Sorprendentes declaraciones de Gregorio Marañón a "El Mundo" en el día de reflexión

SORPRENDENTES DECLACIONES DE GREGOCIO MARAÑÓN A “EL MUNDO” EN EL DÍA DE REFLEXIÓN He leído con interés y una cierta sorpresa las declaraciones hechas por Gregorio Marañón y Beltrán de Lis a la periodista Leyre Iglesias, que se han publicado en “El Mundo” de hoy, día 27. Y me han sorprendido tanto por su contenido, como por la fecha en que han sido publicadas, el día de reflexión en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. Nieto del famoso médico y escritor, Marañón tiene peso específico propio y un magnífico “curriculum vitae”, como un destacado miembro de la sociedad civil española: jurista, académico y empresario, preside en la actualidad el Teatro Real. Hombre abierto y de talante liberal, no se había significado políticamente hasta ahora, en que se ha pronunciado clara y abiertamente a favor de Pedro Sánchez. Examinemos algunos de los temas de sus declaraciones por el orden en que han sido formuladas. 1.-Socialdemocracia del PSOE de Pedro Sánchez Marañón considera que el PSOE de Sánchez es “un partido socialdemócrata con un liderazgo muy fuerte”. Y tan fuerte -añadiría yo-, hasta el punto de que su líder ha eclipsado al histórico PSOE y lo ha convertido en un partido “sanchista”, que ha perdido sus raíces socialdemócratas y está por completo entregado al objetivo de mantenerlo como sea en el poder. Al comentar la entrevistadora que Alfonso Guerra había dicho que la socialdemocracia del PSOE se había visto sustituida por sus pactos con el populismo y con los nacionalismos, Marañón señaló que el antiguo vicepresidente del Gobierno estaba fuera de su tiempo. Es evidente que el PSOE actual tiene bien poco de socialdemocracia, como prueba la incorporación al Gobierno de un partido marxista y antisistema como Podemos, y la alianza como socios preferentes como los independentistas de ERC y los filoterroristas de Bildu. “Sanchez ha sido el primer español que asume la presidencia de la internacional socialista”. ¿Y qué? Dicha presidencia es más bien honorífica y apenas tiene importancia política, aunque Sánchez -en su eficaz política de autopromoción interna e internacional- tratará de sacarle el máximo jugo posible, como hará con la presidencia rotatoria el Consejo de la Unión Europea. 2.-Pactos de Estado entre el PSOE y el PP Concuerdo con Marañón en que es fundamental que los dos grandes partidos españoles realicen pactos de Estado, sobre los temas más importantes de la política tanto interna como internacional. Señala que el PP debería incluir en su agenda la búsqueda de estos grandes pactos de Estado, aunque por ello pueda perder algunos votantes. Creo que debería apuntar más bien hacia el PSOE, pues el PP ha propuesto en diversas ocasiones la conclusión de pactos de este tipo, pero el PSOE se ha negado el redondo, porque lo considera, no un adversario político, sino un enemigo al que hay que destruir como sea. Para ello, no ha dudado en pactar con las fuerzas políticas que quieren destruir a España. Sánchez ha llegado a decir que Bildu tenía más sentido de Estado que el PP. Incluso cuando este partido le ha ayudado generosamentea y sin contrapartidas a salir del atolladero en el que se había metido con la ley del ” sí es sí” frente a sus propios socios de Gobierno y aliados, no le ha dado ni las gracias. 3.-Supuesta mejora de la situación en Cataluña Según Marañón, “la situación catalana está mejor que cuando terminó el mandato de Rajoy. No digo que no oigamos discursos independentistas, pero sí creo que en general hay un ánimo más negociador”. No puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación. No solo no está mejor, sino que ha empeorado considerablemente, porque la Generalitat sigue en abierta insumisión ante la Constitución, el Estatuto, las leyes nacionales y las sentencias de los tribunales, con la anuencia y complicidad del Gobierno de la Nación. Muestra de ello es su descarada negativa a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -avalada por el Tribunal Supremo- de que se imparta en las escuelas catalanas al menos un 25% de las materias en castellano. El Parlament ha adoptado una ley “ad hoc” para impedir que se aplique la sentencia, con el voto a favor del Partido Socialista de Cataluña y el respaldo del Gobierno central. Es cierto que ha mejorado algo el orden público y apenas se producen manifestaciones de las hordas independentistas -capitaneadas por los jóvenes bárbaros de ERC y la CUP- porque ya no es necesario, dado que el Gobierno de Sánchez les concede generosamente todo lo que piden: ha indultado a los golpistas, suprimido el delito de sedición, emasculado el delito de malversación, eliminado las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas y negociado con el Govern en pie de igualdad -de Estado a Estado-, al margen de las instituciones y prescindiendo de la mayoría de los catalanes que no son independentistas y que están discriminados por la Generalitat. Marañón expone una opinión un tanto parcial y sectaria de la crisis surgida en Cataluña, cuya culpa atribuye al PP. Hubo -en su opinión- un momento crucial cuando se aprobó el Estatuto pactado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con Convergencia, pero -una vez que el Estatuto había sido votado y aprobado- el PP actuó por su cuenta y presentó un recurso de inconstitucionalidad, que ganó. El partido cumplió con su deber e hizo bien, porque el texto era claramente inconstitucional. Aunque a su paso por las Cortes fue ligeramente “cepillado” -Guerra “dixit”-, seguía siendo inconstitucional, como decidió el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010, pese a que el Tribunal fue excesivamente condescendiente y pasó por alto algunas de sus ilegalidades a través de una interpretación buenista. La principal corrección del TC -aparte de su negativa a aceptar que Cataluña fuera una nación, pues no había más nación que la de España- fue la supresión del capítulo que consagraba la autonomía del Poder Judicial catalán. De haberse mantenido estas disposiciones, no habría sido posible que los órganos judiciales frenaran el procés y la declaración unilateral de independencia en 2017. El entrevistado estima que hay que pactar para cerrar la cuestión de Cataluña dentro del Estado. Cataluña pide un Concierto, que solo se puede pactar si se resuelve el problema de una manera definitiva. “Si no hay un acuerdo con Cataluña, no habrá Concierto Económico”. La pescadilla se muerde la cola. Marañón responsabiliza a Rajoy de que Más se lanzará al monte de la secesión y de la independencia de Cataluña. En una reunión entre los dos líderes “llegan a una lista común de temas aprobados por ambos, pero, en el último momento, Rajoy no quiso sentarse con Más. Yo creo que eso marcó un punto y aparte que precipitó la fuga de Más y sus consecuencias”. Yo tengo una versión distinta de estos hechos, como he puesto de manifiesto en mi libro “Cataluña vista desde fuera”. El Parlament adoptó una resolución en la que exigía al Gobierno la concesión de un Pacto Fiscal. El Govern de Mas reclamó un régimen fiscal privilegiado y una Hacienda propia que le permitiera recaudar y administrar los impuestos generados en la Comunidad. Rajoy y Mas se reunieron y llegaron al acuerdo sobre todas las peticiones catalanas salvo el de la concesión de un Pacto Fiscal, que no se podía negociar bilateralmente, sino que requería la participación de todas las Comunidades de régimen común. Está fundada negativa llevó al presidente de la Generalitat a lanzarse por la agenda que conducía hacia la independencia de Cataluña, tras subirse en la cresta de la ola provocado por la Diada de 2012. No fue Rajoy quién se negó a sentarse con Mas -cómo afirma Marañón-, sino que fue Mas el que rompió el diálogo con el Gobierno central y se entregó a la locura del proceso de independencia, que se le fue de las manos como al aprendiz de brujo. Para Marañón el problema de Cataluña se puede resolver con la concesión de un Pacto Fiscal similar al vigente en El País Vasco y en Navarra. Este sistema fue una lamentable concesión de los constituyentes al nacionalismo vasco para obtener su apoyo a la Constitución. Es un privilegio injustificado plasmado desgraciadamente en la Carta Magna, y concedérselo a Cataluña iría contra la igualdad de las Comunidades y de los españoles. 4.-Cesión a Cataluña de las competencias en materia de educación Según la opinión poco objetiva de Marañón, las concesiones de Sánchez no son más graves que las de José María Aznar, que autorizó la transferencia a Cataluña de las competencias sobre educación. Creo que Aznar se equivocó al conceder estas transferencias, pero el hecho en sí no habría sido necesariamente negativo y podría haberse desarrollado normalmente si la Generalitat hubiera tenido un mínimo de lealtad constitucional y ejercido sus competencias de manera neutral y sin los abusos de la inmersión y la negativa a los hispanoparlantes a recibir la enseñanza en su lengua materna. Jordi Pujol ya había ido marcando el camino con su política gradual de poner en pie de igualdad la lengua española y catalana, y de fomentar el desarrollo del aprendizaje de ésta en un modelo bilingüe, hasta llegar al monolingüismo y a la exclusión del castellano en la enseñanza. Con el régimen de inmersión obligatoria en catalán y la negativa a utilizar el castellano en la enseñanza de las asignaturas troncales, España se ha convertido en el único país del mundo en el que los españoles que residan en Cataluña no pueden ser escolarizados en la lengua oficial y obligatoria del Estado. Marañón no dice una palabra sobre esta lamentable y única situación. 5.-Inclusión de terroristas en las listas de Bildu Marañón considera que hay partidos que, por su origen histórico, hace que muchos ciudadanos se sientan en posiciones de rechazo hacia ellos, pero -en la medida que sean partidos democráticos- habían que asumir que tienen su recorrido en las instituciones. “Yo creo que es un acierto para nuestra democracia que los militantes de Bildu, en vez de estar en sus posiciones anteriores, estén hoy transitando por la agenda de la democracia”. Asimismo estima que “el hecho de que un ex terrorista forme parte de una candidatura democrática supone una victoria para la democracia”. No comparto esta opinión. Aparte de que sea cuestionable que Bildu sea un partido democrático -estimo que el Tribunal Constitucional se equivocó cuando legalizó a Sortu, núcleo fundamental de Bildu-, es cierto que, según el artículo 23 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio representantes libremente elegidos. Asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Éstas, sin embargo, establecen algunas limitaciones. Así, para ser funcionario público o solicitar una licencia de armas se requiere no tener antecedentes penales. ¿Acaso no las hay también para ser diputado o senador? Según El artículo 9-3-c) de la Ley de 2002 de Partidos Políticos, es motivo para ilegalizar un partido político incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo, que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Si esto es motivo para declarar ilegal a un partido, con mayor razón lo sería impedir que estos terroristas condenados se incluyan en las listas electorales. Estos terroristas -siete de ellos con delitos de sangre- no se han arrepentido de sus crímenes, no han pedido perdón a las víctimas y no han colaborado con la Justicia para poder enjuiciar los más de 300 casos de crímenes que quedan sin resolver. Es éticamente inaceptable que las víctimas de ETA tengan que aceptar la ignominia, no ya de codearse con los asesinos de sus seres queridos, sino tener que aceptarlos como alcaldes y concejales, incluso en los mismos pueblos en los que realizaron sus crímenes. Esto, señor Marañón, en modo alguno puede ser considerado como una victoria para democracia, sino todo lo contrario. Es un atentado gratuito contra la dignidad de las víctimas, ajeno a la democracia. 6.-Respeto del Gobierno de Sánchez a los empresarios Hay un último tema en las declaraciones de Marañón, que -aunque sea de menor importancia de los ya citados-, no deja de tener relevancia. Me refiero a su afirmación de que el Gobierno “está respetando a los empresarios, como debe hacer con todos los sectores”, y que -aunque en algunas cuestiones concretas puedo tener diferencias con ellos- el sistema político, económico y social funciona. Habrá que preguntárselo a la CEOE y a los autónomos. Sin embargo, en este supuesto ambiente de armonía, resultan difíciles de entender las descalificaciones de Sánchez a Rafael del Pino por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede la Holanda o los continuos insultos desde el Gobierno de ministros como Alberto Garzón, Irene Montero o Ione Belarra a empresarios punteros como Amancio Ortega, Juan Roig, Ana Botín o Ignacio Sánchez Galán. Sánchez ha ninguneado con frecuencia a los empresarios, grandes o pequeños, que huyen de él como de la peste. Es de lamentar que una persona tan prestigiosa como Gregorio Marañón se sume a avalar los “leits motifs” y los mantras de la campaña propagandística de Sánchez y de su Gobierno, precisamente en el día de reflexión previo a la celebración de las elecciones. Por supuesto que, como cualquier ciudadano, está en su derecho de expresar su opinión. Yo también me permito expresar la mía, que -en este caso y lo lamento- no coincide con la del presidente del Teatro Real. Madrid; 27 de mayo de 2023

Con los indecentes no se juega, Sánchez

CON LOS INDECENTES NO SE JUEGA, SÁNCHEZ A las puertas del inicio de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales, la asociación de víctimas del terrorismo COVITE informó de forma documentada que Bildu había incluido en sus listas electorales a 44 candidatos que habían sido condenados por terrorismo, 7 de ellos por delitos de sangre, y la noticia -publicada por “ABC” en su portada- cayó como una bomba en el equipo electoral de Pedro Sánchez, que se las prometían muy felices con la exaltación de sus éxitos económicos y sociales, y su dadivosa compra de votos con la pólvora del Rey o, para ser más exactos, con los fondos de la Unión Europea. Cundió el desconcierto en las filas gubernamentales y los ministros huyeron de los micrófonos de los periodistas como conejos ante un cazador. Durante tres días se impuso la estrategia del silencio y la evasión, y solo al tercer día resucitó Sánchez, forzado por la casi unánime reacción desfavorable de la sociedad ante semejante atropello y, en la rueda de prensa dada a las afueras de la Casa Blanca, el presidente reconoció que, aunque la decisión de Bildu fuera legal, no era sin embargo decente. Reacción ante las listas de Bildu Recuperado del susto, el incombustible y resiliente Sánchez pasó al contraataque, echando en el Senado la culpa de todo lo sucedido al Partido Popular, que no tenía más argumentos que hablar de ETA, cuando ésta hacía varios años que había desaparecido gracias al PSOE y a pesar de los obstáculos puestos por el PP. Haciendo gala de su habitual argumentación mentirosa y falaz, afirmó que ésta había sido derrotada por José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pachi López. “Derrotamos a ETA y eso la derecha no lo puede soportar”. Como es sabido por cualquier persona mínimamente informada, ETA fue derrotada por medidas, políticas, operativas e internacionales. Ante la falta de colaboración del PNV, la complicidad o indiferencia de buena parte de la sociedad vasca y la falta de colaboración del Gobierno de Francia -que permitía a los etarras circular por territorio francés como Juan por su casa y utilizarlo como base logística y refugio-, la situación cambió de forma radical cuando el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo y firmaron en el 2000 un Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que hizo posible la adopción de la Ley Orgánica 2/2002 de Partidos Políticos y permitió al Tribunal Supremo ilegalizar a los testaferros de ETA: Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna. A ello se sumaron la impecable actuación de las fuerzas de seguridad, la colaboración de los jueces y la cooperación internacional que al fin Francia se dignó conceder. Cuando ETA estaba prácticamente contra las cuerdas y derrotada militarmente, ZP les ofreció un balón de oxígeno al dialogar con la banda y prometerle que si dejaba la lucha armada sería aceptada en las instituciones. ETA se agarró como un clavo ardiendo a esta lamentable oferta, que le permitió escapar de la derrota total y obtener una victoria política, pues los testaferros de ETA consiguieron, sin necesidad de matar, los objetivos políticos que perseguían cuando mataban. Una vez colocada por el Gobierno la alfombra roja que le permitía acceder a los Ayuntamientos, trató por todos los medios de ser legalizada vistiéndose de distintos disfraces. En 2011 se presentó a las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Navarra en coalición con Eusko Alkartasuna y Alternatiba Erairitzen. El TS anuló la candidatura, pero el comando Pascual Sala vino en su auxilio a instancias del Gobierno y el Tribunal Constitucional -en su sentencia 62/2011- revocó su decisión, al estimar que HB no contaminaba la coalición y los dos partidos legales amparaban la nueva reencarnación de Batasuna. Siguiendo su política transformista, HB se convirtió en Sortu y el TS lo ilegalizó, pero Sala vino una vez más en su ayuda y el TC -en su sentencia 138/2012- anuló de forma exorbitante la decisión del alto Tribunal sin una explicación fundada, ya que, entrando a examinar indebidamente los Estatutos de Sortu y estimando que el “rechazo inequívoco de cualquier clase de violencia” -pura retórica- y su reconocimiento de “todas las víctimas originadas por las múltiples violencias sufridas por el pueblo vasco”, eran suficiente para legalizar el partido, sin examinar la conducta de sus promotores. La habilidosa posición de ETA convenció a los “Sala’s boys” de la bondad de Sortu: rechazo genérico y ambiguo de la violencia futura, pero sin condena de la violencia terrorista pasada, y reconocimiento de la existencia de víctimas causadas por ambos bandos en el “conflicto vasco”. Como se quedó con mala conciencia, el TC incluyó un amplio catálogo de supuestos que podrían provocar la ilegalización ulterior del partido: equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado, , colocación en un mismo plano del sufrimiento de las víctimas del terrorismo y de los condenados por terrorismo, actuaciones tendentes a legitimar el terrorismo como medio necesario para conseguir objetivos políticos, ensalzamiento de los autores de actos terroristas y su presentación como víctimas o héroes, realización de actos públicos que entrañaban descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo, actuaciones que contribuyeran al sostenimiento económico de una organización terrorista… A juicio del magistrado Manuel Aragón, si se contrastaban los Estatutos de Sortu con el citado catálogo, se llegaría a la conclusión de que el partido incurría en la mayor parte de las conductas en él condenadas, lo que podría llevar a su ilegalización. La situación no ha cambiado y -pese a su supuesta normalización- Bildu sigue siendo una Batasuna maquillada. El partido no está compuesta por “filoetarras”, sino por etarras sin “filo”, puros y duros, aunque disfrazados de demócratas, como demuestra la incorporación a sus listas electorales de 44 terroristas de ETA. Pleno blanqueo de Bildu Prueba palpable de la continuidad entre ETA y Bildu es que el último presidente de aquélla, David Pla, es hoy el presidente de Sortu, y que el dirigente de todo el tinglado de la izquierda abertzale es Arnaldo Otegui, condenado por su pertenencia a Batasuna y su integración en un comando que realizó varios secuestros. Otegui tiene la cualidad de ser franco y sus declaraciones dejan constancia de las intenciones de Bildu. Así, afirmó que “tenemos a 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos”, y su asistente, Arkaitz Rodriguez, añadió que “nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen”. Otegui ha señalado que Bildu está dispuesto a colaborar para democratizar el Estado y, para ello, la única solución es que la nueva izquierda se sume a los independentistas de las naciones del Estado para iniciar un proceso constituyente. “Para que España pueda en su día ser roja, republicana y laica, tendrá que estar con anterioridad rota”. La unidad de España era la clave para mantener la dominación de las élites económicas y oligárquicas, y solo el voto independentista ponía en cuestión ese sistema de dominación. “Por eso, los procesos de liberación nacional y de ruptura democrática son la única garantía para que haya una democratización real”. Si Rodríguez Zapatero inició el proceso de incorporación de Bildu a la vida política, Sánchez ha culminado su blanqueo al convertirlo en socio preferente de su Gobierno, ya que estima que este partido tiene más sentido de Estado que el PP. Ha concluido una serie de pactos con Bildu, que se iniciaron con el que permitió el acceso de María Chivite a la presidencia del Gobierno de Navarra, y que van de la investidura de Sánchez a la aprobación de los presupuestos generales, pasando por la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, su respaldo a los innumerables decretos-leyes dictados por el Gobierno de Sánchez, y su apoyo a las principales leyes adoptadas: Trans y sobre Aborto, Eutanasia, “Sí es sí”, Maltrato animal, Familia, Vivienda, Memoria Democrática y reforma en el Código Penal de los delitos de sedición y de malversación. o la Vivienda-. Llegó a ofrecerle los laureles de la presentación de la joya de la corona del Gobierno socio- comunista. Todo ello sin contraprestación alguna por supuesto, porque Bildu se ha convertido en una ONG de Damas de la caridad. No obstante, algo sacó del envite. Así, en la Ley de la Desmemoria consiguió que se extendiera el periodo de la Transición hasta 1983 y que se incluyera entre los beneficiados a los miembros de ETA condenados por los tribunales, pero no las víctimas de la vesania etarra. Sin embargo, los miembros del Gobierno -una vez recuperado el ánimo tras la traspisonda de Bildu- han negado que existiera con él pacto alguno. La vicepresidenta Nadia Calviño -otrora prestigiosa tecnócrata que ha aprendido a mentir con el mismo descaro que su jefe- ha contestado “¿pero qué pactos?. Ahora nos queda la duda hamletiana de creer lo que dice la vicepresidenta o lo que ven nuestros ojos. Bildu ha pagado a Sánchez por todas sus concesiones con la inclusión en sus listas para las elecciones en El País vasco y Navarra de 44 etarras condenado por terrorismo, poniendo así una bomba de profundidad en los bajos de la campaña electoral socialista. Sánchez no se ha inmutado en demasía y -tras tres días de desconcierto- le ha dicho a sus socios que no sean malos chicos y no le perturben su triunfal campaña. Al mismo tiempo, les ha rogado que sigan apoyando a su Gobierno. Sánchez mantiene que ETA es el pasado y que hay que mirar hacia adelante. Hay que recordar a diario lo que pasó hace 80 años, pero olvidar lo que ocurrió hace tan solo 10 en el País Vasco y Navarra, y pasar por alto que Bildu lleve en sus listas a 44 terroristas. Enseguida han salido los palmeros de “El País” a cerrar filas con el Gobierno. En un editorial ha señalado el periódico que las cuestiones de legalidad creadas por la lista de Bildu ya habían sido resueltas por la Junta Electoral al aceptar dichas listas, dado que los candidatos ya habían ajustado sus cuentas con la Justicia. Presionado por los sectores radicales de Bildu -¿pero hay sectores que no lo sean ?-, Otegui ha primado la cohesión interna sobre su compromiso con las víctimas(¿?). Era de lamentar que la derecha española utilizara una cuestión de Estado como era el terrorismo para confrontar con el Gobierno por razones electorales. En un artículo titulado “Es legal, pero duele”, Pablo Ordaz ha afirmado que el PP intentaba patrimonializar las víctimas del terrorismo y demonizar al PSOE. En Euskadi, afortunadamente, quienes recibieron las botellas incendiarias y las bombas lapa comparten ahora las colas en los cines y en los supermercados, o en el rellano de una escalera, con gente que deseó su muerte o miró para otro lado. Según Luis Aizpeolea, la instrumentalización por parte del PP para atacar al Gobierno y al PSOE ha sido la clave de la decisión de Bildu. En 2021, el partido se comprometió a evitar con sus actuaciones añadir más daño a las víctimas del terrorismo y sus dirigentes han quedado sorprendidos del revuelo mediático producido, sin precedentes respecto a ocasiones anteriores en que también habían incluido en sus listas a militantes de ETA. Constató que el PP utilizaba la cuestionada lista no tanto para atacar a Bildu, como al Gobierno y al PSOE por sus pactos parlamentarios. La razón de esta reacción radica no solo en el gran número de terroristas presentes en las listas y la gravedad de sus condenas, sino también y sobre todo, porque por primera vez el Gobierno de la nación considera al partido como un socio de referencia. La retirada de los 7 condenados por delitos de sangre no ha presentado ningún obstáculo a los dirigentes de Bildu, como refleja su comunicado, en el que ha destacado su compromiso con las víctimas y su apuesta por vías exclusivamente políticas (¿?). La presentación de 44 terroristas en las listas de Bildu ha sido una decisión cuidadosamente preparada, una auténtica provocación y una prueba para ver qué grado de iniquidad estaba dispuesto a tolerar la sociedad española. Como ha observado Claudio Ramón, “disculpados mediante el dispositivo discursivo del conflicto político, Otegui y los suyos puede permitirse desvergüenzas en un macabro crescendo. Ya no basta con organizar homenajes a asesinos, sino que se les hace concejales de los pueblos donde mataron”. No le bastaba con blanquear a todos sus miembros, sino que había que instalarlos en las instituciones. Incluso la decisión de que los notorios 7 no recogerían sus actas si fueran elegidos puede que también haya sido planificada. Alberto Gil Ibáñez cree que obedece a una estrategia calculada, con la que se ha puesto en las listas a unos asesinos, que se sabe que van a llamar la atención, para luego quitarlos y dejar a los otros, que quedan de esta manera blanqueados. La diferencia entre los 7 y los 37 es de matiz, ya que -aunque coincidieran en el objetivo de matar- éstos no lo lograron. Entre las “actividades estrictamente políticas” de estos angelitos figuraban lanzar bombas y cocktails Molotov, almacenar explosivos, integrarse en comandos armados, robar coches para hacer atentados, vigilar a las víctimas e informar de sus movimientos, y albergar terroristas y ayudarlos a pasar a Francia. En un artículo publicado en “El Debate”, titulado “Horrores de los 37 candidatos que todavía se presentan por Bildu en los Ayuntamientos”, Pablo Ojer ha mencionado, entre otros, dos casos. El de José Ángel Viguri, condenado a 69 años de cárcel por haber lanzado granadas contra la casa-cuartel de Llodio. Sus abogados pidieron su liberación por sufrir una enfermedad incurable y, 11 años después, se presenta a las elecciones municipales en Ayala. Iñaki Gonzalo, “Kitsu”, condenado a 67 años por haber colocado bombas que, por fortuna, no causaron daños mortales, ahora es candidato suplente a la alcaldía de Guecho. Juan Carlos Arriaga, frutero y delator de Jesús Alcocer -que fue asesinado en 1984 en Pamplona- se presenta a concejal en Barrioplano, municipio ubicado a pocos metros del lugar del asesinato. Su hija María José ha afirmado que “las víctimas no nos merecemos esta burla, esta humillación, porque los asesinos no solo no piden perdón y no se arrepienten por lo que han hecho, sino que además se están riendo de nosotros en la cara. Aunque nos pidan que pasemos página, es imposible con cosas como éstas. Ellos sí la han pasado y ahora se presentan como héroes y las víctimas nos hemos quedado como algo que molesta”. Ha reconocido que no pueden hacer nada y tienen que aguantarse y ver cómo los aplauden y los jalean. Dicen que esto son cosas del pasado, pero son del presente porque el dolor sigue ahí. “Están muy crecidos y envalentonados porque se lo han permitido y les han dado alas. Quieren dar la vuelta a todo para que al final los verdugos sean los buenos y las víctimas los malos”. Como ha señalado Rafael Moyano en su columna en ”El Mundo” titulada “Bildu y los objetivos no conseguidos”, nadie podrá negar que este partido es una continuidad de Batasuna, aquel brazo presuntamente político de ETA. Lejos de pedir perdón por sus crímenes, los bilduetarras aparecen en las listas electorales con los alias de su época terroristas para reivindicar su pasado. Provocar es la manera de normalizar la situación en el País Vasco, mientras Sánchez mira hacia otro lado para no importunar a su socio. Examinemos el elogiado comunicado de Bildu. En él se afirma que, en los últimos días, se han impuesto intereses partidistas y electoralistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de la paz. El objetivo de la polémica es dañar a Bildu por haber logrado ser un referente ineludible y la principal fuerza transformadora (¿?). Bildu no tiene como objetivo ratificar su “trayectoria” anterior -bonito eufemismo para calificar el asesinato-. “Este proyecto político representa un futuro lleno de esperanza. Bildu, ha logrado la adhesión de numerosas personas y sectores, incluidos muchos que en su día se enfrentaron a nosotros abiertamente y que nos censuraron y condenaron nuestra actuación. Obviamente su participación en este proyecto colectivo que es Bildu no tiene por objetivo legitimar a ETA”. No reniegan de su militancia del pasado, ni de la responsabilidad que asumían por ello. ”La mayoría de los etarras incluidos en las listas como candidatos fueron condenados bajo la estrategia de que ‘todo es ETA’, que persiguió actividades estrictamente políticas y condujo a la conculcación de derechos civiles y políticos de muchos ciudadanos. Se hará un flaco favor a los mínimos principios democráticos si se da por bueno que dichos derechos se puedan seguir pisoteando”. Asumen la estrategia de la izquierda abertzale y su apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas, haciendo autocrítica al sumarse a la declaración de 18 de octubre. “No queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren conducir a nuestro país a un pasado sin futuro”. ¡El diablo citando la Biblia! Bildu ha adoptado una increíble actitud victimista. Estiman que las condenas de los terroristas se produjeron mediante una conculcación de sus derechos que ahora se continúa, porque los sectores reaccionarios tratan de hundir al partido. Se refieren a una declaración en la que se condenaba de forma genérica la violencia, pero no la terrorista. No reniegan de su pasado ni piden perdón por sus crímenes. Mantienen que solo seguirán las vías democráticas, lo que no se lo creen ni ellos, como han puesto de manifiesto con la presentación en sus listas de 44 terroristas condenados por los tribunales. Otegui se ha sumado a esta táctica, al afirmar que sus 4.500 candidatos tenían sus derechos civiles y políticos en vigor, y habían asumido el compromiso de Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Resulta intolerable que un partido totalitario presuma de demócrata, cuando no tiene la menor idea de lo que es la democracia. Han decidido convertirse en demócratas y al que no se lo crea y les lleve la contraria, lo echarán del pueblo a balazos. ¿Puede Bildu ser ilegalizada? La Asociación Dignidad y Justicia pidió a la Fiscalía que investigara las listas presentadas por Bildu para ver si cumplían con los criterios establecidos en la Ley de Partidos Políticos, pero aquélla ha desestimado la propuesta por estimar que Bildu es una formación política democrática –“¿de quién es la Fiscalía?, pues eso”. Su presidente, Daniel Portero, ha señalado que hay suficientes elementos para concluir que Bildu se ha convertido en heredero de Batasuna y que con sus listas trufadas de terroristas trata de echar un pulso al Estado. Se ha planteado la cuestión de si el proceder de Bildu es contrario a la Ley de Partidos Políticos y la mayoría de los juristas ha estimado que no es posible, porque iría contra el principio de reinserción de los penados en la sociedad. Yo, sin embargo, creo que hay razones más que sobradas para ilegalizar a Bildu, pero estoy seguro que la Fiscalía -única competente para hacer la propuesta de ilegalización- no dará tal paso y, en el caso improbable de que lo diera, el TC de Conde-Pumpido pondría las cosas en su sitio. Según el párrafo 3-c) del artículo 9 de la Ley, es motivo para ilegalizar a un partido político “incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo, que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a órganos o entidades asociadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan tomado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión”. El párrafo 3-d) añade el de “utilizar como instrumento de la actividad del partido -conjuntamente con los propios o en sustitución de los mismos- símbolos, mensajes o elementos que presenten o se identifiquen con el terrorismo o la violencia, y con las conductas asociadas al mismo”. Creo que las listas de Bildu entran dentro de este catálogo de prohibiciones. 1) Los tres máximos dirigentes de Sortu -David Pla, Arkaitz Rodríguez y Arnaldo Otegui- son etarras convictos y confesos. 2) Buena parte de los directivos de Bildu han sido miembros de ETA, y no han condenado el terrorismo ni colaborado con la Justicia. 3) Los miembros de Bildu han utilizado símbolos, mensajes y elementos que se identifican con ETA. Como ha observado Joaquín Manso, Bildu no ha repudiado sus raíces ni lo va a hacer. Con estas listas trata de reivindicarlas, de socavar la dignidad de sus víctimas poniéndolas a las altura de la de sus verdugos, de imponer una memoria tóxica, y de desplegar en los municipios que son la base de su poder la misma atmósfera intimidante y totalizadora que ha provocado un éxodo y una espiral excluyente de silencio. Ya en 1998, José Luis López de la Calle -que sería asesinado años más tarde por ETA-comentó que se decía que HB era un partido legal. En efecto lo era, pero también lo eran el de Le Pen o los neonazis. Lo curioso era que un partido que hegemonizaba un Gobierno de coalición con mayoría suficiente recurriera a una formación como HB, lo que era el colmo de la deslealtad. “Euskadi es el único país de Europa en el cual un sector amplio de la burguesía apoya a un partido capaz de aventuras semejantes”. Aunque haya motivos suficientes para la ilegalización de Bildu, solo podría realizarse si el PSOE y el PP volvieran al espíritu y a la letra del Pacto Antiterrorista y esto no lo considero factible mientras Sánchez continúe en el poder. Sí se podría tratar de excluir de las candidaturas a los militantes que tuvieran un pasado terrorista, ya que -si la normativa ampara la ilegalización de los partidos políticos que incumplan la Ley 6/2002 y los criterios sentados en su día por el TC-, con mayor el motivo se podría conseguir un objetivo menos ambicioso, cual es el expurgo de terroristas en las listas de Bildu, pero ni siquiera esto resulta viable en las actuales circunstancias. Sánchez ha reconocido que la maniobra de Bildu es indecente, pero no ha sacado las conclusiones lógicas de semejante afirmación y sigue con su coyunda con un partido de terroristas. Alberto Núñez Feijóo le preguntó en el Senado si estaba dispuesto a cumplir su promesa de no pactar jamás con Bildu y de abandonar los pactos concluidos con ese partido. El presidente -siguiendo con su anómala conducta habitual- no se dignó contestar. Feijoó le conminó a que respondiera sí estaba dispuesto a dejar de pactar con Bildu, pero Sánchez dio la callada por respuesta, y el que calla otorga. Feijóo lo puso contra las cuerdas y le dio un puñetazo demoledor cuando le dijo que, si lo de Bildu no era decente, tampoco lo era seguir pactando con él, y le instó a que optara entre estar con Bildu o con la decencia. Con su silencio, Sánchez ha mostrado su preferencia por estar con Bildu y, por consiguiente, de situarse al margen de la decencia. Deberá atenerse a las consecuencias porque el pueblo español le ha tolerado demasiadas barrabasadas, pero ahora ha pasado todos las líneas rojas posibles y profanado la dignidad nacional, y con los indecentes no se juega. Madrid, 19 de mayo de 2023

El Comando Conde-Pumpido está condonando las chapuzas jurídicas de los Gobiernos socialistas

EL COMANDO CONDE-PUMPIDO ESTÁ CONDONANDO LAS CHAPUZAS JURÍDICAS DE LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS En mi artículo del pasado 19 de febrero sobre ”La mayoría progresista coloniza el Tribunal Constitucional”, advertía del peligro de que el nuevo TC supuestamente progresista, bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido, condonara -tras el blanqueo de la ley del aborto- la desastrosa serie de decisiones y leyes del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, “de la eutanasia a la ley educativa de Celáa y de la negativa de la Generalitat aplicar las sentencias o la enseñanza del español en las escuelas catalanas, a la celebración de un referéndum -más o menos edulcorado- de libre determinación en Cataluña”. Temo no haberme equivocado, pues -con una celeridad digna de mejor causa- el comando “progre” liderado por Conde Pumpido ya ha constitucionalizado las tres primeras importantes leyes citadas y algunas otras más, y va -a velocidad de crucero- a condonar en un tiempo récord de menos de seis meses en una faena de aliño otras leyes pendientes de ser enjuiciadas por el Tribunal. En los casos resueltos a favor del Gobierno, los magistrados progresistas han aplicado sin contemplaciones el rodillo de la mayoría, ganando todas las votaciones por siete a cuatro y no dejando a la minoría otro recurso que el de la formulación de votos particulares. Así se explica la urgente necesidad de Sánchez de renovar el TC para meter en él a sus testaferros -exministros y funcionarios incondicionales- y volcar la mayoría del lado progresista. Era urgente incluir en el Tribunal a tres de sus fieles, pero no tanto cubrir la vacante del conservador Alfredo Montoya, como tampoco ha urgido permitir completar las salas del Tribunal Supremo, bloqueadas por la treta gubernamental de impedir la realización de nombramientos por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, a la espera de su renovación. Ley de la eutanasia El TC ha rechazado el recurso presentado por Vox contra la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia y avalado su constitucionalidad, porque reconoce a la persona un derecho de autodeterminación para decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes. El recurso alegaba para la impugnación de la disposición motivos formales y sustantivos. En el aspecto procesal, se criticaba el procedimiento utilizado para su adopción al recurrirse a una proposición de ley de los partidos que apoyaban al Gobierno en vez de a un proyecto de ley, con lo que se abreviaba el proceso, se eludía la presentación de los informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal, se impedía la celebración de un auténtico debate, y se facilitaba que se rechazaran todas las enmiendas presentadas por los partidos de la oposición. El Tribunal ha argumentado que la proposición de ley es un instrumento legal previsto en la normativa vigente y que en su tramitación se exime la presentación de informes de los altos órganos consultivos. Esto es formalmente cierto, pero no cabe duda de que se ha realizado un fraude de ley -o, cuando menos, un abuso de la ley-, porque una ley tan trascendental que afecta al más importante derecho fundamental -el derecho a la vida- no puede ser adoptada de la forma frívola y chapucera como ha sido tratada, sin haberse presentado los informes de los órganos consultivos, ni haberse producido un auténtico debate. Cómo ha señalado la Comisión Europea, las modificaciones del Código Penal deberían realizarse mediante un debate serio y sereno en el que participen los partidos de la oposición, para tratar de conseguir el máximo acuerdo posible. Nada más lejos de la forma atropellada con que se ha tramitado la ley. En cuanto al fondo, en el recurso se alegaba que el derecho fundamental a la vida tenía naturaleza absoluta, era indisponible y debería ser protegido por el Estado, incluso en contra de la voluntad de sus titulares, no podía ser objeto de regulación por el legislador y carecía de fundamento constitucional. Con carácter subsidiario, señalaba que la ley incidía de manera desproporcionada en el derecho a la vida. El TC ha mantenido, sin embargo, que la Ley era plenamente constitucional ya que reconocía un derecho subjetivo de naturaleza prestacional, siempre que se produjera a petición expresa y reiterada del paciente en un contexto eutanásico médicamente verificado, en el caso de una enfermedad o padecimiento incurable que la persona considerara inaceptable y que no hubiera podido ser mitigado por otros medios. La Constitución ofrecía cobertura a este derecho subjetivo en forma de derecho de autodeterminación de la persona para que pudiera decidir el modo y el momento de su muerte de conformidad con los artículos 15 -derecho fundamental a la integridad física y moral- y 10.1 -principio de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad-. No se podía considerar única y aisladamente el derecho a la vida. En un contexto eutanásico se producía una grave situación de tensión entre la libertad y dignidad de la persona y su vida, derechos y principios constitucionales que pertenecían a esa misma persona. El derecho a la vida se configuraba como un derecho a la protección de la existencia física de la persona y comportaba para los poderes públicos un deber negativo de abstención y positivo de protección frente a ataques de terceros, pero tal configuración no permitía atribuir al derecho a la vida un valor absoluto, ni imponer al Estado un deber de protección individual que implicara un paradójico “deber de vivir”. Absolutizar la vida y su necesario corolario de una obligación de mantenerla, no era compatible con la Constitución. La facultad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida cristalizaba en el derecho fundamental a la integridad física y moral que protegía la esencia de la persona como sujeto moral con capacidad de libre y voluntaria decisión, un derecho que resultaría vulnerado cuando se le mediatizara o instrumentalizara. El respeto a la autodeterminación de la propia vida debía ocuparse de las situaciones de sufrimiento extremo que la persona considerara intolerable, porque afectaban al derecho a la integridad física y moral en conexión con la dignidad humana. El derecho a la integridad y el libre desarrollo de la personalidad protegían un ámbito de autodeterminación que amparaba la decisión individual de darse muerte por propia mano en un contexto de sufrimiento extremo, derecho que incluía la facultad de recabar y usar la asistencia de terceros que fuese necesaria para llevar a cabo la decisión de morir de manera segura e indolora. La Ley establece un procedimiento administrativo que trata de garantizar el máximo respeto a la voluntad de la persona. Según Josu de Miguel, no es posible crear un derecho nuevo -fundamental y prestacional de autodeterminación del sujeto que implique un deber del Estado de habilitar las vías necesarias para posibilitar la ayuda a morir. Solo el poder constituyente tiene atribuida la potestad de crear derechos fundamentales. Una posible obligación constitucional de los poderes públicos para garantizar una eutanasia activa directa no solo no encuentra acomodo en la letra del artículo 15, sino que podría cerrar el circuito democrático donde deben decidirse los asuntos relacionados con la moral. “Fundamentalizando la eutanasia, el TC pretende proteger del legislador futuro derechos objetivos reconocidos por el legislador presente”. La decisión del TC es especialmente grave porque, al no existir pronunciamientos previos sobre el tema, la sentencia crea jurisprudencia, aunque en la práctica no resulte tan grave, porque el Tribunal se salta a la torera la jurisprudencia existente cuando lo estima oportuno, como en el caso del aborto, en el que no solo ha ignorado esa consolidada jurisprudencia, sino que ha actuado en contra de ella. Al establecer una ley de plazos, el propio Gobierno he reconocido que la interrupción del embarazo no es un derecho de la gestante, porque, si lo fuera, no habría necesidad de establecer un plazo de 14 semanas, ya que el feticidio se podría realizar hasta minutos antes de que se produjera el parto interrumpido. Ley Celáa de Educación La Ley orgánica 3/2020 reguladora de la educación, inspirada por Isabel Celaá (LOMLOE), introdujo importantes modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006 elaborada el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, a propuesta de ERC, se suprimieron las disposiciones que preveían que el castellano era una lengua vehicular de la enseñanza en toda España, que se debería garantizar el uso de esta lengua “en una proporción razonable”, y que se atribuía a la Alta Inspección del Estado la obligación de velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de las lenguas vehiculares. El TC ha estimado que la LOMLOE recoge el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales, y da al Estado la posibilidad de garantizar el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos. Ha considerado que de la Constitución no se deriva la necesaria fijación por el Estado de la proporción de uso del castellano en el sistema educativo, sino un patrón de equilibrio o igualdad entre las lenguas y un derecho efectivo a usarlas. Ha estimado que la Ley impone a las Administraciones y a los centros que tomen las medidas necesarias para compensar las ausencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas, y ha añadido que si las Comunidades Autónomas no respetaran ese derecho y la Administración del Estado tampoco cumpliera con su deber, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ofrecía a los interesados los remedios procesales adecuados. Es evidente que algunas Comunidades -especialmente la catalana- no cumplen las normas sobre la obligación de enseñar en la lengua oficial del Estado, como se ha puesto de manifiesto con la negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -avalada por el Tribunal Supremo- que obliga a dedicar un mínimo del 25% a la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas. El Gobierno español, en vez de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias, se ha lavado las manos y traslado a los ciudadanos la carga de exigir sus derechos ante los tribunales. El TC ha avalado la constitucionalidad de las normas establecidas por la Generalitat sobre la enseñanza en castellano, aunque reconozca con mala conciencia que una razonable presencia del castellano era imprescindible e instaba hipócritamente a que no se viera reducida a una fórmula vacía y se mantuviera con un derecho real y efectivo. Otra de las novedades de la LOMLOE, a propuesta de Podemos, ha sido la de prohibir financiar con fondos públicos a los centros privado que tengan educación segregada por sexos. El ponente inicial, Ricardo Enríquez, propuso eliminar dicha prohibición, ya que la Constitución no imponía que la actividad promocional recogida en la actual legislación consistiera en sufragar íntegramente los gastos de personal y mantenimiento de todos los colegios que adoptaran el modelo segregador, pero impide excluir totalmente a todos ellos de cualquier clase de ayuda por esa única circunstancia. Su propuesta de suprimir por inconstitucional la disposición adicional 25 fue, sin embargo, rechazada por la mayoría del Tribunal, que estimó que la exclusión de cualquier ayuda pública a los centros privados que separaban a los chicos de las chicas era ajustado a la Constitución, con lo que no estoy de acuerdo, porque -como han establecido los tribunales- la enseñanza segregada es plenamente constitucional. Según han expresado los magistrados de la minoría en sus votos particulares, la prohibición de ayudas públicas a los colegios que separen por sexos, simplemente porque al legislador no le parezca conveniente ese modelo, ataca el pluralismo educativo. También suprimió la LOMLOE la clausula de “demanda social”, que permitía a los padres solicitar al Gobierno la creación de centros concertados cuando hubiera un número suficiente de peticionarios. El TC ha avalado la supresión de dicha cláusula porque no contenía un mandato de suspensión de las plazas concertadas o de las ayudas constitucionalmente obligadas. Otro tema cuestionado ha sido la previsión de la LOMLOE de que, en 10 años, el Gobierno desarrollaría un plan para que los centros ordinarios contaran con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad y relegar a los colegios especiales una función de meros centros de referencia y apoyo en los casos más graves. Semejante disposición -que afecta a 40.000 familias- no se ha considerado acertada, porque pondría fin a la educación especial, por lo que ha provocado una considerable oposición por parte de las familias interesadas. Según Enríquez, el legislador podría mantener un doble sistema de educación general y especial que permitiera reforzar esta última educación para escolarizar a los alumnos con discapacidad, impidiendo su denegación por consideraciones exclusivamente financieras y considerándola cómo excepcional. Propuso declarar inconstitucional esta disposición, pero la mayoría del TC se opuso. Un último problema era el de la negativa a considerar la religión como una asignatura más, que no contaría a los efectos de fijar la nota media, no se tendría en consideración para solicitar becas, ni podría ser sustituida por otra asignatura alternativa, en contra de lo establecido en los acuerdos con la Santa Sede. El TC, sin embargo, ha estimado que la religión no ha quedado relegada, en contra de la evidencia, y considerado constitucional la totalidad de la Ley Celaá, con lo que tampoco estoy de acuerdo, porque -aparte de ser un bodrio con notables deficiencias pedagógicas y jurídicas- la Ley contiene disposiciones que no encajan en el marco constitucional. Decreto-ley sobre igualdad trato de hombres y mujeres en el empleo En la frenética carrera de Conde-Pumpido para poner el TC al día en un plazo de seis meses, el Tribunal ha dictado otras sentencias sobre temas de menor entidad, pero no por ello irrelevantes. Entre ellas figura la convalidación del Decreto-ley 6/2019 sobre medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La ponencia de Conde cuando era magistrado raso fue rechazada en dos ocasiones por el anterior TC, pero a la tercera ha sido la vencida cuando Conde luce los galones de presidente del Tribunal. La mayoría conservadora -hoy minoría gracias a la varita mágica de Sánchez- había apreciado signos de inconstitucionalidad por el recurso abusivo del Gobierno al decreto-ley, cuando no existía urgencia alguna para su adopción. Alegó que ni el decreto-ley era una alternativa a la ley, ni se convertía en ley tras su convalidación. La facultad del Gobierno de dictar normas con rango de ley mediante un decreto debería ser excepcional, al incidir en la separación de poderes y al imposibilitar que los representantes del pueblo pudieran debatir y aprobar tales normas, con lo que se menoscababa el principio democrático. Sánchez ha usado y abusado de este sistema excepcional -al que ha recurrido hasta en 139 ocasiones durante su mandato-, sin que se dieran los requisitos de urgencia requeridos, y no se podía confundir necesidad con conveniencia u oportunidad política. El TC, sin embargo, ha estimado que el Gobierno ha explicado y razonado suficientemente la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificaba la norma, ya que los resultados insignificantes alcanzados con la normativa existente y la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres exigían la adopción inmediata de un nuevo texto integral y transversal. Los magistrados minoritarios, en cambio, han manifestado, a justo título, que el constituyente había diseñado la figura del decreto-ley como un remedio excepcional y no como un cheque en blanco para el Ejecutivo. El Tribunal había hecho dejación de funciones y actuado con una posición de deferencia hacia el Gobierno que, no solo contradecía la jurisprudencia sentada en esta materia, sino que comportaba una dejación de la función de control externo que le corresponde. Le concedía así en exclusiva al Gobierno la facultad de determinar cuándo se producía una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara un recurso al decreto-ley. Negativa a traducir al castellano un auto en catalán La empresa Accesos de Ibiza S.A. solicitó la traducción al castellano de un auto dictado en catalán por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pero éste se negó pese a que la petición había sido apoyada por la Fiscalía. La compañía acudió en amparo al TC y el Tribunal se lo ha negado, alegando que no se había vulnerado el derecho a una tutela jurídica efectiva, ya que -en las circunstancias del caso- no se había producido ninguna indefensión. No se cumplía, en su opinión, el requisito de que la indefensión alegada tuviera su origen inmediato y directo en la negativa a traducir el correspondiente auto, por lo que la supuesta indefensión no estaba vinculada a la lengua empleada en el juicio. Los magistrados de la minoría estimaron en su voto particular que la negativa vulneraba el derecho de la empresa a una tutela judicial efectiva y le causaba una indefensión material. Recordaron a la mayoría que la Ley Orgánica del Poder Judicial obligaba a traducir las resoluciones emitidas en una lengua cooficial cuando así lo solicitara alguna de las partes en el juicio. El fallo revela la proclividad del TC de Conde respaldar las concesiones del Gobierno en materia idiomática a sus aliados de ERC. Está pendiente la decisión del Tribunal sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por el TSJC sobre las normas dictadas por la Generalitat y el Parlament para impedir que se cumpla la sentencia que establece la obligatoriedad de impartir en castellano en las escuelas catalanas al menos un 25% de las asignaturas. Con la actual composición del TC, es harto probable que el Tribunal condone los inadmisibles incumplimientos de las sentencias por parte de la Generalitat. Borrado de las actas del Congreso de las palabras pronunciadas por una diputada En un rifi-rafe ocurrido en mayo de 2020 en el Congreso entre Pablo Iglesias y Cayetana Álvarez de Toledo, ésta calificó a aquél de “hijo de terrorista”. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidió a la entonces portavoz del PP que retirara esas palabras por estimar que eran contrarias al decoro parlamentario y, ante su negativa, decidió de forma arbitraria que se suprimieran de las actas del Congreso. El padre de Iglesias -que fue miembro de la organización terrorista FRAP- presentó una querella contra la diputada por difamación, que fue rechazada por los tribunales. Álvarez de Toledo recurrió ante el TC la decisión partisana de Batet y el Tribunal ha dado la razón a la presidenta del Congreso, por considerar que su decisión no fue “manifiestamente arbitraria ni discriminatoria”, y que el Tribunal no podía subrogarse en la posición de la presidenta a la hora de ordenar el funcionamiento de la Cámara. Como ha comentado la diputada; “el TC dicta que no puede llamarse terrorista al militante de una organización terrorista, porque es indecoroso y peyorativo. Un insólito y eficaz blanqueamiento de los violentos del pasado y de los que puedan venir. Lo que no puede nombrarse no existe”. Se trató de una más de las decisiones sectarias e inadecuadas a las que nos tiene acostumbrados Batet, porque -aparte de que se hayan proferido en el Congreso palabras mucho más graves sin que se haya inmutado su presidenta- ésta podrá amonestar a un diputado si estimare que ha propasado la corrección parlamentaria e incluso pedirle que retirara sus palabras, pero carece de competencia para censurar las palabras de un representante del pueblo. Las recientes decisiones del TC muestran su talante progubernamental. Conde-Pumpido toca la trompeta y los miembros de su comando “progre” acuden raudos -prietas las filas y sus togas enlodadas con el polvo del camino- para condonar las numerosas chapuzas jurídicas cometidas por el Gobierno de Sánchez y tomar cuantas decisiones sean precisas para respaldar y blanquear sus múltiples arbitrariedades. El TC se ha constituido en refugio y consuelo del Gobierno actual y erigirá en el futuro un muro de contención que dificultará la gobernación del país por parte de un eventual nuevo Gobierno que se pueda establecer -si Dios y la ciudadanía quieren- tras las elecciones generales de finales de año. ¡Con el TC podemos topar, Alberto! Madrid, 6 de mayo de 2023

Facultad del Sultán de Marruecos para modificar la composición del Consejo de Ministros de España

FACULTAD DEL SULTÁN DE MARRUECOS PARA MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ESPAÑA De la convocatoria de la sesión del Congreso del pasado día 19 cabía deducir que Pedro Sánchez abordaría el tema de las relaciones con Marruecos, pero tal no fue el caso, ya que el presidente del Gobierno dio un mitin electoral centrado en el milagro de la multiplicación de los panes y de los pisos, y apenas le dedicó unos minutos hablar de Marruecos. No contestó ni a una sola de las preguntas que le plantearon nueve grupos parlamentarios -incluidos algunos de sus aliados- y dio la callada por respuesta, como ha señalado Luis Portillo en su artículo “El silencio sobre Marruecos y el Sáhara Occidental delata al presidente Sánchez”. Éste se ha negado a explicar a las Cortes y a la sociedad española en general las razones que motivaron el radical giro en la tradicional postura de España sobre el Sáhara Occidental decido por él, por sí y ante sí, sin contar con su Gobierno, las Cortes y -por supuesto- la oposición. Antecedentes del giro copernicano sobre el Sáhara Occidental decidido por Sánchez Todo se remonta a la inexplicable e inexplicada carta secreta enviada por Sánchez el 14 de marzo de 2022 al rey de Marruecos, Mohamed VI, de la que los españoles nos enteramos por la filtración a los medios de comunicación realizada por la corte alauita. Halagado el Sultán por el sorprendente regalo que le ofrecía Sánchez, al reconocer la importancia que para Marruecos tenía la cuestión del Sáhara Occidental y los serios esfuerzos por él realizados en el marco de la ONU para encontrar una solución mutuamente aceptable, y que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 era “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, lo invitó a la fiesta del Iftar -ruptura del ayuno en el Ramadán- de la que saldría la declaración conjunta de 7 de abril de 2022. En ella se afirmaba que la carta de marras había abierto un nuevo régimen en las relaciones entre España y Marruecos, y que comenzaba “la construcción de una nueva etapa en la relación bilateral, basada en los principios de transparencia, de diálogo permanente, de respeto mutuo, y de respeto e implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por ambas partes”. Aunque la Declaración contenía 16 puntos, el primero y principal era el del reconocimiento por parte del Gobierno español de que la iniciativa de autonomía marroquí era la base más seria, realista y creíble resolver el conflicto. En realidad, ninguno de estos calificativos era adecuado. No era seria, porque no se trataba de una propuesta de autonomía, sino de una vaga e imprecisa oferta de descentralización; no era realista, porque partía de una situación ilegal de ocupación militar del territorio sahariano por parte de Marruecos; y no era creíble, porque eludía el ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo saharaui, consagrado en las resoluciones de los órganos principales de las Naciones Unidas. Se afirmaba asimismo que la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecería de forma ordenada, incluidos los dispositivos apropiados de control aduanero a nivel terrestre y marítimo. En opinión del Gobierno español, esto suponía un reconocimiento implícito de la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, porque solo se ponía una aduana en la frontera con un país extranjero soberano. En cualquier caso, solo se ha abierto la frontera en Ceuta en dos ocasiones y no se han dado fechas sobre cuándo se abrirá de forma permanente, así como sobre la apertura de la aduana en Melilla. Se ha establecido que se reactivaría el Grupo de Trabajo para la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica. Aquí cabe distinguir la delimitación entre Canarias y la costa marroquí, y la delimitación entre las islas y el Sahara Occidental. Las primeras están estancadas por las diferencias de criterio existentes, al defender la parte española el principio de la equidistancia y la parte marroquí el de los principios equitativos. Las segundas no deberían producirse, porque -aunque el Gobierno marroquí haya extendido al Sáhara Occidental la aplicación de sus normas en materia de delimitación y establecido en sus costas una zona económica exclusiva de 200 millas- esta decisión es ilegal, porque Marruecos no ejerce soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. También se ha previsto -y esto es una novedad- que se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos. Se trata de una propuesta marroquí que tiene por objetivo que España traspase a Marruecos las competencias que actualmente tiene para el control del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental. El Gobierno español parece sensible a hacer concesiones al respecto, lo que sería un error, porque la ocupación ilegal del territorio terrestre sahariano por parte de Marruecos no le da derecho alguno a controlar el espacio aéreo suprayacente XII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos La mejora de las relaciones entre los dos países vecinos permitió que, ocho años más tarde, se celebrará en Rabat la XII Reunión de Alto Nivel, en la que participaron los presidentes de Gobierno de los dos Estados, 11 ministros españoles y 13 marroquíes, pero se produjo la notoria ausencia de Mohamed VI -única fuente de poder en Marruecos-, quien se limitó a tener un anodino intercambio telefónico con Sánchez desde Gabón. El 2 de febrero de 2023 se adoptó una nueva declaración conjunta hispano-marroquí, cuyo primer punto era la confirmación del cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental, asumido en la declaración de 2022. Ambos países reiteraron su compromiso con la protección y la garantía de los derechos humanos como medio imprescindible para la convivencia democrática, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, lo que -por parte de Marruecos- era mucho afirmar, si se tienen en cuenta las continuas condenas de este país por parte del Consejo de Europa, la UE e incluso la Unión Africana, por la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en Marruecos. Se firmaron 19 memorandos, ambiguos e imprecisos, con más retórica que contenido práctico, que suponían una mera declaración de voluntad para actuar con un objetivo común, pero sin llevar aparejado compromiso jurídico alguno. Pese a la referencia explícita de apoyo a Marruecos en el tema del Sáhara, en la declaración ni siquiera se mencionaba a Ceuta y Melilla, cuya soberanía mantiene Marruecos en entredicho. El primer ministro marroquí, Aziz Ajamuch, elogió hasta en tres ocasiones del cambio de postura española e instó a Sánchez a que redoblara los esfuerzos conjuntos para luchar contra los grupos separatistas y las milicias armadas -léase Frente Polisario-, mientras que éste solo consiguió que se dejara constancia de que se había adquirido el compromiso de que, en nuestro discurso y en la práctica “vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía”. Esa afirmación, aparte de ser insuficiente, establecía un injustificado paralelismo entre la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, y la ausencia de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Muestra de cómo interpretaba a Marruecos este supuesto compromiso fueron las declaraciones realizadas el 10 de abril por el tercer personaje en importancia del Reino, Enaan Mayara -presidente del Senado-, quien afirmó que continuaba la colonización española en Ceuta en Melilla, y que su partido -el Istiqlal, socio del actual Gobierno- “no ha cesado ni cesará de hablar de la colonización española en las dos ciudades y de las posibles soluciones para recuperarlas. Marruecos las recuperará algún día mediante la negociación, sin recurrir a las armas”. Aunque la prensa oficialista marroquí haya señalado que Mayara se había extralimitado y puesto en apuros las relaciones con España, el presidente de la Cámara alta -un saharaui pasado a la causa marroquí-, expresaba en alta voz la opinión del Rey y de su Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reaccionó afirmando con contundencia que Ceuta y Melilla eran tan españolas como Zamora o Palencia y que no había nada que discutir. Un año más tarde, el Gobierno se ha mostrado satisfecho del estado en que se encuentran las relaciones entre los dos países y Sánchez ha presumido de que se han normalizado dichas relaciones y que ha disminuido de forma dramática la emigración ilegal procedente del África subsahariana. El presidente ha seguido con su política de concesiones a Marruecos, cuando obligó a los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo a votar en contra de la resolución que reprobaba a Marruecos por su política represiva de la libertad de expresión y de prensa. El país ha quedado igualmente en evidencia con el “Maroc-gate”, al demostrarse las actuaciones de algunos diplomáticos marroquíes tendentes a sobornar a eurodiputados para que dieran un trato privilegiado a Marruecos. Críticas al cambio de postura sobre el Sáhara Occidental impuesto por Sánchez Todos los partidos del arco parlamentario -incluidos su socio Podemos y sus aliados nacionalistas y con la única excepción del PSOE- han criticado el cambio de posición decidido unilateralmente por Sánchez, tanto por el fondo como por la forma de llevarlo a cabo, y han mostrado su reprobación, pero el presidente ni se ha inmutado, porque cree que el Estado es él y puede actuar a su antojo. El tema se ha debatido en el III Congreso Nacional de la Sociedad Civil, celebrado en Madrid el pasado día 27. El ponente, Aldo Olcese -presidente de la Asociación Civil Ahora y consejero del Attijariwafa Bank- adoptó una posición abiertamente pro-marroquí. Mantuvo que 1) había sido acertado el cambio de posición del Gobierno español; 2) Marruecos era el único aliado de España en África contra el terrorismo; 3) se había reducido considerablemente el flujo migratorio ilegal procedente de las costas marroquíes; 4) la única solución viable al conflicto del Sáhara Occidental era la autonomía ofrecida por Marruecos al territorio; 5) la situación económica del Sáhara había mejorado de forma considerable a causa de la inversión de las empresas marroquíes; y 6) con Marruecos se hacía en España política interior. No estoy de acuerdo con estas apreciaciones por las siguientes razones: 1) El cambio de posición no ha sido una decisión del Gobierno de España, sino de su presidente, que la ha adoptado sin consultar con su Gobierno ni con la oposición, y sin haberlo plantearlo ante las Cortes. 2) España colabora con varios países africanos en la lucha contra el terrorismo yihadista, y Marruecos no presta todo el apoyo deseable en función de su posición geográfica y de la potencia de su Ejército, porque tiene a éste ocupado con la represión de los saharauis en el Sáhara Occidental y en la defensa preventiva frente a un eventual ataque de Argelia, su rival por el liderazgo en el Magreb. 3) Es cierto que se ha reducido últimamente el flujo migratorio, pero sin garantía de que continúe el control de los emigrantes subsaharianos, ya que Marruecos utiliza su posición estratégica como un medio de chantaje frente a España, que utiliza según le interese, por lo que sigue pendiendo la espada de Damocles. 4) La fórmula de la autonomía es una posible opción para resolver el conflicto sahariano, pero no la única, tanto más cuando se trata de una autonomía de chichinabo, de una reducida descentralización, y se prescinde además de la opinión del pueblo saharaui, que tiene derecho a la libre determinación, como ha reconocido reiteradamente las Naciones Unidas, que tienen “in situ” una Misión para un Referéndum en el Sáhara Occidental. 5) Puede que la situación económica haya mejorado en el Sáhara ocupado militarmente por Marruecos, pero no ha beneficiado a los saharauis, sino a los miles de ciudadanos marroquíes que han sido enviados desde las cuatro esquinas del país y que ya exceden en número a los nativos -uno de los motivos por los que Marruecos se ha opuesto a la celebración de un referéndum es porque la ONU no aceptó que pudieran participar en él los marroquíes inmigrados-; por otra parte, no se trata solo de un problema de economía, sino de dignidad y del ejercicio de un derecho inalienable por parte del pueblo saharaui. 6) No creo que España haga política interior con Marruecos, pero estoy convencido de que éste hace política interior con el Sáhara en sus relaciones con nuestro país. Desde que accedió a la independencia en 1956, la Corona marroquí trazó un cuidadoso plan para establecer de forma paulatina el gran Marruecos que había sido diseñado por el líder del Istiqlal, Alal el-Fassi. Como declaró en 1961 Hassan II en la Cumbre de Países no Alineados celebrada en Belgrado en1961, los colonialistas españoles continuaban ocupando regiones enteras de la parte sur del territorio de Marruecos y mantenían los enclaves de Ceuta y Melilla en el norte. “Nos comprometemos a liberar los territorios del norte -Ceuta, Melilla y los peñones- y del sur -Ifni, el Sáhara Occidental, la zona de Tinduf y Mauritania”. Esta misma línea política ha sido seguida por su hijo Mohamed VI. Según el anterior primer ministro, Saddedine al-Othmani, la cuestión de Ceuta y Melilla será tratada a su debido tiempo, una vez consumada la integración del Sáhara Occidental, porque “dichas ciudades son tan marroquíes como el Sáhara”. Lleva razón Olcese cuando dice que es imperativo llevarse bien con el vecino del sur. Según afirmó José María Álvarez de Sotomayor en su libro “El relato de Belén Camino”, “debemos ser amigos de Marruecos porque es el país que más daño nos puede hacer. España deberá ceder en los temas en que sus títulos sean menos defendibles y no admitir, en cambio, ninguna clase de diálogo en aquéllos -como los de Ceuta, Melilla o Canarias- en los que sus derechos no hayan sido nunca puestos en tela de juicio por ninguna potencia, ni por ningún organismo de Naciones Unidas”. Resulta, sin embargo, difícil que España mantenga buenas relaciones con un país que reivindica su soberanía sobre una parte del territorio nacional. Mientras Marruecos mantenga su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, España podrá ser socio de Marruecos, cuando se produzca una coincidencia de intereses, pero nunca amigo. ¿Forzó Marruecos la destitución de la ministra González Laya? Según un artículo publicado por José Bautista e Ignacio Cembrero el pasado 19 de abril en “El Confidencial”, el 2 de julio de 2021 se reunieron en secreto el embajador español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, y la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, y ésta le transmitió el mensaje de que, para la normalización de las relaciones, su Gobierno requería la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Ocho días más tarde, Sánchez llevó a cabo una amplia remodelación de su Gobierno en la que González Laya fue sustituida por José Manuel Albares, para sorpresa de la ministra que no estaba al tanto del cambio. El Gobierno español negó que se hubiera celebrado semejante reunión y el marroquí rechazó que hubiera tratado de intervenir los asuntos internos de España. Los hados no pueden ser más imprevisibles. En la sesión del Congreso celebrada el 19 de abril, en la que Sánchez debía informar -entre otros temas- de las relaciones con Marruecos, hasta nueve diputados pidieron al presidente que confirmara o denegara si era cierta la noticia, pero a éste le entró la petición por un oído y le salió por el otro, y no se dignó contestar, en una muestra más de su menosprecio por el Parlamento y de su desprecio por los diputados. Ésta es una situación que se ha venido repitiendo con demasiada frecuencia, con la connivencia pasiva de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que no ha cumplido con sus funciones. Según el artículo 111 de la Constitución, el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras, y tanto el presidente del Gobierno como los ministros están obligados a dar una respuesta coherente. El ninguneo de Sánchez a los diputados es, por tanto, totalmente inaceptable y la presidenta del Congreso debería obligar a los cuestionados a responder a las interpelaciones y a las preguntas que legítimamente le formulen los diputados, en vez de ponerse de perfil. Los jefes de los grupos parlamentarios -tanto de la oposición como de los socios del Gobierno- le pidieron una y otra vez que diera una explicación, pero Sánchez, como si oyera llover. Ni Sí ni No, sino todo lo contrario: el silencio administrativo. La portavoz del PP -Cuca Gamarra- afirmó que el hecho de que Marruecos forzara el cese de un miembro del Gobierno era una afrenta a la soberanía española, el de Vox -Santiago Abascal- le pidió que aclarara si el régimen de Rabat podía quitar y poner ministros en España, la de Ciudadanos -Inés Arrimadas- le conminó a que contestara si era cierta o no la noticia, la de ERC -Marta Rosique- señaló que Rabat estaba sometiendo al Gobierno español a un permanente chantaje, el del PNV -Aitor Esteban- comentó que, pese a que Sánchez se negara a contestar, la verdad se conocería tarde o temprano; el de Bildu -Jon Irrañitu- se sumó a los que cuestionaban al presidente …, pero éste, impertérrito, no hizo el menor caso y abandonó la sala. “Fuese y no hubo nada”. Bueno, algo sí hubo, porque -según el principio de que “quien calla, otorga”- el silencio de Sánchez podía ser interpretado como anuencia. Como ha observado Federico Jiménez Losantos, pocas veces había visto un político tan atrapado por las respuestas que no podía dar a las preguntas que debía oír, como Sánchez a propósito de Marruecos. No contestaba porque la verdad era tan vergonzosa que le obligaría a dimitir por decoro o a ser destituido por no dar razones convincentes. Según ha señalado “El Mundo” en un editorial, Marruecos está consolidando paso a paso un estatus internacional reforzado, al tiempo que España va perdiendo peso en una región clave para su seguridad. A ello se suma el fortalecimiento de la alianza entre Rabat y Washington, como muestra la reciente entrega de 112 misiles y 18 lanzamisiles Himars -lo que pone a su disposición el sistema de artillería más avanzado del mundo con un alcance de 300 kms-, así como 40 bombas planeadoras a lanzar desde aviones JSOW –“Joint Standoff Weapon” o “armas conjuntas a distancia”-, sofisticado armamento del que carece España. Mohamed VI ha relanzado su política de defensa, a la que dedica un 4.2% de su PIB -frente al 1.4% de España-, un dato inquietante si se tiene en cuenta la volatilidad existente en la región, en la que Marruecos mantiene un estado latente de guerra con el Sáhara Occidental y un peligroso enfrentamiento con Argelia -que dedica a gastos militares el 5.6% de su PIB-. Marruecos ha recibido asimismo de Israel una potente dotación de drones y medios electrónicos para obtener inteligencia, que lo sitúa muy por delante de España en estas capacidades. Y lo más preocupante es que Estados Unidos ha hecho de Marruecos su aliado de referencia en el norte de África y el guardián del Estrecho de Gibraltar, en detrimento de España. El Reino alauita, por otra parte, conserva intactas sus históricas reivindicaciones soberanistas sobre Ceuta y Melilla, y a ello se suma un liderazgo inquietante como el de Mohamed VI, caracterizado por la represión interna y los pulsos a España, mientras el Gobierno de Sánchez mantiene una cuestionable política de cesiones a Rabat que sigue sin ser explicada. El pasado día 19, Sánchez mostró en el Congreso una resistencia numantina a aclarar si Marruecos forzó la salida de la ministra González Laya, evitando responder a lo largo de dos horas a las preguntas sobre una cuestión de Estado que elevaron tanto los partidos de la oposición como sus aliados. ” No es aceptable que Sánchez postergue por más tiempo el ejercicio de transparencia debido sobre el precio que España está pagando por satisfacer a Mohamed VI”. El sultán se ha caracterizado por su animosidad contra España, especialmente desde que José María Aznar lo puso en ridículo con motivo del incidente en el islote de Perejil. En compensación a sus muchos atropellos a España y a los españoles, me atrevo a pedirle que nos haga un pequeño favor en nombre de Alá, el compasivo y misericordioso, del que es el representante en Marruecos y cercanías en su calidad de Comendador de los Creyentes. Ya que tiene tanta influencia sobre su colega Sánchez, le ruego que le solicite la jubilación anticipada de la ministra de Igualdad y su devolución a la Caja del supermercado del que nunca debería haber salido. Madrid, 29 de abril de 2023