?Amnistía?, !De entrada NO!

¿AMNISTÍA? ¡DE ENTRADA NO! No tenía intención de asistir a la manifestación del 24-S , pues -a mi provecta edad y escasa proclividad a las manifestaciones callejeras- se sumaban mi desacuerdo con la política titubeante y confusa de actual equipo dirigente del PP, y mi desconocimiento de cuál era exactamente el objetivo de la convocatoria: ¿Demostrar la fuerza del partido en la calle, arropar a Alberto Núñez Feijóo en las vísperas del previsible fracaso de su investidura, protestar contra la amnistía, contra el separatismo y/o contra la política de Pedro Sánchez…? Sin embargo, tras conocer las declaraciones del presidente en funciones hechas en Nueva York, se disiparon todas mis dudas y llegué a la conclusión de que debía participar en ella, sí o sí, y unir mi débil voz al clamor de miles de españoles de bienm para oponerme de forma rotunda a la profunda injusticia de conceder una amnistía a unos sediciosos irredentos. Sánchez afirmó que siempre había respetado el trabajo y la labor de la justicia (¿?) y subrayó que “una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial”. En su opinión, el golpe de Estado producido en Cataluña no era un delito, sino una “crisis política” de menor cuantía que debería haber sido resuelta por medios políticos, al margen de las obligada intervención de la justicia ante cualquier infracción de la ley. Pese a que él y su partido habían apoyado -con mayor o menor entusiasmo, pero sin reservas- la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la disolución de las instituciones catalanas, ahora ha dicho que ya en ese momento había mostrado al presidente del Gobierno su malestar, afirmación que Mariano Rajoy ha desmentido categóricamente y, respecto a la credibilidad de uno y otro, no hay color, ya que Sánchez es un mentiroso compulsivo. Ante la pregunta de si Junqueras llevaba razón al declarar que la amnistía ya había sido pactada en agosto dentro del ominoso paquete que permitió la elección de Francina Armengol como presidenta el Congreso, ni afirmó ni negó explícitamente, pero lo confirmó implícitamente, al señalar que lo que había hecho durante los últimos cuatro años había sido “devolver a la política lo que nunca debió salir de la política”. Añadió que estaba diciendo mucho y así era en efecto, pero -por más que se negara a pronunciar la nefanda palabra ”amnistía”, se entendía perfectamente cuál era la decisión que ya había tomado de concederla. Gran e inesperado éxito de la manifestación convocada por el PP Tras dar muestras de no saber lo que quería, el PP centró acertadamente su proyecto y adoptó como lema “Por la igualdad de los españoles”, en línea con el de la manifestación convocado por Sociedad Civil Catalana en Barcelona el 8 de octubre de “No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación” . Los organizadores esperaban una participación de unas 10.000 personas y se vieron gratamente sorprendidos cuando asistieron más de 65.000, según sus cálculos, o 40.000, según los de la Delegación del Gobierno. En cualquier caso, hubo una reunión multitudinaria, que se desarrolló en un ambiente festivom familiar y modélico, sin estridencias de ningún tipo. Puedo dar mi testimonio personal de que, pese a utilizar los codos, solo pude llegar al cruce entre las calles Goya y Alcalá, aquende el Corte Inglés, y a mis espaldas y a ambos lados de estas dos amplias avenidas había miles de ciudadanos. Ante la imposibilidad de ver u oír algo, decidí volver a casa y seguir la concentración a través de internet. Lo que iba a ser en principio un acto de partido para arropar a Feijóo en su tentativa de conseguir la investidura superó las siglas del partido y se convirtió en un acto masivo de protesta contra los planes del Gobierno de conceder una amnistía a los responsables del procès, en el que participaron muchas personas no vinculadas al partido, indignadas con la política de Sánchez. Como ha comentado Carlos Herrera, el PP se ha dado un chute de autoestima, al comprobar la unidad del partido, de la que no puede presumir el PSOE, en el que sus actuales dirigentes se dan el pico a lo Rubiales con los partidos que quieren destruir a España, y han entrado en abierta colisión con la vieja guardia socialista y sus líderes más señeros, que han criticado la inadmisible deriva hacia conculcación del Estado de Derecho. Según Jorge Bustos, cuando los Felipe González y los Alfonso Guerra tienen que salir a degañitarse contra el malversador de su herencia, el mutismo es ya solo la opción de los cobardes o de los cómplices. El ruido de la calle llega sofocado a los despachos de quienes detentan el poder y, aunque no se vea todavía, el murmullo ya se oye crecer. González dijo que se podían defender las ideas que se quisiera, pero no saltarse la legalidad, y la amnistía era inconstitucional, y Guerra afirmó que convertiría en represores a los demócratas y en demócratas a los felones, y que era la humillación deliberada de la Transición y la condena de la democracia. Feijoo estuvo arropado por los presidentes de las 11 Comunidades Autónomas dirigidas por el PP, el presidente del Senado y los expresidentes Aznar y Rajoy. Actuaron de teloneros el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, quien manifestó que de ninguna manera iban a permitir que los separatistas y Sánchez acabaran con la España de todos. Aznar aseguró que la Constitución no era moneda de cambio para satisfacer golpistas y que nadie malversaría la libertad y la igualdad de los españoles, y Rajoy señaló que la amnistía era una enmienda a la totalidad de la democracia. Cerró el acto un complacido Feijóo, que reiteró que defendería la igualdad de los españoles aunque le costara la presidencia del Gobierno, y calificó de fraude que Sánchez no hubiera llevado en su programa la amnistía y ahora la promoviera para poder reeditar su Gobierno, lo que solo tenía un nombre: indignidad. Que la manifestación ha sido un éxito lo ponía de manifiesto el silencio casi total del “equipo de opinión sincronizada” al servicio del Gobierno. Serias incongruencias en la postura de Sánchez Uno de los peores enemigos de Sánchez son las hemerotecas, que éste no ha podido alterar con el recurso a la Inteligencia Artificial, y sus continuadas contradicciones lo ponen en evidencia. V.gr.:1.-“Puigdmont, sí representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Ya va siendo hora de pasar página”; 2.- “A Vds, Sr. Casado, se les fugó Puigdemont y yo me comprometo, ahora y aquí, a traerlo de vuelta a España para que rinda cuenta ante la justicia”; 3.-“Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia y trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad”. 4.-“La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general”; 5.-“Lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña fue un delito de rebelión”; 6.-”El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”. Como ha observado Aznar, Sánchez siempre hace lo contrario de lo que dice. A saber: 1.-Puigdemont es ahora uno de los ”nuestros” y un fiel aliado. Efectivamente, había que pasar página, pero no hacia adelante sino hacia atrás, para concederle la amnistía; 2.-Sánchez cumplirá su promesa de traer a Puigdemont a España, pero lo traerá en un Falcon y con una guardia de honor de “mossos” liberados de servicio; 3.-El prófugo de Waterloo no solo no será juzgado, sino que será amnistiado y se le pondrá una alfombra roja para que vuelva a acceder a la presidencia de la Generalitat; 4.-Sánchez respalda a la Fiscalía porque la tiene a su servicio, pero no así los jueces del Tribunal Supremo (TS), que prevaricaron por juzgar y condenar injustamente a unos inocentes; 5.-Los graves delitos cometidos por los golpistas catalanes no solo no fueron rebelión, sino que ni siquiera fueron sedición -delito que Sánchez ha suprimido para complacer a sus nuevos aliados y, como la malversación, ha sido rebajada, se han convertido en simples faltas de orden público; 6.-Sánchez no solo va a aceptar la amnistía exigida, sino que la va a promover para aliviar penalmente a sus benefactores. Me acuerdo del chiste del gitano que va a confesarse y dice: ”Me acuso de haber robado un ronzal”, y el sacerdote le contesta “Eso no es pecado, hijo”, y seguía así el diálogo: “Es que detrás del ronzal venía una mula blanca”. “!Ay; esa es la negra!”. “No, padre, la negra venía detrás de la blanca”. Pues bien, Sánchez comprará la mula blanca de la amnistía y la negra del referéndum de autodeterminación, además de los muletos de la deuda histórica, la condonación de la deuda del FLA y el pacto fiscal. El presidente de Castilla/La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado que el PSOE y el Gobierno fueron a las elecciones del 23-J con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución, pero no han pasado ni dos meses y ahora si cabe, lo cual era extremadamente grave. Y no solo ha sido Sánchez quien ha incumplido su palabra, sino todo el Gobierno. En los informes para la concesión de indultos a los políticos condenados por sedición, elaborados por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo -un buen jurista experto en estos temas- se afirmaba lo siguiente: “A diferencia de la amnistía -claramente inconstitucional- que se reclaman desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito”. Añadía que, tras la sentencia en la que el TS condenó en 2019 a los responsables del procès , nadie en España dudaba de que la comisión de un delito -fuera quien fuera el que lo cometiera y ocupará el cargo que ocupara- traería consigo las consecuencias penales legalmente previstas. Estos informes fueron aprobados por el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Sánchez ¿Qué credibilidad pueden tener el presidente en funciones y su Gobierno?... La amnistía presenta aspectos jurídicos, políticos y morales. Aspectos jurídicos de la amnistía A algunos autores -como Enrique Calvet- no les preocupa que la amnistía sea o no constitucional, porque para ellos son más importantes sus aspectos políticos o morales. Quizás por deformación profesional, no estoy de acuerdo con esta opinión. Es cierto que Sánchez quiere constreñir la cuestión de la amnistía a un debate técnico entre juristas, en el que éstos pueden hacer distintas interpretaciones del Derecho, pero el fundamento jurídico es indispensable porque no puede haber democracia sin ley. La inmensa mayoría de los juristas -incluidos los del PSOE, hasta que Sánchez necesitó de los votos de JxC para lograr su investidura- han estimado que la amnistía propuesta no cabía en la Constitución, pero no son pocos los juristas “apesebrados” que mantienen la tesis “constructivista” de la legitintimidad de la “mutación constitucional”. Según Teresa Freixes, no existe ningún tipo de encaje de una hipotética amnistía en nuestro ordenamiento jurídico. Que el Congreso adopte una ley inconstitucional no anula su inconstitucionalidad, ni la transforma en legítima. Una ley de amnistía supondría dejar impunes a los golpistas y reconocer que los actos con los que derogaron la Constitución y el Estatuto y organizaron un referéndum ilegal de autodeterminación no constituyeron delito. Amnistiar a los condenados por sedición y a los prófugos de la justicia provocaría, sin embargo, una gran inseguridad jurídica pues supondría que la repetición de tales actos no sería considerada ya delito. Para Germán Teruel, falta la premisa de pasado, ya que los sediciosos no fueron condenados por sus ideas, sino por violar el Código Penal a la sazón vigente, y también falta la premisa de futuro, porque los golpistas no solo no se han arrepentido de sus delitos, sino que han proclamado que los volverán a cometer. La amnistía es una institución completamente excepcional y solo puede ser concedida en circunstancias excepcionales, como en casos de conflictos armados, descolonización, o tránsito de un régimen autocrático a otro democrático, y ninguna de estas circunstancias se dan en la actualidad en España. José Manuel Otero ha confesado que Adolfo Suárez le dijo que quería que se aprobara a la Ley de Amnistía de 1977 antes de que se adoptara la Constitución, lo que explicaba el silencio de ésta sobre la amnistía, a diferencia de la prohibición de los indultos generales. La ley provisional de indultos de 1870 -que sigue estando en vigor- fue adoptada en desarrollo de la Constitución de 1869, que establecía que el Rey necesitaba de una ley especial para conceder indultos generales o amnistías. De conformidad con el artículo 66 de la Carta Magna, las Cortes ejercen la potestad legislativa del Estado y tienen las competencias que le atribuyan la Constitución, y ésta no le concede expresamente la facultad excepcional de otorgar amnistías. Desde un punto de vista formal, una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 estableció que un Gobierno en funciones no podía proponer la concesión de indultos, por lo que, con mayor motivivo, tampoco estará capacitado para proponer la concesión de amnistías. La cuestión de la constitucionalidad de una Ley de Amnistía será resuelta en última instancia por el Tribunal Constitucional (TC), y el actual no es demasiado de fiar, por su excesiva politización y su sumisión al Gobierno. Su presidente Cándido Conde-Pumpido -notorio por su inclinación a que magistrados y fiscales mancharan sus togas con el polvo del camino y adaptaran la ley a la realidad social- ha afirmado que los magistrados del TC ejercían sus funciones con la máxima imparcialidad y con el máximo respeto al ordenamiento jurídico. ¡Ojala fuera así! Un caso clave es el de Campo: ¿Será consecuente como magistrado con su dictamen como ministro, cuando mantuvo que la amnistía era inconstitucional? Aspectos políticos de la amnistía Hay vida más allá del Derecho Al margen de que sea constitucional o no ¿es legítima la amnistía? Para responder a esta cuestión, cabe a su vez preguntarse cuál es el motivo de su concesión y si ha recibido el apoyo del pueblo español. Según Freixes, procede de una compra de votos de los partidos independentistas para que Sánchez consiga su investidura, y los españoles no han podido expresar su opinión sobre el tema, porque ninguno de los partidos constitucionalistas llevaba en su programa electoral propuesta alguna sobre amnistía e incluso el PSOE había mostrado su oposición a la concesión de la misma por considerarla inconstitucional. Ergo, el otorgamiento de una amnistía a los responsables del procès carece de cualquier tipo de legitimidad. Al no haber delitos políticos en una democracia, sus autores no pueden ser amnistiados. La concesión de una amnistía tendría gravísimas consecuencias políticas, pues supondría reconocer que los políticos condenados por sedición no cometieron ningún delito , y por consiguiente, los jueces que los juzgaron y condenaron cometieron un delito de prevaricación, y deberían ser sancionados por ello; que los políticos -por el mero hecho de serlo- gozaban de total inmunidad y podían delinquir libremente siempre que lo hicieran con una “intencionalidad política”; y que, gracias a esta impunidad y al desmantelamiento de los medios de defensa del Estado -al suprimir el Gobierno el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos, y al rebajar las penas al delito de malversación-se incitaba a los sediciosos catalanes a que intenten un nuevo golpe de Estado, con la connivencia del Gobierno en esta ocasión, porque las condenas -si es que las hubiera-serían mínimas y, en el caso poco probable de que fueran procesados y condenados, serían rápidamente amnistiados de nuevo. Pese a sus bravatas y amenazas, los independentistas catalanes acabarán cualquier caso por dar su voto a Sánchez para la investidura, porque nunca encontrarán un presidente como él tan entregado a la causa independentista, no por convicción, sino por vil interés. Parafraseando al hugonote Enrique IV, Pedro I de Cataluña y V de España podría decir, “Moncloa bien vale una amnistía”. Aspectos morales de la amnistía Con independencia de que esté en contradicción con la Constitución y sea políticamente inconveniente, la amnistía es profundamente injusta y contraria a la equidad. Según Juan Pablo Fusi, la concesión de una la amnistía es una cuestión moral, de principio, de dignidad nacional, pero no se aprecia su aspecto moral, sino su utilidad como mecanismo para acceder al poder. Supondría convertir a la democracia española en represora de los derechos humanos, lo que sería un auténtico dislate. Para García-Page, si la amnistía saliera adelante gracias a los votos de los independentistas beneficiados, carecería de base moral. Como ha observado Juan Toledano en “El Debate”, en los últimos años Sánchez y el PSOE han venido vendiendo y subastando a España por parcelas, con la única finalidad de mantenerse en el poder. El PSOE no admite voces críticas y condena, e incluso expulsa de sus filas a quienes -como Leguina o Redondo- mantienen la posición que hasta ahora había mantenido el partido, a los que ha calificado de “disidentes”, “desleales”, “tránsfugas” y “traidores” -¿dónde están la libertad de expresión?- y exigen la sumisión incondicional a la voluntad del líder supremo. García-Page no puede ordenar a los diputados castellano-manchegos socialistas que voten en un determinado sentido, pero sí podría y debería pedirles que votaran en conciencia, pues -de conformidad con el artículo 67-2 de la Constitución-, “los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo”, pero esta disposición -como los semáforos en Nápoles- es meramente indicativa y escasamente cumplida, porque los parlamentarios siguen con fidelidad ovejuna las instrucciones de los aparatos de su partido. Incluso discrepantes -como García-Page, Lambán y los propios González y Guerra- no van más allá de las palabras para tranquilizar sus conciencias. Sin mencionar para nada a Sánchez, los antiguos líderes socialistas han alegado que el disidente era “el otro” -que un día dice una cosa y otro la contraria-, pues ellos no habían cambiado. En un editorial, “El Debate” ha mantenido que un eventual voto de los diputados socialistas a Feijóo nunca podría ser considerado como una traición a los principios socialistas, sino como una apuesta por su propia dignidad y una coherencia con el juramento o promesa que realizaron de cumplir y hacer cumplir la Constitución ¿Están seguros los diputados de que los españoles -incluidos los votantes socialistas- están a favor de amnistiar a quienes pretenden imponer la desigualdad entre los españoles? ¿Cómo pueden apoyar este copernicano giro en la postura del partido sin que haya habido debate, ni hayan recibido explicación alguna? Este cambio ha sido impuesto por un 5.7% de españoles que quieren dejar de serlo, e implica una infame compraventa de votos, en contrapartida por su apoyo a la investidura de Sánchez. Muchos militantes y simpatizantes del PSOE han expresado su profunda repugnancia ante el grado de influencia de las fuerzas separatistas sobre Sánchez, pero les falta el coraje para dar el paso requerido con el fin de actuar de acuerdo con sus principios y su conciencia, y siguen votando al PSOE porque en ellos prevalece el patriotismo de partido sobre el patriotismo de Estado. Por otra parte,-según Toledano- los diputados -seleccionados por Sánchez- venderán a sus votantes por un plato de lentejas. Los que no estén de acuerdo con la amnistía no tendrían que votar a favor de Feijóo, sino simplemente abstenerse, como ya hicieron en 2016 con la investidura de Rajoy, sin que nadie calificara a de “desleales” o “disidentes” a los 68 diputados socialistas que se abstuvieron, ni a los 15 que votaron en contra de la investidura, desoyendo las instrucciones de la Comisión gestora del PSOE, en la época del ” No es No” de Sánchez. Alguien tan interesado en la Memoria histórica y/o democrática, y preocupado por cómo será recordado por la posteridad, pasará a la Historia dentro de la categoría donde figuran el Conde don Julián, Bellido Dolfos, Antonio Pérez y Manuel Godoy. Según Rafa Latorre, si el sanchismo es para el militante socialista una experiencia tan liberadora, es porque ha prescrito la vergüenza. “¿Qué es progresista? ¿y tú me lo preguntas, Sánchez? Lo que sea preciso para gobernar”. Una vez más, se demuestra que la necesidad de Sánchez es fuente de legitimidad y “partera de la Historia reciente de España”. A juicio de Jiménez Torres, lo único que cabe hacer en buena conciencia es señalar que quienes se escandalizan con todo esto no han perdido la cabeza, sino que ha sido el PSOE el que ha perdido la vergüenza. Hay que clamar “!Basta ya!”, porque no podemos consentir que un político ahíto de poder venda en almoneda, por su exclusivo interés personal, la unidad y la integridad de España, la Constitución y el Estado de Derecho, y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Para el ex-magistrado del TS y del TC, Jorge Rodríguez Zapata, hemos llegado a una situación límite y tenemos que ejercer el derecho a resistir ante un intento de golpe de Estado desde dentro del Estado. Ni de entrada, ni de salida, ¡amnistía, NO! Madrid, 28 de septiembre de 2023

Los nacionalismos españoles provocan una nueva Babel

LOS NACIONALISMOS ESPAÑOLES PROVOCAN UNA NUEVA BABEL Tras el diluvio universal, los herederos de Noé se establecieron en la llanura de Senaar. Era la tierra toda de una lengua y de una misma palabra. Y dijéronse unos a otros: “Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide toque a los cielos y nos haga famosos”. Bajó Yavé a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres y se dijo: “He aquí un pueblo uno en que tienen todos una lengua sola. Se han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos, pues, y confundamos su lengua de modo que no se entiendan unos a otros”. Por eso se llama Babel, porque allí confundió Yavé la lengua de la tierra toda, (Genesis, 11-1/9). Según Nácar y Colunga, estaban unidos y la unidad de lengua les daba fuerza y les permitía desafiar a Dios, pero la diversidad de lenguas era causa de aversión y de división. La lengua como medio de comunicación La lengua es el medio principal de comunicación entre los mortales. Ante la proliferación de lenguas provocada por el babelismo, los hombres trataron de buscar una lengua común para entenderse mejor. En la Edad Media lo fue el latín, en la Edad Moderna lo fue en cierta medida el español, y en la Edad Contemporánea el inglés es la lengua franca. El español es la segunda lengua universal y la más enseñada en todo el mundo tras el inglés. Su estudio está en expansión por doquier, salvo en algunas regiones de… España como Cataluña, porque hasta en esto “Spain is different”. Una clara muestra de la importancia del inglés como lengua de comunicación es la India. Según el artículo 343 de la Constitución de 1950, el hindi era el idioma oficial del país, si bien el inglés sería cooficial durante 15 años. Cuando el Gobierno inició los planes para imponer el hindi como el único idioma oficial, se produjo una tremenda oposición en muchas de las regiones y violentos disturbios en algunas de ellas, especialmente en Tamil Nada, que llevaron a la adopción en 1963 de una enmienda constitucional por la que se mantuvo el inglés como lengua cooficial a nivel nacional Otra prueba al respecto la ofrece República de Irlanda, que -pese a haber estado dominada durante siglos por Inglaterra que le impuso su idioma-, al independizarse, mantuvo el inglés como lenguas oficial. Así, el artículo 8 de la Constitución de 1937 establece que el irlandés es el primer idioma oficial y el inglés el segundo. Es obligatorio el estudio del gaélico y al final de la enseñanza secundaria los alumnos deben superar un examen, sin lo cual no pueden acceder a la Universidad. Sin embargo, la mayoría de los irlandeses utiliza el inglés como medio de expresión, salvo en la Gaelstacht, en la parte occidental de la isla, donde se habla comúnmente el gaélico. En muchos países europeos son oficialas varios idiomas, incluidos los minoritarios, como el caso del italiano en Suiza, el sueco en Finlandia o el alemán en Bélgica. En España -según el artículo 3 de la Constitución-, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas son oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. En consecuencia, son lenguas cooficiales el catalán en Cataluña, el euskera en El País Vasco, el gallego en Galicia y el valenciano en la Comunidad de Valencia. La Constitución reconoce que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio que debe ser objeto de especial respeto y protección, y así se ha hecho tanto a nivel nacional como autonómico, si bien algunas Comunidades han potenciado al máximo el conocimiento y la enseñanza de sus lenguas propias -lo cual es digno de elogio-, pero lo han hecho marginando el castellano e incluso excluyendo su uso en la enseñanza y en la Administración pública Abuso de algunas comunidades al fomentar sus lenguas propias Éste es especialmente el caso de Cataluña. Tras el ostracismo sufrido por el catalán durante los Gobiernos de Franco, el péndulo ha basculado hacia el otro extremo. Según el Estatuto de Autonomía de 1979, el catalán es la lengua propia oficial de Cataluña, mientras que el castellano es la lengua oficial en todo el Estado, incluida Cataluña. “La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y creará las condiciones que permitan alcanzar su igualdad plena en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña” (artículo 3). Durante la presidencia de Tarradellas se logró una fórmula razonable consistente en potenciar el catalán para igualarlo con el castellano y normalizar a nivel oficial un bilingüismo armónico que existía en la vida real. Jordi Pujol, en cambio, inició un proceso gradual para establecer el monolingüismo en catalán, consciente de que la lengua era el instrumento básico para crear la estructura de un futuro Estado independiente. De ahí sus Leyes de normalización lingüística de 1983 y de política lingüística de 1998, y la introducción del sistema de inmersión forzosa en catalán, oficializado en la Ley de educación de 2009. En 2005, el Gobierno tripartito de Pasqual Maragall propició la reforma del Estatuto de Sau, y la nueva norma estableció que el catalán era la lengua normal y preferente en la educación, la Administración y los medios públicos de comunicación. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 suprimió el calificativo de “preferente” por inconstitucional. Ante la negativa de las escuelas a impartir clases en castellano, algunos padres tuvieron que recurrir a la Justicia y -aunque los Tribunales les daban la razón- los directores de las escuelas, con la connivencia de la Administración, no aplicaban las sentencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncio en 2020 por la obligatoriedad de que las escuelas catalanas impartiera al menos un 25% de las asignaturas en castellano. La Generalitat no acató la sentencia y dictó el Decreto-ley 6/2022 para hacer imposible su ejecución, y el Parlament aprobó en 2022 -con el voto a favor del PSC y de los Comunes- la Ley de lenguas oficiales de la enseñanza no universitaria, que establecía que el catalán era la única lengua vehicular y que el uso del castellano -que solo era lengua curricular- se dejaba a la decisión de los centros escolares. El Gobierno central no recurrió la ley y la condonó “de facto”. Ahora, los partidos independentistas que impiden la plena aplicación de la lengua oficial en una parte del Estado español, pretenden que el catalán se utilice en el Congreso. Según el artículo 6 del Estatuto de Guernica de 1979, el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen derecho a conocer y usar ambas lenguas. Las autoridades autonómicas garantizarán su uso y tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. El Gobierno vasco ha potenciado el euskera y le ha concedido una posición preferente. En 2016 se aprobó Ley de instituciones locales de Euskadi, que establecía que los Ayuntamientos podían decidir la lengua con la que trabajar. El Tribunal Constitucional ha estimado en 2023 que algunas disposiciones de la Ley atacaban el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas, al condicionarse el uso del castellano al desconocimiento del euskera, y que la Ley no se dirigía a promover una lengua cooficial, sino que prescribía un uso prioritario del euskera, con la que se producía un desequilibrio injustificado en el uso del castellano. En 2019, el Gobierno vasco dictó un Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones y locales de Euskadi, que solo regulaba el uso privilegiado del euskera en detrimento del castellano, por lo que incurrió en los mismos vicios de inconstitucionalidad que la Ley de 2016. Un Decreto de 1983 estableció tres modelos de enseñanza: en castellano como lengua vehicular (A), en euskera como lengua vehicular (D) y uso de ambas lenguas (B). El modelo B ha desaparecido prácticamente y el D se está imponiendo sobre el A, que se ha visto reducido al 11% del alumnado. En Navarra, la lengua oficial es el castellano, pero en el tercio norte vascófono el euskera es cooficial y en él rige el mismo sistema educativo que en Euskadi. Sin embargo, los últimos Gobiernos de coalición de Geroa Bai (PNV) y PSN han seguido una política de euskaldunización, tanto en la Administración como en la enseñanza. En un decreto de 2017 por el que se regulaba el uso del euskera en la Administración, se imponía su uso en toda la Comunidad. En una sentencia de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló los artículos que valoraban el conocimiento del vascuence como mérito en las zonas no vascófonas. El artículo 5 del Estatuto de Galicia de 1981 considera el gallego como la lengua propia de la Comunidad y, junto con el castellano, es lengua oficial. Desde la época de Fraga, el PP acogió en su seno a galleguistas conservadores, que han introducido en la Xunta un cierto grado de nacionalismo. Galicia se unió a la agrupación Galeusca, junto con el País Vasco y Cataluña, y se ha sumado a algunas de sus reivindicaciones. Sin llegar a los extremos de Cataluña o Euskadi, en Galicia también se han cometido acciones hostiles contra el castellano, sobre todo en el ámbito educativo. La Galicia del PP debería hacer autocrítica y corregir esos excesos. Según el artículo 6 del Estatuto de la Comunidad Valenciana de 1982, el valenciano es la lengua propia de la Comunidad y tiene carácter oficial junto con el castellano. Durante los Gobiernos de coalición del PSOE con Compromís y Podemos se adoptó una Ley sobre plurilingüismo que potenciaba el catalán y discriminaba al castellano. No voy a entrar en el debate sobre sí el valenciano es una lengua o un dialecto del catalán -hay quienes mantienen que es justo lo contrario, pues las primeras manifestaciones literarias de Ausias March se hicieron en valenciano-, pero el Estatuto de Autonomía considera al valenciano con la lengua oficial de la Comunidad. Los anteriores Gobiernos autonómicos menospreciaron el valenciano y potenciaron el catalán, incluyendo a la Comunidad entre los “países catalanes”. La situación ha cambiado radicalmente con el nuevo gobierno de PP-Vox presidido por Carlos Mazón, que ha establecido el principio de libertad elección de lengua y de centro educativo. Una situación similar se produjo Baleares, donde el Gobierno de coalición del PSOE con Podemos y el nacionalista Més, dirigido por Francina Armengol, potenció el catalán en la enseñanza y en la Administración pública, hasta el extremo de exigir un alto conocimiento del catalán por parte de los empleados en el sector sanitario, lo que provocó un agudo déficit en la cobertura de servicios médicos en todas las islas. El nuevo Gobierno del PP de Marga Prohens ha cambiado radicalmente de orientación y propugna un sistema de libertad de enseñanza. Uso en el Congreso de las lenguas cooficiales En el pacto que concertó Sánchez con Puigdemont para que JxC permitiera con sus votos la formación de la Mesa del Congreso presidida por Armengol, aquél puso como condición que se permitiera el uso en el Congreso del catalán, el euskera y el gallego -no así el valenciano-. En el primer discurso tras su elección, Armengol anunció -sin tener competencias para ello- que desde ya los diputados podrían utilizar dichas lenguas en todas las actividades de la Cámara. Abrió asimismo la vía para la utilización de otras lenguas no oficiales como el bable, el aragonés o el aranés. El PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas presentaron una propuesta para modificar el Reglamento del Congreso, que fue admitida a trámite el 18 de septiembre. Se trataba de una propuesta que reproducía la presentada hace 15 meses y que fue rechazada por 71 a favor y 268 en contra, entre los que figuraban los de los diputados del PSOE ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues que Sánchez necesita los siete votos de JxC para ser investido presidente y Puigdemont condiciona su apoyo a la concesión de una amnistía a todos los involucrados en el procès y al uso del catalán en el Congreso y en las instituciones de la Unión Europea. La Mesa del Congreso aceptó la propuesta que permitía el uso de las tres lenguas cooficiales y Armengol autorizó ilegalmente dicho uso en el pleno del Congreso del día 20, dado que éste no había probado aún la reforma del Reglamento, cosa que ha hecho el día 21 con 180 votos a favor, incluido el de Coalición Canaria, que ha cambiado de bloque. Pese a las advertencia de los letrados de la Cámara, su presidenta ha seguido adelante para pagar en especie el precio pactado por el PSOE con JxC para su elección y no ha dudado en abusar de su poder. Como ha señalado Germán Teruel en su magnífico artículo “Babel parlamentaria e integración territorial”, cualquier decisión materialmente constitucional -y el uso de las lenguas en el Congreso lo es- debería venir precedido de un acuerdo que incluyera a los dos grandes partidos. Somos una democracia “consensual”, por lo que en estos temas no basta con tener la mitad más uno de los votos, sino que hay que aspirar a generar consensos. Resulta nocivo que una mayoría envalentonada adopte reformas institucionales sin contar con la otra mitad del arco parlamentario. El abrumador rechazo de la propuesta de 2022 puso de manifiesto que no había ninguna laguna que colmar mediante una resolución de la presidenta de la Cámara, sino que existía la voluntad expresa de que ésta no modificara el Reglamento y mantuviera el español como única lengua “¿Tiene sentido convertir el Congreso en una Babel lingüística?”, se ha preguntado el profesor. Todos los intervinientes de la izquierdas - incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz- utilizaron las lenguas cooficiales, con lo que dieron la impresión de que el español -como la bandera rojigualda- era patrimonio de la derecha. Tan solo rompió esta presunción el ínclito portavoz del PP, Borja Semper, quien pronunció tres parrafadas en euskera en contra de la normativa aún vigente, de las instrucciones de su partido y del sentido común, al que, por cierto, recurrió Díaz para justificar el copernicano cambio de criterio de la izquierda. Los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo, no sin antes depositar sus pinganillo en los escaños vacíos del presidente y de su vicepresidenta primera. Por el momento solo habrá interpretación de las lenguas cooficiales al español, en una unidireccionalidad que no debería placer a Puigdemont, porque -como ha observado Arcadi Espada-, si el catalán es una lengua de ida pero no de vuelta, “la naturaleza ‘manquée’ de la nación seguirá vigente y el castellano seguirá conservando su carácter de koiné”. Sesenta antiguos parlamentarios de distintos partidos -incluidos varios presidentes del Congreso, del Senado y de Comunidades Autónomas, y 17 ministros- han enviado una carta a Armengol para expresar su gran estupor y mayor consternación por la precipitada iniciativa de modificar los usos del Congreso para convertirlo en una institución plurinacional. “Hemos sentido el Parlamento como la casa del diálogo y de la deliberación al servicio de los españoles. En todo este tiempo el castellano -lengua oficial del Estado- ha sido la lengua con la que hemos dialogado. Lo hemos hecho con normalidad ya que el castellano es nuestra lengua común, la lengua en la que todos los españoles nos entendemos en nuestra vida cotidiana en todos los lugares de España. Ningún español necesita intérprete cuando habla con otro español”. En ningún caso, el catalán, el euskera y el gallego son lenguas cooficiales del Estado, por lo que no tiene soporte constitucional su uso en el órgano que representa la soberanía nacional. La verdadera intención de sus promotores es negar la condición del castellano como lengua común de los españoles, que tendrán que recurrir al pinganillo para entenderse entre ellos. La pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable y una ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático. “Si no fuera trágico, sería profundamente ridículo”. Por eso han expresado su más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución, no se adecúa a nuestra realidad lingüística y no resulta razonable. Como ha señalado un editorial de “El Debate”, “si le quedara alguna dignidad a la Señora de los pinganillos, bueno sería que leyera con atención esta misiva y actuara en consecuencia, denegando la cooficialidad de las lenguas regionales en el Congreso”. Según “El Mundo”, el Gobierno no hace un reconocimiento simbólico de los idiomas cooficiales, sino que da un nuevo paso en la negación del español como lengua común. “El objetivo es la desvertebración de la España cívica y constitucional. Por ello, no es el aceptable que el PSOE imponga una modificación que rechazó en junio de 2022 y que ahora solo defiende para conservar el poder”. Según Andrés Trapiello, la imposición del pinganillo es un crimen de lesa lengua. Para Juan Claudio de Ramón, “renunciar a una lengua común parece ilógico en una asamblea deliberante o negociadora, pero resulta natural en esa especie de dieta plurinacional que algunos se han fijado como meta”. Uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la Unión Europea La primera letra que tuvo que pagar Sánchez en su turbio pacto con Puigdemont fue la tentativa de que el catalán, el euskera y el gallego fueran considerados como idiomas oficiales de la UE y -a tales efectos- el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió en la madrugada del 17 de agosto una misiva a la Secretaría General del Consejo Europeo para -saltándose las normas vigentes- solicitar la reforma del Reglamento lingüístico 1/1958, porque ese día era indispensable el voto de JxC para elegir Armengol presidenta del Congreso. El día 22 firmé, junto a varios miembros del Foro de Profesores, una carta dirigida a la Secretaría General del Consejo, en la que denunciábamos la ilegalidad de la actuación del ministro, por haber hecho una propuesta importante cuando un Gobierno en funciones no está capacitado para ello y por no contar con la preceptiva decisión a tal el efecto del Consejo de Ministros. Salvada la primera valla de la elección de la Mesa del Congreso, el Gobierno tenía que superar la segunda, en su frenética carrera para imponer las lenguas autonómicas españolas como oficiales de la UE, Albares se trasladó el día 19 a Bruselas para asistir a la reunión del Consejo de Asuntos Generales -a la que no suelen asistir los ministros- para implorar a los Estados miembros que accedieran a la estrafalaria propuesta española. Estados como Suecia, Finlandia, Bélgica, Países Bajos o Francia habían expresado su reticencia ante semejante propuesta. El ministro trató de convencerlos prometiendo que España correría con los costes de la operación y -ante el mantenimiento de las reservas y del requerimiento de que se hiciera un estudio pormenorizado sobre sus consecuencias políticas, económicas, institucionales y operativas- propuso empezar por la incorporación del catalán y dejar para más tarde la de las otras dos lenguas, lo que ha provocado el natural enfado de los aliados separatistas del PNV, Bildu y BNG, y Albares ha tenido que rectificar. No es nada normal que un Estado solicite de golpe y con urgencia la inclusión de tres idiomas regionales como lenguas oficiales de la Unión, lo que no solo tendría un elevado coste económico, sino que implicaría cambios estructurales en los servicios de traducción, interpretación y documentación, y un peligroso precedente que abriría la puerta a la oficialidad de los 60 idiomas que se hablan en los países miembros. Y es aún menos normal que lo haga un Estado aprovechándose de su condición de presidente rotatorio del Consejo Europeo. El Consejo de Asuntos Generales ha aplazado “sine die” su decisión sobre la solicitud para estudiarla con calma, tras la elaboración de informes sobre su fundamento jurídico y la estimación de los costes y de las incidencias sobre el funcionamiento operativo de las instituciones de la UE. Se deja pues, la decisión -que requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros- “ad calendas comunitarias”. El voluntarioso Albares -que ha sido calificado por Jorge Bustos como Ministro de Exteriores de Cataluña en el exilio- se ha mostrado satisfecho porque nadie ha vetado la propuesta y, sobre todo, porque ha cumplido con las exigencias del prófugo de Waterloo, quien le ha agradecido sus esfuerzos pese a ser insuficientes. Este inhabitual comentario de Puigdemont es una muestra de que no parece que vaya a negar el apoyo de su partido a la candidatura de Sánchez solo por no haberse logrado el objetivo comunitario. Sánchez es consciente de que Puigdemont tiene la sartén por el mango y el mango/mando a distancia también, por lo que está dispuesto a tragarse cualquier sapo para conservar el poder. Gracias a él y a sus aliados, España se ha convertido una vez más en el hazmerreír de Europa. Según ha observado Teruel, en el Parlamento Europeo no hay una lengua común, pero en el Congreso sí la hay, el castellano. Como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 821/1986, éste es el único idioma oficial del Estado y las demás lenguas españolas solo lo son en sus respectivos territorios, una oficialidad que comporta que el castellano sea reconocido por los poderes públicos como el medio normal de comunicación en y entre ellos, y en su relación con los sujetos privados. Las lenguas -que son medios de comunicación y entendimiento- han sido convertidas por los nacionalismos identitarios en medios de incomunicación y desentendimiento, y semejante aberración ha sido comprada y pagada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Madrid, 22 de septiembre de 2023

Caos en el poder judicial

CAOS EN EL PODER JUDICIAL Los acontecimientos de la pasada semana protagonizados principalmente por Carles Puigdemont han opacado considerablemente la solemne apertura del año judicial, en la que se ha puesto de manifiesto el caos en que está sumido el Poder Judicial. Apertura del año judicial El 7 de septiembre, bajo la presidencia del rey Felipe VI, se inauguró el Año Judicial 2023-2024, con la participación del presidente en funciones del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín, y del fiscal general en funciones, Álvaro García, y la presencia de los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y de la ministra de Justicia, Pilar Llop. El Poder Judicial también está en funciones, al verse contaminado por la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No asistió el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con la excusa del COVID, pero el año anterior tampoco lo hizo, sin excusa alguna, lo que muestra que su único interés en relación con la Justicia es el de someterla al Gobierno. Los más altos representantes de la judicatura y de la fiscalía pudieron comprobar una vez más, con rubor, el estado comatoso -Marín lo calificó de calamitoso- en el que se encuentra actualmente la justicia en España y, con temor, que si Sánchez finalmente accede al chantaje de Puigdemont, la situación empeorará aún más. Marín podría haberse ahorrado su discurso y limitarse a leer el pronunciado un año antes por Carlos Lesmes, que sigue estando de plena actualidad. Señaló en su día el expresidente que la justicia española estaba siendo sometida a tales tensiones que podían abocarla a la inoperancia. Reiteró por cuarta vez la urgente necesidad de renovar el CGPJ de acuerdo con la legislación vigente, si bien indicó que ésta no era conforme con los estándares europeos, por lo que su reforma era ineludible y debería abordarse con la mayor urgencia posible. Calificó de agravio que el Consejo pudiera designar a los miembros del TC pero no a los del TS. Denunció que la desjudicialización podría producir una burla de la ley, ya que ello llevaría consigo “el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos, por el hecho de su capacidad de influencia política”. Lesmes presagiaba ya la concesión de una amnistía a las sediciosa clase política catalana. El actual presidente eludió hacer referencia expresa a la amenaza de la amnistía, si bien afirmó que en nuestros días las democracias morían no solo por un golpe de Estado o una revolución, sino también por el “lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa”. Destacó el grave riesgo que suponía para la democracia española la incapacidad de los partidos políticos de renovar la cúpula del CGPJ y la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos, especialmente en el TS, que vivía una situación desoladora. El primer problema sigue irresoluble antes la incapacidad de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. El sistema de elección de los miembros judiciales del CGPJ por sus pares -que fue sustituido por el PSOE en 1985 mediante la elección por las Cortes- ha politizado notablemente su renovación, sobre todo a raíz de la malhadada sentencia del TC de 1986 que consideró que este cambio era acorde con la Constitución. No obstante, advirtió –“excusatio non petita, acusatio manifesta”- que la lógica del Estado obligaba a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y, señaladamente, el Poder Judicial. La lógica del Estado, como era de temer, no ha funcionado en este caso y los partidos políticos -especialmente los mayoritarios, pero también otros, como el PNV, CiU o IU- se han aprovechado del intercambio de cromos y, en función de su fuerza parlamentaria, han colocado a sus candidatos en el Consejo. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders recomendó renovar urgentemente el CGPJ conforme a la normativa vigente, pero proceder acto seguido a su cambio de conformidad con las directrices del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, a ser posible antes de que se iniciara la presidencia rotatoria española del Consejo Europeo. Sánchez se ha negado a aceptar esta posibilidad, pues mantiene que el actual sistema de elección es el más correcto. Si aceptara las directrices europeas, bastaría con un compromiso firme del Gobierno de modificar la Ley Orgánica el Poder Judicial (LOPJ) y, en tal caso, el PP aceptaría renovar el Consejo. La pelota está, pues, en el tejado del Gobierno. Lo mismo ocurre con el tema de los nombramientos. Marín mantuvo que era insostenible la situación por la falta de nombramientos de los altos cargos de la judicatura, especialmente en el TS -donde hay 23 vacantes-, a causa del cerrojo impuesto por el Gobierno, al cambiar la LOPJ para prohibir al Consejo que pudiera realizar esa labor mientras estuviera en funciones. La situación se resolvería en un pispás si el Gobierno modificara dicha Ley para regresar al “statu quo ante”. Intervención del Fiscal General Álvaro García hizo una intervención anodina, en la que destacó más lo que no dijo que lo que dijo. El fiscal general trató de justificar su controvertida actuación en los 13 meses que lleva en el cargo, afirmando -en contra de la verdad- que todas las decisiones que adoptaba su Fiscalía estaban sometidos a los principios de motivación, publicidad y consenso, pero -bien al contrario- ha seguido la práctica de su predecesora, Dolores Delgado, de solo nombrar para los altos cargos a miembros de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales. Se ha enfrentado con la mayoría de los fiscales, por los arbitrarios ascensos y nombramientos que ha realizado, especialmente los relativos a su protectora Delgado, a la que ha nombrado fiscal jefe de la Sala Militar y de la Memoria Histórica, nombramientos ambos que han sido recurridos ante el TS. En relación con el segundo, la mayoría de los miembros del Consejo Fiscal se negaron a hacer el preceptivo informe sobre la candidata, que fue designada sin contar con él. García ha adoptado un papel de víctima y manifestado que la dependencia jerárquica que rige la Fiscalía había provocado reticencias a la hora de valorar su actuación ya había sido utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre la misma. García defendió también las directrices que dictó a los fiscales sobre la interpretación que deberían dar a las reducciones de condena provocadas por la nefasta ley del ”Sí es sí”, adoptando el criterio restrictivo mantenido por el Gobierno, que fue finalmente rechazado por el TS. También apoyó con entusiasmo otorgar a los fiscales la dirección de las instrucciones penales hasta ahora en manos de los jueces. He mantenido que la situación debería continuar tal cómo está y, tras conocer la tesis de Sánchez de que la Fiscalía General forma parte del Gobierno, se ha consolidado mi opinión en contra del cambio. Cabe imaginar cuál sería la instrucción de un proceso contra unos posibles y probables golpistas catalanes, dirigida por los fiscales adictos a Sánchez. Entre las omisiones en la intervención de García destaca su silencio sobre la posible adopción de una Ley de Amnistía. El fugitivo Puigdemont y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, han exigido la adopción de una Ley de Amnistía, seguida de un referéndum de autodeterminación, en contrapartida a su apoyo a la investidura del presidente en funciones. La vicepresidenta Díaz visitó oficialmente en Bruselas a un prófugo de la justicia y le ofreció normalizar sus relaciones con el Gobierno y otorgar una amnistía a los encausados por el procès, si JxC apoyaba con sus diputados la candidatura de Sánchez. Ante estos casos tan graves que afectan la seguridad jurídica de España, ¿el fiscal general no tiene nada que decir? Graves consecuencias de una eventual Ley de Amnistía No sé si Sánchez es consciente del grado de bajeza ética y moral al que ha llegado, al subvertir los valores de un Estado de Derecho, denostar y desprestigiar a los jueces, y arropar a los delincuentes. Su proceso de desjudicialización de la política ha llevado a la condena de unos Tribunales que -a su juicio- se ensañaron con unos patriotas que solo querían expresar su voluntad mediante el voto, y les aplicaron la venganza en vez de la justicia. Este proceso ha ido ” in crescendo”: concesión de unos indultos injustificados e injustos, derogación del delito de sedición por el que los políticos independentistas fueron condenados, reducción de las penas por el delito de malversación en el que incurrieron todos los dirigentes de la Generalitat… Ahora, para seguir manteniéndose en el poder, se muestra dispuesto a doblegarse al chantaje de Puigdemont y conceder una amnistía general a todos los implicados en el referéndum ilegal del 1-O, en la declaración unilateral de independencia y en todos los actos de terrorismo callejero realizados en protesta por la sentencia condenatoria del TS. Del “pasar página” y condonar y olvidar los delitos cometidos por los independentistas, cabe deducir que éstos no delinquieron y actuaron de forma democrática y legítima, que el Gobierno central se excedió al aplicar el artículo 151 de la Constitución, y que los jueces prevaricaron al condenar a unos inocentes. Según está malévola interpretación, los magistrados Marchena, Berdugo, del Moral, Palomo, Varela, Martínez Arrieta, Gómez de la Torre, Ferrer y Llarena, y los fiscales Zaragoza, Madrigal y Cadena serían responsables de prevaricar por dictar a sabiendas sentencias o resoluciones injustas -artículo 446 del Código Penal- y deberían ser juzgados y condenados a penas de prisión, así como a indemnizar a los políticos injustamente procesados por los daños que les fueron causados. Sería el mundo al revés, pero con Sánchez cualquier cosa es posible con tal de mantenerse en el poder. No obstante, aunque Sánchez sea el principal responsable de esta anómala situación, no es el único, pues también lo son los militantes y votantes del PSOE que han condonado a sabiendas con su voto las arbitrariedades del Gobierno de coalición. Incluso los escasos políticos socialistas que han criticado la eventual concesión de una amnistía -con notables excepciones como las de Nicolás Redondo o Francisco Vázquez- han reconocido que han seguido votando al PSOE, no siendo coherentes con sus principios. Cuando por mor de los resultados de las elecciones generales del 23-J el mantenimiento de Sánchez en el poder depende de los siete disputados votos de JxC, el presidente en funciones ha mandado a Bruselas su vicepresidenta, Yolanda Díaz, para mendigar a un prófugo que le conceda sus votos a cambio de una amnistía. Como ha señalado José María Ruiz Soroa, nunca se había visto que unos votos se intercambiaran por un perdón total por unos graves delitos, sin que tales votos se orientaran a atender al interés general de la Nación, sino el interés particular del presidente del Gobierno. Para el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que un Gobierno se rebaje ante un delincuente que puede garantizar la supervivencia política de Sánchez, del PSOE y de Sumar, es una de las cosas más repugnantes que recuerda. “Han entregado la dignidad del país y la han puesto en manos de un delincuente que derogó la Constitución y el Estatuto, y provocó un conflicto civil”. A título de muestra, allá van los testimonios de tres periodistas del sector progresista. Para Antonio Elorza, es el mundo al revés: el sedicioso triunfa y los defensores de la democracia reciben la condena, envuelto todo ello en el falso disfraz de diálogo en Cataluña. Según José Luis Cebrián, si el Gobierno y el PSOE consuman la deslealtad a la Constitución que supone el olvido de los delitos de separatismo, este 11 de septiembre puede marcar el principio del fin de nuestra democracia. Antonio Caño ha estimado que Ley de Amnistía es una invitación a los separatistas a que vuelvan a declarar la independencia, esta vez con el apoyo del Gobierno central, y ha preguntado si queda algo de dignidad y de sentido del honor en el socialismo español. “Aún estamos a tiempo de aumentar la presión social para impedir la catástrofe que se avecina”. Curiosamente es la misma sugerencia realizada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que ha gritado “!Basta ya!” y hecho un llamamiento a la movilización de la sociedad civil contra la posible concesión de amnistía de los delitos del procès.“Es preciso activar todas esas energías para librar una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho [...] No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido la cabeza que acepte, como hipótesis, una amnistía que, además de dar impunidad, legítime una gravísima intentona sediciosa, y es una invitación a volverlo a hacer”. El Gobierno está histérico por las severas críticas que está recibiendo, a sinistra y a diestra, como lo prueba la reacción de su portavoz, Isabel Rodríguez, que ha acusado a Aznar de golpista por haber hecho un llamamiento a la rebelión nacional, cosa que no ha dicho. La vicepresidenta Díaz -que ha cortejado a un golpista y le ha prometido una amnistía- ha tenido el cuajo de acusar hoy a Feijóo y al PP de promover una rebelión nacional por oponerse a una ley que exonera a los golpistas, y de preparar una dinámica destituyente (¿?). Como ha observado Santiago González, el Gobierno considera progresistas a los golpistas catalanes y está dispuesto a amnistiar sus delitos para que puedan reincidir, y califica de golpista Aznar por convocar a la sociedad civil a manifestarse contra dicha amnistía, y ha dicho con sorna -parodiando a Gustavo Adolfo Bécquer- “¿Y tú me lo preguntas? Golpista eres tú”. Carlos Herrera se ha preguntado si convocar una manifestación de protesta contra una ley era golpismo, rebelión o alzamiento, y comentado que el Gobierno se ha auto-concedido el derecho a decidir quién puede manifestarse y quién no. Sociedad Civil Catalana -otra institución golpista y fascista- ha convocado para el 8 de octubre en Barcelona una manifestación bajo el lema “No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación”. Me solidarizo con dicha manifestación y me uno espiritualmente a ella, con la esperanza de que sea tan exitosa como la que se celebró ese mismo día en 2017, aunque esta vez los socialistas brillen por su ausencia. La última palabra la tendrá el TC Sánchez -que dos días antes de las elecciones declaró que los nacionalistas exigían amnistía y autodeterminación y no la habían tenido ni la tendrían, porque ambas estaban fuera de la Constitución- dice ahora que solo el TC es competente para decidir si una Ley de Amnistía es o no constitucional y, con vistas a ello, ha formado un Tribunal a su imagen y semejanza, bajo la égida de un jurista de prestigio, aunque sin escrúpulos. Como ha señalado Guillermo Fernández Vara, no hay que hablar de si la amnistía es buena o mala, justa o injusta, sino de si cabe o no en la Constitución. Resulta paradójico que, tras insistir en que el conflicto de Cataluña era un problema político que se debería desjudicializar y resolver por medios políticos, el Gobierno politiza la justicia y remite la solución de un conflicto político a una instancia judicial, aunque sea a un Tribunal hecho a la medida del César. Según Juan Claudio de Ramón, en la alquitara del TC se pueden destilar hasta los alcoholes más duros. En opinión de Jorge Bustos, el “Cándido” de Voltaire creía vivir en el mejor de los mundos, mientras que el presidente del TC cree vivir en el mejor de los Estados de Derecho, pero cándidos serán cuantos sigan pensando que la agenda del Tribunal tiende a la mínima apariencia de higiene jurídica y no a la voluntad del poder del hombre al que Cándido debe su alto sillón. El optimismo de la voluntad constituyente no conoce fronteras legales. “Si la fe del Cándido de Voltaire en las maravillas de este mundo resistía la visión del mal, la fe del Cándido de Sánchez en el uso alternativo del Derecho resiste cualquier demanda aberrante del separatismo. Basta aplicar la cándida teoría del armario: Si el Poder Ejecutivo necesita que un vaso sea definido jurídicamente como un armario -es decir, que una amnistía ‘ad hominem’ a cambio de votos sea bendecida por la Constitución-, Cándido esgrimirá que los vasos no deben definirse por su morfología de vaso, sino por su funcionalidad de continente. Argüirá que si uno puede introducir una servilleta en un vaso, igual que puede introducirla en un armario, entonces ambos objetos resultan ‘de iure’ perfectamente intercambiables, y sentenciará que, en términos constitucionales, un vaso no es en efecto otra cosa que un armario”. Al no ser una ciencia exacta, el Derecho se presta a toda suerte de interpretaciones en base a argumentos más o menos sofistas, y al final prevalecerá la voluntad política del juzgador. Para Raúl del Pozo, ya se sabe de antemano lo que el TC va a decir y -al estar controlado por un hombre de Sánchez- la amnistía saldrá muy barata, y la declaración de independencia de Cataluña le saldrá gratis. El TC acaba de hacer una pirueta que solo debería sorprender a los incautos. Tras aceptar a trámite el recurso “trumpista” del PSOE contra la resolución del TS de denegar la revisión de los votos nulos emitidos en la Comunidad de Madrid, ha rechazado por unanimidad la demanda socialista. Ha aprovechado así la oportunidad para mejorar su controvertida imagen y presumir de “neutralidad”, al haber rechazado una demanda del Gobierno, y ha reservado sus argucias sofísticas para cuando le llegue el recurso sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Sánchez, en su inmensa egolatría, está muy preocupado por saber como pasará a la Historia. Puedo adelantarle que, si continúa con su política de concesiones a los golpistas catalanes y les concede una amnistía exculpatoria, será considerado como un político felón para quien eran legítimos cualquier deslealtad o atentado contra el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley, con tal de mantenerse en el poder. Madrid, 15 de septiembre de 2023

Desvergüenza y deslealtad sin límites de Pedro Sánchez y de su vicepresidenta Yolanda Díaz

DESVERGÜENZA Y DESLEALTAD SIN LÍMITES DE PEDRO SÁNCHEZ Y DE SU VICEPRESIDENTA YOLANDA DÍAZ Se ha iniciado la semana con dos hechos de trascendental importancia: la entrevista en Bruselas de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con el prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, y la rueda de prensa de éste en la que ha expuesto sus condiciones para iniciar las negociaciones con el PSOE con vistas a conseguir que JxC vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Antecedentes Tras la celebración en Cataluña del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el Parlament anuló la Constitución española mediante una ley autonómica y adoptó sendas leyes sobre “Referéndum” y sobre “Transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, y no se sabe muy bien quién proclamó la independencia de Cataluña, que fue suspendida unos minutos más tarde. A instancias del presidente del Gobierno, Rajoy, y con el apoyo del PSOE, el Senado acordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se suspendió la autonomía catalana, se disolvieron el Parlament y el Govern, y el Tribunal Supremo (TS) procesó a los políticos responsables de semejante golpe. El presidente de la Generalitat, Puigdemont, huyó escondido en el maletero de un coche y se refugió en Bélgica, creando en Waterloo una corte republicana de los milagros. El TS dictó una Orden europea de detención y entrega del prófugo por los delitos de rebelión y de malversación, pero la Audiencia Provincial de Schleswig-Holstein denegó la entrega por el primer delito y, aunque la concedió por el segundo, el TS lo considero insuficiente y no aceptó la entrega. El magistrado instructor, Pablo Llarena, dictó una nueva OEDE, pero los tribunales belgas rechazaron la entrega. Puigdemont fue elegido diputado al Parlamento Europeo y, aunque no cumplió los requisitos exigidos por la legislación española para adquirir tal condición, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió -en una desafortunada sentencia- que la había adquirido desde el momento de su elección, en contra de la normativa comunitaria. El TS pidió el levantamiento de su inmunidad y el Parlamento la concedió. Puigdemont recurrió esta decisión ante el TJUE , que rechazó el recurso en primera instancia y el caso está pendiente de resolución tras la apelación del interesado. En el ámbito político, la situación fue favorable al fugado al encontrar simpatía en la opinión pública mundial, si bien ningún Estado reconoció la independencia de Cataluña, ni la legitimidad del presidente de la Generalitat en el exilio belga. Tras el acceso al Govern de ERC y la salida del mismo de JxC, Puigdemont fue perdiendo protagonismo y se convirtió en un zombi político, cuya entrega a la justicia española se esperaba más pronto que tarde. La Fortuna, sin embargo, fue propicia al fugitivo de Waterloo por mor de la aritmética parlamentaria, ya que -tras las elecciones generales del 23-J- los 7 diputados que consiguió se convirtieron en fundamentales para decidir quién debería gobernar en España ante la igualdad numérica entre los bloques de la derecha -172 escaños- y de la izquierda más los independentistas -171-. Se ha llegado al caso único en la Historia de que la gobernabilidad del país depende de la decisión de un prófugo de la justicia. De ahí, que el candidato Sánchez esté cortejando a Puigdemont y se muestre dispuesto a concederle lo que solicite a cambio de los votos de JxC. Es pública y notoria la insólita capacidad de Sánchez de cambiar de opinión en cuestión de minutos en función de sus necesidades. Cuando estaba en la oposición, dijo que Puigdemont había cometido un delito de rebelión, por el que debería ser juzgado por los tribunales españoles, y que él lo traería a España con ese objetivo. Dijo que había que endurecer las penas de los delitos de rebelión, sedición y malversación, lograr que los condenados por tales delitos cumplieran toda su condena, e introducir el delito de convocatoria ilegal de referéndums. Ya en el Gobierno, Sánchez ha hecho justamente lo contrario pues, no solo no endureció el Código Penal, sino que suprimió el delito de sedición y redujo las penas para el de malversación, indultó a los políticos condenados por sedición, y está dispuesto conceder un “alivio penal” -eufemismo para la amnistía- a los sediciosos, a los malversadores y a los prófugos. De sabios es rectificar y el Dr. Sánchez es más sabio que Salomón. Humillante visita a Bruselas de la vicepresidenta Díaz para ver a Puigdemont Pese a los resultados poco lucidos de Sumar, su omnipresente lideresa no quiere perder los focos y mueve el rabo “ad oportuniter ac importuniter”. Influida por su socio “En Común Podemos”, Díaz se ha erigido en adalid de la amnistía a los sediciosos catalanes y se ha dado un garbeo cuasi secreto por Bruselas para flirtear con el forajido Puigdemont y suplicarle -entre sonrisas y “biquiños”- que apoye la investidura de Sánchez como presidente de un Gobierno Frankenstein-2. Según ha comentado Emilia Landaluce, la obsequiosa vicepresidenta ha abusado de su sonrisa servil y del toqueteo en su “pas à deux” con Puigdemont y solo le faltó arrodillarse ante él. Quienes veían en ella cierto talante tendrán que reconocer que actúa bien cuando es necesario para seguir pastando. “Es fácil dialogar cuando solo hay sí-sí, emperador”. Según un editorial de “El Debate”, este viaje semiclandestino para implorar el apoyo del prófugo le dio una legitimidad personal y política incompatible con su currículo y sus intenciones, y es uno de los episodios más bochornosos vistos en 45 años de democracia. La mera disposición a reunirse con el líder de JxC fuera de España ha sido una victoria simbólica para él, porque le otorgó una legitimidad personal y política de la que carece. Si el simple encuentro era un acto de sumisión, su previsible contenido ahondará en la vergüenza. Pese a insistir en que había viajado solo en su calidad de presidenta de Sumar, es harto evidente que lo ha hecho como vicepresidenta del Gobierno, y en nombre de Sánchez, para rogar al fugitivo que apoyara su investidura. “Todo ello muestra la falta de valores y escrúpulos de Sánchez, empeñado en mantener el poder a toda costa, aunque en su codicia política se incluya un deterioro de la España constitucional irreversible”. Solo las necesidades personalísimas de Sánchez explican la obscena subasta anticonstitucional que sus potenciales aliados han abierto, con la displicencia del aspirante a repetir en el cargo, algo que nunca podría lograr si no se dejara intervenir por esas fuerzas y se sometiera a ellas. Si a la pinza populista-separatista se suma el chantaje político de un prófugo, el resultado no puede ser más desastroso para España, ya que todos los socios de Sánchez buscan romper sus costuras constitucionales y se ven con fuerza para lograrlo, por la sumisión desesperada de un dirigente insolvente que pretende convertir una burda extorsión en un “bloque de progreso” inexistente. Desmintiendo su pretendido talante dialogante, Díaz dejó plantado al candidato propuesto por el Rey para la investidura para dialogar en su lugar con un prófugo de la justicia. En opinión de Alfonso Ussía, Díaz es una consumada farsante que actúa muy bien cuando lo exige el guion, pero el principal responsable está en las bambalinas. Acudió a Bruselas para facilitar la labor sucia de Sánchez de blanquear a Puigdemont y darle credibilidad. La reunión ha sido considerada fructífera por ambas partes, ya que ha servido para abrir el camino hacia una relación normalizada entre la vicepresidenta del Gobierno de España y un huido de la justicia española acusado de malversación. Para el cínico de Puigdemont -que no sabe lo que es ni la democracia ni el diálogo-, el encuentro “es parte de la normalidad democrática en la Unión Europea”. En el comunicado conjunto que ha oficializado la reunión, se dice: ”Compartimos la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democrático. En este sentido, estamos de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político”. El plan consiste en devolver el conflicto a la política y desjudicializarlo, mediante una amnistía u “olvido penal” a los sediciosos patriotas catalanes ¿Cumplir con las leyes y la justicia? Eso es una perversión de los fascistas, ajena al progresismo de Sumar y de JxC, y a la feliz coyunda entre el marxismo de Yoli y “lepenismo” de Puchi. Cómo ha señalado “El Mundo”, la reunión entre Díaz y Puigdemont es uno de los hechos políticos más graves de los últimos años en España. “La vicepresidenta en funciones desacredita al Estado representando al Estado mismo, y se coloca en una posición que sería insostenible si España no estuviera instalada en una situación de excepcionalidad y degradación institucional como la actual”. Que una autoridad de tan alto nivel se desplace a donde Puigdemont se encuentra huido confiere una legitimidad moral a su figura y a todo lo que representa, que vulnera el más mínimo respeto al proceso judicial que, legítima y legalmente, trata de que el prófugo sea juzgado en España. Díaz ha quebrado de forma ostentosa el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y humillado a las instituciones españolas, y el Gobierno asesta un duro golpe a la dignidad de la Justicia española. Las cesiones a JxC no tienen por objetivo la normalización de Cataluña, sino que Sánchez conserve el poder. Por mucho que insista el Gobierno en desentenderse de la visita de su vicepresidenta, parece escasamente creíble que la ignorara. Solo hay dos posibilidades: O estaba al corriente de la misma o no lo estaba. En el primer caso, Díaz habría actuado en nombre de Sánchez y siguiendo sus instrucciones. En el segundo, sería una grave deslealtad de la vicepresidenta, al tomar sin el consentimiento del presidente del Gobierno una decisión sumamente grave, que comprometería no solo a Sumar sino también al propio Gobierno del que forma parte. Si tal fuera el caso, Sánchez debería haberla cesado al instante. El presidente, sin embargo, no ha hecho comentario alguno, lo que supone un reconocimiento implícito de que la intervención de Díaz ha sido inspirada por el Gobierno. Por muy osada que sea, la vicepresidenta nunca se atrevería a enfrentarse abiertamente con el amado líder. Lo que pasa es que ambos siguen tomando a los españoles por tontos. La extraña visita ha sido calificada acertadamente por Alfonso Guerra de “infamia”. Condiciones de Puigdemont para negociar la investidura a Sánchez El 5 de septiembre se produjo la esperada rueda de prensa, en la que – Puigdemont -recuperado el perdido protagonismo gracias a la gentileza del Gobierno en funciones- expuso las exigencias de JxC, no ya para dar su apoyo a Sánchez en la investidura, sino simplemente para sentarse en una mesa a negociar. Tras años de oscuridad y nadería, Puigdemont se ha convertido en un “kingmaker”, no tanto por los resultados de las elecciones generales, como por la voluntad de Sánchez, que -con su radical oposición a cualquier pacto de Estado con el partido ganador de las mismas, siguiendo su divisa de “No es no”- no ha dejado más opciones que la celebración de nuevos comicios o un Gobierno Frankenstein-2 con todos los componentes de Frankenstein-1 y la guinda de Puigdemont, quien -crecido por las ansias de Sánchez- ha expuesto unas condiciones maximalistas claramente inconstitucionales, que resultan de imposible aceptación, pero que el PSOE parece dispuesto a aceptar. Puigdemont vive en un mundo virtual creado por los sedicentes historiadores nacionalistas, que se han manipulado la Historia inventándose la existencia de un imaginario reino de Cataluña que se remontaba al paleolítico, ocultando que el Condado de Barcelona y otros condados menores habían formado parte de los reinos de Francia o de Aragón. Según Alsina, ha doblado el pulso no ya a Felipe VI -que también, por su discurso del 3 de octubre de 2017-, sino a Felipe V. Como ha observado Rafa Latorre, nos hemos apresurado a hablar del futuro cuando Puigdemont quiere resolver antes el pasado y, de ahí, que arrancase en 1714 el memorial de agravios, que España deberá enmendar para que JxC se apreste a negociar una investidura. Sigue con el mantra de que la guerra de sucesión entre los pretendientes francés y austriaco al vacante trono español fue una guerra de secesión entre catalanes y castellanos, y que el Decreto de Nueva Planta de 1716 supuso el fin a de la independencia de Cataluña y el inicio de la dominación de Castilla. Antes de cualquier referéndum de futuro, Puigdemont quiere que el Gobierno legitime el referéndum de 2017 y que lo dé por legal. “Si hay un acuerdo sería un compromiso histórico, dado que cada régimen y Gobierno español no ha sido capaz de hacer realidad desde el 11 de septiembre de 1714”, pero, en la actualidad, no hay condiciones para ese acuerdo. La primera condición es identificar adecuadamente los elementos del conflicto, tales como la criminalización del 1-O, la respuesta legítima del pueblo catalán, la consulta de 2014, el pacto fiscal, el referendo o la aplicación salvaje del 155 para intervenir el autogobierno. ”Cataluña es una nación europea que ha visto atacada su condición nacional desde 1714, por lo que su independencia política es la única forma de seguir existiendo como nación. ¿Existe algo alternativo para garantizarlas? Todas las evidencias durante décadas demuestran que no, pero en todo caso correspondería a los responsables políticos españoles desmentirlo, pero no con palabras y promesas -que siempre ha habido- sino con hechos”. Las exigencias concretas para sentarse a negociar son las siguientes: 1) Reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo. “Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que se nos trate como terroristas… nos espían, infiltran, y fabrican montajes para hacer detenciones sin fundamento.2) Abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas, lo que es una exigencia ética. El 1-O no fue ilegal, como no lo fue la declaración de independencia. “Esto está al alcance del Parlamento español a través de una Ley de Amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado”. Esta amnistía debería ser inmediata -en cuestión de días más que de semanas-, porque el plazo para un acuerdo sobre la investidura termina a finales de noviembre. “Exige esa amnistía antes de sentarse en la mesa o, al menos, el inicio del proceso. 3) Creación de un mecanismo de mediación y verificación que aporte las garantías de cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de dar. La total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y debe operar desde el inicio de las negociaciones. 4) Fijación como únicos límites de los tratados internacionales sobre derechos humanos. “Quiere el referéndum de independencia y su promesa será una línea roja, pero solo una vez que empiece formalmente la negociación de investidura. La amnistía es condición previa; la consulta legal futura debe quedar pactada antes de que termine noviembre, aunque la ejecución pueda hacerse más adelante en el tiempo”. Puigdemont nos ha advertido que debemos estar preparados para nuevas elecciones, pero también para una negociación que puede culminar en un acuerdo histórico: “O se repiten elecciones, con riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pactan con un partido que mantienen la legitimidad del 1 de octubre y la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos, y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”. Al escuchar estas exorbitantes y provocadoras declaraciones, Sánchez -si hubiera tenido un mínimo de dignidad- debería haber dicho ”!Res!”, ya está bien. ¡No hay negociaciones que valgan! Sin embargo, se ha mostrado satisfecho porque, cediendo un poquito, tiene asegurada su estancia en la Moncloa. Reacciones ante las exigencias de Puigdemont Pese a sus categóricas aseveraciones -la última de 10 de noviembre de 2022- de que la concesión de una amnistía era incompatible con la Constitución, Sánchez ya había preparado de antemano el terreno para mantener justamente lo contrario, en una solemne declaración en el Ateneo, en la que afirmó que había que resolver la situación de fractura existente en Cataluña, evitando los errores cometidos en 2017 y apostando por el diálogo y la concordia. Era la hora de la política: aprender de esos errores y pasar página. Las conclusiones que cabe deducir de estas palabras son que los sediciosos catalanes no hicieron nada grave, que el Gobierno de la Nación sobreactuó al aplicar el artículo 155 de la Constitución, y que la justicia se pasó en las condena de los sediciosos, por lo que había que aprender de esos errores para evitarlos. Tras indultar a los políticos condenados, suprimido el delito de sedición y devaluado el de malversación, ha dado legitimidad a un prófugo y decidido que había llegado la hora de conceder una amnistía a todos los involucrados en el procès, para que reinara la concordia en Cataluña. Para ello -según la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez- el Gobierno tiene como marco la Constitución, como herramienta el diálogo y como objetivo la convivencia. Se trata de bonitas palabras que no responden en absoluto a la realidad. Según ha declarado Felipe González, si Sánchez ha asegurado que todo se haría en el marco de la Constitución, “entonces dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe la amnistía ni la autodeterminación”. Para Guerra, la amnistía supondría la condena de la Transición y sería contraria a la letra y al espíritu de la Constitución ¿Qué diálogo hay con los discriminados catalanes no nacionalistas, que ni siquiera pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna que es la de la Nación, en una Cataluña en la que los poderes político, económico, social, cultural y mediático están monopolizado por el nacionalismo independentista? González también ha dicho que la democracia y la convivencia están siendo atacadas en Cataluña. Si las continuas concesiones del Gobierno de coalición a los separatistas ha logrado “pacificar” Cataluña y restablecer la “concordia” entre catalanes y españoles, y de catalanes entre sí ¿qué necesidad hay de conceder una amnistía a unos irredentos golpistas que se han jactado de que volverán a reincidir, y que -gracias al desmantelamiento de las defensas del Estado de Derecho realizada mediante la reforma del Código Penal- podrán atentar contra el Estado con total impunidad? Según Nicolás Redondo, la aprobación de una amnistía será la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78. “Esta amnistía -que con gran sentido de humor negro han dado en calificar como ‘alivio judicial’- no saldrá adelante con la determinación de buscar la reconciliación entre españoles sino para obtener unos cuántos votos en el Parlamento e ir tirando. ¡Un Gobierno bien vale una amnistía!” Consciente de la antijuridicidad del proceder de su Gobierno, Sánchez ha creado una red de seguridad conformando un Tribunal Constitucional totalmente entregado a la causa sanchista bajo el liderazgo de Cándido Conde Pumpido, quien ha dado sobradas muestras de cómo se puede retorcer el derecho y ensuciar las togas de los magistrados. Sánchez ha dicho que el TC era el único competente para determinar si una Ley de Amnistía era o no constitucional, pero juega con ventaja, porque no se trata de un Tribunal compuesto por prestigiosos juristas, al margen de su ideología, sino que está formado en su mayoría por antiguos empleados del Gobierno. Prueba de ello han sido sus dos últimas resoluciones. De un lado, el TC ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la decisión del TS de que no procedía volver a contar los votos nulos que se habían emitido en las elecciones generales en la Comunidad de Madrid, de conformidad con la opinión expresada por la Junta Electoral Madrileña y Central. La ponente, Laura Díez -antigua directora general en la Presidencia de Gobierno y empleada de la Generalitat- rechazo el dictamen negativo de la letrada Gemma Díez-Picazo y forzó otro positivo del letrado Fernando de la Peña, con quien trabajó en Moncloa. El rodillo progresista respaldó la admisión del recurso. De otro, el TC ha admitido a trámite la apelación contra la decisión de su Sala de Vacaciones de rechazar el recurso de Puigdemont contra la orden de detención nacional. Estos precedentes vaticinan cuál será la opinión del Tribunal ante un más que previsible recurso contra una eventual Ley de Amnistía. Aunque pocos, cada día son más los auténticos socialistas -Guerra, Redondo, García-Paje, Lambán, Leguina, Molina, Jáuregui, Sevilla, V. Zapatero, Almunia, Benlloch-, que se oponen a la concesión de una amnistía, que consideran contraria a la Constitución y a los principios del PSOE. La exvicepresidenta el Gobierno y profesora de Derecho Constitucional, Carmen Calvo, ya dijo en su día que una amnistía era incompatible con la Carta Magna. La expresidenta del Congreso y también profesora de Derecho Constitucional, Meritxell Batet, rechazó tramitar la propuesta de Ley de Amnistía presentada en la anterior legislatura por considerarla inconstitucional -como así lo estimaron los letrados del Congreso-. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también expresó esta misma opinión, y habrá que ver si en su actuación como magistrado del TC prevalecen sus convicciones jurídicas o su adscripción política. Los profesores afines al PSOE -Xiol, Martín Pallín, de la Quadra-Salcedo, Pérez-Royo Urías- han estimado que la amnistía es plenamente constitucional, con el peregrino argumento de que lo que no está prohibido está permitido. En consecuencia, si la Constitución no dice nada sobre la esclavitud, supone que ésta está permitida. La mayoría de los expertos en Derecho Constitucional -Aragón, Vidal, Tajadura, Arbós, Flores, Vera- se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la amnistía. La tesis de la inconstitucionalidad ha sido magistralmente defendida por Aragón en su artículo “La Constitución no permite la amnistía”, con el que concuerdo plenamente. Es de temer que Conde-Pumpido y su cuadrilla se alineen con los primeros. Sánchez no debe preocuparse, porque Conde cumple con su patrón. Según Santiago González, es un seguro a todo riesgo para el sanchísmo, y va a satisfacer las exigencias de amnistía de los golpistas catalanes, entre el alivio penal y la desjudicialización. Para Sociedad Civil Catalana, el futuro de España se juega en el tablero catalán y el constitucionalismo secuestrado por estrategias cortoplacistas no parece capaz de ponerse de acuerdo para impedir un despropósito absoluto. Quienes huyeron de la justicia o fueron condenados por sedición y malversación deciden sobre la gobernabilidad de España e imponen sus condiciones para negociar la investidura. El separatismo no puede conseguir por la puerta de atrás lo que no consiguió en 2017: abrir un proceso constituyente ajeno a la voluntad mayoritaria del pueblo español sobre quien recae la soberanía nacional. La Ley de Amnistía exigida por el prófugo Puigdemont es incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. SCC ha interpuesto una denuncia ante el TS contra Yolanda Díaz por negociar asuntos de Estado con un prófugo de la justicia. Ahora, hasta el líder de la oposición, Fijóo, ha declarado que hay que buscar el encaje de Cataluña en España, cuando lo que en realidad se trata es de encontrar el encaje de España en Cataluña. La parte se ha impuesto al todo. Sánchez podrá decirle a su nuevo socio: “Venciste, galileo”. Como ha observado José Ignacio Benavides, nunca un Gobierno español -salvo quizás en la época de Fernando VII- había caído en tales abismos de indignidad y de falta de ética, de moral, de vergüenza, de honradez y de respeto. “El presidente en funciones y sus secuaces quieren destruir la Transición, la Constitución, la Monarquía y la Paz, para reemplazarlas por una ‘cosa gaseosa’ que ya no sería España. Hay que elevar la voz e impedir que salgan adelante estos planes”. Según Feijóo, en el programa electoral del PSOE no se mencionaba la amnistía y Sánchez negó rotundamente que fuera a concederla, con los que mintió una vez más a todos los españoles. El Estado de Derecho no puede aceptar una amnistía por delitos cometidos en una democracia. Para Aznar, no cabe mayor expresión de degradación política y de descomposición institucional. En opinión de Carlos Herrera, la amnistía socava el Estado de Derecho, desprestigia a la justicia y pone en evidencia a los jueces, policías y funcionarios que cumplieron con su deber, y hasta el propio Felipe VI. Puigdemont va tan sobrado con los arrumacos de Díaz y las mercedes de Sánchez, que no le basta con que le perdonen, sino que pretende que le pidan perdón y lo feliciten por su patriótico y democrático golpe de Estado. Una buena parte del pueblo español tiene tales tragaderas que acepta y condona las barbaridades de Sánchez y se ha resignado a admitir que la única forma de solucionar el conflicto catalán pasa por el apaciguamiento y la rendición. La justicia europea alucina ante el hecho de que el TS pida la entrega de Puigdemont y la vicepresidenta del Gobierno acuda solicita a su encuentro para rogarle que apoye la investidura del presidente en funciones, a cambio de que se haga borrón y cuenta nueva. El grado de descomposición ética y moral al que han llegado Sánchez y su vicepresidenta Díaz es inconmensurable, constituye motivo de vergüenza ajena y supone una gran deslealtad para España y para los españoles. Madrid, 8 de septiembre de 2023

El fútbol y el beso en España

EL FÚTBOL Y EL BESO EN ESPAÑA Se ha producido un hecho excepcional para la Historia de España y de la Humanidad, similar por su trascendencia al rapto de Helena por París, que provocó la guerra de Troya: el beso perverso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso, jugadora del equipo de fútbol femenino de España que acaba de ganar el campeonato mundial. Sesudos periódicos, como “El País” dedican sus portadas, editoriales y numerosas páginas a narrar con detalle este insólito acontecimiento. Periódicos supuestamente serios y prestigiosos, como el “Manchester Guardian” o el “New York Times”, “Le Monde” o el “Financial Times” se han sumado con ardor a ilustrar a la opinión pública sobre un evento que es más importante que la guerra de Ucrania, el cuarto procesamiento del Donald Trump o el asesinato “putinesco” del jefe de los mercenarios del “Grupo Wagner”, Evgeny Prigozhin. Este último periódico ha afirmado con desdén que el asunto es un reflejo de la sociedad española El fútbol en España Desde mi infancia he sido un amante del fútbol, deporte que practiqué en el colegio y en la universidad, e incluso ya siendo cónsul en Düsseldorf, formé parte del modesto equipo del consulado general. En mi época de secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores figuraban entre mis competencias el ámbito internacional del deporte, fui miembro del Consejo Superior de Deportes (CSD) y hube de cuidar de los aspectos internacionales del campeonato mundial masculino que se celebró en España en 1982, teniendo que mediar con un jeque árabe para evitar que retirara al equipo de su país por su desacuerdo con una decisión del árbitro. Fui en mi niñez un gran aficionado al fútbol y apoyé a equipos modestos como el Baza, del que mi padre fue presidente en su época de juez, o el Almería, de cuya directiva también formó parte de mi progenitor. A los 7 años di el saque de honor en el partido celebrado entre el Baza y el Guadix -su eterno rival regional- con motivo de la remodelación del campo de fútbol local. Como la mayor parte de los españoles en esos años, era partidario del Atlético de Bilbao y de su mítica delantera formada por Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gaínza. En mi época sevillana, era de los pocos que apoyaban al Sevilla F.C. y al Betis Balompié, asistía a los partidos de ambos equipos y no comprendía la rivalidad extrema entre sus aficionados. Recuerdo un partido Sevilla-Honved, en el que jugaban futbolistas como Kubala, Puskas, Koksis o Czibor, que aprovecharon el viaje para huir del paraíso comunista y quedarse en España. Entonces, el fútbol era un atractivo deporte, pero con el transcurso del tiempo se ha convertido en un espectáculo y, sobre todo, en un negocio impresionante en el que medran equipos, directivos y jugadores, y tiene ya bastante poco de deporte. Como ha señalado Patricia Campos en “El País”, el fútbol refleja exactamente lo que somos: racistas, homófobos y machistas. Sin llegar a esos extremos, estimo que los estadios se han convertido en escenarios donde los espectadores pueden desfogar anónimamente sus frustraciones, insultando a árbitros, jugadores y aficionados del equipo rival, y cuyo único objetivo es vencer al equipo contrario como sea. Son una mezcla de vulgaridad y xenofobia, y -en Cataluña y el País Vasco- un medio para exaltar el nacionalismo separatista e insultar al jefe del Estado, a la bandera y al himno de España, y al resto de los españoles no nacionalistas. No soporto esta degradación del fútbol y hace años que dejé de asistir presencialmente a partidos, por lo que solo veo selectivamente algunos de ellos por TV, especialmente los que juega el equipo nacional, masculino o femenino. He disfrutado tanto del gol de Olga Carmona, como del de Andrés Iniesta en 2010. Es una auténtica pena que una gesta como ganar el campeonato del mundo de fútbol femenino haya quedado eclipsada por la incuria de unos y de otras. El beso en España El beso es un acto que en la antigua España católica estaba vinculado con el amor. De ahí que la pazguata censura del nacional-catolicismo hiciera desaparecer de las películas los besos espurios que eran fruto del deseo. Gran éxito tuvo en nuestro país la canción de los Churumbeles de España “El beso”, compuesta por Juan Legido. “En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra almoneda, sentido y amor. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede de usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano y así, la besará cuando quiera, porque un beso de amor no se lo dan a cualquiera”. El problema es que -como ha señalado Emilia Landaluce en” El Mundo”- Rubiales se ha olvidado que, para que el beso sea de verdad, la española deberá dar su consentimiento. Hay una famosa zarzuela, “La leyenda del beso”, compuesta en 1924 por Reveriano Soutullo y Juan Vert, con libreto de Antonio Paso, que se basa en la maldición gitana de que quien trata de forzar un beso morirá sin remedio. El noble Mario trata de besar a Amapola, la reina de los gitanos, y después muere de amor. Parafraseando el argumento, el no tan noble Luis ha besado a la reina de las futbolistas, Jenni, y es más que probable que muera deportiva y políticamente a corto plazo. En “El beso de la mujer araña”, el argentino Manuel Puig afirmaba que, a través del beso, se proponía un estado de caos caracterizado por las relaciones de dominación de unos sobre otros. No sé si el hombre araña que preside la RFEF era consciente de su abuso de superioridad sobre una subordinada, pero la mezcla del beso con el fútbol puede producir situaciones muy explosivas y caóticas. El personaje Rubiales Rubiales es el típico prototipo de arribistas que pululan en torno al turbio deporte-negocio del fútbol, que se aprovechan de su situación deportiva para conseguir ventajas económicas, sociales y políticas. Hijo del alcalde socialista de Motril, fue un futbolista mediocre que tuvo la habilidad de integrarse en la Asociación de Futbolistas Españoles, desde donde -con la inestimable ayuda de los amigos de papá- fue subiendo dentro de la misma hasta conseguir la presidencia de la RFEF y la vicepresidencia de la FIFA y de la UEFA. Apoyó en sus momentos difíciles a Sánchez, con quien estableció una relación especial y, según su tío Juan -que fue su jefe de gabinete-, ha sido protegido de forma inconcebible por el CSD, y ha perecido por su arrogancia y por su soberbia. Ahora va a sucumbir por una infracción administrativa de menor cuantía. Conviene distinguir entre su actuación deportiva y la socioeconómica. En un mundillo donde prevalece la corrupción y el chalaneo, ha sido protagonista de muchos escándalos, como el cobro de comisiones ilegales por la celebración de la Supercopa de España en Arabia Sauditas a pachas con Piqué, el apoyo a los campeonatos del mundo en Qatar y en Rusia, su tolerancia con las innumerables infracciones deportivas del Barça - especialmente sus generosas y desinteresadas dádivas al vicepresidente del comité de árbitros Enriquez Negreira-, las orgías en Salobreña con cargo al erario público…. Por éstas y otras muchas cacicadas, debería haber sido destituido tiempo ha. Su trayectoria deportiva ha tenido, no obstante, aspectos positivos, especialmente en relación con el fútbol femenino, que ha promocionado técnica y económicamente. Ante la rebelión de la élite de jugadoras internacionales, que se negaron a vestir la camiseta nacional- Rubiales apoyó al seleccionador Jorge Vilda, quien tuvo que rehacer por completo el equipo. Pese a ello, consiguió poner en pie una formación, que superó la primera ronda del campeonato y -tras la inesperada paliza propinada por Japón- cambió a la portera y dio más protagonismo a jóvenes jugadoras como Olga Cardona o Sandra Paralluelo, que resultaron decisivas. La dirección del partido final frente a la favorita Inglaterra fue magistral y España ganó, pese a haber fallado un penalti la agraviada Hermoso. Tras el vodevil del beso maléfico, las actuales campeonas se han vuelto a declarar en huelga de pies caídos mientras no sea destituido su exitoso entrenador, sin reparar que España deberá enfrentarse a Suecia el 22 de septiembre en la Liga de Naciones que da acceso a los Juegos Olímpicos de París. Sumar denunció a Rubiales ante el CSD y exigió su destitución, y éste convocó el 25 de agosto una Asamblea extraordinaria en la que pronunció un lamentable discurso exculpatorio, que fue ovacionado por los asistentes. El Gobierno se abstuvo de intervenir y fue la FIFA -henchida de feminismo de ocasión- la que sorprendentemente lo suspendió cautelarmente durante 90 días. Como ha comentado irónicamente Landaluce, ha sido la FIFA del mundial de Qatar -el lugar donde hay mayor igualdad entre hombres y mujeres- la que ha suspendido a Rubiales, y el comportamiento de éste puedes ser utilizado para que los clubes españoles sean expulsados de la UEFA, que debate si permitir que los equipos de Arabia Saudita -otra meca del feminismo- puedan jugar la Champions a partir de 2027. La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha lamentado de que fuera la FIFA la que hubiera tomado esta decisión en vez del Gobierno español, al que -pese a formar parte de él- acusó de actuar con lentitud y de no recurrir a los medios políticos con los que contaba para liquidar a Rubiales. “FIFA locuta, causa finita” –“Una vez que ha hablado la FIFA, la causa está terminada”-. Tras este pronunciamiento condenatorio -de momento provisional-, el apoyo del entorno futbolístico al presidente de la RFEF se ha disuelto como un azucarillo: clubes, presidentes de federaciones regionales, entrenadores y jugadores se han unido con entusiasmo a la condena del besucón. El propio Vilda -para tratar de salvar el puesto- se ha lamentado de que la victoria del fútbol femenino se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio de Rubiales, y ha condenado sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha condenado asimismo la conducta inaceptable del presidente de la RFEF, pero cabe lamentar que no hiciera lo mismo el 29 de mayo de 2022, cuando -durante la celebración del triunfo del equipo femenino barcelonés en la Copa de la Reina- el responsable de la sección femenina del club, Xavier Puig, le diera un beso en la boca a Ingrid Syrestad, ante las muestras de desagrado de las jugadora. Entonces se justificó el percance alegando que se trataba de “un accidente sin malas intenciones”. No tengo constancia de que ninguna futbolista azulgrana -tan locuaces en la actualidad- alzara a su voz en señal de protesta contra esta “agresión sexual”, ni de que salieran a las ramblas feministas enfurecidas para condenar semejante atropello. Una de las condenas más destacadas y destacables -aunque al margen del ámbito deportivo- ha sido la del coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegui, quien ha afirmado sin rubor que Rubiales estaba absolutamente deslegitimado para presidir cualquier institución, pese a que no ha secuestrado a, ni atentado contra, nadie, mientras que él, en cambio -que sí ha secuestrado a inocentes ciudadanos y atentado contra ellos- está plenamente legitimado para presidir el Gobierno del País Vasco, tras el blanqueo de sus fechorías realizado por el PSOE. El CSD ha denunciado a Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la posible infracción de abuso de autoridad y la comisión de actos notorios y públicos que atentaban a la dignidad o el decoro deportivos. No ha podido invocar la Ley 39/2022 del Deporte porque -aunque ha entrado en vigor- el Gobierno no ha desarrollado reglamentariamente el tema de las sanciones, por lo que ha tenido que basarse en la Ley 10/1990 del Deporte, que ha sido expresamente derogada por la nueva Ley. La antigua considera como “infracciones muy graves” los abusos de autoridad, que llevan aparejada la sanción de destitución o de inhabilitación. Los actos contrarios al decoro deportivo solo son considerados como “infracciones graves”, que no prevén la destitución, por lo que se ha tenido que recurrir al artículo 14-h) del Real Decreto 1591/1992 sobre Disciplina Deportiva, que considera muy graves estos actos “cuando revistan una especial gravedad” -valga la redundancia-. El CSD necesitaba que el TAD considerara la conducta de Rubiales como muy grave para poder destituirlo. El Tribunal pidió al CDS la remisión de documentación adicional -como algunos vídeos que consideraba fundamentales- y, el 1 de septiembre hizo pública su decisión de que el beso no suponía un abuso de poder, sino un acto indecoroso, considerado como infracción “grave” pero no “muy grave”, por lo que el Consejo -léase el Gobierno- se ha quedado con las ganas de destituir a Rubiales. El beso robado a Hermoso por Rubiales no es una “agresión sexual” Como ha señalado Enrique Calvet, la intolerable acción del patán de Rubiales al besar en la boca a Hermoso y tocarse los genitales merecían su destitución, por ignorar lo que es el respeto a España, pero éste no cometió una agresión sexual ni delito alguno, salvo que lo denunciara la avasallada -cosa que hasta ahora no ha hecho-y la Justicia lo condenara por dicho delito, lo que parece poco probable. A Hermoso no le gustó el gesto de Rubiales, pero no le dio mayor importancia y lo consideró como una desagradable anécdota. Hay un video de las futbolistas en el autobús en la que la agraviada bromea sobre el incidente con sus compañeras que le gritaban chungonas “!Beso, beso!”, “!Presi, Presi!”. Cómo ha comentado Orfeo Suárez, la opinión pública se ha preguntado si era normal que una víctima de una agresión sexual se riera de ese modo inmediatamente después de lo sucedido, por lo que “parece excesivo calificar como agresión sexual un beso robado”. Rubiales no osculeó a Jenni a escondidas en un rincón del vestuario, sino a plena luz del sol y en presencia de la Reina de España y de las más altas autoridades del fútbol mundial, no con intención libidinosa ni sexual, sino como un gesto espontáneo de euforia al que -con su habitual prepotencia- se creía autorizado por su cargo, como los de disponer de un coche oficial o de un ordenador. Hermoso cambio de actitud cinco días más tarde y dio una versión diferente afirmando que se sentía una víctima, y fue arropada por el, sindicato FUTPRO y por sus compañeras, que declararon que no volverían a la selección mientras continuaran en sus puestos los actuales dirigentes. No soy quién para especular sobre cuál fue la causa de este cambio, si se debió a que reflexionó sobre el suceso con más calma y distanciamiento o si se vio presionada por el feminismo militante y por el oportunismo de Díaz. Es un hecho que la Fiscalía de la Audiencia Nacional -¿a quién pertenece la Fiscalía?- ha iniciado un procedimiento para investigar si Rubiales había cometido un delito de agresión sexual e informado a la jugadora sobre sus derechos como víctima de este presunto delito -ya que el acto sexual sufrido no había sido consentido-, y la ha invitado a que formalice su denuncia contra Rubiales ante el Ministerio público. Le ha dado 15 días de plazo para que contacte con la Fiscalía a fin de que pueda ser informada de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual, de conformidad con el artículo 178 del Código Penal. La Fiscalía ha dado muestras de su falta de neutralidad al referirse al artículo que regula los atentados contra la libertad sexual realizados mediante violencia o intimidación, y no al artículo 181 -que no requiere estas circunstancias agravantes y conlleva una pena menor de prisión de 1 a 3 años o de multa de 18 a 24 meses-, cuando es evidente que Rubiales no recurrió a la violencia ni a la intimidación para propinar su lamentable “picotazo“. De conformidad con el artículo 191, para proceder por el delito de a abusos sexuales se precisa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, o querella del Ministerio Fiscal, que solo suele producirse cuando los afectados son menores o incapaces. Si Hermoso rehusara presentar una denuncia, el caso quedaría archivado y, de ahí, las presiones ejercidas por la Fiscalía sobre la futbolista. Según Fernando Palmero, la torpeza de un directivo que se sobrepasó con una deportista no solo ha provocado una estruendosa indignación popular, sino que puede acabar en pena de cárcel si la Fiscalía convence Hermoso de que sufrió una agresión sexual y que, si ella no lo sintió así, debería hacérselo mirar, porque en eso consiste la hegemonía cultural, en decirle a cada cual lo que debe sentir y cómo ha de reaccionar. Ésta es -a mi juicio- la actitud que ha adoptado el “feminismo” del Ministerio de Igualdad y la vicepresidenta Díaz, su profetisa, que son quienes dictan lo que es bueno o malo para la mujer y para la sociedad. De conformidad con las directrices dictadas por el fiscal general, Álvaro García, son merecedores de reproche penal los besos en la boca, aunque no los denominados ósculos (¿?). Que tenga cuidado Díaz con sus apasionados besos en la boca al presidente Sánchez, porque -si se aplicaran con rigor estas directrices- podría acabar con un pijama de rayas. Conclusiones El “affaire Rubiales” se ha ido politizando cada vez más. Según Palmero, Irene Montero y su equipo han logrado subvertir el sistema de valores y el Código Penal de tal forma que resulta más inaceptable, y penalmente peligroso, un beso robado que el apoyo explícito a las dictaduras islamistas de los países del Golfo, a cambio de comisiones ilegales y unos cuántos millones del cártel petrolero, que sirven para adornar las camisetas de los clubes europeos. En opinión de David Jiménez Torres, la FIFA que ha inhabilitado la Rubiales es la misma que concedió sendos campeonatos mundiales a Rusia y a Qatar, y el Gobierno que lo ha convertido en el enemigo público n° 1 es el mismo que lo había protegido hasta ahora ante denuncias anteriores. La cuestión grave es que un caso tan diáfano se esté deslizando hacia el terreno de la” guerra cultural”. Según “Libertad Digital”, el Gobierno tenía constancia de no pocas irregularidades de Rubiales y había indicios más que suficientes para haber adoptado en su día medidas de carácter político y jurídico para proteger el fútbol español, pero prefirió mirar para otro lado. Para Elvira lindo era sorprendente que ninguna de las tropelías que había cometido “un gañán sobrado de poder” como Rubiales hubiera sido suficiente para sancionarlo o apartarlo del cargo. Ha tenido que ser un beso de celebración fuera de lugar difundido por las teles para acabar en la hoguera de la Santa Inquisición feminista. El 28 de agosto, centenares de feministas de cupo, entre las que se encontraba las ministras responsables de la Ley del “Sí es Sí” y la vicepresidenta Díaz -que votó a favor de dicha Ley y en contra de su modificación- se lanzaron a las calles de Madrid al grito de “Jenni, hermana, aquí está tu manada” . Están en su derecho, pero es una pena que no hayan mostrado la misma sororidad para respaldar a las menores prostituidas en las Baleares y en la Comunidad Valenciana cuando estaban bajo la tutela de los respectivos Gobiernos autonómicos, a las víctimas de los cientos de violadores que han sido liberados o visto reducidas sus condenas como consecuencia de las horrendas disposiciones de la citada Ley -incluida la mujer que fue atacada por uno de estos violadores liberados-,o a la ”canguro” de 17 años emborrachada y violada por el padre de los niños a los que cuidaba…La solidaridad feminista no debe ser selectiva y aplicarse “erga omnes” y no en sentido único. Víctor de la Serna ha comentado que hemos visto los vídeos en los que Rubiales besaba a Hermoso y se palpaba los genitales. Nos reímos y nos indignamos un rato, y así nos olvidamos de Bildu, de JxC, y de Puigdemont y de su exigencia de regresar triunfalmente para liderar la secesión catalana. Los medios de comunicación deberían preguntarse si no han contribuido en exceso a ese escapismo frente a una realidad tan siniestra. Concuerdo con lo expresado por el periodista de ”El Mundo”. Cada día aparecen en los medios afines al Gobierno infinidad de artículos sobre el polémico beso, que forman una intencionada cortina de humo que oculta o difumina las nefandas negociaciones de Sánchez con unos delincuentes irredentos para que apoyen su candidatura a cambio de concederles una amnistía total y la admisión del Estado plurinacional y del derecho a decidir de Cataluña y de Euskadi. Desde “El País”, Mariola Urrea, ha subrayado la gravedad de lo ocurrido, que nos exige tomar partido, y nos ha interpela diciendo:” Y tú ¿qué vas a hacer para parar este bochorno? Aunque no me sienta obligado a responder, me permito expresar mi modesta opinión sobre el tema: 1.-Rubiales es un indeseable impresentable que debería haber sido destituido hace años. 2.-El beso fatídico -por condenable que sea- carece de la transcendencia que se le ha dado y no es un delito de agresión sexual. 3.-El Gobierno aprovecha esta cortina de humo para que los ciudadanos no se den cuenta de las exorbitantes concesiones en materia de amnistía y de autodeterminación que Sánchez está dispuesto a otorgar a cambio de mantenerse en el poder. Madrid, de septiembre de 2023