir que el PSE conceda a su nueva pareja la futura capital de Euskal Herria en arras de un futuro enlace. Especial prioridad tiene la liberación de los 130 etarras aún en prisión que, desde sus cárceles de cercanías, están listos para ser puestos en órbita con la invaluable ayuda del Gobierno de coalición del PNV y del PSE. Sánchez ya ha cumplido buena parte de su compromiso -a través del controvertido ministro del Interior, Grande-Marlaska, víctima de un inconcebible síndrome de Estocolmo-, al haber concentrado a los etarras dispersos en las cuatro trenas de la futura Euskal Herria. En el ámbito de su recientemente adquiridas competencias penitenciarias, el Gobierno autonómico se ha prestado a facilitar el camino concediendo cambios de regímenes y reducciones de penas y libertades condicionales. El problema es que los malvados jueces están interfiriendo en esta caritativa maniobra y -abusando del ”lawfare”- han anulado algunos de los privilegios injustamente conferidos. Éste es un motivo adicional para seguir con la campaña de descalificación de los jueces, señalándolos -como en Cataluña- con nombres y apellidos para que sean condenados por prevaricación. El paso siguiente -ya esbozado- será el reconocimiento de Euskadi como nación y de su derecho a decidir, incluida la incorporación de Navarra y la creación de Euskal Herria como Comunidad Autónoma integrada de momento por las cuatro regiones españolas, a la espera de que se incorporen las tres regiones vasco-francesas. Como dijo Otegui en Dublín, tanto en Irlanda como en Euskal Herria corren vientos de independencia. “Veremos una Irlanda unida y una Euskal Herria soberana”. Desnortamiento del PNV y preocupación por la pérdida del Gobierno de Euskadi El pleno blanqueo de Bildu por el PSOE ha provocado los celos del PNV, que ha visto cómo la concubina desplazaba a la legítima en las gracias del esposo, y que aquélla mediaba y verificaba en Madrid con tanta o más eficacia que ésta. Ello se suma al estado de creciente degradación del antiguo oasis del País Vasco y al desprestigio del partido que siempre lo ha gobernado, salvo el efímero período de la presidencia de Pachi López, merced a los desinteresados votos del PP, al que no dio ni las gracias. Como ha señalado “El Mundo”, la antigua pujanza económica del País Vasco se está diluyendo ante la incapacidad de los últimos Gobiernos del PNV para dar respuesta al invierno demográfico que asuela la Comunidad, a su altísima conflictividad laboral y alarmante absentismo en el trabajo, y a una preocupante tendencia de desinversión industrial. Euskadi ha sido históricamente uno de los principales polos de crecimiento de España debido a su potente industria y al impulso de la soberanía fiscal garantizada por el concierto económico con un privilegiado cupo. Con esos mimbres, el PNV ha encadena una victoria electoral tras otra, sacándole brillo a su marca de buen gestor, pero esta realidad se ha desdibujado. El País Vasco aporta hoy al PIB nacional menos que en los años 80 -pasando del 7.8% al 5,% en su participación en dicho PIB- y el electorado del PNV muestra síntomas de desencanto, fruto de la deficiente gestión de sus dirigentes. Llama la atención en una de las sociedades más envejecidas de Europa -incapaz de pagarse sus propias pensiones- sus gobernantes persistan en aplicar políticas ombliguistas que no favorecen la formación de los estudiantes -con la rémora de la enseñanza en euskera-, la atracción del talento profesional o la captación de inversiones. Hay que reconocer al PNV el merito de haber sabido sacar el máximo rendimiento a su media docena de diputados. Aunque sea fundamentalmente un partido de derechas, se ha situado en el centro del espectro político y se ha inclinado a diestra o a siniestra en función de sus conveniencias, para comer a dos carrillos y obtener beneficios de tirios y troyanos. Como en su día la CiU de Jordi Pujol, el PNV ha sido durante la democracia una fuerza moderada que ha facilitado la normalidad institucional, a cambio de considerables beneficios políticos y económicos. La situación se cambió en 2018 cuando, en cuestión de días, pasó, de aprobar los presupuestos generales del Gobierno de Mariano Rajoy, a votar una moción de censura contra el presidente y permitir el acceso al poder de Pedro Sánchez por la puerta trasera. Desde entonces, el PNV perdió su centralidad, se escoró a la izquierda y redujo sus relaciones con el PP, punto de negarse a negociar con él la investidura de Feijóo. Se puso incondicionalmente en manos del socialismo, en la esperanza de frenar el idilio entre el PSOE y Bildu, pero las perspectivas no son demasiado alentadoras y los sondeos prevén el “sorpasso” en las próximas elecciones autonómicas. Mas, aunque Bildu fuera el partido más votado, no le bastaría el apoyo de los partidos de la izquierda para acceder a la "lehendakaritza” sino que necesitaría el concurso del PSE, y aquí se le plantea al PSOE un problema hamletiano: ser o no ser con Bildu. El secretario general del PSE y candidato socialista a las elecciones vascas, Eneko Andueza, ha afirmado solemnemente que “vengo diciendo hace mucho tiempo que el PSE-EE no va a hacer lehendakari al candidato de EH . Me ratifico en ello y llevaré esta decisión hasta el final”. Jamás se entendería con Bildu para gobernar en el País vasco y -como fiel cumplidor de su palabra- se iría a su casa antes de facilitar su acceso de los abertzales al poder. Otegui ha calificado esta declaración de frívola, irresponsable, nada creíble y muy poco sólida en términos políticos, y ha expresado su intención de extender a Euskadi su política de alianzas ¿Por qué -se ha preguntado- lo que pasa en Navarra no puede pasar en el País Vasco? ¿Ha dejado zanjado el asunto la rotunda manifestación de Andueza? Pues más bien no, ya que -dada la volatilidad de Sánchez y de sus fieles, y de su absoluta falta de credibilidad-, aunque Andueza diga ahora “Digo”, dirá en su momento “Diego”, en pro de la concordia y de la convivencia en España. Ha dejado abierto un portillo al insinuar que su afirmación no era óbice para que pudiera eventualmente aceptar el apoyo de Bildu a su candidatura. El PNV está desnortado a causa de la apuesta de Sánchez por Bildu como su socio prioritario en Euskadi y eso fue lo que -en opinión de Iñaki Ellakuría- impulsó a Iñigo Urkullu a publicar en “El País” un artículo en el que el “independentista bueno” proponía reformar de manera encubierta la Constitución mediante una reinterpretación en una “convención constitucional” de la disposición adicional primera, con el fin de encaminar a España hacia un Estado plurinacional y confederal, con su corolario de “pluralidad de Estados”, “bilateralidad” y ”capacidad de decidir”, lo que suponía una versión menos agresiva del Plan Ibarretxe. Como ha comentado el ex-vicepresidente del TC Gómez Arribas, el Plan Urkullu es una manifestación más del nacionalismo en fase eruptiva, que abre la puerta a la desaparición de España. El PNV está asimismo desquiciado por su pavor a perder el Gobierno y lo ha mostrado con la exclusión de Urkullu como candidato en las próximas elecciones y su sustitución por Imanol Pradales -un clon de éste-, y con el pacto con JxC, para contrarrestar el eje Bildu-ERC. Feijóo le preguntó -usando la expresión de Andoni Ortúzar- sí quería seguir siendo el “kleenex” del PSOE, y le advirtió de que Bildu le estaba ganando la maratón, ya que Sánchez pretendía con su blanqueamiento que este “puntal del progresismo” fuera su sustituto, porque los peneuvistas habían dejado de convenirle. El PNV no le hizo caso y ahora se encuentra ante la tesitura de ser preterido por el PSOE. Sí Sánchez no ha tenido escrúpulos en traicionar a media España, a sus electores y a su propia palabra ¿por qué habría de tenerlos ahora por traicionar al PNV? Madrid, 22 de diciembre de 2023