Carta abierta a la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa

CARTA ABIERTA A LA COMISARIA DE DERECHOS HUMANOS DELCONSEJO DE EUROPA Estimada Señora Dunja Mijatovic: Me ha sorprendido desagradablemente la carta que envió el pasado 11 de marzo al ministro de Justicia de España, Juan Carlos Campo, tanto por motivos formales como sustantivos. De un lado, no es normal que la Comisaria de Derechos Humanos se dirija oficialmente al Gobierno de un Estado miembro del Consejo de Europa para criticar su Código Penal y proponer que su modificación. De otro, los argumentos por Vd. alegados carecen de rigor jurídico y rayan con la insolencia. Tampoco me ha satisfecho la acomplejada respuesta del ministro Campo en la que da por justificadas sus injustificadas críticas. Yo soy un modesto embajador jubilado -fui jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores-, que no represento a nadie más que a mí mismo, pero creo reflejar en esta misiva la opinión de muchos españoles. Vd. ha formulado duras críticas a los tribunales españoles por supuestamente limitar el derecho de algunos delincuentes españoles a ejercer su libertad de expresión, y a las disposiciones del Código Penal español relativas a los delitos de enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la Corona y a altos cargos del Estado, y de ofensa a los sentimientos religiosos. Como ciudadana particular, está en su perfecto derecho de criticar la legislación de España y la actuación de sus tribunales, pero en su calidad de máxima responsable de los derechos humanos del Consejo de Europa no debería hacerlo. Ha incumplido Vd. su deber de neutralidad e imparcialidad, y se ha entrometido de forma exorbitante en los asuntos domésticos de un Estado miembro del Consejo. El que el Gobierno español acepte mansamente y sin rechistar esta injerencia no la libera de su “détournement de pouvoir” y, por eso –como simple ciudadano español- le dirijo esta carta, con todos mis respetos a la institución que representa. Por otra parte, no creo que una ciudadana de Bosnia-Herzegovina –una de las seis repúblicas y media que surgieron de la antigua Yugoslavia a causa de los excesos de un nacionalismo, que provocó flagrantes actos de genocidio- esté especialmente cualificada, política o moralmente, para dar a los españoles lecciones de democracia o sobre respeto del derecho a la libertad de expresión. 1.-Libertad de expresión Explica Vd. que ha escrito su carta al ministro Campo en relación con varias disposiciones del Código Penal español que tienen un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión, y señala que, en los últimos años, los tribunales españoles han condenado con penas de cárcel a artistas y activistas en las redes sociales por delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona, a causa de las letras de sus canciones. Aunque no cite ningún nombre, no cabe la menor duda de que se refiere al rapero Pablo Hasel, condenado en 2014 por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel.. Vd. es muy libre de considerar artista a un mal músico, peor letrista y persona humanamente deleznable, que –entre otras lindezas- ha dicho en sus “twits” que merecía que explotara el coche de Patxi López, que había sido un error haber dejado con vida al periodista Federico Jiménez Losantos, que alguien debería clavar un piolet en la cabeza de José Bono, que soñaba con las balas que alcanzaban las nucas de jueces nazis, que fusilaría a Rodríguez Zapatero, que era incomprensible que se tachara de criminales a gente del GRAPO que cumpliría 30 años de cárcel por entregar su vida a la lucha contra un sistema genocida, que el rey Juan Carlos I era un “mafioso de mierda”, que las fuerzas de seguridad asesinaban, torturaban y causaban lesiones, que… Como señaló la Audiencia, no se trataba de simples opiniones, sino de un mensaje que incitaba claramente a seguir el comportamiento de sus referentes del GRAPO y de ETA, alabando una actividad violenta y terrorista, y presentando la lucha armada de una forma encomiable. Para que se consumara el delito de enaltecimiento del terrorismo bastaba con que se generara un riesgo abstracto. Pero en algunos de los comentarios de Hasel se concretaba la abstracción. Baste recordar que, en momentos de máxima presión terrorista en el País Vasco, ETA había amenazado de muerte al lehemndakari López, y que Losantos había sido abandonado en el monte por los terroristas de “Terra Lliure” tras haberle descerrajado un tiro en la pierna. En el caso del Rey, Hasel no expresaba una reivindicación política, ni propugnaba un cambio de régimen para instaurar la III República, sino que se limitaba a injuriar y calumniar al Rey, y a denigrar a la familia real. Las manifestaciones de Hasel no estaban amparadas por la libertad de expresión “porque en ellas latía patente un discurso de odio”. La magistrada progresista, Manuela Fernández Prado, emitió un voto discrepante, al estimar que se trataba de críticas ácidas, exacerbadas e injustas, pero que se enmarcaban dentro de la libertad de expresión, y que las acusaciones a Juan Carlos I y a la policía no eran calumniosas. Parece ser que Vd. comparte la opinión de la magistrada, lo cual es del todo respetable, porque el derecho no es una ciencia exacta y se presta a múltiples interpretaciones, aunque resulta harto evidente que el lenguaraz rapero no es un mártir de la libertad de expresión. La condena de Hasel fue suspendida con la condición de que no volviera a delinquir, pero reincidió en la comisión de los mismos delitos y la Audiencia lo condenó en 2018 a otros dos años más de cárcel, posteriormente reducidos a nueve meses. Apelada la sentencia, el Tribunal Supremo sentenció que Hasel no podía ampararse en la libertad de expresión, pues había enviado una gran cantidad de mensajes que tenían un evidente carácter laudatorio de las organizaciones terroristas y de miembros en activo de las mismas, y que además era reincidente. En el ínterin, el inofensivo artista había sido condenado por diversos tribunales por los delitos de falso testimonio, obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, allanamiento de morada, amenazas a un testigo en juicio y lesiones a un periodista, sentencias que han sido apeladas ante el Supremo. ¡Una joya!, Sra Mijatovic. El Tribunal decidió que entrara en prisión, pero no por enaltecimiento del terrorismo o injurias al Rey –este delito genera multa, pero no pena de prisión-, sino por su reincidencia y la ruptura de la libertad condicional. Ante la supuesta injusticia cometida con el rapero, se produjeron manifestaciones de protesta en toda España, especialmente en Cataluña, donde, a los separatistas antisistema de los CDR y de la CUP, se unieron comandos anarquistas italianos ¿Cree Vd que cortar calles y carreteras, destrozar mobiliarios público y propiedades privadas, saquear comercios, atacar a las fuerzas de seguridad e incendiar sus vehículos con policías dentro son un ejercicio del derecho de libre expresión? Si a Vd la llamaran XXX –ponga aquí los insultos que más le puedan molestar-, dijeran que debían clavarle un piolet en la cabeza o ponerle una bomba en los bajos de su coche, o asaltaran su casa y le prendieran fuego, ¿consideraría estos actos como un ejercicio democrático del derecho a la libertad de expresión? Decir que Felipe VI es un corrupto y los Borbones merecen la guillotina entra dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero decir que Franco no lo hizo tan mal es un crimen de lesa humanidad. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, cualquier persona tiene derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, sea oralmente, por escrito o de cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de ese derecho entraña deberes y responsabilidades, por lo que puede estar sujeto a restricciones, siempre que estén expresamente fijadas por la ley y sean necesarias para “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” (artículo 19). Estará prohibida por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (artículo 20). Disposiciones similares ya se habían incluido en la Constitución española de 1978. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el desarrollo de la personalidad, y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10). Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, por escrito o cualquier otro medio. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en la Constitución, en las leyes y, en especial, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (artículo 20). Vd. es una fundamentalista de la libertad de expresión, a la que da un valor absoluto, al prevalecer sobre cualquier otro derecho, pero dicha libertad no puede ser plena, porque está limitada por los derechos de los demás. Si se produjera un choque de derechos, la ley y los jueces determinarán cuál de ellos prevalece en función de las circunstancias. La libertad de expresión está suficientemente regulada en la legislación española y adecuadamente garantizado su ejercicio. Se han dado numerosos casos –como los de Casandra, del cantante de Def Con Dos o de muchos artistas y actores que han hecho befa del cristianismo y de sus creencias- en que los acusados han sido absueltos por los tribunales. El caso de Hasel –como el de Valtoncyk unos años antes- excede el límite de lo tolerable por su flagrante violación de los derechos legítimos de los ciudadanos –del Rey abajo, todos- y ambos han acabado con toda justicia en prisión. Si tanto le preocupa la salvaguardia de la libertad de expresión en los países miembros del Consejo de Europa, ¿ha enviado Vd. una carta recriminatoria al ministro de Justicia de la Federación de Rusia, donde la situación –se lo aseguro- está bastante peor que en España: inexistencia de oposición democrática, ausencia de separación de poderes y de independencia judicial, encarcelamiento de manifestantes, activistas, periodistas y homosexuales…etc 2.-Enaltecimiento del terrorismo De conformidad con el Código Penal español, el enaltecimiento o la justificación de los delitos de terrorismo y de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares se castigará con pena de prisión de uno a dos años (artículo 578). Esta disposición no parece placerle, puesto que propone su modificación. Alega que su ambigua e imprecisa formulación resulta problemática, pues, al carecer de una precisa definición de algunas de las nociones en ella consagradas, crea incertidumbre jurídica y genera interpretaciones de los tribunales españoles diversas, cuando no contradictorias, algunas de las cuales no alcanzan los estándares internacionales sobre la libertad de expresión. Ya en 2018 destacó Vd. el mal uso que se hacía de las legislaciones antiterroristas y que una insuficiente definición del delito de terrorismo podía llevar a innecesarias y desproporcionadas restricciones al derecho a la libertad de expresión, cuya posibilidad debería ser proporcional y muy limitada. Ha señalado que algunas decisiones de jueces españoles no habían determinado adecuadamente si la conducta de enaltecimiento del terrorismo por parte de los acusados implicaba el riesgo de un peligro real, concreto e inminente. En contra de la jurisprudencia del TEDH, algunos tribunales habían interpretado la intención de los autores de una manera abstracta, teniendo en cuenta solamente la formulación del precepto, sin una apropiada consideración del contexto que rodeaba las declaraciones incriminadas o sus consecuencias. La legislación antiterrorista sólo debería aplicarse a declaraciones y actividades que implicaran necesaria y directamente el uso o la amenaza de la violencia, con la intención de expandir el miedo o provocar el terror. Actividades o declaraciones de cualquier otro tipo –por perturbadoras o chocantes que pudieran ser- deberían caer bajo el ámbito de las obligaciones y responsabilidades derivadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 10-2 del Convenio Europeo de 1950 para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; a saber, cuando resultaren necesarias para la seguridad nacional, la integridad territorial, la defensa del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud, la moral, la reputación y los derechos ajenos, o la garantía de la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. Lo que Vd. describe no es enaltecimiento, sino terrorismo puro y duro. Hay enaltecimiento, aunque no se produzca violencia o amenaza de ella, cuando simplemente se incite a que se produzca. Así, se produce enaltecimiento del terrorismo, cuando se agrede a miembros de las fuerzas de seguridad -y a sus novias-, se les llama “txacurras” –perros-, y se les amenaza para que abandonen el País Vasco o Navarra, cuando se celebran actos públicos de homenaje a los etarras salidos de prisión, cuando se concede a los presos etarras beneficios penitenciarios que no se merecen por no estar arrepentidos ni colaborar con la justicia, o cuando se grita “ETA, mátalos” o se presiona a los ciudadanos no independentistas para que no se presenten a las elecciones en los pueblos gobernados por Bildu, los herederos de ETA a título universal. Lo peor es que el actual Gobierno está condonando estos hechos, ha blanqueado a los filoetarras de Bildu y los han considerado aliados respetables como los de cualquier otro partido, pese a conservar aún en sus manos huellas de sangre inocente. El artículo 578 es perfectamente conforme a derecho y. no sólo no debería ser modificado, sino que convendría reforzarlo y aplicarlo sin complejos. 3.-Injurias a la Corona y a las instituciones del Estado Según el Código Penal, el que calumniare o injuriare al Rey o a sus familiares directos -fuera del ejercicio de sus funciones oficiales-, o utilizaren su imagen de forma que pueda dañar el prestigio de la Corona será condenado a pena de multa de cuatro a veinte meses (artículo 491). Incurrirán asimismo en multa de doce a dieciocho meses quienes injuriaren, calumniaren o amenazaren gravemente a los Gobiernos de la Nación o de las Comunidades Autónomas, a las Cortes Generales o a las Asambleas autonómicas, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo o Constitucional, a los Tribunales de Justicia de las Comunidades, al Ejército, o a las fuerzas de seguridad del Estado (artículo 504). Se entiende por “injuria” la acción o expresión que lesione la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación (artículo 208). La Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni de ataques a su honra o a su reputación. Cualquier persona tiene derecho a la protección de la ley (artículo 12). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 contiene una disposición similar (artículo 17) y la Constitución española también garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18). ¿Cómo se pueden garantizar estos derechos? Pues estableciendo por ley medidas para protegerse de la injuria y de la calumnia, como han hecho España y los demás países miembros del Consejo de Europa. A Vd., sin embargo, parece molestarle la normativa española que protege el honor y la reputación de la Corona y de los altos órganos ejecutivos, legislativos y judiciales del Estado, y propone su modificación. Recuerda Vd. con especial satisfacción que el TEDH invalidó en 2018 una sentencia del Tribunal Supremo español que avaló la condena por la Audiencia Nacional de Jaume Roura y de Enric Stern por haber quemado públicamente en 2007 en Gerona unas fotos del Rey, y afirmó que una sentencia de privación de libertad por una ofensa cometida como parte del debate político, sólo sería compatible con la libertad de expresión en circunstancias excepcionales, cuando el discurso en cuestión llamara al uso de la violencia o constituyera un discurso de odio. ¿No es eso precisamente lo que han hecho Veltoncyk o Hasel con sus ataques descalificadores al Rey y a las máximas autoridades del Estado? ¿En qué debate político democráticos han participado semejantes energúmenos? Vd. mantiene que la crítica a personalidades y autoridades públicas –por provocativas o radicales que fueren- no pueden ser consideradas como discurso de odio o incitación a la violencia, y ha expresado su preocupación por la interpretación que algunos tribunales españoles han hecho de la noción de “discurso de odio”, que suponía una innecesaria y desproporcionada restricción a la libertad de expresión. Resultaba crucial limitar su aplicación a los casos prohibidos por las normas internacionales sobre los derechos humanos, conforme a las cuales la expresión de odio debería estar basada en la xenofobia, el antisemitismo u otras formas basadas en la intolerancia, la hostilidad y la violencia. ¿No figura entre ellos los efectos perniciosos de los nacionalismos radicales?. Parece mentira que una ciudadana de Bosnia-Herzegovina pase por alto y parezca olvidar las fatídicas consecuencias de este nacionalismo en Yugoslavia. Ha afirmado Vd. que los límites de las críticas admisibles a los políticos, autoridades y otras figuras públicas debían ser más amplios que las relativas a los ciudadanos, y generar un mayor grado de tolerancia con sus autores. En la monarquía parlamentaria española, el Rey no es, sin embargo, un político más, sino el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (artículo 56 de la Constitución). No tiene facultades ejecutivas y sus actos deberán ser refrendados por el Gobierno, por lo que se encuentra vulnerable e indefenso, y necesita un mayor –en vez de menor- grado de protección. El Gobierno no sólo no se lo proporciona –como es su obligación-, sino que, desde el seno del mismo, el vicepresidente Pablo Iglesias y los ministros de Podemos han afirmado pública y reiteradamente que su objetivo es abolir la monarquía y establecer la III República, y no han parado de injuriar al Rey. ¿Se imagina Vd. lo que ocurriría si unos manifestantes quemaran en la Plaza Roja de Moscú unos carteles con la imagen de Vladimir Putin? Yo sí, porque he sido embajador en Rusia y conozco bien al viejo rockero soviético. Serían enviados por algún tiempo a un asilo penitenciario en la tundra siberiana para hacer compañía a Alexei Navalny, si no eran antes envenenados en el camino. ¿Tiene Vd. alguna crítica que hacer a este respecto? Ha propuesto al Gobierno español despenalizar el delito de injurias al Rey y a las autoridades del Estado, y observado que una modificación de sus disposiciones fortalecería las salvaguardias del derecho de libre expresión y facilitaría la labor de los tribunales españoles para que tomaran sus decisiones de conformidad con el Convenio de Roma de 1950. A “contrario sensu”, esto significa que la legislación de España, en su opinión, no ampara suficientemente la libertad de expresión y que sus tribunales incumplen las disposiciones del dicho Convenio ¿No va un poco lejos en sus afirmaciones o insinuaciones dada su calidad de Comisaria de Derechos Humanos? Cabe alegar en su descargo que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha compartido la opinión del ministros ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, de que España no era una democracia completa, porque tenía presos políticos y exilados por sus ideas, y que la situación de Navalny era similar a la de los político catalanes encarcelados, lo que provocó la reacción de su colega Arancha González Laya, quien afirmó que España estaba en todos los “rankings” entre las veinte primeras democracias mundiales y Rusia en el puesto 124. ¿Ha escrito Vd. alguna carta a Lavrov para que le aclare la situación de Navalny y de los numeroso activistas y periodistas encarcelados? ¿Pretende Vd. que España modifique sus leyes para que lenguaraces raperos puedan injuriar impunemente al Rey y a las altas autoridades españolas? 4.-Ofensa a los sentimientos religiosos Según el Código Penal español, incurrirán en multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente –de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento- escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen a quienes los profesan o practican (artículo 425). Vd. ha propuesto una despenalización del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, porque pueden resultar en una excesiva limitación de la libertad de expresión y obstaculizar un debate plural. Ha recordado Vd. que el TEDH ha dictaminado que los grupos religiosos debían tolerar la negación por otras personas de sus creencias, siempre que no incitaran al odio o a la intolerancia religiosa. Pero justo eso es lo que pretenden los enemigos del cristianismo, como se ha puesto de manifiesto con la destrucción de cruces y otros símbolos religiosos en España por alcaldes de Podemos o del PSOE, al amparo de la lamentable Ley de Memoria Histórica, y la plétora de exposiciones de supuestos artistas que hacen burla de Jesucristo o de la Virgen María. Ha señalado que el simple hecho de que estas conductas pudieran ser sancionadas penalmente tenía un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión. La despenalización de estos delitos reforzarán -a su juicio- las salvaguardias a la libertad de expresión y facilitará el trabajo de los tribunales. Lleva Vd. razón en esto último, porque, si se suprimiera el delito, los jueces no tendrían trabajo alguno al respecto, ya que –como reza el refrán castellano-“muerto el perro, se acabó la rabia”. ¿Va Vd. a enviar alguna carta a las autoridades de Turquía, Albania o Afganistán para que despenalicen los delitos de injurias al Islam o al profeta Mahoma? Precisamente el presidente turco, Tayip Erdogan –el de la oda de “las mezquitas son nuestros cuarteles, los minaretes nuestras bayonetas, las cúpulas nuestros cascos y los creyentes nuestros soldados”- acaba de denunciar el Convenio de Estambul de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y Turquía es el país que tiene el récord de periodistas encarcelados. No creo que se atreva y lo comprendo, pues, mientras los cristianos ponen evangélicamente la otra mejilla antes las bofetadas, los islamistas prefieren recurrir a la yihad, como han padecido los caricaturistas de “Charlie Hebdo”o el profesor Samuel Paty. No hay razón para amedrentarse ante las amenazas islamistas, ni para que se abuse de la mansedumbre de los cristianos. El artículo 525 no debe ser modificado, sino aplicado. 5.-Modificación del Código Penal Una parte del Gobierno de Pedro Sánchez anunció el 8 de febrero su intención de revisar y eventualmente modificar la forma de abordar las disposiciones del Código Penal que más chocan con la libertad de expresión. Su objetivo era definir de manera clara el tipo de comportamiento sancionado y acompasar las penas a la gravedad de la conducta A la par, la otra parte del Gobierno anunció por boca de Iglesias la presentación de una propuesta de reforma por la que se despenalizaban los artículos relativos al enaltecimiento del terrorismo, las injurias contra el Rey y las autoridades del Estado, y las ofensas a los sentimientos religiosos. En su respuesta, Campo le ha manifestado que el Gobierno español compartía las preocupaciones expuestas en su carta y sintonizaba con ellas. En consecuencia, estaba preparando una reforma del Código que pretendía evitar cualquier impacto negativo en el ejercicio por las personas de su derecho a la libertad de expresión, porque las opiniones –por odiosas y despreciables que fueren- no deberían ser consideradas delictivas. Había que buscar un equilibrio entre dicha libertad y el derecho de los ciudadanos y de los colectivos a defenderse de las injurias. Estoy de acuerdo en que hay que buscar un equilibrio entre los derechos de unos y de otros, pero ello no tiene por qué suponer la despenalización de los delitos de odio, porque tanto las normas internacionales como la legislación española reconocen los derechos de todos los ciudadanos a que se respeten su honor y su intimidad, y –en el caso del terrorismo- es de justicia sancionar su enaltecimiento y justificación, y salvaguardar los derechos de sus víctimas. La libertad de expresión está suficientemente garantizada en España y –a diferencia de Vd.- no estoy de acuerdo en que haya que desmantelar toda la vigente normativa. A lo sumo, se podría eliminar o reducir algunas penas de cárcel y sustituirlas por sanciones pecuniarias. Le ruego, Señora Comisaria que, como máxima responsable de la materia en el Consejo de Europa, defienda todos los derechos humanos, y no sólo unos pocos, y lo haga en todos los países, y no sólo en unos cuantos. Atentos saludos Dr. José Antonio de Yturriaga Barberán Embajador de España Profesor de Derecho Diplomático en la UCM

Una política exterior española para salvar al mundo

UNA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA PARA SALVAR AL MUNDO El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, ha publicado en “El Mundo” un artículo sobre “La política exterior como política de Estado”, en la que refleja la política del Gobierno de Pedro Sánchez en la materia, que se ha plasmado asimismo en la “Estrategia Exterior para 2021-2024”. Ha señalado que hay que exigir de quienes diseñan y ejecutan la acción exterior de España un alto grado de lealtad hacia los valores y lealtades de nuestro país y de diálogo constante con la oposición, mientras de ésta se requiere responsabilidad, no llevar la política exterior al terreno de las pequeñas disputas y no usar el frente exterior como herramienta para derribar al Gobierno. En España vivimos inmersos en una duda permanente sobre nuestra capacidad para construir una proyección internacional coherente. ¿Está cumpliendo el Gobierno estos loables objetivos? Me temo que la respuesta sea negativa pues no tiene una idea clara de cuáles deben ser los objetivos de la política exterior, no dialoga lo más mínimo con la oposición y es el primero en tener una pésima opinión de la historia de España, próxima de la “leyenda negra”. Ejes básicos de la política exterior Muñiz ha vuelto a reseñar los ejes básicos de la política exterior española que –como los señalados en la “Estrategia Exterior”- son generalidades y declaraciones de intención, carentes del contenido concreto que debería tener: a saber, la defensa de la democracia y de los derechos humanos, la construcción de un nuevo contrato social en el seno de una economía globalizada, la promoción de un planeta verde y el avance hacía una Europa más fuerte en un mundo más multilateral. Como decía el avezado diplomático y político príncipe de Tayllerand, los intereses de un Estado son permanentes y no deben ser supeditados a las convicciones y veleidades ideológicas. Las democracias de larga Historia consideran la dimensión internacional como política de Estado y, por consiguiente, procuran dotarla de unas bases doctrinales sólidas y de un consenso suficiente en su ejecución a medio y largo plazo. Por debajo de los vaivenes lógicos en la política interna e internacional de los distintos Gobiernos, debe mantenerse con claridad una línea de continuidad basada en los intereses nacionales y los valores mayoritariamente compartidos por los ciudadanos. Los gobiernos de turno deberían tratar de involucrar en la política exterior a la mayor parte de los partidos políticos –incluidos los de la oposición-, a las fuerzas sociales y a la opinión pública. Es indispensable dotarse de un marco doctrinal y pragmático que dé sentido a la presencia internacional de España en el mundo y sirva de guía a políticos, funcionarios y ciudadanos en general. Esta continuidad se ha dado en España en lo fundamental durante la monarquía borbónica, la II República, el período franquista y la democracia surgida tras la Transición, pese a los notables cambios políticos habidos, tanto de regímenes como de gobiernos. Los objetivos básicos de la política exterior española fueron magistralmente formulados en 1992 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, como integración en Europa, proyección iberoamericana, solidaridad mediterránea y vínculo atlántico. Estos vectores han sido seguidos en lo esencial, aunque se introdujeran algunas variaciones en función de la orientación política del gobierno de turno, pero el núcleo principal permanecía invariable. La continuidad fue rota en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dio un giro de 180º a la política exterior seguida por José María Aznar e introdujo una quiebra con los principios establecidos en la Transición con su actitud de escaso interés por la UE, antiamericanismo, apoyo en Iberoamérica a los gobiernos bolivarianos o acercamiento a Marruecos en el tema del Sáhara Occidental. El modelo de ZP está lamentablemente siendo seguido por el gobierno de Sánchez. La política exterior desborda el marco de la diplomacia tradicional e involucra al conjunto de la Administración, cuyos departamentos tienden a actuar de forma poco coordinada, si no contradictoria. Esta situación se agrava cuando dentro del Gobierno, hay otro Gobierno-bis –como el constituido por Podemos- que mantiene posiciones contrarias a la política exterior española sobre la OTAN y los pactos militares con Estados Unidos, los Gobiernos bolivarianos de Iberoamérica –especialmente Venezuela, Bolivia y Cuba-, la política de la UE para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, y aplicar su Plan de Recuperación, el apoyo a la libre determinación y eventual independencia de Cataluña y el País Vasco o el respaldo a los tribunales españoles frente a las decisiones de tribunales extranjeros. Los intentos de la diplomacia española de justificar ante la opinión internacional la posición de España como uno de los pocos países con una democracia bien asentada se hacen añicos, y deja desconcertados a los gobiernos extranjeros, cuando el vicepresidente del Gonierno, Pablo Iglesias, da la razón a al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, en su afirmación de que España no es una democracia completa porque tiene presos políticos y exiliados por motivos de conciencia, así como tribunales no imparciales, y que hay que indultar a estos líderes políticos y celebrar en Cataluña un referéndum de libre determinación. Y lo peor es que el socio minoritario está condicionando en gran medida la política exterior del Gobierno español. Feminismo y diversidad sexual “à go-go” El Gobierno se ha apartado de la tetralogía de Fernández Ordóñez para incluir en la estrategia exterior principios ideológicos ajenos a la auténtica política internacional como la exaltación del feminismo o la protección de los derechos del colectivo LGTBI+. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha vuelto recientemente a reivindicar ante la Comisión de la Mujer de la ONU la “diplomacia feminista” que impulsa el Gobierno español y afirmado que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas serán la columna vertebral y “la brújula que guíe nuestra actuación en las relaciones bilaterales, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en todos los ámbitos de la política exterior.[…] La diplomacia feminista representa la necesaria coherencia entre la política nacional y la acción exterior de España”. Se ha vanagloriado de que las mujeres ocupaban en España el 48% de los ministerios, el 43% de los escaños parlamentarios y el 43% de la judicatura. Se le ha olvidado añadir que las cuatro vicepresidencias del Gobierno estarán ocupadas por mujeres y que, en su departamento, cuatro de los seis más altos puestos están a cargo de mujeres. En la “Guía de Política Exterior Feminista” presentada por Sánchez, el Gobierno se compromete a impulsar el papel de las mujeres en la política exterior, “tanto en la toma de decisiones, como en las negociaciones y en los proyectos de cooperación”. Me parece una idea excelente que uno de los objetivos de la política exterior española sea la protección de los derechos humanos, pero el Gobierno parece reducir el amplio catálogo de estos derechos a la protección del feminismo y de los colectivos LGTBI+. Como he señalado en un artículo anterior –y pido excusas por la auto-cita-, la igualdad entre el hombre y la mujer o el control de una persona sobre su sexualidad entran dentro los derechos humanos, pero no son tales el feminismo o la diversidad sexual, que no pueden ser comparados con ellos, ni –menos aún- puestos en pie de igualdad. Según Muñiz, España es el tercer país más feminista del mundo y ello exige una política exterior y de cooperación coherente con estos valores, que ayude a su consolidación allá donde se cuestionen. España se convierte así en adalid del feminismo en el mundo entero y deberá ir -como Don Quijote- desfaciendo entuertos por doquier. ¿Tratará la diplomacia española de lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en Irán, Arabia Saudita o los autocráticos emiratos del Golfo? ¿Deberán actuar los diplomáticos y las diplomáticas españoles como “pimpinelas escarlatas” para conseguir la igualdad de derechos de los homoxesuales y los transexuales en Rusia, los Emiratos Árabes Unidos o Afganistán? ¿Qué tipo de feminismo deberán exportar España, el de Carmen Calvo, el de Irene Montero o el de Cristina Alberdi? ¿Habrá que parafrasear el eslogan “orwelliano” y mantener que “todos los hombres y las mujeres son iguales, pero los homosexuales y las lesbianas son más iguales que los demás”? ¿Deberá la diplomacia española defender la doctrina “queer” en los foros internacionales?...Éstos y -muchos otros- interrogantes se plantean ante la nueva doctrina sobre el feminismo y la diversidad sexual amadrinada por González Laya. Los esfuerzos para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer son imprescindibles y ya se ha avanzado de forma considerable en España. Se trata de mejorar la situación de la mujer proporcionándole igualdad de oportunidades y algún que otro empujón en caso de paridad, pero no de establecer una igualdad de cuota al margen del mérito, que constituiría un insulto a la mujer. Las mujeres españolas han demostrado que no están por debajo de los hombres, sino que están a la par, cuando son son superiores. No se puede imponer la paridad absoluta en los puestos directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las Embajadas de la noche a la mañana por real decreto y de la noche a la mañana, sin tener en cuenta la realidad de que la mujer no se incorporó al servicio exterior hasta 1971. No se puede ascender a las secretarias o a las consejeras de embajada a la categoría de ministras plenipotenciarias, como no se puede ascender a las comandantes a generales de brigada, para lograr la ansiada paridad, pues es necesariamente una cuestión de tiempo. Por otra parte, para luchar contra la discriminación de la mujer no se debe discriminar al hombre, como se ha hecho en diversas leyes de protección al grupo LGTBI, en las que se ha invertido la carga de la prueba o hecho concesiones injustificadas y discriminaciones de signo contrario. Protección de los derechos humanos Si tanto le preocupa al Gobierno la protección de los derechos humanos, le sugiero que se ocupe de salvaguardar los derechos fundamentales violados a los venezolanos en Venezuela y en Colombia, a los refugiados rohingyas en Birmania y Bangla-Desh o a los sirios en Turquía o Líbano, a los chiitas hutíes en Yemen o a los tibetanos, yoigures y hongkoneses en China. Asimismo cabría proteger y defender a los cristianos perseguidos por el mero hecho de serlo en Irak, Arabia Saudita o China. Debería velar por los derechos de los refugiados y de las personas internacionalmente protegidas, y aumentar las concesiones de asilo, de residencia o permisos de trabajo a estas personas, en vez de expulsarlos del país como ha hecho con algunos refugiados venezolanos. Tendría que presionar a Marruecos para que acabe con sus chantajes migratorios –especialmente en Canarias- y su asfixiante cerco de Ceuta y Melilla, e influir en la Comisión Europea para que se refuercen las fronteras exteriores de la UE, se celebran acuerdos de repatriación con los países de origen o de tránsito de la emigración ilegal y –sobre todo- invierta financiera y tecnológicamente en los países africanos para crear riqueza “in situ” y paliar las razones que llevan a los emigrantes a arriesgar sus vidas para llegar a la Itaca europea. Éstos son objetivos de política exterior y no las milongas de la Estrategia Exterior patrocinadas por el secretario de Estado de España Global. Bien podía dedicar mayores esfuerzos de su departamento a contrarrestar las campañas de intoxicación y de desprestigio lanzadas permanentemente por el separatismo catalán, labor que ha bajado en intensidad en comparación con la institución similar creada por Josep Borrell. También podría el Gobierno –ante las desastrosas perspectivas demográficas que amenazan a España-, realizar una política coherente y razonable de fomento de la natalidad –en vez de alentar el aborto y la eutanasia-, mediante ayudas fiscales y medidas de conciliación laboral, y promover la inmigración legal y controlada, especialmente la procedente de Iberoamérica y de los países de Europa oriental. Debería asimismo velar por los intereses de los habitantes del Campo de Gibraltar –en vez de por los de los gibraltareños- y de Ceuta y Melilla, que se sienten abandonados ante el bloqueo de Marruecos, y a los que los miembros del Gobierno no visitan para no incomodar al Sultán. La auténtica memoria histórica Lleva razón Muñiz cuando afirma que España es uno de los pocos países del mundo que tiene una percepción de sí misma peor de la que tienen los demás. ¿Qué hace el Gobierno para superar este masoquista complejo de inferioridad? No sólo no hace nada a través de una institución adecuada como es la Secretaría de Estado de España Global, sino que asume las calumnias de la “Leyenda Negra”. Ha aceptado las tesis de Podemos y del presidente mejicano Andrés López Obrador de que la colonización española de las Américas fue un acto de genocidio, a diferencia de la inglesa, que extendió su labor civilizadora sobre los indígenas de Norteamérica, que se extinguieron de pura satisfacción. Tenemos que pedir perdón a la humanidad por los desafueros de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan Ponce de León, fray Bartolomé de las Casas o fray Junípero Serra. Dejamos a Portugal que reivindicara la gesta de la primera circunvalación del mundo por parte de Hernán de Magallanes –cuando el reino portugués trató de impedirla con la fuerza de las armas- en detrimento de Juan Sebastián Elcano, y escondemos a Hernán Cortés bajo la alfombra de los prejuicios en sus respectivos centenarios. Aceptamos con mala conciencia –“¡Algo malo habrán hecho!”- el derribo en Estados Unidos de las estatuas de Colón, de fray Junípero y hasta la de Miguel de Cervantes, a los que sólo han defendido los italianos al primero y algunos latinos al segundo. La Historia de la colonización de América no tiene cabida en la memoria de España y hay que pasar por ella como sobre ascuas. La única digna de recuerdo para el Gobierno es la que denomina memoria “histórica” o “democrática”, con la que pretende –siguiendo el modelo de los nacionalistas catalanes- reescribir y manipular la Historia de España, ganar la guerra civil a posteriori” y liquidar la nunca suficientemente alabada Transición. Antes que salvar al mundo, salvemos a España Según Muñiz, la acción exterior de España debería avanzar en la construcción de un nuevo contrato social en el seno de una economía global integrada y de un comercio internacional justo que eleve los estándares laborales y medioambientales, y alinearse estrechamente con la agenda climática para promover un planeta verde. Son deseos loables y piadosos, pero cuya realización escapa a las reducidas posibilidades de España, que lo más que podría hacer es contribuir modestamente a su logro. Bastante tiene con luchar contra la creciente desertificación, el aumento de los incendios y las inundaciones, el deterioro de sus costas y de sus ríos, la contaminación atmosférica o la fragilidad de los ecosistemas. Antes de intentar salvar el mundo, deberíamos tratar de salvar a España, que se encuentra al borde del abismo económico, social y político por la incompetencia y la demagogia de su Gobierno. Según el dicho inglés, “charity begins at home”, que en román paladino podría traducirse por “la caridad bien entendida empieza por uno mismo”. El Gobierno español debería centrarse en resolver los gravísimos problemas a los que tiene que enfrentarse: altísima cifra de muertos y contagiados por la pandemia del coronavirus, desplome de la economía y reducción sustancial del PIB, máxima tasa de paro –especialmente entre mujeres y jóvenes-, colas de hambre, destrucción del tejido empresarial e industrial, hundimiento del turismo y de la hostelería, secesionismo catalán y vasco, campañas internacionales de calumnias y falsedades contra la democracia española, ataques a la independencia de la justicia desde dentro del propio Gobierno, bajísimo nivel escolar, acoso de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, aumento de la inmigración ilegal…etc. El Gobierno de Sánchez haría bien en seguir los consejos de la UE, del Banco Central Europeo, de la OCDE y del FMI –o, sin ir tan lejos, del Banco de España o de la AIREF- para reflotar su declinante economía y utilizar sensata y racionalmente las generosas ayudas económicas que va a facilitar la Unión, encargando el control de su distribución a un organismo técnico, neutral y no politizado, como han hecho Italia o Portugal. A España le sobran filósofos e ideólogos buenistas para diseñar su política exterior, y necesita estadistas y políticos sensatos que defiendan los intereses permanentes de España, en vez de incurrir en ensoñaciones quijotescas para salvar al mundo a través de la exaltación del feminismo y de la diversidad sexual. Según los turiferarios de España Global, tenemo como presidente del Gobierno a un estadista genial, que ha salvado la vida a cientos de miles de españoles, inventado la vacuna contra el covid-19 y conseguido gracias a su prestigio personal –de ahí los pasillos triunfales de sus fieles ministros- que la UE nos regale miles de millones de euros para qué los pueda distribuir a su antojo entre sus cuates y paniaguados. Por favor, señores del Gobierno, dejen de salvar al mundo y traten de salvar a España. Madrid, 18 de marzo de 2021

Irak, cuna del cristianismo y de la división del Islam

IRAK, CUNA DEL CRISTIANISMO Y DE LA DIVISIÓN DEL ISLAM Estos últimos días he seguido con interés y una cierta nostalgia el recorrido del Papa Francisco por unos escenarios que compartí durante algo más de cuatro años durante mi época de Embajador en Irak. Se ha tratado de una visita audaz y arriesgada, pero justificada y necesaria. Más de uno se ha preguntado qué pintaba el pontífice visitando un país musulmán que, además de estar sumido en una profunda crisis política que lo ha convertido en un Estado fallido, padece un enfrentamiento religioso sectario entre sunitas y chiitas, y cuando sólo hay en él unos cientos de miles de católicos. Histórica presencia del cristianismo en Irak Estas personas no parecen conocer la historia de uno de los países más antiguos de mundo, que ha conocido las civilizaciones sumeria, caldea y asiria. Según la tradición iraquí, el paraíso terrenal estuvo en Qurna, enclave ubicado entre los míticos ríos Tigris y Éufrates. Pero Irak –la antigua Mesopotamia- ha sido también la cuna del cristianismo. De Ur partió hacía Palestina el patriarca Abraham, padre de las tres religiones monoteístas. En Kirkuk se encuentran las tumbas de varios de los profetas menores de la Biblia y en un santuario de Mosul se conservan los restos del profeta Jonás o Yunus –venerado por musulmanes y cristianos-, que fue volado en 2014 por los energúmenos del Estado Islámico durante su ocupación de la provincia de Nínive. Aún recuerdo la impresión que me causó, cuando visité en la colina de Nabi Yunus, la mezquita-iglesia dedicada al patriarca de la ballena y ver la devoción con que rezaban ante sus restos peregrinos musulmanes, cristianos y yazidíes. Irak fue cristianizada por el apóstol Tomás y en él predicó Pablo de Tarso en sus viajes entre Jerusalén y Roma, a través de Asia Menor, Turquía y Grecia. Los musulmanes son unos relativos “parvenus” en la Historia de Irak, pues sólo consolidaron la ocupación del país en el año 633 tras su victoria sobre los persas en la batalla de Qadisiya. No es de extrañar que de las veinte salas con que contaba el maravilloso Museo Arqueológico de Bagdad, sólo dos estuvieran dedicadas a la cultura islámica. El Papa no ha sido un intruso en tierra extraña, sino que ha visitado un país que le es históricamente familiar y en el que sus ciudadanos cristianos han sido últimamente perseguidos por los islamistas radicales, martirizados y obligados a abandonar sus hogares y a exiliarse. Del millón y medio de católicos que había en Irak a finales del pasado siglo, apenas quedan en la actualidad un par de cientos de miles. Entre los objetivos principales del viaje del Papa, figuraban los de rendir homenaje a los cristianos del país, llevarles un mensaje de esperanza y alentarlos a que permanezcan en su tierra a pesar de las inmensas dificultades a las que se enfrentan. Escisión del Islam entre sunitas y chiitas Alí, yerno de Mahoma, accedió al califato el año 656, pero murió cinco años después tras ser derrotado por el sublevado gobernador de Siria Muavilla. Le sucedió su hijo Husein que se tuvo que enfrentar con el califa Yazid, quien lo derrotó en 680 en Kerbala, donde fue muerto y enterrado, Su muerte provocó un cisma en el Islam entre los seguidores de Yazid –sunitas- y los de Husein –chiitas-. No hay diferencias teológicas entre las dos tendencias, pues ambas aceptan los principios básicos del Islam, comparten la creencia en Alá y en el profeta Mahoma, se rigen por los dictados del Corán y de la Sharía, tienen la misma concepción misógina de la mujer y preconizan la “yihad” contra el infiel. Sólo mantienen ligeras divergencias, como las de que el chiismo, tiene un aspecto más sacrificial –que se pone de manifiesto en la fiesta de la Ashura o del sacrificio- y cuenta con una estructura más jerarquizada que el sunismo, dirigida por los grandes ayatollahs. El la época de Saddam Hussein, Irak era una república laica donde había separación entre la Iglesia y el Estado, y existía libertad religiosa y de culto. El 95% de la población practicaba la religión musulmana, de la cual el 56% era chiita y el 44% sunita. Aunque el Gobierno y la Administración estaban en manos de los sunitas, los chiitas podían practicar sin obstáculos su religión y en el país se encontraban los principales lugares sagrados del chiismo -Kerbala, Najef, Samarra y Khadimiya-, y en él vivían varios grandes ayatollahs. Cuando el gran ayatollah Ruhollah Jomeini fue expulsado de Irán por el Sha Reza Pahlevi, se refugió en Najef, donde permaneció hasta que se firmó el acuerdo de delimitación del Chat-el-Arab, cuando el Pahlevi pidió a Saddam que lo expulsara de Irak a cambio de que Irán dejara de apoyar a los rebeldes kurdos. Jomeini nunca le perdonó a Saddam esta expulsión, lo que contribuyó a aumentar la animosidad entre los dos líderes. En Bagdad había hasta siete obispos cristianos: el caldeo y el asirio –en su doble versión católica y ortodoxa-, el armenio, el latino y el anglicano. El ministro de Asuntos Exteriores, Tarik Aziz, era cristiano y en la Administración otros cristianos ejercían puestos de responsabilidad, como el director general de Artes Musicales, Munir Bashir. No había, sin embargo, ningún cualificado representante del islamismo sunita, aunque si habitaban en el sur varios ayatollahs chiitas, aunque ninguno de ellos tuviera una primacía jerárquica.. Historia reciente de Irak Cuando Jomeini logró derrocar al Sha en 1979, estableció un régimen teocrático dirigido por los ayatollahs y los mullah”-religiosos-, y trató de exportar la revolución chiita al Próximo Oriente, a lo que se opuso Saddam y se provocó una guerra sangrienta que duró ocho años y terminó en tablas, y de la que ambos Estados salieron malparados. Dentro de Irak, tan sólo el movimiento chiita clandestino “Al-Dawa” se opuso abiertamente a Saddam , aplicando tácticas terroristas como el uso de coches-bombas. Tras la primera guerra del Golfo, provocada por la invasión iraquí de Kuwait en 1990, el potente ejército iraquí fue fácilmente derrotado por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, pero el presidente George H. Bush tuvo el buen criterio de no eliminar a Saddam –por considerarlo un mal menor- y limitarse a cortarle las alas y a controlar férreamente la producción petrolífera iraquí. Tras la segunda guerra del Golfo en 2003, el presidente Georges W. Bush Jr trató de enmendarle la plana a su padre destituyó a Saddam –que sería ejecutado- y, de forma irresponsable, desarboló el Ejército y la Administración iraquíes, y entregó el poder al radical líder de Al-Dawa, Nuri al-Maliki, quien arrojó a los sunitas a las tinieblas exteriores y provocó un conflicto civil entre las dos corrientes del Islam. Los excluidos miembros del ejército –sunitas en su inmensa mayoría- se alzaron contra el Gobierno y al-Maliki armó con la ayuda se Irán milicias chiitas que pasaron a constituir el ejército del nuevo Gobierno. Entre tanto se había recrudecido la guerra civil en Siria y las milicias sunitas más radicales -que constituirían el Ejército Islámico- se apoderaron de buena parte del este de Siria y del Noroeste de Irak, en connivencia con los insurrectos iraquíes, derrotaron fácilmente a las poco motivadas milicias chiitas y se apoderaron de las provincias de Al- Anbar, Saladino y Nínive, incluida su capital Mosul, donde el dirigente radical, Abu Bakr al-Bagdadi, proclamó el Califato Islámico e inició una campaña de exterminio de los yazidies y de los cristianos. Sólo los “peshmerga” kurdos consiguieron parar la ofensiva del “Daesh” gracias al apoyo aéreo de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. Al-Maliki fue sustituido por el chiita moderado Haider al-Abadi, que trató de reorganizar el ejército y pactar con los sunitas, con lo que mejoró algo la situación, pero se mantuvo la actuación de múltiples milicias paramilitares chiitas, especialmente la controlada por el mullah Muktada al-Sadr. Le sucedió en 2018 Adil Abdul Mahdi, que tuvo que enfrentarse al deterioro de la situación económica por la caída del precio del petróleo –que supone el 95% de los ingresos de Irak- y los efectos de la epidemia del covid-19, que produjeron un considerable del paro y el consiguiente malestar social. A ello se sumaba la situación estratégica del país como campo de juego del enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita por el liderazgo en la región, y las tensiones de las milicias chiitas con las tropas norteamericanas acuarteladas en Irak . En enero de 2020 se produjo el asesinato mediante un dron norteamericano del general iraní Kasem Soleimani, comandante de la fuerza “Al-Qud”, quien había potenciado las milicias chiitas en Oriente Medio –especialmente la de Hizbollah en Líbano-, desempeñado un papel fundamental en la victoria de Bashar al-Asad en la guerra civil siria, y contribuido a la derrota del Daesh, tanto en este país como en Irak, lo que produjo un empeoramiento de las relaciones de Estados Unidos con Irán y, consiguientemente, con Irak. Se produjeron numerosas manifestaciones y disturbios y Mahdi tuvo que presentar su dimisión. Transcurrieron seis meses con un Gobierno en funciones que no podía asentar su autoridad y finalmente fue nombrado primer ministro Mustafá al-Kadhimi, abogado, periodista y jefe del Servicio Nacional de Inteligencia –sin adscripción política, pero destacado opositor a Saddam-, que mantenía buenas relaciones con los países occidentales y árabes, y no se llevaba mal con Irán. Aunque consiguió imponer algo de orden, siguieron las manifestaciones y protestas callejeras, y los ataques con misiles por parte de las milicias chiitas a las tropas norteamericanas en diversas bases, incluida la aneja al aeropuerto de Erbil, donde estaba previsto que se celebrara uno de los actos del Papa. En estas condiciones de inestabilidad se presentaba el viaje de Francisco, que estuvo en un tris de ser anulado, pero que se mantuvo una vez que las milicias decidieron una moratoria en sus ataques durante la visita papal. De ahí lo arriesgado del viaje que el pontífice asumió con determinación y espíritu evangélico. El Papa fue recibido a pie de avión por el presidente de la República, el kurdo Barham Saleh, y el primer ministro Mustafá al-Kadhimi, ante los que resaltó la necesidad de que callaran las armas y cesaran “los intereses externos, que son indiferentes a la población local”, y de que nadie fuera considerado ciudadano de segunda clase. Francisco perseguía con su sorprendente viaje un doble objetivo: animar a la traumatizada población católica iraquí y promover el diálogo entre el cristianismo y el Islam, la conciliación y la paz. A estos efectos, recorrió en apenas tres días Irak de norte a sur y de sur a norte, y visitó Bagdad, Ur, Najef, Mosul, Qarakosh y Erbil. Aspectos religiosos de la visita Francisco calificó de emblemático su viaje, que se basaba en “un deber hacia una tierra martirizada durante años”. Pretendía infundir aliento a los cristianos y animarlos a que continuaran con su presencia en Irak, y hacer un llamamiento a los exiliados forzosos a que regresaran al país. Los más de millón y medio de cristianos que vivían especialmente en Bagdad, la región de Nínive –con Mosul, Qarakosh y el monasterio de Mar Behnan- y el Kurdistán -donde se habían refugiado muchos de los perseguidos por los fanáticos del Estado Islámico- habían quedado reducidos a unos 200.000. La población de 50.000 habitantes de Qarakosh –cristianos en su mayoría- había quedado reducida a 20.000 y, de los 45.000 cristianos con que contaba Mosul –la ciudad multi-confesional en la que durante siglos cohabitaron pacíficamente musulmanes, cristianos, yazidis y zoroastrianos- sólo han quedado unas decenas. El Papa se dirigió especialmente a ellos y les aseguró que era muy cruel que un país como Irak, que había sido la cuna de la civilización cristiana y universal, hubiera sido golpeado por una tormenta de violencia, un golpe bárbaro que dejó los centros de culto destruidos, y donde miles de personas –tanto cristianas como musulmanas o yazidíes- había sido aniquiladas o desplazadas por los terroristas. “La trágica disminución de los discípulos de Jesús, tanto aquí como en el Próximo Oriente –les dijo- supone un daño incalculable para la sociedad que han dejado detrás. Un tejido social tan rico y diverso se ve debilitado. Al igual que ocurre con una alfombra que tiene un diseño intrincado, si se le quita un hilo pequeño, se daña toda ella”. Puso en valor la presencia de la minoría cristiana y señaló que se debería iniciar un proceso de reconstrucción del tejido social y volver a recuperar las raíces culturales comunes que, a lo largo de los siglos, habían construido una historia de tolerancia y convivencia pacífica. “Estoy seguro que hay momentos en los que la fe se debilita, en los que parece que Dios no nos ve o no hace nada. Recordad, Jesús está a vuestro lado, no os rindáis, ni perdáis la esperanza”. Francisco ha compartido este sentimiento con los líderes políticos y religiosos de Irak. El presidente Saleh defendió la necesidad del retorno de los cristianos que habían huido del país, porque no se podía imaginar un Oriente sin cristianos, que eran los dueños y la sal de esta tierra. El presidente kurdo, Nerchivan Barzani, afirmó que el Kurdistán siempre había apoyado el diálogo y la paz, y creía en la libertad y en la coexistencia. El pluralismo religioso y étnico era una fuerza de riqueza y fortaleza, y los cristianos siempre habían sido “una parte fundamental e inseparable de la región autónoma”, y prometió que su Gobierno haría todo lo posible para protegerlos. Se celebró junto al zigurat de Ur una ceremonia de confraternización ecuménica, a la que asistieron representantes de todas las denominaciones religiosas presentes en Irak y el Papa se entrevistó en Najef con el líder más prestigioso del chiismo, el gran ayatollah Alí al-Sistani, quien puso de manifiesto su interés por asegurar que los cristianos vivieran en paz y seguridad como cualquier otro iraquí, y aseguró que la cúpula chiita les ofrecería protección frente a la injusticia. Francisco agradeció a Sistani que levantase su voz en defensa de los más débiles y perseguidos, y resaltó la importancia de la unidad del pueblo iraquí. Por muchas que sean las garantías ofrecidas –y no cabe duda de que estas declaraciones constituyen un elemento sumamente positivo- es natural que los cristianos tengan dudas sobre continuar viviendo en Irak o que los que habían tenido que abandonarlo decidan regresar. Como ha observado la monja dominica Lumá Afrén, muchos se han marchado al extranjero y no podemos decirles nada. Los cristianos forman parte de esta tierra, pero el miedo que padecen muchos de ellos es comprensible. “¡Quién se iba a poder imaginar lo que ocurrió en 2014! Y nadie puede prever el futuro de Irak”. Este es el gran problema con que se enfrenta la minoría cristiana, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el país en un futuro inmediato y, especialmente, la preocupación por la educación de los hijos La situación religiosa en Irak es poco alentadora, pues su tradicional islamismo laico y dialogante se enfrenta a dos modelos igualmente fanatizados e intransigentes -el chiismo iraní y el wahabismo saudita-, que tratan de imponerse en el país religiosa y políticamente. No sé cuál de los dos es peor, aunque yo me inclino por el radicalismo wahabita, que no sólo oprime a los ciudadanos de Arabia Saudíta, sino que exporta su pérfida doctrina a otros países musulmanes, financia las escuelas coránicas –“madrasas” y los movimientos islámicos más radicales y sectarios –incluidos algunos yihadistas y terroristas-, persigue a los chiitas de su propio país, de Bahrein o de Yemen –incluida la agresión militar a los “huties” de este último país-, y no permite la práctica de culto alguno distinto del Islam. La Arabia de los Saud, uno de los países más autocráticos del mundo, ha tenido la desfachatez de crear en Viena en 2012 el Centro Internacional Rey Abdullah Ibn-Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural, con el fin de “posibilitar, potenciar y promover el diálogo de diversas religiones y culturas de todo el mundo” Aspectos políticos de la visita En el plano político, el Papa se ha presentado como mensajero de la paz y ha subrayado la importancia de la amistad y colaboración entre todas las comunidades religiosas para que, “cultivando el diálogo con respeto recíproco, se pueda contribuir al bien de Irak”. Ha reiterado el compromiso asumido en el documento en favor de la fraternidad que firmó en 2019 junto con el gran muftí sunita de la mezquita de Al-Athar, Ahmed al-Tayeb, en el que exhortaban a todos los creyentes a que dejasen de utilizar la religión para incitar al odio, a la violencia, al extremismo y al fanatismo ciego, y que se abstuvieran de usar el nombre de Dios para justificar asesinatos, exilios, opresiones o actos de terrorismo. Los terroristas no son leales a ninguna religión y –como ha destacado el papa Francisco, “utilizar el nombre de Dios para justificar la violencia es una blasfemia”. Sin embargo, esto no es lo que piensan muchos mullahs y fieles musulmanes, sean sunitas o chiitas, que hacen una interpretación literal y ucrónica del Corán, especialmente de las suras sobre la yihad y la lucha permanente contra el infiel. La guerra santa que los yihadistas despliegan contra el mundo infiel es la lucha contra la resistencia diabólica al mandato de Alá, y para esa resistencia el Corán contempla el castigo de la muerte. Al grito de “Alah akbaru!” –“¡Alá es grande!”- los musulmanes radicales intentan aplicar el Corán y la Sharía en toda la tierra de forma violenta si fuera necesario, y se muestran dispuestos a izar su bandera verde por doquier. El Corán dice que “la yihad es ordenada a los musulmanes aunque les disguste”, “haced la yihad por Alá como Él se merece”, “no obedeced a los infieles y hace yihad contra ellos con toda la fuerza”, “si no marchan por el camino de Alá, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis”, ”los infieles son para vosotros un enemigo declarado”, “infundiré el terror en los corazones de quienes no creen, ¡cortadles el cuello!”, “a los que se nieguen a creer, golpeadles en sus cuellos”, “combatid contra ellos, Dios los castigará a manos vuestras”, combatid con los infieles que tengáis cerca”… Aunque el suicidio está condenado en el Corán –“el hombre que se quite la vida por sus propias manos vivirá eternamente en el infierno”-, varias escuelas coránicas admiten su licitud moral cuando los suicidas actúan por una “causa islámica”. A ello se suma la exaltación que hace el texto sagrado de los que mueren en combate contra el infiel –“a quienes combatieran y fueran muertos los introduciré en los jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, recompensa de Alá” o “a quien combatiendo por Alá sea muerto, le daremos una magnífica recompensa”. Las corrientes más radicales del sunismo –especialmente el wahabismo saudita- y del chiismo relativizan el valor de la vida y ensalzan la inmolación suicida. En las madrasas se adoctrina a los alumnos y se les lava el cerebro, se culpa a otras religiones de todas las maldades del mundo, se inculca el odio al cristianismo y a Occidente, y se fomenta la confrontación y la violencia entre las diversas religiones y culturas. De aquí salen nuevas generaciones que pasan sin solución de continuidad del yihadismo al terrorismo. La inmensa mayoría de los musulmanes son gente pacífica, pero no así muchos de sus líderes, que pecan por acción –apoyo al yihadismo- o por omisión –abstención en la condena de los actos terroristas-. Si el Corán ya alienta a la “santa violencia”, empeora la situación las interpretaciones sectarias que de él hacen Algunos mullahs, indocumentados y fanáticos, siempre dispuestos, por sí y ante sí, a dictar una “fatwa” de condena a muerte de cualquier infiel. Según Julia Kristeva, a falta de ideales, los jóvenes abrazan una forma de religión que no conocen suficientemente y adoptan de ella ciertos esquemas que les permiten sacrificarse por una causa, pensando que con ello alcanzarán el paraíso. Al llamar a la guerra santa, las autoridades musulmanas otorgan a la lucha armada un carácter religioso y hacen del Corán –en palabras de Javier Villa- un “arma de combate”. Para contrarrestar esta tendencia, es imprescindible –a juicio de Manuel Núñez Encabo- deslegitimar la pretendida justificación religiosa de las acciones yihadistas. Hay que poner en valor el tronco común “abrahánico” del que se nutren las religiones cristiana, musulmana y judía. El diálogo entre el cristianismo y el islamismo se ve dificultado por la falta en éste de una autoridad mundial y de una jerarquía institucionalizada como la del papado, pero hay que intentarlo en los distintos niveles, como hace del Papa Francisco. Por eso, es digno de encomio su viaje a Irak y sus esfuerzos en pro de un diálogo y una cooperación entre las distintas religiones en beneficio de la paz mundial. Madrid, 11 de marzo de 2021

Cartaabierta a Raphael Minder y al "New York Times"

CARTA ABIERTA A RAPHAEL MINDER, Estimado Sr. Minder: Nos conocimos en marzo de 2019 en una reunión “off the record” en Madrid con varios periodistas, en la que algunos miembros del Foro de Profesores le dimos una versión sobre la situación en Cataluña distinta a la que mantenía en sus artículos en el “New York Times”. Creí que estaba mal informado e influenciado por la propaganda independentista y, por ello, he tratado desde entonces de facilitarle información fidedigna de lo que ocurre en Cataluña. No parece que haya producido mucho efecto, pues sigue con sus opiniones partidistas, como se ha puesto de manifiesto en su artículo “Spain Hoped Catalonia´s Separatists Would Fade . They´re Gaining Ground”, que contiene imprecisiones, omisiones, medias verdades y alguna mentira. A veces las medias verdades son peores que las mentiras por que dan apariencia de objetividad. Afirma que los partidos pro-independentistas han vencido en las elecciones catalanas y alcanzado la mayoría de votos y de escaños en el Parlament, y que, dentro del campo independentista, ha ganado el partido moderado de izquierdas ERC. Los partidos separatistas han perdido, sin embargo, 718.644 votos en relación con las elecciones de 2017, pero como consecuencia del injusto sistema electoral -que favorece a las provincias del interior menos pobladas y más nacionalistas- le ha permitido consolidar su mayoría parlamentaria, pese a que los tres partidos independentistas sólo han obtenido el 48% de los votos. Ello no se ha debido a la aportación de ERC –que de moderado tiene bien poco-, sino al partido radical antisistema CUP, que ha aportado cinco nuevos escaños. Con una abstención del 46.4%, los votos obtenidos por estos tres partidos suponen el 26.9% del electorado catalán y el 3% del español ¿Cree Vd que estos porcentajes reflejan la voluntad del pueblo catalán y permiten declarar unilateralmente la independencia de una región que forma parte integrante de España? Respecto al rapero Pablo Hasel, ha afirmado que se encuentra en prisión por exaltar el terrorismo y denigrar a la monarquía en sus canciones, pero silenciado que ha sido condenado por los tribunales en diversas ocasiones no sólo por injurias y calumnias en sus “tweets” y enaltecimiento del terrorismo, sino también por falso testimonio, obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, allanamiento, amenazas a un testigo y lesiones a un periodista. El pensamiento no delinque, pero la palabra sí, y aún más si le sigue una acción delictiva. Vd. conoce perfectamente los hechos, pero los ha ocultado a sus lectores. Si un funcionario público puede ser acusado legalmente de prevaricación, un periodista podría serlo moralmente de “prevaricación periodística”, si violara las normas éticas del periodismo. Vd es muy libre de opinar que una parte minoritaria del pueblo catalán tiene derecho a decidir unilateralmente la independencia de Cataluña o que el delincuente Hasel se encuentra en la cárcel por haber ejercido su derecho de libre expresión sin haber violado norma alguna, pero creo que un periodista no debe confundir o mezclar los hechos objetivos con las opiniones subjetivas. Lamento que siga con un “parti pris” en la cuestión de Cataluña y que s crónicas contribuyan a afianzar la actitud de su periódico que, con sus frecuentes críticas, no favorece la posición de los Gobiernos democráticos de España. Atentos saludos Madrid, 20 de febrero de 2021 José Antonio de Yturriaga, Embajador de España y profesor de Derecho Diplomático OPEN LETTER TO RAPHAEL MINDER, Dear Mr.Minder, We met in march 2019 at a briefing “off the record” with several journalists in Madrid, where some members of the “Foro de Profesores” offered a version of the situation in Catalonia rather different from the ones that you have expressed in your articles in the “New York Times”. I believed that you were ill-informed and influenced by the propaganda of the independent parties and, for that reason, I have tried since then to give you reliable information about what was really happening in Catalonia. It does not appear to have produced any effect, since you continue to maintain your biased opinion on the matter, as can be deduced from your article entitled “Spain Hoped Catalonia´s Separatists Would Fade. They´re Gaining Ground”, which is filled with lack of precision, omissions, half-truths and a few lies. Sometimes, half-truths are worse than lies because they give an appearance of objectivity. You have stated that parties seeking to create a breakaway for Catalonia increased their majority in the regional Parliament at the Catalonian elections and received a majority of votes, and that moderation within the pro-independence camp had prevailed, since ERC, a moderate leftist party, had won. The truth of the matter is that the separatist parties have lost 718.644 votes compared with the 2017 elections, but the unfair electoral system –which benefits the inner Catalonian provinces, less populated and more nationalist- has allowed them to consolidate their parliamentary majority despite the fact that the three independent parties got only 48% of the votes. The gain was not been provided by ERC –which can hardly be considered a moderate party-, but by the radical antisystem party CUP, which has won five new seats, With a 46.4% abstention, the votes obtained by these parties amount to 26.9% of the Catalonian electors and 3% of the Spanish ones. Do you really think that such percentages reflect the will of the Catalonian people as a whole and permit it to unilaterally declare the independence of a region which forms part of Spain? With regard to the rapper Pablo Hasel, you have said that he faces prison on charges that his rap lyrics glorified terrorism and denigrated the monarchy, but you omit to mention that he has been condemned by various courts not only for slander and glorification of terrorism in tweets, but also for crimes of false accusations, obstruction to justice, resistance to authority, housebreaking, threats to a witness, and injury to a journalist. Thoughts do not transgress, but words do, especially if they are followed by criminal action. You are aware of the facts, but you have hidden them from your readers. If a civil servant can be legally prosecuted for prevarication, a journalist may be accused morally of “journalistic prevarication”, if he violates the ethical rules of journalism. You may think that a minority part of the Catalonian people has the right to unilaterally declare Catalonia´s independence or that Hasel is in prison for having exercised his freedom of expression without committing any wrongdoing, but I believe that journalists should not confuse or mix objective facts with their subjective opinions. I regret that you maintain your “parti pris” concerning Catalonia and that your articles contribute to strengthen the attitude of your paper that, with its frequent criticisms, does not favor the position of the democratic Spanish Governments. Madrid, February 20th, 2021 José Antonio de Yturriaga, Ambassador of Spain and professor of Diplomatic Law FALTA DE OBJETIVIDAD DEL CORRESPONSAL DEL “NEW YORK TIMES” José Antonio de Yturriaga, Embajador de España En marzo de 2019 conocí a Raphael Minder, corresponsal del “The New York Times”, en una reunión “off the record” celebrada en Madrid, en la que miembros del Foro de Profesores le expusimos una versión sobre la situación en Cataluña distinta a la que él mantenía en sus artículos. Creí que estaba mal informado e influenciado por la propaganda independentista y traté, desde entonces, de facilitarle información fidedigna de lo que ocurría en Cataluña. No parece que haya producido mucho efecto porque sigue con sus opiniones partidistas, como ha puesto de manifiesto en su reciente artículo “Spain Hoped Catalonia´s Separatists Would Fade . They´re Gaining Ground”, que contiene imprecisiones, omisiones, medias verdades y alguna mentira. A veces las medias verdades son peores que las mentiras porque dan apariencia de objetividad. En el artículo afirma que los partidos pro-independentistas han vencido en las elecciones catalanas y alcanzado la mayoría de votos y de escaños en el Parlament, y que, dentro del campo independentista, ha ganado el partido moderado de izquierdas ERC. No menciona , sin embargo, que los partidos separatistas perdieron 718.644 votos con respecto a las elecciones de 2017, si bien el injusto sistema electoral -que favorece a las provincias del interior menos pobladas y más nacionalistas- les ha permitido consolidar su mayoría parlamentaria, pese a que los tres partidos independentistas sólo obtuvieron 48.1% de los votos. La mejora no se ha debido a la aportación de ERC –que nada tiene de moderado, por cierto-, sino a la del partido radical antisistema CUP, que ha aportado cinco nuevos escaños pese a haber perdido 6.410 votos. Con una abstención del 46.4%, los votos obtenidos por partidos separatistas suponen el 26.64% del electorado catalán y el 3% del español. Como ha señalado Benoit Pellistrandi, estos porcentajes no reflejan la voluntad del conjunto del pueblo catalán, ni permiten construir una Nación ni un Estado. Respecto al rapero Pablo Hasel, Minder afirma que está en prisión por exaltar el terrorismo y denigrar a la monarquía en sus canciones, pero silencia que ha sido asimismo condenado en otras ocasiones por falso testimonio, obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, allanamiento de morada, amenazas a un testigo y lesiones a un periodista, que no son delitos de opinión. El pensamiento no delinque, pero la palabra sí, aún más si es seguida por una acción delictiva. El corresponsal conoce estos hechos pero los ha ocultado a sus lectores, algo poco ético. Si un funcionario público puede ser acusado legalmente de prevaricación, un periodista podría serlo moralmente por “prevaricación periodística” cuando violare las normas éticas del periodismo. Cualquiera es muy libre de opinar que una parte minoritaria del pueblo catalán tenga derecho a decidir unilateralmente la independencia de Cataluña o que Hasel se encuentre en prisión por haber ejercido su derecho de libre expresión sin haber violado ninguna otra norma, pero no se deben confundir o mezclar los hechos objetivos con las opiniones subjetivas. Es lamentable que un buen corresponsal como Minder siga con su “parti pris” en la cuestión de Cataluña y que sus crónicas contribuyan a afianzar la actitud del influyente periódico neoyorkino, que -con sus frecuentes y ligeras críticas a España- cuestiona la posición de sus Gobiernos democráticos. LETTER TO “THE NEW YORK TIMES” Dear Sir, In the article “Spain Hoped Catalonia´s Separatists Would Fade. They´re Gaining Ground”, Raphael Minder stated that separatist parties in Catalonia received a majority of votes when they lost 718.644, but the unfair electoral system allowed them to increase their parliamentary majority with only 48% of the votes. With 46.4% abstention, the votes obtained amounted to 26.9% of the Catalonian electors. Does such percentage reflect the will of the Catalonian people? He stated that the rapper Pablo Hasel faced prison because his rap lyrics glorified terrorism and denigrated the monarchy, but omitted that Hasel has also been condemned for obstruction to justice, resistance to authority, housebreaking, threats to a witness, and injury to a journalist, facts which have been hidden from your readers Although thoughts do not transgress, words do. A journalist may be accused of moral prevarication for violating the ethical rules of journalism. One may think that a minority part of the Catalonian people has a right to unilaterally declare Catalonia´s independence or that Hasel is in prison for exercising his freedom of expression, but journalists should not mix objective facts with subjective opinions. Minder maintains a “parti pris” concerning Catalonia and encourages a critical attitude towards Spain. José Antonio de Yturriaga, Ambassador of Spain