Secuelas de los indultos; De tal señor, tal honor

SECUELA DE LOS INDULTOS: A TAL SEÑOR, TAL HONOR Tras la farsa de los indultos, los aliados del Gobierno han montado a su benefactor, Pedro Sánchez, un espectáculo grotesco, que ha dejado en mantillas las artes escénicas de Iván Redondo. Carencia de fundamento jurídico para la concesión de los indultos El Gobierno se ha fundado para la concesión de los indultos en los informes de las venales autoridades penitenciarias de la Generalitat, que han mentido como bellacas o –en el mejor de los casos, dándoles el beneficio de la duda-, han errado más que una escopeta de feria. De Oriol Junqueras decían que había “asumido su conducta y participación en los hechos fruto de un proceso de reflexión, desarrollado pensamientos autocríticos y tomado conciencia de sus consecuencias”, y de Jordi Sánchez que había “detectado los factores que estuvieron presentes en los hechos, podido reflexionar sobre éstos y sido capaz de reconocer los hechos descritos en la sentencia y las consecuencias de sus actos, y asumido su responsabilidad”. La descripción de la actitud de los demás presos era similar y de ellos se decía que existía un riesgo bajo de violencia intra-institucional, de reincidencia delictiva general o de quebrantamiento de condena. El 23 de junio salieron los presos de las prisiones de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses y, con sus primeras palabras, desmintieron de forma rotunda las conclusiones de los informes, que habían sido dados por buenos por el Gobierno. Junqueras comentó que era un día de renuncia y que no cambiaría nada, porque continuarían trabajando para culminar la independencia y mantendrían sus compromisos para hacer realidad la República catalana, la libertad del país, la amnistía para los 3.000 represaliados, y el regreso de los que estaban en el exilio. Jordi Sánchez afirmó que no daría ni un paso atrás y que lo volverían a hacer, aunque en esa ocasión todos juntos y bien combinados. Jordi Cuixart dijo que era un día de reafirmación y de lucha, y que la represión no les haría callar, y Raúl Romeva que salían con las mismas convicciones y que -tarde o temprano- establecerían la República de Cataluña. Los presos portaban una pancarta con la consigna de “Freedom for Catalonia” y todos ellos afirmaron en una declaración conjunta que la prisión les había reforzado en sus convicciones y seguirían luchando por la independencia y por la amnistía general. No parece que estas declaraciones ofrezcan el menor síntoma de autocrítica, asunción de responsabilidades o intención de no reincidir, sino más bien todo lo contrario. Esta voluntad de mantenerse en la insumisión fue ampliamente corroborada en el acto-homenaje a los indultados reclusos ofrecido por la Generalitat y por el Parlament en un auténtico “ongi etorri” en honor de unos delincuentes, por muy políticos que fueran. El presidente del Govern, Pere Aragonés, no dejó duda alguna al equívoco; ”Vuestra libertad nos hace más fuertes. Que nadie se equivoque. Seguimos empecinados en hacer posible la independencia de Cataluña y la República catalana”. Reiteró que el objetivo primordial de su Gobierno sería hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación y -en el ínterin- acabar de una vez con la ofensiva de los Tribunales de Justicia y del Tribunal de Cuentas. El vicepresidente, Jordi Puigneró, dijo que no darían las gracias por los indultos y que la concordia era votar el derecho a la autodeterminación. “El 1-O no fue un error ni un delito. Este Govern persistirá”. En nombre de los homenajeados contestó la antigua presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien apostilló: ”No dudéis de que es una victoria. Hoy estamos dando un paso más hacia la República catalana”. Falta de concreción de la “concordia” El propio Gobierno ha reconocido que a los condenados no se les podía indultar por razones de justicia o equidad, por lo que sólo cabía hacerlo por el motivo de “utilidad pública”. Se trata de un término sumamente vago e impreciso, por lo que en el decreto de concesión se debería haber especificado su contenido y motivado las razones por las que procedía concederlo, pero –como ha observado la profesora Teresa Freixes- el Gobierno no lo ha hecho y se ha limitado a enunciar una serie de conceptos etéreos e imprecisos como “concordia”, “convivencia” o “encuentro”, así como a hacer referencia a la creación de un nuevo orden, más vago e indeterminado todavía. Andrés Trapiello se ha preguntado ¿Concordia? Los nacionalistas no la necesitan, porque ya la tienen y aún queda botín apara compartir con sus seguidores. ¿Convivencia? Los nacionalistas conviven entre ellos sin problemas y ofrecen a los no nacionalistas tranquilidad por sumisión y al Gobierno por referéndum, de modo que los indultos eran la última esperanza para los creyentes: una tregua, que aprovecharían para rearmar su decaído proceso -mejor conspirar fuera que en la cárcel, hasta el golpe definitivo-, mientras Sánchez pedía a los no nacionalistas su sometimiento, pues “su alianza con los independentistas le impide amparar ni uno solo de sus derechos”. Tirando del catálogo de buenos propósitos y bellas palabras que le prepara Iván Redondo para que las vaya soltando cuando convenga, Sánchez ha afirmado que lo que tienen que hacer los políticos y los Gobiernos es “construir convivencia y unir nuestra sociedad”, y que “pocos propósitos son tan dignos de este título como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes”. Sin embargo, Sánchez es consciente de una carencia importante. Como ha señalado Teodoro León en su artículo “¿Y los otros catalanes, Sr.Sánchez?, el mayor error cometido por el presidente ha sido haber ignorado a la mitad de la sociedad civil catalana excluida por el nacionalismo. No ha tenido el menor gesto de empatía hacia quienes han sido sus víctimas directas, lo que debería ser el mínimo para un presidente que va vendiendo concordia. “Hay una deuda con ellos”. El fracaso del 1-O debe mucho a la falta del reconocimiento internacional a la independencia de Cataluña y al discurso del Rey del 3-O, pero también a la manifestación del 8-O que puso los focos en esa mitad herida de Cataluña a la que Sánchez remataba ignorándola. En su sectarismo, el presidente identifica el pueblo catalán con los nacionalistas y prescinde de los constitucionalistas, que siguen siendo mayoritario en la región. La concordia debe empezar en Cataluña por prestar atención a esa otra mitad excluida y muchas veces humillada, a la que ni siquiera se le permite estudiar en su lengua materna, que es la oficial en toda España. Según Cayetana Álvarez de Toledo en su artículo “Tenemos un plan”, hay que reconocer que Cataluña está rota y dividida en dos, y otorgar a la mitad no nacionalista lo que nunca ha tenido: presencia, prestigio, presupuesto y poder, por lo que el Estado tendría que invertir en la democratización de Cataluña. Ser nacionalista en Cataluña es una fuente de lucro e influencia, y el más eficaz ascensor social, mientras que ser constitucionalista es una ruina y supone la condena a una vida áspera y contra corriente, y esto se ha de acabar. “El reencuentro que predica Sánchez sencillamente no es viable a partir de la humillación de la mitad de los catalanes. Sólo será posible cuando la mitad constitucionalista –la que respeta la ley y las opiniones ajenas, la que entiende el valor ético y político de vivir juntos los distintos- tenga por lo menos el peso que le corresponde en la esfera pública y privada”. El narcisismo identitario seguirá anidando en el sector más cerril de la sociedad, pero se hará cada vez más débil. Nos evitaríamos el sórdido espectáculo de un Gobierno, que justifique el indulto de sus socios golpistas en que tienen una gran relevancia económica y social, “ergo” votos. “El Estado debe convertirse en una fábrica de constitucionalista. Hay que frenar la involución identitaria y dar a la libertad en Cataluña una oportunidad”. Esta petición ha sido hecha recientemente, una vez más, por Sociedad Civil Catalana, que ha manifestado que la situación actual en Cataluña condena a una sensación de abatimiento de una parte importante de los catalanes que defendieron cívicamente el pacto constitucional durante el otoño de3 2017. “Es nuestro derecho exigir que el Gobierno de España conozca y se haga cargo de este sentimiento extendido y abra de forma rápida cauces para que esta parte sustantiva de la ciudadanía catalana se sienta reconocida en su existencia y escuchada en sus demandas. Llevaremos a cabo todas las acciones cívicas y democráticas necesaria para no volver nunca a ser moneda de cambio”. El diálogo político no puede consistir en un regateo ni en una espiral de contentamiento del independentismo. Debe atender a todas las voces de la sociedad y producirse en el marco de los Parlamentos, de las Cortes y de los cauces previstos por la Constitución. “Debe atender, muy particularmente, las demandas de aquéllos que durante décadas hemos sufrido la invisibilización permanente del nacionalismo y el orillamiento habitual del poder central”. En opinión de José Ignacio Torreblanc, Sánchez sólo ofrece – vagas palabras sobre la concordia sin oferta concreta alguna. El independentismo no va a renunciar a un referéndum sobre la independencia a cambio de una consulta sobre una reforma del Estatut. Los separatistas no regresarán por la vía unilateral hasta no estar seguros de que no tendrá coste penal o que forzará una negociación avalada internacionalmente. El Gobierno y la ERC tienen un interés estratégico compartido que les une y un mismo horizonte temporal en el poder para lograr objetivos similares, y por eso se llevan bien. Sánchez necesita dos años de crecimiento a costa de los fondos europeos para revalidarse en unas elecciones. ERC quiere hacerse con el liderazgo del independentismo para ser quien pilote el próximo empujón al Estado. Cuando se agoten esos dos años, “los nacionalistas tendrán que echar cuentas y valorar si plantean una nueva consulta unilateral”. Como consecuencia de esta comunidad de intereses.se explica el apoyo de ERC al Gobierno de Sánchez y la sumisión de éste a las exigencias del partido. ERC cree –y hasta ahora no le ha ido mal- que puede conseguir importantes ventajas de su connivencia con el Gobierno central. De ahí la carta de Junqueras desde su celda -que dio a Sánchez la coartada para convencer a los críticos del PSOE de la conveniencia de los indultos- y sus desmedidos elogios de que Sánchez al calificarlo de ser el presidente “más comprometido con la democracia, el diálogo y la negociación de la última década” que había tenido España. Junqueras es consciente de que jamás tendrá un Gobiernos tan favorable a sus designios como el actual, por lo que es natural que apoye su continuidad, aunque practicando con él un chantaje modulado, para lo que utiliza a su perro de presa, Gabriel Rufián, un charnego reciclado al independentismo con aspiraciones y mala uva. Junqueras es inteligente y astuto, por lo que resulta sumamente peligroso, pese a sus apariencias de inofensivo mosén –que se lo pregunten, si no, a Soraya Sáenz de Santamaría-. Sánchez también es astuto, pero no inteligente, aunque compense esa deficiencia con su osadía, su resistencia –o resiliencia, como dicen los cursis- y su ambición. Ambos se necesitan y se complementan aunque -por motivos más que justificados- no se fíen uno del otro. Sánchez teme que Junqueras le haga ir más lejos y más rápido de lo que el desearía con el tema de Cataluña, y Junqueras se malicia que Sánchez pueda volver a las posturas del viejo PSOE si estimare que es más conveniente para conservar el poder, que es su objetivo prioritario. Como teme que podría haber ido demasiado lejos y provocado una fuerte oposición incluso dentro de su sumiso partido –las elecciones autonómicas madrileñas dispararon la señal de alarma-, Sánchez declaró solemnemente en el Congreso el pasado día 30 de junio que nunca autorizaría, ni su partido aceptaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y sus palabras han quedado registradas en el diario de sesiones de la Cámara. La reacción de Rufíán –ignoro si “motu proprio” o a instancias del “Capo”- fue impresionante: “Vd, dice que no habrá referéndum. También dijo que no habría indultos. Denos tiempo”. Si estas palabras hubieran sido pronunciadas por un dirigente de la oposición, no hubieran extrañado a nadie, dado el récord de incumplimiento de promesas que posee el presidente del Gobierno, pero que hayan provenido del portavoz del partido no gubernamental aliado preferente “off shore”, ha sorprendido sobremanera. Sánchez ha encajado esta bofetada dialéctica con su habitual pragmatismo y estoicismo, porque “ande yo caliente, ríase la gente” y “dame pan –o votos- y dime tonto”. Habrá que ver si se trata d un rifi-rafe táctico o un cambio de estrategia por parte del presidente o de ERC. Por una vez ha habido unanimidad en el Congreso –aparte del PSOE por supuesto- entre aliados y opositores para poner en tela de juicio las palabras de Sánchez. Como ha observado Jorge Bustos, Sánchez va a sufrir lo que queda de legislatura, no por culpa de la derecha, sino de sus socios. Pasa esto por pagar chantajes como el de los indultos, pues automáticamente se ceban las expectativas de los extorsionadores. “Cuando el Estado está en almoneda y sus enemigos perciben la patética disponibilidad al trueque del Gobierno, los indultos dejan de ser un postre para convertirse en un aperitivo”. Y no les vale un NO por respuesta, porque todos saben que un NO de Sánchez por la mañana, puede transmutarse en un SÍ por la tarde Por si no fuera suficiente es esta surrealista situación, el aliado gubernamental del PSOE, Podemos, se ha dedicado a contradecir continuamente –a través de su portavoz en el Congreso, Jaume Asens- las posturas del Gobierno del que forma parte. Así, ha expresado su apoyo a la vía del diálogo adoptada por el Gobierno bipartito, y pedido al presidente que dé nuevos pasos en el “pedregoso” camino que se abre en relación con el “conflicto catalán”. En cuanto a la Mesa del Diálogo, Podemos manifestó que discrepaba de su socio mayor, ya que se podría hablar de todo- incluidas la autodeterminación y la amnistía-, porque creía que tenía encaje en la Constitución. Según Javier Redondo, cuando Sánchez dice “jamás”, quiere decir “por ahora”. Los pronunciamientos de Sánchez sobre lo que hará o no hará “jamás” carecen de relevancia porque nunca es momento de saber lo que convendrá mañana. “Su jamás pasa desapercibido porque sus palabras están programadas. La fecha de obsolescencia de este jamás es 2023”, ya que los nacionalistas de las distintas estirpes le han dado de margen hasta esa fecha para que se negocie la celebración de un referéndum pactado, so pena de regresar a la vía unilateral para la declaración de la independencia. En cualquier caso, los glosadores sanchistas ya han tratado de matizar el tajante compromiso asumido por el presidente, al señalar que la negativa a autorizar un referéndum de autodeterminación no era óbice para que se pudieran celebrar otros tipos de referéndums de carácter consultivo. El oportunista portavoz del PNV, Aitor Esteban, aconsejó a Sánchez que fuera prudente ynunca dijera nunca y -arrimando de paso el ascua a su sardina de Santurce- le instó a que iniciara un diálogo fructífero que partiera de la realidad de España, teniendo en cuenta las “·identidades nacionales”, como las del Pais Vasco y de Cataluña, ¿Aguatará este galimatías toda la legislatura? Desarticulación del Tribunal de Cuentas Tras haber realizado una campaña de descrédito de la judicatura española y de la sentencia del TS sobre el “procés”, el Gobierno de Sánchez ha iniciado otra para presionar al Tribunal de Cuentas a fin de que deje sin sanción económica la malversación de los separatistas. De ahí las afirmaciones del “kamikaze” del sanchismo, José Luis Ábalos -ese zote que rivaliza con su jefe en el arte de mal mentir- de que la fiscalización del dinero público por el Tribunal era una piedra en el camino hacia la concordia, que había que ir “desempedrando” tal como le exigía ERC, y de la ministra/o/e de Igualdá, Irene Montero, de que había que exonerar a los defraudadores de su responsabilidad económica, para desjudicializar el problema y eliminar todo lo que no fuera eminentemente político. Estas declaraciones constituían unairresponsable intimidación sobre los funcionarios del Tribunal y sobre la Abogacía del Estado, que hasta entonces había apoyado la depuración de su responsabilidad contable, al pronunciarse por la desestimación de los recursos presentados por los 40 implicados. Uno de ellos, Josep Rull, le ha tomado la palabra a Ábalos y le ha instado a que, -si quería desempedrar el camino- apartara a la Abogacía de un proceso que afectaba gravemente la situación económica de muchas familias. Alexandre Mas. profesor de Economía Laboral en la Universidad de Princeton e hijo de otro de los implicados, Andreu Max-Colell –antiguo Consejero de Economía de la Generalitat- movilizó a todo el profesorado de Economía de Estados Unidos para quejarse de que su ilustre progenitor corría el riesgo de expropiación injusta de sus propiedades y embargo de sus bienes sin juicio alguno, y 53 profesores –incluidos 33 premios Nobel de Economia-reaccionaron solidaria y corporativamente escribiendo una “Carta en apoyo de Mas-Colell”. El Foro de Profesores elaboró una respuesta a los 53 indocumentados líderes de la economía norteamericana informándoles sobre la situación, poniendo los puntos sobre las íes, destacando que ser un genio de las finanzas no exoneraba al profesor catalán de sus responsabilidades como político y señalando que el órgano responsable de revisar la utilización de los caudales públicos, el Tribunal de Cuentas concluyó–tras la debida investigación- que Max Colell había defraudado €2.803.100 al erario público y que el conjunto de defraudadores debería devolver €5.42 millones al Estado. El presidente de la Academia Europea, David Coates, se hizo eco de la campaña norteamericana y envió un carta circular a los miembros de la Academia instándoles a que firmaran un documento en apoyo de Max-Colell. El académico José Domínguez, Abascal, profesor de la Universidad de Sevilla, le contestó mostrando su extrañeza porque le pidiera la firma de una declaración sin haber enviado una información completa sobre las actividades de Max-Colell por las que había sido investigado y condenado por el Tribunal de Cuentas. Tras aclararle la situación, le indicaba que la Academia pretendía cuestionar injustificadamente al Estado de Derecho una de las pocas democracias plenas del mundo. Max-Colell era un científico eminente, pero se le había investigado por ello sino por su actuación defraudadora durante su etapa de Consejero de Economía del Govern. Coates aceptó los argumentos de Domínguez y escribió una carta a los miembros de la Academia, en la que reconocía haber actuado sin tener suficiente información y pedía disculpas por su desacertada iniciativa. Sánchez y la Generalitat han continuado con su campaña de descrédito del Tribunal de Cuentas. El abogado del Govern ha llegado a mantener que los diputados democráticamente elegidos no podían tener responsabilidad contable por sus actuaciones políticas. La acción exterior de la Generalitat era una competencia establecida en el Estatut y reconocida por el Tribunal Constitucional, y el Gobierno central nunca había impugnado los planes de acción exterior. Sánchez declaró erróneamente que el Tribunal era una instancia administrativa y que resultaba anómalo que estuviera integrado por una mayoría de consejeros designados a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, incluida la antigua Ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Sánchez se ha rasgado farisaicamente las vestiduras por la presencia en el Tribunal de una antigua ministra del PP -correctamente elegida conforme a las normas pertinentes- cuando él ha nombrado Fiscal General del Estado a la que era su ministra de Justicia, en contra del principio de independencia de esta institución. Además se equivoca en su estimación, porque el Tribunal no es una instancia administrativa, sino jurisdiccional Según la Constitución, es el supremo órganos fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y depende de las Cortes, a las que –sin perjuicio de su jurisdicción- deberá enviar un informes anual sobre su actividad (artículo 136). Tal ha sido el grado de los ataques recibidos desde el Gobierno, que el Tribunal de Cuentas ha tomado la inhabitual decisión de formular un comunicado oficial para rebatir estas críticas, que -aunque no haya mencionado explícitamente al Gobierno- van implícitamente a él dirigidas. Ha señalado que el Tribunal ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos. Su misión es contribuir a la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos “desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional”. Los Consejeros del Tribunal son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos por el Congreso y el Senado, y son independientes e inamovibles. Es un órgano constitucional que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan sólo al ordenamiento jurídico. Los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal y no pueden ser modificados por otras instancias ni recurridos. Sólo sus sentencias sobre desvíos de fondos son recurribles ante el Tribunal Supremo. El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que deje de actuar y ésta ha anunciado que no presentará demanda contra los defraudadores, desmarcándose así de la Fiscalía del Tribunal. La ha retirado del proceso, pese a ser el Estado la parte ofendida, so pretexto de que no era éste la parte perjudicada, sino la Generalitat. y el Gobierno de Sánchez ha renunciado a perseguir la malversación por el referéndum ilegal del 1-O. Gracias a este Señor, tenemos el dudoso honor de permanecer continuamente en vilo con la incertidumbre sobre el presente y el futuro de España. Madrid, 2 de julio de 2021