lunes, 4 de junio de 2018

Puigdemont, un golpe de Estado como el de Hítler


PUIGDEMONT, UN GOLPE  DE ESTADO COMO EL DE HÍTLER

            Los independentistas que controlan la Generalitat y las instituciones políticas y sociales de Cataluña desde la llegada al Govern de Jordi Pujol han dado un golpe de Estado perfecto que haría las delicias de Curzio Malaparte. Un golpe de Estado que –salvadas las distancias- es similar al realizado por Adolf Hítler contra la República de Weimar en 1923 y que ha ido realizándose gradualmente por etapas a la luz pública conforme al plan previsto por el desprestigiado patriarca catalán, ante la indiferencia, la inanidad y la condescendencia –cuando no la complicidad- de los sucesivos Gobiernos de España. Ha supuesto una insurrección contra las instituciones legales del Estado español, realizada desde los órganos del poder autonómico legitimado por la Constitución de 1978, a costa del bolsillo de todos los españoles. ¿Cuál ha sido la reacción de los Estados socios de España en la Unión Europea y de la propia Unión? Creo que no ha estado en muchos casos a la altura de las circunstancias ante una situación sumamente grave, no sólo para la propia Cataluña y para España, sino también para toda Europa.

Actitud de Bélgica

            Tras el fracaso del golpe de Estado palaciego para lograr la independencia de la República Catalana, el ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y varios de sus Consejeros huyeron cobardemente a Bélgica, dejando en la estacada y en la cárcel, o en libertad bajo fianza, al Vicepresidente Oriol Junquera, a los restantes Consejeros, a los componentes de la Mesa del Parlament –incluida su Presidenta, Carme Forcadell- y los Presidentes de las agrupaciones sociales independentistas Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y “Omnium Cultural”, Jordi Cuixart. La elección de destino no fue casual y estaba más que justificada, ya que los Tribunales belgas han rechazados en diversas ocasiones conceder la extradición a España de criminales de ETA, so pretexto de que no recibirían un juicio justo en nuestro país. El partido nacionalista flamenco NV-A, que controla el Gobierno belga, los han acogido con simpatía y les han dado su apoyo político, económico y logístico, creando un problema interno a su Presidente Charles Michel, quien –forzado por sus socios coyunturales- criticó el uso de la violencia por parte del Gobierno español e instó al diálogo y a la desescalada. El Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Interior, Jan Jambon, criticó a la Justicia española por procesar a los dirigentes catalanes, que se habían limitado a seguir el mandato concedido por sus electores. Afirmó que estaba dispuesto a concederles el estatuto de refugiados políticos y pidió a la comunidad internacional que estuviera vigilante para evitar que Puigdemont recibiera un trato injusto. Para calmar el malestar del Gobierno español, Michel declaró que su Gobierno no estaba dando protección política a los prófugos y que Puigdemont –que era un ciudadano más que debería responder de sus actos como cualquier ciudadano- era tratado como cualquier persona que se encontrara en territorio belga, en perfecta conformidad con el Estado de Derecho.

            La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó auto de procesamiento contra los responsables del golpe de Estado catalán y emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont y sus ex-Consejeros por los delitos de sedición, prevaricación, desobediencia y malversación. El Fiscal del Rey. Jean-Marc Meilleur, manifestó que daría una importancia particular a la cuestión de “saber si la extradición no podría constituir una infracción de sus derechos fundamentales”. Puso en duda el respeto de los derechos humanos en España y formuló una serie de intolerables preguntas en las que solicitaba información sobre las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo, las condiciones de las cárceles y la “posible exposición a episodios de violencia”. Con esta inaceptable actitud, el Fiscal dinamitó la aplicación de la OEDE, que se basa en la confianza en los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE en un espacio jurídico europeo único.

La autoridad judicial belga ha dado largas a la repuesta a la OEDE –a pesar de su carácter urgente- y decidido conceder la libertad provisional a los prófugos, a los que el Gobierno belga consienteque actúen con plena libertad para realizar actividades políticas en contra de la Constitución y de las leyes españolas. Ante el temor de que el tribunal belga decidiera la entrega de los encausados sólo por  malversación, el Instructor del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena retiró la OEDE y la rehízo para incluir en ella sólo los cargos de rebelión y de malversación. Puigdemont fue detenido en Alemania tras un viaje a Finlandia, la ex-Consejera de Educación Clara Ponsati se trasladó a Escocia y otros tres miembros de la Corte de los Milagros en el exilio –Toni. Comín. Maritxell Serret y Valentí Puig- permanecen en Bélgica y continúan con su campaña de agitación contra el Estado español y de desprestigio de España.

El fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Dirk Merck, preguntó al Instructor Llarena si la nueva OEDE se fundaba en las órdenes de arresto decretadas por la Audiencia Nacional  y éste contestó que en su auto había ratificado expresamente las órdenes de detención dictadas por la magistrada Lamela, y que no era necesario dictar una nueva orden de detención, ya que la ley española permitía acordar la prisión en el auto de procesamiento. El Tribunal belga ha dictaminado que no existen órdenes de arresto nacional subyacentes válidas que se correspondan con el contenido de  las OEDEs, por lo que -basándose en un supuesto error formal- se ha negado a su ejecución, poniendo de manifiesto la escasa disposición de las autoridades belgas a colaborar con la Justicia española. No es de extrañar esta actitud, dado que, ya en ocasiones anteriores, los tribunales belgas han negado la extradición de criminales de ETA so pretexto de que no serían objeto de un juicio justo en España.

Un grupo de 50 Embajadores jubilados hemos escrito una carta abierta al Embajador belga en Madrid, Marc Calcoen, para hacerle llegar nuestra “sorpresa, preocupación e indignación” por el injustificado comportamiento inamistoso que están teniendo con España el Gobierno y las autoridades judiciales de Bélgica.

Actitud de Alemania

            En su ansia de seguir atacando la credibilidad de España y aprovechándose de la tolerancia –cuando no la connivencia- del  Gobierno belga, Puigdemont estuvo revoloteando por Europa –Dinamarca, Suiza, Finlandia- hasta que, víctima de su arrogancia y de su exceso de confianza, tuvo que abandonar Finlandia de forma precipitada y rocambolesca al enterarse que el Código Penal de este país incluía el delito de rebelión. Al cruzar la frontera de Alemania fue detenido y encarcelado de conformidad con lo solicitado en la OEDE del TS español. El Juzgado de Neumünster decretó su prisión incondicional hasta que la Audiencia Territorial (Landesgericht) de Schleswig-Holstein decidiera sobre la Orden. Ésta dictó una primera resolución denegatoria de la entrega del prófugo por rebelión y lo dejó en libertad bajo una fianza de 75.000 euros.

Puigdemont  ha violado reiteradamente la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las decisiones de los Tribunales españoles, pretendido derogar la Constitución de 1978 mediante una ley autonómica, celebrado un referéndum ilegal de autodeterminación expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y declarado la independencia de la República de Cataluña. Para la Audiencia de Schleswig-Holstein, sin embargo, los actos violentos por él realizados para conseguir estos objetivos no eran  de suficiente entidad como para ser considerados en Alemania delitos de alta traición (Hochverrat) –la calificación jurídica más cercana a la rebelión-, porque no habían sido capaces de doblegar la voluntad de los órganos constitucionales españoles. Inútil decir que, si lo hubiera sido, no habría caso pues Cataluña sería independiente y –como reza el refrán español- “muerto el perro, se acabó la rabia”.

La Audiencia ha llegado a la sorprendente conclusión  de que dichos actos flagrantemente ilegales no serían punibles en Alemania. Según la Ley Fundamental Alemana de 1949 (Grundgesetz), serán declarados ilegales los partidos que tiendan a destruir el régimen constitucional (artículo 21-2), están prohibidas las asociaciones cuyos fines o actividades sean contarios a las leyes penales o vayan dirigidos contra el orden constitucional (artículo 9-2), y los alemanes tienen derecho a la resistencia contra cualquiera que intente derribar el orden constitucional (artículo 20-4). En una sentencia de 2016, el Tribunal Constitucional (TC) no admitió la celebración de un referéndum sobre la separación del land de Baviera porque, “en la República Federal de Alemania, Estado fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder no son dueños de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder por ser contrarias al orden constitucional”. Puigdemont ha violado reiteradamente todas las normas equivalentes del ordenamiento español, y algunas más, y organizado un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña, pero -para el Landesgericht- semejante conducta no constituiría un delito en Alemania. Resulta difícil de creer que si los Presidentes de Baviera o de Schleswig-Holstein organizaran en sus respectivos lander  un referéndum de autodeteminación prohibido por el TC, abrogaran la Grundgesetz  y proclamaran la República de Bavaria o de Schleswig respectivamente, pudieran seguir en libertad y ultimar sus propósitos como si no hubiera pasado nada. Para el Tribunal alemán hay dos pesos y dos medidas para calificar los mismos actos, según se realicen en Alemania o en España.

            La Ministra de Justicia, Caterina Barley, elogió la resolución y descalificó al TS  español. Llegó hasta el extremo de afirmar que, si la Audiencia exoneraba a Puigdemont del delito de malversación, quedaría éste “libre en un país  libre, como la República Federal de Alemania”, lo que, “contrario sensu”, equivalía a decir que España no era un país libre y democrático. El portavoz del Gobierno, Steffan Seibert, desautorizó a la Ministra al afirmar que España era un Estado democrático de derecho y que el Gobierno alemán  consideraba que el conflicto catalán era un problema interno de España, que debería ser resuelto de conformidad con la Constitución  y el ordenamiento legal españoles. Llamada a capítulo por Frau Angela Merkel, Barley se excusó con su colega español, Rafael Catalá, por el “malentendido” causado por su declaración.

En esta misma línea, el portavoz-adjunto del Partido Socialdemócrata en el Parlamento, Rolf Mützenig, afirmó que la Justicia española era igual que la turca Existe en el seno del SPD –que forma parte del Gobierno de coalición con la CDU-  un sentimiento anti-español, que se refleja en una actitud de simpatía hacia los rebeldes catalanes, en contra de la posición de su partido hermano, el PSOE, que ha apoyado la posición del Gobierno español en el conflicto de Cataluña –incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que  se destituyó al Govern y se suspendió el Parlament-, como tuvo ocasión de manifestar su Secretario General, Pedro Sánchez, cuando se trasladó a Alemania para asistir al Congreso del SPD.

El Instructor Llarena ha reformulado la OEDE e incluido el delito de sedición, que equivale en el Derecho alemán al de “perturbación del orden público”. La Audiencia ha vuelto a adoptar una resolución denegatoria de la entrega de Puigdemont por rebelión, por seguir considerándola “en principio inadmisible”, y ha rechazado asimismo la entrega por perturbación del orden público, porque los episodios violentos del “procés” no pueden ser atribuidos “personalmente” al ex-Presidente. Habría que preguntar a estos preclaros juristas –calificados por Francisco Sosa de “magistrados a la violeta”- si el responsable del gaseamiento de miles de judíos en los campos de exterminio nazi era únicamente el agente de la SS que abría la llave del gas. Evidentemente, la responsabilidad iba subiendo por la escala jerárquica y aumentando en intensidad a medida que subía de nivel hasta llegar al principal culpable . ¿Habría  que esperar a encontrar una foto de Puigdemont lanzando un cóctel Molotov para que el Tribunal autorice su entrega? Por otra parte –como ha observado el TS- en el contexto de Cataluña -en el que los rebeldes actuaban desde el poder y disponían de todos los medios del Gobierno autonómico-, el recurso a la violencia física “pasaba a un segundo plano, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado”.

Ante la imposibilidad de ser reelegido Presidente de la Generalitat desde Alemania por la prohibición expresa del TC, Puigdemont propuso a sus fieles que nombraran a un testaferro, el  ultranacionalista supremacista y xenófobo Quim Torra, quien lo sigue reconociendo como Presidente legítimo de Cataluña y ha asumido una función de subalterno a sus órdenes. Ya era difícil encontrar un payaso que superara las excelencias de Puigdemont, pero lo han encontrado, pues el circo independentista catalán está plagado de “freakies” políticos y humanos. Muestra de la catadura moral del nuevo President vicario son sus perlas oratorias y digitales denigratorias de todo lo que sea español: ”Los españoles son bestias que beben odio”; ”no son demócratas, sólo saben expoliar”; ”vergüenza es una palabra que los españoles han eliminado de su vocabulario“; “vivimos ocupados por los españoles desde 1714”; “vienen a vigilarnos, ¡fuera de aquí, de una vez!;”el fascismo de los españoles en Cataluña es tétrico, revulsivo y burdo”; ”corremos el riesgo de acabar tan locos como los españoles”…Como ha señalado José Andrés Rojo en “El País”, no se trata ya de la aspiración de una minoría independentista para desconectarse de España, sino de una lucha de un pueblo superior contra los bárbaros que habitan en el resto de España o en la propia Cataluña, si no son favorables de la independencia.   

Un grupo informal de 55 Embajadores jubilados hemos escrito una carta al colega alemán en España, Peter Tempel, para expresarle nuestra “sorpresa y preocupación por el desarrollos de los acontecimientos en Alemania en relación con Puigdemont, especialmente por las resoluciones de la Audiencia de Schleswig-Holstein.
La misiva –reproducida en su integridad por el diario “ABC” bajo el titular “Un golpe de Estado como el de Hítler”- concluía afirmando que lo que ha sucedido en Cataluña es un auténtico golpe de Estado, como lo fue el realizado por Hítler contra la República de Weimar. En efecto, Puigdemont se alzó desde el control del Gobierno autonómico -del que disfrutaba gracias a la Constitución de 1978-, contra el poder legítimamente constituido de un Estado de Derecho, violó esa Constitución, el Estatuto de Autonomía y las sentencias de los Tribunales, y declaró la independencia de la República catalana. Con el agravante comparativo de que Hítler había sido democráticamente elegido en 1923 para gobernar la totalidad de  Alemania, mientras que Puigdemont sólo fue elegido para regir una pequeña parte de España.

Señalaban los Embajadores que, en el ínterin, esperaban que las autoridades germanas fueran menos tolerantes con Puigdemont y no le permitieran realizar actuaciones políticas ilegales contra el Estado español. Las autoridades germanas deberían preguntarse si no está violando uno de los principios básicos del Derecho Internacional como es la no intromisión en los asuntos domésticos de otro Estado. La “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” –contenida en la resolución 2625(XXV) de la Asamblea General de la ONU de 1970-, consagra la obligación de “no intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de otros Estados”. Deben abstenerse los Estados de “ejercer  coerción militar, política o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado”. Esta intromisión puede hacerse de forma activa o pasiva. Así, la resolución añade que los Estados deben abstenerse de apoyar o tolerar actividades subversivas encaminadas a cambiar el régimen de otro Estado, actividades que   son precisamente las que viene realizando Puigdemont desde que quedó en libertad bajo fianza, pese a ser un prófugo de la justicia española tras sus imputación por los graves delitos de rebelión, sedición y malversación. El ex-Presidente de la Generalitat ha establecido un Gobierno paralelo en Berlín, desde donde conspira a diario para conseguir la separación de Cataluña de España. Con su conducta pasiva y su tolerancia con las actividades ilegales de Puigdemont, las autoridades alemanas le están permitiendo que continúe delinquiendo y atente contra el orden constitucional y la integridad territorial de España. Alemania no sólo puede que esté violando una norma de Derecho Internacional general que le obliga frente a cualquier Estado, sino que -para máyor “INRI”- lo hace contra un Estado socio de la UE y aliado en la OTAN.

Actitud de Gran Bretaña

            En el Reino Unido, y más concretamente en Escocia, sólo hay una antigua Consejera del Govern, que funge como profesora en la Universidad de Saint Andrew. El TS ha solicitado la entrega de Clara Ponsatí por rebelión y malversación mediante la correspondiente OEDE. El tribunal escocés competente se lo ha tomado con calma –pese al carácter urgente de una Orden de este tipo- y ha aplazado sin justificación alguna su decisión hasta después del verano. Supongo que, como es muy respetuoso con la autonomía universitaria, le ha querido permitir que termine el curso, pero no lo ha sido tanto con la Justicia española a la que ha dejado para Septiembre .

            Gran Bretaña es uno de los países europeos que ha acogido con mayor simpatía las tesis y los actos ilegales de los independentistas catalanes, especialmente en sus medios del comunicación, del “The Times” al “Guardian” y del “The Daily Telegraph” al “The Economist”, pasando por la supuestamente objetiva y neutral “BBC”. Los medios han simplificado el problema equiparando a Cataluña con Escocia, cuando hay tres elementos diferenciales que se silencian: Escocia fue un Reino independiente antes de integrarse la Gran Bretaña, las leyes británicas no prohíben los referéndums de autodeterminación y el Gobierno británico dio su anuencia a la celebración del referéndum en Escocia. Por el contrario, Cataluña nunca fue un Reino independiente sino un Condado que formaba parte del Reino de Aragón, la Constitución española prohíbe la celebración de referéndums salvo que sean autorizados por el Gobierno central y éste nunca ha aceptado su celebración, que ha sido prohibida por el TC.

            Gran Bretaña ha mantenido una política vacilante en relación con la extradición de etarras a España, habiendo adoptado actitudes distintas según los casos. En un mundo político en el que la consolidación del “Brexit” es uno de los objetivos básicos del Gobierno de Teresa May, no parece que éste muestre especial interés en la aplicación de las OEDEs. Esta figura jurídica está basada en la confianza mutua de todos los Estados miembros de la UE, cuyos sistemas jurídicos se consideran homologables, con el fin de abreviar los largos, complejos y farragosos procedimientos de extradición. Tiene un carácter de urgencia para favorecer la cooperación judicial y no es de recibo que los tribunales decidan prolongar frívola e innecesariamente la debida respuesta, sin ni siquiera alegar un motivo que lo justifique.

Actitud de la Unión Europea

            Las altas autoridades de la UE –con la excepción del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani- no han estado siempre a la altura de las circunstancias y, no sólo no han apoyado sin condiciones a España ante el desafío del independentismo catalán, sino que en ocasiones han tomado posturas cautelosas, cuando no hostiles, y tratado de adoptar injustificables posiciones de neutralidad, cuando en modo alguno pueden ser equidistante entre un Estado miembro que cumple la ley y el Gobierno de una parte de su territorio que la incumple.

            Cuando, como consecuencia del cumplimiento del mandato de los Tribunales catalanes, se produjeron algunos enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con ciudadanos que participaban en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de Octubre de 1917 -expresamente prohibido por el TC- , surgieron numerosas críticas procedentes del “fuego amigo” comunitario. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró que había instando al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a “encontrar fórmulas para evitar una escalada de la situación y evitar el uso de la fuerza”. Tuvo la osadía de mandarle a Puigdemont un mensaje de parte de alguien cercano a una minoría étnica que sabía lo que era “ser golpeado por las porras de los policías”, en el que le decía que había pedido a Rajoy -en su calidad de Presidente del Consejo y de firme creyente en  la UE- que buscara soluciones sin el uso de la fuerza y con el diálogo, porque “la fuerza de los argumentos es mejor que los argumentos de la fuerza”. ¿Con qué derecho se dirigía dialogante a la autoridad regional de un Estado miembro que se había rebelado contra su propio Estado?

            El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, afirmó que eran tiempos de unidad y de estabilidad e hizo un llamamiento al diálogo, porque la violencia no podía ser un instrumento de la política. Instigado por su entonces Jefe de Gabinete y hoy Secretario General de la Comisión -tras un “pucherazo” burocrático “made in Brussels”-, Martin Selmayr, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se mostró partidario de que la UE mediara entre el Gobierno español y el catalán. En una tensa reunión de la Comisión estuvo en un triz de salir adelante una recomendación en este sentido, pero fue rechazada por los pelos gracias a la defensa numantina del Comisario español, Miguel Ángel Arias y, sobre todo, por el apoyo a España del Vicepresidente Frans Timmermans. Un centenar de funcionarios españoles de la Comisión enviaron una carta a Juncker para protestar por la deriva pro-independentista de aquélla, en la que hay un importante núcleo de funcionarios catalanes influyentes en puestos intermedios de alto nivel, que son partidarios de la independencia o afines al  nacionalismo, que llevan a cabo una continuada labor de proselitismo con celo digno de mejor causa. Muestra de ello es el antiguo alto cargo de la Comisión, Amadeu Altafaj, que fue nombrado por Puigdemont “Embajador” de Cataluña ante la UE y que ha tenido una destacada actuación en favor de la independencia.

            Ante las numerosas protestas -internas y externas-, la UE ha modificado su criterio y adoptado una actitud más comprensiva hacia uno de sus miembros, como se puso de manifiesto durante la entrega a la Unión del Premio “Princesa de Asturias” a la Concordia en Octubre del pasado año. El díscolo Tusk  dijo que la gente sentía que estaba rodeada por mentiras, manipulaciones y noticias falsas, pero que él creía que “la verdad es invencible y esta ceremonia es una expresión de esa invencibilidad”. Juncker afirmó que la fuerza del derecho era un principio fundamental de una UE que nos protegía y nos permitía vivir juntos en una convivencia armoniosa, ofreció al Gobierno español “un hombro en el que poder descansar” y defendió el sentido histórico de unas fronteras inamovibles como garantía de la paz. Tajani afirmó que la Constitución española formaba parte de la legislación de la Unión y no cabía mediación alguna al tratarse de un problema interno español, y que el derecho no era una opción sino una obligación, “lo que no está  mal recordar cuando afloran los egoísmos nacionalistas”.

El rey Felipe VI señaló que la presencia en Oviedo de los tres máximos dirigentes de la UE simbolizaba “el compromiso, el apoyo y la solidaridad de las instituciones europeas con España, con nuestros sistema constitucional y con nuestro Estado democrático y social de Derecho”. España tenía que hacer frente a un inaceptable intento de secesión de una parte de su territorio, que resolvería por medio de sus legítimas instituciones democráticas y ateniéndose a los valores y a los principio de la democracia parlamentaria. Ningún proyecto futuro de progreso podía construirse tomando como base la ruptura de la convivencia democrática, ni sustentarse en la desafección y en la división de la sociedad, de la familia y de los amigos. “No queremos ni podemos – concluyó el monarca- renunciar a lo que junto hemos construido sumando las aportaciones de todos, que constituye un valiosísimo legado que a todos y a cada uno pertenece por igual. Una España en la que todos –independientemente de sus ideas o de sus intereses- tuviesen la oportunidad de encontrar su lugar en paz y  libertad, sin temores a los miedos, a la imposición y a la arbitrariedad, y alejados del rencor y de las fracturas. Una España abierta y solidaria en la que los pueblos que la integran vieran protegidas, reconocidas y respetadas sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y sus instituciones, como verdadero patrimonio que identifica y enriquece a todos”.

Aún hay muchos en Europa y en el seno de la UE que no son concientes de los gravísimos peligros que supone el independentismo catalán para el futuro integrador de la Unión. En su carta abierta al Embajador alemán, sus colegas españoles hicimos hincapié en “la transcendental importancia de mantener un frente unido ante uno de los retos más graves que compromete el futuro de la UE; a saber, el auge de los nacionalismos radicales y excluyentes –de los que Alemania, más que ningún otro Estado, ha sufrido en el reciente pasado-, que, junto con el populismo, ponen en peligro el proceso de construcción europea”.

Madrid, 29 de Mayo de 2018

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