El Gobierno condona la insumisión de la Generalitat al no aplicar la sentencia del TSJC en materia educativa

EL GOBIERNO CONDONA LA INSUMISIÓN DE LA GENERALITAT AL NO CUMPLIR LA SENTENCIA DEL TSJC EN MATERIA EDUCATIVA Como en los últimos 50 años voy a pasar el verano con mi familia en la deliciosa playa de los Eucaliptus en el Delta del Ebro. Al llegar he encontrado con que la situación en Cataluña continúa siendo lamentable. De un lado, ha bajado la tensión política al reconocer parte del nacionalismo el fracaso de la declaración unilateral de independencia, y decidido poner sordina a su reivindicación separatista para cuando vengan tiempos mejores. Ha contando con la connivencia del Gobierno de la Nación, que ha indultado injustamente a los sediciosos y aceptado una “mesa de negociación en pie de igualdad entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat, en la que Pedro Sánchez se muestra propicio a hacer a los independentista las concesiones que sean necesarias para poder mantenerse en la Moncloa, como se ha puesto de manifiesto en la última sesión de la citada mesa bilateral, de la que la presidenta de la delegación catalana, Laura Villagrá, ha declarado que, con este pacto, se imposibilita la imposición de porcentajes en los centros educativos y se entierra el recurso sistemático a la batalla judicial del Estado contra el modelo educativo catalán. Ha añadido que hay que resolver el conflicto de fondo, que pasa por que la ciudadanía pueda votar sobre su futuro en libertad y ejercer su derecho a la autodeterminación. Ha concluido ufana que ésta será una de las muchas citas entre los dos Gobiernos, que acabarán en la celebración pactada de una consulta sobre la independencia de Cataluña, a la que nunca enunciarán. De otro, la Generalitat está poniendo toda la carne en el asador para imponer el monolingüismo catalán en la Administración y en la escuela para reforzar la identidad de Cataluña, y degradar a la lengua oficial del Estado y de Cataluña a la situación de una lengua extranjera, incumpliendo abierta y descaradamente las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del Tribunal Supremo´(TS) y del Tribunal Constitucional (TC). El Gobierno había adoptado una actitud abstencionista y se había negado a imponer la sentencia del TSJC que obliga a enseñar en todas las escuelas un mínimo de asignaturas en castellano, incluida una asignatura troncal distinta de la de Lengua y Literatura Española, pero ahora se ha quitado ya del todo la careta y apoyado a la Generalitat en su negativa de aplicar la citada sentencia. Insumisión de la Generalitat a cumplir la sentencia del TSJC y condonación del Gobierno La Generalitat está habituada a incumplir las sentencias de los Tribunales, con la anuencia pasiva de los Gobiernos de turno, pero nunca hasta ahora se había llegado a la insólita situación de que el Gobierno de la Nación no sólo haga la vista gorda sobre los incumplimientos del Govern, sino que los apoye expresamente, y respalde la normativa fraudulentamente elaborada por la Generalitat y por el Parlament para justificar el citado incumplimiento. Examinemos brevemente los antecedentes. La Generalitat lleva años imponiendo la inmersión del catalán en la enseñanza e impidiendo la escolarización en castellano de los niños que tengan el español como su lengua materna. Los padres que pretendían con todo derecho que sus hijos fueran escolarizados en español o que al menos se les impartieran algunas asignaturas en dicha lengua tenían que recurrir a los tribunales de justicia con todo el gasto económico y desgaste social que semejante osadía suponía. Los Tribunales solían darles la razón, pero –como las sentencias no sentaban jurisprudencia y no tenían un valor general- sólo eran aplicables a los niños afectados y los directores de las excuelas recurrían a toda clase de tretas y presiones para no cumplir las sentencias, con el pleno respaldo del Govern y del “hábitat” escolar dominado por el nacionalismo. Esta situación cambió cuando en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se adoptó la LOMCE, en la que se establecía la obligación de las Administraciones educativas de garantizar la enseñanza en castellano en una “proporción razonable” en las Comunidades Autónomas bilingües. Ante el reiterado incumplimiento de esta obligación en Cataluña, el ministro de Educación -Íñigo Méndez de Vigo- ordenó que se presentara un recurso contra la Generalitat, de modo que -al tratarse de una demanda en nombre del Estado- el fallo que eventualmente dictara el TSJC tendría valor “erga omnes”. En su sentencia de 16 de diciembre de 2020, el Tribunal sentenció que la Generalitat estaba obligada a tomar las medidas que permitieran a todos los alumnos recibir “de manera efectiva e inmediata” al menos un 25% de la enseñanza en cualquiera de las lenguas cooficiales. La Generalitat recurrió el fallo, pero -en su auto de 23 de noviembre de 2021- el TS rechazó el recurso y confirmó la sentencia, que pasó a ser firme e inapelable. Tanto el presidente Pere Aragonés como su consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray se negaron a acatar la sentencia. alegando que se trataba de una intromisión judicial en las competencias de la Generalitat, e iniciaron una serie de maniobras para impedir su ejecución. Un día antes de que se acotara el plazo concedido por el TSJC, el Govern dictó el Decreto-Ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se prohibía que se establecieran porcentajes de horas en la enseñanza, con lo que impedía que se aplicara el mínimo de enseñanza en castellano del 25% establecido en la sentencia. Al mismo tiempo, el Parlament elaboró la Ley 8/2022 de Lenguas Oficiales de la Enseñanza no Universitaria, adoptada con el apoyo de los partidos nacionalista, el PSC –que había votado hipócritamente en contra del Decreto-Ley- y los Comunes. La Ley establecía el catalán como la única lengua vehicular en las escuelas, relegando el español al rango de lengua curricular, y dejando a los directores de los centros la latitud de decidir el número de horas impartidas en castellano en función de la situación del entorno sociolingüístico. No bastando este atropello anticonstitucional, el impresentable consejero Gonzàlez –que esconde su ascendencia española cambiando el acento agudo de la “á” por el grave “à”- ha remitido a los directores de los centros unas “Instrucciones del Departamento de Educación para el próximo inicio del curso escolar”, tituladas “Documento para la organización y gestión de los centros: Curso 2022-2023”. En ellas se advierte que el catalán no es sólo una lengua objeto de aprendizaje, sino “las lengua de la institución y, por tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general”. Se indica que se deben llevar a cabo en catalán “las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas informes…), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación de los profesores, las actividades extraescolares o el comedor”. Los equipos docentes deben ser conscientes del uso profesional que haga de la lengua catalana, que debe ser “modelo lingüístico de referencia para el alumnado”. Para completar el orwelliano “diktat”, el consejero ha obligado a la Dirección de las Escuelas a que designen un “coordinador lingüístico” para que vele por el uso institucional del catalán, de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña. Los comisarios políticos de Stalin durante la Guerra Civil española van a resultar unos angelitos comparados con los nuevos Savonarolas nacionalistas. Sólo quedará a salvo de su inquisitiva e inquisidora mirada los actos íntimos en los W.C. y los partidos de fútbol en el patio de la escuela, aunque no me extrañaría que pusiera cámaras de TV para evitar posibles abusos de los monitorizados. Como ha observado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, la Generalitat quiere implantar un régimen de terror identitario en los centros educativos. Sabe de sobra que esta normativa es inconstitucional, pero quiere aprovecharse del tiempo ganado hasta que se pronuncie el TC para imponer su doctrina mediante chantajes y coacciones Tibia actitud del TSJC El TSJC ha actuado hasta ahora de forma impecable y valiente pese a las tremendas presiones realizadas por la Generalitat, sus medios de comunicación y los “apesebrados”, y el entorno social nacionalista, pero es comprensible que en un momento dado abandone, muy a su pesar, su papel de héroe y haga concesiones al insaciable nacionalismo. Tras las maquiavélicas maniobras de la Generalitat, el Tribunal constató la falta de ejecución de su sentencia por parte de la Generalitat pese a sus reiterados requerimientos. Recibió incluso presiones de la Abogacía del Estado para que diera mayor margen de tiempo para la ejecución. Ante la solicitud de la Generalitat de que reconociera la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia ante el cambio de situación –cláusula “rebus sic stantibus”- provocada por la fraudulenta nueva normativa, el TSJC cedió y reconoció que efectivamente no se podía ejecutar como consecuencia de la normativa sobrevenida, pese a que le suscitaran dudas su constitucionalidad, pero estas dudas no se materializaron en la sumisión del caso al veredicto del Tribunal Constitucional, quizás en la vana esperanza de que lo hiciera el Gobierno, como hubiera sido su deber. No obstante, el Tribunal ha recapacitado y la Sala quinta de lo Contencioso-administrativo sometió el pasado día 28 el caso a la consideración del TCl, al considerar que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña vulneraba varias disposiciones tanto el Estatuto como la Constitución, incluido el derecho fundamental a la educación. “Las nuevas normas legales responden a un modelo lingüístico diferente al que aplicó la sentencia. Un modelo en el que una lengua se configura preferente frente a otra, como la única de uso vehicular normal, lo que desborda el objetivo de normalización social del catalán, que es lo que el modelo constitucional admite en el marco de una paridad lingüística que ambas normas legales niegan”. Según el Tribunal, la condición de lengua oficial impone necesariamente su uso normal por las Administraciones públicas sin que éstas puedan establecer una preferencia a favor de alguna de las lenguas. La maniobra del Govern ha puesto en evidencia “una voluntad manifiesta de apartarse del cumplimiento de las sentencias a que viene obligada por imperativo de los artículos 113 y 118 de la Constitución”. Es obvio que la conducta de la Generalitat, además de fraudulenta, es anticonstitucional y está en contradicción con la jurisprudencia del TC, pero el problema radica es que pasará bastante tiempo antes de que el Tribunal se pronuncie y, para entonces, puede que la institución haya cambiado de orientación. Sánchez considera que la Fiscalía General del Estado es un resorte más del Gobierno y lo mismo pretende hacer con los Tribunales de Justicia. Los jueces españoles –salvo deshonrosas excepciones- son independientes y hasta ahora no han cedido a las pretensiones anexionistas del presidente del Gobierno. Es bien conocida su intención de controla el TC y éste es uno de los tribunales menos judiciales que existen, debido a su composición por muchos que no son jueces y a su politización. Si Sánchez consiguiera formar una mayoría con Condes Pumpidos, no sería sorprendente que el Tribunal modificara su jurisprudencia para satisfacer a los independentistas. Condonación por el Gobierno de las arbitrariedades de la Generalitat y del Parlament El Gobierno se había puesto hasta ahora de perfil, había tolerado los incumplimientos de las sentencias por parte de la Generalitat y se había negado a hacer ejecutar la sentencia y a plantear ante el TC la inconstitucionalidad de la nueva normativa catalana. Ahora ha dado un paso sumamente grave al apoyar expresamente la negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25%, dar por inaplicable dicha sentencia, aceptar el monolingüismo en la enseñanza en Cataluña y la no consideración del español como lengua vehicular en Cataluña, y estimar que eran constitucionales el Decreto-Ley 6/2022 y la Ley 8/2022. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido la desfachatez de decir que estas normas son un muy buen ejemplo de lo que deben ser los acuerdos transversales, y que son perfectamente constitucionales. Esta afirmación es especialmente grave porque Bolaños -a diferencia de su jefe Sánchez- es un buen jurista y sabe perfectamente que dichas normas, adoptadas para justificar el incumplimiento de una sentencia firme avalada por el TS, son anticonstitucionales, como ha señalado el TSJC, por lo que está prevaricando. La otra gran concesión del Gobierno ha sido su compromiso para “desjudicializar la política” en Cataluña y “rechazar la criminalización de los proyectos políticos democráticos y abogar por buscar soluciones en el marco de la seguridad jurídica. Atendiendo a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal”. Parta esta panda de ignorantes como Yolanda Díaz, Miquel Iceta e Isabel Rodríguez –no en el caso de Bolaños, que no lo es y de ahí su mayor responsabilidad- es normal que el Gobierno sacrifique los intereses generales de España a los particulares de la Genertalitat –que no de Cataluña que, en su mayoría no es nacionalista-, con tal de que el Caudillo Sánchez continúe en el poder. Para estos genios de la alta política celebrar un referéndum ilegal de autodeterminación es un “proyecto democrática” y exigir la secesión de Cataluña de España y declarar unilateralmente su independencia es una “demanda democrática”. Han ningunean al TS que ha condenado por sediciosos y malversadores a los responsables del proceso del 1-O, desautorizado al TSJC y desprestigiado a la justicia española, que actúa –según ellos- por venganza contra unos patriotas catalanes pacíficos y benéficos. Como ha señalado Iñaki Ellacurría, cinco años después de los nefastos sucesos, los responsables de los mismos –apresurada e injustificadamente indultados- se sientan ahora en una “mesa de negociación”, donde aprueban un acuerdo redactado al alimón por el Gobierno y por ERC para desjudicializar la política catalana; a saber, “la consagración de la impunidad para los delito pasados, presentes y futuros del nacionalismo”. El independentismo insistió desde el principio en tener bajo el control del Govern los movimientos de la justicia de Cataluña, como se puso claramente de manifiesto en la disparatada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Y el Gobierno de la Nación ha ayudado a promover este objetivo frenando las investigaciones contra dirigente nacionalistas, como en los casos de las conexiones de Davis Madí y Josep Lluis Alay con fuerzas oscuras de la Rusia de Putin, o la querella contra la hasta ahora presidenta del Parlament, Laura Borrás, por corrupción y prevaricación, o presionando sobre el Tribunal de Cuentas para exonerar a los políticos nacionalistas de las multas impuestas y devolverles las fianzas, o respaldando ahora las leyes inicuas para impedir la ejecución de la sentencia del TSJC. Uno de los casos más notorios en los que cabe apreciar la presión conjunta de la Generalitat del Gobierno sobre la Fiscalía, ha sido la reciente negativa del Fiscal-Jefe de Cataluña, Francisco Bañares, a dar curso a las demandas del PP, Ciudadanos, Hablemos Español y Convivencia Cívica Ciudadana, y a la querella de Vox, contra el consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, por los delitos de desobediencia y de prevaricación por incumplir la sentencia del TSJC, y adoptar una serie de medidas para impedir du cumplimiento. La Fiscalía ha archivado estas demandas y ha propuesto al TSJC que no se pronuncie sobre el caso. Gonzàlez-Cambray –como su jefe Pere Aragonés- criticaron acerbamente la sentencia por considerarla una grosera injerencia del Tribunal en las competencias de la Geeneralitat en Educación, y afirmó que ni acataba el fallo, ni lo aplicaría. A las palabras siguieron los hechos y emitió instrucciones a los directores de los centros educativos para que no la aplicaran y siguieran con sus programas de inmersión total,y los exoneró de cualquier responsabilidad por el incumplimiento, que asumió la Generalitat. Apoyó la decisión de la escuela de Canet de Mar de negar enseñanza en castellano a la niña a la que el TSJC había reconocido el derecho a recibirla e incluso se manifestó en contra de la sentencia ante las puertas de la escuela. Bañares es un profesional del Derecho y conoce perfectamente la existencia del artículo del Código Penal que se ajusta como un guante a la conducta del consejero. En efecto, según el artículo 410-1, las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses y a inhabilitación para empleo o cargo público por seis meses a dos años. González-Cambray es autoridad y funcionario público y se ha negado a aplicar la sentencia del TSJC, ergo…¿Cómo tiene Vd., Sr. fiscal, la desfachatez de decir que no ha realizado continuos actos de desobediencia? ¿Qué más tiene que hacer el rebelde y provocador consejero para que se le reconozca como desobediente? Como no tiene argumentos de fondo, Bañares se ha ido por las ramas formales y alegado que el TSJC –que es el competente para pronunciarse sobre la acusación- no ha deducido testimonio de desobediencia del demandado, entre otras razones porque el fiscal lo está impidiendo. Si el TSJC es el que debe pronunciarse, deje, Sr. fiscal, que lo haga y no ponga palos en ls ruedas. Bañares tiene el cinismo de afirmar que no hay noticia de que ningún centro haya dado una expresa negativa a alaguna petición concreta de una familia para que se cumpla la sentencia. Llega hasta el extremo de decir que no había constancia de que las instrucciones enviadas por la Consejería de Educación a los Centros entraran en contradicción con el fallo del TSJC, ni que hubieran impedido a los alumnos recibir una enseñanza para tener un dominio del castellano. Yo no sé si ha sido expresa o tácita, pero es público y notorio que numerosas escuelas -siguiendo las instrucciones dadas por el consejero- se han negado a impartir enseñanza en español, incluso cuando ha habido una sentencia “ad hoc” como en el caso de Canet. Es asimismo innegable que la Generalitat discrimina a los niños catalanes cuya lengua materna es el español y les impide ser escolarizados en la lengua oficial del Estado y de Cataluña. Ha añadido que de la “desatención” –bonito eufemismo- al fallo del TSJC no puede deducirse sin más del envío de unas instrucciones a los centros, ya que con ellas no se quería un determinado proyecto lingüístico. El Govern” –a instancias de Gonzàlez- dictó un decreto-ley por el que se prohibía que se establecieran porcentajes de horas en la enseñanza, y presentó un proyecto de ley –aprobado con celeridad por el Parlament- que modificaba el modelo educativo en Cataluña e impedía que se se aplicara ls sentencia del 25%. Por si no fuera suficiente, el consejero ha impartido unas directrices para el curso 2022-2023 que excluyen al español, no sólo de la enseñanza, sino de cualquier actividad no académica dentro de la escuela. Bañares también debe saber que el artículo 404 del Código Penal establece que se considerará que ha prevaricado la autoridad o funcionario que dicte una resolución arbitraria en el ámbito administrativo a sabiendas de su injusticia. El consejero ha tomado diversas decisiones prevaricadoras siendo plenamente conscientes de que eran contrarias a la Constitución, al Estatuto y a las leyes. No cree el fiscal que Gonzàlez haya prevaricado porque la aprobación del decreto entraba dentro de las competencias del Govern y su confirmación por el Parlament caía bajo el ámbito de su competencia legislativa. Nadie ha negado al Govern competencia para dictar decretos-leyes, ni al Parlament facultad para confirmarlos. Cuestión bien distinta es que el Govern dicte un decreto-ley contrario a las leyes –como el 8/2022- y la cámara autonómica lo revalide. Bañares ha concluido que las actuaciones de González “no revisten los caracteres propios de los ilícitos penales”, con lo que no estoy en absoluto de acuerdo, ya que el consejero ha cometido sendos delitos de desobediencia y de prevaricación. Aún más, hay indicios racionales de que -al ordenar el archivo de las demandas contra Gonzàlez- Bañares pueda estar cometiendo un delito de prevaricación. Situación tras le decisión condonadora del Gobierno La situación producida tras la decisión del Gobiernos de condonar los actos arbitrarios de la Generaltat ha sido magistralmente descrita en el editorial de “ABC” titulado “Deslegitimar el sistema”. La “mesa del diálogo” no es más que un “foro de cesión” impulsado por Sánchez para “normalizar” las relaciones con la Generalitat, acabar con la “represión”, y acometer la ”resolución del conflicto” entre España y Cataluña. El Gobierno ha asumido sin más el metalenguaje del nacionalismo, una fórmula repleta de eufemismos que esconden un chantaje al Estado. Una de las principales cesiones del Gobierno ha sido la de respaldar el incumplimiento por la Generalitat de la sentencia del TSJ del 25%. El Gobierno se ha comprometido expresamente a marginar el español en Cataluña y ha ordenado a la Abogacía del Estado que no defienda el cumplimiento de los fallos judiciales que perjudiquen al idioma catalán, al que hay que defender. Ningunea a los jueces y apoya las normas autonómicas adoptadas para desobedecer las sentencias de los tribunales. La segunda concesión en importancia es la de la “desjudicialización” del proceso separatista con el que el Gobierno acepta maniatarse, y adopta medidas para evitar la prisión, el exilio, la inhabilitación, las multas y la multitud de causas judiciales vinculadas al procès. Sánchez completó su ejercicio de deslegitimación del sistema judicial con una encendida defensa de la honorabilidad de Griñán y de Chaves, aduciendo que con la sentencia del TS pagaban justos por pecadores”. Esta actitud y la mostrada con su respaldo de la acción de la Generalitat en materia educativa, revelan su manera de entender la justicia. “El Mundo”, a su vez, ha afirmado que el independentismo tiene atrapado al Gobierno y –en el marco de la bilateralidad extraparlamentaria- le ha arrancado el amparo a la política de “apartheid” lingüístico nacionalista. Moncloa ha dado por enterrada la sentencia del TSJC que obliga a que se imparta en las escuelas catalanas al menos un 25% de las clases en castellano. Asimismo se ha comprometido a respaldar al Govern en su cruzada para erradicar el español en todos sus espacios de las escuelas catalanas. Lejos de cumplir con su obligación como garante del ejercicio de los derechos fundamentales de todos los españoles, el Gobierno se ha vuelto a plegar a las exigencias de los independentistas. “El Govern persiste en el desacato en el que lleva instalado hace años, mientras Pedro Sánchez se presta a que las normas y las sentencias de los tribunales no se cumplan en Cataluña”. Estrambote final El eslogan turístico esbozado por Manuel Fraga de que “Spain is different”se ha convertido lamentablemente en una realidad. España es efectivamente diferente del resto del mundo ¿En qué país se nombraría ministro de Cultura a un alumno que estudió Ciencias Químicas y no logro superar el curso selectivo, pasó a estudiar Economía y durante cinco años, no consiguió aprobar el primer curso y tuvo que abandonar la Universidad por haber agotado las convocatorias?... Claro está que el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, sólo se preocupa de fomentar la cultura catalana, a la que reduce a los autores que escriban en lengua catalana, ignorando a escritores de la talla de Gironella, Marsé, Mendoza, Cercas o Ruiz Zafón. Su más reciente acto de despotismo –no precisamente ilustrado- favoritismo y sectarismo ha sido la concesión de subvenciones por parte de su Ministerio, el 85.39% de las cuales han recaído sobre instituciones culturales de Cataluña –€6.430.000-. De las 15 entidades agraciadas por el maná cultural de la madrastra España, 13 eran catalanas, incluido el Palau de ls Música, que se ha significado por albergar en su sede diversos actos de propaganda independentista. Iceta –junto con Yolanda Díaz, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez- integraron el cuarteto de ministros de la vergüenza que formaron la delegación española en la última Cumbre bilateral entre el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat. Los cuatro posaron para una histórica foto que inmortalizara el rotundo éxito de la negociación para España, en la que aparecen desternillándose de risa. ¿De qué se reían estos insensatos? Una respuesta verosímil sería que se reían de los españoles y de España, a la que han entregado a los enemigos –ERC y Bildu- que quieren destruirla. Playa de Amposta, 31 de julio de 2022