Rompecabeas siniestro de Sánchez para conservar el poder

ROMBECABEZAS SINIESTRO DE SÁNCHEZ PARA CONSERVAR EL PODER

Poco a poco van encajando de forma inexorable las piezas catalanas, vascas y navarras del siniestro rompecabezas diseñado por Pedro Sánchez para conservar como sea el poder. Como ha señalado “El Mundo” en un editorial, “los españoles no se merecen  que la integridad territorial, la seguridad y el bienestar de todos queden a merced de las ambiciones de un líder que ha demostrado que sólo le obsesiona mantenerse en el poder a cualquier precio”. El fiasco de las segundas elecciones generales ha debilitado a Sánchez de forma considerable y, tras haber vetado y estigmatizado a Pablo Iglesias y afirmado que ni él ni el 95% de la población podría dormir tranquilo con su presencia en el Gobierno, le ha dado o –más bien- ha recibido el “abrazo del oso” podemita y lo ha nombrado Vicepresidente del Gobierno “in pectore”, sin esperar siquiera a recibir el preceptivo encargo del Rey para formar Gobierno.

            El que fuera otrora icono del progresismo izquierdista, Alfonso Guerra, ha descrito gráficamente en una entrevista televisiva el citado abrazo. Ha señalado que, 24 horas después de las elecciones y sin consultar con ningún partido constitucionalista, el Presidente del Gobierno en funciones, firmó un preacuerdo con Podemos y se fundió en un abrazo con Iglesias. La evolución del abrazo era una metáfora de lo que iba a ocurrir si el preacuerdo se concretara en Gobierno: Habrá uno que tome la iniciativa y otro que no podrá decir que no aunque le gustara hacerlo, lo que era un drama. Ya sólo quedaba que nos salvaran los independentistas dejando de abstenerse y haciendo fracasar la investidura de Sánchez y, entonces, se podría empezar de nuevo.

Pieza catalana

La pieza catalana del rompecabezas es la más preciada y decisiva, sobre todo la que lleva la marca de ERC, pues la abstención del partido republicano –sumada al apoyo de Podemos y otros partidos nacionalistas y regionalistas, que se da por descontado-, Sánchez podría ser investido Presidente de Gobierno de verdad y no como ahora, aunque para él, no haya mayores diferencias. Mas los independentistas han puesto un elevado precio a su abstención. ERC exige la constitución de una Mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán, en pie de igualdad, para resolver el conflicto político mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y pueden exigir porque –según ha fanfarroneado el impresentable Gabriel Rufián-, “como Pedro Sánchez es un derrotado, se le puede sentar a hablar”.El Presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, ha desafiado una vez más al Tribunal Constitucional y ha permitido que se vote una resolución por él suspendida el pasado día 5, que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre  el referéndum del 1-O, reeprueba la Monarquía y defiende el derecho a la autodeterminación y la soberanía del pueblo catalán.  La portavoz del partido, Marta Villata,  ha afirmado que no pueden aceptar que el Tribunal Constitucional dicte, limite o imponga al Parlament lo que puede o no debatir o votar. No hay nada por encima de la voluntad del Parlamento –donde está representada la soberanía del pueblo catalán.

Según Cayetana Álvarez de Toledo, al desafío de los frentes anticonstitucionales catalán, vasco y navarro, se añade en Cataluña el plurinacionalismo del PSC, cuyo líder, Miquel Iceta -que ha sido calificado por  Iñaki Gil de jefe de un circo de dos pistas, una en Barcelona y otra en Madrid, donde realizan sus piruetas los partidarios de un Gobierno tripartito integrado por PSOE/PSC , ERC y Podemos-, ha vuelto a afirmar que Cataluña es una Nación, con las consecuencias políticas y jurídicas que ello comporta.

Juntos por Cataluña ha incorporado la exigencia de que Joaquim Torra participe en la Mesa de negociaciones y de que se nombre a un relator internacional que actúe de árbitro cuando se produzca alguna divergencia entre las partes. Se trata de volver a la Cumbre de Pedralbes –resolución del conflicto político por el diálogo entre los dos Gobiernos en pie de igualdad y al margen de las Cortes y del Parlament, y reconocimiento del derecho a decidir de los catalanes-, a la que se suma el requerimiento de conceder una amnistía a los políticos condenados por el Tribunal Supremo. El Gobierno central -por boca de la Vicepresidenta Carmen Calvo- se ha negado por ahora a discutir sobre el derecho a la libre determinación del pueblo catalán y ha ofrecido modificar el Capítulo VIII de la Constitución para mejor acomodar a Cataluña en el Estado español.

Pieza vasca

            El PNV ha jugado últimamente las cartas de la moderación frente al frenesí en el que ha caído el nacionalismo catalán. Íñigo Urkullu desempeña una papel similar al que en su día tuvo Jordi Pujol para garantizar la gobernabilidad en España, inclinándose a babor o a estribor según su conveniencia. Primero apoyó al Gobierno de Mariano Rajoy ofreciéndole los diputados del PNV para aprobar los Presupuestos Generales y, en horas 24, cambió de rumbo sin pestañear, apoyó la moción de censura contra Rajoy y respaldó la investidura de Sánchez. Por supuesto que no lo hizo “gratis et amore”, sino pasando una abultada factura a los dos Gobiernos.

Sin embargo, no ha abandonado sus postulados soberanistas y, aunque se alió con el Partido Socialista de Euskadi para formar Gobierno, acordó con Bildu una reforma del Estatuto de Guernica que consagrara el derecho a decidir del pueblo vasco. El proyecto de nuevo Estatuto elaborado por una ponencia de cinco expertos jurídicos en representación de los principales partidos ha presentado un proyecto claramente soberanista, con el voto particular del representante del PP, Juan Ignacio del Burgo. El texto ha alterado sustancialmente los principios del federalismo al conceder las competencias a la Junta del País Vasco con carácter general y al Estado con carácter residual. La Comunidad asume todas las competencias salvo las expresamente conferidas al Estado. Así pues, el Gobierno autonómico asumiría la mayor parte de las competencias legislativas y ejecutivas, que califica de “políticas públicas”. Como ha señalado del Burgo, no hay lugar para el Estado, ni para la aplicación de las políticas dirigidas a garantizar la igualdad de los españoles, ni a establecer medidas comunes por razones de interés general. 

El proyecto sienta el principio de “prevalencia”, conforme al cual el derecho propio de Euskadi en materia de sus competencias –que son casi todas- se aplicará con preferencia a cualquier otro y el derecho del Estado tendrá carácter supletorio. Distingue entre “nacionales” y “ciudadanos” vascos, con lo que se rompe el concepto de soberanía nacional, haciendo de los nacionales vascos “sujetos políticos” ajenos al resto de los españoles. En una disposición transitoria se reconoce “el derecho a decidir de sus ciudadanos libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”. La inclusión de las palabras por mí subrayadas ha sido la principal contribución del PSE a la redacción del proyecto y no resulta aceptable para Bildu, que pretende consagrar el derecho de autodeterminación de forma absoluta, sin necesidad de que medie el Estado. Antes de su envió a las Cortes, el proyecto será sometido a una “consulta habilitante” del pueblo vasco, de modo que lo que éste decida condicionará a los diputados y senadores, como ya ocurrió con el Estatuto catalán de 2006 tras su aprobación en referéndum.

Para mostrar el camino, el Parlamento vasco ha aprobado hoy una resolución en la que aboga por un nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado español, basado en la igualdad, la bilateralidad y el pacto, que dé cauce al ejercicio del derecho a decidir. El PNV y Bildu han votado a favor, el PP y el PSE en contra y Podemos –salvo su Presidenta- se ha abstenido. El diputado Borja Semper /(PP) ha afirmado que el derecho a decidir era un desbordamiento legal y un disparate jurídico. El Parlamento ha pedido que se acabe con la excepcionalidad en la aplicación de la política penitenciaria, de manera que se acerquen a cárceles vascas los presos –incluidos los de ETA- que cumplan condena en otros territorios.

Pieza navarra

La pieza navarra es la menos importante, pero tiene un alto sentido simbólico porque Navarra es la “joya de la corona” y un elemento fundamental para la creación de un Estado vasco. Tras las últimas elecciones autonómicas ganadas por Navarra Suma –que logró 20 escaños frente a 11 del Partido Socialista-, María Chivite se empeñó en acceder a la presidencia del Gobierno foral, para lo que forjó un mini-Gobierno Frankesntein con el apoyo de Geroa Bai - fllial del PNV en la Comunidad-, Podemos e Izquierda-Ezquerra, y la abstención de Bildu, a cambio de un puesto en la Mesa del Parlamento que no le correspondía y la alcaldía de Huarte. Gracia a ello, Chivite obtuvo la investidura con un Gobierno minoritario, pero ahora se encuentra con dificultades para la aprobación de sus Presupuestos Generales al carecer de los votos necesarios.

La Presidenta anunció el envío del proyecto de presupuestos al Parlamento para su debate, pero Bildu exigió y consiguió que se realizaran con anterioridad consultas entre los partidos políticos. Chivite –que había jurado o prometido por sus ancestros que nunca negociaría con Bildu- lo ha convocado a su despacho oficial, concediéndole así la vitola institucional. Navarra Suma ha expresado su sorpresa por la convocatoria de un partido que nunca ha condenado los crímenes de ETA y su Presidente, Javier Esparza, ha señalado que la gran diferencia ética entre los dos partidos radica en que Navarra Suma tenía asesinados de ETA, mientras que en Bildu había quienes aplauden a los asesinos de la banda. La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, advertió a Chivite que, si quería mira a la izquierda y en progresista, sólo conseguiría aprobar los presupuestos con Bildu y, tras la reunión con la Presidenta, comento que había habido una buena sintonía que facilitaría la aprobación de las cuentas. Chivite tendrá que optar entre Navarra Suma y Bildu, pero es más probable que se incline por el segundo, a pesar de sus negativa a negociar con él. Al fin y al cabo. Chivite es una aventajada discípula de Sánchez., “el epítome más acabado del sanchismo -según “El Mundo”- que sacrifica

“la laminación de la tradición constitucionalista del PSOE en aras del puro afán de poder”. El acercamiento a Bildu es, por otra parte, una estrategia necesaria a nivel nacional, dado que Sánchez necesita su abstención para lograr la investidura.

Reacciones ante los últimos acontecimientos

            Pese a la gravedad del comportamiento de Sánchez, se ha producido un ominoso “silencio de los corderos” entre los dirigentes de más peso del PSOE. ¿Dónde están Felipe González, Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán, Ximo Puig, Javier Fernández, Susana Díaz o Abel Caballero? ¿Quién calla otorga?...Sólo han reaccionado algunos antiguos dirigentes socialistas como Nicolás Redondo Jr., César Antonio Molina, Joaquín Leguina, José Rodríguez de la Borbolla o Francisco Vázquez, que –junto a personas cercanas a Ciudadanos, como Francesc de Carreras, Félix Ovejero  o Manuel Valls, han formado el colectivo  “España nos reúne”, y han presentado una declaración en la que afirman que España está en una situación grave y alertan sobre el peligro de destrucción del régimen de libertades nacido de 1978, por culpa del pacto del PSOE con Podemos y por el posible acuerdo de investidura con ERC. Han expresado su deseo de que se forme un Gobierno que excluya a partidos populistas y nacionalistas, y se apoye en las formaciones que ocupan el amplio centro del tablero político, pues sólo un acuerdo de este tipo permitiría “el desarrollo durante cuatro años de una acción de gobierno, sólida y coherente, que contribuya a la concordia entre los españoles”.

            En un artículo publicado en “El Mundo”, titulado “Insistencia en Luzbel”. El ex–Ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha afirmado que el PSOE ha defraudado a los votantes y los ha engañado vilmente. Sánchez va camino de llevar a su partido a la destrucción y a fenecer él mismo ¿Cómo se puede pasar de una izquierda socialdemócrata, moderada y progresista a una extrema izquierda aliada con proindependentistas, anticonstitucionalistas, enemigos de nuestro régimen económico, antieuropeos y tantas cosas más que abren paso a un Estado totalitario? ¿Cómo se puede hablar con los partidos secesionistas que tienen en la cárcel a sus dirigentes por haber cometid graves delitos, e incluso pedirles el apoyo para la investidura y extender esta petición en a quienes el País vasco tienen las manos manchadas de sangre socialista?  ¿Cómo podrán sobrevivir dos Gobiernos paralelos? ¿Por qué el Partido Socialista prefiere estar con los anticonstitucionalistas en vez de con quienes comparten el credo principal  de la Constitución? ¿Cómo se puede hablar de una mesa de iguales entre una Comunidad y el Estado?... Molina deja en el aire estos interrogantes y concluye que hay que hacer todo lo posible para impedir que el poder caiga en manos de los populistas o, -aún peor- de los independentistas periféricos. La situación es de una gravedad absoluta porque nos estamos jugando la supervivencia de nuestro país.

            Especialmente duro ha sido el antiguo Ministro de Interior, José Luis Corcuera,

que ha llamado a Sánchez “mentiroso compulsivo y sin escrúpulos, que hace lo contrario de lo que dice”. Es impresentable que justifique su pacto con Iglesias por el ascenso de Vox, que él mismo ha provocado por la celebración de unas elecciones innecesarias. Su conducta lleva a poner en dificultad el futuro de España como país y en riesgo  elementos fundamentales de la convivencia entre los españoles. Ha concluido que no se podía votar a un mentiroso y que los ciudadanos  deberían pedir su dimisión.

            El comportamiento de Sánchez merece estas críticas y muchas más. Lleva años jugando frívolamente con el futuro de España y de los españoles por su insaciable apetito de poder. Albergo fundada dudas sobre que un hombre tan pagado de sí mismo escuche este clamor de sus propios compañeros de partido y recapacite, devuelva las piezas del rompecabezas a su caja y siga el camino marcado por la Constitución, Puede que París bien valiera una misa, pero Madrid no se merece la desintegración de España.

Madrid,  28 de noviembre de 2019

El País Vasco imita el modelo lingüístico de Cataluña

EL PAÍS VASCO IMITA EL MODELO LINGÛÍSTICO DE CATALUÑA

          Importantes acontecimientos recientes, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE -que ha condenado a la cúpula histórica del PSOE andaluz- o la decisión de Pedro Sánchez de negociar con ERC su investidura a la Presidencia del Gobierno, han hecho que pase un tanto desapercibida la publicación por el Gobierno vasco del Decreto 179/2019 sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones y locales de Euskadi.

Antecedentes

          El País Vasco y Cataluña son como vasos comunicantes que se retroalimentan en su denodado desafío al Estado español. Son como Zipi y Zape, que hacen sus travesuras cada uno por separado, pero acaban juntándose y actuando con una solidaridad fraternal. Al PNV le ha tocado desempeñar en los últimos años el papel de rostro amable del nacionalismo supuestamente moderado, frente el alocado frenesí en el que ha caído el nacional-separatismo catalán. Al  igual que hizo en su día el “Molt Deshonorable” Jordi Pujol, Íñiigo Urkullu ha asegurado la gobernabilidad de España, inclinando la balanza a babor o a estribor según soplaran los vientos de la conveniencia política y pasando al agradecido Presidente del Gobierno central de turno la correspondiente factura con el pago en especie de transferencia de competencias y  concesión de privilegios. UIrkullu permitió que sobreviviera el Gobierno de Mariano Rajoy, cediéndole los votos de los siete diputados peneuvistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, en horas 24, le dio una puñalada por la espalda –“Tu quoque, Ignigus?-, apoyó  la moción de censura-Frankestein y facilitó el acceso de Sánchez a la Moncloa., Eso sí, comiendo a dos carrillos y recibiendo del PP y del PSOE el pago de su s facturas por los servicios prestados a la gobernabilidad.del Estado. “¡Chapeau!”. Maquiavelo se habría sentido orgulloso de su discípulo, que ha dejado en mantillas al “astuto” Artur Mas.  No sería de extrañar que el PSOE le propusiera al diario ¡ABC” que lo nombrara “Español del año”, a cambio de un imprescindible préstamo de votos para la investidura de Sánchez.

En el anterior Gobierno del PP, su Delegado en el País Vasco, Carlos Urquijo, había breado a Euskadi a golpe de recursos ante  al Tribunal Constitucional por  las continuas tropelías del Gobierno y de los municipios vascos en el ámbito lingüístico. Así, el recurso contra el envío  por el Ayuntamiento de Mendexa de sus comunicaciones a la Delegación en vascuence, propició el dictado de una sentencia  que obligaba a las entidades vascas a mandar sus comunicaciones en los dos idiomas oficiales. El PNV protestó y Rajoy –sensible a sus protestas y necesitado de sus votos- destituyó a Urquijo e inició una fugaz luna de miel con Urkullu. De aquella época provino el “Gentlemen/ gentlewomen Agreement”.entre la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el portavoz peneuvista en el Congreso, Josu Erkoreka, por el que el PP frenaría sus ansias recurrentes a cambio de una mayor lealtad  institucional por parte del Gobierno vasco. Ahora, éste ha decidido dar garantías a su política lingüística mediante el citado Decreto, para no depender de las buenas gracias de los partidos del Gobierno central. Como ha declarado el propio Erkoreka -en la actualidad Consejero de Gobernación y portavoz de Ajuria Enea-, uno de los objetivo del Decreto era precisamente evitar estos recursos y blindar el uso del euskera en las distintas administraciones vascas. “Esto ocurre hoy en día sin toda la cobertura jurídica efectiva, que sí las empieza a dar la ley y ahora con claridad con el Decreto”.                                                

           

Decreto 179/2019 del Gobierno Vasco

           

            Según el Consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiría, el objetivo principal del Decreto es impulsar el uso del euskera para que se convierta en lengua de trabajo interna y de servicio al ciudadano en el ámbito local. Según afirma el propio Decreto en su exposición de motivos, el objetivo de la normalización es crear las condiciones que permitan llegar a la plena igualdad entre los dos idiomas oficiales en Euskadi -que en la actualidad no se da- y facilitar y fomentar el empleo oral y escrito de ambas lenguas, tanto en la vida pública como en la privada. Esto no es el todo cierto, puesto que lo que hace la nueva disposición es dar prioridad, cuando no exclusividad, al vascuence sobre el castellano. Lo hace, sin embargo de forma habilidosa, resaltando en cada artículo los derechos de los hispanoparlantes a usar su lengua, que es co-oficial, pero se le ve el plumero cuando insiste una y otra vez en que el euskera será la lengua ”de uso normal y general” de las entidades locales, a cuyos efectos podrán hacer de ella un progresivo y creciente uso en sus actividades internas y en su proyección externa (art-13) ¿Les recuerdan algo las disposiciones similares incluidas en las leyes catalanas, que han llevado a la práctica exclusión del castellano de las escuelas y de la vida pública en Cataluña? Para curarse en salud, el Decreto se ampara en lo dispuesto en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias de que la adopción de medidas especiales en favor del euskera para conseguir la igualdad no serán consideradas como actos de discriminación contra los hablantes de castellano. Pese a su reiterado mantra de conseguir la igualdad entre las dos lenguas oficiales, no hay en todo el Decreto una sola disposición que favorezca el uso del español.

            Los elementos de identidad corporativa se re redactarán al menos en euskera y los rótulos e indicaciones sólo en dicho idioma, si no dan lugar a confusión o van acompañados de un pictograma aclarativo (art.16). La lengua de uso normal y general en las comunicaciones internas podrá ser el euskera (art-17) y los documentos oficiales también podrán ser redactados en vascuence y se facilitará una traducción a los que desconozcan el idioma (art.18). Las sesiones de los órganos colegiados  podrán  desarrollarse en euskera. si bien los que lo desconozcan podrán expresarse en castellano, y las entidades municipales adoptarán las medidas necesarias para su funcionamiento en este idioma (art.19). El personal que haya acreditado conocimiento suficiente de euskera lo utilizara como lengua de trabajo y las entidades tomarán las medidas necesarias para que su personal obtenga los conocimientos lingüísticos precisos en cursos de euskaldunización impartidos en euskera (art.20). Se hará un uso racional de las traducciones de documentos, que deberán evitarse para las personas que comprendan el vascuence (art.21).

            El acceso inicial a la web de las ayuntamientos será a la página en euskera (art., 23). Las entidades determinarán la lengua de tramitación de sus procedimientos administrativos, en los que el euskera será la lengua de uso normal y general (art.24). El personal que atienda al público deberá tener  capacidad lingüística  para dirigirse a él en euskera, lengua que utilizará en primera instancia, y los mensajes se harán en primer lugar en esa idioma (art.27). En los sistemas de actuación administrativa automatizada, el euskera será el primera lengua de respuesta y primera opción de consulta (art.31). Las publicaciones informativas y divulgativas deberán redactarse o emitirse al menos en euskera, idioma que se podrá utilizar en las publicaciones periódicas (art.33). Las escrituras públicas deberán redactarse al menos en euskera (art.34) y la lengua de uso normal y general utilizada en las actividades públicas o privadas de los municipios podrá ser  principalmente el euskera (art.35).

            La utilización obligatoria del vascuence se extiende a las empresas adjudicatarias de servicios públicos y a los beneficiarios de ayudas o subvenciones, que deberán contar con personal capacitado y procurar que sus relaciones con los ciudadanos se mantengan en dicho idioma (art.36). Las entidades podrán determinar que los estudios y proyectos se redacten por lo menos en euskera, idioma al que se dará preferencia en las publicaciones (art.38). Ello permitirá, por ejemplo, que un ayuntamiento decida que el beneficiario de un kiosko de la ONCE tenga que dirigirse en vascuence a sus clientes. Los actos públicos y las comparecencias ante los medios de comunicación se llevarán a cabo por lo menos en euskera (art.41) y las señalizaciones y los rótulos se realizarán al menos en ese idioma (art.48).

            La utilización de la fórmula posibilista presagia, no un intento de lograr la la paridad en el uso de las dos lenguas oficiales, sino la intención de que prevalezca el euskera sobre el castellano, cuando no lo excluya, como se ha hecho de facto en Cataluña. Por la escasa implantación del vascuence en el País Vasco, su Gobierno tuvo que establecer cuatro opciones para la enseñanza en las escuelas públicas y en los colegios concertados, pero existe el riesgo de que acabe por caer en la tentación del monolingüismo practicado por la Comunidad hermana. El nuevo Decreto es un paso más en esa dirección.

            El PP considera que el Decreto es un ataque a las libertades fundamentales y los derechos básicos de los ciudadanos, y es contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Su presidente en la Comunidad, Alfonso Alonso, ha declarado que pretende imponer el uso del euskera dentro de la Administración y fuera de ella  en sus relaciones con los ciudadanos, algo que no tiene derecho a hacer. Según Alonso, el PNV no tiene mucho apego por la libertad de los ciudadanos que no tiene a su dictado, pero le sorprende y desconcierta que el PSE secunde su postura. El partido está estudiando el planteamiento de un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues es harto improbable que el Delegado del Gobierno en la Comunidad siga el ejemplo de su antecesor Urquijo.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

            Los términos del Decreto están en clara contradicción con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha anulado varios artículos del  Decreto foral de 2017 que regulaba el uso del euskera en las administraciones públicas, El texto consideraba el conocimiento de este idioma como mérito para acceder a cualquier puesto de trabajo en las zona no vascófonas y en los servicios centrales de la Administración foral cuando el ingreso se realizara por concurso-oposición.. Ha anulado asimismo los artículos que imponían el bilingüismo en las comunicaciones y notificaciones a los ciudadanos y en las rotulaciones, impresos, anuncios y folletos informativos, e invalidado la obligatoriedad de utilizar en forma bilingüe  la señalización viaria de la red de carreteras de titularidad pública o los rótulos indicativos de oficinas, dependencias, despachos, materiales, uniformes y vehículos, así como en los encabezamientos y membretes de los impresos y documentos, los sellos oficiales y cualesquiera otros documentos de identificación y señalización de los servicios centrales. Ha revocado también la obligación de que las disposiciones, avisos, folletos informativos, material gráfico de campañas publicitarias, anuncios y publicidad de toda clase u otros escritos similares que los servicios centrales dirijan al conjunto de la población se redacten de forma bilingüe.

            El TSJN ha estimado que el sistema lingüístico de las actuaciones de los servicios centrales “no permite alterar el régimen de derechos que establece la Ley Foral del Euskera para cada zona lingüística, toda vez que la lengua es un derecho de los ciudadanos y no de la Administración”, y tiene una configuración legal distinta para cada zona, Ha aseverado que “los preceptos anulados imponen una obligación bilingüe por el mero hecho de venir emanados de los servicios centrales y estar dirigidos al conjunto de la población”.

Navarra Suma pidió que se suspendiera la aplicación del Decreto hasta que no se hiciera públicala sentencia del TSJN, pero el Parlamento Foral rechazó esa propuesta el pasado 19 de septiembre con el apoyo del PSN, pese a que este partido había apoyado la presentación del recurso cuando estaba en la oposición, pero que -ahora que está en el poder- rechaza como contrapartida al apoyo del PNV y a la abstención de Bildu, que han permitido a Martía Chivite acceder a la presidencia del Gobierno foral, pese a tener casi la mitad de escaños que Navarra Suma.

Como señaló una editorial el diario “El Mundo” del pasado mes de junio, el giro del PSN abriéndose a alianzas con Bildu  suponía un salto cualitativo en la procaz relación que el PSOE ha establecido con los nacionalismos. Resultaba políticamente impresentable que un partido de Estado como el PSOE se apoyara en los herederos de ETA, e incomprensible que aceptara sin pestañear colaborar con partidos que propugnaban la plurinacionalidad y la asimetría fiscal. El caso de Navarra era especialmente preocupante porque normalizaba como actor político ordinario al partido procedente del tronco filoterrorista de Batasuna y daba alas al soberanismo vasco, cuya prioridad consiste en incorporar Navarra a Euskadi. “La entente del PSOE con el nacionalismo de la peor ralea constituye una de las mayores amenazas para la España constitucional”.

La situación se ha agravado aún más en nuestros días cuando Sánchez parece dispuesto a entregar lo que haga falta –incluida la desintegración de España- con tal de permanecer en la Moncloa. El comportamiento del PSOE actual no lo conoce “ni la madre que lo parió”, por utilizar la terminología de Alfonso Guerra. Desde el Gobierno –País Vasco y Navarra- o desde la Oposición –Cataluña-, ha entregado su alma al nacionalismo separatista. El PSE, el PSN y, sobre todo, el PSC son elementos coadyuvantes del intento nacionalista de desintegración de España.

Madrid, 24 de noviembre de 2019

           

                                                                                                             

Sentencia de los ERE: La justicia es lenta, pero segura

SENTENCIA DE LOS ERE: LA JUSTICIA ES LENTA PERO SEGURA

          Cuando hoy leía con alivio y satisfacción la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE), me acordé de una iglesita en el norte de Inglaterra en la que vi una antiquísima chimenea de hierro en cuya tapadera había grabada una tortuga y las palabras: “lenta, pero segura”. La lenta tortuga judicial ha llegado al fin en su parsimonioso caminar a la capital andaluza.  Parafraseando al gran Federico García Lorca podría decirse “voces de muerte –judicial, por supuesto- se oyeron cerca del Guadalquivir”.                                                                   

            He seguido paso a paso el prologado proceso de los ERE. Han tenido que transcurrir  más de nueve años desde que “El Mundo”, tirando informativamente de los hilos del caso Mercasevilla, sacó a la luz pública en 2010 los indicios de una trama de corrupción institucional generalizada en la Junta de Andalucía. No era más que la punta del iceberg de lo que devendría el “caso de los ERE”, el mayor caso de corrupción en la historia de España, que reveló –como ha atestiguado el entonces director del periódico en Andalucía, Francisco Rosell- que la Junta “era un patio de Manipodio –no en vano Miguel de Cervantes situada a sus pícaros Rinconete y Cortadillo a la vera de la Giralda- en el que la corrupción no era una malformación del sistema, sino el sistema mismo”.Ante la defraudación consentida de más de 679 millones de euros, un periódico llevó a la puerta del Juzgado unas indagaciones en las que el periódico y sus profesionales “se dejaron girones no sólo de papel, sino de piel”.

            La heroína de la historia –a la que quiero rendir homenaje en este artículo- fue Mercedes Alaya, titular del Juzgado nº 6 de Sevilla, quien, contra vientos y mareas, se atrevió a imputar al ex-Consejero de Empleo, Antonio Fernández, en un demoledor auto en el que acusaba a la Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad  y la discrecionalidad  en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de de fondos públicos  y poder regalar fraudulentamente ayudas  a un extensísimo grupo de personas  físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”.

            Era demasiado para una Junta que gozaba de absoluta impunidad  en su cortijo andaluz, donde llevaba reinando desde hacía 39 años. De inmediato, puso toda clase de obstáculos a la actuación judicial –negativa a entregar documentos, expurgo de los mismos, acusación de retraso en la instrucción, indefensión de los acusados…-. Llegó a personarse como acusación particular para, desde dentro del proceso, seguir obstaculizando la tramitación del proceso. Tras el procesamiento de Fernández, recurrió la imputación y asumió su defensa, dándose la paradoja de que el fiscal se convertía en abogado. No le bastó con eso, sino que inició una campaña insidiosa y calumniadora  contra la juez, dirigida en lo político por Alfonso Guerra y en lo jurídico por el Consejero de Justicia, Emilio de Llera –fiscal de profesión para más inri-, en complicidad con las más altas instancias judiciales. Así, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, maniobró para apartarla del caso y el Presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, la amenazó con expedientarla.

            La posición de Alaya se vio fortalecida con el auto del instructor del TS, Alberto Jorge, en el caso de los aforamientos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, en el que avaló la instrucción de la juez. No obstante, los despiadados ataques, incluso personales, minaron su salud y sufrió una depresión y neuralgia de trigémino, que la hicieron tirar la toalla. Recibió la “patada hacia arriba” y pasó a la Audiencia Provincial, en donde trató de obtener una comisión de servicio para seguir con la instrucción del caso, pero se la negaron. Rosell ha destacado la entereza de una magistrada a la que las autoridades socialistas acusaron de subvertir el Estado democrático en una tierra donde la que la corrupción “se encostró por la permisividad, cuando no la connivencia de los obligados, por juramento y sueldo, a perseguirla”. A riesgo de ostracismo social, Alaya no sólo enfrentó  en clara inferioridad de medios a “una soledad incómoda, pero inevitable, cuando se trata de decir la verdad al poder”.

            Alaya fue sustituida por María Núñez Bolaños, que pronto empezó a deshacer la la ímproba instrucción realizada por su antecesora. Troceó la macro-causa para supuestamente agilizar la actuación judicial, separando la `pieza  más política de los  mini-casos generados por cada una de las ayudas concedidas irregularmente por la Junta, que el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha cifrado en unas 270. Núñez archivó algunos casos, permitió que otros prescribieran, egó la realización de pruebas y ralentizó la investigación- Por ello ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial, que la está investigando.

            Yo me temía lo peor por la actuación de Núñez y por las presiones que la Audiencia Provincial recibía desde la Junta y otras altas instancias o personalidades políticas, e incluso judiciales, pero mi fe en la justicia –al fin y al cabo soy hijo de juez y he mamado el respeto por ella- me ha permitido conservar la esperanza, que ahora se ha visto recompensada con la ejemplar sentencia de la Audiencia sevillana.

            De los 21 acusados, sólo han sido absueltos los dos funcionarios implicados –el Interventor General, Manuel Gómez, y el Jefe de los Servicios Jurídicos, mi buen amigo Francisco del Río-, mientras que los otros 18 –todos ellos políticos- han sido condenados por los delitos de prevaricación y malversación. Entre ellos se encuentran dos antiguos Presidentes de la Junta –Chaves, que además de Ministro fue Vicepresidente del Gobierno, y Griñán, que fue asimismo Consejero de Economía y Hacienda y Ministro de Trabajo y de Sanidad-, seis ex-Consejeros –incluida la antigua Ministra de Fomento y Consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez-, tres ex-Viceconsejeros y diez Directores Generales. Las penas de prisión han correspondido a Antonio Fernández y Javier Guerrero -7 años y 11 meses-, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Juan Márquez y Agustín Barrera -7 años-, Miguel Ángel Serrano -6 años y 6 meses-, y José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo y Jesús Rodríguez -6 años-. Todos ellos –incluidos Chaves y el antiguo Secretario de Estado Gaspar Zarrias- han sido condenados a inhabilitación especial de entre 9 y 19 años y medio.

              Según la sentencia, la Junta de Andalucía instauró un sistema para  burlar los controles de la Administración autonómica y repartir a su antojo ayudas por valor de 679.432.180 euros a trabajadores y a empresas, prescindiendo de los procedimientos de control legales establecidos con la complicidad de todos los condenados, que eran conscientes de la ilegalidad de las ayudas. Las decisión sobre las mismas no provenían sólo de la Consejería de Empleo sino del conjunto del Gobierno, que aprobó numerosas modificaciones presupuestarias para hacer transferencias ilegales y dar cobertura legal a un procedimiento que permitía manejar el dinero público sin dar cuenta a nadie, partíendo del programa con el que el PSOE se había presentado a las elecciones. La base jurídica para semejante actuación se encontraba en el Acuerdo-marco  concertado en 2001 entre el Consejero de Empleo y el Presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, que se celebró sin haber recibido el preceptivo informe de los Servicios Jurídicos de la Junta, no fue trasladado al Interventor General y nunca fue publicado. Este Acuerdo permitió la creación de un incontrolado “fondo de reptiles”, del que se  transmitían fondos al IFA y a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que actuaban como cajas pagadoras de las ayudas socio-laborales concedidas al margen de la ley, a sabiendas de que no podían obras como tales en los supuestos de subvenciones excepcionales. La ley nunca permitió que, con cargo a las transferencias de financiación, se concedieran subvenciones socio-laborales ni de ninguna otra clase.

            Respecto al argumento de la defensa de que los Presidentes no estaban al tanto de las ayuda, la Audiencia no lo consideró creíble. Lo lógico era que la modificación del procedimiento por el que se concedían las ayudas no sólo lo conociera el Presidente del Gobierno andaluz, sino que lo tuviera que aprobar.  Le parecía impensable que un cambio en las normas de tal caldo pudiera ser decidido por los Consejeros de Empleo y de Hacienda sin su consentimiento. Griñán ha sido condenado por su participación en la elaboración de los presupuestos en los que se incluía la financiación de las ayudas, por el conocimiento de la irregularidad del procedimiento y por el caso omiso que hizo a las reiteradas advertencias del Interventor General sobre tales irregularidades.

El PSOE ha alegado que no se había producido una financiación del partido, porque éste no se había beneficiados de tales subvenciones y ni Chaves ni Griñán, se habían enriquecido personalmente, pero –como ha observado Carlos Mármol- no han sido juzgados por ninguno de estos motivos. Su responsabilidad como gobernantes era sistémica, pues se amparaban en un sistema perverso que hurtaba cualquier mecanismo de control el reparto discrecional de dinero público a sabiendas de su ilegalidad. Que ese dinero no financiara directamente al PSOE y que sus dirigentes no se quedaran con parte del botín no los convertía en inocentes. Fueron culpables  de permitir y facilitar una estafa mayúscula que permitía a empresarios y intermediarios afines al partido, ajenos a cualquier interés social o público, lucrarse sin freno gracias a los despidos de trabajadores, que financiaban indirectamente en cuanto contribuyentes su exclusión del mercado laboral. Realizaron estas prácticas “al amparo de un abominable paternalismo que presentaba como solidaridad progresista lo que no era más que un comercio de voluntades disfrazado bajo el pretexto de sensibilidad social. El fraude adquirió una extensión superlativa, hasta el `punto de que afecta a todos los estamentos de la Andalucía oficial”. Con el contentamiento de su red clientelar, el PSOE se beneficiaba indirectamente de esta reserva de votos conservada a buen recaudo, lo que le permitió a mantenerse en el poder en Andalucía durante casi cuarenta años.

La sentencia no es firme, pues es más que posible que los condenado recurran en casación al TS. No parece, sin embargo, que éste vaya a casar el bien motivado fallo de la Audiencia, pues el tema ya fue examinado por el Tribunal en relación con los suplicatorios de Chaves, Griñán Vieira y Zarrías, y el Instructor de la Sala de lo Penal, Alberto Jorge, calificó a los ERE de “sistema ilegal establecido en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que se centró en crear una partida específica para conceder las ayudas/subvenciones con cargo a partidas a las que se ascribió el rótulo de transferencias de financiación, bajo el que se ocultaban auténticas subvenciones, cuyo concepto y función son ajenos al de transferencia de financiación”.

Hay que congratularse de que al fin se haya hecho justicia en Andalucía aunque quepa poner un par de “peros” que no empañan el logro de la sentencia: De un lado, que hayan tenido que pasar más de nueve años para que el TS se haya pronunciado sobre la causa principal, siendo de esperar que –una vez resuelta ésta- puedan dilucidarse a velocidad de crucero los más de 200 casos que quedan por resolver. De otro, que, por razones supuestamente técnicas, se haya retrasado la publicación de la sentencia –al parecer ya redactada de antemano- hasta después de ls celebración de las pasadas elecciones generales, cuyos resultados podrían haberse visto afectados por el conocimiento por parte de los electores del contenido y motivación del fallo.

Los dirigentes del partido han tratado de quitar importancia a una sentencia que ha supuesto un torpedo en la línea de flotación del PSOE. Su Secretario General ha eludido hacer comentario alguno sobre la misma para no asumir responsabilidades políticas por unos hechos idénticos a los que que motivaron su moción de censura a Mariano Rajoy. Su fiel escudero –el Ministro de Fomento y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos- ha salido a la palestra para señalar que se trataba de un asunto regional -la concesión de ayudas socio-laborales por parte de la Junta de Andalucía durante la pasada década-, que no afectaba al actual Gobierno ni a la dirección del partido, sino sólo a la federación andaluza, que ya había depurados sus responsabilidades políticas en las últimas elecciones autonómicas. Sin embargo, Pedro Sánchez no puede pasar por alto que su partido ha sufrido el más duro reproche penal de la democracia y que el contundente fallo de la Audiencia sevillana no ha reprobado sólo a “los cuatro golfos” de que hablaba Chaves, sino a la Junta socialista de Andalucía en su integridad y  a  un sistema de poder basado en el  cesarismo clientelar. A diferencia del “caso Gürtel” -que provocó la caída del Gobierno de Rajoy tras el planteamiento de una moción de censura basada en el “obiter dictum” de un magistrado prevaricador, que ha sido excluido del Tribunal por su flagrante falta de neutralidad-, el fraude de los ERE apenas ha pasado factura al PSOE, que no perdió la mayoría absoluta por su causa, sino por la nefasta política de Gobierno de Sánchez en Cataluña. Prueba de ello, es que sigue siendo el partido más votado en Andalucía e incluso aumentó ligeramente su representación en las elecciones generales.

Más patética aún ha sido la reacción –o, más bien, la falta de reacción- de Podemos ante la sentencia. Pablo Iglesias, que abanderó la moción de censura contra el Gobierno del PP so pretexto de  que la democracia no podía soportar delincuentes en el poder, ha mantenido un perfil plano, desvinculado al actual PSOE del escándalo de los ERE y blindado su pacto de Gobierno con Sánchez. Con su habitual desfachatez, ha afirmado que el bipartidismo había traído corrupción y arrogancia, pero que España había cambiado y, con él en la Vicepresidencia del Gobierno, no se tolerarían..

Una vez comprobada la incapacidad del PSOE de influenciar el desarrollo del proceso de los ERE, la Presidenta andaluza, Susana Díaz, retiró a la Junta como acusación particular y pidió el archivo de la “pieza política” de la causa, porque no se había cometido ningún delito, los ex-Presidentes no podían tener conocimiento de nada y, caso de que se hubiera cometido alguna irregularidad, la responsabilidad recaería sobre los escalones inferiores de la Administración. No pidió la responsabilidad civil por los daños causados a la Junta, ni reclamó la devolución de lo que le había sido ilegalmente sustraído, con lo que impidió que el Ministerio Fiscal pudiera hacerlo  y tuviera que limitarse a solicitar el castigo penal de los culpables. Se reservó el derecho a plantear una demanda civil una vez finalizado el juicio penal, si hubiere lugar. La Junta actual es partidaria de ejercer dicha acción, pero no podrá hacerlo hasta que la sentencia sea firme, una vez que el TS haya decidido sobre el posible recurso de los condenados.

La corrupción sólo parece afectar adversamente al PP, al que se le quedó cara de pasmado con la censura al Gobierno de Rajoy. El pavoroso escándalo de los ERE tampoco ha perjudicado hasta ahora en demasía al PSOE en Andalucía. Y tampoco ha afectado en lo más mínimo a las diversas reencarnaciones de Convergencia Democrática de Cataluña pese a protagonizar  la corrupción más antigua del país –del tres y pico por ciento- practicada desde 1980 por el “Molt Deshonorable” Jordi Pujol y

su del mafiosa familia. Espero que la tortuga de la justicia culmine pronto su lento caminar más  allá del Ebro y extienda sus benéficos efectos sobre Cataluña.

Madrid, 20 de noviembre de 2019

Opinion de "Le Monde" sur l´Espagne

OPINIONS DE “LE MON DE” SUR L´ESPAGNE

 “Le Monde” a consacré le 17 octobre à la situation en Catalogne un

éditorial, un reportage et une tribune. Notre première impression est que le journal met sur un pied d´égalite d´un côté un État qui respecte la Constitution,  le Statut de Catalogne et les lois et, de l´autre, une régión dont les dirigéants politiques et sociaux violent costamment cves lois. Entre ceux qui enfreindrent la loi et ceux qui la font respecter, on ne doit pas adopter une position équidistante. 

L´éditorial décrit la violence déchainée en Catalogne après la publication par la Cour Suprème espagnole d´un arrêt dans lequel elle a condamné à des peines sévères, pour sédition,  neuf  dirigeants independantistes. Selon le journal, cette sentence a provoqué  l´indignation et la colère dans la comunauté autonome. Ce  n´est pas tout à fait exact. Après son échec, le mouvement séparatiste était à bout de souffle et avait  besoin d´une excuse pour prendre haleine, et il l´a trouvé  dans l´arrêt. Quel qu´aurait été le verdict, la réponse était prête d´avance avec la connivence du président de la Genéeralitat, Joaquim Torra.  Les responsables ont été mis en accusation non seulement pour avoir organisé  un référendum  illégal, mais ausssi pour avoir dérogé à la Constitution et déclaré  unilatéralement l´indépendance de la République Catalane, ainsí que pour avoir recourula violence à ces fins. La Cour a été bienveillntee, puisqu`elle les a exonérés de l´accusation de rébellion. Il n´était pas dans l´intention de la Cour de résoudre le problème politique de Catalogne , mais simplemtent de juger des actions considé rées  comme délictueuses.

            Dans l e reportage article “En Catalogne une partie du mouvement indépendantiste se radicalise”, son auteur a blâmé le gouvernement de M Rajoy de ne pas avoir fait attention aux aspirations des dirigéants catalans. Il met en question la pertinence des lourdes peines imposeés aux accusés, lorsque la Cour a reconnu  que les accusés  eux-mêmes étaient conscientes du caractère non viable des actes conçus pour rendre possible l´indépendance, et qu´ils ne  voulaient que faire pression sur le gouvernement  pour obtenir une consultation populaire. Néanmonis, le Prèsident du Gouvernemt s´était montré sa disposé à négocier pourvu que celà fût fait dans le cadre de la Constitución,  mais , détermine à atteindre l´indépendance , le President de la Generalitat Puigdemont ne l´avait pas acepté On ne peut croire que déroger à la Constitución, déclarer l´indépendance et  organiser une consultation  interdite par la Cour Constitutionnelle soient les meilleures procedures pour faciliter une négociation.

            L´auteur a met du reportage en garde le Royaume d´Espagne du danger d´une restriction des droits de réunión, de manifestation ou de libre expression dans le pay et les co-auteurs de la Tribune ont fait un pas de plus et affirmé que l´Espagne violait les droits humains et les libertés fondamentales des catalans. Il convient de rappeler á cet égard, que la Cour Européenne de Droits de l´Homme a rejeté recenment une plainte de Puigdemont contre la Cour Constitutionnelle et établi que ces droits  peuvent être restraints lorsqu´il existe des menaces contre l´integrité territoriale d´un Etat ou contre sa sécurité publique, ou bien encore s´il s´agit de défendre l´ordre publique ou d´empêcher la perpétration d´une infraction.

            Il a souligné que des diputés de la droite avaient demandé l´application de mesures d´exception, telles que la mise sous tutelle de la región “à la première étincelle” . Il ne s´agit pas de la première,  mais d´une parmi tant d´autres. Le Président Torra n´a pas accepté l´arrêt de la Cour Suprème, a fait un appel télévisé au peuple catalán à montrer son refus dans les rues et a encouragé les actions violentes des CDR. Quand la violence a éclaté, il ne l´as  pas condammnée, et a même a participé aux marches de protestation réalisées.

             “Le Monde” tend à simplifier la réalité en acceptant  l´idée que le gouvernemt de la Generalitat représente tous les catalans et parle en leur nom, quand il ne représente que moins de la moitié de la population,   Les partís nationalistes  n´ont  pas obtenu  la majorité des votes des catalans aux élections, bien qu´en raison de la loi électorale de Catalogne, qui avantage les provinces rurales qui sont plus nacionalistes que le grand centres urbains comme Barcelone- ils jouissent d´une majorité précaire au le Parlament. La Généralitat monopolise le pouvoir politique, économique et social et les catalán non nacionalistes sont réduits au silence et discriminés, Depuis 2017. elle s´est mise en ouverte insoumission contre l´État esspagnol.

            Quant a la “Tribune” signée par sept présidents ou ex–présidents de la Généralité  et du Parlament, elle manque de la moindre rigueur et est comblée de mensonges, lieux communs, sophismes et “fake news”. Par conséquant, il ne vaut la peine de répondre à ses arguments car ils ne sont pas sérieux.

            Pour mieux compendre la situation en Catalogne et en Espagne, peut être conviendrait-il de faire une brève comparaison avec la France et ses régions.  Selon la Constitución de 1958, la France est une République indivisible et désentralisée (article 1), les partis politiques doivent  respecter le príncipe de la suveraineté nationale (article 4) et la langue officielle est le français (article 2). Les collectivités territoriales de la France son les communes, les départements, les régions, les teritoires avec un statut particulier et les territoires d´outremer (article 72). Conformement a la Constitution de 1978, la Nation espagnole est une indisoluble únité, patríe commune et indivisible de tous les espagnols, et la Constitution reconnait et se constitue garant des droits à l´autonomie des “nationalités” et des régions que en elle s´intégrent (article 2), la souveraineté national réside dans le peuple espagnol (article 1), les Statuts d´Autonomie sont la norme institutionnelle de base et l´État les reconnait comme un partie de son ordre juridique (article 147), et le castillan est la langue officielle de l´État, tandis que les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans leur Communautés (article 3).

            La France est le pays le plus centralisé de l´Europe, tandis  que l´Espagne est le plus désentralisé. Les citoyens parlant autre langue que lr français  ne disposént pas en France d´une collectivité autonome propre et se trouvent dispersés entre plusieurs départements. En Espagne, il y a17 Communautés Autonomes, qui ont des compétences supérieures a celles de la plupart des États fédéraux. En plus de disposer de pouvoirs executifs, législatifs et juidiciaires, la Catalogne a une police propre et des compétences en matière pénitentiaire; de même,  et les Pays Basque et Navarre jouissent de larges compétences fiscales. En France il n´ y a qu´une langue officielle, le français, et les autres langues regionales n´ont aucun status officiel.  En Espagne, le catalan, l´ euskera, le galicien et le valencien sont des langues co-officielles dans leur respectives Communautés, En Catalogne même, le catalan est de facto la seule langue officielle et le castillan se trouve discriminé. En France, une Loi de 1936 permet mettre hors la loi “les organisations qui subverten l´ordre public” et le parti séparatiste basque Iparretarrak fut illégalisé. En Espagne, les partis séparatistes sont protégés par la loi et comptent avec députés dans las Cortes et les Parlaments autonomes et Européen.

Même si c´est faire de la politique-fiction, on peut se demander quelle serait la réaction du “Le Monde” si, un jour. les autorités des difféentes régions de la France décidaient de déclarer unilatéralement l´indépendance de leur territoires, déroger à la Constitution de 1958, organiser un référendum illégal interdit par le Conseil Constitutionnel, refuser l´autorité du gouvernement central et des tribunaux français, faire un appel à la désobeissance civile et encourager les actions violentes des “gilets jaunes” Les considérerait-il como des actions sans importance  et recommanderait-il au gouvernement de Paris d´éxonerer de responsabilité les auteurs des ces actes et d´entamer de négociations pour tenir compte de leur revendications? Acepterait-il que les enfants qui résident en France ne puissent faire se études en françáis mais uniquement et obligatoirement en euskera, en catalán, en breton ou en corse? Ou bien encore que les commerçants puissent de voir condamnés à verser des lourdes amendes pour avoir installé dans leur établissements des enseignes en français?

            Il nous semble pertinent adresser à “Le Monde” la question posée par Saint Matthieu dans son Evangil (7, 3-5):”Qu´as tu à regarder la paille  dans l´oeil de ton frère. alors que la poutre qu´il y a dans ton oeil ne la remarques pas?...Enlève d´abord la poutre de ton oeil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l´oeil de ton frère”.  

Madrid, le 28 octobre 2019

La falacia del diálogo con el secesionismo catalán

LA FALACIA DEL “DIÁLOGO” CON EL SECESIONISMO CATALÁN

          Los profesores Joan Vergés (Universidad de Gerona) y José Luis Martí (Universidad Pompeu Fabra) tomaron la iniciativa de circular entre los medios académicos una “Petición pública a favor de una negociación política sobre Cataluña”, en la que se pide que todos los implicados en el “conflicto” catalán –de un lado y del otro- hagan un esfuerzo para desescalar la tensión social, no se judicialice la política y se lleven a cabo negociaciones políticas entre los Gobiernos de Cataluña y de España. Alegaron que se  trataba de una declaración de mínimos que debería resultar aceptable tanto a los que estaban de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo como a los que discrepaban de ella. La declaración –publicada ayer en ¡El País”- ha sido firmada por 235 personas, entre los que figuran componentes de la “gauche divine” como Victoria Camps, Manuela Carmena, Manuel Castells, Noam Chomski, Iñaki Gabilondo, Daaniel Innerarity, Andreu Mas-Colell, Javier Pérez Royo, José Antonio Pérez Tapias, Josep Ramoneda, Manuel Rivas, Javier Sábada, Suso del Toro o Slavoj Zizek, la “crème de la crème“ del progresismo caviar. No se trata, sin embargo, de una declaración de mínimos, sino bajo mínimos, en la que –con apariencia de neutralidad y de equidistancia- se apoyan las posiciones independentistas, por lo que resulta inaceptable.

La declaración parte de una descripción nada objetiva ni neutral de la situación en Cataluña, en la que se ha visto considerablemente alterado el funcionamiento normal de la sociedad civil. Dicha situación se ha agravado de una manera preocupante pues, por primera vez desde el comienzo del “procés”. se habían producido enfrentamientos con la policía en las ciudades de Cataluña, por lo que no podían quedarse cruzados de brazos. Afortunadamente el panorama se ha despejado porque los altercados han ido a menos y pronto habrá un Gobierno progresista.

En su asepsia informativa, los signatarios callan sobre la causa de esos enfrentamientos y sobre sus autores e inductores, y se limitan a hacer una genérica condena de la violencia por parte de los dos bandos. Los sucesos parecen haberse producido por generación espontánea, por un fenómeno de la naturaleza como un tsunami o un terremoto, silenciando los signatarios que ha sido causado efectivamente por un tsunami, pero no meteorológico, sino “democrático”, protagonizado por los energúmenos de los CDR. que, con sus acciones de “kale barroka,, han provocado, y siguen provocando, el caos en Cataluña e incluso allende los Pirineos, ante la complacencia de Joaquim Torra –que les pide que “aprieten”-, de Pere Aragonés –que les ruega que “no aflojen”-y de la Presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie –que estima legítima la violencia porque da visibilidad internacional al conflicto de Cataluña-.

          La actitud de los peticionarios queda en evidencia tanto por acción como por omisión. No es cierto que sea la primera vez que se han producidos altercados entre los separatistas y la policía en los últimos tiempos, pues se olvidan los incidentes del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía, los ataques a las fuerzas de seguridad el 1 de Octubre y las agresiones y escraches realizados contra las citadas fuerzas durante esos días. Omiten vergonzantemente mencionar a los CDR y a “tsunamis democratic”, responsables directos de los altercados, y hablan de violencia por las dos partes, igualando la violencia tumultuaria ilegal con la violencia legítima de las fuerzas de seguridad, culpando a los policías por cumplir con su deber de mantener el orden público y dando tácitamente la razón a Torra que, en vez de apoyar a a los Mossos a los que ordenaba que se enfrentaran a los manifestantes violentos, los ha amenazado con abrirles expedientes sancionadores. No se pueden dar lecciones desde una auto-asumida superioridad moral, ni pedir al Gobierno de la Nación que haga concesiones a los separatistas en contra de los intereses generales del Estado.

          Los peticionarios afirman que es preciso detener cuanto antes la espiral de violencia –y tienen razón-, pero no dicen quiénes son los generadores de esa violencia, que no son los policías, que sólo cumplen con su deber. Una condenación explícita de la actuación de la tremenda violencia desplegada por los comandos de las CDR –entre los que figuran la hija y los sobrinos de Torra- y de “tsunamis democratic”,que es una misteriosa entidad aún no del todo identificada, que cuenta con el respaldo y la financiación de la Generalitat y goza de una inusitada capacidad de convocatoria, como ha puesto de manifiesto con el asalto al aeropuerto del Prat y con la paralización del tráfico en las autopistas y las carreteras de Cataluña- concedería fuerza moral a los peticionarios para formular sus poco objetivas demandas.

          Su afirmación de que  ha llegado el momento de que “se abandone la estrategia de judicializar un conflicto de clara naturaleza política” supone, no sólo una crítica al anterior Gobierno, sino también al poder judicial. El pronunciamiento del TS no ha pretendido resolver el problema político de Cataluña –que no entra dentro de sus competencias-, sino simplemente cumplir con su función de hacer justicia, al juzgar y condenar a unas personas que habían incumplido las leyes y realizado en conductas tipificadas como delitos por el Código Penal. Este proceder  no puede ser calificado de “judicialización de la política”. El Tribunal habría incumplido su misión juzgadora si no hubiera enjuiciado y condenado a los autores de  estos graves delitos, y permitido una impunidad a la que se considera normal en Cataluña., Y demasiado benévolo se ha mostrado, pues –con una interpretación generosa y un tanto voluntarista- ha considerado que los sediciosos no habían cometido un delito de rebelión de libro, al estimar que su benéfica intención era dialogar con el Gobierno central para que les permitieran poder votar en un referéndum. Esta salomónica decisión -que ha desautorizado a la Fiscalía General del Estado y dado razón a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno por razones de jerarquización- ha tenido graves consecuencias colaterales, como poner en evidencia al Rey  -que se lanzó a las turbulentas aguas catalanas por una  mera “ensoñación”- y al propio TS, que –sin motivos suficientes- ha mantenido dos años en prisión preventiva a los “dreamers” catalanes. La adopción de las leyes del referéndum y de la transitoriedad –que derogaban la Constitución en Cataluña-, los ataques ante la Consejería de Economía para impedir la actuación judicial, la celebración de una consulta ilegal prohibida por el Tribunal Constitucional, los atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado  y la Declaración Unilateral de Independencia –actos  todos ellos considerados probados por el TS- no eran más que un “farol” –Clara Ponsatí dixit y el Tribunal se lo ha creído- en una divertida partida  de póker.                                                         

            Según los signatarios, tras la sentencia, el Gobierno catalán había solicitado reiteradamente  entablar negociaciones con el Gobierno español a fin de abordar el conflicto, pero hasta ahora esta petición no ha sido atendida. Silencian que el Gobierno en funciones sí respondió a Torra indicándole que, para iniciar la negociación, era indispensable que condenara explícitamente el uso de la violencia por los CDR, pero éste se ha negado a hacerlo. Esa era la opinión de Sánchez-Dr.Jekyll durante la campaña electoral, pero que Sánchez-Mr.Hyde cambiará en su transmutación en candidato a la presidencia del Gobierno. Añaden los peticionarios que “ahora más que nunca es la hora de empezar las negociaciones”. Los Gobiernos catalán y español –“el burro delante pa que no se espante”- tendrían que acordar celebrar negociaciones “a fin de estudiar y pactar medidas que ayuden a encarrilar una solución política del problema”, las cuales deberían “llevarse a cabo  de buena fe y buscar una solución razonable que pueda satisfacer mínimamente los intereses de cada una de las partes”.

Sin embargo, la pretensión de la Generalitat de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, que siguen manteniendo el Govern y sus aliados, no puede ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre los Gobiernos de España y de Cataluña, que jurídicamente no  pueden ser situados en pie de igualdad, dado que existe una prioridad  jerárquica establecida en la Constitución a favor del Gobierno central. Los Gobiernos españoles han venido dialogando políticamente más de cuarenta años con los disidentes catalanes y, cuanto más han dialogado con ellos, más ha aumentado el número de sus adeptos y mayores han sido sus exigencias. Se les permitió violar impunemente la Constitución, en cuya redacción tanto se les había concedido, y ahora se trata de dialogar con los ellos para intenta que se dividen y aplacen por el momento un nuevo intento de secesión.

No se puede dialogar con quienes dicen  que sólo están dispuestos a hablar sobre       ”independencia sí o sí”, violan sistemáticamente la Constitución, el Estatuto de Autonomía  y las leyes –incluidas las suyas propias-, incumplen las sentencias de los Tribunales, no reconocen la legitimidad del Tribunal Constitucional y han impuesto un discurso supremacista y xenófobo, que ha enfrentado a españoles y catalanes, y a los propios catalanes entre sí, discriminando a los no nacionalistas y fracturando la sociedad de Cataluña. No se puede dialogar con un personaje como Joaquím Torra, que –siendo el más alto representante del Estado español en Cataluña- está en insumisión permanente contra ese Estado que lo mantiene en su puesto y al que trata  de destruir, afirma que impondrá la independencia de Cataluña, hace llamamientos a la población a que ocupe las calles para protestar contra la sentencia del TS, reclama la libertad de los “presos políticos” y  respalda a los terroristas de los CDR -a los que alienta a que “aprieten”-, condona la violencia y, en vez de apoyar a los Mossos, que han sufrido numerosas bajas al reprimir las acciones violentas de los antisistema, los expedienta..

            Los problemas se resuelven mediante la aplicación de las leyes, que representan la voluntad de la mayoría, y una minoría no puede imponer su voluntad mediante el recurso a la violencia. Dentro de la Constitución cabe todo, fuera de ella no cabe nada.  Flaco favor se haría al diálogo si se convirtiera en un instrumento mágico y único para resolver los conflictos. No se puede dialogar con quienes incumplen constantemente la ley, ni hacerlo bajo amenaza. Como dijo John Kennedy, “puedes no estar de acuerdo con las leyes, pero no puedes desobedecerlas”. Nadie está por encima de la ley y la premisa básica para cualquier intento de solucionar el problema catalán- que no el “conflicto”, como afirman lo peticionarios recurriendo a la terminología separatista- es el respeto a la ley y el restablecimiento del quebrantado orden constitucional. Tampoco cabe el diálogo con personas que mantienen posiciones completamente antagónicas y su único empeño consiste imponer su criterio “velis nolis”. Sólo los ingenuos o los malintencionados pueden apostar por el diálogo incondicional con los separatistas, que sólo saben practicar el monólogo.

            “Diálogo” es una bella palabra que todos proclaman y pocos practican. El Gobierno de España puede y debe hablar con el de Cataluña, pero sería absurdo que ese diálogo se redujera a tener que aceptar lo que diga la Generalitat, especialmente cuando ello sea ilegal.. La respuesta a este problema fue ya adecuadamente dada en un editorial del periódico “El Mundo”, el 25 de septiembre de 2017: ”La abierta deslealtad de la Generalitat y su contumacia en la desobediencia han dinamitado cualquier opción de diálogo. No puede haber ningún tipo de negociación, ni mucho menos concesiones políticas o económicas a instituciones cuyos dirigentes usan las herramientas del autogobierno para intentar liquidar el mismo. El diálogo no es sólo necesario, sino imprescindible en una democracia[…], pero siempre que medie un respeto escrupuloso a la ley, que es lo que permite armonizar la convivencia y garantizar la igualdad de los españoles. El Gobierno catalán sigue lejos de asumir esta exigencia irrenunciable en cualquier Estado de Derecho-[…] La felonía insurreccional de la Generalitat resulta incompatible con abrir cualquier vía de negociación por  muchos llamamientos que se hagan al diálogo”. Dos años después, estas reflexiones siguen siendo del todo válidas.

            Los separatistas catalanes no ocultan sus intenciones. El Vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés exigió anteayer a Pedro Sánchez, que, si quiere el apoyo de ERC a su investidura, volviera a la Cumbre de Pedralbes, y que recuperara la negociación bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat para vehicular una propuesta política a un conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que desemboque en un acuerdo explícito. Propuso la creación de una mesa de negociación de partidos, al margen del Parlament y de las Cortes, una mesa de negociación entre las instituciones catalanas y el Estado en pie de igualdad y bajo la supervisión de un relator internacional. Consideró las protestas violentas como una “herramienta de presión política” para obligar al Gobierno central a volver a la mesa de negociación y forzarlo a que autorizara la celebración de un referéndum de autodeterminación. Hizo un llamamiento a los independentistas radicales para que no “aflojasen” en sus movilizaciones contra la sentencia del TS, porque era importante que hubiera una ciudadanía movilizada para que el Gobierno se moviera.

            El Presidente Torra se movió en esa misma línea cuando pidió a los comunes que utilizaran la futura presencia de Podemos en el Gobierno para que convencieran al PSOE de que era imprescindible celebrar un referéndum para la independencia  y amnistiar a los condenados en la sentencia del TS. Volvió a apoyar las acciones violentas de los CDR, con el pretexto de su obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a la protesta. El iletrado President considera que el derecho a la libertad de expresión y manifestación incluye los ataques a los policías, la interrupción de las comunicaciones, la destrucción del mobiliario público y las propiedades privadas, y la paralización de la región.

            Es más que posible que si el retorcimiento de la aritméticas y la benevolencia -abstencionista de ERC y de Bildu hacen posible la formación del Gobierno–Frankestein, tan  anhelado por los signatarios progresistas, Sánchez regrese,  no ya a Pedralbes, sino a donde haga falta ir para lograr su único anhelo: mantenerse en el poder, aunque España, el PSOE y hasta la Unión Europea se desintegren. Mucho me temo que la oferta del diálogo dentro de la Constitución no sea más que una reliquia del período electoral. “Sic transit parola Sanchis”.

Madrid, 16 de noviembre de 2019