Deshonor de Sánchez y de España a causa de los indultos

DESHONOR DE SÁNCHEZ Y DE ESPAÑA A CAUSA DE LOS INDULTOS “¡Consumatum est¡“. En 1993. Luis García Berlanga realizó la divertida película “Todos a la cárcel” y ayer, 22 de junio de 2021, se estrenó el no tan divertido film de Producciones Redondo “Todos fuera de la cárcel”. Con él se ha materializado la crónica de unos indultos a los presos del “procés” anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han sido rechazados por el 62% de la población española por indignos y por la práctica totalidad de los nacionalistas catalanes por insuficientes. Sánchez y su Gobierno se han quedado solos ante el mundo, aunque con el invaluable respaldo de la prestigiosa Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del diputado letón Boriss Cilevics, La presentación había sido cuidadosamente preparada por la sección de prensa y propaganda de la productora sita en la Moncloa, que ha obtenido el apoyo desinteresado de dos de los poderes fácticos de Cataluña: el capital representado por el empresariado y la Iglesia, con la que el Gobierno no sólo no ha topado, sino que ha coincidido pese a su radical laicismo. Apoyo a los indultos del empresariado catalán La burguesía empresarial catalana –a la que cabe aplicar las cínicas palabras de Pío Cabanilla “¿Quiénes hemos ganado?”- es como el corcho que flota aún en las más procelosas tempestades y siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con el que mande -monarquía, república, franquismo, democracia, el independentismo o los anti-sistema de la CUP-. La gran ceremonia había sido preparada por el Círculo de Economía con ocasión de su Congreso, al que asistió Sánchez en olor de santidad, pues, aunque se diga que “l´argent n´a pas d´odeur”, los fondos comunitarios de recuperación -que Sánchez pretende administrar a su desleal saber y entender para distribuirlos libérrimamente entre sus paniaguados- sueltan un tufillo que apesta. Como ha comentado con ironía Pedro Gómez Carrizo, los empresarios catalanes aplaudían al presidente del Gobierno con las orejas, porque se estaban frotando las manos. Los muchachos de Javier Faus, apoyados por la patronal catalana Fomento del Trabajo presidida por Josep Sánchez Llibre, aprovecharon para tender una celada a Pablo Casado, con el fin de chantajearlo por su oposición a los providenciales indultos. Lo peor es que la onda expansiva del entusiasmo empresarial catalán por los indultos y la autodeterminación ha alcanzado a la cúspide de la CEOE, cuyo presidente Antonio Garamendi –casualmente un vasco-, sin contar con la directiva de la patronal, dio imprudentemente la bienvenida a los indultos si aportaban la normalidad a Cataluña y permitía el regreso a ella de las empresas dirigidas por los empresarios alentadores de la inmerecida gracia, que huyeron de la quema tras la declaración unilateral de independencia por eso de que “la pela es la pela”. El presidente de la Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuevas, ha afirmado, sin embargo, que los empresarios mantenían la neutralidad política, pero no podían restar indiferentes al quebrantamiento de la seguridad jurídica. “No se trata de opinar sobre un indulto, sino de rechazar cualquier decisión contraria a la norma jurídica”. Todas las acciones del Gobierno deberían ampararse siempre en la legalidad y “desprestigiar poderes del Estado como la justicia, trivializar autoridades independientes como el Banco de España o socavar instituciones constitucionales como la Corona suponen unos ataques al sistema democrático en los que el Gobierno nunca va a encontrar a las organizaciones empresariales”. Los empresarios siempre estarán del lado de la Constitución y defenderán la unidad de España, la legitimidad de los poderes del Estado y la legalidad de sus decisiones. “En ningún caso apoyaremos acciones que no sean avaladas por esa legalidad, ya que conduciría a un grave deterioro de la justicia”. Ejemplar declaración y adecuado aviso a navegantes. El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala, ha afirmado que conceder ahora los indultos ofende la dignidad de muchos españoles. “Está la cuestión moral de indultar a los que no se arrepienten y tienen firme propósito de reincidir”. Se ha preguntado qué utilidad pública puede haber cuando una mayoría de los españoles está en contra. El presidente de la CEIM madrileña, Miguel Garrido, ha dicho que estaba harto de que se pusieran en tela de juicio las decisiones judiciales y de que el Gobierno hablara sólo con Cataluña de temas como la armonización fiscal o los fondos europeos, que interesaban a todas las Comunidades. Ante este cúmulo de críticas, Garamendi ha tenido que plegar velas y desdecirse, alegando que sus declaraciones habían sido “malinterpretadas”. Puntualizó que la CEOE era neutral en el terreno político y que “queremos estabilidad política y normalidad, estamos con la Constitución y con que todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del Estado de Derecho”. Sin embargo, el mal ya estaba hecho y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado de forma falaz y torticera que había “un clamor general en el conjunto de los empresarios, no sólo catalanes sino también españoles –del propio Antonio Garammendi- apoyando la decisión que está tomando el Gobierno”. Apoyo a los indultos de la Iglesia catalana La Iglesia catalana –heredera del carlismo “trabucaire” y xenófobo, contrario al carácter ecuménico y abierto de la “Eclesia”- siempre ha apoyado, de forma más o menos descarada, al independentismo catalán, e ignorado a la mayoría de sus fieles de origen charnego a los que no acomoda en su selecto redil, La Conferencia Episcopal Tarraconense ha reconocido la “realidad nacional” de Cataluña y la conveniencia que se valore su “singularidad nacional”. Tras los eventos de 2017, la Conferencia –influida por la santa Sede- mantuvo una actitud conciliadora y pidió que se avanzara en el camino del diálogo, si bien defendió que las diversas opciones eran la legítimas y que la independencia era un bien tan moral como la unidad de España. Su posición se separaba de la Conferencia Episcopal Española, que mantuvo que no era aceptable que “una parte de los ciudadanos de una parte del Estado legítimamente constituido quiera romper unilateralmente la unidad de la comunidad política”, y que “había que salvaguardar los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que forman el Estado”. Cuatrocientos ochenta sacerdotes y religiosos –mucho más radicalizados que la mayoría de sus pastores- hicieron un llamamiento a los ciudadanos para que votaran a favor de la independencia y pidieron al Papa que mediara ante el Gobierno español para que permitieran la celebración de un referéndum. Tras el encarcelamiento provisional de los presuntos sediciosos por el Tribunal Supremo, la Conferencia Tarraconense volvió a defender la legitimidad de las opciones sobre la estructura política de Cataluña, siempre que se basaran “en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos”. Pidió una reflexión sincera sobre los encarcelamientos “en vistas de propiciar un clima de diálogo que tanto necesitamos y en la que no se deje de considerar las circunstancias perdónales de los afectados”. Varios Obispos condenaron los encarcelamientos y visitaron a los presos en las cárceles en muestra de solidaridad. Doscientos sacerdotes escribieron una carta abierta a los católicos españoles para pedirles que instaran la liberación inmediata de los encarcelados y la retirada de las querellas presentadas contra ellos. Ahora, la Conferencia se ha pronunciados a favor de la concesión de indulto a los sediciosos alegando la virtud evangélica del perdón. Es cierto que Jesús dijo a sus discípulos que había que perdonar hasta setenta veces siete, pero resulta sumamente difícil perdonar a quienes se niegan a ser perdonados e insisten en que seguirán pecando, incluso con más intensidad. Los pastores catalanes dan una lamentable muestra de parcialidad al preocuparse únicamente por sus ovejas independentistas e ignorar a las constitucionalistas, que son la mayoría. Han dicho Vds que había que hacer algo más que cumplir con la ley y no sé a qué re refieren, pero no han dicho que había que cumplir la Constitución y las leyes –cosa que los independentista no hacen-, porque, sin ley, no puede haber ni democracia ni justicia. El gran teatro del mundo sanchista Como ha señalado Gómez Carrizo en su excelente artículo sobre “Cadena perpetua para el constitucionalismo”, Sánchez y su gurú Iván Redondo –ese poeta del “marketing”- decidieron presentar el acto final de su farsa sobre los indultos en un lugar tan adecuado y simbólico como el Liceo de Barcelona, ante a un selecto y reducido público entregado y costosamente adquirido con el dinero de todos los españoles, entre los que estaban los único aludidos por la obra, los auto-indultados, y los que esperan obtener del Gobierno los favores derivados de los fondos europeos de recuperación. Se quedaron fuera de la escena los beneficiarios de los indultos –porque el nacionalismo está a otra cosa- y las víctimas del nacionalismo -la sociedad civil constitucionalista-, a la que –lejos de indultar- el Gobierno ha condenado a cadena perpetua. Sánchez/Redondo inflaron su argumentación con palabras altisonante, pero huecas y carentes de contenido real, como humanismo, magnanimidad, concordia, convivencia, diálogo, distensión o reencuentro. Ante esta acumulación de “buenismos”, ¿qué papel le queda la Justicia? Bien escaso, porque se la presenta como contraria a la paz social, a la convivencia y a la utilidad pública. Es una dádiva a cambio de nada, una gracia gratuita, que desdeñan sus beneficiarios, por lo que –al beneficiar sólo al Gobierno y a Sánchez- es en definitiva un auto-indulto que permite mantenerse en el poder a quien lo otorga. Decir que los indultos son de utilidad pública porque traerán la paz social y la concordia es una mentira dolosa. Son la primera dádiva de una cadena de cesiones, El Gobierno aspira a establecer un sistema sedicentemente federalizante, de simetría variable, que es en realidad más bien confederal. Afirmar –como ha hecho Miquel Iceta- que los indultos proyectan su efecto beneficioso sobre el conjunto de la sociedad catalana y española es una falacia. El independentismo mantiene las espadas en alto y no ha renunciado a uno sólo de sus objetivos y sus métodos, a la par que conserva intacto todo su poder y hegemonía. Sánchez está dispuesto a conceder a los separatistas el fuero y el huevo, con la promesa de una nueva relación entre España y Cataluña. Los indultos están muy lejos de tener utilidad pública, a menos que entendamos que los intereses de los españoles que creen en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos es algo que carece de interés. Combate la concesión de la independencia a corto plazo mediante una concesión a medio plazo, acordada “a la escocesa” y por etapas. Transmite el mensaje de que, para combatir el separatismo hay que resignarse al nacionalismo y la sociedad civil catalana no va a aceptar –a juicio de Gómez Carrizo- que el Gobierno de España le imponga una cadena perpetua bajo el nacionalismo, Decretos de concesión de indultos Ayer se dieron a conocer los informes sobre los indultos, que no he podido aún leer, pero que –de lo que informa la prensa- parece ser que están jurídicamente bien construidos, porque su autor, el juez Juan Carlos Campo, es un buen jurista, si bien no tanto política y éticamente. Los indultos son concedidos y motivados individualmente a cada uno los nueve condenados. Son parciales –remisión de la pena que les queda por cumplir- y no anulan la rehabilitación. El decreto indica que son reversibles y que si los indultados reincidieran dentro de un período de determinado de tiempo -entre tres y seis años, en función de la duración de las condenas impuestas- los beneficios serían anulados y los reincidentes tendrían que cumplir los años de condena que les hubiera sido condonada, amén de los que se les impusiera por la comisión del nuevo delito. Aquí me surgen algunas dudas jurídicas, porque –según la Ley reguladora de 1870- los indultos son irrevocables y no de quita y pon, como afirma la ministra portavoz, María Jesús Montero-, por lo que, si los indultados volvieran a cometer otro delito, serían condenados por dicho delito con penas agravada por la reincidencia, pero no porque se le hubiera anulado los indultos. Por esta contumaz actitud, estima el Gobierno que los interesados no serían acreedores al indulto por razones e justicia o equidad, pero que ello no sería óbice para que se les concediera por motivos de interés público. El argumento del temor de los beneficiados a la anulación del indulto es –a juicio del Gobierno- una garantía suficiente de que los interesados no reincidirán, pese a las afirmaciones de todos ellos en sentido contrario, porque el Código Penal sigue vigente –no menciona su intención de rebajar las penas a los delitos de sedición- y chocarían de nuevo con lo la ley, por lo que el miedo guardaría la viña. Otra insuficiencia jurídica es que el Gobierno mantiene –erróneamente a mi juicio- que la prohibición de que el Gobierno indulte a los miembros del ejecutivo no se extienda a los miembros de los Gobiernos autonómicos. El paralelismo en los dos casos es tan grande que –basándose el el principio de “mutatis mutandis”-debería aplicarse tanto en el Gobierno central como en los Gobiernos autonómicos. En el plano político la argumentación deja mucho que desear. Así, en las motivaciones para la concesión de los indultos, se destaca de Oriol Junqueras su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña, y el amplio respaldo electoral de que goza; de Jordi Sánchez se alega que es una persona clave para la restauración de la convivencia, un referente social dentro del ámbito independentista y uno de los principales actores políticos de la escena catalana, por lo que es una persona fundamental en la búsqueda de una solución acordada; en el caso de Jordi Cuixart, se justifica el indulto por el interés general del país. Estos argumentos son sumamente pobres y llevaría a la conclusión de que, al dar el pueblo sus votos a un delincuente, se vería exonerado de sus responsabilidades penales. En consecuencia, al haber sido Carles Puigdemont elegido como miembro del Parlamento Europeo, la querella que pesa sobre él debería levantarse y podría regresar a España limpio de polvo y paja. El Gobierno afirma que el castigo penal ofrece una utilidad penal limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto con las que vive la sociedad catalana y que incluso podría llegar a “reforzar lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia”. Pero –como ha señalado “El Mundo” en un editorial-“¿desde cuándo se le retira la venda de los ojos a la diosa Justicia y se mella el filo de su espada a gusto del poderosos?, ¿desde cuándo se exige al Derecho que vele por la utilidad política del delincuente? Asimismo señala que sus informes sobre los indultos partían del respeto a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, pero no es tal el caso, porque contienen numerosas críticas al TS y a la Fiscalía. Así, afirma que la motivación y la perspectiva política y social ha estado ausente de la valoración realizada por éstos, y los critica porque ninguno de los informes trate los motivos de utilidad pública que concurren en el caso. Aquí, el juez Campo invierte la carga de la prueba. Será el Gobierno que alega la existencia de razones de utilidad pública el que tendrá que probar su existencia, y no al Tribunal, que además la niega con contundente motivación jurídica, pero no ha sido así. Según Teresa Freixes, en el decreto se dice que se conceden los indultos por razones de utilidad pública, pero no se concreta ni explicita este vago concepto jurídico. Se insinúa que viene determinado por la intención de iniciar un nuevo ciclo político y de pacificar las relaciones entre Cataluña y España. Se trata de simples “desiderata”, un deseo piadoso, ya que la intención no basta para producir efectos jurídicos. No deja de ser paradójico que, tras las reiteradas críticas gubernamentales a judicializar la política, pretenda ahora el Gobierno politizar la justicia. Consecuencias de la concesión de los indultos El Gobierno es consciente de que su gesto de concesión de unos indultos inmerecidos es sólo un primer paso y que no producirán resultado alguno si la parte independentista no colabora, y no parece estar por la labor. Las reacciones tanto de la Generalitat, como de los indultados a su pesar no pueden ser más decepcionantes. Lo máximo a lo que ha llegado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, es que la concesión -que supone. En su opinión, el reconocimiento por parte del Gobierno de que las condenas fueron injustas- es un primer paso en la buena dirección, pero del todo insuficiente. Los presos han salido de la cárcel con la voluntad reforzada de construir una república catalana, y ahora habrá que negociar con el Gobierno la aprobación de una amnistía y la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación. ¡Menudo reencuentro! Para Jordi Turull, la consigna es amnistía, autodeterminación e independencia; según ha manifestado Joaquim Forn, seguirá luchando contra la represión, por el retorno de los refugiados y por la independencia de Cataluña; Raul Romeva ha afirmado que no cederán y exigirán la amnistía y la autodeterminación… Desde la órbita del Gobierno, el ex-ministro Salvador Illa ha afirmado que “uno y otro dolor requieren reconocimiento y perdón mutuos” (¿?). Deberán pedir perdón no sólo los que subvirtieron el orden constitucional, sino también los que lucharon para impedirlo, con lo que se iguala moralmente a agresores y agredidos. El presidente del Grupo Confederal de Podemos, Jaume Asens, ya ha dado ese primer paso y pedido perdón y disculpas a los presos del “procés” por el retraso con que le han llegado los indultos. El profesor Andres Betancor se ha preguntado en qué benéficia a los ciudadanos que se extinga la pena de quienes cometieron unos delitos y han manifestado que “lo volverán a hacer”. No lo parece, ni tampoco que las instituciones del Estado –desde el Rey a la policía, pasando por los Tribunales y la Fiscalía- que se enfrentaron a la subversión los convierta el Gobierno en parte del problema, al asumir que fueron instrumentos de la represión sufrida por los independentistas ¿Por qué defender la ley es igual que atacarla? ¿Por qué cumplir y hacer cumplir la ley es motivo de culpa y contrición, pero no se le exige a los que subvirtieron el orden constitucional? “Al cumplimiento de la ley no hay alternativas: se cumple o no se cumple, pero el incumplimiento supone consecuencias”. Por si no fuera suficiente, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que los indultos implican retirar las querellas contra los prófugos y permitirles regresar a España En su osadía paralela con su ignaro desconocimiento del derecho, la secretaria general de Podemos ha inventado una la figura jurídica del “indulto precautorio” que ignora el principio de que sólo se puede indultar a quienes hayan sido condenados por una sentencia firme. En el área de los aliados “frankensteinianos” se han apoyado los indultos, pero se les ha considerado insuficientes, porque lo que se requiere es la amnistía. El repipi Ïñigo Errejón ha dicho que hay que volver a enamorar a Cataluña, pero el amor es un sentimiento que requiere reciprocidad e interrelación entre dos partes. Para guardar la necesaria simetría sería necesario que también Cataluña se enamorara de España. He oído a muchos españoles decir que España no sería España sin Cataluña, pero no he oído a ningún líder nacionalista reconocer que Catalunya no es Catalunya sin España. Antes al contrario, he oído a todos los dirigentes nacionalistas que España les roba, les oprime, les explota y –últimamente- hasta les contagia. Podrían empezar el reencuentro dando alguna ligera muestra de consideración hacia España como –en palabras de Emilia Landaluce- permitir que los alumnos hispano-parlantes se puedan examinar en castellano, que las fuerzas nacionales de seguridad sean vacunadas o que no se paguen ensayos para demostrar que Santa Teresa de Ávila y Miguel de Cervantes eran catalanes, o –añado yo- que no quemen un día sí y otro también alguna bandera española, como hicieron ayer en Vich.. Según Sánchez, lo único que se les pide a los independentistas para fomentar la convivencia es que unos y otros respeten el pacto constitucional. “Fuera de la lealtad y de la legalidad democrática no hay espacio para la política”. Eso es demasiado pedir a los independentistas y además nula credibilidad tiene para invocar en vano el santo nombre de la Constitución quien se alía para poder gobernar con los enemigos jurados de la misma. Vox, PP y Ciudadanos han declarado que recurrirían la decisión del indulto ante el TS. ¿Tienen legitimidad para hacerlo? Vox lo tiene más fácil porque fue acusación popular en el proceso, pero los otros dos no tanto, aunque podrían justificar su legitimidad por verse perjudicados por la decisión. Hay delitos, como la sedición, que no que no causan víctimas directas ya que –como ha afirmado el Supremo-, desde que se subvirtió el orden constitucional, todos los ciudadanos se convirtieron en víctimas. Para el profesor Julio Banacloche, dado que el Gobierno ha justificado su decisión en la preservación de la convivencia y del espíritu de concordia que emanan de la Constitución, se abre la posibilidad de recurrir a quien no comparta esas razones, en base a la defensa del interés general. Una interpretación rigurosa sobre quiénes están legitimados para recurrir podría –a juicio del profesor AndrésBetancor- conducir a la impunidad. “Sería terrible que uno de los actos más importantes del Gobierno en la historia de la democracia –que demoniza a todos los poderes del Estado que protegieron el orden constitucional- no merezca control porque no se admita que nadie lo pueda promover”. Día triste para España Según ha afirmado “El Mundo”, sería difícil encontrar en la reciente historia europea un antecedente de infamia política similar a la perpetrada por Sánchez en el Liceo. ”Que un Gobierno esté dispuesto a favorecer los intereses de un grupo de golpistas condenados por sedición, que han declarado desvergonzadamente su intención de volver en repetir la afrenta en cuanto abandonen la cárcel, no sólo atenta contra la dignidad de los ciudadanos que aspiran a la seguridad y la estabilidad políticas, sino que despeja el camino a quienes han hipotecado toda su actividad política a la destrucción del Estado-nación y a la ruptura del orden constitucional y el marco de convivencia”. El recurso a la palabra “concordia” –divisa durante la transición- no hace más que añadir un plus de humillación a los españoles, que asisten atónitos e impotentes a estos juegos de manipulación retórica, mediante los cuales quiere Sánchez ocultar su alianza con quienes aprovechan su debilidad para tratar de provocar un cambio de régimen. Que, al hacerlo, sea boicoteado, insultado y abucheado por los secesionistas favorecidos por los indultos supone una desalentadora prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente para mantenerse en el poder. Para Santiago González, Sánchez es el gobernante más infame que haya tenido España nunca en un régimen de libertades y el día 22 fue el más largo y más negro que haya conocido nunca nuestra democracia. Sánchez ha cometido múltiples actos de deshonestidad política, pero el de los indultos ha alcanzado su punto culminante hasta ahora, pues siempre puede sorprendernos batiendo sus propios records. Ha calificado a los jueces de vengativos y revanchistas, desautorizado a los tribunales compartiendo las críticas nacionalistas a las puertas de una decisión del TJUE sobre la entrega de Puigdemont, descartado los informes fundados del TS y de su Fiscalía, menospreciado a la opinión pública española y a los catalanes constitucionalistas, concedido unos indultos pese a la falta de arrepentimiento de los infractores, sin que existan razones de justicia, equidad o utilidad pública, y habiendo rechazado los afectados sus beneficios por exigir una amnistía, y ensalzado una supuesta concordia -que no es más que discordia- para encontrarse con quienes no quieren ser encontrados y se burlan de él en sus narices. El presidente ha afirmado que su Gobierno no concederá una amnistía, ni autorizará un referéndum de autodeterminación, pero ¿què crédito se puede dar a la palabra de Sánchez, que es un mentiros compulsivo? Dijo que Iglesias le quitaba el sueño y nunca pactaría con él, y luego lo nombró vicepresidente de su Gobierno; dijo que los acusados en el “procés” habían cometido un delito de rebelión y cumplirían integra su condena, y luego degradó el delito a sedición y ha concedido indultos a los condenados cuando no habían cumplido la mitad de su pena; dijo que había que endurecer las penas en los delitos de rebelón y sedición y ahora pretende reducirlas… Es el paradigma de “donde dije digo, digo diego”. Realizará sin el menor pudor lo que juró por sus ancestros que nunca haría, si con ello cree asegurar su continuidad en el poder. Mas –como le ha advertido “El Mundo”, “eligió el deshonor para retener el poder. Cuando los separatistas quieran, perderá el segundo sin haber recuperado el primero”. Madrid, 23 de junio de 2021

¿Quién tiene facultad para ejercer el derecho de gracia?

¿QUIÉN TIENE FACULTAD PARA EJERCER EL DERECHO DE GRACIA? Durante la manifestación celebrada el pasado 13 de junio en la plaza de Colón para protestar por la intención del Gobierno de conceder indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del “procés”, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntó si el Gobierno iba a obligar al Rey a firmar los indultos y a hacerlo cómplice de ellos El Gobierno, la izquierda y los nacionalistas han aprovechado esta “gaffe” de la presidenta madrileña para darle una importancia desorbitada, que obviamente no la tiene, porque –como ha señalado el embajador Melitón Cardona- Díaz Ayuso trató simplemente de poner en evidencia la intención del Gobierno de hacer al Rey cómplice de una decisión injusta, prevaricadora y contraria al principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Así, Íñigo Errejón ha dicho que Ayuso insinuó que Felipe VI podría hacer algo diferente a lo que dicta la Constitución, y las fuerzas gubernamentales han aprovechado la ocasión para tratar –en una maniobra de distracción- de restar importancia a la oposición del pueblo madrileño a los planes del Gobierno de conceder la gracia a unos condenados no arrepentidos y decididos a reincidir, que no aceptan el indulto sino que exigen la amnistía blanqueadora, concesión que ha sido rechazada con contundentes argumentos jurídicos y morales por el tribunal sentenciador y por la Fiscalía del Tribunal Supremo. En cualquier caso, las imprudentes palabras de la presidenta en un tema tan delicado -“zapatera a tus zapatos”- han puesto al Rey en un brete ¿Podría Felipe VI negarse a firmar un decreto de indulto que adopte el Consejo de Ministros? ¿Quién está capacitado por la Constitución y las leyes para conceder la gracia a unos condenados por la Justicia? En el plano de los principios, creo que las respuestas a estas preguntas son bastante claras: Sí y el Rey. Competencia para la concesión de indultos La concesión de indultos es una competencia tradicionalmente reconocida desde tiempo ha en los distintos ordenamientos jurídicos a los Jefes de Estado. El artículo 73 de la Constitución de 1869 otorgó al Rey la facultad de conceder indultos particulares con sujeción a las leyes, disposición que fue desarrollada por la Ley de 1870 reguladora del indulto, que aún permanece en vigor. La Constitución de 1978 en el apartado i) de su artículo 62, prevé que corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia conforme a la ley”, y en el artículo 102-3 se reconoce la “prerrogativa real de gracia”. La Constitución otorga al Rey escasas competencias, tales como las de ser símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado, moderar el funcionamiento regular de las instituciones, asumir la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales –artículo 56-1)-, ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el alto patronazgo de las Reales Academias, y ejercer el derecho de gracia –apartados h), j) e i) del artículo 62-. Tales competencias las ejerce el Rey en función de su “potestas” y no están supeditadas al refrendo del Gobierno. Todas las demás funciones que le atribuyan la Constitución si están supeditadas al Gobierno, porque –de conformidad con el artículo 64-1- los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. ¿Los actos propios del Rey en cuanto Jefe del Estado necesitan ser refrendados por el Gobierno? ¿Puede el Gobierno negarse a que el Rey asuma la más alta representación del Estado u ostente el mando supremo de las Fuerzas Armadas? Yo creo que no, por tratarse de competencias intrínsecas del monarca, que le corresponden “per se”. ¿Podría el Gobierno conceder un indulto mediante un decreto que no llevara la firma del Rey? Estimo que tampoco, porque el derecho de gracia es una prerrogativa real y no gubernamental. ¿Podría el Rey negarse a firmar un decreto aprobado por el Consejo de Ministros? Según el constitucionalista Francesc Carreras, el Rey tiene que firmar todo lo resuelto en el Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62-f), lo cual no implica necesariamente que esté de acuerdo con el acto administrativo en cuestión, porque se trata de una firma en nombre del Estado y no de su persona. Para el profesor de la UCM, Javier García Roca, el indulto es una potestad del Gobierno y lo que hace el Rey se denomina “acto debido”, porque quien asume la responsabilidad es el ministro que refrenda la firma real. La persona del Rey no está sujeta a responsabilidad y sus actos deberán estar siempre refrendados por un miembro del Gobierno –artículo 56-3-. El profesor de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, comparte esta tesis y ha afirmado que el Rey tiene obligación de firmar todo lo que le presente el Gobierno y la firma es una mera formalidad. “La única forma en la que el rey pudiera negarse es ciencia ficción”. Discrepo de las opiniones de García Roca y Ruiz Robledo de que el indulto es potestad de Gobierno, pues se trata de una prerrogativa real, como expresamente indica la Constitución. Respecto a lo dispuesto en el artículo 62-f) de que corresponde al Rey “expedir los decretos decretos acordados en el Consejo de Ministros”, el embajador Cardona ha ofrecido una sutil interpretación jurídica que comparto en buen medida. La obligación de expedir los decretos adoptados por el Gobierno en general está regulada en el aparatado f), pero el decreto relativo a la concesión de indultos en concreto en el apartado i). No resulta, por tanto, lógico que una facultad que la Constitución atribuye al Rey esté subordinada a la decisión del Consejo de Ministros, porque el poder constituyente no equipara esa facultad específica de gracia mencionada en el apartado i) a las facultades más prosaicas citadas en el apartado f), y si se ha hecho esta distinción por algo habrá sido. Si todos los decretos acordados en Consejo de Ministros tienen que ser expedidos por el Rey, ¿a qué viene la individualización constitucional del derecho de gracia, que el artículo 102-3 califica taxativamente de “prerrogativa real”? Resulta clara la diferencia entre “expedir” un decreto –que es cosa de terceros- y “ejercer un derecho” como el de gracia –que es cosa propia-. De ahí cabe colegir que el derecho de gracia es competencia del Rey y no del Consejo de Ministros, aunque para su consagración formal se requieran la autorización de éste y el informe del tribunal sentenciador. Ambos instrumentos deberán llegar al Rey, quien será el que decida si ejerce o no la gracia y concede o no el indulto aprobado por el Gobierno. Jurídicamente, el Rey no está obligado a firmar un decreto del Gobierno sobre una cuestión que es de su exclusiva competencia. De ser obligatoria la firma, la concesión de un indulto no sería competencia del Rey sino del Gobierno, lo que estaría en contra de lo establecido en la Constitución. Moralmente, Felipe VI podría negarse a firmar un decreto si considerara que no estaba de acuerdo con su conciencia, como hizo el rey Balduino con la despenalización el aborto adoptada por el Parlamento belga en 1990. El Gobierno recurrió al artículo 82 de la Constitución belga relativo a la “incapacidad temporal para reinar” del monarca, quien delegó sus poderes en el ejecutivos durante 48 horas, tiempo en el que el presidente del Gobierno promulgó la controvertida ley. Según Ruiz Robledo, se pueden buscar fórmulas para resolver problemas morales, pero no dejaría de ser una excepción a la regla general de que todo acto que se presente al Rey con apariencia de legalidad y constitucionalidad deberá ser secundado por éste. El problema es que, en el caso de los indultos, no existe tal apariencia, pues el Gobierno no ha justificado su decisión aportando motivos de justicia, equidad o utilidad pública, como ha demostrado el Tribunal Supremo en su informe denegatorio, sino que incluso, al no haber mostrado arrepentimiento los beneficiarios del indulto, la pretensión del Gobierno raya con la arbitrariedad. Consideraciones éticas No voy a especular con la opinión del Rey sobre la cuestión, aunque se podrían deducir algunas conclusiones del magnífico discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, que tantos enemigos le granjeó entre el nacionalismo catalán. Felipe VI es persona de firmes convicciones morales y un defensor a ultranza de la Constitución y del Estado de Derecho, como ha puesto de manifiesto incluso frente a su propia familia, y hará lo que estime que procede de conformidad con la Carta Magna. Quizás sería conveniente que, antes de tomar su decisión, consultara con los presidentes del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado, de conformidad con el artículo 62-g). Personalmente, creo que el Rey difícilmente puede estar de acuerdo con la concesión de los indultos, pero ahí me quedo, al tratarse de una mera creencia. Pero -sin entrar en la conciencia ajena, ni tratar de interpretarla- cabría reflexionar sobre el paralelismo existente entre el plano moral y el político, entre la absolución del pecado y el indulto del delito. Aunque la izquierda republicana no esté familiarizada con los catecismos de los Padres Ripalda o Astete, es probable que algunos de los que vivieron la era franquista recuerde las fases necesarias para que el pecador sea absuelto de su culpa: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, reconocimiento de los pecados y cumplir la penitencia. Trasladando estos requerimientos del plano religioso al político, resulta que el único requisito cumplido por los empecinados pecadores políticos ha sido el último y sólo parcialmente, porque –entre los acelerados avances de grado, los continuos permisos carcelarios y el tratamiento VIP recibido en las cárceles-hoteles de la Generalitat, el cumplimiento de la pena ha sido más bien exiguo, y pronto serán exonerados de la parte que aún les resta, pese a que no hayan reconocido su culpa ni se hayan arrepentido, no hayan reconocido sus pecadillos antes los jueces y la opinión pública y, sin el más mínimo propósito de enmienda, hayan prometido que volverán a cometerlos en cuanto se les presente la menor oportunidad. Desde un punto de vista ético o moral ¿es justo y equitativo exonerar de sus culpas a quienes están determinados a reincidir? Y ciñéndonos al plano jurídico, ¿qué motivos hay para justificar la concesión de los indultos? Al no haber razones de justicia o equidad, al Gobierno sólo le cabe alegar la difusa utilidad pública. En la búsqueda desesperada por algún argumento convincente, ha alegado que es por el bien de España, por la concordia e incluso porque “en la Constitución no hay lugar para la venganza”. A estas alegaciones ha replicado Gabriel Tortella que todas las concesiones hechas al nacionalismo han perjudicados gravemente a España y a los españoles –incluidos los catalanes-, que, en lugar de concordia, se ha producido discordia, y que, aunque la Constitución no habla de venganza, si lo hace abundantemente de justicia, y en ninguna de sus disposiciones prevé que el poder ejecutivo tenga la potestad de corregir a la Justicia. ¿Qué utilidad pública proporciona este reiterado incumplimiento de la ley y menosprecio de las sentencias e informes del Tribunal Supremo? Más que público, ¿no se trata de un beneficio privado? ¿No está Sánchez concediéndose a sí mismo un auto-indulto, para exonerarse de la responsabilidad derivada de su incondicional apoyo a unos aliados que persiguen la desintegración de España y la independencia de Cataluña? Consideraciones políticas Dejando de lado consideraciones de tipo jurídico o ético, cabe preguntarse si sería políticamente conveniente que el Rey impidiera la concesión de los indultos. La situación en España no es comparable con la de Bélgica, una nación bastante desestructurada y dividida entre valones y flamencos, donde la monarquía es el cemento que mantiene unido el país, y donde todos los ciudadanos –con independencia de su procedencia geográfica o étnica, o de su ideología política- respetan la figura del Rey como símbolo de la Nación. En España, por el contrario, no sólo Felipe VI, sino la propia institución monárquica, han sido puestos en tela de juicio por izquierdistas y nacionalistas, incluso desde el seno del Gobierno por su ex-vicepresidente Pablo Iglesias y por los ministros de cuota de Podemos, que han propuesto la disolución de la Monarquía y el establecimiento de la III República. En este ambiente de ofensiva republicana contra la monarquía, no conviene a Felipe VI abrir otro frente que pueda volverse contra él, aunque jurídica y moralmente lleve razón si se negara a firmar el decreto de indulto, por lo que políticamente no le convendría. Para justificar su firma, podría recurrir al argumento alegado por los parlamentarios insumisos a prometer el acatamiento a la Constitución de que lo hacía “por imperativo legal”, ya que el Rey está obligado a “expedir” los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Hay políticos de prestigio de la vieja guardia socialista –como Joaquín Almunia, Enrique Barón, Francisca Sauquillo, Tomás de la Quadra-Salcedo o José María Maravall-, que, a diferencia de otros más críticos –como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina o Nicolás Redondo- han tratado de justificar la concesión de los indultos como la forma más adecuada de aplicar la Constitución. Su intención es buena, pero su objetivo es una misión imposible ¿Cómo va a mejorarse la aplicación de la Constitución mediante el perdón inmerecido de quienes tratan precisamente de derogarla? ¿Hay alguien que sinceramente crea que, por conceder unos indultos no solicitados y rechazados por los beneficiarios que han perpetrado graves delitos, van éstos a dejar de cometerlos? Apoyo de “El País” a los indultos El oráculo monclovita y faro espiritual de la democracia, el diario “El País”, ha acudido raudo al rescate desde su superioridad moral, en una epístola dirigida sólo a los catalanes y no al resto de los españoles. Ha reconocido que no resulta necesario retorcer los hechos en demasía para sospechar que la motivación primera para conceder los indultos corresponde a la necesidad política de Sánchez de mantener el perímetro de gobernabilidad con sus actuales socios, y que va a hacerlo pese a tener en contra a la abrumadora mayoría de los españoles por motivos fundados, dada la explícita disposición de los condenados a repetir sus hechos subversivos. Los líderes separatistas perpetraron en 2017 un atropello a la convivencia constitucional y autonómica, que provocó un desgarro en la sociedad catalana y española. La democracia española tiene pendiente la solución del “conflicto” catalán, que puede afrontarse mediante el mantenimiento pasivo del “statu quo” o mediante el diálogo. La mejor manera de reconducir la crisis es a través de iniciativas políticas que rebajen la tensión y permitan la progresiva recuperación por parte de la sociedad catalana de espacios de sintonía con el proyecto democrático español, y “los indultos son probablemente una condición necesaria, aunque no suficiente”. Constituiría un gesto de concordia que facilitaría un cambio de clima y -frente a la fractura de la sociedad catalana- ofrecería “un marco de convivencia y una generosa voluntad de restañar las heridas”. Pese al uso cautelar de adverbios como “seguramente”, “posiblemente” o “probablemente”, cabe deducir de este apólogo el respaldo incondicional de la armada de PRISA a la política de concesiones del Gobierno. La supuesta posición de neutralidad del periódico no es tal, sino que es más bien de equidistancia entre el bien y el mal - entre los que cumplen las leyes y los que las violan-, por lo que aquí no cabe el “in medio virtus” ya que –según decía, creo que, San Agustin- esa posición intermedia se debería adoptar como opción entre dos males, lo que no era el caso. Esta posición equidistante fue desarrolla en el artículo del profesor de la UAB, Josep. M. Vallés, para quien las herramientas represivas del Estado –así califica al poder judicial- no han valido para desactivar el contencioso político en Cataluña, del que culpa, entre otros, al “activismo imprudente de un sector judicial” –así califica el ejercicio reglado de la función judicial-. No hay más solución para superar el bloqueo actual que el diálogo y la transacción. Uno de los problemas que hay es que los negociadores –¿quiénes son, sólo el Gobierno central y los separatistas?- no tienen clara cuál sea la meta final de la negociación y, en todo caso, sería preciso que lo acordado recibiera la aprobación del pueblo catalán a través de un referéndum. Para el antiguo factótum del imperio PRISA, Juan Luis Cebrián, Sánchez pretende convertir un instrumento jurídico destinado a aliviar de forma individual el sufrimiento personal de los delincuentes que se arrepientan de la comisión de un delito, por un arma política que le permita su permanencia en el poder. El reencuentro con Cataluña no puede discurrir por la senda del referéndum de autodeterminación y del reconocimiento del derecho a decidir, que pertenece en exclusiva a todos los españoles. Pero tras la de cal, venía la de arena, al expresar el académico su convicción de que el retorno a la normalidad cívica en Cataluña no se conseguiría mientras los sediciosos purgaran en la cárcel sus delitos. En una clara muestra de incoherencia, pues -tras descartar la concesión de los indultos por su antijuridicidad- llega a la conclusión pragmática de la necesidad de hacerlo para solucionar el conflicto catalán. Voy a limitarme a exponer unas breves reflexiones sobre la improcedencia de estos postulados “prisaicos”: 1) Además de la alternativa entre el diálogo y el mantenimiento del “statu quo”, existe una tercera opción de volver al “statu quo ante” de la normativa prevista en el incumplido Estatuto de Cataluña, que es –en mi opinión- la fórmula más adecuada; 2) Sobre la persistencia de los condenados en reincidir en sus delitos, cabe recordar la filípica de Marco Tulio Cicerón a Marco Antonio en el Senado romano:”¿Qué hay más vil que quien ha atentado contra la soberanía del pueblo romano y, después de haber sido condenado en un juicio, vuelva a realizar el mismo alzamiento por el que fue condenado?; 3) Según el profesor de la UCM Antonio Elorza, diálogo es el intercambio de opiniones entre dos parte para tratar de superar una discrepancia, pero no cabe hablar de tal cosa si una de ellas adopta una actitud inamovible y se limita a imponer su posición a la otra, cual es el caso de los independentistas catalanes, que no renuncian al inexistente derecho a la autodeterminación y a la concesión de una amnistía prohibida por la Constitución; 4) para el antiguo Fiscal General socialista, Eligio Hernández, el llamamiento al diálogo y a la concordia es una pura y simple operación de propaganda de Sánchez que –aunque no crea en el diálogo- lo mantiene para permanecer a toda costa en la Moncloa;5) La afirmación de que los indultos son necesarios, pero no suficientes, supone que el Gobierno se sentará en la Mesa del Monólogo, acordará con los separatistas la celebración de un “referéndum acordado” al modo escocés –que, según la profesora de la UAB, Teresa Freixes, no existe en la normativa española- y propiciará la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que sólo participen los catalanes; 6) ¿Qué concordia puede haber cuando las autoridades nacionalistas, que han monopolizado durante los últimos años todo el poder en Cataluña, han gobernado al margen o en contra de algo más de la mitad de la población catalana, que es constitucionalista y no quiere separarse de España? Porque el Gobierno de la nación condone estos reprobables comportamientos ¿va a cambiar la actitud de dichas autoridades en pro de una concordia que les permitan gobernar lealmente para todos los catalanes, sean nacionalistas o no? ; 7) El apaciguamiento no lleva a ninguna parte con los separatistas, porque –como ha señalado Alfonso Goizueta- la meta volante de la independencia no desparecerá de su agenda, porque, siempre que el Gobierno hace concesiones a los separatistas aumentan sus exigencias; 8) La Mesa del Monólogo no puede estar más coja , ya que faltan las patas de la oposición -imprescindible para llegar a un Pacto de Estado sobre un tema tan transcendental-, y la de los catalanes no nacionalistas; 9) Es obvio que el Gobierno no tiene clara la meta final de la supuesta negociación, pero los independentistas si la tienen bien clara: amnistía, autodeterminación e independencia; 10) Sin duda es necesario que el eventual resultado de la negociación sea refrendado por el pueblo catalán, pero ¿los demás españoles no tienen nada que decir sobre el futuro de España? Posible recurso al Tribunal Supremo En consecuencia, la solución menos mala sería la presentación de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por flagrante arbitrariedad y desviación de poder en la concesión de los indultos sin motivos de justicia, equidad o utilidad pública, y en contra de la sentencia y de los informes del Tribunal Supremo y de su Fiscalía. Según ésta, el indulto no es una medida prevista para satisfacer interés políticos coyunturales, que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general por “la pura conveniencia de una situación política global”. Y esto es justamente lo que ha sucedido con los indultos a los políticos catalanes condenados por el “procés”, al necesitar Sánchez los votos de ERC en las Cortes para seguir en la Moncloa. La Fiscalía destacó que la prerrogativa real de la gracia tenía carácter excepcional y sólo debería concederse cuando concurrieran circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública –que no se daban en el caso-, que no se podían identificar con motivaciones de índole política o derivada de acuerdos políticos. El Tribunal Supremo ha afirmado que cuando se presentaba como presos políticos a los autores de una movilización encaminada a subvertir el orden constitucional, a voltear el funcionamiento de las instituciones o a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de la sociedad, “las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación”. El Tribunal ha destacado que algunos de los beneficiarios de los indultos son líderes de partidos que garantizan la estabilidad del Gobierno que les iba a otorgar la gracia, lo que podría suponer una arbitrariedad en la concesión del indulto en violación del artículo 9-3 de la Constitución. Como ha observado el magistrado Eligio Hernández, aunque la concesión de un indulto sea de carácter discrecional, el Gobierno tendrá que motivarla y, por consiguiente, estará sometida a control judicial. Ha habido algunos precedentes jurisprudenciales de revocación de concesión de indultos, especialmente la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013, que revocó el indulto concedido a un conductor “kamikaze” de Valencia por insuficiente motivación. Estableció que, cuando los informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía fueran contrarios a la concesión del indulto, el Gobierno debería proporcionar una motivación suficiente para no incurrir en arbitrariedad, pues –de otra forma- “la absoluta inutilidad del expediente del indulto sería clamorosa”. En un artículos sobre “Los indultos” publicado en “ABC”, el profesor de Derecho Penal de la UCM, Enrique Gimbernat, ha hecho una crítica demoledora de la concesión de indultos, y afirmado que –según la tesis del Gobierno- no estamos ante un ataque frontal al Estado de Derecho, sino ante unos hechos de bagatela castigados con unas penas desproporcionadas, por lo que urgía poner en libertad a los sediciosos y rebajar las penas para los obsoletos delitos de rebelión y sedición o, aún mejor, suprimirlos por mor de la concordia. Si se concedieran los indultos, estaríamos en lo nunca visto de concesión de la gracia a unos penado que han declarado expresamente que no se arrepienten y que volverán a delinquir. En caso de recurso, la Sala Tercera del Tribunal Supremo podría entrar a evaluar si la motivación ha sido o no arbitraria. En este caso, sería más que probable que la Sala derogara la concesión. ¡Que así sea! Madrid, 17 de junio de 2021

Contradice, indulta y negocia, que algo queda

CONTRADICE, INDULTA Y NEGOCIA, QUE ALGO QUEDA El Gobierno de Pedro Sánchez cada día se aproxima más al cesarismo bolivariano, no tanto por lo que dice –que ya es bastante-, sino por la forma en que lo hace. Huye de cualquier lógica o argumentación e impone su arbitrariedad “quo nominor leo” –porque me llamo león-, y ostenta los atributos del poder simbólico del BOE, que ha pasado de ser el último acto de un proceso administrativo democrático en el que se plasman las decisiones políticas y jurídicas del Gobierno, a convertirse en un campo de ensayo y experimentación para la difusión de bulos, globos-sonda y posverdades. Los gobernantes suelen mentir ocasionalmente -dentro de un orden- para respaldar sus decisiones o justificar sus indecisiones, pero Sánchez ha hecho de la mentira su arma principal de Gobierno, y airea a diario sus contradicciones sin el menor pudor o remordimiento. Ya no se sabe si es Sánchez el que imita a los independentistas catalanes o si son éstos los que siguen el ejemplo del presidente. Restricciones en el aforo de la hostelería y en los horarios del ocio nocturno Sánchez impuso un estado de alarma -que más parecía de excepción- y lo mantuvo de forma ilegal durante seis meses sin control parlamentario alguno, so pretexto de que era indispensable porque el arsenal jurídico que le proporcionaba la normativa ordinaria no era suficiente, pero se negó a dictar normas adicionales que permitieran completar estas insuficiencias, y -cuando se extinguió el estado de alarma- hizo mutis por el foro y descargó la responsabilidad de hacer frente al covid-19 en las Comunidades Autónomas, alegando que disponían de los necesarios medios legales para hacerlo. Cuando éstas consiguieron mal que bien superar los problemas pese a carecer de las competencias necesarias ante el “don-tancredismo” del Gobierno, éste pretende ahora recuperar sus olvidadas ansias centralizadoras y coordinadoras, e imponer con carácter de “obligado cumplimiento” normas mucho más radicales que las adoptadas durante el estado de alarma, sin sustentación técnica y apenas debate, con la oposición de varias Comunidades que albergan a más de la mitad de la población del país, y con el objetivo prioritario de perjudicar a la Comunidad de Madrid y vengarse de la derrota sin paliativos que le infligió la presidenta Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas ¿Resulta razonable imponer a la hostelería y al ocio nocturno de Madrid medidas mucho más restrictivas cuando tiene una incidencia acumulada de 160 casos por 100.000 que cuando tenía más de mil? Para tomar estas medidas, el Gobierno se ha basado en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece en su artículo 63 que la declaración de actuaciones coordinadas de salud pública corresponderán al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas. Dicha declaración “obliga a todas las parte incluidas en ella”. La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha pasado, sin embargo, por alto que de conformidad con el artículo 73-2, “los acuerdos del Comité se plasmarán a través de resoluciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”. Aunque sea licenciada en Derecho, no parece que Darias tenga mucha idea de lo que es el consenso, un concepto que se desarrolló en el ámbito de la ONU para la adopción de resoluciones de carácter político. El problema es que pasó del ámbito político al jurídico, al incorporarse a textos legales internos –como el de la ley citada- e internacionales –como en los Reglamentos de las Conferencias sobre el Medio Humano o del Derecho del Mar. No es un concepto fácil de definir jurídicamente y existe disparidad de criterios entre los autores, pero si se sabe que no es ni unanimidad, ni mayoría simple o cualificada. Se considera como un acuerdo general que no encuentre una oposición firme por parte de los Estados. Aquí interviene un elemento pragmático como el del peso específico de los opositores. Con el debido respeto, no se valora igual la oposición hecha por Kiribati o Granada –el Estado sudamericano y no mi ciudad natal- que por Estados Unidos o China. Pero, volviendo al ámbito doméstico, no se puede mantener –por mucho que se empeñe Darias- que el Consejo Interterritorial ha aprobado por consenso una serie de medidas a las que se opusieron firmemente Cataluña, el País Vasco, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla-León y Murcia, pero la ministra, que -aunque chiquita, es matona- ha insistido en imponer su catálogo de restricciones como normas de obligado cumplimiento. Las comunidades objetoras afirmaron que no acatarían estas limitaciones a sus competencias, que las normas que se trataban de imponer podrían ser consideradas, a lo sumo, como recomendaciones, y el País Vasco y Cataluña añadieron además la objeción de que el Gobierno nacional invadía competencias exclusivas de sus comunidades. La Comunidad de Madrid recurrió la decisión ante los tribunales y la Audiencia Nacional adoptó como medida cautelar la suspensión de las prohibiciones mientras no decidiera sobre el fondo del asunto. Ante este batacazo judicial, el Ministerio de Sanidad ha dado un giro de 180º y pasado de mantener las restricciones más radicales sobre la ocupación en los centros hoteleros y el horario de cierre del ocio nocturno, a la total libertad de acción de unos y otros, porque el Gobierno siempre tenía en cuenta las preocupaciones de las comunidades “¡Ni tanto, ni tan calvo!”, y no va con segundas. Como decía Manuel Fraga, los socialistas sólo aciertan cuando rectifican. Proyecto de condena a España de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Diplocat fichó para su causa independentista al diputado letón Boris Cilavics, miembro el pequeño partido pro-ruso “Harmony”, quien ha correspondido a las beneficios materiales morales recibidos con la elaboración de un informe, cuyo título es ya de por sí prueba de la parcialidad del mismo:”¿Deben los políticos ser juzgados por las manifestaciones hechas en el ejercicio de su mandato?”. Esta pregunta sofista lleva obviamente implícita la repuesta negativa. Aunque no se citen nombres, el objetivo del informe y de su formulación es conseguir la condena del Gobierno de España y de sus tribunales por haber tratado injustamente a los presos políticos y a los auto-exiliados catalanes por haber expresado sus opiniones políticas, realizado manifestaciones pacíficas en el ejercicio de su derecho de libre expresión, y sacado las urnas a la calle para que el pueblo catalán pudiera pronunciarse libre y democráticamente sobre su futuro. Este punto de partida es una falacia palmaria y un sofisma rodeado de pre- juicios, porque Oriol Junqueras y sus aliados no han sido juzgados y condenados por sus filantrópicas ideas, sino por haber dado un golpe de Estado postmoderno, que suponía la derogación de la Constitución y del Estatuto de Cataluña por parte de un Parlamento regional -que carecía de la mayoría cualificada requerida y negó a la oposición la posibilidad de debatir las propuestas y presentar enmiendas a las misma-, la secesión de España, y la proclamación de la República Catalana. Tampoco los prófugos-caviar Carles Puigdemont y sus secuaces han sido reclamados mediante una Orden europea de detención y entrega por su ideología, sino por haber cometido delitos de sedición, malversación y desobediencia al igual que sus pares, con la única diferencia de que huyeron cobardemente y eludieron la acción de la justicia. El proyecto de resolución presentado por Cilavics -que reproduce en su casi totalidad las críticas formuladas por el separatismo catalán- fue debatido en el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa, donde recibió el apoyo de los partidos nacionalistas y populistas -a babor y estribor-, la oposición del PP Ciudadanos y Vox, y la pasividad del PSOE, que apenas presento enmiendas. El proyecto fue sorprendentemente aprobado por 21 votos a favor y 6 en contra. El Gobierno español dio publicidad al engendro de resolución e incluso alabó algunas de sus conclusiones. Aunque al principio hicieron causa común con los populares y liberales para tratar de modificar el proyecto, los diputados socialistas recibieron contraordenes de Madrid, porque algunas de las recomendaciones de la resolución coincidían con los objetivos fundamentales a corto plazo del Gobierno Frankenstein de conceder indultos a los condenados, modificar el Código Penal para reducir las penas a los delitos de rebelión y sediciónm, y descalificar a los tribunales españoles por su espíritu revanchista y vindicativo contra unos patriotas que no habían hecho más que cumplir con su deber de llevar a cabo el mandato para el que habían sido elegidos por el pueblo catalán, ignorando olímpicamente al “otro” pueblo -que sigue siendo mayoritario-, que no està de acuerdo con separarse de España. “¡Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos será la República de Catalana!”. El Foro de Profesores ha presentado un contra-informe elaborado por el profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, y avalado por la firma de más de 200 profesores, en el que ha rebatido de forma impecable todas y cada una de las conclusiones del espurio informe de Cilevics, que no sólo incluye numerosos errores de hecho –como que el Cuerpo de los Mossos estaba bajo el control del Ministerio del Interior en septiembre y octubre de 2017-, sino que ofrece una visión parcial y carente de objetividad, no relata fielmente lo sucedido, y legitima la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales y la actuación de los poderes públicos al margen de la ley. Su aprobación supondría un ataque directo a los principios que caracterizan la democracia liberal, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. ”La defensa de estos valores sigue siendo primordial en el siglo XXI, en un momento en que son amenazados por nacionalismos populistas de uno y otro signo”. El elemento nuclear de lo sucedido en Cataluña en 2017 fue la voluntad expresa por parte de las autoridades catalanas de negarse a ajustar su comportamiento a las exigencia constitucionales y de desobedecer al Tribunal Constitucional y a los demás tribunales. Semejante actuación no puede dejar indiferente al Consejo de Europa, porque el respeto al Estado de Derecho es esencial para la democracia, y este respeto exige el acatamiento de las decisiones judiciales, por lo que resulta sorprendente que esté totalmente ausente del proyecto de resolución, que coincide en gran medida con la propaganda nacionalista. Su planteamiento desconoce la importancia que para los principios democráticos tiene el respeto al Estado de Derecho, y supone además una crítica gratuita a la actuación de los Tribunales españoles, dado que no aporta prueba alguna de los supuestos errores que hubieran podido cometer, lo que la priva del mínimo rigor jurídico. Roza la intromisión en la función judicial y propugna que ciertas privaciones de derechos queden sin sanción. ¿Va a hacer algo el Gobierno español para evitar la aprobación de semejante desafuero? No me extrañaría nada que estuviera considerando la posibilidad de copatrocinar la resolución. Calígula redivivo Siguiendo la metodología de las vidas paralelas de Plutarco, el editor del “El Imparcial”, José Varela –en su excelente artículo “´Los indultos: ¿Es Calígula un ingenuo?”- ha encontrado en nuestros día una reencarnación de este notorio emperador romano, al que el historiador Cayo Suetonio describía como la manifestación de un poder omnímodo con acuerdo al cual la infracción arbitraria de toda suerte de leyes humanas y divinas era consecuencia de la ambición sin límites, y la demostración de un poder sin control ni fronteras. En la versión teatral del personaje, Alberto Camus lo calificaba de nihilista implacable y de narcisista que jugaba a ser un dios todopoderoso que rechazaba atarse a nada, porque quería reinar en un mundo en el que la libertad no fuera un derecho sino un privilegio del poder. El bien y el mal, la verdad y la mentira, no existían más que como una manifestación del poder. ¿Reconocen Vds al reencarnado? Creo que no hace falta excesiva imaginación para ponerle nombre y apellidos al personaje, que muestra ciertos rasgos psicopáticos, perfiles narcisistas y obsesiones de poder por encima de cualquier consideración moral. Pedro Sánchez no se caracteriza en demasía por ser fiel a su palabra, pero, en el caso de su compromiso con ERC, sí lo ha sido, incitado sin duda por su instinto de conservación del poder, ya que de los votos de este partido depende su continuidad en la Moncloa. Así lo ha reconocido hasta el 43.7% de sus votantes. Sánchez ha prometido, contra toda lógica o principio, indultar a unos condenados no arrepentidos y reincidentes, que ni han solicitado el indulto, ni lo aceptan, porque estiman que han sido condenados injustamente y requieren la amnistía, aunque su promesa implique la desintegración de España. La pócima milagrosa dela epístola a los catalanes de Oriol Junqueras En un momento de extrema debilidad de Sánchez por lo injusto de su decisión –rechazada por el 61% de los españoles, incluidos un 43,7% de los votantes del PSOE-, el beatífico Junqueras ha actuado como desinteresado Cirineo para ayudarle generosamente a llevar su cruz. Por una vez no estoy de acuerdo con Arcadio Espada cuando afirma que la carta supone el reconocimiento del fracaso del catalanismo político, la intención de no seguir con el desafío al Estado, y la tácita renuncia a la amnistía. Es cierto que Mosén Junqueras ha hecho unas reflexiones sensatas al reconocer que no se puede ignorar la fortaleza del Estado, que la vía unilateral no conduce a ninguna parte, que hay que aumentar la base social del independentismo y que la única vía es llegar a algún tipo de referéndum pactado ”a la escocesa”, pero no ha modificado un ápice su objetivo de lograr la independencia. Su actitud se refleja claramente cuando afirma que “la estrategia es la mejor herramienta para ayudar a la gente de este país, pero la estrategia debe adaptarse a las circunstancias para ser ganadores”. La estrategia sigue siendo la misma y sólo ha variado la táctica. “Nuestra posición es el fin de la represión y la autodeterminación. La amnistía es nuestra prioridad para acabar con la persecución judicial. La cuestión no termina con los exiliados ni con los presos políticos, sino que hay que hacerla extensiva a las 3.000 personas que sufren causas judiciales”. La postura no puede ser más cristalina y sólo el espíritu atormentado de Sánchez por la posible pérdida del poder puede llevarle a interpretarla en sentido distinto al expresado. Por si quedara alguna duda, el nuevo Mandela –otra reencarnación “secundum Óbolos”- afirma taxativamente que “no queremos formar parte de un Estado donde persisten estructuras que sirven para perseguir a los adversarios políticos, donde hemos de acatar las leyes que nos parecen profundamente injustas y arbitrarias, que tipifican comportamientos que son plenamente democráticos”. Estas sinceras palabras ponen prístinamente de manifiesto las posición de las autoridades nacionalistas en los últimos años: El Estado español persigue y oprime a sus adversarios en Cataluña, y los catalanes no están obligados a acatar las leyes que consideren injustas o arbitrarias. Abolir la Constitución y el Estatuto de Cataluña, dar un golpe de Estado contra la legitimidad constitucional y declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y su consiguiente segregación de España son comportamientos democráticos. Pero Sánchez se agarra a un clavo ardiendo para justificar su disparatada decisión de conceder los indultos “über alles”. La justificación esgrimida es –según Varela- el bien político superior derivado del indulto, un generoso perdón que amortigüe la tensión y encauce el problema por la vía del diálogo y el acuerdo. La concesión del indulto es en teoría un objetivo deseable y respetable, pero no se conoce en la práctica ni un solo ejemplo histórico en que un movimiento nacionalista haya sido neutralizado por la vía de las concesiones, porque su naturaleza política es abrasiva, voraz e insaciable. Nuca están satisfechos y lo que el Estado articula como acuerdos, ellos lo consideran como etapas y trampolines hacia el paraíso de la patria irredenta. Pero ¿acaso el llamado referéndum de autodeterminación pactado traería paz y sosiego a Cataluña? Pues tampoco, porque -aunque fuera posible violentar la Constitución y cambiar el sujeto de la soberanía española-, la independencia de Cataluña sería el plato fuerte, tras el que vendría como postre la incorporación de los “Païusos Catalans” y hasta la del Rosellón y la Cerdaña. Según ha manifestado “El Mundo” en un editorial, el entreguismo de Sánchez es un bochorno moral, un error político y una aberración jurídica. “El precio de esa concesión es el menoscabo del crédito de nuestra Justicia en el exterior, pues el Gobierno de España ha asumido como propias la tesis del separatismo, según la cual la aplicación de la ley esconde un ánimo de venganza impropio de democracias plenas. Destruir de este modo, desde la Moncloa, la labor de nuestros diplomáticos en el extranjero en defensa del Estado de Derecho español es algo que será difícil de perdonar y más difícil de revertir”. Para Félix Ovejero, instalarse en el marco mental de Sánchez implica reforzar ideológicamente el secesionismo. Al desautorizar a la Justicia, el Gobierno acepta que España no es un Estado e Derecho. Porque claro, “si Junqueras es Mandela, ¿qué somos nosotros?...Pues, en lógica consecuencia, quienes no estamos a favor de los indultos ni de las concesiones injustificadas a los independentista catalanes seríamos unos fascistas, racistas, partidarios del “apartheid”, totalitarios, enemigos de la convivencia y hasta de la “conllevancia”, y anticatalanes. Según un Manifiesto de Consejo y Regeneración contra la concesión de indultos por razones de oportunidad política –que hemos firmado numerosos profesores- , la concesión de indultos a los políticos condenados por la sentencia del “procés” presenta graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Dado el pronunciamiento en contra del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Gobierno deberá justificar que no se trata de una decisión arbitraria e irrazonada, y que concurren las circunstancias de justicia, equidad o utilidad pública que exige la ley reguladora del indulto. A estas alturas del siglo XXI y en un asunto de tanta transcendencia, no parece aconsejable forzar los límites de la institución y provocar importantes tensiones en el poder judicial, dado que previsiblemente estos indultos serán recurridos ante el Tribunal Supremo, por lo que no conviene contraponer legitimidades ni erosionar instituciones. Por otra parte, no parece que la concesión de los indultos vaya a provocar ninguna mejora de la situación política existente en Cataluña, donde la fractura se da entre independentistas y no constitucionalistas, y ahonda en la convicción de muchos ciudadanos que el Estado de Derecho no regía por igual para todo el mundo, y que los catalanes no separatistas podían sentirse abandonados por las instituciones que deberían defenderlos. No parece que el deterioro de la convivencia y del respeto al Estado de Derecho que ha prevalecido últimamente en Cataluña pueda superarse con adicionales fracturas de dicho Estado. Tras culpar al PP de la situación de Cataluña, Sánchez le pide “comprensión y magnanimidad”, no para que pueda resolver el problema catalán, sino para perpetuarse en el poder. En relación con los prófugos de la Justicia, la ministra de Derechos Sociales y futura Secretaria General de Podemos, Ione Belarra, ha tenido la desfachatez de afirmar que no comprende como se puede defender de desjudicialización de la política y seguir manteniendo la acusación contra los políticos exiliados. El objetivo de los indultos es que los presos políticos puedan salir de la cárcel y los fugados de la justicia regresar indemnes a España. Esta luminaria del pensamiento jurídico contribuye al desarrollo del Derecho Penal progresista mediante la invención de la la concesión de un indulto precautorio a unas personas que no han sido condenadas, “por si las moscas”. Esta indocumentada ministra –para quien juzgar a unos delincuentes es judicializar la política- debería ser destituida de inmediato por su falta de responsabilidad. Mesa del monólogo nacionalista Para Teresa Freixes, si grave es la disparata concesión de indultos a los condenados catalanes, más aún lo es la continuidad de la sedicente Mesa del diálogo, asentada sobre las patas de los independentistas y del Gobierno central, pero- para tener condición de tal, le faltan las patas de la oposición y de los ciudadanos catalanes no independentistas. Según afirmó Freixes en el debate con motivo de la presentación en Barcelona de mi libro sobre “Nuevas facetas de política española”, un diputado socialista le había argumentado que se podían firmar Pactos de Estado sin necesidad de contar con la oposición. La izquierda española sufre –en opinión de Varela- un ataque agudo de moralina y considera que toda oposición es una forma de perversión moral que debe ser excluida del juego político y -según la cosmogonía sanchista- la mitad de los catalanes constitucionalistas constituye una legión de ilotas de segunda categoría. De aquí la lógica cartesiana de la exclusión de unos y otros de la salvífica Mesa, que sigue estando coja. Y aún más, se mantiene en dudoso equilibrio sobre la única pata del soberanismo, porque el Gobierno de la Nación la considera el instrumento adecuado para hacer todo tipo de concesiones a las atrabiliarias exigencias del independentismo al amparo del diálogo. Ya se demostró en la malhadada sesión inaugural del Pedralbes con el Muy Deshonorable Joaquím Torra como anfitrión, cuando se celebró una reunión de alto nivel entre iguales, en la que Sánchez reconoció la existencia de un conflicto entre España y Cataluña y el derecho a decidir del pueblo catalán, dio a una Mesa sin base jurídica la función que correspondía a las Cortes y al Parlament, y aceptó solucionar el conflicto al margen de la Constitución y con la presencia de un árbitro internacional que actuara de mediador para superar las posibles discrepancias. La situación se presenta aún peor ante la reanudación de las actividades de la Mesa, que no sería de extrañar que fuera co-presidida por un político condenado en firme e indultado a su pesar. Como ha observado la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Luisa Gómez Garrido, el Gobierno intenta transmitir a la opinión pública, como si fuera algo normal, que aspectos esenciales del contrato social que a todos nos atañe se discutan en una Mesa que –bajo la formal cobertura de negociaciones entre Gobiernos- implique sólo a parte de las fuerzas políticas y de la sociedad. Esta carencia se muestra con toda crudeza cuando uno de los condenados ofrece como vía de solución al conflicto un referéndum pactado sobre un aspecto excluido de la Constitució, cual es la autodeterminación. Ello supone excluir de raíz “la posibilidad de los consensos, que deben subyacer de manera ineludible e indisponible en los grandes proyectos colectivos, las reformas constitucionales y los pactos de Estado”. Y como ha señalado Freixes, los creativos juristas del Gobierno se han inventado un inexistente “referéndum pactado”, ya que –de conformidad con la Constitución- los referendums son vinculantes, en el caso de las reformas de la misma y de la aprobación y reforma de los Estatutos autonómicos, o son consultivos cuando se aborden temas políticos de especial transcendencia, de conformidad con el artículo 92. En este caso, el referéndum será convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, y en él podrán participar todos los españoles. Sánchez parece compartir el cáustico cinismo de Oscar Wilde, cuando decía que la mejor forma de resistir la tentación era sucumbiendo a ella. “Mutatis mutandis”, la mejor fórmula de solucionar el problema/conflicto de Cataluña consistiría en acceder a las maximalistas reivindicaciones de los independentistas catalanes. La inestable Mesa del Monólogo y de la Concordia autorizaría un simulacro de referéndum que, aquende el río Ebro, sería consultivo y, allende el Riu Ebre, vinculante. El único obstáculo a solventar sería la exigencia de la Generalitat de que –fuera vinculante o consultivo- en el referéndum sólo podrían participar los catalanes. La solución del problema catalán es muy difícil, pero cualquier fórmula que se acuerde, deberá incorporar dos requisitos básicos: el restablecimiento y aplicación de la ley, y la igualdad de los españoles ante la misma. De un lado -como ha señalado Ovejero-, si queremos restablecer el diálogo y la concordia, comencemos por restablecer la ley, cuyo cumplimiento es lo único que no se ha intentado. “Los problemas sólo se solucionan con la derrota moral y política de los que los crean, algo que ciertamente no sucede cuando les damos la razón”. Si yo fuera diputado en el Parlament -¡Dios me libre!- presentaría una moción no de ley para que la Cámara decidiera colocar una inscripción en el frontispicio del Palau de la Generalitat que rezara “Sin ley, no hay democracia”. De otro, si queremos respetar el principio básico de la Constitución de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” –artículo 1-2-, hay que permitir a todos los españoles que se pronuncien en cualesquiera consultas sobre el futuro de España. Como ha declarado el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page –único barón socialista que no ha sucumbido del todo al cesarismo de Calígula Sánchez-, “hay una cosa de libro: Decidir sobre lo que afecta a todos los españoles, lo decidimos entre todos y no por partes”. A diferencia de Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, mañana “Deo volentes”, me manifestaré en la plaza de Colón para protestar por la injusta e injustificada decisión de conceder indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo, porque no me preocupa que me califiquen de facha los medios de comunicación pesebristas.