La falacia del diálogo con el secesionismo catalán

LA FALACIA DEL “DIÁLOGO” CON EL SECESIONISMO CATALÁN

          Los profesores Joan Vergés (Universidad de Gerona) y José Luis Martí (Universidad Pompeu Fabra) tomaron la iniciativa de circular entre los medios académicos una “Petición pública a favor de una negociación política sobre Cataluña”, en la que se pide que todos los implicados en el “conflicto” catalán –de un lado y del otro- hagan un esfuerzo para desescalar la tensión social, no se judicialice la política y se lleven a cabo negociaciones políticas entre los Gobiernos de Cataluña y de España. Alegaron que se  trataba de una declaración de mínimos que debería resultar aceptable tanto a los que estaban de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo como a los que discrepaban de ella. La declaración –publicada ayer en ¡El País”- ha sido firmada por 235 personas, entre los que figuran componentes de la “gauche divine” como Victoria Camps, Manuela Carmena, Manuel Castells, Noam Chomski, Iñaki Gabilondo, Daaniel Innerarity, Andreu Mas-Colell, Javier Pérez Royo, José Antonio Pérez Tapias, Josep Ramoneda, Manuel Rivas, Javier Sábada, Suso del Toro o Slavoj Zizek, la “crème de la crème“ del progresismo caviar. No se trata, sin embargo, de una declaración de mínimos, sino bajo mínimos, en la que –con apariencia de neutralidad y de equidistancia- se apoyan las posiciones independentistas, por lo que resulta inaceptable.

La declaración parte de una descripción nada objetiva ni neutral de la situación en Cataluña, en la que se ha visto considerablemente alterado el funcionamiento normal de la sociedad civil. Dicha situación se ha agravado de una manera preocupante pues, por primera vez desde el comienzo del “procés”. se habían producido enfrentamientos con la policía en las ciudades de Cataluña, por lo que no podían quedarse cruzados de brazos. Afortunadamente el panorama se ha despejado porque los altercados han ido a menos y pronto habrá un Gobierno progresista.

En su asepsia informativa, los signatarios callan sobre la causa de esos enfrentamientos y sobre sus autores e inductores, y se limitan a hacer una genérica condena de la violencia por parte de los dos bandos. Los sucesos parecen haberse producido por generación espontánea, por un fenómeno de la naturaleza como un tsunami o un terremoto, silenciando los signatarios que ha sido causado efectivamente por un tsunami, pero no meteorológico, sino “democrático”, protagonizado por los energúmenos de los CDR. que, con sus acciones de “kale barroka,, han provocado, y siguen provocando, el caos en Cataluña e incluso allende los Pirineos, ante la complacencia de Joaquim Torra –que les pide que “aprieten”-, de Pere Aragonés –que les ruega que “no aflojen”-y de la Presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie –que estima legítima la violencia porque da visibilidad internacional al conflicto de Cataluña-.

          La actitud de los peticionarios queda en evidencia tanto por acción como por omisión. No es cierto que sea la primera vez que se han producidos altercados entre los separatistas y la policía en los últimos tiempos, pues se olvidan los incidentes del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía, los ataques a las fuerzas de seguridad el 1 de Octubre y las agresiones y escraches realizados contra las citadas fuerzas durante esos días. Omiten vergonzantemente mencionar a los CDR y a “tsunamis democratic”, responsables directos de los altercados, y hablan de violencia por las dos partes, igualando la violencia tumultuaria ilegal con la violencia legítima de las fuerzas de seguridad, culpando a los policías por cumplir con su deber de mantener el orden público y dando tácitamente la razón a Torra que, en vez de apoyar a a los Mossos a los que ordenaba que se enfrentaran a los manifestantes violentos, los ha amenazado con abrirles expedientes sancionadores. No se pueden dar lecciones desde una auto-asumida superioridad moral, ni pedir al Gobierno de la Nación que haga concesiones a los separatistas en contra de los intereses generales del Estado.

          Los peticionarios afirman que es preciso detener cuanto antes la espiral de violencia –y tienen razón-, pero no dicen quiénes son los generadores de esa violencia, que no son los policías, que sólo cumplen con su deber. Una condenación explícita de la actuación de la tremenda violencia desplegada por los comandos de las CDR –entre los que figuran la hija y los sobrinos de Torra- y de “tsunamis democratic”,que es una misteriosa entidad aún no del todo identificada, que cuenta con el respaldo y la financiación de la Generalitat y goza de una inusitada capacidad de convocatoria, como ha puesto de manifiesto con el asalto al aeropuerto del Prat y con la paralización del tráfico en las autopistas y las carreteras de Cataluña- concedería fuerza moral a los peticionarios para formular sus poco objetivas demandas.

          Su afirmación de que  ha llegado el momento de que “se abandone la estrategia de judicializar un conflicto de clara naturaleza política” supone, no sólo una crítica al anterior Gobierno, sino también al poder judicial. El pronunciamiento del TS no ha pretendido resolver el problema político de Cataluña –que no entra dentro de sus competencias-, sino simplemente cumplir con su función de hacer justicia, al juzgar y condenar a unas personas que habían incumplido las leyes y realizado en conductas tipificadas como delitos por el Código Penal. Este proceder  no puede ser calificado de “judicialización de la política”. El Tribunal habría incumplido su misión juzgadora si no hubiera enjuiciado y condenado a los autores de  estos graves delitos, y permitido una impunidad a la que se considera normal en Cataluña., Y demasiado benévolo se ha mostrado, pues –con una interpretación generosa y un tanto voluntarista- ha considerado que los sediciosos no habían cometido un delito de rebelión de libro, al estimar que su benéfica intención era dialogar con el Gobierno central para que les permitieran poder votar en un referéndum. Esta salomónica decisión -que ha desautorizado a la Fiscalía General del Estado y dado razón a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno por razones de jerarquización- ha tenido graves consecuencias colaterales, como poner en evidencia al Rey  -que se lanzó a las turbulentas aguas catalanas por una  mera “ensoñación”- y al propio TS, que –sin motivos suficientes- ha mantenido dos años en prisión preventiva a los “dreamers” catalanes. La adopción de las leyes del referéndum y de la transitoriedad –que derogaban la Constitución en Cataluña-, los ataques ante la Consejería de Economía para impedir la actuación judicial, la celebración de una consulta ilegal prohibida por el Tribunal Constitucional, los atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado  y la Declaración Unilateral de Independencia –actos  todos ellos considerados probados por el TS- no eran más que un “farol” –Clara Ponsatí dixit y el Tribunal se lo ha creído- en una divertida partida  de póker.                                                         

            Según los signatarios, tras la sentencia, el Gobierno catalán había solicitado reiteradamente  entablar negociaciones con el Gobierno español a fin de abordar el conflicto, pero hasta ahora esta petición no ha sido atendida. Silencian que el Gobierno en funciones sí respondió a Torra indicándole que, para iniciar la negociación, era indispensable que condenara explícitamente el uso de la violencia por los CDR, pero éste se ha negado a hacerlo. Esa era la opinión de Sánchez-Dr.Jekyll durante la campaña electoral, pero que Sánchez-Mr.Hyde cambiará en su transmutación en candidato a la presidencia del Gobierno. Añaden los peticionarios que “ahora más que nunca es la hora de empezar las negociaciones”. Los Gobiernos catalán y español –“el burro delante pa que no se espante”- tendrían que acordar celebrar negociaciones “a fin de estudiar y pactar medidas que ayuden a encarrilar una solución política del problema”, las cuales deberían “llevarse a cabo  de buena fe y buscar una solución razonable que pueda satisfacer mínimamente los intereses de cada una de las partes”.

Sin embargo, la pretensión de la Generalitat de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, que siguen manteniendo el Govern y sus aliados, no puede ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre los Gobiernos de España y de Cataluña, que jurídicamente no  pueden ser situados en pie de igualdad, dado que existe una prioridad  jerárquica establecida en la Constitución a favor del Gobierno central. Los Gobiernos españoles han venido dialogando políticamente más de cuarenta años con los disidentes catalanes y, cuanto más han dialogado con ellos, más ha aumentado el número de sus adeptos y mayores han sido sus exigencias. Se les permitió violar impunemente la Constitución, en cuya redacción tanto se les había concedido, y ahora se trata de dialogar con los ellos para intenta que se dividen y aplacen por el momento un nuevo intento de secesión.

No se puede dialogar con quienes dicen  que sólo están dispuestos a hablar sobre       ”independencia sí o sí”, violan sistemáticamente la Constitución, el Estatuto de Autonomía  y las leyes –incluidas las suyas propias-, incumplen las sentencias de los Tribunales, no reconocen la legitimidad del Tribunal Constitucional y han impuesto un discurso supremacista y xenófobo, que ha enfrentado a españoles y catalanes, y a los propios catalanes entre sí, discriminando a los no nacionalistas y fracturando la sociedad de Cataluña. No se puede dialogar con un personaje como Joaquím Torra, que –siendo el más alto representante del Estado español en Cataluña- está en insumisión permanente contra ese Estado que lo mantiene en su puesto y al que trata  de destruir, afirma que impondrá la independencia de Cataluña, hace llamamientos a la población a que ocupe las calles para protestar contra la sentencia del TS, reclama la libertad de los “presos políticos” y  respalda a los terroristas de los CDR -a los que alienta a que “aprieten”-, condona la violencia y, en vez de apoyar a los Mossos, que han sufrido numerosas bajas al reprimir las acciones violentas de los antisistema, los expedienta..

            Los problemas se resuelven mediante la aplicación de las leyes, que representan la voluntad de la mayoría, y una minoría no puede imponer su voluntad mediante el recurso a la violencia. Dentro de la Constitución cabe todo, fuera de ella no cabe nada.  Flaco favor se haría al diálogo si se convirtiera en un instrumento mágico y único para resolver los conflictos. No se puede dialogar con quienes incumplen constantemente la ley, ni hacerlo bajo amenaza. Como dijo John Kennedy, “puedes no estar de acuerdo con las leyes, pero no puedes desobedecerlas”. Nadie está por encima de la ley y la premisa básica para cualquier intento de solucionar el problema catalán- que no el “conflicto”, como afirman lo peticionarios recurriendo a la terminología separatista- es el respeto a la ley y el restablecimiento del quebrantado orden constitucional. Tampoco cabe el diálogo con personas que mantienen posiciones completamente antagónicas y su único empeño consiste imponer su criterio “velis nolis”. Sólo los ingenuos o los malintencionados pueden apostar por el diálogo incondicional con los separatistas, que sólo saben practicar el monólogo.

            “Diálogo” es una bella palabra que todos proclaman y pocos practican. El Gobierno de España puede y debe hablar con el de Cataluña, pero sería absurdo que ese diálogo se redujera a tener que aceptar lo que diga la Generalitat, especialmente cuando ello sea ilegal.. La respuesta a este problema fue ya adecuadamente dada en un editorial del periódico “El Mundo”, el 25 de septiembre de 2017: ”La abierta deslealtad de la Generalitat y su contumacia en la desobediencia han dinamitado cualquier opción de diálogo. No puede haber ningún tipo de negociación, ni mucho menos concesiones políticas o económicas a instituciones cuyos dirigentes usan las herramientas del autogobierno para intentar liquidar el mismo. El diálogo no es sólo necesario, sino imprescindible en una democracia[…], pero siempre que medie un respeto escrupuloso a la ley, que es lo que permite armonizar la convivencia y garantizar la igualdad de los españoles. El Gobierno catalán sigue lejos de asumir esta exigencia irrenunciable en cualquier Estado de Derecho-[…] La felonía insurreccional de la Generalitat resulta incompatible con abrir cualquier vía de negociación por  muchos llamamientos que se hagan al diálogo”. Dos años después, estas reflexiones siguen siendo del todo válidas.

            Los separatistas catalanes no ocultan sus intenciones. El Vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés exigió anteayer a Pedro Sánchez, que, si quiere el apoyo de ERC a su investidura, volviera a la Cumbre de Pedralbes, y que recuperara la negociación bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat para vehicular una propuesta política a un conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que desemboque en un acuerdo explícito. Propuso la creación de una mesa de negociación de partidos, al margen del Parlament y de las Cortes, una mesa de negociación entre las instituciones catalanas y el Estado en pie de igualdad y bajo la supervisión de un relator internacional. Consideró las protestas violentas como una “herramienta de presión política” para obligar al Gobierno central a volver a la mesa de negociación y forzarlo a que autorizara la celebración de un referéndum de autodeterminación. Hizo un llamamiento a los independentistas radicales para que no “aflojasen” en sus movilizaciones contra la sentencia del TS, porque era importante que hubiera una ciudadanía movilizada para que el Gobierno se moviera.

            El Presidente Torra se movió en esa misma línea cuando pidió a los comunes que utilizaran la futura presencia de Podemos en el Gobierno para que convencieran al PSOE de que era imprescindible celebrar un referéndum para la independencia  y amnistiar a los condenados en la sentencia del TS. Volvió a apoyar las acciones violentas de los CDR, con el pretexto de su obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a la protesta. El iletrado President considera que el derecho a la libertad de expresión y manifestación incluye los ataques a los policías, la interrupción de las comunicaciones, la destrucción del mobiliario público y las propiedades privadas, y la paralización de la región.

            Es más que posible que si el retorcimiento de la aritméticas y la benevolencia -abstencionista de ERC y de Bildu hacen posible la formación del Gobierno–Frankestein, tan  anhelado por los signatarios progresistas, Sánchez regrese,  no ya a Pedralbes, sino a donde haga falta ir para lograr su único anhelo: mantenerse en el poder, aunque España, el PSOE y hasta la Unión Europea se desintegren. Mucho me temo que la oferta del diálogo dentro de la Constitución no sea más que una reliquia del período electoral. “Sic transit parola Sanchis”.

Madrid, 16 de noviembre de 2019