El anteproyecto de memoria democrática es una aberración

ELANTEPROYECTO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA ES UNA ABERRACIÓN El pasado 15 de septiembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley sobre la Memoria Democrática elaborado bajos los auspicios de la vicepresidenta primera del Gobierno. Según Carmen Calvo, el texto sigue la estela de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que abrió “abrió puertas para enfrentar a nuestro pasado, ha dado extraordinarios frutos y ha marcado el rumbo por donde teníamos que seguir trabajando”. Ha cambiado el calificativo de “histórica” por el de “democrática” para recoger los hitos de la lucha del pueblo español por sus libertades y derechos. ”La democracia española no se podía permitir estar un día más sin una ley como ésta. Si la de 2007 ya llegó tarde, imagínense como llega la de 2020”. Pues la verdad es que no me lo imagino porque, si mala fue la ley de José Luis Rodríguez Zapatero, mucho peor es la de Pedro Sánchez. Pero, ¿por qué tiene tanta prisa la vicepresidenta? Según David Jiménez Torres, el anteproyecto fue aprobado el mismo día en que el Ministerio de Sanidad informó de 156 nuevos muertos por covid-19 y que FUNCAS anunciaba la caída este año del PIB en un 13%, y un día después de que la Fiscalía General del Estado recomendara la no admisión de las querellas presentadas contra el Gobierno por su manejo de la crisis sanitaria. Ante una situación marcada por la enfermedad, la muerte, el desempleo y el empobrecimiento, se anuncian medidas de raíz simbólica que mantengan a las bases satisfechas y movilizadas. Iván Redondo sabe que lo más cercano a una guerra cultural es el recuerdo de la guerra civil, y que no hay mejor manera para normalizar ante sus votante sus trapicheos con ERC y Bildu que mantener que, al otro lado de la línea ideológica, sólo hay franquismo. En opinión de Jorge Bustos, Francisco Franco nunca sospechó que pudiera proyectar después de muerto una sombra tan alargada como la que proyectó mientras estuvo vivo. Claro que en política depende de quien maneje el foco, y en este caso lo hace el PSOE, primera productora nacional de ilusionismo mediático, aunque –con los salarios congelados y las pensiones tiritando- la propaganda no cala igual y, desde la cola del paro, el ardor militante se atempera. Por eso, los reprogramadores del eterno combate Franco-Sánchez no esperan hacer una gran bolsa, sino provocar a Vox lo suficiente para que entre al trapo y se active entre los socialistas y sus simpatizantes el pánico mitológico a la alternativa. Para Javier Redondo, no hay nada imposible para el binomio Pedro Sánchez y Pablo “La pala de la memoria es el ungüento que alivia la inoperancia, ahúma la nulidad, solivianta atavismos, y pretende distraer el ojo de la persiana del negocia echada, la cola del paro, las ayudas sin cobrar, las arcas vacías, los apremios de Bruselas y las machadas de Bildu. El recurso a la memoria resulta un filón inagotable para los tercios de la división”. El anteproyecto extiende el franquismo hasta 1978 y revisa el papel del PSOE durante la transición. El partido acepta el relato de lo que era la izquierda marginal –asumido por Podemos- y pone en entredicho las leyes de Reforma Política y de Amnistía, que carecían de legitimidad al haber sido aprobado por las élites franquistas. A este respecto, conviene recordar el Tribunal Supremo afirmó en su sentencia de 2012 sobre Baltasar Garzón, que la Ley de Amnistía no fue aprobada por los vencedores detentadores del poder para encubrir sus crímenes, sino que fue adoptada por abrumadora mayoría en las Cortes Constituyentes como reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo, por lo que ningún juez o tribunal podía cuestionar la legitimidad de tal proceso. Para Rafa Latorre, el Gobierno trabaja para que la memoria de los españoles se vea afectada por una particular demencia que imponga el olvido de lo reciente y un vívido recuerdo de lo remoto. “El franquismo es la dopamina del PSOE, que necesita de la enésima forma legal en su eterno combate póstumo con Franco, por lo que el franquismo ha de permanecer siempre en trance de ser derrotado”. Es lo que en Román paladino se denomina “alancear al moro muerto” y -según Javier Maroto-, el Gobierno recurre al comodín de Franco para tapar su deficiente gestión y sus mentiras. Francisco Rossell ha estimado que la memoria democrática aspira a hacer del pasado el provenir que nos espera, mediante un recurso al antifranquismo sobrevenido por quienes resucitan a Franco para instaurar las bases de una tiranía, una estrategia que valga para tapar la negligente gestión del coronavirus. Trata de normalizar los apaños con ERC y Bildu, vinculando a todo el espectro a la derecha del PSOE con el franquismo. Para “El Mundo”-, si su gestión naufraga y los escándalos se le amontonan, acude a la tumba del dictador El anteproyecto está pensado para prolongar la guerra cultural entre españoles y se basa en una burda distorsión de las palabras para azuzar el revanchismo y exprimir la utilización maniquea del pasado a fin de condicionar el presente y ganar poder en el futuro. Cuando su gestión naufraga y los escándalos se le amontonan, el Gobierno acude a la tumba del dictador. Su necrofilia ya resulta grotesca. Diferencia entre Historia y Memoria Historia y memoria son dos términos distintos e incompatibles. Según Fernando del Rey, la Historia no es una ciencia exacta, no hay una única lectura del pasado y, en algo como una guerra civil, caben muchas memorias. La Historia es –o debe ser- objetiva y hay una sola Historia, aunque pueda haber diversas interpretaciones de la misma. Debe ser escrita por los historiadores y no por los políticos, pero –como ha señalado Julia Navarro- en la España de los últimos tiempos, la Historia la quieren escribir los políticos, y –según Fernando García de Cortázar, son los políticos los que deciden qué es Historia y cómo debe enseñarse, con lo que tratan de adoctrinarnos. La Memoria, en cambio, no es única y hay tantas memorias como individuos, por lo que es necesariamente subjetiva. Sería positivo que el Estado diera cobertura a las distintas memorias, pero respaldar oficialmente determinadas lecturas del pasado es una aberración incompatible con una democracia pluralista. Del Rey ha expresado su comprensión con ciertas reivindicaciones de los movimientos de memoria histórica, si se trata de desenterrar cadáveres, entregar los restos a sus allegados y devolverles la dignidad, pero ve el peligro de que se cree una política oficial sobre el pasado, lo que en una democracia sería una barbaridad. El proyecto de recuperar la memoria de los perdedores resulta ambiguo, porque parece obviar que hubo otro bando que también tuvo sus víctimas. Vienen a mi mente los versos de Alonso de Ercilla en “La Araucana”: “Y habiendo cantado ya la victoria – de los contrarios hasta rebatidos- quedaron vencedores los vencidos”. Esto es lo que pretenden hacer los descendientes de los republicanos –entre los que se encuentran al parecer Sánchez e Iglesias- mediante la memoria histórica o democrática: aplicar la moviola y ganar la guerra civil, aunque sea de forma virtual y simbólica. Como ha observado Isabel San Sebastián, Sánchez pretende imponer una única visión sesgada y partidista de lo acontecido en España durante el último siglo, para así facilitar la magna siembra demagógica y falsaria. En opinión de “El Mundo”, sólo un calculado y mezquino interés político puede explicar la obsesión del Gobierno por abrir heridas de hace más de 80 años e ignorar otras que siguen desgarrando de manera obscena a los españoles y envenenando la convivencia social. Así, mientras la vicepresidenta Calvo volvía a poner de máxima actualidad de la guerra civil y el franquismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende con su política de privilegios a los presos de ETA dar por superado el terrorismo de la banda, con el espurio objetivo de conseguir el apoyo de Bildu a los presupuestos. Según Michael Sandel, la memoria histórica sólo puede convertirse en obligatoria cuando cuente con el consentimiento de toda la sociedad, no bastando la simple mayoría parlamentaria, ya que también se requiere la anuencia de las minorías. A juicio de Juan Antonio Garrido, la Ley de 2007 no sólo no obtuvo el consenso parlamentario, sino que con ella el Gobierno culminó la politización de la justicia. Para Cayetana Álvarez de Toledo, la memoria no puede ser, por definición democrática, como tampoco puede ser totalitaria, fascista o comunista. La memoria no es una construcción política impuesta desde arriba, uniformemente roja o azul, sino que es un caleidoscopio formado por recuerdos personales, sesgos inconscientes y referencias sobrevenidas, y hay tantas como individuos. Para Santos juliá, memoria e historia son dos conceptos que no deberían convertir eno en sustantivo y otro en adjetivo. El sanchismo desprecia los hechos y construye una leyenda pueril y falsa. Miente al afirmar que la guerra civil tuvo como objetivo poner fin a la democracia y acabar con los demócratas, entre otras razones porque demócratas había bien pocos en uno u otro bando. Narra una novela épica y maniquea en la que la II República emerge como una Arcadia feliz agredida por los fascistas. Según Ricardo García Cárcel, el Gobierno impone el relato de la idealización de la II República, sin mancha alguna, y la estigmatización del franquismo, sin ningún matiz, con lo que estamos inmersos en un nuevo secuestro de la Historia. Mas esta idealización de la II República no resiste a un riguroso análisis histórico. Como ha señalado Luis María Ansón, fue una catástrofe por su carácter excluyente, que condujo a la nación a una alternativa dictatorial Si el Frente popular ganaba la guerra, se impondría la dictadura del proletariado; si vencían los nacionales, derivaría hacia una dictadura fascista. Tras tres años cainitas de guerra incivil, el Ejército vencedor estableció una dictadura militar pura y dura bajo el mandato del Caudillo. El rey Juan Carlos I era consciente de que había que superar el destino cainita de la nación y establecer la concordia y la conciliación entre los dos bandos de la guerra civil. En eso consistió la Transición, pero por la conducta del Gobierno de Sánchez-Iglesias, la España sin vencedores ni vencidos se está desmoronando Del Rey ha descrito objetivamente la situación. La República intentó construir una democracia parlamentaria en un país -según Juliá- de “liberalismo temprano y democracia tardía”. Cometió el gran error de establecer un marco que no tenía en cuenta los anhelos del mundo conservador, al que excluyó de la empresa. Al igual que la extrema derecha, ni los anarquistas ni los comunistas estaban comprometidos con la democracia –antes al contrario- y los socialistas se embarcaron en un rumbo desastroso. Su ruptura con la democracia burguesa comenzó en 1933 cuando, tras perder las elecciones, empezaron a preparar la insurrección. A raíz del triunfo de la coalición de derechas, las izquierdas se negaron a que entrara la CEDA gobernara y, cuando entró en el Gobierno de Lerroux en 1934, reaccionaron con una insurrección contra la República en Asturias, al tiempo que Lluis Company proclamaba la independencia de Cataluña. El Gobierno reaccionó mediante la intervención militar, la detención del Companys y sus consejeros, y su condena por el Tribunal de Garantías Constitucionales a 30 años de prisión. Según Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, las elecciones de 1936 fueron fraudulentas y no las ganó el Frente Popular. El asesinato de José Calvo Sotelo provocó un alzamiento militar -que se venía gestando-,y el inicio de la guerra civil, en cuyos dos bandos se cometieron crímenes de guerra y asesinatos en las retaguardias. La guerra terminó tres años más tarde con la derrota del bando republicano y el establecimiento de la autocracia de Franco, que -aunque contó con el apoyo de Hítler y de Mussolini- no estableció una dictadura fascista, sino una dictadura militar. Los vencedores aplicaron una política de feroz represión y –como ha señalado Miguel Vidal- no es de extrañar que los herederos del Frente Popular busquen la revancha y traten de borrar sus crímenes y blanquear sus conductas. La Ley de Memoria Democrática nos devuelve a 1936 y la izquierda empuja de nuevo a los españoles a la confrontación. Contenido de la Ley La exposición de motivos es sumamente reveladora del contenido de la Ley. Se trata de una mezcla del cuento de la buena pipa y de una muestra de manipulación y cinismo. Comienza afirmando que, desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral para evitar la repetición de los episodios más negros de la Historia. La principal responsabilidad del Estado es fomentar su vertiente “inclusiva y plural”. Sin embargo, no es ni una cosa ni la otra, ya que excluye a la España no republicana e impone un pensamiento único para luchar contra el supuesto totalitarismo de la derecha. Pretende reconocer y reparar la dignidad de las víctimas de todo tipo de violencia intolerante y fanática, pero sólo de las víctimas republicanas, pues las que no lo eran no merecían esa reparación. La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas y dieron su vida “en defensa de la democracia y la libertad” –como los comunistas, los anarquistas y los separatistas-, mientras que el bando nacional pretendía perseguir a la democracia y acabar con los demócratas. La Ley afirma que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y “preservar y mantener la memoria de las víctima de la guerra civil”, -aunque sólo de una parte de las víctimas- y de la dictadura fascista, para evitar que se repita cualquier forma de violencia política o de totalitarismo. Los republicanos, en cambio, no incurrieron en estas prácticas, monopolio de los nacionales. La Constitución se basó en un amplio compromiso social y político para superar las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra civil y este consenso tuvo su reflejo en el espíritu de la Transición, que ha constituido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido España. Sin embargo, muchas de las medidas que contempla la Ley ponen en peligro los frutos de la Transición al reabrir heridas, alentar resentimientos y provocar desunión. La nueva Ley complementa –al par que sustituye- la Ley 57/2007, de Memoria Histórica, que asumió una serie de obligaciones dirigidas a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la guerra, aunque sólo en el bando nacional, desentendiéndose de lo que ocurrió en el lado republicano. Magnifica las barbaridades que se cometieron en uno y blanquea y justifica las cometidas en el otro, convirtiendo a sus perpetradores en “héroes de la democracia”, como los 1.143 “chequistas” madrileños –hubo en Madrid 345 checas, 50 centros de detención y 24 cárceles oficiales-, de los que únicamente 91 rindieron cuentas a la justicia. Fueron asesinados 10.000 sacerdotes y religiosos, 13 obispos y más de 3.000 laicos por el grave crimen de ser católicos. Según manifestó Manuel de Irujo –nacionalista vasco que fue ministro de Largo Caballero- “la prisión confinada en las cárceles del Estado de sacerdotes y religiosos, sus fusilamientos, la continuidad del sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar por fuerzas oficiales del poder público, todo ello deja de tener explicación posible”. Durante mucho tiempo se ha mantenido que la violencia en la zona republicana fue obra de incontrolados, pero –como ha observado del Rey- hubo una violencia fría, coordinada y ordenada por parte de los responsables políticos. La Ley de Amnistía exoneró a los autores de delitos en los dos bandos, así como a los “maquis” y a personas que cometieron actos de terrorismo durante el franquismo –ETA, FRAP o GRAPO- .Si se abriera ahora el melón, también habría que pedir cuentas a muchos dirigentes socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas. La amnistía permitió el regreso de los exilados y la reconciliación de los dos bandos, como se puso de manifiesto con la constitución de unas Cortes presididas por la Pasionaria y Rafael Alberti. Según García Cárcel, el pacto de reconciliación implicaba el consenso de la superación de la memoria roja y azul y el abandono de los extremos de la bipolaridad, y durante años –con Gobiernos socialistas a la cabeza- pareció superarse cualquier tipo de venganza o resentimiento. Aunque digan los postuladores de la nueva Ley que con ella se trata de cerrar heridas definitivamente, cree que , por el contrario, se reabrirán éstas y sólo se conseguirá la reapertura de la memoria neofranquista y la nostalgia de la dictadura. Poner frívolamente en cuestión la solución de la Transición es de una temeridad increíble, que no puede acarrear más que desastres La Ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, como reconocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y de los derechos y libertades a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Me parece excelente, aunque no lo sea tanto que se limite este loable objetivo al periodo de entre julio de 1936 y la promulgación de la Constitución, y que se excluya lo ocurrido en la República entre 1931 y 1936. La Ley considera víctimas a las personas que hubieran sufrido daños físicos, morales o patrimoniales que menoscabaron sus derechos fundamentales como consecuencias de acciones u omisiones que constituían violaciones de derechos humanos. El artículo 2 incluye una amplia lista de casos de la que se deduce la exclusión de las víctimas que vivieron en la República entre 1936 y 1939. Se declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones impuestas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil o la dictadura, así como la ilegitimidad de los tribunales y órganos penales o administrativos que se constituyeron a tales efectos, incluido el Tribunal de Orden Público. Se trata de una decisión controvertida que ignora el principio básico de respeto a la cosa juzgada, que, de aceptarse, tendría considerables consecuencias jurídicas y económicas. Eso sí, para curarse en salud, la Ley exime al Gobierno de cualquier tipo de responsabilidad patrimonial”. ¿Propondrá el Gobierno la anulación de la sentencia de un tribunal de la República que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera? Como ha observado Gacía Cárcel, resulta sorprendente que el Gobierno abra el problema jurídico de la anulación de procesos y sentencias usando como principal referente a Companys, un siniestro personaje que fue condenado por la República a 30 años de prisión por insurrección, y que encarceló y mando asesinar a miles de ciudadanos durante el tiempo que presidió la Generalitat. Su actual Presidente, el inhabilitado Joaquim Torra, ha exigido al Gobierno que pida perdón por la ejecución de su antecesor, y Sánchez parece dispuesto a arrodillarse una vez más ante el separatismo catalán y confesar compungido que lo siente tan profundamente como el suicidio del etarra Igor González. Mantenerse en el poder bien vale una excusa o unos indultos. El artículo 7 de la Ley lleva por título “Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas”. Establece el 31 de octubre para rendir este homenaje, pero lo limita a las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura. La Administración deberá tomar medidas para identificar las personas que lucharon por la libertad y por la democracia en el bando republicano, y va a tener que recurrir a la linterna de Diógenes para encontrarlas. La Ley prevé la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los hechos producidos con ocasión de la guerra civil y la dictadura que constituyeran violaciones de los derechos humanos o del Derecho Humanitario. Se trata de un brindis al sol, porque –según Álvarez de Toledo-, al carecer de capacidad real para depurar responsabilidades penales a causa de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos, tendrá como sórdida misión la revisión histórica para el señalamiento político, Dando muestra de su pobre conocimiento de Derecho penal y del internacional, la profesora Calvo pretende forzar el candado de la Ley de Amnistía con una apelación a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que prevalecerían sobre la ley. Ignora el principio de irretroactividad, como destacó el ex-juez Garzón cuando se opuso a enjuiciar a Santiago Carrillo por los delitos de genocidio cometidos en Paracuellos, porque el citado delito no estaba tipificado en el Código Penal cuando se produjeron los crímenes, en virtud de la irretroactividad de las normas penales desfavorables. La Ley concede facilidades para adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles exilados –eximiéndoles del requisito de residencia continuada en España durante un año- y a los miembros de las Brigadas Internacionales –permitiéndoles su adquisición por carta de naturaleza-. Iglesias ha afirmado que “ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir”. Es natural que se muestre agradecido a sus correligionarios marxistas, pues –salvo una minoría de voluntarios románticos- el grueso de la expedición estaba integrado por comunistas fanáticos a las órdenes de Stalin. Mientras el Gobierno se muestra reacio a conceder la nacionalidad a los saharauis -que fueron en su día españoles-, se muestra generoso con comunistas que no mantienen ningún vínculo con España. Menos mal que deben quedar bastantes pocos brigadistas. Según Calvo, hay que recuperar la memoria de las víctimas que sufrieron represiones especialmente indignantes por su sexo, orientación sexual o etnia: las mujeres, el colectivo LGTBI y el pueblo gitano -¡y olé!-. Tirando de feminismo de reglamento, la Ley dedica una memoria especial a las mujeres, que sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución y castigo por el mero hecho de serlo. No soy consciente de este terrible drama, aunque todas estas violencias sí fueron infligidas a las monjas, pero no por ser mujeres sino por ser católicas. El Gobierno ha presentado una enmienda a la totalidad a un pasaje de la Biblia: ”Y creó Dios al hombre a imagen suya […] y lo creó macho y hembra” (Gen.1-27). El colectivo LGTBI no existía a la sazón; había algunos “maricas” –perdón por el uso de un término políticamente incorrecto, aunque sea más suave que el dedicado por Delgado a su colega Grande-Marlaska-, que abundaban en la baja Andalucía, donde eran tolerados e incluso apreciados, especialmente en los medios folklóricos. En cuanto a la etnia gitana –que merece todos mis respetos- no sé a santo de qué viene incluirlos en el paquete. Aprovechando que el Guadalquivir pasa por Córdoba, el Gobierno de Calvo ha anunciado la creación de una Comisión Estatal sobre la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano. Si tanto se preocupa por las minorías, con mayor motivo debería la vicepresidenta –también conocida como “Dómina Cabra”- hacerlo por su pueblo natal e investigar el bombardeo del 7 de noviembre de 1938 por tres “stukas” de la aviación republicana, que causó 126 muertos –uno menos que en el bien aireado bombardeo de Guernica- y más de 300 heridos. Desgraciadamente, no había a mano ningún pintor fascista émulo de Pablo Picasso. El Gobierno sigue obsesionado con la basílica del valle de los Caídos, cuya gigantesca cruz considera un provocador símbolo del nacional-catolicismo, aunque –en opinión de Jorge de Esteban- sirva para recordarnos a los españoles que tuvimos una estúpida guerra civil. Desahuciado Franco de su sepulcro, Sánchez ha ivan-redondeado la faena estableciendo que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existente en las mismas tenían carácter civil, declarado extinguida la Fundación de la Santa Cruz y expulsado del monasterio a la Orden benedictina. Item más, ha decretado que los restos mortales de los dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser, ni permanecer, inhumados en lugares de acceso público que puedan favorecer la realización de actos exaltación, enaltecimiento o conmemoración de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil o la dictadura. De esta manera, ha condonado la prohibición de enterrar a Franco en la cripta de la catedral de la Almudena y sólo le ha faltado ordenar que sus restos sean cremados y las cenizas esparcidas sobre el pazo de Meirás. Ha sido un acto más de abuso de poder y de violación de derechos humanos, aunque se trate de Franco, al que tanto se ha acusado de hacerlo ¿Va el Gobierno a sacar de las criptas de la basílica del ex-Valle de los Caídos los restos mortales de los católicos sepultados ahora en un cementerio civil? Supongo que algo tendrá que decir la Conferencia Episcopal Española y la Santa Sede, aunque aquélla parece estar más bien en “modo avión”. Ya metido en faena, el Gobierno ha decidido prohibir la Fundación Francisco Franco -¿por qué no la de Francisco Largo Caballero?- y modificar la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones para considerar motivo de disolución de una asociación la exaltación del franquismo. Aquí cabe recordar que el franquismo no es una ideología como el fascismo, el nazismo o el comunismo, sino que fue una forma de autocracia pragmática para que el Caudillo conservara el poder. La Falange sí lo era –una mala copia del fascismo mussoliniano pasada por las esencias del imperio hacia Dios-, pero Franco la neutralizó con su integración en el Movimiento Nacional y la utilizó como chivo expiatorio para culparla de sus arbitrariedades y de sus insuficiencias. Con su socarronería galaica, Franco recomendó al director de “Arriba”, Sabino Alonso, que hiciera como él y no se metiera en política. Con la prohibición del franquismo, ¿no se está practicando la censura y recortando las libertades de opinión y de expresión? Efectivamente, para García Cárcel, promover como cuestión fundamental la ilegalización del franquismo nos introduce en el sinuoso mundo de la libertad de expresión, eternamente invocada desde la orilla ideológica del Gobierno para justificar cualquier tipo de vejaciones a instituciones y personas del pasado y del presente. “Libertad, ¿para quién, para qué?”. La Ley Fundamental alemana considera anticonstitucional1es los partidos que pretenden destruir el orden constitucional, y prohíbe las asociaciones cuyos fines o actividades sean contrarias a las leyes penales o vayan dirigidas contra el orden constitucional. Francia prohibió la organización terrorista vasca Iparreterrak y España hizo lo propio con Herri Batasuna, aunque no llegó a ilegalizar a Bildu y a Sortu por la intervención del comando constitucional de Pascual Sala. El franquismo no es un partido político, sino –a lo sumo- una corriente de opinión muy minoritaria, y la Fundación Francisco Franco caerá más o menos simpática, pero no atenta contra el orden constitucional español. ¿Por qué no corrige el tiro el Gobierno y prohíbe partidos como la CUP o Bildu, y asociaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña u Omnium Cultural? Crítica del anteproyecto de ley La adopción de la Ley de Memoria Democrática es una tentativa del Gobierno de apartar la atención pública de sus múltiples carencias y de la catastrófica situación sanitaria, política, económica y social provocada por su pésima gestión de la crisis del covid-19, mediante la inyección de grandes dosis de ideología a la que son sensibles sus socios y simpatizantes. Como ha observado Ignacio Varela, busca utilizar la historia como coartada para la evasión del presente. La Ley es ante todo un gran error político, porque equivale a lanzar un torpedo a la línea de flotación de la nave de la Transición, que reabre viejas heridas y provoca la división entre los españoles. Según Daniel Gascón, se ataca el pacto de la Transición, en el que se produjo una transacción, por diseño o por conveniencia, y se utiliza la tragedia de la guerra civil para imponer un relato maniqueo que erosiona nuestro marco de convivencia. Divide a los españoles en buenos y malos, decreta la exaltación de los primeros y la condena de los segundos, deroga de facto la Ley de Amnistía que facilitó la llegada de la democracia y rompe el consenso de la Transición, que -como ha señalado del Rey- es lo mejor que se ha hecho en España en los últimos 300 años. Se acabó la transición pacífica, todo vuelve a abrirse y se instaura la ruptura, la división y el enfrentamiento ¿Es consciente el Gobierno de tamaña irresponsabilidad? El anteproyecto es asimismo una monumental chapuza jurídica, pues ignora principios básicos del derecho como la irretroactividad de las normas penales, el “nullum crimen, nulla pena, sine lege", la aceptación de la prescripción de los delitos, el mantenimiento de la “cosa juzgada, el respeto a los derechos adquiridos o la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En opinión de García de Cortázar, identificar el espíritu democrático con buena parte de la izquierda republicana es una aberración histórica, un atentado que perjudica a los demócratas de izquierdas y de derechas. Que el Gobierno se aproveche de una situación excepcional para hacer esto resulta muy preocupante y nos toca a todos impugnarlo con todas nuestras fuerzas. Cabe concluir, pues, que -además de ser una maniobra de distracción- el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática es una aberración política, jurídica e histórica. Cortázar se ha mostrado optimista al expresar su esperanza de que la verdad histórica cosechada por los historiadores gane la batalla a la que los políticos tratan de colocarnos. Espero que –dadas sus buenas relaciones con las alturas en su condición de jesuita- Dios le oiga. Madrid, 25 de septiembre de 2020

Impunidad del Gobierno y de su vicepresidente Iglesias

IMPUNIDAD DEL GOBIERNO Y DE SU VICEPRESIDENTE IGLESIAS Entre los órganos más politizados de la justicia se encuentran la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Últimamente, la Audiencia ha vuelto a reconocer al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en el “caso Dina” y la fiscalía se ha opuesto a la admisión de las demandas formuladas contra el Gobierno por su desempeño en la crisis provocada por el Covid-19. Protección de la Audiencia Nacional a Iglesias en el “caso Dina” Érase una vez un mesiánico líder político que se lanzó al asalto de los cielos y ha acabado asaltando el Consejo de Ministros -por partida doble- y un chalet con piscina en la burguesa la sierra norte de Madrid. Látigo de la corrompida “casta” política, ha asumido sus hábitos y algunos más, y se ha convertido en vicepresidente del Gobierno y en pontífice máximo de una nueva casta. Macho-alfa con gran sex-appeal -político y de otro tipo-, no sólo ha progresado él, sino que –como gentil hada madrina- ha hecho progresar a sus discípulas, aunque su espíritu republicano le ha llevado a, en vez de convertir a las ranas en princesas, a transformarlas en diputadas y ministras. En su época de eurodiputado, Iglesias tuvo una asistente –Dina Bousselham- a la que, el 1 de noviembre de 2015 le robaron su móvil en Ikea, según denunció a la policía. En junio de 2016, el digital OK.Diario publicó parte del contenido de la memoria del móvil supuestamente sustraído, especialmente unos comentarios de Iglesias sobre la periodista Mariló Montero -que había osado criticar a Podemos-, en los que afirmaba que ”la azotaría hasta que sangrase[…] Vas a ver lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo[…] Un marxista algo perverso convertido en psicópata […] Estoy gozando”. Él –que es quien mejor se conoce- se ha autodefinido con precisión como machista, marxista y psicópata. El 20 de enero de 2016, el director de la revista “Interviú”, Antonio Asensio, entregó a Iglesias la tarjeta de memoria del móvil de Bousselham, que pudo leer en su presencia y comprobar que estaba en perfectas condiciones. Asensio entregó otra copia al comisario José Manuel Villarejo, quien -con fecha del 14 de abril- incluyó su contenido en unos dispositivos informáticos denominados Dina-1 y Dina-2. El líder de Podemos no informó de la recuperación de la tarjeta a Bouseelham, pese a ser consciente de la procedencia ilícita de la misma y de que contenía información personal e íntima de su propietaria. La mantuvo varios meses en su poder y, cuando finalmente la devolvió, estaba dañada –parcialmente quemada- e inservible. Tras hallarse en el domicilio de Villarejo los dispositivos informáticos sobre Dina, el magistrado de la Audiencia Nacional instructor del “caso Tándem”, Manuel García Castellón, abrió una pieza separada que denominó “Dina”, para investigar si la policía había espiado a Podemos y conspirado contra Iglesias. El fiscal de su juzgado, Ignacio Stampa, que mantenía una relación íntima con Mar Flores, abogada de Bousselham y de Iglesias -a la que transmitía información confidencial sobre el caso, como que iba a proponer al instructor que ordenara un registro en la sede de OK Diario- recomendó a su amiga que las personas mencionadas denunciaran al digital y se personaran en la causa en calidad de perjudicados. Iglesias lo hizo en marzo de 2019 y mantuvo que la difusión del contenido de la tarjeta había sido obra de Villarejo y su “policía patriótica” –las “cloacas del Estado”-, con el objeto de perjudicarle a él y a su partido, y García Castellón se lo creyó y le otorgó el status de perjudicado. Consciente de estos tejemanejes, el jefe de los servicios jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, advirtió a su superior, Alberto Rodríguez, de las maniobras de Flores y de que la filtración no procedía de la policía, sino que era un montaje de Iglesias y su círculo íntimo para tratar de mejorar las posibilidades electorales del partido jugando al victimismo. Rodríguez no le hizo obviamente el menor caso y Flores lo acusó de acoso sexual ante el partido y ante los tribunales. Podemos lo despidió y el tribunal competente de Madrid archivó la denuncia de Flores por carecer de base. Calvente presentó entonces una demanda por despido improcedente y denunció a Podemos por actividades ilegales, y el partido recurrió a sus comandos de “kale barroka” para intimidarlo con amenazas muerte a través de las redes sociales. García Castellón siguió con la investigación, pues le había sorprendido la tardanza en la devolución –amén de la entrega de una tarjeta inutilizada- y las poco convincentes explicaciones de Iglesias de que había actuado de esa manera para proteger a su pupila, pues era muy joven y no podría resistir tanta presión. La propia Bousselham reconoció al juez que, antes del robo del móvil, ella misma había hecho pantallazos de las controvertidas imágenes a diversos miembros del partido. Incurrió en numerosas contradicciones y, con posterioridad, se retractó por escrito de sus declaraciones verbales, y afirmó que la tarjeta que le entregó Iglesias estaba en perfectas condiciones ¿Cuándo mintió la interesada, antes o después? El magistrado instructor sabía que la filtración no había sido realizada por la policía de Villarejo, porque los dispositivos informáticos que disponía sobre Dina habían sido elaborados con posterioridad a la fecha de la difusión del contenido de la tarjeta, y las declaraciones de Bousselham le confirmaron que terceras personas habían dispuesto de la información, por lo que cualquiera de ellas podría haber sido responsable de la filtración. Por estas razones, el 17 de junio de 2020 retiró a Iglesias la condición de perjudicado. Éste planteó un recurso de reforma, pero el magistrado mantuvo su decisión, porque la pasividad de Iglesias resultaba incoherente con las manifestaciones por él realizadas en sede judicial, y confirmaban su conclusión de que “no podía ser considerado como perjudicado en ningún caso”. El líder de Podemos estaba al tanto del contenido de la tarjeta –como había atestiguado Asensio y él mismo había reconocido- y era probable que este apunte fuera la clave para entender por qué Iglesias no se la había entregado de inmediato a Dina, así como el estado en que se encontraba. García Castellón se había planteado quién había dañado la tarjeta y por qué lo hizo, y sus investigaciones dejaron a Iglesias a las puertas de ser imputado por el delito de realización de daño informático. Iglesias recurrió el auto del instructor y la sala tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acudido en su auxilio. Alegando argumentos de carácter predominante -aunque no exclusivamente- formal, le ha devuelto su condición de perjudicado. En su auto de 16 de septiembre de 2020, ha estimado de que –con independencia de quién hubiera podido ser el autor de la filtración y/o destrucción de la tarjeta- la investigación sobre la autoría o la naturaleza de los desperfectos o el momento en que se produjeron no eran competencia de la Audiencia, al haber sido cometidos por personas ajenas a la organización criminal investigada, “por lo que estas eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigadas por otro órgano judicial”. Hasta aquí todo bien, pero la Audiencia no debería haberse limitado a esta obvia constatación, sino que –basándose en la rigurosa investigación realizada por el instructor- debería haberle recomendado que enviara lo actuado al Tribunal Supremo –órgano competente dado que Iglesias está aforado- para que siguiera con la investigación, si lo estimara conveniente, o incluso haberlo hecho ella de oficio. Sin embargo, la Audiencia ha ignorado la investigación realizada por García Castellón y -con sospechosa frivolidad al no haber ella investigado el caso- ha acudido al rescate de Iglesias con forzados argumentos de escasa credibilidad. A su juicio, no había pruebas que sustentaran las alternativas contempladas por el instructor, que eran meras hipótesis que no desvirtuaban la conexión de Iglesias con la pieza “Dina” desgajada del caso “Tándem”, derivada del hallazgo en el domicilio de Villarejo de unos dispositivos electrónicos que contenían archivos que almacenaba el móvil de Bousselham en el momento de su sustracción. La publicación de los mensajes afectaron a Iglesias y los motivos que justificaron su consideración como perjudicado se seguían manteniendo. El hecho de que la pieza “Dina” continuara abierta sólo podía obedecer a que seguía habiendo indicios de que la organización de Villarejo estaba tras el robo, lo que resultaba compatible con el eventual perjuicio a Iglesias. Por el contrario, esa condición de perjudicado no resultaba compatible con la existencia de hipótesis alternativas sobre lo sucedido con el móvil. “Es evidente la improcedencia de la investigación dentro de este procedimiento de las alternativas planteadas por el Juzgado Central de Instrucción, incluyendo las que señalan a los ahora recurrentes como origen de las informaciones publicadas”. La concesión a Iglesias del status de perjudicado estaría justificada si la publicación de los archivos almacenados en el móvil de Bousselham hubiese sido provocada por la organización de Villarejo objeto de la investigación, unido a la consideración como delictiva de la obtención y/o difusión de la información, y a la apreciación de la virtualidad de la difusión de esos contenidos para causar un quebranto a Iglesias. Esos elementos que permitieron su personación como perjudicado se mantenían en la actualidad, por lo que la Audiencia ha revocado el auto del instructor y vuelto a conceder al interesado la condición de perjudicado. No estoy seguro de que haya en estos momentos pruebas concluyentes de la involucración de Iglesias, Bousselham y militantes de Podemos en esta farsa, aunque personalmente sí creo que las hay, pero de lo que no cabe duda es que hay indicios racionales más que suficientes de que los pantallazos de su móvil lo dio la propia Bousselham, que Villarejo no fue el autor de la filtración, que Iglesias retuvo durante meses la tarjeta antes de devolvérsela destruida a su propietaria y qué fue el responsable de la destrucción de la tarjeta, que el líder de Podemos acusó falsamente a las cloacas del Estado de la filtración de los datos de la tarjeta a OK Diario con el fin de perjudicarlo, que se han producido filtraciones ilegales de la fiscalía del juzgado a la abogada Mar Flores, que Calvente ha sido acusado falsamente por aquélla de acoso sexual y que se han cometido presuntos delitos de apoderamiento de datos de carácter personal, revelación de secretos, daños informáticos, denuncias falsas y mentiras en sede judicial. Ello hace imprescindible que el Tribunal Supremo -competente para juzgar a Iglesias- continúe con la investigación iniciada por García Castellón para aclarar los hechos y sacar las correspondientes consecuencias jurídicas. La Audiencia Nacional, la fiscalía general y el Gobierno están haciendo todo lo posible para exonerar a Iglesias, tanto en el “caso Dina”, como en el de la financiación ilegal de Podemos o en el caso –aún no abierto- de la presunta comisión de de delitos en relación con el robo, revelación de datos y destrucción del móvil de Bousselham. Pese a su desautorización por la Audiencia, García Castellón no debería archivar su investigación, sino transmitirla al Supremo con una explicación motivada de por qué el Tribunal debería asumir la investigación sobre la actuación de Iglesias. La ayuda descarada del Gobierno a su vicepresidente se ha materializado en el informe de fiscalía general proponiendo limitar la demanda de Calvente contra Iglesias –apoyada en ciertos elementos por el Tribunal de Cuentas- y en la oposición del PSOE y sus aliados separatistas y filoetarras a la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Podemos. Como muestra de su cinismo y aplicación de doble estándar, estos mismos partidos han apoyado la creación de una comisión investigadora de la actuación del PP en el “caso Kitchen”, pese estar en curso un proceso en el que el mismo García Castellón acaba de imputar al antiguo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y a su Secretario de Estado Francisco Martínez. Negativa de la fiscalía general a la tramitación de las querellas contra el Gobierno por su actuación durante la pandemia del Covid-19 La fiscal general, Dolores Delgado, ha dado una vez más muestras de por qué ha sido elevada a este puesto pese a su militancia socialista y su desempeño como ministra de Justicia. Delgado tenía que hacer frente al mihura de las 20 querellas y 36 denuncias presentadas por varias asociaciones y personas contra el Gobierno por su desastrosa gestión de la pandemia del Covid-19 y –como no le era posible lidiarlo personalmente, ya que no podía pronunciarse sobre la actuación de un Gobierno del que había formalmente formado parte y en el que informalmente continúa como ministra nº 23-, ha buscado a un sobresaliente de espadas para que hiciera una faena de aliño y devolviera el toro al corral. Con gran opacidad y sin consultar a los órganos supremos de la fiscalía –el Consejo Fiscal y la Junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo- ha cedido el capote a su segundo de a bordo, el teniente fiscal Luis Navajas, y formado su cuadrilla con los miembros de su secretaría técnica, liderados por su responsable, Álvaro García. Lola “espejo oscuro” salía por la puerta, pero regresaba por la ventana. Navajas es un fiscal controvertido que se significó por su actuación sectaria con motivo del juicio y condena del juez Baltasar Garzón, que fue juzgado y condenado por ordenar las escuchas de las conversaciones de los presos del “caso Gürtel” con sus abogados defensores, y expulsado de la carrera judicial. Navajas se opuso a la admisión de la querella y pidió que se sobreseyera el caso. No sólo no acusó a Garzón, sino que fue su principal defensor, llegando a descalificar en audiencia pública al juez instructor y a afirmar que la condena del juez supondría un ataque a la independencia judicial. En un farragoso y logorréico informe de 310 páginas publicado el l4 de septiembre, la fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las querellas por no apreciar indicios de que se hubiera cometido delito alguno, pese a las acusaciones al Gobierno prevaricación, malversación, omisión del deber de socorro, actos contra el derecho de los trabajadores, homicidio por imprudencia o lesiones. Se trataba –a su juicio- de acusaciones genéricas y difusas en las que no se determinaba con precisión las causas de las muertes, ni cómo los querellados podrían haberlas evitado, Los querellantes se habían limitado a atribuir a los querellados muertes y resultado s lesivos sin identificar los fallecidos o los lesionados, las condiciones en que se produjo su contagio, las razones por las que cada uno de los contagios traían causa de la supuesta falta de equipos de protección personal, así como las razones por las que la adopción de medidas hubiesen permitido, con una probabilidad rayana en la certeza, evitar o disminuir sensiblemente lo finalmente sucedido. Pretendían que se celebrara una investigación prospectiva para fiscalizar la actuación del Gobierno en relación con la posible comisión en abstracto y de modo genérico de varios delitos. No ofrecían argumentos acerca de las razones por las que debía considerarse que la actuación del Gobierno había resultado arbitraria y “seguramente no lo hacen porque no lo fue”. No existían elementos que permitieran afirmar que el Gobierno se hubiera mostrado poco ágil o diligente. Tampoco se ha justificado en qué contribuyó la actuación de los querellados a crear o aumentar los riesgos, lo que impedía comparar la inacción que se le atribuía a la causación efectiva de muchas muertes. Resulta imposible afirmar, cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia, que los querellados podían haber desarrollado actuaciones que hubieran evitado los desgraciados efectos producidos por la pandemia. No se ha advertido que los querellados hubieran infringido obligación o deber alguno, o actuación cuya implementación hubiera evitado o disminuido de modos relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos. Estas circunstancias impedían atribuirles comportamiento omisivo de ningún tipo cuya ejecución se correspondiera valorativamente con indeterminados delitos de homicidio o de lesiones. El hecho de que fueran posibles otras alternativas con el fin de frenar la pandemia, en ningún caso permitía concluir que la actuación de los querellados hubiera resultado poco diligente y, muchos menos, que supusiera el incumplimiento del mandato que como garantes les pudiera resultar exigibles. “Su actuación fue idónea y razonable para contener la pandemia”. Se estaba exigiendo a los querellados una conducta imposible de realizar, ya que la falta de medios era un hecho notorio, por lo que no era preciso realizar ninguna diligencia- Los distintos tipos penales propuestos en las querellas no desembocaban en ninguno de los delitos examinados, ni en ningún otro tipo penal, por lo que era inviable iniciar una investigación en tales circunstancias. “Ello nos lleva a concluir que lo procedente es la inadmisión a trámite de las querellas sin más”. Resulta poco verosímil que denuncias presentadas por organizaciones como Colegios de Médicos tengan tan poco fundamento como para que sean despachadas de un plumazo. Lo más criticable del informe –calificado por algunos de “navajazo”- no es ya que recomiende la inadmisión de las querellas, sino el tono laudatorio sobre la actuación del Gobierno, a todas luces injustificado dado que España es el país que ha presentado los peores resultados de contagios y muertes per cápita durante las dos fases de la pandemia, así como sobre el desplome de la economía. Según la fiscalía, “resulta sencillamente imposible afirmar que nuestra administración debería haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo”. Según Rafa Latorre, se trata de un informe defensivo, porque no juzga la pertinencia técnica de las querellas presentadas, sino la sumisa voluntad que trasluce la prosa de quienes debían evaluarla. Se trata de un documento técnicamente deficiente que exculpa políticamente al Gobierno y usa un lenguaje más propio de un mitin electoral que de un informe jurídico sereno y objetivo. Para Arcadi Espada, el informe de Navajas está basado en sus convicciones y no en los hechos. En relación, por ejemplo, con las marchas feministas del 8-M, el documento ha afirmado que no era posible atribuir al Gobierno responsabilidad por las mismas, ya que en aquella fecha no gozaba de facultades o competencias asociadas a tales eventos, por lo que resultaba inviable atribuirle el resultado lesivo de su celebración. “La única administración competente a fecha de 8 de marzo de 2020 para aprobar restricciones a la libertad de circulación o al derecho de manifestación por razones de protección de la salud pública correspondía a las autoridades autonómicas”. Cabía añadir “ la paradójica circunstancia de que los querellados acudieran, junto a sus familias a tales manifestaciones, dato éste que resulta ciertamente relevante en orden a valorar el ánimo que pudo guiar su actuación […] Si los miembros del ejecutivo hubieran sido conscientes del riesgo, no habrían acudido a las marchas ni llevado a sus familias”. Semejante aserto casa mal con las declaraciones de Carmen Calvo o de Irene Montero. Espada ha estimado que las ministras asumieron sus riesgos y facilitaron que otros los asumieran, por lo que la justicia debería decidir, a partir de los hechos, si fue un riesgo criminal. Navajas también ha partido de la convicción de que el conocimiento general que se tenía de la pandemia avalaba la actuación del Gobierno, pero –en opinión de Arcada-, ningún país del primer mundo ha protegido a sus ciudadanos peor que España, que “no fue ignorante, sino negligente, y sólo la justicia puede decidir si esa negligencia fue criminal”. El pasado mes de mayo, Delgado afirmó que “vamos a investigarlo todo; las víctimas son una prioridad”. Sin embargo, cuatro meses más tarde, cuando las víctimas han pedido una investigación, las promesas de la fiscal general se han esfumado y la fiscalía se ha opuesto rotundamente a que se tramite su petición. Según ha editorializado el diario “El Mundo”, las víctimas tienen derecho a que se les haga justicia. Por supuesto que la cascada de querellas presentadas requieren un pronunciamiento sobre su pertinencia técnica y es probable que muchas de ellas carezcan de sustento penal suficiente y merezcan ser archivadas, pero “que el Ministerio Público, nacido para defender a las víctimas y perseguir el delito, se erija en empalizada preventiva y defensiva del mando único de Sánchez y sus ministros –mientras descarga sobre las autonomías toda eventual responsabilidad-, […] delata un sectarismo que avergüenza y redunda en una deriva de peronización institucional que apunta a la justicia como último objetivo de domesticación”. En efecto, la fiscalía ha tratado exonerar al Gobierno de su responsabilidad al afirmar que, si bien tras la declaración del estado de alarma se colocó al ministro de Sanidad en el vértice de la pirámide de mando, “las administraciones públicas autonómicas y locales mantienen la gestión de los servicios sanitarios asegurando su buen funcionamiento”. Así pues, la fiscalía ha avalado que el Gobierno asumiera el poder en exclusiva, pero no la responsabilidad, que delegaba iidebidamente en las administraciones autonómicas, que debían seguir las instrucciones de Sanidad. “El Mundo” concluía su editorial preguntándose si acaso no había habido negligencias graves en la desastrosa gestión de la pandemia ¿No sería democrático investigarlas, lo mismo en Madrid o en Cataluña que en el Gobierno central, al margen del color político? La fiscalía ha dado de entrada una respuesta negativa para liberar al Gobierno central de responsabilidad, pero su misión no es defenderlo, sino investigar los actos que puedan ser delictivos. Es posible que el Gobierno central y los distintos Gobiernos autonómicos hayan actuado dentro del marco de la ley, y se hayan visto sorprendidos por la inesperada implosión de una epidemia sin precedentes y superados por sus consecuencias, pero, para saberlo, hay que aceptar a trámite las querellas presentadas por las víctimas y realizar la correspondiente investigación, y -si no lo hace el Ministerio Fiscal- ¿quién lo va a hacer? Al negarse a ello –lo que supone una denegación de justicia- queda una vez más de manifiesto que Pedro Sánchez ha convertido la fiscalía del Estado en la abogacía del Gobierno, con la complicidad de Delgado. El informe de la fiscalía, sin embargo, no es vinculante y será el Tribunal Supremo el que finalmente decida. Cabe, por tanto, albergar la esperanza de que esta reputada institución salve a los ciudadanos de los abusos del ejecutivo. Madrid, 20 de septiembre de 2020

La no politización de la justicia, secundum Carolus Campus

LA NO POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA “SECUNDUM CAROLUS CAMPUS” El pasado domingo día 13 se publicó en el diario “El Mundo” una poco afortunada entrevista de Angela Martialay al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, bajo los titulares de “Ya estamos trabajando por la reforma de la sedición”. El ministro y magistrado parte de la base de que “la justicia no está politizada en los más mínimo”, ya que la política judicial la hace el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la justicia la imparten los jueces individualmente. “Me niego a entender que la política mete las manos en la justicia”. La politización de la justicia Según, Santiago González, semejante afirmación es tan notoria que cabe preguntarse si, repartidas así las tareas, ¿para qué está él? El ministro sabe que su antecesora le cedió el puesto para pasar a ser la fiscal general del Estado y –según Pedro Sánchez-, ésta depende del Gobierno. Su propia biografía y la de su predecesora, Dolores Delgado, desmienten estas palabras. Juez desde 1987, Campo ha desempeñados los puestos de vocal del CGPJ (2001-2008), secretario de Estado de Justicia (2009-2011), diputado en el Congreso por el PSOE (2016-2020) y ministro de Justicia (2020-…). Delgado accedió a la carrera fiscal en 1989 y ha sido fiscal de la Audiencia Nacional (1993-2017). miembro del Consejo Fiscal (2018), ministra de Justicia (2018-2020), diputada en el Congreso por el PSOE (2018-2019) y fiscal general del Estado (2020-…). Todos estos puestos –de alto contenido político- han sido disfrutados por ellos, pese al espíritu del artículo 127-1 de la Constitución, conforme al cual los jueces y los fiscales, mientras estén en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Es probable que ambos hayan respetado formalmente esta norma, pero el fluido sistema de “puertas giratoria” les ha permitido pasar de una situación a otra sin solución de continuidad. El caso más notorio ha sido el de su mentor, Baltasar Garzón, quien –tras cesar como secretario de Estado en el Ministerio de Justicia e Interior, regresó sin transición a su puesto en la Audiencia Nacional y, con su investigación en el caso de los Gal, provocó la condena e ingreso en prisión del ministro de Interior, José Barrionuevo, y del secretario de Estado, Rafael Vera. En la época de Campo como secretario de Estado de Justicia con Francisco Caamaño, ambos defendieron que había que adaptar el poder judicial al Estado de las Autonomías y propugnaron la supeditación de la justicia a a política y no al contrario. La justicia siempre ha estado politizada hasta cierto grado, pues el principio de separación de poderes enunciado por el Barón de Montesquieu no siempre ha sido respetado y el poder ejecutivo ha prevalecido sobre el judicial. El Gobierno ejerce su influencia por medio de la elección de los jueces, fiscales y altos cargos judiciales –especialmente en las instituciones de mayor carga políticas, como el CGPJ o el Tribunal Constitucional-, donde los principales partidos han establecido de facto un reparto de cuotas. Los Gobiernos –cualquiera que sea su tinte ideológico- suelen influir sobre la justicia a través del ministro del ramo, el CGPJ, y la fiscalía general del Estado, así como de los tribunales más politizados, como el Constitucional o la Audiencia Nacional, pero nunca se había llegado a extremos tan obscenos para controlar el poder judicial como el del actual Gobierno. Según Francisco Rosell, su presidente acelera la toma de la justicia con el fin de que España pase de tener tres poderes independientes, a tres funciones y un solo poder; el de Pedro Sánchez. Consejo General del Poder Judicial De conformidad con la Constitución, el CGPJ es el órgano de Gobierno del poder judicial, que está integrado por el presidente del Tribunal Supremo –que lo preside- y veinte miembros nombrados por el Rey, doce de ellos entre magistrados, cuatro a propuesta del Congreso y oros cuatro a propuesta del Senado, elegidos por mayoría de tres quintos entre juristas de reconocido prestigio. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 estableció que los doce miembros judiciales serían escogidos por sus colegas, pero, cinco años más tarde, el Gobierno socialista cambió el sistema y decidió que fueran elegidos por las Cortes. Aunque el PP incluyó en su programa regresar al sistema de elección anterior, cuando llegó al poder pactó con el PSOE y mantuvo el sistema. En 2018, ambos partido llegaron a un acuerdo de intercambio de cromos en la elección de un nuevo Consejo bajo la dirección del presidente de la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pero todo se fue al traste por un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cossidó, que calificó la renovación acordada de “jugada estupenda” que permitiría al partido controlar al CGPJ “desde atrás”. Marchena renunció dignamente a su candidatura, afirmando que nunca había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política, para controlar un proceso penal. Pablo Casado propuso regresar al sistema de elección de 1980, pero el Congreso lo rechazó. Ahora no ha aceptado ha aceptado la renovación del actual Consejo –que lleva dos años extra en funciones por negarse a que se reservaran en él dos puestos para candidatos de Podemos, y ha vuelto a proponer el regreso al “statu quo ante”, pero el partido carece de credibilidad al respectos tras sus bandazos.. Para Rafael Jiménez Asenjo, la elección por las Cortes del CGPJ supone una lectura inadecuada del principio de separación de poderes, pues, en vez de garantizar un régimen de pesos y contrapesos –“checks and balances”- entre los tres poderes permite un confuso maridaje del ejecutivo-legislativo con el judicial, y carece del equilibrio requerido a un modelo propio de separación. Pretender que las Cortes validen un pacto entre partidos políticos sin una comprobación objetiva de la competencia profesional e integridad de los candidatos propuestos es un insulto a la inteligencia política de los ciudadanos. Los partidos pugnan por la designación de los miembros y de su presidente y aquí es donde la política trata de meter la cuchara hasta el fondo del plato con el fin de tener un poder judicial domesticado. Aunque la Constitución prevea que el presidente del Tribunal Supremo será elegido por el CGPJ, los partidos políticos predominantes se ponen de acuerdo sobre la persona a elegir y el Consejo se limita a decir amén. Asenjo, se pasa un tanto de frenada -a mi juicio-, al afirmar que permitir la elección por los jueces, supondría pasar de politizar la justicia a corporativizarla, Se pronuncia por la elección parlamentaria, previa una criba de méritos e integridad de los aspirantes por parte de una autoridad independiente de los partidos políticos. Pero, por buena que sea esta fórmula, no resulta viable porque habría que realizar una nueva modificación de la LOPJ. Estimo que se debería volver al sistema anterior, a diferencia del ministro Campo que se pronuncia por mantener el sistema actual de doble legitimación: propuesta de los jueces y decisión de las Cámaras, “donde reside la soberanía nacional”, lo que implica la sumisión del poder judicial al legislativo, a su vez controlado por el ejecutivo. Tampoco creo que dejar la decisión a los jueces suponga una corporatización de la elección. Para elegir un Consejo de Ingenieros o de Médicos, no se encomienda esa labor a los políticos, sino a los ingenieros o a los médicos, que son los que mejor conocen a sus pares. Los jueces son los que están en mejores condiciones de evaluar la idoneidad profesional y la integridad de sus colegas y es lógico que voten a los mejores. Pero, de mantenerse el actual sistema, debería establecerse el voto secreto y permitirse el voto en conciencia, para que salgan elegidos los que estimen adecuados los diputados y senadores, y no los líderes de los partidos. Fiscalía General del Estado/Gobierno Según el artículo 124 de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Ejercerá sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero -en todo caso- con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Como ha observado Cayetana Álvarez de Toledo, los fiscales no acaban de encontrar su sitio y son “personajes en busca de un autor”. A este problema identitario se suma que muchos fiscales confunden la búsqueda de la verdad con la búsqueda de la culpabilidad, cuando lo que deberían buscar es la justicia. No están obligados a acusar si no hay indicios racionales de delito y han de buscar la verdad en defensa del principio de legalidad. Como establece el Estatuto Fiscal, tienen que actuar ejercitando las acciones que procedan u oponiéndose a las que indebidamente se promuevan. “Cuando la acusación se convierte en prueba de inocencia el derecho acaba del revés”. Al insoportable drama de la politización de la justicia se suma el “sálvese el que pueda, mediante el acúsese sin pruebas”. Se ha llegado a un punto de pérdida de la autoridad moral del Estado, “resultado de la convergencia de los manotazos del Gobierno con el populismo judicial”. A esta confusa situación contribuye la adopción de normas en las que se invierte la carga de la prueba y los acusados deben demostrar su inocencia, como en las leyes para proteger al movimiento LGTBI. Para poder defender los principios de legalidad e imparcialidad, sería necesario que los fiscales generales del Estado fueran personas objetivas y neutrales, no sometidas a la disciplina de los partidos políticos, de modo que la dependencia jerárquica se aplique por motivos operativos y no por imperativos ideológicos. Sin embargo, los Gobiernos especialmente los del PSOE- han solido nombrar fiscales generales vinculados al partido, como Javier Moscoso, Leopoldo Torres, Eligio Hernández, Cándido Conde-Pumpido o Dolores Delgado. El nombramiento de esta última ha sido un atentado de Sánchez a los principios de legalidad e imparcialidad, con el agravante de que ha sido nombrada “fiscal del Gobierno” para que viole tales principios y haga el trabajo sucio que permita al presidente controlar la institución judicial. Desde un punto de vista formal, no es normal que una ministra de Justicia y diputada del PSOE pase sin situación de continuidad al puesto de fiscal general, cuyas funciones pueden entrar en colisión con sus anteriores funciones de ministra del ramo. Desde un punto de vista sustantivo, Delgado no es la persona adecuada para desempeñar tan importante puesto. Al margen de su competencia profesional como fiscal –que no pongo en duda-, su conducta ha dejado bastante que desear. Tiene muchos cadáveres en su armario, como se ha puesto de manifiesto en las famosas grabaciones de sus conversaciones con el extorsionador comisario, José Manuel Villarejo, durante la cena en el restaurante “Rianxo” en 2006, reveladas por moncloa.com. En ellas, dedicó epítetos homófobos y denigratorios al magistrado Fernando Grande-Marlaska, descalificó a jueces y fiscales por alternar con menores durante un congreso en Cartagena de Indias, mostró su anuencia al sistema de “información vaginal” de Villarejo –“ponías una chorbita, se la tiraban y contaban cosas- y dejó perlas de su talante como”no hay igualdad entre el hombre y la mujer. Yo sé perfectamente por donde vais. Sois transparentes. A mi que me den un tribunal de tíos y no me llevo mal con las tías, pero de tíos, que justamente sé por dónde van”.. Antes de hacerse públicas las grabaciones, Delgado mintió descaradamente, incluso en sede parlamentaria. Primero afirmó que no conocía en absoluto a Villarejo, más tarde que no había tenido relación de ningún tipo con él, luego que no había tenido relaciones profesionales, y finalmente que había coincidido con él en algún evento público junto con otras personas en tres ocasiones. Una vez conocidos los videos del almuerzo con Garzón y Villarejo, Delgado declaró que la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha utilizaban la grabación para impedir que el Gobierno avanzara en su agenda y hacían chantaje al Estado a través de su persona. El video fue ilegalmente grabado y no podría ser utilizado como pieza de convicción, pero no se trata de acusar a la fiscal de un delito que no ha cometido, sino de mostrar su talante. España no se merece tener una fiscal general de semejante calibre moral. Para tratar de exculparla, Campo ha señalado entraba en la esquizofrenia decir que la designación de los jueces por las Cámaras no era bueno, mientras si lo era en cambio para el fiscal general. “Lo que hay es una antipatía por parte del PP hacia la designación de este Gobierno de la fiscal general del Estado”. Sin embargo, no es el PP el único que siente desconfianza hacia Delgado, pues la entonces ministra de Justicia fue reprobada en tres ocasiones por las Cortes –dos por el Congreso y una por el Senado- por no apoyar al magistrado-instructor del proceso contra Oriol Junqueras, Pablo Llarena, por sus “liaisons dangereuses” con Villarejo y por forzar a la Abogacía del Estado para rebajar de rebelión a sedición la acusación contra los políticos independentistas, y el PP no contaba con mayoría en dichas cámaras- Incluso el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, le pidió a Sánchez que saliera del Gobierno por coherencia porque, cuando en un Gobierno se ponía en duda la credibilidad de un ministro y éste no podía desmentir lo que aparecía, debería dimitir. Delgado se aferró a la poltrona y dijo que no dimitiría porque se trataba de un chantaje al Gobierno y Sánchez la respaldó, porque tenía reservado para ella otros importantes destinos. Que nadie tenga la menor duda –ha subrayado Campo- de que la actuación de Delgado va a estar regida exclusivamente por el principio de la legalidad. Me temo que muchos tendremos, más que dudas, certezas de lo contrario. Mientras fue ministra de Justicia, Delgado presionó a los fiscales del Tribunal Supremo para que rebajaran la acusación contra los responsables del referéndum ilegal del 1-0 y, cuando no lo consiguió, forzó a la Abogacía del Estado a que omitiera de su informe cualquier referencia a la violencia y rebajara la acusación de rebelión a sedición, tras haber destituido al responsable de la sección penal, Edmundo Bal por negarse a hacerlo. También se prestó la abogacía del Estado/Gobierno a recomendar la salida de la cárcel de Junqueras para recibir su credencial de eurodiputado y a atacar a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel por haber investigado al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por las presiones sobre la policía judicial para que revelara el contenido del proceso, a la sazón secreto, sin la anuencia de la juez. Ya de fiscal general, ha pedido que se límite a un solo delito las acusaciones contra Iglesias en el caso de la financiación ilegal de Podemos, puesto trabas a la investigación contra Iglesias en el “caso Dina”, y rechazado todas las querellas del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y varias organizaciones y particulares contra el Gobierno por los daños causados por la gestión de la crisis del Covid-19. Pero lo más grave en su proceder como fiscal, es haber anulado mediante una comunicación interior una Orden de su predecesora, Consuelo Madrigal, por la que se oponía a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta por la juez argentina María Servini por los crímenes franquistas. En 2010, la titular del juzgado federal nº 1 de Buenos Aires –discípula dilecta de Gazón- abrió una causa general contra los crímenes del franquismo, en la que procesó a varios antiguos ministros de Franco por actos cometidos entre 1936 y 1977, en base al principio de jurisdicción universal, Servini recogió el testigo de su maestro, que había visto rechazada su tentativa por una sentencia de la Audiencia Nacional de 2008, que dejó sin efectos lo actuado por el juez. Manos Limpias se querelló contra Garzón y, en 2012, el TS estimó que éste había abierto diligencias para enjuiciar supuestos delitos amnistiados y prescritos. y aplicado calificaciones jurídicas contrarias al principio de legalidad. Incurrió en excesos de interpretación y aplicación de las normas al abrir una causa general contra el franquismo, pero fue absuelto porque el Tribunal estimó -con corporativa condescendencia- que su actuación no alcanzó el grado de injusticia requerido para cometer un delito de prevaricación. Para autorizar la intervención de Servini, Delgado ha afirmado que era responsabilidad directa del Estado “la adecuación permanente de la memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional” La argumentación es abstrusa y carente de rigor jurídico, y Delgado ha dado vía libre a una juez argentina. Para que enjuicie a unos españoles por supuestos delitos de lesa humanidad –inexistentes cuando se `produjeron los hechos, por lo que no cabía la retroactividad- cometidos en España y que, en cualquier caso fueron amnistiados y han prescrito. Esta decisión ha sido calificada en medios judiciales de disparate, chapuza y esquizofrenia jurídica, por violar la Ley de Amnistia de 1977 y quebrantar el principio de legalidad. Para mí, es pura y simplemente un acto de prevaricación –adopción de una resolución injusta a sabiendas-. Preguntado sobre el interrogatorio de Salvini a Rodolfo Martín Villa permitido por Delgado, Campo ha respondió que esa cuestión no le parecía opinable, porque “sería poco respetuoso con el papel de los tribunales”. Pues no. El ministro de Justicia debería pronunciarse y condenar la intromisión de una jurisdicción extranjera en la jurisdicción española, en violación de las leyes nacionales y del Derecho Internacional. . Reforma de los delitos de rebelión y de sedición Sánchez se ha comprometido a liberar a los políticos catalanes presos tras la condena del Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación. No puede concederles una amnistía por no permitirlo la Constitución y el indulto no resulta viable porque Junqueras y demás compañeros mártires se niegan a solicitarlo, porque consideran que no han cometido ningún delito, y se muestran dispuestos a repetir su conducta delictiva en cuanto se les presente la menor ocasión. Para salvar este escollo, los juristas que mal aconsejan al presidente han sugerido reformar el Código Penal para modificar los delitos de rebelión y de sedición, rebajar las penas, y aplicar retroactivamente a los condenados las nuevas disposiciones más favorables.. A una pregunta sobre de la reforma anunciada por Sánchez de los delitos de rebelión y de sedición, Campo ha respondido que no cabía la menor duda. ”Son tipos penales que no hemos tenido afortunadamente que aplicar antes y, cuando nos hemos dado cuenta, llevaban escritos demasiado tiempo y necesitan el paso por la modernidad”. Efectivamente la regulación de estos delitos necesita aggiornarse, pero justamente en el sentido contrario al que pretende el Gobierno. Lo esencial en el delito de rebelión es que se produzca un alzamiento público con el fin de derogar la Constitución, destituir al Rey o limitar sus facultades, impedir la celebración de elecciones, disolver las Cortes o las Asambleas autonómicas o impedir su funcionamiento, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, destituir los Gobiernos de la Nación o de las Autonomías, o sustraer a las fuerzas armadas a la obediencia del Gobierno. El recurso a la fuerza o el grado de violencia requerido son factores instrumentales para lograr el objetivo perseguido, que fueron magnificados por el Gobierno socialista en su última reforma del Código Penal. Hay muchas formas de ejercer l a violencia sin necesidad de recurrir a la fuerza armada –presión psicológica o económica, recurso a las redes sociales, a la manipulación o a la posverdad, ciberataques, ocupación de edificios o cortes de comunicaciones…etc. Es lo que Daniel Gascón ha calificado de “El golpe posmoderno”. Por otra parte, no es necesario recurrir a la violencia cuando –como en el caso de Cataluña-, los rebeldes ocupan el Gobierno autonómico y todas sus competencias, incluido el control de las fuerzas del orden. Hay que regular lo que el Tribunal Supremo ha calificado de “rebelión jurídica“, de los rebeldes que ocupan legítimamente parte de los poderes establecidos. En un contexto de esta índole, la violencia pasa a un segundo plano y sólo hay que recurrir a ella en algún momento puntual. No se puede condicionar la comisión de rebelión a que se haya consumado la secesión y eludir la valoración de los elementos subjetivos –intenciones o deseos de los rebeldes-, pues los importante son los elemento objetivos El delito de sedición es menos importante porque lo que persiguen los sediciosos no es la alteración del orden constitucional de un Estado, sino la alteración del orden público. Basta con que se produzca un alzamiento tumultuario para impedir por medios no legales la aplicación de la ley o el ejercicio de sus funciones por parte de las autoridades o los funcionarios. Si se regulara claramente el delito de rebelión y se incrementaran sus penas, podrían reducirse las sanciones por el de sedición. Pero la reforma prevista no persigue la mejora técnica de ambos delitos, sino obtener una vía para sacar cuanto antes de la cárcel a los condenados por el proceso independentista. Tras las investigaciones que hice para publicar mi libro sobre “Politización de la justicia en España”, llegué a la conclusión de que la citada politización era importante en las instituciones de mayor contenido político, como el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional, bastante menor en el Tribunal Supremo e insignificante en los demás tribunales, con la excepción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En cuanto a los jueces y fiscales, su politización era mínima, salvo el caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En cuanto a los jueces y fiscales su politización era mínima salvo el caso de los “estrella”, que tanto daño han hecho a la administración de justicia. El poder judicial, junto con el Rey Felipe VI, han sido los principales garantes del orden constitucional en España.

EL PRESIDENTE SÁNCHEZ SE SUPERA A SÍ MISMO El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja de sorprendernos, con sus muestras de su cinismo y su capacidad de mentir y de manipular. En estos últimos días –según ha puesto de manifiesto el diario “El Mundo”- ha situado a Podemos dentro de la Constitución y al PP fuera de ella, arremetido contra Ciudadanos a pesar de su actitud colaborativa, cortejado de forma mendicante a ERC para sumar sus votos a su aún inexistente plan presupuestario, llamado a Joaquim Torra para reactivar la mesa bilateral de la infamia, y se ha puesto de rodillas ante los herederos de ETA con el fin de lograr el apoyo de los cinco diputados de Bildu a los presupuestos generales del Estado. “A tal objeto, no ha tenido rebozo en vincular los fondos europeos con la aprobación de los presupuestos, extremos que ha tenido que salir a desmentirle la misma Comisión Europea”. Podemos dentro de la Constitución Sánchez ha tenido el cuajo de afirmar en el Congreso que la diferencia entre Podemos y PP radicaba en que aquél estaba dentro y éste fuera de la Constitución. No creo que el PP se encuentre fuera de la Constitución, pero sí tengo la convicción de que Podemos se ha situado al margen de ella, por lo dicho por sus líderes y por lo hecho por el partido. Vemos algunos ejemplos para probar mi aserto. Según la Carta Magna, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria (artículo 1-3) y el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (artículo 56-1). Pese a haber prometido solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución, Pablo Iglesias no ha tenido empacho en denigrar a la monarquía y al Rey Felipe VI, en pedir su abdicación y en propugnar la proclamación de la III República. Tanto a nivel nacional, como autonómico o municipal, Podemos ha apoyado resoluciones con este objetivo. Su campaña antimonárquica se ha intensificado a partir de la salida de España del rey emérito. Según la diputada Gloria Elizo, “la única manera de desvincular a Juan Carlos I de Felipe VI es un referéndum y la abdicación de Felipe VI”. La soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 1-2) y la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (artículo 2), que tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139-1). No obstante, Podemos ha defendido el derecho a la libre determinación de las comunidades autónomas –especialmente en el caso de Cataluña-, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación decidido unilateralmente por los respectivos gobiernos y limitado a sus habitantes, pese a que la Constitución establezca que los referéndums serán convocados por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso (artículo 92-2). Iglesias ha aceptado, por ejemplo, que la soberanía de Cataluña reside en el pueblo catalán, quien –en el ejercicio de su derecho a decidir- podrá optar por la independencia o por la adopción de un régimen confederal en el que los catalanes gocen de derechos y obligaciones distintos a los del resto de los españoles. La Carta Magna estable un sistema de separación de poderes y prevé que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9-1), y obligados a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales (artículo 118). Podemos, sin embargo, es partidario de que el poder ejecutivo controle al judicial y los jueces sean nombrados conforme a criterios ideológicos. Pone en tela de juicio las resoluciones judiciales, sólo acepta las que le son favorables y critica acerbamente a los jueces cuando le son desfavorables. El pasado 4 de enero, cuando tomó posesión como vicepresidente del Gobierno, Iglesias afirmó que éste tendría muchos enemigos, entre ellos los “togados de ideología reaccionaria”. Señaló que los tribunales europeos habían dejado en mal lugar a la justicia española en el caso Puigdemont. El 2 de abril, Iglesias cuestionó la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber condenado a la portavoz del partido, Isabel Serra, por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, y fue llamado al orden para el Consejo General del Poder Judicial. El 27 de julio, tras la retirada del tercer grado a los políticos catalanes encarcelados, Iglesias expresó su sospecha de que muchos ciudadanos tendrían la sensación de que la justicia no siempre era igual `para todos. El 11 de agosto, un juez imputó a Podemos por presunta financiación ilegal, y el portavoz, Pablo Echenique, aseguró que el objetivo de la investigación no era judicial, sino de difamación mediática y que el juez, Juan José Escalonilla, había abierto “una investigación prospectiva”, basada en una declaración, El Gobierno acudió raudo en auxilio de su socio a través del domesticado Ministerio Fiscal. La Fiscalía de Madrid tuvo que reconocer que no se trataba de una investigación prospectiva, dado que había una base en la denuncia del Tribunal de Cuentas sobre el contrato con la empresa chavista Neurona, pero pidió limitar la investigación a sólo este supuesto y descartar el examen de las denuncias del antiguo jefe de los servicios jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, sobre la caja B del partido, el pago de sobresueldos, el clonado del disco duro de la abogada Mar Flor, la adjudicación irregular de la sede del partido o los abusos de la cooperativa Kinema. El fiscal criticó duramente al juez en apoyo del recursos de Podemos, porque “acordar toda esta base de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y clara enemistad y animadversión del denunciante es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”, Señaló que buena parte de los hechos denunciados podían ser discutibles desde el punto de vista ético, pero no eran delitos. Por la maléfica influencia de Dolores Delgado, el fiscal se trasmutó en abogado defensor del partido. El nombramiento de Delgado como fiscal general inmediatamente después de haber sido diputada del PSOE y ministra de Justicia es una de las mayores cacicadas cometidas por Sánchez, no sólo por la forma de la designación, sino también por el “curriculum vitae” de la elegida, que ha sido reprobada en tres ocasiones por dos Congresos distintos y estado vinculada a las cloacas vaginales del ex-comisario estafador José Manuel Villarejo. Alumna dilecta e íntima del juez prevaricador Baltasar Garzón, sigue en su órbita, como demuestra su decisión de enmendar la plana a su predecesora, Consuelo Madrigal, y permitir a una locática juez argentina, María Servini, interrogar a Rodolfo Martín Villa por la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad, abrir una causa general contra el franquismo y realizar un juicio contra la transición española. No hay nada más indigno profesionalmente para una fiscal que autorizar la realización en Argentina de un juicio contra españoles por actos realizados en España, que además fueron debidamente amnistiados. Según la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés general, así como velar por las independencia de los tribunales, y debe actuar, en todo caso, con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad (artículo 124). No cabe esperar que la fiscal general cumpla con estos principios. Sánchez se ha apoderado de todos los órganos institucionales del Estado –CIS, TVE, Correos, CNI, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo de Seguridad Nuclear, Abogacía del Estado o Ministerio Fiscal- y los ha puesto a su servicio personal. Para dominar por completo la justicia le falta el CGPJ l, quwe no ha podido renovar a su gusto al requerirse una mayoría cualificada para el nombramiento de sus miembros, y en ello está. El PP –que ha participado hasta ahora en el intercambio de cromos interpartidario, en claro detrimento de la independencia y neutralidad de la justicia- se ha negado a permitir la renovación del Consejo, ante la pretensión del presidente de reservar dos puestos en el Consejo a personar elegidas por Podemos. El PSOE –junto a los nacionalistas y la extrema izquierda- se ha opuesto a que se cree una Comisión en el Congreso para investigar la presunta financiación ilegal de Podemos, porque –según la simpar portavoz socialista, Adriana Lastra- las acusaciones contra el partido son una falsedad y una cortina de humo levantada por el PP para tapar las revelaciones del caso “Kitchen”, el espionaje parapolicial realizado contra Luis Bárcenas. Dando prueba de su doble vara de medir, el PSOE ha apoyado la creación de una Comisión investigadora sobre las actividades del PP, ya que se trata de dos asuntos que no tienen nada que ver. En efecto, así es; en el segundo caso, ya se creó una Comisión investigadora el pasado año, los hechos a investigar se produjeron hace varios años y los implicados han dejado de ejercer puesto en la política nacional o en el PP. En el primero, en cambio, no se ha constituido hasta ahora ninguna Comisión, los hechos se han producido recientemente y se siguen produciendo, y los implicados son un vicepresidente del Gobierno y altos cargos de Podemos. En un caso, es dudosa su justificación, pero se crea la comisión; en el otro, aunque esté sobradamente justificada, se rechaza la constitución de la comisión. ¡Todo sea por la transparencia!. Para cerrar el ciclo de la voluntad del Gobierno de controlar el poder judicial, el PSOE y Podemos han votado en el Congreso contra la propuesta del PP de que no pudiera ser nombrado fiscal general quien hubiera ocupado un cargo público o político en los últimos cuatro años, y en la que requería que su idoneidad fuera previamente refrendada por pos tercios del Congreso. Los objetores pusieron como excusa el oportunismo del PP, que no planteó la reforma cuando gozaba de mayoría absoluta. Ninguneo de Ciudadanos Sánchez está jugando astutamente con Ciudadanos, recurre a él cuando lo necesita y lo ningunea cuando no, y lo malo es que el partido naranja se presta a la maniobra. Le ha sacado varias veces las castañas del fuego y, en contrapartida, el PSOE ha firmado a sus espaldas un pacto con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral del PP o se ha negado a cumplir el compromiso de elaborar un marco jurídico que fortaleciera la acción del Gobierno y de las comunidades autónomas para hacer frente a los rebrotes de la pandemia del covid-19 sin necesidad de recurrir a la declaración del estado de alarma. La última afrenta se la acaba de propinar Sánchez en las Cortes cuando –pese a la reiterada colaboración de Ciudadanos a cambio de bien poco- ha afirmado despectivamente que el partido ya eligió gobernar con la derecha y no había salido de la foto de la plaza de Colón. El presidente está tratando de convencer a Cs a que rompa su alianza con el PP en diversas comunidades autónomas, especialmente en la de Madrid . Su representante en la Comunidad y secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, ha propuesto hasta en cuatro ocasiones la ruptura de la coalición y su apoyo a la candidatura de su actual vicepresidente, Ignacio Aguado. En mayo, Aguado fue categórico en su negativa: “Creo que hay que cortar de raíz toda la rumorología y mensajes interesados de los últimos días y lo voy a hacer hoy las veces que haga falta; no vamos a apoyar ninguna moción de censura”. En la última oferta socialista, sin embargo. Aguado no ha sido tan categórico, eludió contestar a la pregunta de si aceptaría la oferta del ^PSOE y se limitó a decir que la eventual moción de censura propugnada por el PSOE no era la principal preocupación de los madrileños. Como ha observado Jorge Bustos, Cs debe sentarse a negociar los presupuestos generales con el PSOE, pues si se niega a ello –como el PP y Vox-, Sanchéz los adoptará con el apoyo de los múltiples partidos que lo llevaron al poder y, en tal caso, se le echaría la culpa a Cs por no negociar. Inés Arrimadas ha decidido explorar la utilidad racional de los diez escaños de Cs y cuenta con la baza de que el Gobierno lo tendrá más fácil para lograr la aprobación de la Comisión Europea si va de la mano de Cs, pero no tiene derecho a vender barato su apoyo a Sánchez. Sus dos condiciones sine qua non para su apoyo deberían ser oxígeno fiscal para familias y empresas, y asfixia institucional para el separatismo. Si quiere tener el sí de Cs, el Gobierno tendría que dejar de apoyarse en los supremacistas a los que debe el poder, “Si desea seguir con ellos, yo me bajo”. Arrimadas tiene ocasión de depurar un poco la atmósfera de la legislatura y de enrarecer el ambiente entre el PSOE y Podemos. Es evidente que unos presupuestos que sigan los criterios fijados en el pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos serían difícilmente aceptados por la UE y se da además el caso de que los dos partidos gubernamentales han sido hasta ahora incapaces siquiera de esbozar las líneas básicas de los presupuestos. Aún así, Sánchez pretende, por su cara la bella, que esos hasta ahora inexistentes presupuestos sean aceptados y apoyados por la oposición. En su búsqueda por el centro-centrismo perdido, Cs trata de adoptar una postura equidistante entre el PSOE y el PP. Así, en relación con las comisiones de investigación, el portavoz naranja, Edmundo Bal, ha rechazado entrar en el juego en el que, a su juicio, están el PP, el PSOE y Podemos -una competición a ver quién de ellos es más corrupto- y preconizado investigar todo lo que haya que investigar, sea el caso “Kitchen” o la financiación ilegal de Podemos. En el caso de la propuesta de reforma para la designación del fiscal general, Bal ha acusado al PP de timidez en su propuesta, ya que, en opinión de Cs, el periodo de abstinencia de los cargos públicos y políticos para acceder a la fiscalía general debería fijarse en diez años. Concesiones a los partidos separatistas catalanes Sánchez le ha tirado una vez más los tejos a su socio de investidura, ERC, y Gabriel Rufián se ha dejado querer, ha objetado la participación de Cs en la aprobación de los presupuestos por ser incompatible con Esquerra, y no ha excluido el apoyo de su partido para evitar que puedan ser aprobados con el respaldo de la derecha. Rufián se ha rasgado las vestiduras por la actuación del gobierno del PP en el caso “Kitchen” y ha pedido la ilegalización de dicho partido. Esto lo pide increíblemente el portavoz de un partido que ha protagonizado un golpe de Estado y respaldado la independencia de Cataluña y la desintegración de España, y que –en cualquier país serio de nuestro entorno, como Alemania o Francia- habría sido declarado ilegal tiempo ha. También se ha humillado una vez más Sánchez y ha llamado a Torra para acordar una fecha para reanudar las reuniones de la mesa bilateral de negociación, con la inclusión en el programa de la posible celebración de un posible referéndum de autodeterminación. No ha llegado a aceptar que se debata el tema de la amnistía –todo se andará-, aunque sí el de los indultos, si bien éstos resultan difíciles de tramitar dado que Oriol Junqueras y otros políticos encarcelados se niegan a solicitarlo por estimar que no han cometido ningún delito. Para superar esta dificultad y conseguir la liberación de Junqueras y Cía, Sánchez se ha comprometido a modificar el Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. Cs debería negarse a negociar con el Gobierno, si Sánchez sigue haciendo concesiones a un separatismo que, no sólo no se ha arrepentido de su actuación delictiva, sino que está dispuesto a repetirla en cuanto encuentre ocasión. Prueba de ello es la actitud de Torra que se muestra contrario a aceptar la eventual decisión del Tribunal Supremo que confirme su inhabilitación. En contradicción con las medidas restrictivas de concentraciones adoptadas por la Generalitat, Torra ha autorizado y apoyado los actos masivos para la Diada de mañana -100 concentraciones de 48.000 personas, en la que la intención de su organizadora, la ANC, es reactivar la agitación callejera y la presión popular, con vistas a que los partidos nacionalistas obtengan más del 50% + 1 de los votos en las próximas elecciones autonómicas, tras lo cual, el Govern salido de las urnas volvería a declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña. Concesiones a los separatistas vascos A diferencia de su falta de empatía hacia el medio centenar de miles de víctimas del coronavirus, Sánchez ha expresado, compungido, su profundo pesar por la muerte del “preso vasco” Igor González, terrorista de ETA que se ha suicidado en la cárcel de Martutene. Según Arcadi Espada, el presidente ha usado el fallecimiento del terrorista como “captatio benevolentiae” de HB Bildu, cuyos votos necesita para la aprobación de los presupuestos. Esta hipócrita lamentación ha sido duramente criticada por los líderes de las asociaciones de víctima del terrorismo y de los partidos políticos de la oposición. La asociación Dignidad y Justicia ha mostrado su más absoluta repulsa y expresado su vergüenza porque Sánchez haya hecho semejante comentario como presidente de los españoles en el Senado, órgano constitucional que representa al pueblo español. Arrimadas ha pedido al Gobierno que muestre mayor empatía con las víctimas del terrorismo que con sus verdugos. Bildu, en cambio, se ha congratulado del paso simbólico de Sánchez y lo ha emplazado a que sea valiente, facilite el acercamiento de los presos vascos a Euskadi y ponga en libertad a los que hayan cumplidos tres cuartas partes de sus condenas o arrastren enfermedades incurables. Su portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha exigido al presidente a que ponga en marcha una hoja de ruta que permita la libertad de 220 presos que cumplen condena en cárceles situadas fuera del País Vasco. “Ha llegado el momento –ha afirmado Iriarte- de que cambie la política penitenciaria de excepción y de venganza del Estado y que se empiecen a dar pasos para que todos los presos estén en Eushal Herria”. La vice-lehendakari socialista, Idoia Mendía –que se hizo famosa con la foto de confraternización gastronómica con el terrorista Arnaldo Otegui- ha abogado por el acercamiento de los presos de ETA a sus lugares de origen, como una decisión política que ayude a la reinserción de los miembros de la banda encarcelados. Siguiendo los criterios y la terminología del entorno etarra, Mendía ha vinculado la política penitenciara con la construcción de la convivencia en Euskadi. Desde que Sánchez esta en el gobierno, noventa presos de ETA han sido trasladados a cárceles vacas y han mejorado notablemente las condiciones de su estancia en prisión. El próximo paso será transferir las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, para que pueda aplicar una política de tolerancia hacia los presos etarras similar a la practicada por la Generalitat. En el ínterin, hay unos 300 atentados etarras aun sin resolver y la administración de justicia no muestra demasiado interés en resolverlos y está permitiendo que vayan prescribiendo. Las autoridades vascas toleran, cuando no promueven o apoyan, los homenajes a los etarras que salen de prisión. La incitación al odio contra las fuerzas de seguridad sigue un curso ascendente, como se ha puesto de manifiesto en Alsasua con el ataque vandálico contra dos agentes de la guardia civil y sus parejas, y la campaña anual contra la guardia civil, a la que califican de “txacurras” –perros- y este año los han identificado con el coronavirus. Al PSE y al PSN no parece importarles y han blanqueado plenamente a Bildu, pese a que sigue sin condenar la violencia etarra. Otegui es un hombre de paz, Bildu es un partido como cualquier otro y el PSOE pacta con él el gobierno de Navarra, el apoyo a la investidura de Sánchez o el respaldo a los presupuestos y a los decretos-leyes del Gobierno. Bildu, “normal as usual”. Supuesto condicionamiento de la ayuda de la UE a la aprobación de los presupuestos Con su habitual desparpajo y capacidad manipuladora, Sánchez ha echado en cara a la oposición que, si no aprueban sus presupuestos –aún ignotos- serán responsables de que la UE no facilite a España las ayudas previstas en el Fondo de Recuperación y Resistencia. Ha afirmado en el Senado que el Fondo no se podía abordar sin unos presupuestos en España con carácter inmediato. “Los presupuestos generales del Estado son el tronco que permite canalizar los recursos procedentes de la UE. Desvincularlos sería una grave irresponsabilidad y comprometería también la absorción y la ejecución de esos 140.000 millones de euros durante los próximos seis años”. La propia Comisión Europea ha tenido salir a la palestra para aclarar que la presentación de los presupuestos y la valoración de los planes nacionales de recuperación son dos procesos separados y distintos. No obstante, aunque no exista vinculación formal entre ambos, es importante que los objetivos de cada uno de ellos sean consistentes entre sí. La Comisión aconseja que en los planes presupuestarios se fijen objetivos en línea con las prioridades de los fondos, como son la digitalización o la transición energética. Lo normal es que se aprueben nuevos presupuestos, pero la requerida coherencia también se puede conseguir haciendo variaciones sobre presupuestos prorrogados, adaptándolos a los nuevos fines perseguidos. Sánchez ha insistido de forma dramática al afirmar que estamos en una situación inédita y extraordinaria que no había ocurrido antes en la Historia, por lo que todos los españoles tenían que hacer un esfuerzo para actuar de consuno. “Necesitamos unos presupuestos progresistas de país, que tengan el mayor acuerdo posible. Es lo que demanda la ciudadanía. Hagamos un esfuerzo por superar la dialéctica ideológica y centrémonos en lo que merece la sociedad: transformar, vehicular los €140.000 millones de la UE y no dejar a nadie atrás”. Estas razonables palabras –fruto del marketing propagandístico del “gurú” Iván Redondo- se compadecen poco con la conducta seguida por el presidente. Ha prescindido del diálogo con el PP y con Vox, dado una de cal y otra de arena a Cs y mendigado el apoyo de los socios del proyecto Frankenstein. Se halla inmerso en una batalla “dialéctica ideológica” con Podemos para tratar de acordar un anteproyecto de presupuestos, a fin de negociarlo con las fuerzas políticas que estén dispuestas a apoyarlos. Por no hacer, el Gobierno ni siquiera ha decidido el techo de gasto para 2021, condición indispensable para elaborar los presupuestos. Pero –como ha señalado “El Mundo”, Sánchez “es incapaz de distinguir entre el patriotismo y la táctica, entre el plan a largo plazo y el golpe de efecto de esta mañana, entre la elaboración de las cuentas para un país sumido en la recesión y el vanidoso juego sin límites de su ludopatía parlamentaria”. Madrid, 10 de septiembre de 2020