ATASCO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA UE Y GRAN BRETAÑA SOBRE GIBRALTAR El Gobierno español y el británico llegaron el 31 de diciembre de 2020 a un entendimiento sobre las directrices que deberían guiar el Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar, que era muy nefasto para los intereses de España. Según Felipe Sahagún, el Gobierno español ha regalado a los gibraltareños un status privilegiado que no había logrado en los 47 años en que Gran Bretaña formó parte de la Unión. Aunque España consiguió que la UE le concediera la última palabra en las relaciones con Gibraltar, el Gobierno español está jugando mal esta magnífica baza. Gibraltar se ha convertido en una isla rodeada de países terceros y con una verja que separa al Peñón de España, constituida en frontera exterior de la Unión. Sin la cobertura del Reino Unido, Gibraltar ha quedado en un estado de gran vulnerabilidad. El Gobierno español, en vez de aprovechar una coyuntura favorable para presionar a un municipio español de 30.000 habitantes, que se resiste a reintegrase en la nación a la que geográfica, histórica y políticamente pertenece, ha acudido raudo a salvaguardar los intereses del pueblo gibraltareño y a concederle “gratis et amore” un status privilegiado dentro del “espacio Schengen,” que no le corresponde, El Gobierno español aceptó además delegar en los agentes de Frontex la realización de los controles en territorio gibraltareño.. La entonces ministra Arancha González Laya calificó peyorativamente de “rutina reivindicativa” la ingente labor de la diplomacia española que consiguió que la ONU condenara a Gran Bretaña por el mantenimiento de un sistema colonial contrario a los principios de la Carta, la instara a negociar con España la descolonización de Gibraltar y a poner fin a su dominio colonial antes del 1º de octubre de 1969, y afirmara que cualquier tentativa destinada a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país sería contraria a tales principios. España no ha ganado protagonismo en Gibraltar, sino que sigue a remolque de los intereses de los gibraltareños. El Gobierno español no ha querido aprovechar la coyuntura de la debilidad de la posición internacional de Gran Bretaña tras el Brexit y ha dilapidado la oportunidad de potenciar su reivindicación de soberanía sobre el Peñón. La Comisión Europea adoptó el 20 de julio de 2021 un mandato para la delegación negociadora, que era mucho más favorable a España que el documento hispano-británico, ya que preveía que los controles y las actividades de vigilancia de las fronteras exteriores de la UE serían realizados por España en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. “Los guardias de frontera españoles tendrán todas las competencias necesarias para llevar a cabo los controles y vigilancia de fronteras y cumplir con las obligaciones subsiguientes”. Gran Bretaña reaccionó con vehemencia en contra del mandato., y el Secretario del Foreign Office, Dominic Raab, afirmó que entraba en conflicto con el acuerdo-hispano-británico alcanzado con España, socavaba la soberanía británica sobre Gibraltar,y no podía servir de base para la negociación. La principal objeción era que la propuesta no recogía el compromiso de que los agentes de Frontex realizaran los controles fronterizos. Éstos podrían ayudar, pero España era la responsable y la garante de la aplicación del régimen de Schengen en Gibraltar. Frontex carecía de legitimidad y de capacidad jurídica para asumir la aplicación del citado régimen. José Manuel Albares ha afirmado, que iba a cumplir todo lo acordado. Espero que recapacite y rectifique, pues el acuerdo hispano-británico -amén de un disparate jurídico- es un error político considerable, y que el Gobierno español está dilapidando una magnífica oportunidad para conseguir su objetivo histórico de reintegrar Gibraltar a la soberanía de España. La UE le ha hecho el gran favor de defender frente al Reino Unido el criterio de que España era la única responsable del cumplimiento de las normas de Schengen en Gibraltar, y le ha permitido corregir su mal paso diplomático. La primera sesión de las negociaciones fue de carácter técnico y el ambiente negociador no fue nada propicio por la actitud irresponsable de Boris Johnson con respecto a Irlanda del Norte, ya que ha violado normas elementales del Derecho Internacional al renegar del compromiso asumido por Gran Bretaña y pretendido modificar un tratado internacional mediante una ley interna. Las negociaciones están estancadas hasta que se resuelva el sainete de la sustitución de Johnson como primer ministro. Si la UE se mantiene firme, puede que sean Johnson y Picardo los que al final tengan que pedir árnica.

Al fin llegan buenas noticias judiciales de Bruselas

ATASCO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA UE Y GRAN BRETAÑA SOBRE GIBRALTAR El Gobierno español y el británico llegaron el 31 de diciembre de 2020 a un entendimiento sobre las directrices que deberían guiar el Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar, que era muy nefasto para los intereses de España. Según Felipe Sahagún, el Gobierno español ha regalado a los gibraltareños un status privilegiado que no había logrado en los 47 años en que Gran Bretaña formó parte de la Unión. Aunque España consiguió que la UE le concediera la última palabra en las relaciones con Gibraltar, el Gobierno español está jugando mal esta magnífica baza. Gibraltar se ha convertido en una isla rodeada de países terceros y con una verja que separa al Peñón de España, constituida en frontera exterior de la Unión. Sin la cobertura del Reino Unido, Gibraltar ha quedado en un estado de gran vulnerabilidad. El Gobierno español, en vez de aprovechar una coyuntura favorable para presionar a un municipio español de 30.000 habitantes, que se resiste a reintegrase en la nación a la que geográfica, histórica y políticamente pertenece, ha acudido raudo a salvaguardar los intereses del pueblo gibraltareño y a concederle “gratis et amore” un status privilegiado dentro del “espacio Schengen,” que no le corresponde, El Gobierno español aceptó además delegar en los agentes de Frontex la realización de los controles en territorio gibraltareño.. La entonces ministra Arancha González Laya calificó peyorativamente de “rutina reivindicativa” la ingente labor de la diplomacia española que consiguió que la ONU condenara a Gran Bretaña por el mantenimiento de un sistema colonial contrario a los principios de la Carta, la instara a negociar con España la descolonización de Gibraltar y a poner fin a su dominio colonial antes del 1º de octubre de 1969, y afirmara que cualquier tentativa destinada a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país sería contraria a tales principios. España no ha ganado protagonismo en Gibraltar, sino que sigue a remolque de los intereses de los gibraltareños. El Gobierno español no ha querido aprovechar la coyuntura de la debilidad de la posición internacional de Gran Bretaña tras el Brexit y ha dilapidado la oportunidad de potenciar su reivindicación de soberanía sobre el Peñón. La Comisión Europea adoptó el 20 de julio de 2021 un mandato para la delegación negociadora, que era mucho más favorable a España que el documento hispano-británico, ya que preveía que los controles y las actividades de vigilancia de las fronteras exteriores de la UE serían realizados por España en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. “Los guardias de frontera españoles tendrán todas las competencias necesarias para llevar a cabo los controles y vigilancia de fronteras y cumplir con las obligaciones subsiguientes”. Gran Bretaña reaccionó con vehemencia en contra del mandato., y el Secretario del Foreign Office, Dominic Raab, afirmó que entraba en conflicto con el acuerdo-hispano-británico alcanzado con España, socavaba la soberanía británica sobre Gibraltar,y no podía servir de base para la negociación. La principal objeción era que la propuesta no recogía el compromiso de que los agentes de Frontex realizaran los controles fronterizos. Éstos podrían ayudar, pero España era la responsable y la garante de la aplicación del régimen de Schengen en Gibraltar. Frontex carecía de legitimidad y de capacidad jurídica para asumir la aplicación del citado régimen. José Manuel Albares ha afirmado, que iba a cumplir todo lo acordado. Espero que recapacite y rectifique, pues el acuerdo hispano-británico -amén de un disparate jurídico- es un error político considerable, y que el Gobierno español está dilapidando una magnífica oportunidad para conseguir su objetivo histórico de reintegrar Gibraltar a la soberanía de España. La UE le ha hecho el gran favor de defender frente al Reino Unido el criterio de que España era la única responsable del cumplimiento de las normas de Schengen en Gibraltar, y le ha permitido corregir su mal paso diplomático. La primera sesión de las negociaciones fue de carácter técnico y el ambiente negociador no fue nada propicio por la actitud irresponsable de Boris Johnson con respecto a Irlanda del Norte, ya que ha violado normas elementales del Derecho Internacional al renegar del compromiso asumido por Gran Bretaña y pretendido modificar un tratado internacional mediante una ley interna. Las negociaciones están estancadas hasta que se resuelva el sainete de la sustitución de Johnson como primer ministro. Si la UE se mantiene firme, puede que sean Johnson y Picardo los que al final tengan que pedir árnica.

Argelia: Los errores en política exterior resultan muy caros

ARGELIA: LOS ERRORES EN POLÍTICA EXTERIOR RESULTAN MUY CAROS El pasado domingo sonaron las alarmas en el enrarecido ambiente actualmente existente entre España y Argelia. Según reveló “OKDiario”, fuentes de la compañía de hidrocarburos argelina Sonatrach informaron que -debido a una avería producida en la parte española del gaseoducto Medgaz- se había producido una interrupción temporal del suministro del gas argelino a España y que equipos técnicos españoles estaban trabajando intensamente para realizar las reparaciones necesarias y restablecer el suministro tan pronto como fuera posible. El Ministerio de Transición Ecológica desmintió la noticia y declaró que tan sólo se había producido un fallo de corta duración en la planta de Beni Saif, que había producido una disminución en el suministro de gas, pero que –una vez reparado- se había restablecido el flujo habitual y normalizada la situación. ¿Se trata de un hecho casual? También Rusia alegó la producción de una avería en una turbina en el gasoducto Nord Stream-1 para suspender por algún tiempo el suministro de gas a Alemania. Se da la peculiar circunstancia de que –en estos momentos de crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania-. España ha disminuido últimamente en un 41.1% la importación de gas de Argelia –hasta ahora su principal suministrador- y aumentado en un 3.2% la procedente de Rusia, pese a las sanciones establecidas por la UE, hasta el punto de que en junio se importó más gas de Rusia que de Argelia. Los errores en política interior, por graves que sean, son fácilmente subsanables si el Gobierno causante cuenta con una mayoría en el Parlamento, aunque sea tan artificial y frágil como la del Gobierno “Frankenstein”de Pedro Sánchez. Pese a los continuos chirridos que a diario producen las distintas piezas del monstruo, todas ellas se articulan y ocupan su lugar al grito de “¡que viene la derecha!”. El cerebro de la criatura ha tenido la rarísima habilidad de enfrentarse por la misma razón con Marruecos, con Argelia y con el Frente Polisario, y ahora -con la inapreciable ayuda de su vicepresidenta de tercera división, Teresa Ribera- también lo ha hecho con la Comisión Europea, de cuyos Fondos y generosa ayuda depende España para intentar superar la terrible crisis económica, social y moral provocada por la actuación de Frankenstein. Lo peor es que –a diferencia de los errores en política doméstica, que son tolerados por una mayoría del pueblo español- los disparates cometidos en política exterior no son fáciles de subsanar y suelen salir muy caros. Antecedentes de las crisis con Argelia Cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la situación actual en el Magreb –e incluimos entre ellos al Presidente del Gobierno y sus asesores áulicos- es consciente del difícil equilibrio existente en la lucha por el liderazgo entre Marruecos y Argelia, que ha llevado a la ruptura de las relaciones diplomáticas, al cierre de las fronteras, al constante incremento de los gastos de defensa de los dos países –los más elevados en África- y a la creciente tensión argelino-marroquí en la región. Uno de los principales motivos de este enfrentamiento–aunque no sea el único- es el de la descolonización del antiguo Sáhara Español. Argelia es el principal apoyo político, militar, económico, técnico, logístico y humanitario del pueblo saharaui y de su representante legítimo, el Frente Polisario. Acoge en su territorio en la región de Tinduf a decenas de miles de refugiados saharauis, que han sido expulsados de su territorio por la invasión de Marruecos producida a partir de 1976, a los que ofrece refugio en precario. El Gobierno argelino respaldó plenamente a las milicias del FP en su guerra con Marruecos, con el que tuvo incluso conatos de enfrentamientos armados. Tras el Acuerdo de paz de 1991 entre Marruecos y el FP, ambas Partes se comprometieron a celebrar un referéndum de libre determinación bajo los auspicios de la ONU, para que el pueblo saharaui pudiera expresar su voluntad sobre su futuro. El Consejo de Seguridad creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Desde entonces, Marruecos ha hecho cuanto ha estado en su mano para impedir la realización del referéndum y consolidado su ocupación militar de la mayor parte de su territorio, tras la construcción de un infamante muro que atraviesa el país de norte a sur, ante la inoperancia de la MINURSO y la falta de voluntad política de la ONU para hacer cumplir a Marruecos sus resoluciones. El Gobierno marroquí ha recurrido a toda clase de tretas para impedir la realización del referéndum y ha participado –junto con Argelia y Mauritania- en una serie de conversaciones informales en las que no se han realizado el menor progreso. Marruecos se quitó definitivamente la careta y afirmó que no podía aceptar ninguna solución que no supusiera la integración del Sáhara Occidental en el Reino de Marruecos como una provincia más, a cuyos efectos presentó en 2007 un indefinido e inarticulado plan de autonomía, que suponía una tibia oferta de regionalización. Reconocimiento de Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental Aunque contara con la simpatías de Estados Unidos, Francia, la mayoría de los países europeos y buena parte de los Estados árabes, africanos y musulmanes, Marruecos gozaba de una fuerte posición política al controlar el territorio sahariano, pero de una débil posición jurídica, ya que ni un solo Estado –incluidos su más cercanos aliados- se había atrevido a reconocer la legalidad de la ocupación militar del Sáhara Occidental. Esta situación cambió de forma dramática a finales de 2020, cuando el presidente norteamericano, Donald Trump –ya con un pie en el estribo para abandonar la Casa Blanca- reconoció la legalidad de la ocupación marroquí de la totalidad del Sáhara Occidental. Asimismo afirmó que la propuesta de autonomía presentada por Marruecos era “la única base para una solución justa y duradera al conflicto”, por lo que instó a las Parte a que entraran sin tardanza a debatir la única fórmula viable y llegaran a una solución mutuamente aceptable. El mal ejemplo norteamericano fue seguido por otros 22 Estados –incluidos Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Jordania- y la posición jurídica de Marruecos recibió un inesperado respaldo de buena parte de la comunidad internacional, sin que se produjera reacción alguna por parte de la ONU, cada día más resignada a que se incumplieran definitivamente sus resoluciones y se abandonara la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Incluso Alemania –que había tenido enfrentamientos con Marruecos por la cuestión del Sáhara- adoptó una actitud más comprensiva y expresó su disposición a debatir la propuesta marroquí de autonomía. Sánchez pensó que España debería hacer lo propio, pero acercándose más a la postura de Estados Unidos que a la de Alemania. Acostumbrado a hacer lo que le da la republicana gana, decidíó,-sin consultarlo con su Gobierno ni con sus aliados, sin informar a la Oposición y sin contar con el respaldo de las Cortes- enviar el 14 de marzo de 2022 una carta en plan colega al rey Mohamed VI, para transmitirle “algunas ideas importantes para la nueva relación entre los Reinos de Marruecos y de España”. Le informó que España (¿?) consideraba que “la propuesta marroquí de autonomía presentad en 2007 era la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Con la mayor desenvoltura daba al monarca alauita su garantía personal de que España actuaría con “absoluta transparencia”. Y, para probar su transparencia, oculto la misiva al Gobierno, a las Cortes, a la Oposición y a los ciudadanos españoles, que se enteraron parcialmente de su contenido por una filtración interesada de Mohamed VI a los medios de comunicación marroquíes. En un alarde de prepotencia similar a la del “Rey Sol” –“l´Etat cest moi”-, el presidente de un Gobierno con menos diputados en el período de la democracia española decidió –por sí y ante sí- cambiar una política de Estado seguida por Gobiernos de distinta orientación política, apoyar la postura de Marruecos contraria a las resoluciones de las Naciones Unidas, y romper el delicado equilibrio de neutralidad requerido en las relaciones con Marruecos y Argelia. Según ha comentado Leopoldo Abadía, Sánchez se lo jugó y todavía no ha explicado por qué. Mostrando una vez más su menosprecio por España, sus instituciones y su pueblo, no se ha dignado a dar la menor explicación de esta caprichosa e injustificada decisión, que tanta transcendencia está teniendo para la política exterior española. Ni siquiera ante las Cortes, que ha mostrado su desacuerdo y donde Sánchez sólo ha contado con el apoyo de su partido. Una muestra bien clara de ello ha sido –aparte de la natural reacción del FP de romper cualquier tipo de relación con España- la vehemente reacción de Argelia. Sánchez se mostró sorprendido, aunque no creo que ni siquiera se hubiera planteado la posibilidad de que se produjera, acostumbrado como está a cometer los mayores dislates en el ámbito doméstico con absoluta impunidad. Reacción de Argelia La reacción de Argelia ante la mutación de la posición de Sánchez sobre el Sáhara –y digo de Sánchez porque no se trata de una decisión adoptada por los cauces legales previstos, aunque el presidente esté convencido de que España es él- ha sido sumamente negativa, como era de temer, y ha ido “in crescendo” con el desarrollo de los acontecimientos. Su reacción fulminante fue retirar a su Embajador en Madrid, denunciar la violación por parte de España de las resoluciones de la ONU y del Derecho Internacional y anunciar que el cambio afectaría a las relaciones con España. Un portavoz del Ministerio de Industria y Minas anunció que Argelia mantendría los precios a todos sus clientes salvo a España, a la que se los subiría. Sánchez podría haber reconsiderado su disparatada decisión y dado un prudente paso atrás, ya que –al fin y al cabo- Sánchez no había ido tan lejos como Trump y no reconoció la legalidad de la ocupación. Podría haber reiterado su apoyo a las resoluciones de la ONU y manifestado que se debería negociar sobre la propuesta marroquí de autonomía como una de las posibles vías para solucionar el conflicto sahariano, pero lejos de ello –de humanos es rectificar, aunque Sánchez no parece serlo- reiteró el 8 de junio ante el Congreso su decisión personal de imprimir un giro radical a la posición tradicional de España sobre el Sáhara Occidental, y de alinearse plenamente con el plan anexionista marroquí, y su intención de firmar con Marruecos un nuevo Tratado en el que se plasmaran las nuevas relaciones existentes entre los dos países. Los diputados de todos los partidos –salvo los del PSOE- rechazaron la decisión de Sánchez y el representante del PNV, Aitor Esteban, definió el giro copernicano del presidente del Gobierno como “fruto de un chantaje marroquí” La reacción de Argelia no se hizo esperar. Su presidente, Abdelmajid Tebbourne anunció la suspensión inmediata del Tratado de 2002 de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, porque el injustificable bandazo de España implicaba “una violación d sus obligaciones jurídicas, morales y políticas como potencia administradora del Sáhara Occidental”. Alegaba que, con su apoyo a la ilegal e ilegítima fórmula de autonomía propugnada por la potencia ocupante del territorio, el Gobierno español trataba de “promover un hecho colonial consumado mediante argumentos falaces”. Acto seguido ordenó a la Banca suspender las operaciones relacionadas con el comercio con España y la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros anunció, en consecuencia, la congelación de las domiciliaciones bancarias en operaciones procedentes de España o a ella destinadas. Tebboune había advertido el 24 de abril que distinguía entre el Gobierno y el pueblo español, y que garantizaría el cumplimiento de los contratos de suministro de gas. Sin embargo, con la denuncia del Tratado de abrió la vía a una escalada, al incremento de los precios y a una posible disminución o corte del suministro. Por otra parte, ha aumentado de forma súbita, la presencia en las costas españolas de pateras con emigrantes procedentes de Argelia. Para mejor comprender la vehemente reacción del Gobierno argelino resultan de interés las sensatas declaraciones hechas a Andros Lozano en “El Mundo” por el antiguo ministro de Industria y Minas, Ferhat Ait Alí, según el cual, Argelia ha mantenido una relación estratégica y económica con España desde la época de Franco y no tenía con ella hasta ahora ningún conflicto político, pero las relaciones entre los dos países pasaban actualmente por uno de sus peores momentos. España es la antigua potencia colonizadora del Sáhara Occidental y, hasta ahora, mantenía una posición acorde con la ONU y la legalidad internacional. “No entendemos el giro de Pedro Sánchez, que debe volver a la legalidad internacional. Quizás pensara que Argelia no iba a reaccionar, pero ha cometido un gran error de cálculo”. Para los argelinos el problema del Sáhara es una cuestión de principios. El pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro y España tenía al respecto la misma posición que Argelia, pero Sánchez se ha alineado con la postura de Trump, si bien el Derecho Internacional no ha cambiado. ”Argelia no podía quedarse sin responder. La causa saharaui la llevamos en el corazón”. Argelia no tiene problemas con España, sino con Sánchez. Esperaba que éste recondujera su postura y, si no, “confiamos en que el PP vuelva a la antigua posición con respecto al Sáhara Occidental cuando gobierne”. .Finalmente señaló que no era una buena idea mezclar problemas pasajeros en las relaciones entre España y Argelia con la UE, pues si Bruselas se entrometía, haría más difícil solucionar la situación. “Para arreglar cualquier problema con la parte española no necesitamos llamar a Bruselas”. En opinión de Guillermo del Valle, director de “El Jacobino”, Sánchez ha provocado el cambio de una política de Estado con referencia al Sáhara Occidental por la puerta de atrás, sin transparencia, deliberación, rendición de cuentas, ni atisbo de respeto al control parlamentario. “El dislate ha soliviantado con razón a Argelia y ha puesto en tela de juicio los propios intereses económicos de España. Habida cuenta de que nuestra soberanía energética no pasa de ser una quimera, vedada cualquier reflexión sobre la energía nuclear, nuestra dependencia del gas argelino es central”. Reacciones de los Estados europeos a las decisiones de Argelia El Gobierno español lamentó los pasos dados por el argelino y expresó su intención de mantener el compromiso con el Tratado y sus principios de no injerencia en los asuntos internos y de respeto al derecho inalienable de los pueblos a disponer de ellos mismos (¿?). La otrora prestigiada vicepresidenta primera, Nadia Calviño –que esta fallando en el ámbito de su supuesta especialidad económica-, cuando se mete en camisa de once varas –como la de la política internacional- ya desbarra, y ha culpado a Rusia de provocar la actitud inamistosa de Argelia. “He venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con las posiciones de Rusia”. Ante su incapacidad de reaccionar como han hecho otros países europeos, el Gobierno español ha pedido árnica a la UE para que le eche un capote frente al boicot comercial argelino. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares acudió a Bruselas. donde dijo que la Unión compartía su opinión que la medida unilateral tomada por Argelia contra España violaba el Acuerdo de Asociación de la UE con Argelia, y afectaba al mercado únicos y a las relaciones económicas y comerciales entre las dos Partes. En un comunicado conjunto publicado por el vicepresidente de la Comisión Europea,Valdis Dombroskis, y el Alto Representante, Josep Borrell, se expresaba la preocupación de la UE por este hecho y se indicaba que se estaba evaluando sus implicaciones sobre una posible violación de dicho Acuerdo, que podría conducir a un trato discriminatorio a un Estado miembro y afectaría negativamente el ejercicio de los derechos de la Unión. La UE ha sido, no obstante, cauta en su reacción y afirmado que Argelia era un importante socio comercial de la Unión y un actor clave para la estabilidad regional. Ha indicado que la política comercia era competencia exclusiva de la UE, que estaba dispuesta a hacer frente a cualquier tipo de medidas coercitivas aplicadas contra un Estado miembro. “Confiamos en que en que, en nombre de nuestra asociación sólida y duradera, se encuentre una solución rápida para restablecer plenamente las relaciones comerciales y de inversión. Estamos dispuestos a apoyar estos esfuerzos” .La Representación argelina ante la UE lamentó la precipitación de Bruselas en su reacción sin consultar ni verificar previamente con el Gobierno argelino, Señalo que la suspensión del Tratado no afectaba a los compromisos adquiridos y que Argelia seguiría suministrado gas a España de conformidad con los contratos en vigor. No parece que los socios de España en la UE se hayan mostrado especialmente solícitos a la prédica de España –que se ha ganado a pulso por sus propios méritos la réplica de Argelia-, antes al contrario. Katja Keul, la viceministra de Asuntos Exteriores de Alemani, acudió presurosa a Argel para firmar Acuerdos de cooperación científica y cultural con Argelia, y se pronunció por la necesidad de consolidar la Asociación de ésta con la UE. Señalo que Argelia era un país clave para la solución de los problemas regionales en el norte y el oeste de África, y ofreció al Gobierno argelino una cooperación más estrecha para la expansión de sus relaciones energéticas. Emmanuel Macron tampoco desaprovechó la oportunidad y acudió a Argel para entrevistarse con su colega Tebboune, pese a ser el más firme apoyo a Marruecos dentro de la UE y mantener relaciones conflictivas con Argelia desde su independencia. Los dos líderes constataron un acercamiento de sus puntos de vista y expresaron su intención de elevar las relaciones franco-argelinas a un nivel de excelencia. La ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, mostró su deseo de que se establecieran buenas relaciones entre los socios de la UE y los países de la ribera sur del Mediterráneo, y se limitó a expresar su confianza en que el diálogo permitiría afrontar los desafíos comunes entre España y Argelia. En esta carrera europea hacia Argel “à la recherche du gas perdu” –a la que también se sumó Portugal, que consiguió un compromiso de Argelia de aumentar su exportación de gas- destacó por encima de todos Italia, que recibe de Rusia el 45% de sus importaciones de gas. Ya en abril, Mario Draghi se trasladó a Argel para consolidar la cooperación energética y triplicar las importaciones de gas. Con gran habilidad diplomática, ha conseguido mantener buenas relaciones con Marruecos y Argelia, cosa de la que España ha sido incapaz. Draghi hizo una declaración magistral para poder cruzar la aduana política argelina: ”Percibimos una total convergencia de puntos de vista sobre los principales temas y la situación en Libia, Malí y el Sahel, y acordamos apoyar los esfuerzos del enviado de la ONU en el Sáhara Occidental y a la MINURSO para la solución del conflicto”. El día ante de su inminente cese, Draghi dio a Sánchez una lección de hombre de Estado al acudir de nuevo a Argel, acompañado de seis ministros, para fortalecer las relaciones y garantizarse el suministro y la distribución en Europa del gas argelino, a cambio de ofrecer una cooperación más amplia, desplazando de paso a España que era el centro natural –“hub”- para esta operación. Claro que Draghi es un “hombre de Estado” y Sánchez no es ni siquiera un “hombre de Gobierno”, dado que sólo es “hombre de sí mismo”. Como ha observado Joaquín Manso, “el presidente concentró personalmente el volantazo histórico para permitir a Marruecos atribuirse la soberanía del Sáhara, con el consiguiente endurecimiento de su rival antagónico. España pierde el tren del hub gasístico en favor de Italia, queda al albur del incremento de los precios e incluso de de los recortes de suministro que pueda imponer Argelia, y su posición es tan frágil que ninguna garantía obtiene de que Marruecos vaya a ceder en sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla”. Enfrentamiento con la UE En unos momentos en que España depende de la Comisión Europea para que le ayude en su conflicto comercial con Argelia y –sobre todo- le conceda generosamente los fondos necesarios para superar la grave crisis que está atravesando, Sánchez y su vicepresidenta Ribera han realizado “el rizo del rizo” y conseguido enfrentarse con la Comisión. Los países considerados como frugales –especialmente Alemania- desoyeron las advertencias de que se separaran del yugo del suministro energético de Rusia y no sólo no diversificaron las fuentes energéticas, sino que aumentaron su dependencia. Ahora se encuentran en una delicada situación al verse sometidos al chantaje ruso. Según una fuente europea, Berlín impuso como prioridad la “transición verde”, para que todos los Estados europeos tuvieran que hacer sus ajustes cuando a Alemania le convenía bien, y ahora quieren que todos ellos reduzcan al mismo tiempo el consumo de gas para que el impacto sea proporcionalmente menos brusco. Actuando más como ex–ministra alemana que como presidenta de la Comisión, Ursula von der Layen ha propuesto que todos los Estados reduzcan en un 15% el consumo de gas de agosto a mayo, para aumentar las reservas con caras al invierno. La propuesta ha sido mal acogida por los países del sur como España, Portugal, Grecia, Chipre o Malta, así como por Polonía y Hungría, pero sólo la vicepresidenta Ribera –fundamentalista ecológica y antinuclear- ha mostrado su rechazo de forma estridente y descalificadora. “A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Somos solidarios, insisto en ello, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado”. España ha hecho sus deberes en este ámbito pagando más que muchos de nuestros socios. El haber adelantado la tarea permite ser solidario, pero el Gobierno español quiere que se produzca un debate serio y honesto, en vez de imponer soluciones que no le parecen acertadas ni eficaces. ”No nos pueden exigir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión”. La dura actitud española ha caído mal en la Comisión, desde donde se alega que el tema viene planteándose desde hace años y se ha debatido hasta la saciedad. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha pedido solidaridad a los socios comunitarios, y ell vicecanciller, Robert Habeck, ha afirmado que había que ahorrar energía en Europa y ello significaba que también los países que no se vieran directamente afectados por la reducción del suministro de gas procedente de Rusia debían ayudar a los países afectados. Por carecer de conocimientos técnicos sobre el tema no puedo dar una autorizada opinión sobre la propuesta comunitaria, aunque me viene a la mente el refrán español de “mal de muchos consuelo de tontos”. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha solicitado al Gobierno que se oponga frontalmente a dicha propuesta, porque “no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado a y consumido por otros países de la Unión”. Realizar paradas industriales forzosas “agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea”. No era coherente que precisamente España –que había realizado una gran inversión para diversificar la procedencia del suministro de gas- se viera penalizada con un corte de producción impuesto por la Comisión. Puede que Ribera lleve buena parte de razón en su oposición a la propuesta comunitaria, pero no es de recibo la forma extemporánea con la que la ha manifestado, tirando piedras sobre su propio tejado de vidrio. Dada la dependencia de España de la UE, resulta suicida antagonizarla. Como ha señalado “El Mundo” en un editorial, Sánchez trata de compensar la falta de cohesión interna de su Gobierno y su precariedad parlamentaria con un cesarismo irresponsable que se traduce en un deterioro de la imagen de España, que proyecta la impresión de haber cedido al chantaje marroquí sin ganancia visible, al tiempo que recibe el castigo de Argelia, uno de sus principales suministradores de gas. “El coste del cesarismo irresponsable de Sánchez lo vamos a pagar todos los españoles”, y nos va a salir bastante caro. Madrid, 25 de julio de 2022

Delimitation of Maritime Spaces between Spain and Morocco

DELIMITATION OF MARITIME SPACES BETWEEN SPAIN AND MOROCCO José Antonio de Yturriaga Barberán Ambassador of Spain I.-Delimitation of the Territorial Sea II.-Delimitation of the EEZ III.-Delimitation of the Continental Shelf IV.-Delimitation between Spain and Morocco 1.-Territorial Sea 2.-EEZ 3.-Continental Shelf beyond 200 miles V.-Delimitation between the Canary Islands and Western Sahara VI.-Conclusions Summary In its first part, the article describes the regulation of the maritime spaces of the States in accordance with International Law and, in particular, with the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. The second part deals with the delimitation of the territorial sea, the EEZ and the continental shelf between Spain and Morocco, both in the Mediterranean Sea and in the Atlantic Ocean. The author considers it unnecessary to negotiate with Morocco the delimitation of the maritime spaces between the Canary Islands and Western Sahara, given that this country does not legally exercise its sovereignty over the land territory and the adjacent waters of the former Spanish colony. Key words Western Sahara. Spain. Morocco. European Union. Delimitation The delimitation of the maritime spaces of the States was one of the crucial questions dealt with by de delegations participating in the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS), which could not be solved until the last moments of its XI session, after exhausting negotiations held between the two main interest groups - the “Equidistance Group” and the” Equitable Group”-, respectively led by Ambassador José Manuel Lacleta -Spain- and Ambassador Mahon Hayes –Ireland-. The issue of the delimitation of the territorial sea and of the contiguous zone was quickly solved by the Conference, but this was not de case of the delimitation of the continental shelf and of the exclusive economic zone –EEZ-. Among its neighboring States, Spain has only agreed the delimitation of its territorial sea and its continental shelf with France in the Gulf of Biscay , and of its continental shelf with Italy . It has also agreed, in principle to, the delimitation of its territorial sea and its continental shelf with Portugal in the Iberian Peninsula , but has failed to agree upon the delimitation of its EEZ and of its continental shelf in the Southern Atlantic, due to the Portuguese demand to draw the median line, not between Madeira and the Canary Islands, but between the Canarian archipelago and the rock of Salvajes . Spain has reached no agreement with France in the Mediterranenan Sea, with Moorocco both in the Mediterranean Sea and in the Atlantic Ocean, or with Great Britain in Gibraltar. I.-Delimitation of the territorial sea UNCLOS had no difficulty in reaching an agreement about the delimitation of the territorial sea and reproduced the text of the 1958 Genera Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, which stated that ,”where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line, every point of which is equidistant from the nearest points from the baseline from which the breath of the territorial sea of each of the two States is measured” . This text has been literally reprinted in the 1982 Law of the Sea Convention (LOSC) . According to the 1958 Geneva Conventions, the islands generate territorial sea and continental shelf . However, some delegations participating at UNCLOS –including that of Morocco- called such a right into question or tried to reduce its scope, especially in connection with the EEZ, arguing that the islands could not have the same rights as the continental territories. Especially sensitive to the colonial problems -including the proximity to their coasts of islands under the control of colonial powers-, the African States expressed “the need to duly define the nature of the maritime spaces of the islands”, and recommended that such a definition should be made in accordance with equitable principles, which should have in mind -among other factors- the size of the islands, their population, their contiguity to the main territory, and their geological configuration . Sixteen African States submitted a proposal based on the OAU Declaration, but adding as a new factor, that is, the fact that the island be placed on the continental shelf of another State . Rumania made a proposal, according to which, the small islands, uninhabited and without economic life of their own, would have no right to continental shelf or to any other maritime space of similar characteristics . These proposals were rejected by the Conference which maintained the equality of rights of the islands and the land territories to generate maritime spaces . Therefore, the LOSC established that –with the exception of the rocks which could not sustain human habitation or economic life of their own- “the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory” . II.-Delimitation of the EEZ Given the fact that the EEZ was a new concept, UNCLOS had no previous references other than the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, which –concerning delimitation- provided that, where the continental shelf was adjacent to the territories of two or more States whose coasts were opposite or adjacent to each other, the boundary of the shelf appertaining to such States should be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line was justified by special circumstances, the boundary was the median line, every point of which was equidistant from the nearest points from which the breadth of the territorial sea of each State was measured . In the Informal Single Negotiating Text elaborated in 1975 by the chairman of the Second Committee, ambassador Reynaldo Galindo-Pohl –El Salvador-, modified the Geneva text in establishing that the delimitation of the EEZ between adjacent States should be effected by agreement in conformity with equitable principles, and using, whenever appropriate, the median or equidistance line, and taking the relevant circumstances in account. If agreement was not reached between the concerned States, they should resort to the procedures provided by the LOSC for settlement of disputes. “If there was no agreement, no State might extend the limit of its EEZ beyond the equidistance line” . One year later, the new chairman of the Second Committee, ambassador Andrés Aguilar -Venezuela- unilaterally changed this formula in the Revised Single Negotiating Text, in spite of the fact that there had been no consensus at the Conference to this effect. The RSNT established that, pending agreement, the States concerned should enter into provisional arrangements . This unjustified change tilted the balance in favor of the States which supported the subjective criterion of “equitable principles” and unchained a confrontation with the States who defended the objective criterion of “equidistance”. In 1977, the delegation of Canada proposed that the equidistance be recognized as the general principle for the delimitation and the delegation of Spain suggested the reintroduction of article 71-3 of the ISNT . These proposals were embodied into a joint proposal sponsored by 17 delegations . Spain distributed a Memorandum on Delimitation, which reflected the views of the “Equidistance Group”. The delegation of Morocco suggested to explicit the concept of “special circumstances” and the factors to be considered in order to effect the delimitation of maritime spaces , and other 11 delegations –including that of Morocco- submitted a proposal aimed at suppressing any mention of the equidistance . Consolidated both interest Groups, there were endless informal negotiation between them and their leaders –Lacleta and Hayes-, until a compromise was reached at the last session of UNCLOS under the pressure of its president, Tommy Koh . The LOSC included the following provision: “1.-“The delimitation of the EEZ between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of International law, as referred to in article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution; 2.-If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV. 3.-Pending agreement […] the States concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature” . This formula did not solve the question of the delimitation, was excessively generic and left it subject to the interpretation of the relevant provisions of International law to the States concerned and, eventually, to the courts and tribunals. It had, however, the merit that it was acceptable to everybody and, consequently, made it easy to reach a general agreement and opened the way to the approval of the Convention by UNCLOS. III.-Delimitation of the Continental Shelf The Convention provides that the continental shelf of a State “comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distances of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance […] The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof” . There are in the continental shelf, therefore, two different parts: the one reaching the 200 miles, which coincides with the seabed of the EEZ and the other which goes beyond this limit in the cases where a State is endowed by nature with a geomorphological shelf which reached up to 350 miles. In the first part, the LOSC´s regulations concerning the delimitation of the continental shelf are identical to those applicable to the delimitation of the EEZ . In the second part of the continental shelf, the provisions established for the first part may be also applicable, but there should be no confusion between the recognition of a State´s shelf extending up to 350 miles and the delimitation of such shelf between the States concerned. The first question is to be solved by the Commission of the Limits of the Continental Shelf (CLCS), to which the coastal States have to submit their demands, and the Commission shall make recommendations to the coastal States on matters related to the establishment of the outer limit of their continental shelves , but the delimitation of the respective shelves falls under the competence of the States concerned. IV.-Delimitation between Spain and Moorocco As neighbor States, Spain and Morocco have spaces to delimit, both in the Mediterranean Sea and in the Atlantic Ocean, but,-for political reasons- the two States have been unable to reach agreement on any delimitation. 1.-Territorial Sea Morocco has claimed sovereignty over several territories in North Africa which belong to Spain, such as Ceuta, Melilla and the Islands of Chafarinas, Alborán, Alhucemas and Vélez de la Gomera. Due to these claims, Spain and Morocco have never held negotiations in order to delimit their territorial sea in the Mediterranean. Morocco even established straight baselines in 1975, which provoked the inclusion in its internal waters of some maritime areas which belonged to Spain, whaich has been the cause of numerous incidents between the two countries . For this reason, the Spanish Government submitted diplomatic Notes of protest. The delimitation of the territorial sea between Spain and Morocco has, however, been solved thanks to the application of the national legislation of each country, which coincide in the regulation of the subject. According to the 1977 Spanish Law on the Territorial Sea, unless there is agreement to the contrary, the territorial sea of Spain could not be extended beyond the median line between the Spanish coasts and the coasts of the States opposite or adjacent to them, every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial sea of the States concerned is measured, drawn in conformity with International Law . The last sentence of the provision was included to take into account the fact that Morocco had drawn straight baselines in the area against the rules of International Law, encroaching in this way in the sovereignty of Spain over its territorial sea. The 1973 Dahir fixing the outer limit of the territorial waters and the exclusive fishing zone of Morocco included a similar provision . Therefore, the delimitation line between the territorial seas of Spain and of Morocco in the Mediterranean Sea is the median or equidistant line. 2.-EEZ There have been no negotiations between Spain and Morocco to delimit the EEZ/Exclusive Fishing Zone between the two countries, neither in the Mediterranean Sea, nor in the Atlantic Ocean. However, between 2003 and 2005, there were conversations about delimitation of the EEZ and the continental shelf in the Atlantic area between the Canary Islands and Morocco, which soon reached a stalemate due to the radical position of Morocco, that maintained two thesis which were unacceptable to Spain: that the islands did not have the same rights as the continental territories concerning delimitation between them, and that the application of the criterion of “equitable principles” should replace the criterion of “equidistance” in delimiting de EEZ between the Canary Islands and Morocco . Both countries have, however, applied “de facto” the criterion of equidistance, although Morocco has gone at times beyond the median line in giving licenses to oil companies, in order that they may undertake activities of exploration of the seabed, which has provoked exchange of notes of protest from both sides. The situation was complicated by the amendments introduced by the Cortes to the Spanish Law on the EEZ, according to which, in the case of archipelagoes, la median or equidistance line should be measured as from the archipelagic perimeter . The Spanish Government did not take any decision to implement this provision, but the Canarian Parliament adopted in 2010 an autonomic law on “Aguas canarias”, which developed the said provision, by establishing that, in between the outstanding points of the islands that formed part of the Canarian archipelago, an archipelagic outline following the general configuration of the archipelago should be drawn. The legislators did not have a clean conscience when they included in the text an additional provision providing that the establishment of this archipelagic perimeter would not alter the delimitation of the maritime spaces of the Canary Islands, in conformity with the rules of International Law . In any case, the differences between drawing the equidistance line from the normal baselines or from archipelagic baselines were negligible. The Moroccan Law 1-87-211 of 2020, states that “la delimitation de la zone économique exclusive du Royaume de Maroc est effectué sur la base des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego-Bay le 10 décembre 1982, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, notamment géographiques, géomorphologiques et/ou de circonstance particulières et des intérets du Royaume, aux fins de parvenir à un résultat equitable, en particulier avec les Etats dônt les côtes sont adjacents ou font face a celles de Royaume de Maroc” . In its 2009 judgment on the “Maritime Delimitation in the Black Sea”, the Court stated that, at the initial stage of the construction of a provisional equidistance line, it was not yet concerned “with any relevant circumstance that may obtain, and the line is plotted on strictly geometrical criteria on the basis of objective data” . As is stated in the 2006 Arbitral Award relating to the delimitation of the EEZ and the continental shelf between Barbados and Trinidad, “a final check upon the equity of a tentative delimitation to ensure that the result is not tainted by some form of gross disproportion” , is required. In its judgment on the “Territorial and Maritime Dispute” between Nicaragua and Colombia, the ICJ corrected the boundary line in favor of Nicaragua due to the substantial disparity in the longitude of the two coasts . The Spanish Government is not a fanatic of the slogan “equidistance or death” and is open to take special circumstances into account, as it did in its negotiation with France on the delimitation of the continental shelves in the Gulf of Biscay, when it accepted to alter the equidistance line to the advantage of France because of the concavity of the Gulf and the longer longitude of the French shore. Spain would be ready to introduce corrections in the drawing of the equidistance line between the coasts of the Canary Islands and the Moroccan shore if special circumstances so require. However, after having closely analyzed such circumstances in the case of the delimitation of the EEZ/continental shelf between Morocco and the Canary Islands, Mariano Aznar has reached the conclusion that there is no disproportion and, therefore, a strict geometrical equidistance line between the two coasts should be drawn . 3.-Continental Shelf beyond 200 miles In its 2016 judgment about the dispute between Nicaragua and Colombia, the ICJ made quite clear that the role of the CLCS related only to the delineation of the outer limits of the continental shelf and not to its delimitation. The LOSC states that the whole process of its article 76 was without prejudice of the delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts . The Court reaffirmed that the procedure before the CLCS related only to the delineation of the outer limit of the continental shelf and confirmed the difference with its delimitation -governed by article 83-, which is implemented by agreement between the States concerned or by recourse to dispute settlement procedures . In 2015, Spain submitted to the CLCS its request to extend the outer limit of its continental shelf in the Canary Islands up to 350 miles and the Commission has not yet given its recommendations on the subject. Morocco objected to the Spanish request, reserved its position and stated that it rejected any action unilaterally decided by Spain to delimit the continental shelf, which may adversely affect its rights and its interests. By a Dahir adopted in 2020, Morocco extended the outer limit of its continental shelf up to 350 miles and asked the CLCS to back its claim, presented in a preliminary submission . If the Commission recognizes the right of Spain and of Morocco to extend their respective continental shelves up to 350 miles, both countries should agree upon their delimitation . V.-Delimitation between Spain and Western Sahara Since 1975, -after the unilateral decision of the Spanish Government to withdraw from Western Sahara- most parts of this non-self-governing territory has been militarily occupied by Morocco without any legal foundation. As the Undersecretary of the UN for Legal Affairs, Hans Corell, stated in 2002, the 1975 Madrid Agreement neither transferred the sovereignty of the Western Sahara, nor conferred to any of its signatories the condition of administrative power, since Spain by itself could not have made it. The transfer of the administration of the territory by Spain to Morocco and to Mauritania did not affect the international condition of Western Sahara as a non- self-governing territory . The General Assembly expressed its concern regarding the persistent occupation of Western Sahara and asked Morocco to put an end to such occupation . The Security Council adopted the resolution 690(1991), by which it stated its support to the Secretary General´s efforts to organize and supervise a referendum of self-determination in Western Sahara under UN auspices, and –to this effect- it established a UN Mission for a Referendum in Western Sahara . The referendum of self-determination has not been held so far due to the opposition of Morocco, which has offered the Saharauis a light autonomous regime –a mere decentralization- within the Kingdom. Morocco is in no hurry since it enjoys the “uti possidetis” of the territory . . The Court of Justice of the European Union has blamed Morocco on several occasions for its behavior in Western Sahara –despite the reluctance of the European institutions-, especially in the question of fisheries. The European Commission tried to safeguard the possibility for fishermen from EU countries to fish in the “Saharian Shoal”. The 2005 fishing Agreement between the EU and Morocco allowed the European vessels to fish in waters “under Moroccan jurisdiction” . According to the EU negotiator, César Debén, the clause had been included not because the Union considered that the waters belonged to Morocco, but because they were under its administration . The Polisario Front questioned the legality of the 2012 EU-Moroccan Agreement on Reciprocal Measures for the Liberalization of Commerce of Agricultural and Fishing Product and the ECJ lawyer general, Melchior Whatelet, considered that including the Western Sahara within the scope of the Agreement was not in keeping with International Law applicable to the relations between the EU and Morocco and –following his opinion- the Court declared that the Agreement was null and void . The European Commission and the European Council appealed the judgment and the Court confirmed it, stating that the Agreement could not be applied in the non-self-governing territory of Western Sahara because the territory had a condition different and separate from that of Morocco . The question was raised again in connection with the Agreement on measures about the liberalization of the commerce of agricultural and fishing products, and the Court re-stated that Western Sahara could not be considered as “Morocco´s territory” and, consequently, the waters adjacent to the territory were not included within the Moroccan fishing zone . In spite of the ECJ opinion, in 2019 the European Parliament authorized the modification of Protocols No. 1 and 4 of the Agreement establishing an Association between the EU and Morocco, which continued to allow the vessels of EU member States to fish in the “Sahara Shoal”. The Polisario Front appealed once again against such decision because it implied the recognition of Morocco´s sovereignty over Western Sahara, and the Court maintained that the decision violated article 94 of the Association Agreement which limited its scope of supplication to the territory of Morocco and the waters of the Sahara did not form part of this territory . The judgment made abundantly clear the ECJ´s legal position concerning the lack of sovereignty of Morocco over the territory of Western Sahara and its adjacent waters which collided with the political and economic position of the Commission and the Council, and of some of its members, including Spain. It showed the EU´s hypocrisy which gave priority to the principle of effectivity over that of legality, the fish over the rules of International Law, and the euro over the human rights . After the judgment, the EU High Representative, Josep Borrell, and the Moroccan Minister of Foreign Affairs, Nasser Bourita, formulated a joint statement, in which it was said that they would continue working to develop the multiple dimensions of their strategic association and restore the Pact In that way, the Union was implicitly recognizing Morocco´s sovereignty over Western Sahara . Morocco has violated International Law in adopting a law regulating the maritime spaces of Western Sahara –territorial sea sea, EEZ and continental shelf-. It has not adopted a law “ad hoc”, but included the Sahara waters within the scope of application of the laws adopted by its Parliament concerning the Moroccan waters. Bourita, declared that his country had the right to “delimit” its maritime spaces in accordance with International Law . The Moroccan shore in the Atlantic Ocean spread from Tangier to La Guaira -in the border with Mauritania-, and the laws adopted constituted an essential pillar for the consolidation of the Moroccan sovereignty over its maritime spaces, and the restoration of its occupied territories. Morocco was open to a dialogue with Spain, Portugal and Mauritania in order to delimit their maritime spaces in the case of overlapping . The Canary Islands faces mainly the Moroccan shore, but its continental shelf overlaps to a certain extent with the continental shelf of Western Sahara and eventually with the continental shelf of Madeira, in the case that the right to generate such space was recognized the Salvajes Islands, which are located 200 miles away from the closest point to the Moroccan coast and 80 miles from the Canary Islands . I think that such recognition is not in keeping with the LOSC, whose article 121 provides that the rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no EEZ or continental shelf. The delimitation between Morocco and Mauritania does not affect the Canary Islands, since they do not share maritime spaces. In the preliminary presentation made to de CLCS in 2015 claiming the establishment of a continental shelf of 350 mile in the Canary Islands, the Spanish Government mentioned verbatim the Western Sahara as a possible concerned entity by the delimitation, although it was a non-self-governing territory in process of decolonization. In its final proposal, this mention was dropped and reference was made to the rights of third parties which may be affected, The Spanish Govenrment engaged itself to take the said rights duly into account whenever there was in the area a State with which it may negotiate. Spain would be ready to negotiate an equitable solution, in accordance with International Law, with the entity which exercised sovereign control over the territory of Western Sahara, once the decolonization process was completed . The legal position of Morocco was very weak until recently because although it occupied “de facto” most of the territory of Western Sahara, no State had recognized the legality of its occupation. However, at the end of 2020, the president of the United State, Donald Trump fully recognized the legality of the Moroccan occupation and stated that the proposal an autonomous regimen for Western Sahara submitted by Morocco was the only feasible solution to end the conflict. After this recognition, other 19 countries followed suit and expressed recognition of the annexation of Western Sahara by Morocco, either explicitly or implicitly, by opening Consulates in the territory. The president of the Spanish Government, Pedro Sánchez, joined the ranks, although not fully so far, when –in a secret letter sent to Mohamed VI- he changed unexpectedly the traditional position of Spain over its former colony and praised the Moroccan offer of autonomy, as “serious, credible and realistic”. Sanchez repeated verbatim Trump´s words in qualifying the Moroccan proposal in such a way, but he stopped there and did not follow the “Trumpanian” step to “recognize Morocco´s sovereignty over the whole territory of Western Sahara” . Sanchez´s decision was politically wrong, but legally impeccable, since the integration in a third State is one of the options offered by the UN to end a colonial status . The relevant fact is that such a decision should be freely condoned by the Sahara people. If Sánchez does not give Trump´s additional step and does not deny the Saharauis their right to self-determination, Spain would not have not recognized de legality of the Moroccan occupation of Western Sahara., the Spanish Government will have no need to negotiate the delimitation of the continental shelf of the Canary Islands with Morocco. VI.-Conclusions Spain and Morocco have never celebrated formal negotiations to delimit their maritime spaces, due mainly to political reasons in the Mediterranean Sea and to legal reasons in the Atlantic Ocean. Morocco´s claim of sovereignty over Ceuta, Melilla and the Islands of Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera and Alboran have made the negotiations impossible. Morocco has denied the right of these territories to have their own maritime spaces and closed some of the bays in the area with straight lines, with the effect of including part of Spanish waters within its internal waters, which has provoked the remittance by the Spanish Government of diplomatic notes of protest Curiously enough, the question of the delimitation of the territorial sea between Spain and Morocco in the Mediterranean Sea has “de facto” been solved by the combined application of the national legislation of both countries, which establish that -in the absence of an agreement to the contrary- the States concerned are not allowed to extend the outer limit of their territorial sea beyond the median or equidistant line between the coasts of the two countries. The main obstacle for the delimitation of the EEZ and the continental shelf between the Canary Islands and Morocco is mainly of legal nature. In spite of the fact that Spain and Morocco are Parties to the LOSC, they interpret it in a different way in the matter of delimitation. Morocco maintains that continental territories do not have the same rights as far as the generation of maritime spaces is concerned, despite the provisions of the Convention to the contrary. Morocco tolerates “de facto” the equidistant line as the delimitation line between the Canary Islands and its shore, but sometimes, it has gone beyond that line, especially in the case of concessions to oil companies in order that they may explore the seabed in the area. Concerning the continental shelf outside the 200 miles, both countries have requested the CLCS to authorize them to extend their shelves up to 350 miles in the area, but the Commission has not given yet an answer to their requests. There is, therefore, no overlapping of shelves so far and, consequently, no need for delimitation. In connection with the delimitation of the continental shelf within de 200 miles, the situation is exactly the same as the delimitation of the EEZ. Morocco –which illegally occupies most parts of the territory of Western Sahara, including its whole shore- has signed several Agreements with the CEE/EU, which allowed the vessels of the member States of the Union to fish in the waters of Western Sahara. The ECJ has declared the nullity of these Agreements in various judgments, because Western Sahara does not belong to Morocco, but the European Commission continues with its illegal practice. Both the Commission and the European Council have submitted an appeal against the last Court´s judgment of 2021 and, in the meantime, the controversial Agreements continue to be applied. In spite of the illegality of its occupation of Western Sahara, Morocco has established and regulated the maritime spaces of the occupied territory. Although Pedro Sánchez has changed the traditional Spanish position “vis-à-vis” the decolonization of the non-self-governing territory of Western Sahara, Spain has not recognized so far the legality of the Moroccan occupation. Therefore, there is no need to negotiate with Morocco the delimitation of the maritime spaces between the Canary Islands and Western Sahara. Spain will have to do it in due time when -once de decolonization is completed- there will be a State with whom to negotiate the said delimitation. Madrid, 7 July 2022

La contrarreforma educativa ¿Hay un régimen democrático en Cataluña?

LA CONTRARREFORMA EDUCATIVA: ¿HAY UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO EN CATALUÑA? El pasado 4 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una providencia por la que reconoció su incapacidad para ejecutar la sentencia de 2020 por la que establecía la obligatoriedad de que en las escuelas catalanas se impartiera al menos un 25% de las asignaturas en español. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Negativa de la Generalitat a cumplir la sentencia del TSJC en materia educativa Ante la negativa de la mayoría de las escuelas catalanas a impartir la enseñanza obligatoria en castellano, amparadas en la normativa sobre inmersión lingüística en catalán establecida en la Ley de Educación de 2009 e impuesta por el Govern, los padres de familia que legítimamente pretendían que se escolarizara a sus hijos en su lengua materna –que era la oficial en España y en Cataluña- tuvieron que recurrir a la Justicia, pero –aunque los tribunales solían darles la razón-, sus sentencias no producían efectos “erga omnes” al no crear jurisprudencia y sólo afectaba a los demandantes, y los directores de las escuelas –respaldados por la Generalitat- se negaban a cumplir las sentencias y contaban a estos efectos con el apoyo de la comunidad educativa y del entorno social controlados ambos por el nacionalismo. La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) había establecido la obligación de las Administraciones educativas de garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano, que era la lengua vehicular de la enseñanza en toda España, y señalado que, en las Comunidades bilingües, se debería guardar una “proporción razonable” entre la enseñanza en castellano y en la otra lengua cooficial. Ante el reiterado incumplimiento de estas disposiciones en Cataluña, el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, decidió que se presentara un recurso contra la Generalitat. Se produjo entonces una diferencia significativa porque –al ser el Estado el que recurría y no sus ciudadanos- la sentencia que el TSJC dictara transcendería los casos individuales y produciría efectos con carácter general. El 16 de diciembre de 2020, el TSJC sentenció que la Generalitat estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en las enseñanzas incluidas en el sistema educativo de Cataluña, “todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”. La Generalitat se rasgó las vestiduras ante esta supuesta injerencia del Tribunal en lo que era de su competencia exclusiva y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, quien –el 23 de noviembre de 2021- no admitió el recurso, por lo que la sentencia del TSJC adquirió firmeza. Bueno, no tanta, pues no se había contado con la capacidad de la Generalitat para incumplir las leyes y las sentencias que no le placieran. El Consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray se negó a acatar la sentencia y dio instrucciones a los directores de los centros educativos de que no la cumplieran, para los que les garantizó cobertura política y asesoramiento jurídico. Igual opinión expresó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien afirmó que su Gobierno seguiría defendiendo y potenciando la escuela en catalán. Ante la petición del Tribunal de que le indicara las medidas que iba a adoptar para aplicar la sentencia, el Govern–una vez transcurridos los dos meses del plazo previsto para su cumplimiento- pidió “tiempo muerto” a fin de tomar las medidas necesarias para (no) cumplirla, y el Tribunal condescendiente le otorgó 15 días de prórroga. El 6 de mayo de ese año, el Parliament aprobó –con el apoyo del PSC y los comunes- la Ley 8/2022 de Leguas Oficiales de la Enseñanza no Universitaria, que establecía que el catalán era la única lengua vehicular y que el uso del castellano –que sólo era lengua curricular- se dejaría a lo que decidieran de los centros escolares de acuerdo con la situación sociolingüística de su entorno sociolingüístico. Es importante la distinción, como ha observados el experto en lingüística Manuel Cabezas en su artículo “Legua vehicular v. lengua curricular”, para quien la dicotomía de estos términos no era resultado de un debate técnico auténtico, responsable y argumentado, sino “fruto del contubernio en el patio de Monipodio catalán entre nacionalistas-independentistas”. La lengua vehicular se utiliza como instrumento para enseñar y aprender las distintas materias curriculares, y currículo es el conjunto de asignaturas que deben conocerse para cumplir un ciclo de estudios. Calificar al castellano de lengua curricular equivalía a afirmar que era sólo una materia más de estudio y no un instrumento para adquirir conocimientos. “La dicotomía ha sido el último parto de la ingeniería lingüística de la casta política catalana para ningunear a los tribunales y permitir un nuevo desacato a las sentencias judiciales”. Ante la perentoriedad de los plazos y el hecho que se requiriera cierto tiempo para que la nueva ley entrara en vigor, el Govern adoptó el 30 de mayo el Decreto-ley 6/2022 con el fin de rediseñar el modelo de la escuela catalana. González-Cambray -que se negó a fijar un porcentaje mínimo del 25% en la enseñanza las lenguas, porque –según alegó- no era pedagógico, dado que el aprendizaje de las mismas no iba de porcentajes. Estas normas definían un modelo educativo que resultaba incompatible con los parámetros tomados en consideración por el TSJC en su sentencia. Pese a ser la parte instigadora de la sentencia, el Gobierno se desentendió de su ejecución, alegando que era responsabilidad del TSJC. La Abogacía del Estado no sólo no la solicitó, sino que pidió al TSJC que no lo hiciera hasta que se hubiera podido evaluar el grado de cumplimiento por el Govern de las medidas por él anunciadas para hacer cumplir el fallo, que incluían la adopción de una norma legal y otra reglamentaria, y ciertas medidas de control, pero sin incluir la obligación de que se respetara el porcentaje del 25%. Esto ponía de manifiesto la connivencia del Gobierno central con el catalán, pues resultaba harto evidente que la Generalitat no haría nada al respecto, ya que desde el principio se había negado a acatar la sentencia. La Abogacía debería haber actuado en defensa de los intereses del Gobierno, sólo que en este caso lo hizo a favor del Gobierno autonómico y no del nacional. El TSJC constató una situación de inejecución de la sentencia por parte del Govern, que se había abstenido de proyectar sus efectos sobre los centros educativos. La decisión del Tribunal de que se impartiera al menos un 25% de las materias en castellano era una “obligación de resultado”, que debería ser cumplida de forma inmediata y efectiva. Rechazó el planteamiento de la Abogacía del Estado y permitió a la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) a que instara la ejecución . La Generalitat se basó en el Decreto que no incluía porcentajes en la enseñanza para solicitar al TSJC que declarara la “imposibilidad legal” de aplicar la sentencia ante la existencia de un “nuevo marco legal”, y lo sorprendente ha sido que el Tribunal –rompiendo la continuidad y la coherencia de su actuación- haya aceptado la propuesta en su diligencia de 4 de julio. Puntos flacos de la última decisión del TSJC El TSJC ha reconocido la imposibilidad legal de ejecutar su sentencia sobre el 25% porque la Ley y el Decreto adoptados últimamente habían cambiado el marco legal de la enseñanza en Cataluña y, en consecuencia, tomado la decisión de suspender el plazo que él mismo había fijado para la ejecución forzosa de su propia sentencia. “Estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia como consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad”. Por ello, en vez de plantear directamente la cuestión ante el Tribunal Constitucional, ha instado a las partes a que lo planteen, pasando de forma irresponsable la “patata caliente” a las partes personadas en el proceso, como la AEB. La Generalitat ha ganado el tiempo solicitado y un poco más, porque –ante la reticencia del Gobierno central a cuestionar las dos normas- el previsible cuestionamiento que haga la AEB o cualquier otra parte interesada no provocará la suspensión de la aplicación de esas normas –como habría ocurrido de haberla planteado la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno-, por lo que la Generalitat podrá continuar aplicando su modelo de inmersión lingüística en catalán y de exclusión, o reducción al mínimo, de la enseñanza en castellano. Además, los centros que han sido obligados por sentencia a impartir el 25% de la enseñanza en español podrán verse exonerados de esta terrible carga. Como ha señalado Antonio Jimeno, los pocos alumnos que han conseguido recibir un 25% de la enseñanza en castellano podrían verse privados de este privilegio, porque el Consejo de Educación ha pedido a los Centros educativos que no establezcan porcentajes en sus proyectos lingüísticos. “El TSJC ha eludido su responsabilidad pasando el problema al Tribunal Constitucional, que lo dejará morir en el olvido”, sobre todo –añado yo- si se lleva a cabo la renovación pendiente del Tribunal, que le proporcionará una mayoría “progresista” más sensible a las demandas del Gobierno. El TC no se caracteriza por la celeridad de su actuación, como testimonia el hecho de que lleve 12 años sin resolver el recurso sobre el aborto. No es tanto un problema de insuficiencia de medios –que la hay-, como de falta de voluntad política. “Sólo una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno contra ambas normas haría posible el cumplimiento de la sentencia, pero no lo va a hacer porque necesita los 13 votos de ERC, los 6 del PNV y los 5 de Bildu para seguir gobernando. Hasta que no gobierne un grupo de partidos dispuestos a hacer cumplir la ley, se va a seguir sin poder hablar en castellano en las escuelas catalana”. Las autoridades nacionalistas han dado muestras de euforia por ese triunfo parcial sobre la Justicia sin caer en la desobediencia (¿?). Josep Martí Blanch ha afirmado en “El Confidencial”, que el Govern no ha desobedecido al TSJC, sino que se ha valido de sus competencias para lograr que la sentencia del 25% sea inaplicable, al haber modificado el marco jurídico. “No ha habido desobediencia ni insumisión, sino un aprovechamiento del marco competencial, lo que supone gobernar y hacer política en el marco de la ley”. No puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación, pues, no sólo ha habido desobediencia e insumisión lagal por parte de la Generalitat, sino también un fraude de ley tan grande como la Sagrada Familia, y una flagrante interferencia del poder ejecutivo en el judicial. Por otra parte, las autoridades catalanas - especialmente Aragonés y Gonzàlez-Cambray- han cometido delitos de desobediencia, prevaricación y desacato a la justicia. Según Arcadi Espada, cualquier persona dotada del sentido común de la Justicia sabe que lo que debería haber hecho el TSJC ante la torticera estrategia diseñada por ambos Gobiernos, era haberles dicho: “planteen ustedes las reformas legales que crean convenientes y, mientras el Tribunal Constitucional decide si las reformas son compatibles con la Constitución, cumplan la ley y apliquen la sentencia”. Lo que el TSJC ha hecho, en un pútrido lavado de manos del clásico orden pilatesco, ha sido “legitimar la estrategia de la desobediencia aceptando que el cambio de del marco legal que imposibilita el cumplimiento de la sentencia”. El diario “El Mundo” ha afirmado en un editorial que “El TSJC, en un triste acto de cobardía con coartada competencial, se escuda en vicios de inconstitucionalidad para pedir que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie, algo que puede tardar años, mientras los derechos fundamentales siguen conculcados”. Los jueces “no pueden mirar para otro lado ni desentenderse de su misión de amparar los derechos y libertades de los ciudadanos, ni pueden permitir que el separatismo se burle de los tribunales con el beneplácito del Gobierno”. ¿Existe un régimen democrático en Cataluña? Hechos como los narrados hacen que se plantee la cuestión de si hay en la actualidad un régimen democrático en Cataluña, donde se está martilleando clavo tras clavo el ataúd de la democracia. Los rasgos fundamentales de la democracia son el cumplimiento der la ley y las sentencias, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el respeto a los derechos fundamentales, la independencia del poder judicial del ejecutivo y la celebración regular de elecciones libres ¿Se cumplen actualmente todas estas condiciones en Cataluña? 1.-Cumplimiento de la ley y de las sentencias Desde que Jordi Pujol accedió al poder en 1980, la Genralitat ha violado sistemáticamente la Constitución, el Estatuto de Cataluña y las leyes nacionales, así como las sentencias de los tribunales que no eran de su agrado, con absoluta impunidad. Los distintos Gobiernos nacionales han tolerado estas constantes violaciones a cambio del necesario apoyo de los partidos nacionalistas al gobierno de la Nación. La situación de insumisión legal alcanzó su "climax“ con la adopción por el Parlament en 2017 de las leyes del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, seguidas de la nonata declaración unilateral de independencia, con lo que se violaron, de la Constitución abajo, todas las leyes posibles. Los autores de este golpe de Estado recibieron una moderada condena por sedición y malversación, pero fueron rápidamente indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez sin base jurídica alguna y en contra de los informes del Tribunal Supremo. En cuanto a las sentencias, son incontables el número de ellas dictadas por el TSJC, el TS o el TC que no han sido acatadas por la Generalitat o por los ciudadanos catalanes. Especial relevancia tuvo la insumisión institucional que realizó en 2010 el presidente socialista de la Generalitat, José Montilla, frente a la sentencia del TC sobre el Estatuto, que constituyó un precedente fundamental para ulteriores incumplimientos por parte de las autoridades catalanas de cualquier nivel. Prueba fehaciente de ello ha sido el rechazo del fallo del TSCJ -avalado por el TS- de la sentencia del 25%, en la que el presidente de la Generalitat y sus Consejeros, y el Parlament la han incumplido flagrantemente, adoptando éste una ley “ad hoc” para justificarlo. Loa principales responsables son obviamente los partidos nacionalistas, pero cabe destacar la especial responsabilidad del PSC –que no es la rama nacionalista del socialismo, sino la rama socialista del nacionalismo-, que, en último término, siempre acaba por apoyar al separatismo en el poder, arrastrando tras de sí al Gobierno nacional. Para justifica su apoyo a la Ley 8/2022, el líder del PSC, Salvador Illa, ha tenido la desfachatez de afirmar que dicha ley permitirá dar un mejor cumplimiento a la resolución judicial (¿?). No impone porcentaje alguno en la aplicación - supuestamente mejor, según Illa- de una Ley que establece un tope mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en las escuelas, y deja al libre albedrío de sus directores –controlados por el Govern- decidir sobre la enseñanza que se deba impartir en la lengua oficial de España, por lo que, si estimaran que la realidad sociolingüística requería un porcentaje del 0%, no se impartiría más enseñanza en castellano que la de la asignatura de Lengua y Literatura Españolas. 2.-Igualdad de los ciudadanos ante la Ley Parafraseando la fábula de George Wells en “Rebelión en la granja”, todos los catalanes son iguales, pero los nacionalistas son más iguales que los demás. Los nacionalistas controlan todas los ámbitos del poder –político, económico, social, cultural, religioso y mediático- y discriminan a los catalanes no nacionalistas. El Govern impone el uso del catalán en la Administración, multa a quienes titulan sus negocios en español, ignora a los autores que escriben en español, amenaza a los profesores universitarios que osen por dar su clases en castellano, financia abusivamente cualquier actividad que fomente el uso del catalán incluso fuera de Cataluña… Como ha observado Fernando García Romanillos en “Voz Pópuli”, el nacionalismo lingüístico ha tejido una eficaz malla discriminatoria contra el castellano en los ámbitos jurídico, fiscal, administrativo, e incluso tecnológico. Así, por ejemplo, exige a los profesionales de la Justicia un certificado C-1 de dominio del catalán, y concede una bonificación del 15% en la cuota del IRPF a quienes hagan donaciones a entidades que fomenten la lengua catalana. La web de la Secretaría Política Lingüística enumera hasta 138 disposiciones legales que priorizan el uso del catalán respecto al español en diversos ámbitos, desde la función pública al etiquetado, pasando por la actividad empresarial y la toponimia. Se ha puesto en marcha AINA, un programa dotado con €13.5 millones, para –según el vicepresidente Jordi- Puigneró- “hacer que las máquinas y la tecnología entiendan y hablen catalán”. Uno de los puntos álgidos de la xenofobia anti-española es que las autoridades catalanas boicoteen las visitas a Cataluña del rey Felipe VI-al que el Ayuntamiento de Gerona ha declarado persona no grata- y a otros miembros de la familia real, como la princesa Leonor, a la que no se le permite entregar en la capital gerundense los premios anuales “Princesa de Gerona”. Haciendo gala de una grosería institucional ajena a las tradiciones catalanas, los dirigentes nacionalistas se niegan a recibir al Rey y presentarle sus respetos y no asisten a los actos -incluso institucionales- en los que él participe. 3.-Respeto a los derechos fundamentales La Generalitat viola a diario los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes no nacionalistas. La violación más flagrante es la de impedir que los catalanes hispanoparlantes sean escolarizados en su lengua materna, que es la oficial de España y de Cataluña, lo que constituye un caso único en la Historia. Pese a las numerosas sentencias del TSJC, el TS y el TC que han sancionado el derecho de los catalanes hispanoparlantes a recibir su educación en castellano, la Generalitat ha impuesto un régimen de inmersión educativa sólo -o predominantemente- en catalán, y amparado el incumplimiento de las sentencias en las que los tribunales han reconocido este derecho a ciudadanos concretos. Los directores de los centros se niegan a aplicar las sentencias y el entorno social presiona a los beneficiados para que renuncien a su derecho y, si no lo hacen, les imponen un boicot implacable, que les fuerza a abandonar la escuela e incluso la ciudad. Los no nacionalistas están de más en Cataluña. Existe una enorme presión social contra los no nacionalistas, especialmente en los pueblos del interior de Cataluña donde predomina el nacionalismo, No se respetan sus derechos fundamentales con la anuencia de la Generalitat y las autoridades locales. Un caso límite fue el de la niña de la escuela “Turó del Drac”de Canet de Mar, en cuyas puertas se celebraron violentas manifestaciones en las que participó el Consejero de Educación y se hicieron llamamientos para apedrear la vivienda de la menor. 4.-Independencia del poder judicial La Generalitat ha hecho todo lo posible para controlar el poder judicial. Prueba de su talante poco democrático es que la “Constitución Catalana” que pretendía ser la Ley de Transitoriedad establecía el control del poder judicial por parte del ejecutivo, que nombraba los altos cargos judiciale. Asimismo presiona abiertamente a jueces y tribunales cuando está encausado algún nacionalista, con manifestaciones masivas ante las sedes judiciales en las que participaban miembros del Govern, y los magistrados y fiscales son sensibles a esas presiones. En el caso del procesamiento de Artur Mas, Joana Ortega y, Elena Rigau, el Fiscal General pidió al Fiscal Jefe de Cataluña que los procesara, pero la mayoría de fiscales catalanes se opusieron por estimar que no habían cometido ningún delito, y Eduardo Torres-Dulce tuvo que dar la orden de que se abriera el proceso. La sentencia del TSJC fue muy benévola pues exoneró a los inculpados del delito de prevaricación y sólo los condenó por desobediencia a penas de inhabilitación. Salvo honrosas excepciones, los jueces han sido extremadamente tolerantes con los miembros de los Comités de Defensa de la República que mantienen desde hace meses constantes manifestaciones violentas, con cortes de tráfico y destrucción de mobiliario urbano. También han realizado estos energúmeno actos de acoso y “escraches” contra magistrados, como en el caso del instructor del “Caso Puigdemont”, Pablo Llarena, y su esposa. El TSJC había resistido hasta ahora a estas presiones, pero - tras haber mantenido durante meses una posición ejemplar- ha sucumbido a última hora a ellas y ha dictado una sentencia ilógica, incoherente y lamentable. 5.-Celebraciòn de elecciones libres En Cataluña se celebran elecciones regulares, pero no son éstas completamente libres, por la presión de las fuerzas nacionalistas y por los efectos perturbadores del sistema electoral. Pese a no obtener la mayoría de los votos, los partidos nacionalistas han gobernado en Cataluña desde el comienzo del régimen de las autonómico, salvo el breve paréntesis de los Gobiernos tripartitos. En las elecciones autonómicas de 2021, los tres partidos nacionalistas obtuvieron en 48% de los votos, pero lograron una amplia mayoría en el Parliament y formaron gobierno, pese a haber sido el PSC el ganador de las elecciones, como ya había suceddido en 2018 tras el triunfo de Ciudadanos. ERC consiguió el mismo número de escaños que el PSC, pese a haber obtenido 49.251 votos menos, y JxC un escaño menos, pese a una diferencia de 84.356 votos. Las provincias de Lérida y Gerona –donde el nacionalismo tiene mayor implantación- están sobrerrepresentadas porque, si para lograr un escaño en Barcelona se necesitan 49.358 votos, para hacerlo por Gerona bastan 31.258 y en el caso de Lérida 21.019, menos de la mitad que para la gran metrópoli. Si se aplicara un sistema equilibrado de atribución de escaños en función del porcentaje de población y de distribución estrictamente proporcional, los partidos nacionalistas nunca habrían ganado las elecciones catalanas. De todo lo expuesto se deduce la respuesta que cabe dar a la pregunta planteada en el titular de este artículo, que no puede ser más que negativa. En Cataluña existe en la actualidad un régimen formalmente democrático, pero no sustancialmente, por sus numerosas carencias. El idílico oasis del que tanto se placen los propagandistas del separatismo se ha convertido en una ciénaga pestilenta donde chapotean unos lideres políticamente incompetentes y éticamente irresponsables, henchidos de odio a España y a los españoles. Madrid, 9 de julio de 2022

Resultados de la Cumbre de la OTAN en Madrid

RESULTADOS DE LA CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID Del 28 al 30 de junio de 2022 se ha celebrado en Madrid la XXX Conferencia en la Cumbre de la OTAN, a la que han asistido los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 Estados miembros, sus colegas de Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, y los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea. El presidente de Ucrania se ha dirigido a la Cumbre por teleconferencia. La Cumbre - se ha desarrollado con absoluta normalidad, pese a los presagios negativos provocados por la actitud anti-OTAN del socio minoritario en el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha constituido un éxito para España, para su jefe del Estado, y para el Presidente del Gobierno. La reunión –que ha estado condicionada por la guerra de Rusia contra Ucrania- ha supuesto un auténtico revulsivo para la Alianza. La reunión ha adoptado un nuevo Concepto para los próximos 10 años y una Declaración política, dado su venia para el ingreso del Finlandia y Suecia en la Organización, y restaurado el vínculo trasatlántico entre la OTAN y Estados Unidos, debilitado considerablemente tras la presidencia de Donald Trump. Resultados de la Cumbre para la OTAN Tras la desintegración de la URSS y la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN había perdido la brújula al debilitarse su objetivo inicial de hacer frente al expansionismo soviético en Europa. La firma en 1997 del Acta Fundacional sobre las Relaciones de Cooperación y Seguridad Mutuas produjo un cambio en la percepción de Rusia que pasó a ser aliado, y la colaboración se canalizó a través del Consejo Conjunto Permanente. Las relaciones se fueron enfriando tras la intervención de las Alianza en Kosovo y la progresiva expansión de la Organización hacia el Este. Se produjeron altibajos especialmente tras la invasión de Georgia por las tropas rusas en 2007, pero aún en la Cumbre de Lisboa de 2010 –a la que asistió el presidente ruso Dimitri Madveded- se firmó una Declaración Conjunta, que anunciaba el inicio de una nueva era de cooperación mediante la creación de un espacio común de paz, seguridad y estabilidad en la zona euroatlántica. Esta etapa fue de corta duración pues, a raíz de la revuelta de la plaza de Maidán y la destitución de Victor Yanukovich, Putin lanzó su ofensiva contra Ucrania –que había osado solicitar el ingreso en la OTAN- mediante la anexión de Crimea, el apoyo ruso a los rebeldes del Donbás y la creación de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y la invasión de Ucrania La Cumbre de Madrid ha estado, por tanto, condicionada por la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha hecho que la OTAN vuelva a cambiar la consideración de aquélla como enemigo y se haya creado un ambiente de enfrentamiento dialéctico, que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, ha calificado de regreso a la Guerra Fría. Tras una cuidada preparación –en la que cabe destacar la actuación del representante permanente ante la Alianza, Miguel Fernández-Palacios, y su equipo-, la OTAN ha cubierto todos los objetivos programados. Ante todo, la Organización ha renacido de sus cenizas, o “reverdecido”, según expresión gráfica de Ana Palacio-. A juicio de Charles Powell, la guerra de Ucrania ha dado a la OTAN una nueva razón de ser y demostrado que no estaba tan obsoleta –como mantenía Donald Trump- ni en muerte cerebral –como afirmó Emmanuel Macron-, y ha hecho vuelto a su misión esencial de garantizar la seguridad colectiva de sus miembros. Como ha observado Jeed Nadaner -antiguo Subsecretario de Defensa de la Organización-, gracias a la invasión de Ucrania, Vladimir Putin ha logrado unir a la OTAN y a Estados Unidos hasta unos niveles que hacía tiempo que no se veían. William Bush Jr. inició el distanciamiento norteamericano de Europa y desplazó el centro de su interés de su país del Océano Atlántico al Pacífico, política que fue seguida por Barack Obama y culminada por Donald Trump, que llegó a plantearse la posibilidad de que Estados Unidos abandonara la Alianza. Con Joe Biden –atlantista moderado- se ha producido un vuelco importante, propiciado por la guerra de Ucrania. El presidente ha decidido duplicar la presencia de tropas norteamericanas en países de la Europa Oriental cercanos a las fronteras con Rusia y apoyado la decisión de la Alianza de elevar hasta 300.000 soldados los efectivos de la fuerza de despliegue inmediato. No hay que hacerse excesivas ilusiones sobre este cambio que puede ser coyuntural, pues Estado Unidos sigue obsesionado en a conseguir que China no se convierta en la principal potencia mundial, política, económica y militarmente. Del Concepto Estratégico de Lisboa que calificaba a Rusia de aliado se ha pasado al de Madrid, en el que se le considera como agresor y principal enemigo de la Alianza. El Acta Fundacional se ha convertido en papel mojado y Putin amenaza a la OTAN con represalias de todo tipo –incluido el uso de la fuerza- si continúa la expansión hacia sus fronteras. La agresión rusa a Ucrania le ha venido bien a la UE –en opinión de Araceli Mangas- para revitalizarse y propiciar su ansiada autonomía estratégica, como ha señalado en la ”Brújula Estratégica“ recientemente adoptada por la Unión, que configura la política de defensa europea como complementaria de la de la OTAN, pues –como ha observado Manuel Selas- se trata de dos caras de la misma moneda. El octavo concepto estratégico adoptado en Madrid considera que Rusia “es la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y estabilidad en el área euroatlántica. Busca establecer esferas de influencia y control directo a través de la coerción, la subversión, la agresión y la anexión. Utiliza medios convencionales, cibernéticos e híbridos contra nosotros y nuestros socios. Su postura militar coercitiva, su retórica y su voluntad demostrada de utilizar la fuerza para perseguir sus objetivos políticos socavan el orden internacional basado en normas”. La guerra de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania ha destrozado la paz y alterado gravemente nuestro entorno de seguridad. Su invasión brutal e ilegal, las reiteradas violaciones del Derecho Internacional humanitario y los feroces ataques y atrocidades han causado un sufrimiento y una destrucción indecibles. Una Ucrania fuerte e independiente es vital para la estabilidad en la zona euroatlántica. La Alianza ha subrayado la necesidad de “reforzar significativamente nuestra disuasión y defensa como columna vertebral de nuestro compromiso del artículo 5 de defendernos mutuamente”, y acusado a Moscú de haber roto el orden de seguridad internacional vigente hasta ahora en Europa, y de estar invirtiendo en sofisticadas capacidades convencionales, nucleares y misilísticas, con poca transparencia y respeto a las normas y compromisos internacionales. Ha advertido de la necesidad de prevenir los intentos de erosión de la democracia, ya que Rusia está haciendo un esfuerzo deliberado para socavar las normas e instituciones multilaterales. ”A la luz de sus políticas y acciones hostiles, no podemos considerar a la Federación Rusa como nuestros socio. Sin embargo, seguimos dispuestos a mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú para gestionar y mitigar los riesgos, evitar la escalada y aumentar la transparencia”. Una de las novedades del Concepto es la referencia a China –que ni siquiera había sido citada en el anterior de Lisboa-, a la que, por la presión norteamericana, si bien no se le ha enseñado la tarjeta roja como a Rusia, le ha sacado la amarilla. “Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China desafían nuestros intereses, seguridad y valores, China emplea una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares parta aumentar su presencia global y proyectar su poder, mientras permanece opaca sobre sus estrategia, intenciones y desarrollo militar […Sus] operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas y su retórica de confrontación y desinformación tienen como objetivo a los aliados y dañan la seguridad de la Alianza”. La OTAN advierte que Pekín “busca controlar sectores tecnológicos e industriales clave, infraestructuras críticas, y materiales estratégico y cadenas de suministro. Utiliza su influencia económica para crear dependencias estratégicas y aumentar su influencia. Se esfuerza por subvertir el orden internacional basado en reglas, incluso en los dominios espacial, cibernético y marítimo. La asociación estratégica cada vez más profunda establecida entre la República Popular China y la Federación de Rusia, y sus intentos de reforzarse mutuamente con el objetivo de socavar el orden internacional basado en normas, van en contra de nuestros valores e intereses”. Pekín ha reaccionado con vehemencia ante esta agresividad verbal de la Alianza y acusado a Estados Unidos de querer crear una especie de OTAN en la región de Asia-Pacífico en contra de China, construyendo una red defensiva con democracias como las de Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, como muestran la presencia en Madrid de los respectivos presidente de Gobierno de estos Estados. Según ha advertido el representante permanente chino ante la ONU, Zhang Jun, –que ha acusado a la Alianza de aprovecharse de la guerra de Ucrania para “crear una tensión entre bloques a nivel mundial”-, las expansiones de la OTAN a la región indo-pacífica no sólo logrará que Europa sea más segura, sino que “sembrará la semilla del conflicto”. China –que tiene a la UE como su principal socio comercial-, está tratando de independizarse de la dependencia tecnológica de Estados Unidos. Para que la OTAN pueda hacer frente a sus múltiples retos, la Cumbre de Madrid ha presionado a sus socios para que cumplan el compromiso asumido en Gales 2014 de dedicar –a partir de 2024- un mínimo del 2% de su PIB al presupuesto de Defensa –sólo 8 Estados miembros lo han cumplido, otros 9 están en vías de cumplirlo y el resto está aún muy lejos de lograrlo-, lo que no debería ser un techo, sino un suelo. España está en penúltima posición en este ominosos “ranking” –sólo por detrás de Luxemburgo- y Sánchez se ha visto forzado a reiterar este compromiso, aunque ha solicitado una margen de cinco años adicionales para alcanzarlo. Ante la oposición de su socio Podemos y de sus aliados nacionalistas, Bildu-etarras y ultraizquierdistas, el presidente aumentará ligeramente el gasto militar en los presupuestos de 2023, y pasará el “marrón” al siguiente conforme al axioma de “después de mí, el diluvio”. Para cumplir este compromiso, así como el de aumentar en dos unidades el número de destructores ubicados en la base naval de Rota, Sánchez necesitará recurrir al apoyo de la oposición, que se lo ha ofrecido con un sentido de Estado. Es curioso que el único ministro “podemita” que ha estimado razonable el aumento del gasto en Defensa haya sido el de Universidades, el separatista Joan Subirats. En la Cumbre se ha iniciado el proceso de ingreso de Finlandia y de Suecia en la OTAN. La invasión de Ucrania ha provocado un súbito cambio de opinión en los Gobiernos y la opinión pública de estos dos países de arraigada vocación neutralista –en un caso impuesta y en otro voluntaria- y les ha llevado a solicitar, por motivos de seguridad y supervivencia, su incorporación a la Alianza, pese a las amenazas de Rusia. Sus peticiones –favorablemente acogidas por los socios- fue bloqueada por Turquía, que ha sometido a los peticionarios a un chantaje por motivos de política interna. Recep Tayyip Erdogan les ha exigido para levantar su veto una serie de concesiones, que los interesados se han visto forzados a dar mediante un Acuerdo trilateral: consideración como terrorista del PKK kurdo, retirada de apoyo al YPG kurdo en Siria, compromiso de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional -incluida una actitud más propicia en materia de extradiciones-, y levantamiento del embargo de suministro de armas –establecido tras la adquisición por Turquía de sistemas antimisiles rusos incompatibles con los de la OTAN. Estados Unidos, a su vez, ha accedido a suministrar a Turquía aviones de última generación que hasta ahora le había negado. Estas concesiones a Erdogan han sido lamentable, porque Turquía ha demostrado ser un socio poco fiable con sus coqueteos con Rusia, su adquisición de armamento ruso, intervención por su cuenta en Siria o Libia, y actitud poco comprometida con respecto al respaldo a Ucrania, so pretexto de actuar como mediador entre el agresor y el agredido a fin de lograr una solución pacífica del conflicto. Resultados de la Cumbre para España La Cumbre de Madrid ha sido sin duda un éxito diplomático para España, por su magnífica organización en circunstancias difíciles y su desarrollo sin problemas, pese al reto logístico de suministrar adecuada seguridad a 34 jefes de Estado y de Gobierno en una reunión que estaba en el punto de mira de los servicios secretos rusos y sus equipos de propaganda, interferencia informática y desinformación. Ha puesto de manifiesto la positiva actuación del rey Felipe VI –al que Sánchez trata de comerle el terreno- como principal activo de la política exterior, y de la reina Leticia –impecable anfitriona del grupo de acompañantes-, sin más interferencias que las habituales del presidente del Gobierno de conceder a su consorte un status protocolario de “primera dama-bis”. Ha mostrado asimismo el carácter abierto y hospitalario de la villa de Madrid y de sus habitantes, que han aceptado con paciencia y comprensión las numerosas cortapisas al tráfico producidas con motivo de la reunión. La organización ha sido un éxito, como han reconocido y agradecido la mayoría de los participantes. España se ha visto beneficiada con los resultados de la Cumbre en cuanto miembro de la OTAN, pero no ha conseguido sus dos objetivos fundamentales: la potenciación del flanco Sur y la cobertura de Ceuta y Melilla por el paraguas de la Alianza. A ello se ha debido en buena medida a la debilidad diplomática del Gobierno de Sánchez y a su falta de credibilidad. Como ha editorializado “ABC”, la Cumbre de Madrid ha sido el espejo donde se han reflejado las contradicciones del Gobierno. Era una ocasión excepcional para que España adquiriera un protagonismo internacional como anfitrión del concierto internacional, pero -lejos de ofrecer una imagen de cohesión- ha presentado la división interna entre socialistas y comunistas, quienes han prodigado declaraciones y manifestaciones en contra de la OTAN. Es difícil imaginar una mayor grado de irresponsabilidad que un partido que forma parte del Gobierno convoque manifestaciones en contra de la Alianza y el viceministro Enrique Santiago participe en las mismas. Si Sánchez no ha participado en las rondas de consultas de Biden con los líderes de los principales países europeos se ha debido al escepticismo de los socios atlánticos sobre la fiabilidad de él y de su Gobierno. “No se puede pedir confianza si no se dan las condiciones para merecerla”. Como se ha preguntado José María Carrascal, ¿puede haber algo más chabacano que ser anfitrión de la OTAN y tener dentro del Gobierno a enemigos acérrimos de la Organización?. No ayudan artículos como el de Mariam Martínez-Bascuñana en “El País”, en el que afirmaba que, para que hubieraa paz y estabilidad en Europa, los europeos no podían basarse en una OTAN liderada por Estados Unidos, que era una Organización agresiva y desestabilizadora, que y la solución para el futuro radicaba en una neutralidad aceptada por todos. Según Víctor de la Serna en “El Mundo”, afirmar esto el día en que Finlandia y Suecia habían confirmado su petición ingreso en la Alianza tenía premio. España lleva años insistiendo sin éxito en que la OTAN preste atención a los riesgos generados en el flanco Sur de la Alianza y potencie su presencia en ella, La Cumbre era una magnífica ocasión para haberlo conseguido, pero lo obtenido resulta insatisfactorio, pues el nuevo Concepto Estratégico se ha limitado a hacer una declaración genérica, al afirmar que “los conflictos, la fragilidad y la inestabilidad en Oriente Medio, Norte de África y el Sahel se enfrenta a retos de seguridad, económicos y políticos que están interconectados”, Se trata de una afirmación propia de un académico o de un periodista –“parole, parole”-, pero no una declaración de alcance jurídico o político que conlleve la adopción de unas medidas operativas que resultan indispensables para hacer frente al vacío de poder existente en el Sahel –frontera sur de la UE- donde pululan a sus anchas las más variopintas y peligrosas guerrillas yihadistas, sobre todo en un momento en que Francia está retirando sus tropas de Mali –donde está aumentando la presencia de mercenarios rusos- y España –que lidera actualmente la misión de formación de tropas de la UE en la región- se está batiendo asimismo en retirada. Finalmente, incluye en un “totum revolutum” al África del Norte y Subsahariana y al Oriente Medio, que tienen una problemática distinta. Como ha observado Pablo Pardo en “El Mundo”, se entiende que el Donbás se coma a Melilla en términos de atención política y planificación estratégica de la OTAN o de la UE. Lo que pasa en Ucrania es de tal calibre que el flanco Sur queda en un segundo plano. Eso seguirá así mientras la guerra continúe y, sólo cuando empiecen las negociaciones entre Rusia y Ucrania, tal vez el Sur recobre protagonismo.”¡Cusn lsrgo me lo fiáis!” Estimo que no se trataría de tirar del manto defensivo de la OTAN para cubrir los pies sureños a costa de destapar la cabeza oriental, sino de tender un manto lo suficientemente amplio para que cubriera la cabeza y las extremidades r la Organización. La tan cacareada cobertura de riesgos de 360º ha quedado en agua de borrajas y deseos piadosos. Otra de las legítimas reclamaciones de España era que de alguna forma –jurídica o políticamente- la Alianza reconociera que las españolísimas ciudades de Ceuta y Melilla quedaban resguardas bajo el paraguas protector de la OTAN, lo que no es el caso en la actualidad,ya que -de conformidad con el artículo 6 del Tratado de Washington- se encuentran bajo el ámbito territorial de la Alianza los territorios de los Estados Partes situados en Norteamérica y en Europa, así como en las islas pertenecientes a dichos Estados situadas en la región del Atlántico al norte del Trópico de Cáncer, lo que incluye a Canarias, pero excluye a las ciudades geográficamente africanas de Ceuta y Melilla. El general Rafael Dávila se ha preguntado qué ocurriría si esas ciudades fueran atacadas militarmente y España requiriera la intervención de la OTAN para repeler el ataque en cumplimiento de la obligación de asistencia prevista en el artículo 5 del Tratado. El Gobierno español da por sentado que las dos ciudades están amparadas de forma implícita por el Tratado, pero el general tiene sus dudas, que yo comparto. De conformidad con los citados artículos 5 y 6, la OTAN no está jurídicamente obligada a intervenir, al no caer dichas ciudades en su ámbito de aplicación. Cuando Turquía se incorporó a la OTAN, tuvo el buen cuidado de incluir en el Acuerdo todos sus territorios, tanto en Europa como en Asia. España no tuvo oportunidad de hacerlo, porque se adhirió a la Alianza en condiciones forzadas y sin tiempo de negociar las condiciones del ingreso, de lo que puedo dar mi testimonio personal, en mi calidad desecretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores en esos momentos. En la mañana del sábado 29 de mayo de 1982 telefoneó a mi casa el ministro José Pedro Pérez-Llorca para pedirme que acudiera con urgencia al Ministerio para redactar el instrumento de adhesión de España al Tratado de Washington constitutivo de OTAN, a cuyos efectos me mandaría a su secretaria. Le dije que además del tratado principal había otros complementarios, pero me pidió que me olvidara de ellos y que me limitara a redactar el instrumento solicitado, que –una vez elaborado y firmsdo por el Rey- fue llevado ese mismo día a la embajada en Estados Unidos por un compañero en una valija especial. El domingo, el encargado de negocios a.i., Alonso Álvarez de Toledo, depositó el codiciado instrumento en poder del depositario, en una Secretaría de Estado vacía, rodeado de cubos de basuras y limpiadoras portorriqueñas. El motivo de la urgencia era que el ex- ministro de UCD Francisco Fernández Ordóñez –que había votado un año antes a favor del ingreso de España en la OTAN- había cambiado de parecer tras haber abandonado UCD e iniciado su “apertura a sinistra”- había presentado una moción proponiendo que se suspendiera el proceso de adhesión hasta que no se examinara las consecuencias que pudieran tener sobre Gibraltar el ataque argentino a las Malvinas. El tema iba a ser debatido el lunes día 31, y Calvo-Sotelo y Pérez-Llorca no quisieron asumir el riesgo de que prosperara la torticera propuesta. Según el Concepto Estratégico, aunque la OTAN sea una alianza defensiva, “nadie debe dudar de nuestra fuerza y determinación para defender cada centímetro del territorio aliado, preservar la integridad territorial de todos los aliados e imponerse a cualquier agresor”. En opinión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con esta referencia a la integridad territorial de los Estados miembros, Ceuta y Melilla estarían implícitamente protegidas, al entrar dentro del amparo del artículo 5. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que no tenía la menor duda de que la OTAN defendería cada centímetro de la integridad territorial de sus Estados miembros, y que nadie preguntaba si Riga o Vilna iban a aparecer en el Concepto Estratégico, por lo que se trataba de un falso debate. El problema es que Vilna y Riga –a diferencia de Ceuta y de Melilla- sí están dentro del ámbito geográfico de la Alianza. Como ha observado Ignacio Camacho en “ABC”, en política internacional, lo que no conste por escrito tiene el mismo valor de una charla de café. El tratado de Washington no admite ninguna interpretación que lleve a la conclusión de que Ceuta y Melilla se encuentran dentro de su ámbito. Salvo que se mencione de forma explícita en un documento posterior, no estarán protegidas de conformidad con el artículo 5 del Tratado. La Declaración de Madrid no las menciona entre los “desafíos de seguridad” a los que debe hacer frente la Organización. El sintagma “flanco Sur” es un término demasiado abierto, sobre todo teniendo en cuenta que la Alianza considera a Marruecos como un “aliado importante extra-OTAN”, por lo que las relaciones con este país también deben ser tenidas en cuenta para los objetivos estratégicos de la Alianza. En opinión de la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla es más una cuestión de los ministros de Interior de la UE que de la planificación de Defensa de la OTAN. El concepto estratégico tenía en cuenta los retos del Sur y el artículo 5 se aplicaba en todas las direcciones. Según Dávila, Ceuta y Melilla nunca han estado en el punto de mira de Estados Unidos, que no tiene el menor interés en molestar a su socio africano preferente con pequeñas minucias y, de ahí, su política con el Sáhara Occidental. ¿Quién podría atacar a Ceuta o Melilla? En buena lógica sólo Marruecos, al ser el único país que reivindica su soberanía, y haya habido precedentes como la invasión del Sáhara Occidental con la “Marcha Verde” o el ataque al islote de Perejil. ¿Cómo reaccionría la OTAN si tal cosa ocurriera? Al no caer estas ciudades bajo el ámbito geográfico de la OTAN –como ha reconocido el secretario general, Jens Stoltenberg- la asistencia de los socios de la OTAN prevista en el artículo 5 no sería automática. España tendría que recurrir al artículo 4, que prevé que “las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se viera amenazada”. Con ese motivo –según explicó atinadamente la corresponsal de TVE en Bruselas, Marta Carazo-, el asunto tendría que ser examinado por el Consejo Atlántico, quien debería decidir por unanimidad si se había producido un ataque y –en caso de que estimare que sí lo había habido- adoptaría las medidas pertinentes. Teniendo en cuenta que se requeriría el voto de todos y cada uno de los miembros, cabría la posibilidad de que una Francia –protector tradicional de Marruecos- un Estados Unidos –que en más de una ocasión ha preterido al socio español ante el socio marroquí-, una Turquía –por solidaridad islámica- o una Hungría –por decisión de su autocrático presidente- lanzara una bola negra, y España se vería atacada y sin asistencia de sus socios de la OTAN. Es un caso poco previsible, pero no improbable. Según Carlos Segovia, fuentes de la OTAN han señalado que el caso de Ceuta y Melilla no sería tan automático como el de otros territorios de la Alianza, pero que –si España tuviera que invocar el artículo 5 por un ataque estas ciudades, la OTAN respondería favorablemente. “Inshallah”. En cualquier caso, el Gobierno español debería insistir en que se dejara bien clara la situación. Incluso para aquellos que confiadamente estiman que Ceuta y Melilla están, por supuesto, cubiertas por el paraguas de la OTAN, cabría recordarles el adagio francés de “si cela va sans dire, ça va mieux en le disant”- “se esto vas sin decirlo, irá mejor diciéndolo”-. Sin llegar a los extremos verbales del ministro Albares, que ha declarado que, ”cuando miremos con perspectiva histórica, la Conferencia de Madrid estará al nivel de la Cumbre de Yalta o de la caída del Muro de Berlín”, creo que la reunión ha sido un éxito diplomático para España, de lo que no cabe más que congratularnos. No obstante, el Gobierno español debería seguir insistiendo en el reconocimiento por la OTAN de sus dos objetivos prioritarios: el enfrentamiento con los riesgos del flanco Sur y la acogida indubitada de Ceuta y Melilla bajo el paragua protector de la Alianza. Madrid, 2 de julio de 2022