Falta de credibilidad del Gobierno de Sánchez ante la masacre de Melilla

FALTA DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO DE SANCHEZ ANTE LA MASACRE DE MELILLA El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en la cuerda floja por la actuación del Gobierno en los luctuosos sucesos producidos el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de Melilla. El ministro ha sido acusado por todos los partidos políticos -salvo el PSOE- de no decir la verdad sobre lo ocurrido, o al menos toda la verdad, al afirmar que los hechos se produjeron “fundamentalmente” en territorio marroquí y que no hubo que lamentar ningún “hecho trágico” en territorio español, y señalar que “los hechos se produjeron en el territorio nacional de un país soberano y solo de forma tangencial se produjeron en España” ¿Qué quiere decir “fundamentalmente” o “de forma tangencial”? ¿ Se produjeron o no “hechos trágicos” -eufemismo para referirse a muertos y heridos- en territorio español? Según los datos oficiales, fallecieron 23 personas con motivo del asalto, pero según las ONG -incluida la Asociación Marroquí de Derechos Humanos- y los medios de comunicación, murieron al menos 70 personas. Es significativo que ascienda a 75 el número de los desaparecidos. Nadie cree a Marlaska, ni las Cortes -salvo los diputados socialistas-, ni el Defensor del Pueblo, y -en el mejor de los casos- caben dudas razonables sobre lo que realmente ocurrió en territorio español. Descripción de los sucesos Una periodista de acreditada profesionalidad -como Ángeles Escrivá- ha hecho en “El Mundo” la siguiente descripción de los hechos ocurridos: El 20 de junio, las fuerzas de seguridad marroquíes cercaron y dejaron sin comida a los migrantes que se habían ocultado en el Gurugú y en otros montes cercanos, y les dieron un ultimátum para que en 24 horas cruzaran la frontera o regresaran a Nador. El día 24, la Guardia Civil advirtió que una multitud de unas 1.700 personas acercaba a la frontera por el Barranco del Lobo. Iban armados de mazas, instrumentos cortantes y palos, y daban muestras de una extraordinaria agresividad y beligerancia. Actuaban conforme a un plan previamente elaborado y estaban perfectamente organizados Las fuerzas marroquíes no les impidieron el paso y, cuando estaban cerca de la valla, los atacaron por la espalda con gran violencia -porras, piedras, gases lacrimógenos y disparos- y los migrantes forzaron la puerta del puesto de control que daba acceso al Barrio Chino, treparon por las vallas -que se colapsaron por el peso de los asaltantes- y cayeron en territorio español, provocando una avalancha. Los que lograron llegar a territorio español atacaron con saña a los pocos guardias civiles que estaban de retén -unos 120-, que temieron por su vida y tuvieron que replegarse tras ser heridos varios de ellos. Los gendarmes marroquíes acudieron en ayuda de sus colegas españoles que se habían visto desbordados por los asaltantes, y se produjeron devoluciones en caliente -un centenar según Interior, 470 según el Defensor del Pueblo-. Según el testimonio de un guardia civil presente, se llevaron a los hombres que iban expulsando y también trasladaron decenas de cuerpos de muertos y de heridos a un descampado adjunto a las instalaciones fronterizas, donde los dejaron al sol durante cuatro o cinco horas, sin proporcionarles ningún tipo de ayuda, pese a las numerosas ambulancias que había en la zona. Finalmente, los muertos fueron enterrados en fosas comunes sin haberles hecho previamente la autopsia, ni ser identificados, y los vivos fueron trasladados en autobuses y abandonados en un lugar situado a seis horas de recorrido de la valla fronteriza. Desde diversas fuentes, se ha dado por probado que al menos uno de los asaltantes -el sudanés Anwar Yaziz Yacoub- había muerto en suelo español. Según un comunicado conjunto publicado el 31 de octubre por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana y por el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Morris Tiball-Minz, “al menos 37 africanos murieron y varias decenas más resultaron heridos, debido al uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden marroquíes y españolas”. En opinión de José Ignacio Torreblanca, no se entiende bien el empeño de Marlaska en situar su línea de defensa en el hecho de que en el asalto no hubiera muertos en territorio español, pues -observando las imágenes de caos y violencia- la posibilidad de que fuera por caídas, por aplastamiento o por las acciones de la policía marroquí, no resultaba descabellado que se hubiera producido algún fallecimiento en territorio español, sin mediar por ello responsabilidad directa de nuestras fuerzas de seguridad. La línea de defensa ministerial parece pretender que, al haberse producido las muertes del lado marroquí, las autoridades españoles estarían exentas de responsabilidad, como si unos metros marcaran la diferencia acerca de la aceptabilidad de unas muertes. Aunque hubieran fallecido del lado marroquí, el Ministerio del Interior tenía una gran responsabilidad, pues debía velar porque las personas que intentaran entrar en España tuvieran un trato humano y ajustado a Derecho. Habría que exigir responsabilidades a Marruecos por una desgraciada intervención policial, pero ello no exoneraría a España de parte de esa responsabilidad, porque “convalidamos sus acciones aceptándolas como imprevisibles, inevitables o incompetentes, confirmando un modelo de subcontratación de la gestión fronteriza sin derechos ni dignidad, que no es aceptable”. Hay que distinguir, de un lado, entre el hecho de un asalto ilegal y violento a una frontera española -que es también frontera de la Unión Europea- y el derecho y el deber de las fuerzas de seguridad españolas de repelerlo utilizando la fuerza legítima y, de otro, la responsabilidad que pudiera tener el Gobierno español por su insatisfactoria intervención en la defensa de Melilla. Con su proverbial chulería, el portavoz de Vox, Javier Ortega, preguntó durante el debate “¿y si hubiera habido muertos, qué?”. Mejorando el lenguaje, la pregunta era pertinente. Llevaba razón Marlaska al decir que ningún Estado podía permitir un asalto violento a sus fronteras. En tal caso, tendría derecho a defenderse con todos los medios legales a su disposición y sí, como consecuencia de ello, se producían víctimas mortales, el Estado que ejerciera su legítima defensa no incurriría en responsabilidad. En una sentencia de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la responsabilidad personal de los individuos que participaban de forma ilegal en los asaltos a las vallas de Melilla, recurriendo a la fuerza y al efecto de masa, y reconoció el derecho del Gobierno español a detener a los asaltantes y devolverlos a Marruecos de forma inmediata. Responsabilidad del Gobierno por acción u omisión en la defensa de su territorio Cuestión bien distinta es si un Gobierno pueden incurrir en responsabilidad por el modo en que ejerza la defensa de sus fronteras. Como ha observado Torreblanca, habría que dilucidar hasta qué punto la imprevisión, la falta de comunicación o la carencia de medios humanos, materiales y sanitarios que se produjeron en el lado español de la frontera merecerían algún tipo de acción y eventual sanción. Si examinamos la política migratoria del Gobierno de Sánchez y su proceder para defender la seguridad de sus fronteras en las ciudades de Ceuta y Melilla, cabe concluir que el “Debe” supera con creces al “Haber” y que el saldo es tremendamente deficitario. Veamos algunas de estas deficiencias. 1.-Errática política del Gobierno sobre los refugiados Ya desde el principio, el Gobierno inició una política populista y demagógica en materia de migración con el “show” de la recepción por todo lo alto en 2018 en Valencia de los 629 náufragos salvados por el buque “Aquarius”. Sánchez presumió de gran benefactor de los inmigrantes, apoyado por políticos progresistas, como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que colgó en la fachada del Ayuntamiento un gran cartel con el lema de “Refugees Welcome”. Todo quedó, sin embargo, en pura escenificación y propaganda, y encima produjo un “efecto llamada“. Pese a todas sus alharacas, el Gobierno solo concedió asilo a 18 inmigrantes sirios. La situación de los refugiados en España es lamentable. Los procesos para la concesión de asilo o de protección se eternizan, y se conceden con cuentagotas. Aunque se permita su estancia en España, no se les facilita un permiso de trabajo, por lo que son carne de explotación laboral por empresarios desaprensivos o están abocados a la delincuencia. Un problema especial plantean los menores no acompañados (MENA), especialmente los que vienen de África vía Ceuta, Melilla o Canarias. Los estabulan en Centros de Internamiento mal dotados, que más parecen reformatorios. Cuando acceden a la mayoría de edad o se escapan de los Centros siendo aún menores, se ven libres en las calles sin una formación profesional adecuada, ni un permiso de trabajo, y a menudo con escaso conocimiento de la lengua española, por lo que se tienen que dedicar al trapicheo o a la pequeña delincuencia. De ahí que tengan mala fama y sean acusados de maleantes, en muchas ocasiones sin motivo, si bien es cierto que crean muchos problemas por su indisciplina, y a veces generan conflictos, como en el caso del Centro de la Casa de Campo en Madrid. El Gobierno y las Comunidades Autónomas se culpan mutuamente de la situación, pero hacen bien poco para resolver este delicado problema. 2.-Inexistencia de una política migratoria racional Pese a ser España uno de los países con más baja tasa de natalidad del mundo, el Gobierno ha sido incapaz de establecer una política migratoria adecuada para compensar, mediante una inmigración reglada y controlada, las insuficiencias del crecimiento vegetativo natural. Lejos de fomentar la inmigración -especialmente la procedente de los países iberoamericanos y de Europa oriental-, el Gobierno pone pegas a la misma y la dificulta con una burocracia exacerbada. Amén de no existir una política migratoria acordada entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas, se produce también una falta de coordinación en el seno del propio Gobierno entre los distintos departamentos interesados: Presidencia, Interior, Migraciones, Trabajo, Educación y Asuntos Exteriores. Una muestra de esta descoordinación se produjo cuando Canarias se vio invadida por migrantes enviados por Marruecos desde el Sáhara Occidental para chantajear a España por su acogida por motivos humanitarios al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. Los ministros especialmente concernidos, Marlaska y Escrivá, dieron pruebas de su incompetencia e inoperatividad. Mientras aquél se oponía a que algunos de los inmigrantes ilegales fueran trasladados a la península ante la saturación de los centros canarios de acogida, aquél organizó vuelos secretos para enviarlos, sin avisar de antemano a las autoridades de las Comunidades en las que eran depositados al margen de cualquier control. 3.-Actuación poco eficaz ante las mafias traficantes El Gobierno tampoco se ha esforzado por luchar contra las mafias que explotan el lucrativo negocio del tráfico ilegal de migrantes, cuyos responsables operan con impunidad desde sus lujosas mansiones en Marbella, Sotogrande o Algeciras. Los tradicionales contrabandistas de tabaco se han modernizado y utilizan sus bien engrasadas rutas para el tráfico de drogas y de migrantes. El Campo de Gibraltar se ha convertido en una réplica del “Far West” sin ley, en el que las fuerzas de seguridad actúan en situación de inferioridad ante los narcotraficantes reconvertidos, tanto por las insuficiencias en personal -escaso y mal equipado- como en material. Cabe preguntarse cómo es que, siendo el Peñón de Gibraltar la población más cercana a Marruecos, no llega a él ni una sola patera con inmigrantes. La respuesta podría encontrarse en que la “Royal Navy” del democrático Reino Unido no las deja acercarse ni a una milla de su costa y las espanta a cañonazos. España tiene que hacerse perdonar sus muchas culpas y en vez de librarse de los indeseados invasores, los recibe con carteles en los que les dice -con la boca chica- que son bienvenidos. 4.-Escasa presencia de fuerzas de seguridad e insuficiente equipamiento de las mismas Si las insuficiencias policiales son notorias en la Bahía de Algeciras, aún lo son mucho más en las ciudades de Melilla y Ceuta, de lo que es especialmente responsable el ministro del Interior y su equipo. Lejos de reforzar las vallas fronterizas para dificultar los asaltos de los inmigrantes ilegales, y de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad debidamente equipadas, ha hecho justamente lo contrario, a pesar de haberse producido miles de asaltos en las dos ciudades. Movido por su buenismo progresista, el Gobierno ha quitado de las vallas los elementos más disuasorios -como los alambres de espino, las concertinas y las cuchillas- para facilitar el asalto con menos riesgos para los intrusos, comprometiéndose en contrapartida el Ministerio del Interior a reforzar considerablemente las vallas, cosa que hasta ahora no ha hecho. Las fuerzas de seguridad son insuficientes y están pobremente equipadas, al no disponer de material antidisturbios de última generación. Se les ha negado chalecos antibalas, cascos antidisturbios, escudos protectores adecuados y cámaras de grabación individuales, e incluso se les restringe el uso del material del que disponen. Como ha observado el secretario de la Asociación de la Guardia Civil JUCIL, Agustin Leal, las promesas de Marlaska para reforzar las defensas de Melilla y de Ceuta, y de renovar los equipos de las fuerzas de seguridad, ni están ni se les espera. Carecen, por otra parte, de instrucciones claras y precisas, y se han visto desamparadas por el Gobierno cuando han sido llevados ante los tribunales por cumplir con su deber. De ahí, que los agentes estén poco motivados y tengan baja la moral. 5.-Escasa voluntad política para defender las plazas de soberanía Según Leal, el control de la migración no es una cuestión de dinero sino de voluntad política, y ésta es -a mi juicio- escasa en el actual Gobierno. Podemos y algunos sectores del PSOE son partidarios de la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, como ha puesto claramente de manifiesto la ex-ministra socialista de la Vivienda, María Antonia Trujillo, e insinuado el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Según Trujillo, la presencia española en las dos ciudades es “una supervivencia anacrónica del colonialismo en África”, que supone “una afrenta a la integridad territorial de Marruecos”, por lo que su reivindicación está plenamente justificada. Pero, lo que es aún mucho más grave, es la política de apaciguamiento y sumisión de Sánchez al sátrapa Mohamed VI, como se ha revelado con su misiva al monarca, en la que le informaba del giro copernicano de España en su posición sobre el Sáhara Occidental y sobre su apoyo a las tesis autonomistas de Marruecos, contrarias al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU. Ha cedido a su chantaje sin obtener nada positivo a cambio, pues al Sultán sigue negándose a reconocer la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, y exige su entrega a Marruecos, cuyo delegado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha llegado afirmar que su país no tenía límites terrestres con España. Sánchez no permite que el rey Felipe VI visite las dos ciudades de soberanía para no enojar al déspota marroquí. La UE financiará con 500 millones de euros a Marruecos hasta 2027 para que proteja la frontera sur de la Unión. El Gobierno español le ha regalado otros 30 millones y le facilitado material moderno para que mejore sus fuerzas de seguridad, mientras se lo niega a sus propias fuerzas estacionadas en las dos ciudades. Me recuerda la película de “La naranja mecánica” de Stanley Kubrick, en la que al final los delincuentes son nombrados policías. España y la Unión han externalizado en cierta medida la defensa de sus fronteras y, consecuencia de ello, ha sido la brutal intervención de los gendarmes marroquíes contra los asaltantes subsaharianos. El propio Sánchez declaró a bote pronto que los gendarmes marroquíes habían resuelto la situación de forma satisfactoria. El Gobierno no puede sorprenderse hipócritamente de lo ocurrido en Melilla, porque -como dice el refrán- “el que con niños se acuesta…”. Si dejas las defensas de tus fronteras en manos de las fuerzas de seguridad de un Estado autocrático, no es de extrañar que actúen de la forma como actuaron en Melilla. 6.-Responsabilidad cualificada del ministro del Interior Aunque el responsable último de la situación sea el presidente Sánchez, el principal culpable ha sido el ministro Marlaska, que ha dado un recital de actuaciones a cuales más lamentables, y ha mostrado como alguien que fue un juez digno y prestigioso, puede degenerar en un político indigno, que sigue bovinamente la trayectoria sectaria de su jefe de filas. No puede ahora lavarse las manos y está obligado a esclarecer la tragedia ocurrida en Melilla, pero -en vez de hacerlo- se ha caracterizado por su silencio inicial, su falta de colaboración con las Cortes y con el Defensor del Pueblo, y la sarta de mentiras proferidas, de las que no se mueve un ápice pese a las pruebas aportadas en los vídeos grabados por el helicóptero de la Guardia Civil y por las cámaras de seguridad, así como por un documental de la BBC y por las investigaciones del Consorcio de “Lighthouse Reports”. Marlaska se ha negado a colaborar, por lo que ha sido acusado por el PP de ocultación, obstruccionismo y falsedad. No facilitó los vídeos grabados y, cuando se vio forzado a hacerlo, los entregó incompletos y debidamente censurados. Ante la presión de los partidos políticos -incluidos Podemos y sus aliados nacionalistas y filoetarras- tuvo que permitir a algunos diputados el visionado de los mismos en la sede del Ministerio y aceptar la creación de una Comisión Parlamentaria, que viajó a Melilla para comprobar la situación y recabar testimonios “in situ”. Si bien afirmó que asumía toda la responsabilidad por lo sucedido, ahora se escuda detrás de la Guardia Civil y repite como un papagayo que su actuación fue legal y proporcionada El representante de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha comentado que lo que les contó el ministro no tenía nada que ver con lo que vieron en los vídeos, pues las imágenes corroboraban que efectivos marroquíes habían entrado en el perímetro español para auxiliar a la Guardia Civil, y que hubo heridos de gravedad en su suelo, causados por el desplome de la valla que provocó una avalancha. Lo realmente grave fue, no tanto que se hubieran producido heridos y eventualmente muertos, como la pertinaz negativa de Marlaska a reconocer los hechos, a pesar de la evidencia de los vídeos. Nadie de la Comisión -aparte del diputado del PSOE- le ha creído, ni siquiera su socio de Gobierno, ni sus aliados Frankenstein, y el representante de Bildu ha pedido que se cree una Comisión de Investigación en el Congreso. No debe tener el ministro la conciencia muy tranquila, cuando se ha negado a comparecer en el Parlamento Europeo para dar explicaciones de lo ocurrido en Melilla. Como ha declarado el portavoz de Podemos, Jaume Asens, “Marlaska debe aceptar la dura realidad, o la dura realidad acabará con Marlaska”. Aunque al principio Sánchez avaló a Marlaska, del que dijo que en su trayectoria siempre había hecho gala de un cumplimiento estricto de la legalidad, con su habitual instinto de supervivencia, ha empezado a arrojar lastre. Dado que su principal objetivo es mantenerse en el poder, para conseguirlo está dispuesto a entregar a Marruecos, no solo Ceuta y Melilla, sino también el propio Madrid, “castillo famoso que del Moro alivia el miedo”, en palabras de Nicolás Fernández de Moratín. Fue patética la soledad del ministro en su comparecencia en el Congreso, en la que no se sentó en el Banco Azul ni uno solo de sus colegas en el Gobierno para arroparlo. Según Eduardo Álvarez, a Marlaska a estas alturas parece no guiarle más motivación personal que la de la supervivencia política al coste que sea, por más que se haya pasado media legislatura como un muerto viviente. Por qué va a dimitir ahora por sus flagrantes mentiras en el nauseabundo drama migratorio de Melilla, si no ha hecho otra cosa que protegerse tras el bulo en casos precedentes como el de la destitución del jefe de la UCO, Pérez de los Cobos, o el del fabricado informe en el famoso Desfile del Orgullo Gay, que le tendrían que haber inhabilitado para la política hace años. “Que le consideren indigno, pero que al menos no quepa duda de su coherencia sobrevenida como gran converso que aceptó ser ministro de Pedro Sánchez”. A tal señor, tal honor. Como ha comentado Javier Redondo, “Marlaska, abandonado por Sánchez, se apaga envuelto en la primera versión de Sánchez, aunque su espectro ocupe todavía su sitio en el Consejo de Ministros a la espera del veredicto de Bruselas. Marlaska, de alfil a peón”. Continuando con el lenguaje ajedrecístico, el ministro del Interior no es más que un peón, pero Sánchez sigue siendo el rey y, por tanto, es el principal responsable del terrible desaguisado que se ha producido en Melilla. Mientras no haya nadie que sea capaz darle un jaque-mate, el pueblo español se verá castigado con el terrible mal que últimamente padece. Ha hecho patente, una vez más, la falta de credibilidad de su Gobierno ante la opinión pública española, la UE y la comunidad internacional. Madrid, 10 de diciembre de 2022

Del Brexit a la "permacrisis" en el Reino Unido

DEL “BREXIT” A LA “PERMACRISIS” EN ELREINO UNIDO Sobre el Reino Unido se cierne de aquí a Navidades lo que la prensa ha calificado de “gran disrupción”, algo parecido a una especie de huelga general no declarada, en la que participarán el personal sanitario, los empleados de Correos y de los ferrocarriles privatizados, los conductores de autobuses y de ambulancias, los bomberos y los maestros y profesores de Universidad. Esta situación es reflejo del creciente malestar social y económico, que se ha plasmado en el palabro “permacrisis”. El Diccionario Collins ha declarado este término como la palabra del año 2022, y la ha definido como “periodo extenso de inestabilidad e inseguridad consecuencia de una serie de acontecimientos catastróficos”. Según el director de “Collins Learning”, Alex Beecroft, el lenguaje es el espejo que refleja lo que ocurre en la sociedad. El neologismo “permacrisis” revela la incertidumbre y la preocupación producida tras atravesar Gran Bretaña un período de sobresalto causado por el Brexit, la pandemia, la climatología rigurosa, la guerra de Ucrania, la inestabilidad política, la crisis energética y el aumento del coste de la vida. Define a la perfección lo ocurrido en 2022, porque es la horrible sensación que tiene mucha gente. “No salimos de un reto y ya tenemos otro” y el lenguaje se limita a describir lo que sucede. Carlos Fresneda ha incluido entre tales circunstancias, el Brexit, el Covid, la guerra, la crisis energética, climática y política, la inflación, la recesión, el sobresalto constante, la disrupción permanente, la máxima ansiedad, el caos que no cesa, y el temor a que todo pueda ir a peor. El “neo-término” encarna perfectamente la situación vertiginosa vivida en los últimos meses en Gran Bretaña, mientras la gente se pregunta qué nuevos horrores nos esperan a la vuelta de la esquina. Ha surgido un pesimismo que produce en la sociedad global el sentimiento de que no hay salida a la vista y que nuestra civilización está a punto de colapsarse. No se trata de un fenómeno de generación espontánea, sino que ha seguido unos lineamientos que ya habían sido percibidos desde hace años. No en vano, la palabra del año escogida por Collins en 2016 fue “Brexit” y en 2017 “noticias falsas”-. “Permacrisis”-apócope de “crisis” y “permanente”- ha vencido a otras como “party-gate”, “lawfare- o Kiev, y refleja el sentir de que todas estas crisis que se están produciendo han llegado para quedarse y no parece vérseles un fin inmediato. Hannah Arendt ya había presagiado algo de esto en su libro “Crisis de la cultura”, donde afirmaba que cualquier crisis -dondequiera que se produjera- podía extenderse a cualquier otro lugar del mundo, debido a la globalización y a la interdependencia. Se producía un “efecto dominó” que acentuaba su duración y su efecto disruptivo. Algunas de estas crisis se han generado en el Reino Unido y otras han venido de fuera, pero el cúmulo de las mismas y su permanencia en el tiempo han hecho que surtan un especial efecto en este país, debido a su voluntad de distanciarse de la UE a través del Brexit. Eran pocos en la pérfida Albión y parió la abuela Putin con su agresión a Ucrania. Origen y desarrollo del Brexit El Brexit no es el único culpable de la grave situación que atraviesa la Gran Bretaña en estos momentos, pero ha contribuido de forma notable a agravarla. Partió de una gran falacia y consiguió triunfar -aunque solo fuera por los puntos- gracias a la mentira, al fraude y a la manipulación de unos políticos exacerbados, que -pese a haber reconocido sus fechorías- se niegan a rectificar cuando aún se está a tiempo de regresar al “statu quo ante”. Una cosa que me ha sorprendido sobremanera ha sido persistencia en el error de un pueblo famoso por su pragmatismo. Personalidades contrarias al Brexit y partidarias de continuar en la UE -como David Cameron, Theresa May o Liz Truss- cambiaron de parecer y apoyaron la nueva situación en base al poco convincente argumento de que “Brexit is Brexit”. La historia viene de lejos dado que Gran Bretaña nunca se sintió cómoda dentro de la CEE/UE. Fue contraria a la creación de la CECA y de la CEE, y trató de combatirlas desde fuera y, cuando fracasó en su intento, ingreso en la Organización para combatirla desde dentro. Hizo cuanto pudo para frenar el proceso de integración, al obstaculizar la adquisición de mayores competencias y la adopción de nuevas políticas; tratar de que se devolvieran a los Estados miembros competencias ambientales, financieras, presupuestarias, laborales, migratorias o pesqueras; y alentar la ampliación de la Comunidad para que -al contar con más miembros- se ralentizara el proceso integrador. Cuando no conseguía imponer su opinión, se liberaba de esos compromisos mediante el “opting-out” -auto-exclusión del sistema Schengen y de la Unión Monetaria y del euro-. Dio muestras de insolidaridad, como la imposición del cheque británico, su oposición a los pactos de estabilidad y contra la crisis, y la reducción de los presupuestos pese al aumento de Estados miembros. Boicoteó el Tratado sobre la Constitución Europea, rebajó el alcance del Tratado de Lisboa, y se opuso al nombramiento de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea por considerarlo demasiado europeísta. Defendió que hubiera distintas opciones en una Unión “a la carta”, y consiguió en ocasiones el apoyo de Estados nórdicos o de Europa oriental a su política tendente a hacer de la UE una Organización meramente económica y comercial. En su forcejeo con Bruselas para debilitar a la UE y mejorar la posición británica dentro de la misma, Cameron anunció que celebraría en 2013 un referéndum para que el pueblo británico decidiera sobre sí quería que la Gran Bretaña continuará siendo miembro de la Unión. Gracias a su chantaje, obtuvo de Bruselas nuevas concesiones, que no se llegaron a aplicar porque -en contra de lo previsto- los británicos votaron por la mínima a favor del Brexit y del abandono de la UE. Como ya le había advertido el europeísta, Michel Heseltine, la convocatoria de un referéndum era un juego innecesario y frívolo, que podría traer graves consecuencias. Así ocurrió, en efecto, ya que Cameron, excesivamente confiado en su fácil triunfo, hizo una desastrosa campaña electoral, y se dio el caso poco habitual de un Gobierno que perdió un referéndum desde el poder. Frente a la pasividad del Gobierno, los partidarios del Brexit -liderados por el antiguo alcalde de Londres, Boris Johnson realizaron una campaña sumamente activa, plena de medias verdades, grandes mentiras y falsas noticias. Su lema fue que había llegado la hora de que el Reino Unido se liberara del dominio de los burócratas de Bruselas y pudiera adoptar sus propias decisiones. La campaña estuvo basada en los temas de sanidad, seguridad e inmigración, ninguno de los cuales era por cierto competencia de la UE. Los “brexiteros” mintieron descaradamente al afirmar sin rubor que, con el ahorro de las fabulosas sumas que Gran Bretaña pagaba la Unión, se podría mejorar considerablemente la sanidad nacional e invertir en políticas -industria, transportes, comercio, turismo o educación-que beneficiaran a los ciudadanos británicos. Los resultados, sin embargo, no han podido ser más negativos, pues ha empeorado considerablemente el sistema de sanidad nacional -que se ha visto privado de gran número de médicos y personal sanitario de origen comunitario-, ha disminuido la seguridad y aumentado la criminalidad, y no se ha podido controlar el flujo migratorio, pese a las medidas un tanto racistas adoptadas, como la de pretender enviar a campamentos en Ruanda a los inmigrantes que solicitaran asilo en el país. Según Guillermo Iñiguez, el Brexit ha supuesto el triunfo del chauvinismo sobre la tolerancia, de la nostalgia imperial sobre el cosmopolitismo y de las medias verdades sobre los hechos. Consecuencias del Brexit El Brexit y la “espantá” de Gran Bretaña han sido muy perjudiciales para la UE, pero lo han sido aún más para aquélla, al producir grandes inconvenientes. En el plano doméstico, ha provocado una fracción del país al 50%, si bien entre los partidarios del Brexit se encuentran los sectores menos dinámicos del Reino Unido -personas de edad avanzada e inferior cultura, y población agrícola-. En su contra se ha manifestado la mayoría de los ciudadanos de Escocia y de Irlanda del norte. Políticamente, se ha producido una situación bastante desestabilizadora con el nombramiento en poco tiempo de cuatro primeros ministros no elegidos por el pueblo, sino por los órganos burocráticos del Partido Conservador y el partido se niega a convocar elecciones -cómo debería hacerse dadas las circunstancias- por temor a perderlas, pues todos los sondeos dan una clara ventaja al Partido Laborista. A Cameron le sucedió May, quien -pese a haber hecho campaña en contra del abandono de la UE- asumió los resultados del referéndum y negoció con Bruselas un Acuerdo para retirada ordenada de Gran Bretaña, que fue rechazado en tres ocasiones por el Parlamento, con la connivencia de su ministro de Asuntos Exteriores, Johnson, que la sucedió en el puesto tras su dimisión. Lejos de tratar de aunar a los dos grandes bloques opuestos que se habían formado, el flamante “premier” siguió una política demagógica y marcadamente antieuropea. Firmó con la UE un nuevo Acuerdo de salida, que él mismo incumplió al modificar unilateralmente el Protocolo sobre Irlanda del Norte. Johnson tuvo que pechar con la pandemia del Covid y siguió una política errática, que tuvo su culminación en el abierto incumplimiento de las severas normas adoptadas por su Gobierno, con el vergonzoso escándalo del “Party-gate”, que al final le forzó a abandonar el puesto. Le sucedió Truss -otra conversa al Brexit-, que siguió a medias con su secretario del Tesoro, Kwasi Kwarteng, una política económica y fiscal disparatada, que hundió la libra esterlina y requirió la intervención urgente del Banco de Inglaterra para evitar una catástrofe financiera. Como ha comentado con sorna José Ignacio Torreblanca, los partidarios del Brexit estaban íntimamente convencidos de que -liberado de la garra burocrática de Bruselas- el Reino Unido iba a florecer como la gran capital financiera del mundo libre, pero “ese Singapur atiborrado de esteroides flotando en el Atlántico con el que soñaban los conservadores se ha mostrado no solo como una quimera, sino como una peligrosísima aventura”. Truss no tuvo más remedio que dimitir, batiendo el récord Guinness de estancia más breve y fugaz en la historia de la Presidencia del Gobierno británico. El sucesor de las sucesora, el millonario inglés de origen indio e hindú de religión, Rishi Sunak, fue cooptado como “premier” por sus pares en la Cámara de los Comunes, en medio del ludibrio generalizado de los medios de comunicación, incluidos los tabloides más conservadores. Con su habitual menosprecio por los países del sur de Europa, los periódicos británicos hablaron de la “britalización” de la política en el Reino Unido. Incluso el sesudo “The Economist” tituló un artículo ”Welcome to Britaly”, en el que indicaba que Gran Bretaña se había dejado atrapar por la triple red de la inestabilidad política crónica, el bajo crecimiento económico y la subordinación del mercado a los bonos. Curiosamente, en el manifiesto euroescéptico “Britannia Unchained”, se señalaba a Italia como el ejemplo a evitar, pero el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Charles Bean, han declarado que el Reino Unido había pasado de no ser muy distinto de Alemania o de Estados Unidos a parecerse más a Italia y a Grecia. Según el ex-secretario del Tesoro, Larry Summers, la quinta economía mundial se está comportando como un mercado emergente. Al propio Carlos III, se le escapó un “Oh, dear” durante su entrevista con Sunak y, en un chiste aparecido en “El Mundo”, se ve al Rey decir, tras estrecharle la mano al nuevo “premier”, “!El siguiente!”. Para el “Financial Times”, en un artículo sobre ”El efecto del Brexit”, el impacto económico de la salida de la UE ha supuesto para cada familia británica una pérdida de £870 al año. Según el directivo del Banco de Inglaterra, Michael Sanders, la economía del Reino Unido se ha visto dañada de forma permanente por el Brexit. La necesidad de aumento de los íncubos y los recortes de gastos no habrían existido si el Brexit no hubiera reducido tanto la producción potencial de la economía, y el daño ha afectado especialmente las empresas pequeñas. La libra se ha devaluado más que el euro en relación con el dólar. La economía británica ha entrado ya en recesión en el tercer trimestre de 2022 ,y podría permanecer en esta situación hasta finales de 2024. La inflación ha llegado al 10.1% y los intereses de las hipotecas subieron en octubre al 6.65%. El Director del Instituto de Estudios Fiscales, Paul Johnson -quizás influenciado el campeonato mundial de fútbol de Qatar-, ha afirmado que el Brexit fue un “autogol económico”. Los autogoles suelen ser accidentales, aunque también puede ser voluntarios y, como en el presente caso, pueden producirse por desviar un tiro del equipo contrario, despejar mal un balón o un error de cálculo. ”A los políticos se les hace aún la boca agua hablando de las oportunidades del Brexit, pero lo cierto es que los británicos han salido perdiendo; la inflación supera ya el 11% y la familia media va a perder el 7% de su poder adquisitivo”. Al haber abandonado la UE, Gran Bretaña ha perdido el paraguas protector del Banco Central Europeo y de las instituciones comunitarias. Sunak, partidario del liberalismo económico, había criticado acerbamente la política financiera de Truss, y lo primero que hizo en cuanto a recibió su nombramiento fue mantener como secretario del Tesoro a Jeremy Hunt, quien ya había iniciado un giro copernicano en la política económica de Truss y modificado dicha política al 100%. Ha derogado las propuestas de bajar los impuestos a la rentas más elevadas y las considerables subvenciones previstas, y decidido aumentar los impuestos. Pese a ello, tendrá que hacer frente a un agujero fiscal de más de 50.000 millones heredado del presupuesto de Truss, y ya anunciado la imperiosa necesidad hacer severos recortes en el gasto público. Sunak ha sido partidario del Brexit desde el principio y no parece haber aprendido la lección, pues sigue en sus trece al haber afirmado que “yo voté por el Brexit, creo en el Brexit y sé que puede suponer grandes beneficios y oportunidades para el país, empezando por el control apropiado de la inmigración”. Resulta paradójico que esto lo diga un inmigrante, que has expresado su intención de enviar a Ruanda a las personas que han entrado ilegalmente en Gran Bretaña a pesar de los obstáculos judiciales. El “Sunday Times” ha lanzado el globo sonda de que el Gobierno estaba sopesando la idea de reducir las fricciones comerciales con la UE mediante la negociación de un acuerdo similar al que la Unión tiene con Suiza, pero Sunak que se ha apresurado a desmentir esa posibilidad y afirmado que su Gobierno no tenía la menor intención de mantener una relación con la UE que supusiera su alineamiento con las reglas comunitarias. Y lo peor es que el líder de la oposición y más que posible primer ministro, Keir Starmer -que se había opuesto al Brexit como la mayoría del Partido Laborista- ha declarado que, si llegara al poder, no renegociaría la salida de Gran Bretaña de la Unión. Es probable que Sunak abandone, o suavice al menos, la política de hostilidad hacia la UE de sus predecesores y trate de llegar a algún tipo de acuerdo, aunque siempre desde fuera de la Unión. En el ámbito político, el Brexit ha generado al Reino Unido dos graves problemas, cuáles son los de Irlanda del Norte y de Escocia, territorios ambos en los que la mayoría de sus habitantes se opusieron al abandono de la UE. En el Ulster, las últimas elecciones regionales fueron ganadas por el partido nacionalista irlandés católico Sinn Fein y, pese al compromiso asumido el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, por el que éste y el partido nacionalista probritánico protestante -el Partido Unionista del Ulster- se habían comprometido a formar un Gobierno de coalición, el PUU se ha negado a integrarse en un Gobierno dual. Su presidente, Jeffrey Donaldson, ha declarado que su partido no entrará en el Gobierno hasta que no se elimine el Protocolo sobre Irlanda del Norte firmado por Gran Bretaña y la UE. Boris Johnson trató de modificar unilateralmente el Protocolo por él firmado y dictó normas internas contrarias a sus disposiciones. La UE ha denunciado la violación por el Reino Unido de un tratado internacional y le ha abierto un procedimiento de infracción. Las espadas siguen en alto y -aunque la Unión se haya mostrado dispuesta a hacer algunas concesiones para atender a las preocupaciones del partido unionista - mantiene lo esencial del Acuerdo, de conformidad con el principio de Derecho Internacional “pacta sunt servanda”. El secretario británico para Europa, Leo Docherty, ha declarado que su Gobierno esperaba poder negociar un pacto que atendiera a los intereses de los irlandeses del norte y de todas las partes, al mismo tiempo mantuviera la integridad del mercado único europeo, pero las posiciones Gran Bretaña y de la UE parecen irreconciliables. Si no se lograra un acuerdo, se iniciaría una guerra comercial entre las dos partes y, sobre todo, podría ponerse en riesgo la aplicación del Acuerdo de 1998, que puso fin al cruento enfrentamiento entre las dos comunidades, y provocar la reanudación del conflicto guerra-civilista. El empecinamiento del PUU a negarse a entrar en un Gobierno de coalición va a obligar a que se celebren en breve nuevas elecciones regionales, con la posibilidad de que las gane de nuevo el Sinn Féin y que éste reclame con mayor intensidad la reunificación de las dos partes de Irlanda. Como consecuencia del Brexit, se ha puesto en riesgo la aplicación del delicado pacto para la pacífica convivencia de las dos comunidades y existe el peligro de que se vuelvan a producir los enfrentamientos sectarios. En Escocia, la situación no es menos preocupante. Cameron accedió a que se celebrara en Escocia en 2014 un referéndum de autodeterminación para que el pueblo escocés decidiera sobre si quería mantener la integración en el Reino Unido o declarar la independencia, y el Sí prevaleció sobre el No por 55.3% frente al 44.7%. Ahora, el Partido Nacionalista Escocés, liderado por Nicola Sturgeon -primera ministra del Gobierno de Escocia- ha solicitado la venia del Gobierno británico para celebrar en 2024 un nuevo referéndum, alegando la clausula “rebus sic stantibus” -cambio de circunstancias-, pues la mayoría de los escoceses había votado a favor de la permanencia Escocia en el Reino Unido, que a la sazón formaba parte de la UE, pero ahora -a causa del Brexit- el país ha dejado de formar parte de la Unión en contra de su voluntad. El Gobierno de Londres ha negado su autorización para la celebración del solicitado referéndum y el Gobierno escocés ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, que ha decidido por unanimidad de sus jueces que el Parlamento escocés no tenía facultad para convocar una consulta soberanista sin la anuencia de Westminster, de conformidad con la sección 30 del Acta de Escocia. Pese a estar en desacuerdo con la sentencia, Sturgeon la ha acatado, reconociendo que cualquier vía hacia la independencia debería ser legal y renunciando implícitamente a una solución unilateral “a la catalana”. Ha señalado, sin embargo, que no renunciará a la celebración de un referéndum de autodeterminación al que Escocia tiene derecho y que convertirá las elecciones de 2024 en un referéndum “de facto” sobre independencia de Escocia. La población escocesa está escindida en dos mitades irreconciliables -45% a favor de la independencia y 45% en contra, con un 10% de indecisos. Cualquiera que sea la solución que finalmente prevalezca, las consecuencias del Brexit no han podido ser más dañinas para la ciudadanía escocesa. Como ha observado Pol Morillas, desde el Brexit toda la política británica ha girado en torno a él. Se ha producido un solapamiento de diversas crisis de distinta índole, pero la de mayor incidencia ha sido la del abandono de la UE, porque no se han cumplido las expectativas británicas de que fuera de la Unión al país le iría mejor. El Reino Unido se ha instalado en una situación de inestabilidad y confusión. Según los sondeos, una ligera mayoría de la población británica considera que el Brexit ha sido negativo para Gran Bretaña y que ésta se encuentra actualmente peor política y económicamente que cuando era miembro de la UE, pero el orgullo impide a sus dirigentes rectificar su error y reconsiderar la situación. Muchos analistas estiman que al país le convendría mejorar sus relaciones con la Unión, e incluso volver a reincorporarse a ella, pero Sunak ha rechazado “inequívocamente” la posibilidad de una renegociación con Bruselas, y Starmer le ha ido a la zaga. Según ha editorializado “El Mundo”, seis años después del referéndum sobre el Brexit, el Reino Unido asiste a la implosión del Partido Conservador. “La apuesta de los tories por una fantasía divorciada de la realidad, en manos de inexpertos y sin otro fundamento político que una serie de consignas simplistas contra Europa, ha resultado un clavo en el ataúd de la formación, y ha hundido al país en el caos económico y en un progresivo aislamiento”. En efecto, la vieja y desgastada Britannia, hundida en su espléndido aislamiento y en estado de crisis permanente, se resiste a darse cuenta de que ya no gobierna las olas. Madrid, 2 de diciembre de 2022

Gloria y loor al Gobierno "sedicida" de Sánchez

GLORIA Y LOOR ALGOBIERNO “SEDICIDA” DE SÁNCHEZ Cuando escribí mi último artículo sobre “De la eliminación de la sedición al debilitamiento de la malversación” desconocía la magnitud de la campaña de la “Brunete mediática”, de los medios de comunicación adictos al régimen y demás ”compañeros de viaje” del Gobierno, encabezados por su buque insignia ”El País”, para ensalzar la decisión de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal, para derogar el delito de sedición y emascular el de malversación, a petición de su socio preferente -el independentista ERC-, que exije una sustancial contrapartida a su desinteresado apoyo a los presupuestos generales del Estado. Entre esta bazofia, destaca el artículo “Cataluña en paz, España protegida y el PP desarmado”, publicado el pasado día 11 por uno de sus periodistas-estrella, Xavier Vidal-Folch, cuyo título es significativamente revelador sobre las aviesas intenciones de su autor. Como ha señalado Andreu Jaume en “The Objective”, los medios de comunicación afines al Gobierno han lanzado a bombo y platillo una campaña para justificar la supresión del delito de sedición, haciendo suya la estrategia publicitaria que encúbrelos espurios intereses parlamentarios de un presidente que ha perdido -si es que alguna vez la tuvo- la noción del Estado de Derecho, y “está dispuesto a rendir los principios fundamentales de la convivencia que no se basa en los sentimientos de concordia -lo que une a los corazones-, sino en la isonomía -la igualdad ante la ley-, que en una democracia permite convivir al margen de las pasiones y los odios”. El Gobierno mantiene sin pudor que su iniciativa ha sido un rotundo éxito y que, a su estrategia analgésica, solo se oponen “quienes odian a los catalanes”, ignoran la realidad y no se acercan a las calles y plazas de Cataluña, y quienes están en contra de la verdad, el perdón y la concordia. Yo, que llevo 45 años pasando los veranos en Cataluña -pese a mi supuesto odio a los catalanes-, no puedo menos que alzar mi voz ante semejantes falacias. El artículo está plagado de , por utilizar la terminología de la película de Steven Sodenberg, “sexo -la aberrante Ley de “Sí es sí” y el disparatado proyecto de “Ley Trans”-, mentiras y cintas de video”. Son muchas las falacias argumentales respuestas por Vidal-Folch, que revelan la falta de rigor intelectual de un famoso periodista apesebrado. El autor ha señalado que la inesperada decisión de Sánchez -que en principio solo había prometido reducir las penas por el delito de sedición- había producido con su supresión tres efectos benéficos de inmediato: Ha completado la pacificación de Cataluña, protegido a la justicia española ante los tribunales europeos, y desarmado al PP, que ha quedado sin argumentos para alancear a enemigos inexistentes. Según Jaume, se vende como un mecanismo de salvaguarda de una justicia que al mismo tiempo se desacredita “Los culpables de un delito contra el orden constitucional pactan en el Congreso una reforma del Código Penal que les condenó y se convierten, efectivamente, en enemigos inexistentes alanceados por una oposición cautiva y desarmada en un Parlamento denigrado”. Cataluña en paz En realidad -continúa el comentarista-, todo se explica por una misma y proteica manipulación moral que se subsume en el mito de la pacificación de Cataluña, mediante lo que ha calificado de “”estrategia del ibuprofeno”. A saber, ceder a todas las exigencias de los independentistas a cambio de su apoyo al Gobierno sanchista, que se jacta de que, con su política de diálogo y distensión, ha conseguido desactivar los efectos de la sedición del 1-O y volver a la Arcadia feliz de ese oasis de paz y mesura que tradicionalmente ha sido Cataluña. Vidal-Folch incurre en una descarnada desfachatez cuando afirma que Cataluña ha sido al fin pacificada, ya que el clima político social se ha despresurizado, ya solo algún grupúsculo residual insulta a los discrepantes y deslegitima a los disidentes, y se ha restaurado la pluralidad. Las avenidas de Cataluña no lucen ya lazos amarillos en sus semáforos y el unilateralismo ha decaído. Vuelve la normalidad pero solo para los nacionalistas. Solo las gafas de color de rosa con las que el periodista contempla Cataluña -que en modo alguno coinciden con la visión del español medio, incluida, por lo menos, la mitad de los catalanes- le permiten hacer esta afirmación tan ajena a la realidad. ¿ Es normal y democrático que el Gobierno de una Comunidad Autónoma incumpla la Constitución y las leyes y se oponga a aplicar las sentencias? ¿Es normal y democrático que el presidente de la Generalitat menosprecie al jefe del Estado y asegure que hará cuanto esté en su mano para proclamar una República y separar a Cataluña de España??Es normal y democrático que España sea el único país europeo en el que los niños catalanes hispanoparlantes no puedan ser escolarizados en su lengua materna, que es la oficial del Estado, y que el Parlament adopte una ley para impedir que se apliquen unas sentencias de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que reconocen el derecho de estos alumnos a recibir al menos un 25% de la enseñanza en castellano? ¿Es normal y democrático que los profesores sean denunciados por dar sus clases en español, que los universitarios constitucionalistas sean agredidos e en las universidades por los vándalos nacionalistas con total impunidad, que se sancione a las empresas que mantengan los títulos de sus establecimientos en castellano, que el consejero Educación se vanagloria de que de los 3.600 centros escolares existentes en Cataluña tan solo 26 imparten un 25% de la enseñanza en español, que…? Así podría seguir citando infinidad de conductas antidemocráticas, por lo que cabe llegar a la conclusión de que en Cataluña no existe un régimen democrático y que no se le espera mientras siga siendo gobernada por los nacionalistas. ¿Puede alguien con un mínimo de vergüenza afirmar sin sonrojarse que Cataluña está “pacificada”? Será la paz de los cementerios, de la que hablaron en sus poemas Paul Claudel y Georges Bernanos. España y su justicia protegidas La afirmación de que, como consecuencia de la decisión de Sánchez, España y sus Tribunales de Justicia van a resultar fortalecidos es el mayor dislate de los muchos que figuran en el artículo de Vidal-Folch. Tendrá que hacer un tremendo esfuerzo pedagógico para explicarnos cómo se protege la justicia cuando se censuran las sentencias de los tribunales -acusando implícitamente de prevaricación al TS por haber dictado una sentencia inicua en el caso del 1-O, se transforma el grave delito de sedición en otro de desórdenes públicos de menor cuantía, se indulta -en contra del criterio del Tribunal juzgador y de la Fiscalía- a personas condenadas por sentencia firme por los delito de sedición y de malversación, se pretende modificar este último delito para rebajar las penas de inhabilitación de los condenados, se desarbola el Tribunal de Cuentas y se condonan a los condenados las elevadas multas impuestas, o se deja al Estado sin los medios jurídicos adecuados para hacer frente a un eventual ataque al orden constitucional, que los actuales dirigentes de la Generalitat han prometido que realizarán. ¡Señores del Gobierno, no nos protejan tanto, por favor! ¡Virgencita de Montserrat, que nos quedemos como estamos! Tiene el periodista el cuajo de afirmar que la eliminación de la sedición protege a la justicia española ante los Tribunales europeos cuando ocurre justamente lo contrario. España ha sido suficientemente esnobeada por los Tribunales nacionales de Alemania y de Bélgica, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Cuando -gracias a los esfuerzos sobrehumanos de magistrados ejemplares como Manuel Marchena o Pablo Llarena- parecía que empezaban a volverse las tornas en favor de la justicia española, llega el tío Pedro con las rebajas de otoño y la modificación del Código Penal. En el ámbito del TJUE -que tiene pendiente su decisión sobre la consulta del TS acerca de si las autoridades belgas habían cumplido con la orden europea de detención y entrega planteada por España-, su Abogado General, Jean-Richard de la Tour, respaldó en su informe del pasado 14 de julio la actuación del magistrado Llarena, y condenó el comportamiento de los tribunales belgas. Todos esperábamos que el Tribunal General dictara una sentencia que siguiera los lineamientos de su Abogado General, pero la decisión del Gobierno español de suprimir el delito de sedición puede echar todo por tierra, por la aplicación del principio “rebus sic stantibus” -cambio de las circunstancias-. El próximo día 25 se realizará la vista del caso y el siniestro abogado de Puigdemont y sus secuaces, Gonzalo Boye -condenado por terrorismo y procesado por blanqueamiento de capitales-ha afirmado que argumentará que el TS había solicitado la entrega por la supuesta comisión de un delito que va a dejar de serlo, y aportará -gracias al derrape legislativo de Sánchez- la proposición de ley para la supresión del delito de sedición. Muerto el perro -sedición-, se acabó la rabia -extradición-. Los magistrados pueden preguntarse cómo es posible entregar a un eurodiputado por un modesto delito de desórdenes públicos, y no me extrañaría nada que el TJUE nos diera una vez más calabazas, a pesar del fundamentado dictamen de De La Tour. En el Parlamento Europeo se está actualmente examinando el caso de la retirada de su acreditación a los diputados Puigdemont, Comin, Ponsati y Puig. El entonces presidente del Parlamento Europeo, el popular Antonio Tajani, les retiró la acreditación, pero su sucesor, el socialista David Sassolí, se las devolvió. A petición del propio Parlamento, la Junta Electoral Central le ha informado que -según la normativa española aplicable-los interesados no habían adquirido la condición de eurodiputados por faltarles el requisito insoslayable del acatamiento de la Constitución española. Preguntada al respecto, la actual presidenta del Parlamento -la popular Roberta Metsola- ha dicho en público que su decisión estaba pendiente del informe jurídico de los asesores de la Cámara, pero en privado ha apuntado que probablemente seguiría el dictamen de la JEC y retiraría definitivamente la credencial a los sediciosos, lo que permitiría su entrega a España, salvo que el TJUE se pronunciara por una sentencia favorable. El presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha expresado su honda preocupación por la inminente derogación del delito de sedición que -en su opinión-no tenía el menor sentido que Sánchez trasladara la visión separatista a la legislación nacional. Tampoco tenía sentido dividir países y adoptar una visión separatista, pues todo lo que pusiera en peligro la unidad de un país debería evitarse, especialmente tras la sentencia TS sobre los líderes independentistas. Había que respetar a los tribunales y a sus sentencias. “El Estado de Derecho, como principio básico, significa aceptar el resultado de las sentencias de los jueces. Aviso a España de que esta reforma va en la mala dirección, pues están enviando la señal de que romper la Constitución es más fácil, y que también resulta más fácil saltarse las sentencias de nuestros jueces independientes”. El PP desarmado Es la pata más débil del trípode argumental del artículo de Vidal-Folch, entre otras razones por que, para desarmar, hace falta que el interesado esté armado y, en este caso, el PP peca de pacifista. Al partido se le ha presentado una ocasión excelente para exponer ante el Congreso las vergüenzas del Gobierno Frankenstein mediante la presentación de la correspondiente moción de censura, aunque tenga escasas posibilidades de ganarla. El PP sufre tradicionalmente de un síndrome múltiple de ambigüedad, dontancredismo y complejo de inferioridad ante la injustificada superioridad moral de la izquierda, lo que hace que vaya siempre a remolque de la progresía en una actitud defensiva, y que -por mucho que critique las arbitrarias leyes de los Gobiernos del PSOE- las respete y las deje en vigor cuando ha llegado al poder. A esto se suma el quietismo galaico de su actual presidente, que le induce a quedarse sentado a la puerta de su casa a la espera de ver pasar por delante el cadáver de su enemigo. Está convencido de que las elecciones no las gana la Oposición, sino que los pierde el Gobierno, por lo que “sutout, pas trop de zèle”, para evitar decir alguna inconveniencia o dar un paso en falso, y esperar -como Mariano Rajoy-que el tiempo solucione los problemas. El que calla tiene la ventaja de que evita meteduras de pata, pero también otorga, y se puede pecar no solo por comisión, sino también por omisión. Éste es un adecuado momento en el que el Gobierno de Sánchez está contra las cuerdas -alta inflación y aumento notable del coste de la vida, incremento de la factura de electricidad, pero real y encubierto, leyes de “Sí es sí” y Trans, concesiones inaceptables a Cataluña y al País Vasco, insuficiente utilización de los generosos fondos facilitados por la UE, continua pelotera con sus socios podemitas de Gobierno, indultos a los condenados por los ERE y, -sobre todo- reforma del Código Penal a la carta para satisfacer las exigencias de ERC, con la supresión del delito de sedición y el debilitamiento del de malversación, lo que permitirá la impunidad completa de los sediciosos, el regreso de los prófugos de la justicia y el desarbolamiento de las defensas jurídicas de un Estado de Derecho para hacer frente a un más que probable nuevo ataque al orden constitucional. Con su habitual ironía, Félix de Azúa, ha comentado en “The Objective” –“Muchas gracias” -que, gracias a sus desvelos, a partir de ahora podremos incitar a golpes de Estado, que solo se considerarán como desórdenes públicos. Ya podemos pedir la independencia de Barcelona o de la isla de Barataria a bajo coste. También podremos prevaricar y repartir el dinero -aunque no sea nuestro, ¿ de quién es el dinero público, Carmen Calvo?- a quién nos dé la gana, siempre que se trate de alguien tan progre como nosotros, y lo podremos hacer sin que nos castiguen y ni siquiera nos critiquen. Ya será posible robar directamente al Estado si lo gastamos en financiar a las asociaciones y partidos progresistas. Tan solo habrá que tener cuidado en que no caiga ningún billete en el bolsillo de los autores y que toda la pasta beneficie a los amigos progresistas o al partido titular del progreso. España ha pasado en el índice de democracia de Freedom House a una puntuación de 90 puntos, cuatro menos que en 2018, y entre los motivos alegados para esta reducción se citan los ataques a la independencia judicial, la corrupción, la fragmentación política y -de forma destacada- “el desafío al orden constitucional y a la integridad territorial planteado por el movimiento separatista catalán”. Como ha observado José Ignacio Torreblanca, no figura entre ellos la supuesta falta de homologación europea del delito de sedición. Debilitar el Estado de Derecho, erosionar la separación de poderes y socavar la independencia del poder judicial son objetivos esenciales de los partidos populistas, que parecen haber sido asumidos por el Gobierno de Sánchez. “Las actuales normas sobre defensa de la Constitución pueden no ser suficientes a la hora de prevenir o sancionar asaltos al orden constitucional, sobre todo cuando se alientan desde las instituciones. Su reforma es necesaria, pero para dotarlas de la eficacia que han perdido”. A las loas al Gobierno de estómagos agradecidos, como a las hojas de los árboles en otoño, se las lleva el viento. Madrid, 22 de noviembre de 2022

De la eliminación de la sedición al debilitamiento de la malversación

DE LA ELIMINACIÓN DE LA SEDICIÓN AL DEBILITAMIENTO DE LA MALVERSACIÓN En mi último artículo escribía ingenuamente que sería difícil que el presidente del Gobierno pudiera caer más bajo en el desarbolamiento del Estado frente los ataques contra el orden constitucional, pero con Pedro Sánchez es más que posible, pues aún no hemos tocado fondo y todavía le queda por conceder una amnistía sin tapujos y permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación solo apto para catalanes, como le exigen sus aliados preferentes de ERC. La Generalitat ha valorado como pasos muy importantes la realización de las reformas para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación, pero ha advertido que se mantienen intactas sus metas primigenias de la amnistía y la autodeterminación. Es digno de mención el comentario del ”independentista bueno”, Íñigo Urkullu, de que había llegado la hora de reformar el artículo 155 de la Constitución y de reflexionar sobre el modelo de Estado en España. ¿Hay quien dé más? Puede que Bildu proponga la supresión del artículo 2. Como ha observado Teresa Freixes en su artículo en el “El imparcial” sobre “Reformas híbridas y voladura constitucional”, la voladura híbrida del sistema constitucional avanza inexorablemente, sin que percibamos que no se están realizando actos aislados que supongan vulneraciones puntuales, sino que se trata de un ataque en toda regla, solapado pero firme y estrictamente planificado contra el orden constitucional. En este ámbito cabe insertar las llamativas propuestas de supresión del delito de sedición y su sustitución por otro desórdenes públicos agravados, o la modificación del delito de malversación, que se están llevando a cabo por la puerta de atrás. Sí se aprobaran, el Código Penal presentaría una estructura deslavazada para defender la Constitución, porque -al reformarse el título relativo a los delitos contra el orden público- la nueva normativa supondría en la práctica la cuasi impunidad de los responsables de los lamentables sucesos de 2017. ¿No estaremos -se ha preguntado Freixes- en una vulneración sistémica del orden constitucional español y europeo? Supresión del delito de sedición Pese a ser harto evidente su intención de, no ya reducir las penas por el delito de sedición, sino de suprimirlo “tout court”, el Gobierno ha estado engañando a los ciudadanos hasta el último minuto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, enviaba correos a su interlocutor en el PP, Esteban González Pons, en los que le aseguraba que el Gobierno no tenía por el momento intención de modificar la sedición, y el portavoz en el Congreso, Pachi López, afirmaba en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero que no se había llegado todavía a un acuerdo con los republicanos al respecto y no había ningún texto redactado, hasta unas horas antes en que, -junto con Bolaños y sus innumerables asesores- tuvieran que sacarse de la manga un detalladísimo texto articulado “improvisado” de 22 paginas para presentarlo en el Registro del Congreso, en compañía del representante de Podemos. Al margen de su contenido, el texto de la proposición de Ley Orgánica es un auténtico bodrio jurídico. De su larga Exposición de Motivos de 12 páginas, la parte V está dedicada a la reforma de los delitos contra el orden público. En ella se repite hasta 8 veces que el Gobierno se había visto obligado a suprimir el delito de sedición para armonizar la legislación española con la de los países democráticos de su entorno, pero no citaba en su apoyo ni una sola disposición de las leyes de los Estados que nombraba: Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza. Sánchez llegó a declarar a Alsina en una patética entrevista que España adaptaba su normativa a un inexistente Derecho europeo en la materia. Cualquiera que haga un examen del Derecho comparado en Europa podrá comprobar que la legislación vigente para defender el orden constitucional de los Estados contiene normas que contemplan penas similares o superiores a las incluidas en el Código Penal español para la sedición, como expuso fundadamente el Tribunal Supremo en su sentencia de 2019 en el juicio del “procés”. Es cierto que ninguna legislación europea -salvo parcialmente la italiana- califica estas conductas ilegales de sedición, pero lo importante no es la terminología -que varía en cada país de conformidad con su tradición jurídica- sino las conductas que se tipifican como delito. Como ha observado Tservan Rabtan, lo que importa a los españoles no es la denominación de la conducta delictiva, sino el logro de que quienes cometan desde el poder gravísimos atentados contra la estructura institucional y la soberanía nacional paguen por ello, y se lo piensen dos veces antes de iniciar el camino del delito o de repetirlo. El Gobierno afirma que es deber del Estado dotar a su ordenamiento jurídico de tipos penales que permitan dar la respuesta más adecuada para los nuevos retos que se plantean para la pacífica convivencia de la sociedad ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para hacer frente al desafío de unos dirigentes independentistas que incumplen sistemáticamente las leyes y las sentencias de los tribunales, que -además de dominar el Poder ejecutivo y el legislativo- pretenden hacer lo mismo con el judicial, que derogaron la Constitución y el Estatuto de Autonomía mediante una ley autonómica, que convocaron y celebraron un referéndum ilegal de autodeterminación expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional, y que declararon la independencia de Cataluña? Pues suprimir del Código Penal las disposiciones sobre el delito de sedición, que -pese a su insuficiencias técnicas y a su ambigua redacción- permitieron evitar la consumación de la secesión de Cataluña de España y condenar a la mayor parte de los culpables. ¿Es defendible -se ha preguntado Rabtan en un artículo en “El Mundo” titulado “Sánchez Manostijeras- eliminar el delito de sedición y subsumirlo en un delito de desórdenes públicos con modalidades leves y graves? La actual sedición castiga hechos que no pueden ser considerados como rebelión por faltarles la violencia requerida en el Código para la obtención de alguno de los fines contemplados en este delito, pero que son muy superiores a un atentado contra el orden público. Como observó el TS, los delitos de sedición por los que fueron condenados los dirigentes independentistas no podían identificarse con el simple desbordamiento del orden público, porque suponían no solo un ataque a la paz pública, sino también una inobservancia de las leyes y de las resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional. Según Nicolás Redondo -uno de los pocos socialistas auténticos que ha expresado su oposición a la decisión de Sánchez de abolir la sedición-, los sucesos que se desarrollaron antes y después del 1-O fueron mucho más que una mera crisis de orden público, ya que supusieron un auténtico atentado contra la Constitución, por lo que difícilmente se podían considerar desproporcionadas las penas impuestas. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar hoy que lo que sucedió en Cataluña durante aquellos días -que nos avergüenza a todos los demócratas- fueron unos simples y anecdóticos desórdenes públicos? Fue con claridad meridiana un acto contra la Constitución, con el agravante de malversación de caudales públicos […] y de ser organizado y liderado por cargos públicos que habían jurado defender todo lo contrario?”. ¿Deberían merecer estas conductas un castigo especialmente elevado? Para Rabtan, si el abuso y la alegalidad travestida formalmente como actividad parlamentaria y gubernamental, destinados a socavar la Constitución, las instituciones, la integridad del territorio y la indivisibilidad nacional no merecían un castigo muy elevado, uno no sabía ya qué lo merecía. “Es una trampa pretender que hay que eliminar la sedición porque se trata de una figura de contornos imprecisos, penas excesivas y problemas de encaje con el ejercicio derechos fundamentales”. Lo más grave en esta reforma es lo que falta en ella: a saber, la introducción de otro tipo específico de delitos, como el de atentado a la Constitución, que permita perseguir penalmente la creación de un aparato paralegal destinado a destruir la integridad territorial de España. Según ha expresado Elisa de la Nuez en el artículo sobre “El tramposo debate sobre las edición” publicado en “El Mundo”, sería conveniente pensar en algún delito similar a la rebelión que cubriera los supuestos en los que se pretendiera derogar el orden constitucional, sin violencia y desde las instituciones. No es razonable dejar un hueco que permita que los les responsables de este tipo de situaciones queden impunes y tan solo sean condenados sus autores por las algaradas que hubieran podido organizar. A mi juicio, ni siquiera haría falta tipificar un nuevo delito, sino que bastaría con modificar levemente la redacción del artículo 472 que regula la rebelión, suprimiendo la exigencia de que exista un cierto grado de violencia o de que se produzca un alzamiento -concepto de contenido predominantemente militar- , porque los golpes de Estado postmodernos triunfan sin necesidad de que se recurra al uso de la fuerza o se produzca una sublevación militar, sobre todo si son realizados desde el poder, como en el caso de Cataluña, en el que los rebeldes fueron las máximas autoridades de la Comunidad Autónoma, que contaban con el monopolio del poder, una poderosa estructura administrativa y financiera, y unas fuerzas de seguridad de 17.000 “mossos d’esquadra”. Asimismo pueden ser llevados a cabo mediante medios no violentos, como los ciberataques, la propaganda y las falsas noticias, el control de las comunicaciones, o las presiones económicas o políticas. La citada disposición menciona los objetivos principales cuya búsqueda debería ser objeto de sanción penal, tales como la derogación o la suspensión de la Constitución, la destitución del Rey o la limitación de sus poderes, el impedimento de la celebración de elecciones, la declaración de la independencia de una parte del Estado, o la privación del ejercicio de las competencias del Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas. La parte introductoria del artículo podría ser redactada como sigue: “Son reos de rebelión lo que realicen actos destinados a lograr cualquiera de los fines siguientes”. Desde un punto de vista doctrinal, el ínclito Javier Pérez Royo -uno de los ideólogos de la “gauche-caviar- ha afirmado categóricamente que la sedición debe ser eliminada del Código Penal por tratarse de un delito pre-democrático. Si aceptáramos el disparatado criterio del profesor sevillano, habría que modificar el 90% del Código actualmente vigente. Según Gonzalo Quintero, en ningún caso se puede plantear la reforma del delito de sedición si no va acompañada de un cambio simultáneo de los delitos de desobediencia, desórdenes públicos, resistencia a la autoridad o usurpación de poderes. Como ha señalado de la Nuez, este debate tramposo ignora lo esencial, que es cómo puede un Estado democrático defenderse de las amenazas populistas e iliberales que provienen de su interior, y de las tentativas de derogar el orden constitucional desde las instituciones, porque ahora los Estados se desmontan desde dentro. Hay que huir del Derecho Penal de autor y de las leyes “ad hominem”, destinadas a proteger a determinados delincuentes políticos, a los que solo falta poner los nombres y apellidos Desguace de la malversación Pese al éxito obtenido con la proposición de ley para suprimir el delito de sedición, ERC no se ha sentido plenamente satisfecha ya que, al haber sido algunos de sus dirigentes condenados por malversación, no podrían beneficiarse del todo con la reforma, debido fundamentalmente a las largas penas de inhabilitación impuestas por el TS. De ahí que, sin permitir un minuto de respiro, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, afirmara que era indispensable modificar el delito de malversación y que su Grupo parlamentario presentaría con tal fin una enmienda a la proposición de ley durante su tramitación. Podemos ha apoyado de inmediato la iniciativa y su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, ha manifestado que la respuesta penal no podía ser la misma en los casos de malversación según hubiera o no lucro personal del malversador. El PSOE no ha dado hasta ahora su apoyo expreso a la propuesta de ERC, pero tanto Sánchez como Bolaños se han mostrado abiertos a considerar la cuestión cuando se presente en las Cortes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sacado extemporáneamente sus galones de juez y afirmado que “la regulación del delito de malversación es muy desigual, porque no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero en su bolsillo, que aquél que no se lo lleva”. La ex-magistrada del TS se ha inspirado probablemente en la enmienda que en 2015 presentó el PSOE durante el debate sobre la reforma el artículo propuesta por el Gobierno de Rajoy, en la en la que proponía una reducción de las penas cuando no se produjera lucro personal. Lo importante en este caso, sin embargo, no es el elemento subjetivo de si el autor del delito se había lucrado no con él, sino el factor objetivo de que se hubiera producido una defraudación de caudales públicos, con independencia de quien fuera beneficiado. La ausencia de lucro podría ser considerada a lo sumo como una circunstancia atenuante, pero nunca eximente. El vigente Código incluye en su artículo 432 el requerimiento del “ánimo de lucro” , pero en el siguiente artículo se olvida de él y establece que la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses y de suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 3 años. Puestos ya a reformar, convendría suprimir en la disposición la referencia al ánimo de lucro. El delito de malversación se encontraba recogido ya en las Partidas, bajo la denominación de “peculatum”, y contemplaba la apropiación de bienes públicos, fuera en provecho propio o para otros fines. Según la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, los funcionarios gestionaran, protegerán y conservaran adecuadamente los recursos públicos, que no pueden ser utilizados para actividades que no estén permitidas por la normativa en vigor. El informe del grupo GRECO del Consejo de Europa sobre Corrupción ha recomendado a los Gobiernos que persigan la malversación en todas sus formas. El Gobierno de coalición, sin embargo, se muestra propicio a reducir el alcance del delito a la apropiación de caudales en provecho propio. De esta manera -según Quintero- quedaría excluida la responsabilidad penal por el uso indebido de fondos públicos realizada para organizar y ejecutar los sucesos de 2017. En su artículo en “El Confidencial” titulado “El desguace de la malversación”, Quintero ha advertido que, tras la modificación de la malversación, vendrá la supresión de la responsabilidad contable, limitándola a los casos de desvío de fondos al patrimonio del defraudador. También se podría revisar los delitos de prevaricación y reducir las penas de inhabilitación de funcionarios públicos previstas en diversas disposiciones. ¿ Procede la presentación una moción de censura? Tras conocerse la presentación de la proposición de ley, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, instó al PP a que presentara una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez y Santiago Abascal aseguró que Vox la apoyaría. Aunque el PP no se negara en principio a asumir esta iniciativa, con posterioridad ha prevalecido la cautela galaica de su actual líder y la dirección del partido parece haberse decantado por la abstención y recriminado a los proponentes de oportunismo y deseo de ganar espacio, al hacer una propuesta que no servía para nada. Ha mantenido, que hay que hacer las cosas para ganar el poder y no para ganar espacio, y que la moción de censura se presentaría “de facto” con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Las razones en pro de la presentación de la moción han sido expuestas por Arrimadas en un artículo publicado en “El Mundo” sobre “Censurar a Sánchez para frenar su golpe al Código Penal”, que tiene la ventaja de haber sido escrito por alguien que ha escarmentado en cabeza propia, tras su fiasco por no haber presentado su candidatura a la presidencia de la “Generalitat” cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña. Resultaba necesaria porque la gravedad de lo decidido por el Gobierno lo merecía, ya que va a cambiar el Código Penal para complacer a los condenados por la justicia; porque ayudaría a elevar el debate sobre la cuestión, ya que le daría mayor dimensión y trascendencia con la denuncia del golpe propinado por el Gobierno a la normativa penal del país; y porque la moción era útil en sí misma, ya que permitiría boicotear los planes del Gobierno, ya que la votación de la moción no podría realizarse antes de 2023, con el consiguiente retraso en la adopción de la nueva ley, que se produciría muy cerca de la fecha en que se celebrarán los comicios autonómicos y municipales. “No se trata de esperar más de un año a ver si el PSOE pierde las elecciones generales y después empezar la tramitación para revertir el cambio, pues entonces el daño estará hecho y en gran medida será irreversible […] Es ahora cuando hay que actuar y hacerlo con la contundencia que la gravedad de la situación merece”. En el mismo periódico publicó Arcadi Espada un artículo en el que lamentaba que Feijóo no hubiera anunciado el mismo día 13 la intención de su partido de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez, que le habría venido como anillo al dedo estratégica y técnicamente, ya que le habría permitido superar el inconveniente de que, al no ser diputado, no puede ejercer la oposición en el Congreso, y sus esporádicos enfrentamientos en el Senado los tiene que realizar en una situación de flagrante inferioridad. La presentación de la moción le aseguraría el control de la agenda el debate y del tiempo para realizarlo, en pie de igualdad con Sánchez. Es además el momento oportuno de hacerlo, porque la presentación de una moción de censura necesita un motivo rotundo y el atentado contra el Código Penal lo es. La negativa del líder popular a presentar la moción por el temor a que no prospere, ofrece motivos para que se sospeche de la debilidad del liderazgo de Feijóo. Según José Ignacio Benavides, el jefe de la oposición no puede esperar a que le traigan a la cama el Gobierno de la Nación junto con el café con leche y el periódico. Hay ocasiones en que hay que levantarse temprano y ponerse manos a la obra. Yo también considero que es un error que Feijóo no se arriesgue a presentar la moción de censura al Gobierno en un momento tan crítico. Es obvio que no conseguiría sacarla adelante, pero le daría la oportunidad única de denunciar ante el Congreso y la opinión pública -como hizo en su día Felipe González- los enormes errores y arbitrariedades que está llevando a cabo el Gobierno Frankenstein, con la ayuda de los separatistas y filoetarras que tratan de destruir España, así como de exponer un programa de Gobierno alternativo, serio y riguroso, si es que el PP lo tiene. Como dicen los franceses, “les absents ont toujours tort” –“los que están ausentes siempre se equivocan”-. Conclusiones El Foro de Profesores, del que formo parte, ha emitido -junto a otras Asociaciones en el marco de la Red Consenso y Regeneración- un manifiesto en el que a) censura que el Gobierno reforme delitos incluidos en el Código Penal que son clave para la protección del orden constitucional por razones políticas coyunturales, y legisle “ad personam”, para conceder una suerte de amnistía a quienes lideraron una insurgencia en Cataluña en otoño de 2017, bajo el mantra de buscar una pretendida desjudicialización del conflicto político catalán, lo que resultará aún más evidente si se reformara asimismo el delito de malversación; b) considera que la adecuación del ordenamiento penal debe venir precedida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria, por lo que resultaba inaceptable que la reforma haya sido planteada como una proposición de ley que permite que se eludan los informes pertinentes de los órganos consultivos, y que se tramite por la vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos; c) considera que la reforma supondrá una desprotección de la Constitución como marco democrático de convivencia, y que, en cualquier modificación que se realice del Código Penal, debería contemplar la inclusión de un delito que sancione las conductas más graves de deslealtad constitucional. Las reformas del Código Penal constituyen -en opinión de Eduardo Álvarez -la última deslealtad de Pedro Sánchez a Felipe VI, pues el presidente del Gobierno siempre ha antepuesto su interés personal al interés general de la Nación encarnado en el Rey. Defender este interés es lo que hizo el monarca en su discurso del 3-O, dos días después se produjeran los gravísimos sucesos de Cataluña. Existía hasta ahora el consenso de que semejantes hechos fueron de extraordinaria importancia, pero Sánchez -que en su día subrayó la trascendencia de aquella locura- no duda ahora en reescribir un relato que ha dejado al Rey a los pies de los caballos, porque -si solo se produjeron a la sazón unos simples desórdenes públicos- habría que colegir que su contundencia al hablar como paladín de la Constitución estuvo de más. El independentismo lo convirtió desde entonces en su bestia negra y hoy le podrían decir con sorna: ”¿Ve cómo no era para que se pusiera así?”. Según ha observado Raúl del Pozo, Erasmo criticaba a los teólogos porque retorcían las Escrituras como los curtidores hacen con el cuero. Pese a su agnosticismo, Sánchez imita a los teólogos e incurre en la funesta manía de retorcer la Constitución y las leyes para camuflar sus desmanes. Concuerdo con la afirmación de Quintero de que “la reforma de la malversación supondrá un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y, ante eso, solo cabe -y no es mucho-esperar que no tenga vida política bastante para consumar su plan de la destrucción del derecho”. Lamento concluir con una premonitoria y pesimista cita de Cicerón en “Contra Verres, que parece estar dedicada a Hispania, aunque resulte aplicable unos siglos más tarde: “Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados y se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado; donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación”. Madrid, 19 de noviembre de 2022

Homenaje a Gorvachov, el politico ruso más alabado en Occidente y menos apreciado en su país

HOMENAJE A GORVACHOV, EL POLÍTICO RUSO MÁS ALABADO EN OCCIDENTE Y MENOS APRECIADO EN SU PAÍS El pasado 30 de agosto falleció en Moscú Mijail Sergueivich Gorbachov, último presidente de la URSS, uno de los líderes políticos más relevantes del siglo XX. Ha sido, sin embargo, un personaje controvertido que ha sido ensalzado en todo el mundo libre y criticado ferozmente en Rusia, donde lo más radicales –incluido Vladimir Putin- lo consideran un traidor a la patria rusa por ser el responsable de la disolución de la Unión Soviética. Como ha observado el embajador José Cuenca en su libro “De Suárez a Gorbachov”, éste producía entusiasmo fuera de Rusia y repudio en su interior. La historiadora Kristina Spohr lo ha descrito en su libro “Después del Muro”-como una figura fundamental que dio comienzo a una nueva era. Cambió el rumbo de la Historia al reformar la URSS y acercarla a Europa, puso en marcha un proceso de modernización del país y adoptó una actitud pacífica con Estados Unidos para que las dos grandes potencias cooperaran de manera pacífica. Gestionó de forma pacífica la transformación y la disolución de la URSS, la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana y “fue clave en conducir al mundo del período de la guerra fría al de la era post-guerra fría”. Aunque estrechamente interconectadas, la política interior y exterior de Gorbachov produjo resultados bien dispares. El líder ruso no fue un converso súbito a la democracia liberal al estilo de San Pablo, pues era –y siguió siendo- un marxista-leninista, que lo que pretendió fue acabar con los abusos criminales de Iosif Stalin y convertir al Partido Comunista a un “socialismo de rostro humano”. Era misión imposible, porque el anquilosado PCUS era irrecuperable, salvo que se modificaran substancialmente las estructuras políticas, económicas y sociales del país, y a Gorbachov le faltó tiempo para realizar una labor digna de Hércules. Según Juan Pablo Fusi, el de Gorbachov fue un caso paradigmático de un hombre que hacía Historia pero no la controlaba. Era consciente de que la URSS no podía continuar como un sistema cerrado sin libertades ni representación política, e intentó una reforma prudente que no liquidase a la Unión Soviética, sino que la reafirmara, aunque haciéndola compatible con el orden internacional. Careció de la cooperación necesaria dentro del PCUS y se vio desbordado por el proceso que había desencadenado, que llevó a una disolución de la Unión, que no estaba en sus convicciones, ni entraba en su proyecto político. Para José Manuel Núñez Seixas, la única manera de que la URSS sobreviviera era corrigiendo sus múltiples disfunciones. La estatalizada economía producía numerosos cuellos de botella que no permitían el desarrollo económico ni el desarrollo social. La guerra en Afganistán y el régimen represivo existente incidieron en el descontento creciente de la población. Gorbachov pensó que podría regenerar el sistema desde arriba, intentando salvar ideales primigenios como la emancipación social y la igualdad, con un régimen menos represivo y un funcionamiento mixto de la economía con incentivos individuales, especialmente en la agricultura. La nueva política generó unas tensiones que el líder no fue capaz de encauzar, su proyecto quedó dinamitado y llevó, en último término, a la disolución de la URSS. Según William Taubman en su obra “Gorbachov, vida y época”, “la Unión Soviética se vino abajo cuando Gorbachov debilitó el Estado en un intento por fortalecer el individuo”. Política interior de Gorbachov Nacido en 1931en la región de Stávropol de modesto origen, Gorbachov se afilió a los 14 años en las juventudes comunistas y, unos años más tarde, ingresó en el PCUS. En 1955 se licenció en Derecho en la Universidad estatal de Moscú y, dos años antes, contrajo matrimonio con la estudiante de Filosofía, Raísa Titarenko, que fue su más leal asesora. A partir de su licenciatura y hasta 1962 desempeñó diversos cargos en el Partido y en el Gobierno de la región de Stavropol, donde adoptó una actitud de apertura en materia de libertad de expresión y de culto, que más tarde extendería a todo el país cuando accedió al poder. Protegido por Fyodor Kulakov y Yuri Andropov, accedió en 1971 al Comité Central del PCUS y en 1980 al Politburó. Fue la mano derecha de Andropov en su período de presidente de la URSS, y ya entonces adoptó medidas de apertura económica. En 1985 fue nombrado secretario general del PCUS y en 1990 presidente de la Unión. Gorbachov era un marxista leninista con voluntad aperturista, que consideraba Stalin como el principal responsable de la desastrosa situación política y económica por la que atravesaba la nación, por su política de terror y de estatalización de la economía. De ahí que intensificará la política de ”desestalinización” -que había sido iniciada por Kruschev- y de lucha contra la excesiva estatalización de la economía, la burocratización y la corrupción. Su política estuvo simbolizada en dos palabras mágicas: “perestroika” -reestructuración económica- y “glasnost” -transparencia-. Lanzó la primera en 1986 y, con ella, se inició un cambio profundo en las estructuras sociales y económicas de la URSS hacia una economía de mercado, que fue complementada en 1988 con la Ley de Cooperativas, que abrió pasó a la propiedad privada en las empresas de servicios, la industria manufacturera y ciertos sectores de la agricultura y del comercio exterior. Ese mismo año proclamó la “glasnost”, que abría el camino a la libertad de expresión, de prensa y de culto. Se encontró de entrada con dos graves problemas: Las trágicas consecuencias del accidente nuclear en la central de Chernobyl y la guerra de Afganistán, en la que se encontraba empantanado el desmoralizado Ejército soviético. El obscurantismo del aparato del PCUS le impidió al principio informar de lo ocurrido, pero -dos semanas más tarde-facilitó información, aunque solo fuera de manera parcial. Resolvió el segundo problema ordenando la retirada de las tropas de Afganistán y procuró que el Ejército lamiera sus heridas y se recuperara de la catastrófica aventura. En el ámbito político, Gorbachov inició su mandato liberando al científico Andrei Sajarov y a otros 600 presos de conciencia. Acabó con el monopolio del PCUS mediante una reforma constitucional que abría el camino al multipartidismo, promovió elecciones libres, estableció una República presidencialista, y puso fin a la era de terror y de opresión impuesta por sus antecesores. No pretendía acabar con el sistema comunista sino reformarlo, pero las importantes transformaciones que introdujo desarticularon la estructura socio-política del país, sin llegar a sustituirlas por un sistema plenamente democrático, lo que produjo contradicciones e ineficiencias. Estas reformas eran necesarias para homologar el régimen soviético con el europeo, pero no surtieron efecto a corto plazo y produjeron considerable malestar y descontento en la población. Gorbachov se encontró en medio del fuego cruzado entre los comunistas más recalcitrantes -que se oponían a cualquier cambio- y los conversos demócratas -que encontraban que las transformaciones requeridas se realizaban a un ritmo demasiado lento-, y procuro mantener una posición equidistante que no convencía a tirios ni a troyanos. El principal problema que tuvo que enfrentar fue la estructuración de la URSS. Las libertades concedidas y la renuncia a la imposición por el terror hicieron que resurgiera el sentimiento nacionalista. Aunque Gorbachov se negara al principio a acceder a las demandas de mayor autonomía e incluso de independencia, acabó por comprender que no podía mantener a los países bálticos dentro de la Unión y accedió de mala gana su independencia, que estaba justificada políticamente porque eran Estados anteriormente independientes que fueron invadidos por la URSS durante la II Guerra Mundial, y jurídicamente por qué -conforme lo establecido en los artículos 72 de la Constitución- “cada una de las Repúblicas mantendrá el derecho a separarse libremente de la URSS”. Así, Estonia, Lituania y Letonia recuperaron su independencia en 1991. Gorbachov trató de mantener el resto de la URSS, aunque concediendo mayor autonomía a la Repúblicas y, a tales efectos, elaboró un Tratado de la Unión, precedido de un referéndum celebrado el 17 de marzo, en el que el 76% del pueblo votó a favor de que se preservara la Unión como una federación renovada de repúblicas soberanas e iguales en la que se respetarán los derechos y las libertades de los pueblos de todas las nacionalidades. El tratado debería haberse firmado el 20 de agosto, pero un día antes se produjo un intento de golpe de Estado por parte de los elementos más radicales del PCUS y la KGB, que -aunque no tuvo éxito- dejó a Gorbachov en una situación muy precaria y fortaleció la posición de Boris Yeltsin, que había abandonado el Partido y había sido elegido presidente de la Federación de Rusia. Ésta y Bielorrusia se negaron a firmar el Tratado y el presidente ucraniano, Leonid Kravchuk, ni siquiera asistió a la reunión. A espaldas de Gorbachov, los presidentes Yeltsin, Kravchuk y Shushkevich firmaron el 8 de diciembre el Acuerdo de Belovesh, que derogó la Constitución de 1977 en los territorios de la URSS y declaró su desaparición como sujeto de Derecho Internacional. Se decidió asimismo crear una Comunidad de Estados Independientes (CEI), que fue adoptada unos días más tarde por todas la Repúblicas menos los Estados bálticos y Georgia, mediante el Protocolo de Alma-Ata. El 25 de diciembre, Gorbachov dirigió una breve alocución televisada a la nación en la que presentó su dimisión como presidente de la extinta Unión Soviética. Con gran dignidad afirmó que, dada la situación creada con la formación de la CEI, cesaba en sus actividades como presidente de la Unión, decisión que tomaba por razones de principio, dado que se había impuesto la desmembración del país y la desunión del Estado, lo que no podía aceptar. “Hoy estoy de acuerdo con la razón histórica de los cambios iniciados en 1985. Hemos acabado con la guerra fría, se ha detenido la carrera armamentista y la militarización del país, que había deformado nuestra economía, nuestra conciencia social y nuestra moral. Nos abrimos al mundo, que nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto”. Dejó constancia de que la sociedad rusa había conseguido su objetivo más preciado -la libertad-, el sistema totalitario había sido liquidado, y las transformaciones democráticas eran irreversibles y los derechos humanos respetados. No es justo responsabilizar en exclusiva a Gorbachov de la desintegración de la URSS, aunque tuvo su cuota de culpa. Como dijo a George Bush, él no había accedido al poder para pilotar el desmembramiento de la URSS, sino para reformarla y democratizarla. Los principales responsables fueron Kravchuk, Shushkevich y -sobre todo- Yeltsin, que antepuso sus ansias de poder al interés de la Unión, y promovió su desintegración para sustituir a Gorbachov al frente de la Federación de Rusia, pensando que -a través del control de la CEI- lograría reconstituir una URSS a su medida, pero -tras su independencia- los miembros del Comunidad se negaron a plegarse a los deseos de Yeltsin. A su muerte, la periodista Pilar Bonet tituló su obituario en ”El País” como sigue: “Muere Boris Yeltsin, el destructor del último imperio”. Política exterior Donde Gorbachov tuvo una actuación más destacada ha sido en el ámbito de la política exterior, pues sacó a la URSS de su aislamiento, la acercó al mundo occidental, abolió la Doctrina Brezhnev de la soberanía limitada y renunció a imponer sus dictados por la fuerza a las Repúblicas que formaban parte de la Unión y a los Estados comunistas asociados en el Pacto de Varsovia. Ya desde su llegada al poder, Gorbachov advirtió a sus colegas comunistas que no contaran con el Ejército rojo para dominar las eventuales revueltas y protestas en sus territorios, como había ocurrido con Hungría en 1956 y con Checoslovaquia en 1968. Gorbachov -ateo declarado- se entrevistó con el papá Juan Pablo II e instó al general Jaruzelski a que negociara con Lech Walesa y el sindicato “Solidaridad”. El caso más relevante fue el de la República Democrática Alemana, ya que se negó a apoyar la política represiva de Eric Honecker y éste tuvo que dimitir, abriendo paso a la remoción del muro de Berlín y a la reunificación de las dos Alemanias en 1989. Ello supuso una grieta abierta en la infraestructura militar de los países socialistas, llevó a la disolución del Pacto de Varsovia e influyó en la desintegración de la URSS. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier alabó públicamente la actuación de Gorbachov, cuando le dijo: “nunca olvidaremos que el milagro de la reunificación pacífica de mi país y el fin de la división de Europa no habrían sido posibles sin las decisiones valientes humanas que tomó usted personalmente“: No sé si Alemania lo olvidó, pero Estados Unidos si pareció hacerlo cuando -a pesar de las promesas hechas a Gorbachov- impulsó el área de actuación de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, admitió en la Alianza a antiguos Estados miembros del Pacto de Varsovia y a los países bálticos, e invitó a Georgia y a Ucrania a incorporarse a la Organización, lo que provocó el deterioro de las relaciones entre Rusia y la OTAN. No hubo ningún compromiso por escrito y, cuando un periodista interrogó a Putin al respecto, éste contestó que se lo preguntaran a Gorbachov, si bien comentó que, “como dice un refrán de nuestra gente; engañaron al tonto con cuatro puños. Todo tiene que quedar por escrito en el papel”. Según Felipe Sahagún, entre 1985 y 1991, la política exterior de Gorbachov condujo al fin del sistema bipolar e hizo posible la unificación alemana y la democratización de la Europa central y oriental, y permitió eliminar los euromisiles instalados en tierra y reducir los arsenales convencionales. La URSS se vio superada tecnológica y financieramente por el iniciativa de Donald Reagan denominada “Guerra de las galaxias” y -fuera por convicción o por hacer de la necesidad virtud- Gorbachov se convirtió en un adalid del desarme y concertó con Estados Unidos acuerdos internacionales como los Tratados sobre fuerzas nucleares de tamaño intermedio o de reducción de armas estratégicas (START). Por estos motivos, Gorbachov recibió en 1990 el premio Nobel de la Paz, con cuyos fondos cofundó el periódico liberal “Novaya Gazeta”, que ha dejado de publicarse por presión de la censura de Putin. Su director -el también premio Nobel, Dimitri Muratov- ha afirmado que Gorbachov dio a Rusia 30 años de paz. Despreciaba la guerra y la “realpolitik”, y detuvo la carrera armamentística nuclear. Como le confesó, se había negado a pulsar el botón de ataque nuclear, incluso en los ensayos. Para Pilar Bonet, la actuación de la Rusia de Putin en los últimos meses han destruido la obra de la vida de Gorbachov, pero no su mensaje dirigido al género humano, y -según Andrei Kolesnikov- Gorbachov murió de manera simbólica cuando Putin destruyó el trabajo de su vida: la libertad. En efecto, Putin estima que la disolución de la URSS ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XXI y menosprecia a su predecesor, al qué consideraba un menguado y un traidor. De ahí que le haya negado la celebración de un funeral de Estado y no haya asistido a su entierro. Lo triste es que esta opinión sea compartida por buena parte del pueblo ruso. Prueba de ello es que, cuando en 1996 se presentó a las elecciones presidenciales, apenas logró el 2% de los votos. Gorbachov era un gran amigo y admirador de España, a la que visitó en diversas ocasiones, oficial y privadamente. En 1989 recibió el premio Príncipe de Asturias a la Cooperación. Al incorporarme a mi puesto en Moscú, me encontré en la embajada con el título acreditativo de este nombramiento y decidí entregárselo. Consulte con el viceministro de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov, sobre si le parecía oportuno que ofreciera una recepción para entregarle el título y éste me sugirió que hiciera la entrega en un acto privado. Me puse en contacto con Gorbachov, lo invité a una comida en mi residencia para entregarle el título y le pedí que me facilitará una lista de invitados. Puestos de acuerdo sobre la fecha, mi mujer informó a la cocinera de qué habíamos invitado a Gorbachov, a su esposa Raisa y a unos amigos, y queríamos ofrecerles una paella. La cocinera comunicó al día siguiente a mi esposa que dejaba el servicio en la embajada. Menos mal que entre los policías destinados en la misión había un valenciano que se ofreció a cocinar la paella. Tras establecer una cordial relación, solía visitar a Gorbachov de vez en cuando en su Fundación y manteníamos interesantes discusiones sobre la situación en Rusia y en el mundo, y sobre las relaciones hispano rusas. En 1999 falleció Raisa y Gorbachov quedó sumamente afectado pues estaba mi unido a su compañera. Me llamó un día para que fuera a verle y me dijo que estaba desconsolado y le gustaría ir a España para recuperarse. Entré en contacto con el Ministerio y con la Comunidad Balear, y ésta tuvo la gentileza de invitarlo -junto con su hija Irina- a pasar una temporada en las islas. Al término de ese año, sufrí un infarto y tuve que regresar a Madrid, y no volví a tener contacto con Gorbachov. Según el embajador Cuenca, Gorbachov intentó salir del círculo infernal que había supuesto el tránsito de una dictadura dirigida por un zar autocrático a la dictadura del PCUS, e intentar transformar el caduco y esclerótico universo estalinista en un mundo de libertad. Quiso hacerlo desde dentro del PCUS y ahí se equivocó, porque, desde dentro del Partido, podía destruirlo pero no reformarlo, porque, entre el hermético mundo comunista del que provenía y el abierto y humano modelo al que aspiraba, no había compromiso posible. Como el aprendiz de brujo, Gorbachov se vio arrastrado por su ola transformadora que inundó la acartonada sociedad soviética, y fue incapaz de controlarla. Coincido con la afirmación del novelista Viktor Yerofeyev de que Gorbachov ”condujo a Rusia a su destino histórico: Ha ingresado en el Panteón de la Historia rusa y, poco a poco, llegará a ser considerado como una gran figura: Pero no será pronto. El ruso es un pueblo desagradecido”. Por ello, quiero rendir un modesto homenaje personal a su memoria. A pesar de su ideología -que no comparto- y a los errores que cometió -¿Qué político no los ha cometido?-, fue una persona íntegra y admirable, que llevó a cabo una labor encomiable para la paz y la seguridad internacional. Confío en que sirva de inspiración a la clase política española, que es manifiestamente mejorable. Madrid, 3 de septiembre de 2022