La farsa de la renovación del CSPJ

LA FARSA DE LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Han transcurrido 1.355 días desde que cumplió el mandato del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno del PSOE y de su aliado Podemos (Ps) y el principal partido de la oposición -el PP- se culpan mutuamente de esa lamentable situación. El origen de la actual crisis se encuentra en la pretensión de unos más –PSOE y Ps- y otros menos –PP- de controlar el poder judicial a través del del CGPJ y del Tribunal Constitucional (TC), como puso de manifiesto de forma magistral el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Lesmes, en su discurso inaugural del Año Judicial de 2022, que se centró en “la independencia del poder judicial como garantía de nuestra democracia”. Antecedentes dela crisis del CGPJ Según el artículo 122 de la Constitución, el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y está integrado por el presidente del TS y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, doce de ellos entre jueces de las distintas categorías judiciales, y los otros ocho elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre juristas de reconocida competencia, cuatro a propuesta del Congreso y otros tantos a propuesta del Senado. La Constitución establece que los jueces de procedencia judicial serán elegidos “en los términos que establezca la ley orgánica”, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que “determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera”. Del espíritu de la Constitución y del examen de los antecedentes históricos de su elaboración cabe deducir que la voluntad de los constituyentes era que los consejeros de origen judicial fueran escogidos por sus pares. De no haber sido tal el caso, habría bastado con extender el modo de elección de los juristas a todos los consejeros. Así lo entendió el Gobierno de turno que, en la LOPJ de 1980, estableció que los miembros del procedencia judicial serían elegidos por sus colegas de profesión. No obstante, el Gobierno de Felipe González modificó en 1986 la LOPJ y decidió que fueran elegidos por las Cortes. El PP presentó un recurso de anticonstitucionalidad, pero el TC –en su sentencia de 29 de julio de 1986- avaló la legalidad del cambio, alegando que la forma de elección no estaba predeterminada en la Constitución, ya que la remitía a una futura ley orgánica. El Tribunal no se quedó con la conciencia tranquila por su decisión y advirtió que se corría el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si -a la hora de efectuar sus propuestas- las Cámaras olvidaban el objetivo perseguido y atendían sólo a la división de fuerzas existentes en su seno, y distribuían los puestos a cubrir entre los partidos en proporción a su fuerza parlamentaria. “La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y, entre ellos y señaladamente, el poder judicial”. La existencia y la probabilidad de ese riesgo creado por un precepto que hacía posible una actuación contraria al espíritu de la Constitución, parecía aconsejar su sustitución por otro precepto, pero no era fundamento suficiente para declarar su invalidez. El precepto impugnado era susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no imponía necesariamente actuaciones contrarias a ella. Los temores del TC se materializaron y los dos partidos mayoritarios se distribuyeron los puestos en el Consejo en proporción a su situación parlamentaria, y nombraron consejeros a jueces cercanos a sus respectivas ideologías, dejando los criterios de capacidad y mérito en un segundo plano. Según el magistrado del TS, José Luis Requero, el CGPJ ha pasado a ser botín de los partidos políticos, que han primado no el esfuerzo, el mérito y la capacidad, sino la relación personal, la afinidad ideológica o el saber situarse o relacionarse. El poder judicial no podía seguir siendo una orquesta sin director ni partitura, pero el director no podía ser el poder ejecutivo, porque, en ese caso, se acabaría la interpretación orquestal y sería sustituida por un solo actor gubernamental Para Rafael Jiménez Asenjo, la elección de todos los miembros del CGPJ por las Cortes suponía una lectura inadecuada del principio de separación de poderes establecido en la Constitución, porque, en vez de garantizar un régimen de pesos y contrapesos –“checks and balances”- entre los tres poderes, permitía un confuso maridaje del ejecutivo- legislativo con el judicial, y carecía del equilibrio requerido. Pretender que las Cortes validaran un pacto entre los partidos políticos sin una comprobación objetiva de la competencia profesional y de la integridad moral de los candidatos propuestos era un insulto a la inteligencia política de los ciudadanos. Los partidos metían la cuchara política hasta el fondo del plato, con el fin de tener un poder judicial domesticado y a su servicio. Esto es lo que ha pretendido el actual Gobierno, que está haciendo todo lo posible -sin reparar en medios- para controlar el poder judicial. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para alcanzar la mayoría requerida para la renovación, el PSOE y su socio “podemita” presentaron una proposición de ley para fijar la mayoría simple como baremo para la elección de los miembros del Consejo de procedencia judicial, pero tuvieron que cejar en su empeño cuando la Comisión Europea le mostró a Sánchez la tarjeta amarilla, y le recordó la recomendación de la UE y de la Comisión de Venecia de que los jueces fueran elegidos preferentemente por sus pares. No obstante, el Gobierno cometió una nueva fechoría al realizar una reforma de la LOPJ para prohibir al CGPJ que, a partir del momento en que hubiera expirado su mandato, ejerciera su función de nombrar magistrados para cubrir las vacantes que se produjeran. Situación actual del CGPJ Como ya dije al principio, el PSOE y Ps no son los únicos culpables de la situación de no renovación del CGPJ, sino que el PP también tiene una importante cuota de responsabilidad. A pesar de su fallido recurso y a la inclusión en su programa electoral de la modificación de la LOPJ para regresar a la fórmula de elección judicial de 1980, cuando el PP llegó al poder incumplió su promesa y mantuvo la fórmula socialista, incluso cuando gobernó con mayoría absoluta. En 2018, llegó a un acuerdo con el PSOE de intercambio de cromos para la constitución de un CGPJ de mayoría progresista, bajo la presidencia del prestigioso magistrado Manuel Marchena, pero el chanchullo se fue al traste cuando se filtró el imprudente comentario del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cossidó, en el que justificaba la renovación acordada como una estupenda jugada que permitiría al partido controlar la Sala Segunda del TS “por la puerta de atrás”. Marchena renunció dignamente a su candidatura y el acuerdo quedó bloqueado. Pablo Casado, propuso volver al “statu quo ante”, pero su propuesta –que carecía de credibilidad- fue rechazada por el Congreso. Los Gobiernos tienen la tentación de ocupar todas las parcelas del poder y el de Sánchez aspira a controlar la esfera judicial, en contra de la independencia de los jueces y a favor de sus intereses. La solución sería renovar el CGPJ y a la vez modificar el modo de elección de sus miembros. En septiembre de 2021, el PP propuso renovar el CGPJ conforme a la normativa en vigor, siempre que el Gobierno presentara previamente en las Cortes una propuesta para enmendar la LOPJ conforme a lo establecido en 1980, pero el Gobierno se negó en redondo. A lo más que llegó la ministra-portavoz , Isabel Rodríguez, fue a señalar que –una vez cumplida la Constitución y la ley- el Gobierno podría afrontar la reformas. La ministra de Justicia -la juez Pilar Llops- fue más restrictiva aún al afirmar: “Renovemos los órganos constitucionales y abramos posteriormente los debates”. Cabría haberle dicho al Gobierno lo de Don Juan Tenorio. “¡Cuan largo me lo fiáis!”. El Gobierno supeditaba la reforma a la renovación, para una vez conseguida ésta y formado un Consejo con una mayoría de miembros afines, “si te vi no me acuerdo”. La renuencia del PP era, por tanto, comprensible, porque –como se ha preguntado Carlos Herrera- “¿qué valor tiene la palabra de Pedro Sánchez?”. La clave de esta radical actitud la dio el nuevo fontanero mayor del Reino y perpetrador de las continuas chapuzas del Gobierno, Félix Bolaños, cuando afirmó que, en una sociedad democrática, los jueces no podían elegir a los jueces, ni los políticos a los políticos. Esta afirmación era del todo falaz porque los jueces sí eligen a los jueces –o, al menos, a la mayoría de ellos- en los países democráticos de la UE, y los políticos eligen a los políticos, tanto en las Cortes como en el Gobierno. Sánchez, acusó al PP de “insumisión constitucional” y “tuiteó” que su Gobierno se enfrentaba a la oposición más furibunda de Europa, que había bloqueado durante más de mil días la renovación de los órganos constitucionales, lo que lo situaba fuera de la Constitución. Esto lo decía un presidente que ha vulnerado la Constitución cuantas veces le ha convenido, recurrido hasta la saciedad por razones de inexistente urgencia a los decretos-leyes que luego eran declarados inconstitucionales por el TC, y condonado la insumisión de la Generalitat a cumplir las sentencias de los Tribunales. No obstante, en octubre de ese año el Gobierno y el PP llegaron a un acuerdo para renovar a un tercio de los miembros del TC y a todos los miembros del Tribunal de Cuentas, y para elegir Defensor del Pueblo a Ángel Gabilondo, y Directora de la Agencia de Protección de Datos a Belén Cardona. El compromiso negociado por Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue nefasto para los intereses españoles. El PP colocó en el TC a sus candidatos Concha Espejel y Enrique Arnaldo –acusado de corrupto por la izquierda-, y el PSOE a los suyos, Juan Ramón Sáez –juez progresista radical- e Inmaculada Montalbán. Aunque se dijo que había sido una selección por consenso de “profesionales de prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional”, por primera vez ninguno de los seleccionados era magistrado del TS y -en opinión de muchos expertos- no eran los candidatos más cualificados para el TC. El Tribunal de Cuentas fue entregado al PSOE. El PP sacrificó a su vicepresidenta, Margarita Mariscal de Gante -que había sido la ponente de la sentencia que condenó a los sediciosos políticos catalanes a una importante sanción económica-, porque había sido ministra de Justicia en el Gobierno de Aznar -aunque no parecía importarle que también lo hubiera sido la Fiscal General, Dolores Delgado, en el Gobierno de Sánchez. Los socialistas entraron a saco en el Tribunal y no tardaron en exonerar a los sediciosos para que el presidente pudiera saldar parte de su deuda con los paridos separatistas catalanes. Gabilondo habría sido un buen candidato si no se hubiera desprestigiado durante su período al frente del PSOE madrileño, en el que mostró su faz sectaria de político socialista, y su falta de objetividad y de neutralidad requeridas para desempeñar un puesto tan importante para todos los ciudadanos , con independencia de sus idea políticas. El nombramiento en la Agencia de Protección de Datos fue anulado por el TS. Ambos partidos afirmaron que no se habían acercado las posturas sobre la renovación del CGPJ, pero, por la reciente filtración del diario “El País” –siempre al servicio de S.M. el Gobierno socialista de turno- hemos sabido los ciudadanos españoles que el 21 de octubre de 2021, los susodichos Bolaños y García Egea habían firmado un acuerdo secreto para que los grupos parlamentarios de ambos partidos presentaran conjuntamente en las Cortes una proposición para la reforma de la LOPJ, a fin de conseguir el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del TC causado por la no renovación del CGPJ -después de la elección por las Cámaras de los nuevos miembros del TC, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia Española de Protección de Datos-, mientras se seguía buscando un acuerdo para la renovación del CGPJ. Todo era posible –según García Egea- con voluntad e intención de ceder y en ello, nadie ganaba al PP de Casado y su “factotum” García Egea. El acuerdo era tan secreto que no fue conocido por la mayoría de los dirigentes del PP y –según declaró a “El País” el flamante secretario del Partido, Alberto Núñez Feijóo- ni siquiera por él. El texto del citado acuerdo fue conocido –al parecer- por la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y por el responsable de Justicia, Esteban González Pons, cuando les fue mostrado por el propio Bolaños, perejil de todas las salsas jurídicas. La noticia sobre el acuerdo no ha sido revelada por el BOE-bis del PSOE por “animus informandi”, dado que es más que probable que el periódico lo conociera desde hace tiempo, sino para crear confusión y enfrentamientos en el seno del PP, en un momento en que hasta las encuestas cocinadas por el “gurú” socialista, José Félix Tezanos, auguran una ventaja del PP sobre el PSOE en el caso de que se celebraran unas elecciones generales. “Cui prodest?”. El periódico –especialmente a través de sus reporteras Natalia Junqueras y Elsa García de Blas- airea en sus páginas la simpar noticia un día sí y otro también, y ha lanzado una campaña por tierra, mar y aire para desprestigiar a Feijóo. A ella se ha sumado el Rasputin monclovita Bolaños, que ha repetido a las invectivas de su jefe “ad personam”, al afirmar que no era de fiar porque no cumplía lo que firmaba su partido. Lo ha acusado de mentir cuando declaró a “El País” que no tenía conocimiento del texto del acuerdo. Con independencia de que Feijóo conociera o no el texto del susodicho acuerdo –y, a la hora de valorar el crédito de los personajes, me parece más digno de fiar Feijóo, que un presidente Sánchez o un ministro Bolaños que utilizan la mentira como una de las bases de su Gobierno. En todo caso, Feijóo ya le dijo a Sánchez en su primera entrevista que estaba dispuesto a negociar todos los temas pendientes –incluida la renovación del CGPJ-, pero a partir de cero. Aún en el caso hipotético de que Feijóo conociera el texto, el pacto Bolaños – García Ejea no es un tratado internacional que deba ser respetado por las Partes, sino de un mercadeo político que, a lo sumo, obligaría a sus signatarios. El secretario general del PP tiene el derecho y el deber de no respetar un pacto secreto si considera que sus cláusulas son contrarias a los intereses de España. Aunque lo pretenda –como ha ocurrido con su misiva sobre el Sáhara Occidental al rey de Marruecos, Mohamed VI- Sánchez, por fortuna, no se confunde necesariamente con España. a pesar de su pretensión de asumir los poderes ejecutivo, legislativo, judicial e incluso real. Sobre el fondo de la cuestión de la renovación del CGPJ, el PP de Feijóo debería dejarse de titubeos y mantener sus principios, tal como hizo al adoptar la LOPJ de 1980, al presentar su recurso ante el TC y al incluir en su programa electoral su compromiso de que los miembros de procedencia judicial del Consejo sean elegidos por los jueces. Lleva razón en su posición y cuenta con el apoyo de la UE, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa, así como de la mayoría del pueblo español, que está ya harto de los desafueros de Sánchez y de su Gobierno social-comunista. Por supuesto que es anómalo que el CGPJ llevé más de tres años sin ser renovado, como ha manifestado por activa y por pasiva su presidente Lesmes, pero la situación de la justicia no se ha deteriorado tan gravemente como afirma el Gobierno, porque el Consejo sigue en funciones y cumple con su cometido cuando el Gobierno lo deja. Ha sido precisamente éste el que ha puesto en riesgo a la justicia cuando ha intentado reducir el “quorum” requerido para el nombramiento de los consejeros judiciales o ha privado al CGPJ de su función fundamental de hacer nombramientos judiciales. El PP debe mantener su postura hasta que el Gobierno acceda a cumplir los mandatos de la UE y del Consejo de Europa sobre la designación de los miembros del CGPJ. Playa de Amposta, 22 de agosto de 2022

El Gobierno condona la insumisión de la Generalitat al no aplicar la sentencia del TSJC en materia educativa

EL GOBIERNO CONDONA LA INSUMISIÓN DE LA GENERALITAT AL NO CUMPLIR LA SENTENCIA DEL TSJC EN MATERIA EDUCATIVA Como en los últimos 50 años voy a pasar el verano con mi familia en la deliciosa playa de los Eucaliptus en el Delta del Ebro. Al llegar he encontrado con que la situación en Cataluña continúa siendo lamentable. De un lado, ha bajado la tensión política al reconocer parte del nacionalismo el fracaso de la declaración unilateral de independencia, y decidido poner sordina a su reivindicación separatista para cuando vengan tiempos mejores. Ha contando con la connivencia del Gobierno de la Nación, que ha indultado injustamente a los sediciosos y aceptado una “mesa de negociación en pie de igualdad entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat, en la que Pedro Sánchez se muestra propicio a hacer a los independentista las concesiones que sean necesarias para poder mantenerse en la Moncloa, como se ha puesto de manifiesto en la última sesión de la citada mesa bilateral, de la que la presidenta de la delegación catalana, Laura Villagrá, ha declarado que, con este pacto, se imposibilita la imposición de porcentajes en los centros educativos y se entierra el recurso sistemático a la batalla judicial del Estado contra el modelo educativo catalán. Ha añadido que hay que resolver el conflicto de fondo, que pasa por que la ciudadanía pueda votar sobre su futuro en libertad y ejercer su derecho a la autodeterminación. Ha concluido ufana que ésta será una de las muchas citas entre los dos Gobiernos, que acabarán en la celebración pactada de una consulta sobre la independencia de Cataluña, a la que nunca enunciarán. De otro, la Generalitat está poniendo toda la carne en el asador para imponer el monolingüismo catalán en la Administración y en la escuela para reforzar la identidad de Cataluña, y degradar a la lengua oficial del Estado y de Cataluña a la situación de una lengua extranjera, incumpliendo abierta y descaradamente las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del Tribunal Supremo´(TS) y del Tribunal Constitucional (TC). El Gobierno había adoptado una actitud abstencionista y se había negado a imponer la sentencia del TSJC que obliga a enseñar en todas las escuelas un mínimo de asignaturas en castellano, incluida una asignatura troncal distinta de la de Lengua y Literatura Española, pero ahora se ha quitado ya del todo la careta y apoyado a la Generalitat en su negativa de aplicar la citada sentencia. Insumisión de la Generalitat a cumplir la sentencia del TSJC y condonación del Gobierno La Generalitat está habituada a incumplir las sentencias de los Tribunales, con la anuencia pasiva de los Gobiernos de turno, pero nunca hasta ahora se había llegado a la insólita situación de que el Gobierno de la Nación no sólo haga la vista gorda sobre los incumplimientos del Govern, sino que los apoye expresamente, y respalde la normativa fraudulentamente elaborada por la Generalitat y por el Parlament para justificar el citado incumplimiento. Examinemos brevemente los antecedentes. La Generalitat lleva años imponiendo la inmersión del catalán en la enseñanza e impidiendo la escolarización en castellano de los niños que tengan el español como su lengua materna. Los padres que pretendían con todo derecho que sus hijos fueran escolarizados en español o que al menos se les impartieran algunas asignaturas en dicha lengua tenían que recurrir a los tribunales de justicia con todo el gasto económico y desgaste social que semejante osadía suponía. Los Tribunales solían darles la razón, pero –como las sentencias no sentaban jurisprudencia y no tenían un valor general- sólo eran aplicables a los niños afectados y los directores de las excuelas recurrían a toda clase de tretas y presiones para no cumplir las sentencias, con el pleno respaldo del Govern y del “hábitat” escolar dominado por el nacionalismo. Esta situación cambió cuando en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se adoptó la LOMCE, en la que se establecía la obligación de las Administraciones educativas de garantizar la enseñanza en castellano en una “proporción razonable” en las Comunidades Autónomas bilingües. Ante el reiterado incumplimiento de esta obligación en Cataluña, el ministro de Educación -Íñigo Méndez de Vigo- ordenó que se presentara un recurso contra la Generalitat, de modo que -al tratarse de una demanda en nombre del Estado- el fallo que eventualmente dictara el TSJC tendría valor “erga omnes”. En su sentencia de 16 de diciembre de 2020, el Tribunal sentenció que la Generalitat estaba obligada a tomar las medidas que permitieran a todos los alumnos recibir “de manera efectiva e inmediata” al menos un 25% de la enseñanza en cualquiera de las lenguas cooficiales. La Generalitat recurrió el fallo, pero -en su auto de 23 de noviembre de 2021- el TS rechazó el recurso y confirmó la sentencia, que pasó a ser firme e inapelable. Tanto el presidente Pere Aragonés como su consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray se negaron a acatar la sentencia. alegando que se trataba de una intromisión judicial en las competencias de la Generalitat, e iniciaron una serie de maniobras para impedir su ejecución. Un día antes de que se acotara el plazo concedido por el TSJC, el Govern dictó el Decreto-Ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se prohibía que se establecieran porcentajes de horas en la enseñanza, con lo que impedía que se aplicara el mínimo de enseñanza en castellano del 25% establecido en la sentencia. Al mismo tiempo, el Parlament elaboró la Ley 8/2022 de Lenguas Oficiales de la Enseñanza no Universitaria, adoptada con el apoyo de los partidos nacionalista, el PSC –que había votado hipócritamente en contra del Decreto-Ley- y los Comunes. La Ley establecía el catalán como la única lengua vehicular en las escuelas, relegando el español al rango de lengua curricular, y dejando a los directores de los centros la latitud de decidir el número de horas impartidas en castellano en función de la situación del entorno sociolingüístico. No bastando este atropello anticonstitucional, el impresentable consejero Gonzàlez –que esconde su ascendencia española cambiando el acento agudo de la “á” por el grave “à”- ha remitido a los directores de los centros unas “Instrucciones del Departamento de Educación para el próximo inicio del curso escolar”, tituladas “Documento para la organización y gestión de los centros: Curso 2022-2023”. En ellas se advierte que el catalán no es sólo una lengua objeto de aprendizaje, sino “las lengua de la institución y, por tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general”. Se indica que se deben llevar a cabo en catalán “las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas informes…), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación de los profesores, las actividades extraescolares o el comedor”. Los equipos docentes deben ser conscientes del uso profesional que haga de la lengua catalana, que debe ser “modelo lingüístico de referencia para el alumnado”. Para completar el orwelliano “diktat”, el consejero ha obligado a la Dirección de las Escuelas a que designen un “coordinador lingüístico” para que vele por el uso institucional del catalán, de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña. Los comisarios políticos de Stalin durante la Guerra Civil española van a resultar unos angelitos comparados con los nuevos Savonarolas nacionalistas. Sólo quedará a salvo de su inquisitiva e inquisidora mirada los actos íntimos en los W.C. y los partidos de fútbol en el patio de la escuela, aunque no me extrañaría que pusiera cámaras de TV para evitar posibles abusos de los monitorizados. Como ha observado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, la Generalitat quiere implantar un régimen de terror identitario en los centros educativos. Sabe de sobra que esta normativa es inconstitucional, pero quiere aprovecharse del tiempo ganado hasta que se pronuncie el TC para imponer su doctrina mediante chantajes y coacciones Tibia actitud del TSJC El TSJC ha actuado hasta ahora de forma impecable y valiente pese a las tremendas presiones realizadas por la Generalitat, sus medios de comunicación y los “apesebrados”, y el entorno social nacionalista, pero es comprensible que en un momento dado abandone, muy a su pesar, su papel de héroe y haga concesiones al insaciable nacionalismo. Tras las maquiavélicas maniobras de la Generalitat, el Tribunal constató la falta de ejecución de su sentencia por parte de la Generalitat pese a sus reiterados requerimientos. Recibió incluso presiones de la Abogacía del Estado para que diera mayor margen de tiempo para la ejecución. Ante la solicitud de la Generalitat de que reconociera la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia ante el cambio de situación –cláusula “rebus sic stantibus”- provocada por la fraudulenta nueva normativa, el TSJC cedió y reconoció que efectivamente no se podía ejecutar como consecuencia de la normativa sobrevenida, pese a que le suscitaran dudas su constitucionalidad, pero estas dudas no se materializaron en la sumisión del caso al veredicto del Tribunal Constitucional, quizás en la vana esperanza de que lo hiciera el Gobierno, como hubiera sido su deber. No obstante, el Tribunal ha recapacitado y la Sala quinta de lo Contencioso-administrativo sometió el pasado día 28 el caso a la consideración del TCl, al considerar que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña vulneraba varias disposiciones tanto el Estatuto como la Constitución, incluido el derecho fundamental a la educación. “Las nuevas normas legales responden a un modelo lingüístico diferente al que aplicó la sentencia. Un modelo en el que una lengua se configura preferente frente a otra, como la única de uso vehicular normal, lo que desborda el objetivo de normalización social del catalán, que es lo que el modelo constitucional admite en el marco de una paridad lingüística que ambas normas legales niegan”. Según el Tribunal, la condición de lengua oficial impone necesariamente su uso normal por las Administraciones públicas sin que éstas puedan establecer una preferencia a favor de alguna de las lenguas. La maniobra del Govern ha puesto en evidencia “una voluntad manifiesta de apartarse del cumplimiento de las sentencias a que viene obligada por imperativo de los artículos 113 y 118 de la Constitución”. Es obvio que la conducta de la Generalitat, además de fraudulenta, es anticonstitucional y está en contradicción con la jurisprudencia del TC, pero el problema radica es que pasará bastante tiempo antes de que el Tribunal se pronuncie y, para entonces, puede que la institución haya cambiado de orientación. Sánchez considera que la Fiscalía General del Estado es un resorte más del Gobierno y lo mismo pretende hacer con los Tribunales de Justicia. Los jueces españoles –salvo deshonrosas excepciones- son independientes y hasta ahora no han cedido a las pretensiones anexionistas del presidente del Gobierno. Es bien conocida su intención de controla el TC y éste es uno de los tribunales menos judiciales que existen, debido a su composición por muchos que no son jueces y a su politización. Si Sánchez consiguiera formar una mayoría con Condes Pumpidos, no sería sorprendente que el Tribunal modificara su jurisprudencia para satisfacer a los independentistas. Condonación por el Gobierno de las arbitrariedades de la Generalitat y del Parlament El Gobierno se había puesto hasta ahora de perfil, había tolerado los incumplimientos de las sentencias por parte de la Generalitat y se había negado a hacer ejecutar la sentencia y a plantear ante el TC la inconstitucionalidad de la nueva normativa catalana. Ahora ha dado un paso sumamente grave al apoyar expresamente la negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25%, dar por inaplicable dicha sentencia, aceptar el monolingüismo en la enseñanza en Cataluña y la no consideración del español como lengua vehicular en Cataluña, y estimar que eran constitucionales el Decreto-Ley 6/2022 y la Ley 8/2022. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido la desfachatez de decir que estas normas son un muy buen ejemplo de lo que deben ser los acuerdos transversales, y que son perfectamente constitucionales. Esta afirmación es especialmente grave porque Bolaños -a diferencia de su jefe Sánchez- es un buen jurista y sabe perfectamente que dichas normas, adoptadas para justificar el incumplimiento de una sentencia firme avalada por el TS, son anticonstitucionales, como ha señalado el TSJC, por lo que está prevaricando. La otra gran concesión del Gobierno ha sido su compromiso para “desjudicializar la política” en Cataluña y “rechazar la criminalización de los proyectos políticos democráticos y abogar por buscar soluciones en el marco de la seguridad jurídica. Atendiendo a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal”. Parta esta panda de ignorantes como Yolanda Díaz, Miquel Iceta e Isabel Rodríguez –no en el caso de Bolaños, que no lo es y de ahí su mayor responsabilidad- es normal que el Gobierno sacrifique los intereses generales de España a los particulares de la Genertalitat –que no de Cataluña que, en su mayoría no es nacionalista-, con tal de que el Caudillo Sánchez continúe en el poder. Para estos genios de la alta política celebrar un referéndum ilegal de autodeterminación es un “proyecto democrática” y exigir la secesión de Cataluña de España y declarar unilateralmente su independencia es una “demanda democrática”. Han ningunean al TS que ha condenado por sediciosos y malversadores a los responsables del proceso del 1-O, desautorizado al TSJC y desprestigiado a la justicia española, que actúa –según ellos- por venganza contra unos patriotas catalanes pacíficos y benéficos. Como ha señalado Iñaki Ellacurría, cinco años después de los nefastos sucesos, los responsables de los mismos –apresurada e injustificadamente indultados- se sientan ahora en una “mesa de negociación”, donde aprueban un acuerdo redactado al alimón por el Gobierno y por ERC para desjudicializar la política catalana; a saber, “la consagración de la impunidad para los delito pasados, presentes y futuros del nacionalismo”. El independentismo insistió desde el principio en tener bajo el control del Govern los movimientos de la justicia de Cataluña, como se puso claramente de manifiesto en la disparatada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Y el Gobierno de la Nación ha ayudado a promover este objetivo frenando las investigaciones contra dirigente nacionalistas, como en los casos de las conexiones de Davis Madí y Josep Lluis Alay con fuerzas oscuras de la Rusia de Putin, o la querella contra la hasta ahora presidenta del Parlament, Laura Borrás, por corrupción y prevaricación, o presionando sobre el Tribunal de Cuentas para exonerar a los políticos nacionalistas de las multas impuestas y devolverles las fianzas, o respaldando ahora las leyes inicuas para impedir la ejecución de la sentencia del TSJC. Uno de los casos más notorios en los que cabe apreciar la presión conjunta de la Generalitat del Gobierno sobre la Fiscalía, ha sido la reciente negativa del Fiscal-Jefe de Cataluña, Francisco Bañares, a dar curso a las demandas del PP, Ciudadanos, Hablemos Español y Convivencia Cívica Ciudadana, y a la querella de Vox, contra el consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, por los delitos de desobediencia y de prevaricación por incumplir la sentencia del TSJC, y adoptar una serie de medidas para impedir du cumplimiento. La Fiscalía ha archivado estas demandas y ha propuesto al TSJC que no se pronuncie sobre el caso. Gonzàlez-Cambray –como su jefe Pere Aragonés- criticaron acerbamente la sentencia por considerarla una grosera injerencia del Tribunal en las competencias de la Geeneralitat en Educación, y afirmó que ni acataba el fallo, ni lo aplicaría. A las palabras siguieron los hechos y emitió instrucciones a los directores de los centros educativos para que no la aplicaran y siguieran con sus programas de inmersión total,y los exoneró de cualquier responsabilidad por el incumplimiento, que asumió la Generalitat. Apoyó la decisión de la escuela de Canet de Mar de negar enseñanza en castellano a la niña a la que el TSJC había reconocido el derecho a recibirla e incluso se manifestó en contra de la sentencia ante las puertas de la escuela. Bañares es un profesional del Derecho y conoce perfectamente la existencia del artículo del Código Penal que se ajusta como un guante a la conducta del consejero. En efecto, según el artículo 410-1, las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses y a inhabilitación para empleo o cargo público por seis meses a dos años. González-Cambray es autoridad y funcionario público y se ha negado a aplicar la sentencia del TSJC, ergo…¿Cómo tiene Vd., Sr. fiscal, la desfachatez de decir que no ha realizado continuos actos de desobediencia? ¿Qué más tiene que hacer el rebelde y provocador consejero para que se le reconozca como desobediente? Como no tiene argumentos de fondo, Bañares se ha ido por las ramas formales y alegado que el TSJC –que es el competente para pronunciarse sobre la acusación- no ha deducido testimonio de desobediencia del demandado, entre otras razones porque el fiscal lo está impidiendo. Si el TSJC es el que debe pronunciarse, deje, Sr. fiscal, que lo haga y no ponga palos en ls ruedas. Bañares tiene el cinismo de afirmar que no hay noticia de que ningún centro haya dado una expresa negativa a alaguna petición concreta de una familia para que se cumpla la sentencia. Llega hasta el extremo de decir que no había constancia de que las instrucciones enviadas por la Consejería de Educación a los Centros entraran en contradicción con el fallo del TSJC, ni que hubieran impedido a los alumnos recibir una enseñanza para tener un dominio del castellano. Yo no sé si ha sido expresa o tácita, pero es público y notorio que numerosas escuelas -siguiendo las instrucciones dadas por el consejero- se han negado a impartir enseñanza en español, incluso cuando ha habido una sentencia “ad hoc” como en el caso de Canet. Es asimismo innegable que la Generalitat discrimina a los niños catalanes cuya lengua materna es el español y les impide ser escolarizados en la lengua oficial del Estado y de Cataluña. Ha añadido que de la “desatención” –bonito eufemismo- al fallo del TSJC no puede deducirse sin más del envío de unas instrucciones a los centros, ya que con ellas no se quería un determinado proyecto lingüístico. El Govern” –a instancias de Gonzàlez- dictó un decreto-ley por el que se prohibía que se establecieran porcentajes de horas en la enseñanza, y presentó un proyecto de ley –aprobado con celeridad por el Parlament- que modificaba el modelo educativo en Cataluña e impedía que se se aplicara ls sentencia del 25%. Por si no fuera suficiente, el consejero ha impartido unas directrices para el curso 2022-2023 que excluyen al español, no sólo de la enseñanza, sino de cualquier actividad no académica dentro de la escuela. Bañares también debe saber que el artículo 404 del Código Penal establece que se considerará que ha prevaricado la autoridad o funcionario que dicte una resolución arbitraria en el ámbito administrativo a sabiendas de su injusticia. El consejero ha tomado diversas decisiones prevaricadoras siendo plenamente conscientes de que eran contrarias a la Constitución, al Estatuto y a las leyes. No cree el fiscal que Gonzàlez haya prevaricado porque la aprobación del decreto entraba dentro de las competencias del Govern y su confirmación por el Parlament caía bajo el ámbito de su competencia legislativa. Nadie ha negado al Govern competencia para dictar decretos-leyes, ni al Parlament facultad para confirmarlos. Cuestión bien distinta es que el Govern dicte un decreto-ley contrario a las leyes –como el 8/2022- y la cámara autonómica lo revalide. Bañares ha concluido que las actuaciones de González “no revisten los caracteres propios de los ilícitos penales”, con lo que no estoy en absoluto de acuerdo, ya que el consejero ha cometido sendos delitos de desobediencia y de prevaricación. Aún más, hay indicios racionales de que -al ordenar el archivo de las demandas contra Gonzàlez- Bañares pueda estar cometiendo un delito de prevaricación. Situación tras le decisión condonadora del Gobierno La situación producida tras la decisión del Gobiernos de condonar los actos arbitrarios de la Generaltat ha sido magistralmente descrita en el editorial de “ABC” titulado “Deslegitimar el sistema”. La “mesa del diálogo” no es más que un “foro de cesión” impulsado por Sánchez para “normalizar” las relaciones con la Generalitat, acabar con la “represión”, y acometer la ”resolución del conflicto” entre España y Cataluña. El Gobierno ha asumido sin más el metalenguaje del nacionalismo, una fórmula repleta de eufemismos que esconden un chantaje al Estado. Una de las principales cesiones del Gobierno ha sido la de respaldar el incumplimiento por la Generalitat de la sentencia del TSJ del 25%. El Gobierno se ha comprometido expresamente a marginar el español en Cataluña y ha ordenado a la Abogacía del Estado que no defienda el cumplimiento de los fallos judiciales que perjudiquen al idioma catalán, al que hay que defender. Ningunea a los jueces y apoya las normas autonómicas adoptadas para desobedecer las sentencias de los tribunales. La segunda concesión en importancia es la de la “desjudicialización” del proceso separatista con el que el Gobierno acepta maniatarse, y adopta medidas para evitar la prisión, el exilio, la inhabilitación, las multas y la multitud de causas judiciales vinculadas al procès. Sánchez completó su ejercicio de deslegitimación del sistema judicial con una encendida defensa de la honorabilidad de Griñán y de Chaves, aduciendo que con la sentencia del TS pagaban justos por pecadores”. Esta actitud y la mostrada con su respaldo de la acción de la Generalitat en materia educativa, revelan su manera de entender la justicia. “El Mundo”, a su vez, ha afirmado que el independentismo tiene atrapado al Gobierno y –en el marco de la bilateralidad extraparlamentaria- le ha arrancado el amparo a la política de “apartheid” lingüístico nacionalista. Moncloa ha dado por enterrada la sentencia del TSJC que obliga a que se imparta en las escuelas catalanas al menos un 25% de las clases en castellano. Asimismo se ha comprometido a respaldar al Govern en su cruzada para erradicar el español en todos sus espacios de las escuelas catalanas. Lejos de cumplir con su obligación como garante del ejercicio de los derechos fundamentales de todos los españoles, el Gobierno se ha vuelto a plegar a las exigencias de los independentistas. “El Govern persiste en el desacato en el que lleva instalado hace años, mientras Pedro Sánchez se presta a que las normas y las sentencias de los tribunales no se cumplan en Cataluña”. Estrambote final El eslogan turístico esbozado por Manuel Fraga de que “Spain is different”se ha convertido lamentablemente en una realidad. España es efectivamente diferente del resto del mundo ¿En qué país se nombraría ministro de Cultura a un alumno que estudió Ciencias Químicas y no logro superar el curso selectivo, pasó a estudiar Economía y durante cinco años, no consiguió aprobar el primer curso y tuvo que abandonar la Universidad por haber agotado las convocatorias?... Claro está que el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, sólo se preocupa de fomentar la cultura catalana, a la que reduce a los autores que escriban en lengua catalana, ignorando a escritores de la talla de Gironella, Marsé, Mendoza, Cercas o Ruiz Zafón. Su más reciente acto de despotismo –no precisamente ilustrado- favoritismo y sectarismo ha sido la concesión de subvenciones por parte de su Ministerio, el 85.39% de las cuales han recaído sobre instituciones culturales de Cataluña –€6.430.000-. De las 15 entidades agraciadas por el maná cultural de la madrastra España, 13 eran catalanas, incluido el Palau de ls Música, que se ha significado por albergar en su sede diversos actos de propaganda independentista. Iceta –junto con Yolanda Díaz, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez- integraron el cuarteto de ministros de la vergüenza que formaron la delegación española en la última Cumbre bilateral entre el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat. Los cuatro posaron para una histórica foto que inmortalizara el rotundo éxito de la negociación para España, en la que aparecen desternillándose de risa. ¿De qué se reían estos insensatos? Una respuesta verosímil sería que se reían de los españoles y de España, a la que han entregado a los enemigos –ERC y Bildu- que quieren destruirla. Playa de Amposta, 31 de julio de 2022

Homenaje a José María Pemán, protomártir de la Memoria histérica

HOMENAJE A JOSÉ MARÍA PEMÁN, PROTOMÁRTIA DE LA MEMORIA HISTÉRICA Daniel García-Pita Pemán acaba de publicar en la Editorial Almuzara un libro titulado “El caso Pemán: La condenación del recuerdo” en el que reivindica, con contundencia y acierto, la memoria de su abuelo, José María Pemán Pemartín, jurista, poeta, dramaturgo, periodista, orador y político ocasional, uno de los escritores españoles más destacados del siglo XX, cuya ilustre memoria ha sido mancillada por el progresismo intelectual y el sectarismo de la izquierda, al amparo de unas Leyes de Memoria Histórica y/o Democrática, que no son históricas, porque lo que pretenden es reinventar la Historia desde un punto de vista subjetivo y sectario, ni tiene nada que ver con la Democracia, porque -inspiradas por el marxismo totalitario - trata de imponer el pensamiento único, adoctrinar a los españoles y ganar la Guerra Civil con 75 años de retraso. Patriota español, monárquico, conservador y católico, Pemán ha sido el personaje-tipo sobre el que se ha cebado el rencor de los derrotados y de sus herederos, que han recurrido a estos engendros legislativos para denostar y desprestigiar a una persona ejemplar, cuyo principal pecado fue no haberse sumado en su momento a la tribu de la Agrupación para la Defensa de la República, detentadora en exclusiva de los valores de la ética y de la política. Lo que Gacía-Pita ha calificado de “damnatio memoriae” en relación con su abuelo –la condenación del recuerdo de una parte de la Historia de España y de la mitad de los españoles que estuvo en el lado opuesto de lo que ellos piensan que tenía la razón-, fue debidamente preparada por los medios de comunicación auto-considerados progresistas en una feroz campaña basada en la mistificación y la calumnia, y se materializó en las decisiones de los municipios izquierdistas de Jerez y de Cádiz de humillar a su personaje más ilustre. Pemán nació en Cádiz en 1897, de padre gaditano y madre jerezana, y murió en dicha ciudad en 1981, tras haber `pasado la mayor parte de su vida entre Cádiz y Jerez. Como ha comentado Alberto Gil Ibañez,,era un gaditano de pro. Fue una de las personas más populares de la provincia y, a su muerte, sus restos fueron traslados a la catedral gaditana, en medio del cariño del pueblo. Sin embargo, todo ha cambiado por mor de la Ley de Memoria Histórica, que atendería mejor al calificativo de histérica. En 2015, el consistorio jerezano decidió retirar el busto del escritor erigido en el Teatro Villamarta, aduciendo para ello la concejal de Cultura de IU, Ana Fernández, que había sido un fascista y un asesino. Lo de “facha” iba en el sueldo y no sorprendía a nadie, pero que una autoridad municipal llamara a alguien asesino traspasaba los límites de lo tolerable y los familiares de Pemán se querellaron contra la edil por calumnia. El juez de turno no admitió a trámite la querella por estimar que los descendientes directos del escritor no estaban legitimados para querellarse. Para esta lumbrera judicial, parece ser que sólo el propio Don José María podía defender su honor desde la ultratumba. En 2017, la alcaldesa socialista Mamen Sánchez, privó a Pemán del título de hijo adoptivo de la ciudad “in artículo mortis”. El mal ejemplo jerezano fue seguido por el municipio gaditano y, pese a que su alcalde José María González a) Kichi había declarado -en un raro momento de lucidez- que “Pemán ha sido uno de los mayores representantes de las letras gaditanas”, de la que era su embajador y “así tiene que seguir siendo”, se sumó en 2020 a la ola anti-Pemán y retiró del patio de la casa natal un busto del autor, y del parque Genovés el grupo escultórico obra de Juan de Ávalos, al par que cambiaba el nombre al teatro de verano erigido en dicho parque. Un año más tarde, arrancó de la fachada de la citada casa una placa conmemorativa esculpida por Juan Luis Vasallo. Según el teniente-alcalde de Memoría Histórica (¿?), Martín Vila, había que retirar de la vía pública cualquier símbolo que reconociera su figura, pues había sido el promotor y el ideólogo del golpe de Estado, y tuvo una participación activa durante el régimen del dictador Franco. Pasaba por alto este ignorante sectario que, si bien Pemán colaboró en un principio con el régimen de Franco, a partir de 1946 abandonó todos sus cargos políticos y fue durante 23 años miembro y presidente del Consejo Privado de Don Juan de Borbón y un cualificado representante de la oposición democrática, Contenido del libro El libro de García-Pita consta de tres partes principales. La primera contiene unas pinceladas sobre Pemán como escritor, orador y político, y examina su condena al ostracismo por parte del mundo cultural progresista.. En la segunda, reflexiona sobre el proceso de la Memoría Histórica y Democrática, y analiza su sectarismo, la falsedad de las razones en la que dice apoyarse, y el propósito de criminalizar a los vencedores de la Guerra Civil y de derogar la Transición, pese a que –como ha comentado Bieito Rubido- la Guerra Civil la perdimos todos los españoles, y la concordia y la convivencia que nació de la Transición en los años setenta la ganamos todos los españoles. La tercera analiza la retirada de los recuerdos públicos de Pemán por parte de las autoridades municipales de Jerez y de Cádiz. 1.-Pemán, el literato Pemán es antes que nada un escritor, que ha practicado desde edad joven todos los géneros literarios: poesía, drama, narrativa y ensayo. Ha sido además un destacado articulista y un excelente orador. Mercedes Eguíbar lo ha calificado de “escritor oceánico”, que ha cubierto todos los frentes de la literatura y no ha cesado de escribir hasta momentos antes de su muerte. Pese a su actuación ocasional en la vida pública, sólo se encontraba a gusto cuando volvía “a sus cuartillas”. Se sentía sobre todo un poeta y así lo ha considerado José Antonio Hernández Guerrero, para quien su condición de tal es su rango distintivo, sustantivo y sustancial, y sus demás cualidades literarias son propiedades adjetivad y accesorias. Pemán es un poeta que hace discursos, novelas y obras de teatro, Su poema “A la rueda, rueda” es -según Manuel Machado- un delicioso cancionero que podemos concatenar con los mejores de nuestra poesía, quien también estimó que “Las flores del bien” era la cumbre de la poesía española de todos los siglos. De su poema “El barrio de Santa Cruz”, decía “La Gaceta Literaria” que era poesía y era amor. En “Señorita del mar”, se puede saborear el salero gaditano –“porque yo soy andaluz-que es decir con ufanía- gran señor de la armonía- y emperador de la luz”-.Tenía una enorme facilidad para versificar e improvisar poemas y de él decía Camilo José Cela, que ningún poeta contemporáneo había visto más diáfanamente el ser y el sentir de la poesía. En materia de drama, Pemán, publicó 93 obras teatrales, siendo su obra más famosa “El divino impaciente”, una versión historiada en verso de la vida de San Francisco Javier, publicada en 1933 como reacción a la radical política anticatólica de la II República, Según García-Pita, el Papa Francisco –como buen jesuita- apreciaba en gran medida esta obra, y le dijo que “la lectura de esas páginas,der gran belleza y no menos profundidad, siempre es aleccionadora”. También adaptó el dramaturgo obras clásicas famosas para su representación en el Teatro Romano de Mérida, como Antígona, Electra, Edipo, Tyestes, la Orestiada, Hamlet o Julio César. Hizo los libretos de las óperas “Lola la piconera” con música de Conrado del Campo, “La muerte de Carmen”, con música de Cristóbal Halffter, y “La destrucción de Sagunto”, con música de Joaquín Rodrigo. Fue un excelente articulista y sus “terceras” en “ABC” tuvieron gran difusión. Fue un precursor del uso del artículo periodístico como vehículo transmisor de cuestiones trascedentes. Con su habitual engreimiento, Francisco Umbral comentó que el trío formado por él mismo, Larra y Pemán, era el mejor en la historia del periodismo patrio. Pemán utilizó su personaje “El Séneca” para criticar todo lo divino y lo humano con gran agudeza y sentido del humor. Llevo su simpática criatura a una serie de TVE, que tuvo enorme éxito de audiencia entre 1964 y 1970, hasta su desaparición a causa de la muerte en accidente de su protagonista, Antonio Martelo. También fue Peman un elocuente orador, para quien la oratoria era un arte por encima de la razón, porque “empieza allí donde la sugestión añade algo al puro razonamiento”. Era el mejor orador de España, a juicio de Ramiro de Maeztu y llegó a eclipsar al propio José Ortega en sus momentos de mayor gloria Recorrió España y buena parte de Iberoamérica desparramando su encendido verbo, incluidas sus arengas durante la Guerra Civil a las tropas nacionales y a la población civil, lo que nunca le perdonó la progresía. El polígrafo Pemán no menospreció ningún tema literario, por insignificante que pareciera. Fue autor de las letras de numerosos himnos, como los de la coronación de la Virgen de la Merced –patrona de Jerez-, el Congreso Eucarístico de Barcelona o la propia Marcha Real, a la que proporcionó un digno texto: “Viva España, alzad las frentes hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el camino del sol!”. El himno fue mal recibido por los responsables de la propaganda del régimen, porque no ensalzaba suficientemente los valores de la nueva España, nunca llegó a ser cantado oficialmente y quedó aparcado en un cajón. Llegó a ganar un concurso celebrado para encontrar un adecuado sustituto al término “coñac”, cuyo uso había sido vedado por la justicia comercial internacional. Propuso el vocablo “jeriñac”, que tuvo poco recorrido. La obra literaria de Pemán gozó de gran fama en España e incluso cruzó sus fronteras, ya que fue nominado en cinco ocasiones para el Premio Nobel. “Cuando el río suena es porque agua lleva”. Pese a sus innegables méritos literarios, sufrió antes de su muerte un estricto ostracismo cultural y, después de su fallecimiento, la condenación del recuerdo de su persona y de su obra. Como ha comentado Antonio Burgos, a Pemán no se le ha perdonado que siguiera siendo Pemán incluso después de muerto, y –a diferencia del Cid- siguió perdiendo batallas. Según Emilio Romero, “Pemán es un olvidado de nuestra contemporaneidad y su olvido forma parte de las injusticias gloriosas del silencio de nuestro país, que se ejercen por el resentimiento natural de algunas personas y de esas exigencias inmorales de las ideologías”. Pemán, el político Pemán fue un político su pesar, sólo intervino en la política por exigencia de un deber patriótico, fue un aficionado a tiempo parcial, y la abandonó en cuanto tuvo ocasión, porque no le placía e interfería en su vocación de escritor. Se separó del liberalismo moderado de su padre –que fue diputados conservador por Cádiz- y se alineó con el monarquismo tradicionalista. Para él lo esencial era el mantenimiento del régimen monárquico en España, por lo que se opuso desde el principio a la II República. No se consideraba un líder político y nunca aceptó desempeñar cargos que llevaran aparejada una gestión de gobierno o de administración. Se afilió a la Unión Patriótica en 1923 y –a petición de su pariente, el dictador Miguel Primo de Rivera- formó parte de la Asamblea Nacional, donde fungió como secretario de la Comisión encargada de redactar una nueva Constitución, que nunca llegó a ver la luz., y se mostró alejado de la obra política de la Dictadura, aunque, por lealtad familiar, nunca renegó de su etapa junto al dictador. Defensor a ultranza de la monarquía, se opuso de forma decidida a la deriva revolucionaría que había tomado la República. Se incorporó a la Unión Monárquica Nacional y propugnó la restauración del régimen monárquico.. “España no puede acostarse un día siendo monárquica y levantarse republicana al día siguiente”. La falta de maduración del proyecto republicano, la inexperiencia política y el utopismo de los intelectuales que la impulsaron, la ausencia de una base social republicana suficiente, y la demagogia y el desmadre revanchista de las masas populares hicieron que la República terminara abocada al fracaso y al desastre de la Guerra Civil. Ante la desunión de la derecha en Cádiz, Pemán se presentó en 1931 a las elecciones constituyentes por Badajoz, y no resultó elegido. En las elecciones generales de 1933 se presentó como candidato independiente adscrito a Acción Española en su provincia natal, junto con su primo José Antonio Primo de Rivera, y ambos resultaros elegidos diputados. Tras el alzamiento, se incorporó al bando nacional y fue designado presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Burgos. Consiguió que nombraran un vicepresidente ejecutivo que se responsabilizara de la gestión y se dedicó únicamente a acudir a los frentes y a las ciudades de la retaguardia para levantar la moral de los contendientes. Cuando se formó en 1938 el primer Gobierno de Franco, Pemán rechazó el Ministerio de Educación, lo que no plujo al Caudillo. En su condición de presidente de Acción Española fue miembro durante breve tiempo del Consejo Nacional del Movimiento, cargo del que pronto dimitió. El calvario que le causó la progresía izquierdista se inició cuando Pemán tuvo la osadía de criticar a Ortega y a los santones que habían propiciado la República, quienes –tras su conclusión de que “delenda est monarchia” habían sido sus parteros- y que se empezaban a dar cuenta de que “no era eso” lo que querían. El 4 de agosto de 1931, Pemán tuvo la osadía de publicar en “El Debate” un artículo titulado “El continente de la intelectualidad”, que cayó como una auténtica bomba. En él decía que –juntos en los escaños de las filas más altas de las Cortes- se sentaban Ortega y Gasset, Marañón, Pérez de Ayala y Sánchez Román. Alguien había llamado a aquellos cuatro escaños “la isla de la intelectualidad”, aunque más bien deberían ser llamados “el continente de la intelectualidad”. Frente al español-medio, tenían ahora que “salir valientemente al encuentro de cada interpretación fácil, chabacana y vulgar de sus ideas y decir ´no es eso´. No pueden ya vivir de la estridencia pasajera de un título -´¡Delenda est Monarchia!-, que halaga un momento a una masa”. Fue una declaración pública de insumisión al líder indiscutible de los intelectuales y anunciaba un enfrentamiento inevitable, que no se hizo esperar. Pemán iniastió en la suerte el 19 de febrero del siguiente año con una conferencia en la sede de Ación Española bajo el título de “La traición de los intelectuales”, en la que acusó a los que habían creado el clima de desarme moral propicio a la implantación del nuevo régimen y –sobre todo- al desmoronamiento de la Monarquía. Tras recordar las tesis de Ortega en su “Rebelión de las masas”, Pemán les echó en cara las contradicciones entre las doctrinas expuestas en sus escritos destinados a la minoría culta, y las lisonjas demagógicas e irresponsables que hacían a las masas, contribuyendo así al desastre republicano. Esa sumisión de los intelectuales a las masas era un absurdo. Se seguía proyectando sobre la intelectualidad “este dualismo trágico en el que se siguen expulsando mutuamente una tradición que huele, a veces, demasiado a cocido, y una ilustración que huele, a menudo, demasiado a rappé”. Culminó su conferencia propugnando la necesidad de arrebatar el monopolio de la intelectualidad a esos falsos intelectuales y entregárselo a quienes habían permanecido fieles a la inteligencia y a la civilización. Ortega replicó con una nota desdeñosa en la que se refería a “un cierto Señor Pemán”, al que calificaba de“pululante”y, -sin entrar en materia- se limitó a marcar la diferencia existente entre él –que era el líder del mundo cultural español- y un advenedizo de provincias aún en fase de meritorio. No se arredró Pemán que dio la réplica el 30 de abril en un artículo en “ABC” titulado “De un pululante a un olímpico”, en el que, con fina ironía, se decía muy honrado porque el filósofo se hubiera dignado responderle, y recurrió al famoso madrigal de Gutierre de Cetina “Ojos claros, serenos” para decirle con la boca pequeña: ”Ya que así me miráis, miradme al menos”. Lo puso entre la espada y la pared al decitle: ”Pues sí, no es eso, Sr. Ortega. Déjenos que pululemos predicando lo otro los que no nos equivocamos en nuestros pronósticos de lo que esto habría de ser; déjenos usted que intentemos remediar todavía, si es posible, la obra funesta de los que entregaron a España por unas cuantas sonrisas de la revolución” Pemán derrotó a Ortega por incomparecencia, pero su triunfo tuvo un alto coste para él, ya que su osadía nunca fue perdonada por la progresía y quedó excluido del “continente de intelectuales”. Podría haber solicitado vergonzantemente su ingreso en el clan, pero no lo hizo por conservar su independencia y, si no había declaración de vasallaje a la progresía, no había perdón y el exilio interior era inexorable. A partir de su alejamiento del Movimiento Nacional, Pemán, tuvo una actuación política marginal, ya que sólo fue miembro -y más tarde presidente- del Consejo Privado del Conde de Barcelona hasta 1969. Su principal empeño fue la restauración de la monarquía en la persona del heredero legítimo de la Corona, Don Juan de Borbón. Cuando éste abdicó en su hijo Juan Carlos I, Pemán prestó todo su apoyo al nuevo monarca, y tuvo numerosos rifi-rafes con la censura del ministro de información, Gabriel Arias-Salgado, debido a sus convicciones monárquicas y liberales. Por sus servicios a la monarquía, Pemán ha sido una de las pocas personas ajenas a la realeza que fue admitido en la selecta Orden del Toisón de Oro. Pemán, la persona Aparte de su prestigio como escritor e intelectual de derechas, Pemán era reconocido como monárquico, conservador y católico, y él nunca ocultó esos postulados, sino que –antes al contrario- los defendió con ahínco, lo que le provocó la animadversión no de la oposición de izquierdas y de los sectores más cerriles del Movimiento Nacional. Podrá discutirse si Pemán fue una gran intelectual o un mediocre escritor provinciano, si fue un político coherente con sus ideas monárquicas o un paniaguado más del Movimiento Nacional, pero lo que ningún biennacido puede negar es que fue una bellísima persona. Su nieto Daniel lo recuerda como alguien profundamente inteligente, brillante, de humor sutil gaditano, de una gran cultura, amante de la tranquilidad y de la vida familiar, polemista difícil de vencer, e incapaz de negarse a hacer un favor; “en suma, una buena persona”. Fue proverbial la generosidad de Pemán, siempre dispuesto a hacer favores, tanto a sus amigos como a sus adversarios ideológicos. Desde su puesto de presidente de la Comisión de Cultura, intercedió por poetas como Gerardo Diego o músicos como Rodolfo Halffter, y medió para el regreso a España de ilustres exiliados como Ramón Menéndez-Pidal, José Bergamín. Juan Ramón Jiménez o Rafael Albertt. Dicha generosidad y apertura de espíritu se puso de manifiesto con el cordial abrazo que se dio con Alberti durante los Carnavales de Cádiz. Como ha señalado con mal estilo Andrés Trapiello, existían las mismas razones para quitarle una placa a Pemán en Cádiz o a Alberti en cualquier otro lugar de España, porque ambos tenían vidas paralelas, aunque Alberti fuera sin duda mucho más estalinista que Pemán franquista. No estoy de acuerdo con esta apreciación.ya que no hay motivo alguno para retirar una placa o un busto de Pemán –que además no era franquista- de su ciudad natal. Tampoco creo que existan motivos para retirar una señal de homenaje a Alberti, porque, si se le hubiera concedido, no sería por haber sido admirador de Stalin, sino por haber sido un gran poeta gaditano, como su paisano José María. Cuando Menéndez-Pidal regresó a España, Pemán dimitió de su puesto de presidente de la Real Academia Española de la Lengua para que pudiera ser ocupada por su legítimo titular, lo que molestó al Gobierno de Franco. La generosidad de Pemán ha sido reconocida por personas que estaban en sus antípoda ideológicas, como ha sido el caso de Francisco Rabal –próximo al Partido Comunista-, quien, con motivo del centenario del nacimiento del escritor, publicó un soneto que decía lo siguiente: “Yo le quise a Pemán por liberal, por su oratoria ágil, su escritura, por su enorme bondad, por su ternura, por su generosidad, por su leal entrega a sus ideas, por su cordura, por su gracia andaluza, por su sal, porque le dio una mano a Paco Umbral, al dramaturgo Sastre, a la cultura,…” Como ha señalado José Peña González, Pemán fue un español egregio modelo de tolerancia y buen hacer en su vida y en su obra. Parece, por tanto, lamentable que “quien tanto luchó por la recuperación de las libertades tras la superación del franquismo pueda ser hoy marginado de la democracia española”. Mi deuda con Pemán Me complace apoyar las conclusiones del libro de Daniel García-Pita, con el que compartí ilusión, esfuerzo y actuación en el año 1976 para tratar de lanzar el Partido Popular, que serviría de nucleo verterbrador de la Unión de Centro Democrático, y de sumarme al homenaje a su abuelo, José María Pemán, porque yo también tengo una deuda con Pemán. Estudié los últimos años del bachillerato en el colegio de los Marianistas de Cádiz, en el que también estudió el escritor. La sede principal del colegio se halla en el Oratorio de San Felipe de Neri donde fue adoptada la Constitución de 1812, a la que el gracejo gaditano calificó como “La Pepa”, por haber sido aprobada el día de San José. De ella heredó Pemán su talante liberal, del que carecen sus inquisidores progresistas. En el colegio teníamos un periódico mural en el que los alevines de periodistas tratábamos de escribir nuestros modestos artículos imitamdo la técnica del maestro. También teníamos un pequeño grupo de teatro con el que representábamos obras de Muñoz-Seca y de los hermanos Álvarez-Quintero. Intentamos ofrecer una versión abreviada de “El divino impaciente”, pero no lo -logramos por la dificultad en resumir la obra –que es rxcesivamente larga- y de aprendernos el texto en verso. Donde entré más en contacto con los artículos “pemanianos” fue durante mi etapa de estudiante en la Universidad Hispalense. Leía en el “ABC” de Sevilla con fruición sus “terceras”, cuando no las paraba la censura. Pemán sabía cómo eludirla recurriendo a frases ambiguas con doble sentido, y solía hacer críticas pertinentes y acertadas a la acción gubernamental. Sus moderada críticas eran más eficaces para erosionar el régimen franquista que todas actividades de la oposición de izquierdas, a excepción de la meritoria y arriesgada labor de Comisiones Obreras. También disfrutaba en un ámbito más general de los artículos en los que “El Séneca” era protagonista, y vi algunas de sus obras teatrales como “La herida lumninosa” o “Los tres etcéteras de Don Simón”. Mi admiración por Pemán aumentó y de ahí mí mi deuda con él, que pretendo saldar uniéndome el alegato de García-Pita en contra de los injustificados agravios hechos a su abuelo por los municipios de Cádiz y de Jerez -que tanto tendrían que estarle agradecidos- y ofrecerle mi plena solidaridad. Como ha observado Rubido, “instrumentalizar políticamente la historia, reescribirla, y reinterpretarla como ahora procura la izquierda más inculta del último siglo, sólo sirve para dividir de nuevo a España en dos mitades y abocarla a una confrontación sin sentido”. 7 Playa de Amposta, 15 de agosto de 2022

Argelia; Los errlores en política exterior se pagan muy caros

ARGELIA: LOS ERRORES EN POLÍTICA EXTERIOR RESULTAN MUY CAROS El pasado domingo sonaron las alarmas en el enrarecido ambiente actualmente existente entre España y Argelia. Según reveló “OKDiario”, fuentes de la compañía de hidrocarburos argelina Sonatrach informaron que -debido a una avería producida en la parte española del gaseoducto Medgaz- se había producido una interrupción temporal del suministro del gas argelino a España y que equipos técnicos españoles estaban trabajando intensamente para realizar las reparaciones necesarias y restablecer el suministro tan pronto como fuera posible. El Ministerio de Transición Ecológica desmintió la noticia y declaró que tan sólo se había producido un fallo de corta duración en la planta de Beni Saif, que había producido una disminución en el suministro de gas, pero que –una vez reparado- se había restablecido el flujo habitual y normalizada la situación. ¿Se trata de un hecho casual? También Rusia alegó la producción de una avería en una turbina en el gasoducto Nord Stream-1 para suspender por algún tiempo el suministro de gas a Alemania. Se da la peculiar circunstancia de que –en estos momentos de crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania-. España ha disminuido últimamente en un 41.1% la importación de gas de Argelia –hasta ahora su principal suministrador- y aumentado en un 3.2% la procedente de Rusia, pese a las sanciones establecidas por la UE, hasta el punto de que en junio se importó más gas de Rusia que de Argelia. Los errores en política interior, por graves que sean, son fácilmente subsanables si el Gobierno causante cuenta con una mayoría en el Parlamento, aunque sea tan artificial y frágil como la del Gobierno “Frankenstein”de Pedro Sánchez. Pese a los continuos chirridos que a diario producen las distintas piezas del monstruo, todas ellas se articulan y ocupan su lugar al grito de “¡que viene la derecha!”. El cerebro de la criatura ha tenido la rarísima habilidad de enfrentarse por la misma razón con Marruecos, con Argelia y con el Frente Polisario, y ahora -con la inapreciable ayuda de su vicepresidenta de tercera división, Teresa Ribera- también lo ha hecho con la Comisión Europea, de cuyos Fondos y generosa ayuda depende España para intentar superar la terrible crisis económica, social y moral provocada por la actuación de Frankenstein. Lo peor es que –a diferencia de los errores en política doméstica, que son tolerados por una mayoría del pueblo español- los disparates cometidos en política exterior no son fáciles de subsanar y suelen salir muy caros. Antecedentes de las crisis con Argelia Cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la situación actual en el Magreb –e incluimos entre ellos al Presidente del Gobierno y sus asesores áulicos- es consciente del difícil equilibrio existente en la lucha por el liderazgo entre Marruecos y Argelia, que ha llevado a la ruptura de las relaciones diplomáticas, al cierre de las fronteras, al constante incremento de los gastos de defensa de los dos países –los más elevados en África- y a la creciente tensión argelino-marroquí en la región. Uno de los principales motivos de este enfrentamiento–aunque no sea el único- es el de la descolonización del antiguo Sáhara Español. Argelia es el principal apoyo político, militar, económico, técnico, logístico y humanitario del pueblo saharaui y de su representante legítimo, el Frente Polisario. Acoge en su territorio en la región de Tinduf a decenas de miles de refugiados saharauis, que han sido expulsados de su territorio por la invasión de Marruecos producida a partir de 1976, a los que ofrece refugio en precario. El Gobierno argelino respaldó plenamente a las milicias del FP en su guerra con Marruecos, con el que tuvo incluso conatos de enfrentamientos armados. Tras el Acuerdo de paz de 1991 entre Marruecos y el FP, ambas Partes se comprometieron a celebrar un referéndum de libre determinación bajo los auspicios de la ONU, para que el pueblo saharaui pudiera expresar su voluntad sobre su futuro. El Consejo de Seguridad creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Desde entonces, Marruecos ha hecho cuanto ha estado en su mano para impedir la realización del referéndum y consolidado su ocupación militar de la mayor parte de su territorio, tras la construcción de un infamante muro que atraviesa el país de norte a sur, ante la inoperancia de la MINURSO y la falta de voluntad política de la ONU para hacer cumplir a Marruecos sus resoluciones. El Gobierno marroquí ha recurrido a toda clase de tretas para impedir la realización del referéndum y ha participado –junto con Argelia y Mauritania- en una serie de conversaciones informales en las que no se han realizado el menor progreso. Marruecos se quitó definitivamente la careta y afirmó que no podía aceptar ninguna solución que no supusiera la integración del Sáhara Occidental en el Reino de Marruecos como una provincia más, a cuyos efectos presentó en 2007 un indefinido e inarticulado plan de autonomía, que suponía una tibia oferta de regionalización. Reconocimiento de Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental Aunque contara con la simpatías de Estados Unidos, Francia, la mayoría de los países europeos y buena parte de los Estados árabes, africanos y musulmanes, Marruecos gozaba de una fuerte posición política al controlar el territorio sahariano, pero de una débil posición jurídica, ya que ni un solo Estado –incluidos su más cercanos aliados- se había atrevido a reconocer la legalidad de la ocupación militar del Sáhara Occidental. Esta situación cambió de forma dramática a finales de 2020, cuando el presidente norteamericano, Donald Trump –ya con un pie en el estribo para abandonar la Casa Blanca- reconoció la legalidad de la ocupación marroquí de la totalidad del Sáhara Occidental. Asimismo afirmó que la propuesta de autonomía presentada por Marruecos era “la única base para una solución justa y duradera al conflicto”, por lo que instó a las Parte a que entraran sin tardanza a debatir la única fórmula viable y llegaran a una solución mutuamente aceptable. El mal ejemplo norteamericano fue seguido por otros 22 Estados –incluidos Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Jordania- y la posición jurídica de Marruecos recibió un inesperado respaldo de buena parte de la comunidad internacional, sin que se produjera reacción alguna por parte de la ONU, cada día más resignada a que se incumplieran definitivamente sus resoluciones y se abandonara la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Incluso Alemania –que había tenido enfrentamientos con Marruecos por la cuestión del Sáhara- adoptó una actitud más comprensiva y expresó su disposición a debatir la propuesta marroquí de autonomía. Sánchez pensó que España debería hacer lo propio, pero acercándose más a la postura de Estados Unidos que a la de Alemania. Acostumbrado a hacer lo que le da la republicana gana, decidíó,-sin consultarlo con su Gobierno ni con sus aliados, sin informar a la Oposición y sin contar con el respaldo de las Cortes- enviar el 14 de marzo de 2022 una carta en plan colega al rey Mohamed VI, para transmitirle “algunas ideas importantes para la nueva relación entre los Reinos de Marruecos y de España”. Le informó que España (¿?) consideraba que “la propuesta marroquí de autonomía presentad en 2007 era la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Con la mayor desenvoltura daba al monarca alauita su garantía personal de que España actuaría con “absoluta transparencia”. Y, para probar su transparencia, oculto la misiva al Gobierno, a las Cortes, a la Oposición y a los ciudadanos españoles, que se enteraron parcialmente de su contenido por una filtración interesada de Mohamed VI a los medios de comunicación marroquíes. En un alarde de prepotencia similar a la del “Rey Sol” –“l´Etat cest moi”-, el presidente de un Gobierno con menos diputados en el período de la democracia española decidió –por sí y ante sí- cambiar una política de Estado seguida por Gobiernos de distinta orientación política, apoyar la postura de Marruecos contraria a las resoluciones de las Naciones Unidas, y romper el delicado equilibrio de neutralidad requerido en las relaciones con Marruecos y Argelia. Según ha comentado Leopoldo Abadía, Sánchez se lo jugó y todavía no ha explicado por qué. Mostrando una vez más su menosprecio por España, sus instituciones y su pueblo, no se ha dignado a dar la menor explicación de esta caprichosa e injustificada decisión, que tanta transcendencia está teniendo para la política exterior española. Ni siquiera ante las Cortes, que ha mostrado su desacuerdo y donde Sánchez sólo ha contado con el apoyo de su partido. Una muestra bien clara de ello ha sido –aparte de la natural reacción del FP de romper cualquier tipo de relación con España- la vehemente reacción de Argelia. Sánchez se mostró sorprendido, aunque no creo que ni siquiera se hubiera planteado la posibilidad de que se produjera, acostumbrado como está a cometer los mayores dislates en el ámbito doméstico con absoluta impunidad. Reacción de Argelia La reacción de Argelia ante la mutación de la posición de Sánchez sobre el Sáhara –y digo de Sánchez porque no se trata de una decisión adoptada por los cauces legales previstos, aunque el presidente esté convencido de que España es él- ha sido sumamente negativa, como era de temer, y ha ido “in crescendo” con el desarrollo de los acontecimientos. Su reacción fulminante fue retirar a su Embajador en Madrid, denunciar la violación por parte de España de las resoluciones de la ONU y del Derecho Internacional y anunciar que el cambio afectaría a las relaciones con España. Un portavoz del Ministerio de Industria y Minas anunció que Argelia mantendría los precios a todos sus clientes salvo a España, a la que se los subiría. Sánchez podría haber reconsiderado su disparatada decisión y dado un prudente paso atrás, ya que –al fin y al cabo- Sánchez no había ido tan lejos como Trump y no reconoció la legalidad de la ocupación. Podría haber reiterado su apoyo a las resoluciones de la ONU y manifestado que se debería negociar sobre la propuesta marroquí de autonomía como una de las posibles vías para solucionar el conflicto sahariano, pero lejos de ello –de humanos es rectificar, aunque Sánchez no parece serlo- reiteró el 8 de junio ante el Congreso su decisión personal de imprimir un giro radical a la posición tradicional de España sobre el Sáhara Occidental, y de alinearse plenamente con el plan anexionista marroquí, y su intención de firmar con Marruecos un nuevo Tratado en el que se plasmaran las nuevas relaciones existentes entre los dos países. Los diputados de todos los partidos –salvo los del PSOE- rechazaron la decisión de Sánchez y el representante del PNV, Aitor Esteban, definió el giro copernicano del presidente del Gobierno como “fruto de un chantaje marroquí” La reacción de Argelia no se hizo esperar. Su presidente, Abdelmajid Tebbourne anunció la suspensión inmediata del Tratado de 2002 de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, porque el injustificable bandazo de España implicaba “una violación d sus obligaciones jurídicas, morales y políticas como potencia administradora del Sáhara Occidental”. Alegaba que, con su apoyo a la ilegal e ilegítima fórmula de autonomía propugnada por la potencia ocupante del territorio, el Gobierno español trataba de “promover un hecho colonial consumado mediante argumentos falaces”. Acto seguido ordenó a la Banca suspender las operaciones relacionadas con el comercio con España y la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros anunció, en consecuencia, la congelación de las domiciliaciones bancarias en operaciones procedentes de España o a ella destinadas. Tebboune había advertido el 24 de abril que distinguía entre el Gobierno y el pueblo español, y que garantizaría el cumplimiento de los contratos de suministro de gas. Sin embargo, con la denuncia del Tratado de abrió la vía a una escalada, al incremento de los precios y a una posible disminución o corte del suministro. Por otra parte, ha aumentado de forma súbita, la presencia en las costas españolas de pateras con emigrantes procedentes de Argelia. Para mejor comprender la vehemente reacción del Gobierno argelino resultan de interés las sensatas declaraciones hechas a Andros Lozano en “El Mundo” por el antiguo ministro de Industria y Minas, Ferhat Ait Alí, según el cual, Argelia ha mantenido una relación estratégica y económica con España desde la época de Franco y no tenía con ella hasta ahora ningún conflicto político, pero las relaciones entre los dos países pasaban actualmente por uno de sus peores momentos. España es la antigua potencia colonizadora del Sáhara Occidental y, hasta ahora, mantenía una posición acorde con la ONU y la legalidad internacional. “No entendemos el giro de Pedro Sánchez, que debe volver a la legalidad internacional. Quizás pensara que Argelia no iba a reaccionar, pero ha cometido un gran error de cálculo”. Para los argelinos el problema del Sáhara es una cuestión de principios. El pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro y España tenía al respecto la misma posición que Argelia, pero Sánchez se ha alineado con la postura de Trump, si bien el Derecho Internacional no ha cambiado. ”Argelia no podía quedarse sin responder. La causa saharaui la llevamos en el corazón”. Argelia no tiene problemas con España, sino con Sánchez. Esperaba que éste recondujera su postura y, si no, “confiamos en que el PP vuelva a la antigua posición con respecto al Sáhara Occidental cuando gobierne”. .Finalmente señaló que no era una buena idea mezclar problemas pasajeros en las relaciones entre España y Argelia con la UE, pues si Bruselas se entrometía, haría más difícil solucionar la situación. “Para arreglar cualquier problema con la parte española no necesitamos llamar a Bruselas”. En opinión de Guillermo del Valle, director de “El Jacobino”, Sánchez ha provocado el cambio de una política de Estado con referencia al Sáhara Occidental por la puerta de atrás, sin transparencia, deliberación, rendición de cuentas, ni atisbo de respeto al control parlamentario. “El dislate ha soliviantado con razón a Argelia y ha puesto en tela de juicio los propios intereses económicos de España. Habida cuenta de que nuestra soberanía energética no pasa de ser una quimera, vedada cualquier reflexión sobre la energía nuclear, nuestra dependencia del gas argelino es central”. Reacciones de los Estados europeos a las decisiones de Argelia El Gobierno español lamentó los pasos dados por el argelino y expresó su intención de mantener el compromiso con el Tratado y sus principios de no injerencia en los asuntos internos y de respeto al derecho inalienable de los pueblos a disponer de ellos mismos (¿?). La otrora prestigiada vicepresidenta primera, Nadia Calviño –que esta fallando en el ámbito de su supuesta especialidad económica-, cuando se mete en camisa de once varas –como la de la política internacional- ya desbarra, y ha culpado a Rusia de provocar la actitud inamistosa de Argelia. “He venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con las posiciones de Rusia”. Ante su incapacidad de reaccionar como han hecho otros países europeos, el Gobierno español ha pedido árnica a la UE para que le eche un capote frente al boicot comercial argelino. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares acudió a Bruselas. donde dijo que la Unión compartía su opinión que la medida unilateral tomada por Argelia contra España violaba el Acuerdo de Asociación de la UE con Argelia, y afectaba al mercado únicos y a las relaciones económicas y comerciales entre las dos Partes. En un comunicado conjunto publicado por el vicepresidente de la Comisión Europea,Valdis Dombroskis, y el Alto Representante, Josep Borrell, se expresaba la preocupación de la UE por este hecho y se indicaba que se estaba evaluando sus implicaciones sobre una posible violación de dicho Acuerdo, que podría conducir a un trato discriminatorio a un Estado miembro y afectaría negativamente el ejercicio de los derechos de la Unión. La UE ha sido, no obstante, cauta en su reacción y afirmado que Argelia era un importante socio comercial de la Unión y un actor clave para la estabilidad regional. Ha indicado que la política comercia era competencia exclusiva de la UE, que estaba dispuesta a hacer frente a cualquier tipo de medidas coercitivas aplicadas contra un Estado miembro. “Confiamos en que en que, en nombre de nuestra asociación sólida y duradera, se encuentre una solución rápida para restablecer plenamente las relaciones comerciales y de inversión. Estamos dispuestos a apoyar estos esfuerzos” .La Representación argelina ante la UE lamentó la precipitación de Bruselas en su reacción sin consultar ni verificar previamente con el Gobierno argelino, Señalo que la suspensión del Tratado no afectaba a los compromisos adquiridos y que Argelia seguiría suministrado gas a España de conformidad con los contratos en vigor. No parece que los socios de España en la UE se hayan mostrado especialmente solícitos a la prédica de España –que se ha ganado a pulso por sus propios méritos la réplica de Argelia-, antes al contrario. Katja Keul, la viceministra de Asuntos Exteriores de Alemani, acudió presurosa a Argel para firmar Acuerdos de cooperación científica y cultural con Argelia, y se pronunció por la necesidad de consolidar la Asociación de ésta con la UE. Señalo que Argelia era un país clave para la solución de los problemas regionales en el norte y el oeste de África, y ofreció al Gobierno argelino una cooperación más estrecha para la expansión de sus relaciones energéticas. Emmanuel Macron tampoco desaprovechó la oportunidad y acudió a Argel para entrevistarse con su colega Tebboune, pese a ser el más firme apoyo a Marruecos dentro de la UE y mantener relaciones conflictivas con Argelia desde su independencia. Los dos líderes constataron un acercamiento de sus puntos de vista y expresaron su intención de elevar las relaciones franco-argelinas a un nivel de excelencia. La ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, mostró su deseo de que se establecieran buenas relaciones entre los socios de la UE y los países de la ribera sur del Mediterráneo, y se limitó a expresar su confianza en que el diálogo permitiría afrontar los desafíos comunes entre España y Argelia. En esta carrera europea hacia Argel “à la recherche du gas perdu” –a la que también se sumó Portugal, que consiguió un compromiso de Argelia de aumentar su exportación de gas- destacó por encima de todos Italia, que recibe de Rusia el 45% de sus importaciones de gas. Ya en abril, Mario Draghi se trasladó a Argel para consolidar la cooperación energética y triplicar las importaciones de gas. Con gran habilidad diplomática, ha conseguido mantener buenas relaciones con Marruecos y Argelia, cosa de la que España ha sido incapaz. Draghi hizo una declaración magistral para poder cruzar la aduana política argelina: ”Percibimos una total convergencia de puntos de vista sobre los principales temas y la situación en Libia, Malí y el Sahel, y acordamos apoyar los esfuerzos del enviado de la ONU en el Sáhara Occidental y a la MINURSO para la solución del conflicto”. El día ante de su inminente cese, Draghi dio a Sánchez una lección de hombre de Estado al acudir de nuevo a Argel, acompañado de seis ministros, para fortalecer las relaciones y garantizarse el suministro y la distribución en Europa del gas argelino, a cambio de ofrecer una cooperación más amplia, desplazando de paso a España que era el centro natural –“hub”- para esta operación. Claro que Draghi es un “hombre de Estado” y Sánchez no es ni siquiera un “hombre de Gobierno”, dado que sólo es “hombre de sí mismo”. Como ha observado Joaquín Manso, “el presidente concentró personalmente el volantazo histórico para permitir a Marruecos atribuirse la soberanía del Sáhara, con el consiguiente endurecimiento de su rival antagónico. España pierde el tren del hub gasístico en favor de Italia, queda al albur del incremento de los precios e incluso de de los recortes de suministro que pueda imponer Argelia, y su posición es tan frágil que ninguna garantía obtiene de que Marruecos vaya a ceder en sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla”. Enfrentamiento con la UE En unos momentos en que España depende de la Comisión Europea para que le ayude en su conflicto comercial con Argelia y –sobre todo- le conceda generosamente los fondos necesarios para superar la grave crisis que está atravesando, Sánchez y su vicepresidenta Ribera han realizado “el rizo del rizo” y conseguido enfrentarse con la Comisión. Los países considerados como frugales –especialmente Alemania- desoyeron las advertencias de que se separaran del yugo del suministro energético de Rusia y no sólo no diversificaron las fuentes energéticas, sino que aumentaron su dependencia. Ahora se encuentran en una delicada situación al verse sometidos al chantaje ruso. Según una fuente europea, Berlín impuso como prioridad la “transición verde”, para que todos los Estados europeos tuvieran que hacer sus ajustes cuando a Alemania le convenía bien, y ahora quieren que todos ellos reduzcan al mismo tiempo el consumo de gas para que el impacto sea proporcionalmente menos brusco. Actuando más como ex–ministra alemana que como presidenta de la Comisión, Ursula von der Layen ha propuesto que todos los Estados reduzcan en un 15% el consumo de gas de agosto a mayo, para aumentar las reservas con caras al invierno. La propuesta ha sido mal acogida por los países del sur como España, Portugal, Grecia, Chipre o Malta, así como por Polonía y Hungría, pero sólo la vicepresidenta Ribera –fundamentalista ecológica y antinuclear- ha mostrado su rechazo de forma estridente y descalificadora. “A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Somos solidarios, insisto en ello, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado”. España ha hecho sus deberes en este ámbito pagando más que muchos de nuestros socios. El haber adelantado la tarea permite ser solidario, pero el Gobierno español quiere que se produzca un debate serio y honesto, en vez de imponer soluciones que no le parecen acertadas ni eficaces. ”No nos pueden exigir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión”. La dura actitud española ha caído mal en la Comisión, desde donde se alega que el tema viene planteándose desde hace años y se ha debatido hasta la saciedad. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha pedido solidaridad a los socios comunitarios, y ell vicecanciller, Robert Habeck, ha afirmado que había que ahorrar energía en Europa y ello significaba que también los países que no se vieran directamente afectados por la reducción del suministro de gas procedente de Rusia debían ayudar a los países afectados. Por carecer de conocimientos técnicos sobre el tema no puedo dar una autorizada opinión sobre la propuesta comunitaria, aunque me viene a la mente el refrán español de “mal de muchos consuelo de tontos”. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha solicitado al Gobierno que se oponga frontalmente a dicha propuesta, porque “no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado a y consumido por otros países de la Unión”. Realizar paradas industriales forzosas “agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea”. No era coherente que precisamente España –que había realizado una gran inversión para diversificar la procedencia del suministro de gas- se viera penalizada con un corte de producción impuesto por la Comisión. Puede que Ribera lleve buena parte de razón en su oposición a la propuesta comunitaria, pero no es de recibo la forma extemporánea con la que la ha manifestado, tirando piedras sobre su propio tejado de vidrio. Dada la dependencia de España de la UE, resulta suicida antagonizarla. Como ha señalado “El Mundo” en un editorial, Sánchez trata de compensar la falta de cohesión interna de su Gobierno y su precariedad parlamentaria con un cesarismo irresponsable que se traduce en un deterioro de la imagen de España, que proyecta la impresión de haber cedido al chantaje marroquí sin ganancia visible, al tiempo que recibe el castigo de Argelia, uno de sus principales suministradores de gas. “El coste del cesarismo irresponsable de Sánchez lo vamos a pagar todos los españoles”, y nos va a salir bastante caro. Madrid, 25 de julio de 2022