miércoles, 28 de marzo de 2018

Por la lengua hacia la independencia

POR LA LENGUA HACIA LA INDEPENDENCIA

            En los últimos días se ha celebrado en Barcelona una manifestación más de un grupo de separatistas catalanas para protestar por la aviesas intenciones del Gobierno central para, aprovechando que el artículo 155 de la Constitución pasa por Cataluña, abolir el sistema de inmersión educativa forzosa en catalán que prevalece en Cataluña desde 1983. El Presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado que Cataluña necesita urgentemente un Govern para ahuyentar el 155 y “defender los consensos y la escuela”. Sin embargo, no parece tomar demasiado en serio sus propias palabras, cuando está prevaricando por bloquear la formación de un nuevo Gobierno al proponer candidatos inviables a la Presidencia de la Generalitat.

Bondades e insuficiencias del bilingüismo

            Según Jorge de Esteban, el bilingüismo es encomiable siempre que no signifique la sumisión de una lengua a otra, como ocurrió durante el Gobierno de Francisco Franco con el catalán con respecto al castellano y ocurre en la actualidad en Cataluña con el castellano con respecto al catalán. Para superar la situación que prevalecía en el régimen anterior, la Constitución de 1978 afirmó en su Preámbulo que “la Nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. El artículo 3, sin embargo, establece una jerarquía, pues el castellano es la lengua española oficial del Estado, y todos los españoles tienen el deber de conocerla  y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las distintas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Según el artículo 27-8, “los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo  para garantizar el cumplimiento de las leyes”.  Entre las competencias exclusivas del Estado”, el artículo 149-1-1 prevé la de la “regulación de las competencias básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales”. De conformidad con el artículo 148-1-17, la Comunidades podrán asumir competencias tales como “el fomento de la cultura, la investigación y, en su caso ,de la enseñanza de las lenguas de la Comunidad Autónoma”. El texto habla de “enseñanza de la lengua” y no de “enseñanza en la lengua” Reconociendo la Constitución que el catalán era la lengua propia de Cataluña, su enseñanza debía ser impartida en castellano, sin perjuicio de las horas que se decidiera consagrar al aprendizaje del catalán. Según la sentencia 6/82 del Tribunal Constitucional (TC), la Alta  Inspección Educativa del Estado podía ser legítimamente utilizada para velar por el respeto de los derechos lingüísticos  y, en particular,  el de recibir enseñanza en la lengua del Estado, que no es otra que el castellano.

            En 1983, el Parlament adoptó la Ley 7/83 de Normalización Lingüística en Cataluña, cuyo artículo 14 establecía que el catalán  era la lengua propia de la enseñanza en todos los niveles educativos y que los niños tenían derecho a recibir la enseñanza primaria en su lengua habitual, ya fuera ésta el catalán o el castellano. La Administración autonómica debería tomar las medidas necesarias para que  la lengua catalana se usara progresivamente, a medida que los alumnos la fueran dominando. Esta norma perseguía un bilingüismo desequilibrado por la preponderancia del catalán, al prever la enseñanza en esta lengua de todas las asignaturas, salvo Lengua Española.


            El TC afirmó en sus sentencias 87/83 y 88/87 que la competencia para establecer las enseñanzas primarias del ciclo medio de EGB correspondía al Estado. El Gobierno fijaba los horarios mínimos para todo el territorio nacional en materia lingüística sólo en relación con el castellano. dado que -al referirse a enseñanzas mínimas en todo el Estado- se limitaba a regular la enseñanza de la única lengua que era oficial en todo el territorio y que, por tanto, debía enseñarse en todo él, con arreglo a unos mismos criterios concernientes tanto al contenido como a los horarios mínimos. Según la sentencia 82/86, el Estado podía regular las garantías básicas de la igualdad en el uso del castellano como lengua oficial ante todos los poderes públicos, así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del castellano, entre las que se hallaba la obligación de enseñanza en este idioma.          Se ha puesto en duda la constitucionalidad de la Ley de Normalización y el Tribunal Supremo ha pedido al Constitucional que se pronuncie al respecto, pero éste no ha expresado aún su opinión. Para Esteban es anticonstitucional por dar prioridad al catalán sobre el castellano, porque todos los españoles tiene, según 

lunes, 12 de marzo de 2018

El PNV emula al independentismo catalán y ataca a traición por la espalda

EL PNV EMULA AL INDEPENDENTISMO CATALÁN Y ATACA A TRAICIÓN POR LA RETAGUARDIA

            La situación de tensión emocional y física que causa en toda España la inepcia y  la deslealtad de los políticos nacionalistas y de la nueva izquierda de Cataluña, ha hecho que no se le haya prestado toda la atención que merecía y haya pasado un tanto desapercibido el ataque por la retaguardia lanzado por el PNV contra la línea de flotación de la unidad nacional. ¡Éramos pocos en Cataluña y parió la abuela vasca!

Propuesta del PNV un nuevo Estatuto para el País Vasco

            El Parlamento vasco constituyó una Comisión para redactar un proyecto de Estatuto que sustituya al adoptado en 1979. El Gobierno de coalición PNV-PSOE se escindió a la hora de acordar si se debía incluir en el proyecto el “derecho a decidir” del pueblo vasco. Se impuso la mayoría peneuvista, y el texto de la ponencia presentado a la Comisión ha incluido dicho derecho como la clave de bóveda del proyecto. El pasado 7 de Febrero, el PNV presentó una propuesta con el fin de ampliar el alcance de los derechos históricos que la Constitución española (CE) reconoce al País Vasco.

         Preocupado el PNV por el “permanente cuestionamiento” por parte del Estado español de las competencias conferidas por el Estatuto de Guernika a las instituciones y autoridades vascas y, ante el “socavamiento de las competencias de Euskadi” y la tendencia a la “recentralización”, era necesario actualizar el autogobierno del pueblo vasco mediante “un sistema de bilateralidad efectiva que garantice el cumplimiento de lo acordado entre el País Vasco y el Estado español”.  Se trataba de configurar “un nuevo status  de no ruptura, cuyas bases fueran  “el reconocimiento mutuo, el pacto y la democracia”.  Por ello, el PNV ha propuesto  “formalizar una nueva forma de vinculación con el Estado español, articulada en exclusiva a través de los derechos históricos que reconoce y ampara la disposición  adicional primera de la Constitución, que formalice una relación singular y bilateral, basada en el pacto y el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes”.

         En efecto, según la citada disposición, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. “La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. El Gobierno vasco incluyó a su vez una disposición adicional en el Estatuto de 1979, en la que se afirmaba que la aceptación de dicha norma no implicaba la renuncia del pueblo vasco a más autogobierno. Así pues, el Gobierno vasco  y el partido que lo sustenta pueden proponer la modificación del Estatuto de Guernika, siempre que lo hagan “en el marco de la Constitución”. Ahora bien, reclaman una “lectura actualizadora” de dicha norma para pasar del reconocimiento de los derechos históricos al reconocimiento de la nación vasca y de la posibilidad de su libre determinación y eventual independencia, lo que no está conforme con la Constitución.

         El Gobierno vasco ha pasado incluso por encima del artículo 135 de la Constitución , que prevé que todas Las Administraciones Públicas deberán adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y, en consecuencia, las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros. Ha exigido un régimen específico de aplicación, de modo que su autonomía financiera no resulte constreñida por las decisiones que adopte el Estado español con respecto a la deuda o al déficit público. De esta manera, la soberanía fiscal que garantiza el Concierto Económico se extendería a la soberanía económica, dejando al margen las directrices que establezca el Gobierno central sobre los límites del gasto público.

         La propuesta del PNV no se limita a esta expansión de la autonomía fiscal reconocida a los territorios forales a la autonomía económica, sino que da un paso más de transformismo, al extender la fórmula del Concierto  Económico al Concierto Político, que define como “un haber competencial exclusivo y reservado,  sólo homologable al Concierto Económico en concepción, estructura y operatividad”.
Los derechos históricos de los territorios forales deben ser actualizados y la interpretación de las normas que los regulan ampliada, mediante “la formulación jurídico-positiva del ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su futuro, para lo cual habrá que dotar a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de un valor normativo relevante”.

         Así, “pasito a pasito”, sin sacar los pies del plato, los juristas peneuvistas han llegado -siguiendo una razonamiento aparentemente lógico, pero sofista y erróneo- a la conclusión de que Euskadi es una nación y de que el titular de la soberanía nacional en dicha Comunidad no es el pueblo español –como establece el artículo 1(2) de la Constitución- sino el pueblo vasco.  El proyecto contiene un apartado sobre “Reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco en Euskal Herría”, en el que se afirma que el vasco es un pueblo “con identidad propia y diferenciada”, cuyo máximo exponente es contar con una lengua –el euskera- y una cultura propias que han forjado su identidad nacional diferenciada, y que mantiene una condición jurídica propia. “El pueblo vasco es una nación, porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado”. Al margen de que me gustaría conocer cuáles son esos parámetros y dónde se encuentran, es curioso que los juristas vascos basen sus argumentos en un etéreo Derecho comparado y no mencionen la CE, que sigue siendo aplicable en el País Vasco. Y es lógico que no la mencionen, porque la Constitución establece taxativamente en su artículo 2 que no hay más nación que la española y que las Comunidades históricas –como el País Vasco o Cataluña- son macionalidades.

         En su sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional fue bastante claro sobre al respecto. Amén de señalar la carencia de eficacia jurídica de la declaración contenida en el Preámbulo del Estatuto de que el Parlament tenía el sentimiento de que Cataluña era una nación, el Tribunal  afirmó que Cataluña ejercía su autogobierno “constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución. Esta inequívoca declaración de principios implicaba la asunción por el Estatuto del entero universo jurídico de la Constitución,”único en el que la comunidad autónoma de Cataluña encuentra en derecho su sentido”. La Constitución proclama la “indisoluble unidad de la nación española” y reconoce al pueblo español como único titular de la soberanía nacional. El derecho inalienable de Cataluña al autogobierno derivaba de que el artículo 2 de la Carta Magna se lo reconocía a las nacionalidades y regiones que integran la Nación española.

         Para romper la innegable superioridad jerárquica de la Constitución sobre las leyes, nacionales o autonómicas, el proyecto pretende enfrentar el  “principio democrático” al “principio de legalidad”, afirmando que “el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático”, un principio que “exige  dotar de un valor relevante y primario a la decisión de los vascos”. La consagración del “derecho a decidir pactado” establece una relación de carácter confederal entre Euskadi y el Estado Español. Desde luego no es una relación de tipo federal, pues, si se recurre al Derecho comparado invocado por los peneuvistas, se podrá comprobar que en todos estos regímenes, la Ley del Estado federal prevalece sobre las leyes de los Estados federados. No hay igualdad entre ellas, ni mucho menos superioridad de éstos.

         El PNV pretende saltarse la distribución de competencias entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas  mediante una “modulación” de la operatividad de los artículos 149 y 150 de la CE, y propone que el Gobierno vasco asuma el mayor número de competencias, incluidas algunas que corresponden al Estado español, tales como la Justicia, el régimen penitenciario o la Seguridad Social. Justifica su pretensión en la “raigambre foral”, que hace que sus competencias queden “sustraídas al campo del Título VIII de la Constitución”.

         Asimismo reclama que este aumento de competencias se plasme en el reconocimiento de una mayor participación en la acción exterior del Estado, asó como en la “capacidad de representación antel as Organizaciones internacionales” y, de forma especial, ante la UE.. Esta competencia exterior se concreta en la posibilidad de negociar con el Estado su posicionamiento en cuestiones de la Unión, de participar directamente en los órganos comunitarios y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de contar con una Oficina oficial de Euskadi  en Bruselas –especie de   Embajada-, que trate directamente con las autoridades comunitarias sin interferencias del Estado español. El optimismo “rouseauniano”  del PNV ya ha previsto el nombre de la nueva criatura y da una opción para escoger entre una terminología “in crescendo” según el grado de soberanía que se le conceda: Comunidad Foral Vasca, Comunidad Nacional Vasca, Estado Autónomo Vasco o Estado Foral Vasco.

Reacciones a la propuesta del PNV

         El portavoz del PNV en el Parlamento vasco. Joseba Egíbar, ha justificado la introducción del “derecho a decidir” en el proyecto de Estatuto en la voluntad del pueblo vasco, como lo probaba el hecho de que  57 de sus 75 diputados estén a favor de él. El Presidente del “Bizcai Buru Batzar”, Andoni Ortúzar, ha afirmado que la propuesta es realista y tiene una base legal. Pretende fortalecer los vínculos con el Estado español “desde el reconocimiento mutuo y una relación bilateral”, y propone articular un sistema de garantías para que lo que se acuerde se cumpla de manera reglada, sin que esté sujeto a la voluntad del Estado ni a la de Euskadi. “En este sistema de garantías, nosotros también alentamos una relación estable con el Estado español”. Ha señalado que los partidos políticos vascos deben abstraerse de lo que está sucediendo o ha sucedido en Cataluña, pues hay campo suficiente para hablar sin que el tema catalán sea obstáculo o interfiera hasta desfigurar el debate. Incurriendo en el pronunciamiento tautológico común a los líderes políticos de nuestros días –“No es No”, “Brexit es Brexit”-, ha pontificado al afirmar: “La vía vasca es la vía vasca”. Los que están en la “caverna madrileña” debería valorar que nadie ha puesto sobre la mesa un proceso de ruptura, sino un proceso de permanencia en el Estado español, en determinadas condiciones. Ha tratado incluso de vender la “burra tuerta” del “Plan Urkullu” como un brioso alazán, pavoneándose de que el PNV ha conseguido que los filoetarras de Bildu acepten un régimen que combatieron con la fuerza de las armas.

         El Gobierno vasco está determinado a “normalizar” la situación en Euskadi y a hacer “borrón y cuenta nueva”, olvidando el pasado y menospreciando a las víctimas del terrorismo. Según Maite Pagazaurtudúa, el Gobierno vasco pretende retirar los muertos de ETA de la vida pública y establecer por ley el edén vasco, despolitizar a las víctimas del terrorismo nacionalista, eludir el pasado incómodo  y la exigencia de responsabilidades judiciales, políticas  sociales, y evitar las miradas sobre su ambivalencia con las víctimas. Pero –como ha señalado Enrique Mondiellos- no se puede permitir que aquéllos que pusieron en juego las vidas de personas honestas, que las mataron o jalearon al grupo terrorista que lo hizo, sean los que establezcan el patrón  moral de lo que es admisible, justo o necesario. El PNV ha hecho gala de hipocresía y oportunismo al pactar con, y amparar a, los etarras, y aprovecharse de sus fechorías para mejorar si situación política sin necesidad de mancharse las manos. El propio patriarca Javier Arzallus lo reconoció con ingenuidad cuando afirmó que unos movían las ramas del árbol y otros recogían los frutos, aunque estuvieran teñidos de sangre inocente.

         Para “El Mundo”, el PNV siempre ha transitado por una doble vía: la conciliadora, que se aprovechaba de la debilidad de los Gobiernos de turno, y la radical, plasmada en el funesto Plan Ibarretxe, base de las pretensiones que la formación jeltzale pone ahora encima de la mesa. Las respuestas de los Gobiernos del PP o del PSOE han consistido en apaciguar las exigencias del nacionalismo, un error que parece perenne. El PP parece dispuesto a acentuar su acercamiento al PNV, pese a que éste ha propuesto un plan que, de materializarse, supondría la independencia de facto del País Vasco. El Gobierno ha modulado su primera reacción ante el nuevo desafío vasco y dentro del  paquete legislativo que piensa desbloquear figuran un par de proyectos de ley que interesan al PNV con el fin de arrancarle su voto favorable a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana -propuesta por el partido frente a la formulada por el PSOE de derogarla- y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, para poner un límite a partir del cual se puedan hacer públicos los documentos oficiales.  Sin embargo, abrir el cajón de los secretos oficiales del Estado a quien acaba de proclamar su voluntad de segregarse del Estado no parece razonable, pero es aún peor la tentación de incurrir en recurrentes concesiones a los nacionalistas, cuya voracidad soberanista resulta insaciable.

         En opinión de su Director, Francisco Rosell, el pendulazo del PNV se ha registrado cuado atesora las mayores cuotas de poder en toda su historia, al tiempo de que es cortejado hasta el arrobo por el Gobierno central, lo que hace inexplicable que éste trate de ajustar su hora al reloj averiado del secesionismo catalán, y cuando acaba de dispensarle un fructífero “cuponazo”.  Citando al Barón de Montesquieu en su libro “Grandeza y decadencia de los romanos”, mantiene que la paz no puede ser comprada porque quien te la ha vendido se encuentras después en mejores condiciones para hacerlo las veces que estime oportuno. Resulta absurdo reprochar a los nacionalistas vascos una conducta oportunista y desleal cuando se limita a aprovecharse de lo que otros le sirven en bandeja. En cualquier caso, el PNV se sigue reservando su voto favorable a los Presupuestos a que el Gobierno deje de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Mariano Rajoy se consuela con que, en el conflicto entre las dos almas del partido jeltzale, se imponga el pragmatismo para no correr la misma suerte que Convergencia Democrática de Cataluña., pero la contienda catalana ha demostrado es que, cuado se pone en marcha un proceso de esa guisa, su control –como en el caso del aprendiz de brujo- escapa a sus promotores y termina arrollándolos.

         El PNV ya había cobrado el premio del cupo antes de exigir la retirada de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero con este partido –ha comentado con sorna Santiago González- no hay manera de saber en cuánto se te va a poner el acuerdo, aunque sí se sabe que va a salir caro. Según ha señalado “Tadeu” en “El Mundo”, el PNV no sólo ha  mantenido el cupo, sino que lo ha mejorado con el aval de todos los partidos, salvo Ciudadanos (Cs).  Defiende lo que ya tiene y aspira a conservar el poder, enseñando el colmillo cuando huele la debilidad del Estado y metiéndole miedo para luego cobrárselo en especie. No quieren emular la escapada “independenciera” de los nacionalistas catalanes, porque ¿dónde van a estar mejor que en España y en la UE, de la que tanto reciben?.  Para Jorge Bustos, en el Plan Ibarretxe-bis que prepara el mismo partido con el que Mariano Rajoy se dispone a pactar los Presupuestos Generales después de la obscena piñata del “cuponazo”, el PNV postula una independencia de facto, un camino más sutil –“jesuítico”- que el de la unilateralidad descerebrada de Carles Puigdemont, pero que conduce exactamente al mismo sitio. Cs está subiendo e los sondeos porque se ha roto el dique de la paciencia del español medio, que está hasta las narices del eterno chantaje nacionalista. Mientras el PP siga pagando precios exorbitantes al PNV a cambio de su apoyo, no capitalizará la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ni merecerá de los votantes credibilidad alguna cuando se le llene la boca con la defensa de la unidad de España.

         Ortúzar ha afirmado que “en Madrid  hay un renacimiento del espíritu del Cid Campeador, hay un nacionalismo rampante españolista que lo está contaminando todo”. No parece que tal sea el caso, al menos a nivel gubernamental. Con su habitual parsimonia, Rajoy ha pasado de puntillas sobre el “Plan Urkulli”, pese a que el PP y el PSOE del País Vasco lo hayan  criticado por vulnerar varios artículos de la CE. Se ha limitado a decir que él obviamente no estaba con el derecho a decidir y que confiaba en que proyecto de Estatuto que finalmente presente el Parlamento vasco “respete los marcos y los procedimientos que nos hemos dado entre todos”. Aún confía en que el Dr.Jekyl autonomista prevalezca sobre el Hyde independentista y que, una vez que se haya conformado un Govern en Cataluña y levantada la aplicación del artículo 155 en la Comunidad, el PNV recupere la sensatez y los votos mercenarios de sus seis diputados permitan la aprobación de los tan necesitados Presupuestos Generales.

Ataques a Ciudadanos

         Ciudadanos –que está desde su victoria en las elecciones del 21-D en Cataluña en permanente estado de campaña pre-electoral y se apunta a un bombardeo con tal de seguir aumentando su cuenta de resultados electorales- está tratando de encizañar las relaciones entre el PP y el PNV. Albert Rivera ha señalado que todo lo que el primero conceda al segundo no hará más que alimentar el sentimiento nacionalista, que es el mayor peligro que amenaza a Europa. Inés Arrimadas ha manifestado que el PP piensa más en contentar al PNV que en gobernar para el conjunto de los españoles, cuando el 0.6% del censo de toda España no puede condicionar la política española. Juan Carlos Girauta ha cerrado el ciclo al afirmar que el Gobierno mantiene su favoritismo hacia el PNV con la esperanza, hasta ahora vana, de conseguir el respaldo de los diputados peneuvistas. Ha.mostrando una liberalidad de la que los nacionalistas vascos sacan buen provecho, con lo que se ahonda la desigualdad de los españoles. Su fiesta con los nacionalistas -1.400 millones de euros del “cuponazo”- “la pagamos todos y el Gobierno vasco utilizas esta cuantiosa factura para arbitrar privilegios en su Comunidad –tales como la bajada de impuesto de sociedades o la aplicación de tarifas eléctricas más baratas a la industria local, la concesión de incentivos a las empresas para que inviertan en Euskadi o el aumento de las prestaciones sociales a sus ciudadanos-, que marcan diferencias con el resto de España y consagran un régimen discriminatorio contrario al principio de igualdad de todos los españoles.

         Ante estas críticas a su partido, el perro de presa Ortúzar ha saltado a la yugular de Rivera, al comentar que, aunque  pretende ser como Macron, está haciendo la política de Berlusconi., y que el mayor problema que tiene en estos momentos la política española es de color  naranja y se llama Ciudadanos. Ha tenido la desfachatez  de decir que, “para esa España que hay que construir entre todos y que hay que hacerlo de forma participada, ¿es bueno que gente tan talibán como la de Ciudadanos sea la mejor para dirigir un país así?. Yo creo que no”. Y esto lo dice el Presidente de un Partido que acaba de presentar una propuesta de Estatuto que conllevaría la independencia de facto del País Vasco. ¡Viva la coherencia!. Rivera le ha respondido a bote pronto que el PNV está preocupado porque sabe que, si Cs gana las elecciones, no podrá seguir con los “privilegios y chanchullos” de que goza con Rajoy. Los de Sabino Arana y los del “cuponazo” dicen que el mayor problema de España es Cs., peropara mí lo es “el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas”.

            Según Santiago González, algunas “almas cándidas proponen a los socialistas que “presten” al PP los diputados necesarios para que no tengan que depender del PNV para la aprobación de los Presupuestos. Yo soy  uno de esos cándidos que creen en que ésta sería una solución de emergencia para que el Gobierno escape al chantaje del PNV. Aunque dolorosa para el principal partido de la oposición, sería la solución más adecuada que debería ser aceptada por el PSOE, aunque fuera a regañadientes, si tuviera suficiente sentido de Estado. La ausencia de presupuestos perjudica a todos los españoles, incluidos los socialistas, que gobiernan un puñado de Comunidades Autónomas, que se vería beneficiadas con los créditos y subvenciones previstos en los mismos. No caerá, sin embargo, esta breva mientras rijan el partido Pedro Sánchez y la actual directiva. En tal caso,  no quedaría otra alternativa para evitar un adelanto de las elecciones generales que prorrogar los Presupuestos de 2017. Cristóbal Montoso ya ha insinuado esta posibilidad, que se podría materializar mediante el troceo de los mismos y la adopción de las disposiciones más urgentes mediante Reales Decretos. Los distintos partidos tendrían que retratarse en las Cortes a la hora de sancionar los citados decretos, con las consecuencias que ello conllevaría. No es la solución ideal, pero es viable.

         Pese a sus afirmaciones con la boca pequeña de los dirigentes del PNV de que su propuesta no tiene nada que ver con la situación en Cataluña,  mi impresión es la contraria. Iñigo Urkullu ha abandonad su posición de alumno modelo frente al díscolo Puigdemont y radicalizado la posición de su partido, espoleado por el mal ejemplo del independentismo catalán, al que desea emular aunque guardando las formas. Ha dado una puñalada a traición al Estado español -del que el País Vasco forma parte- en un momento sumamente delicado para España por la persistencia del desafío catalán. Urkullu se ha quitado la careta de líder moderado y ha puesto de manifiesto que no es posible fiarse de ningún nacionalismo, pues son todos iguales en el fondo.

Madrid, 18 de Febrero de 2018



La Iglesia catalana contaminada por el virus del nacionalismo

LA IGLESIA CATALANA CONTAMINADA POR EL VIRUS DEL NACIONALISMO

Rasgos de la Iglesia catalana

            La Iglesia catalana tiene una falsa aura de progresismo que viene de la época de la oposición al franquismo de una parte de ella  representada por el Abad del Monasterio de Montserrat Aureli María Escarré. Desde que la  “Moreneta” fue entronizado en 1947, el Monasterio se convirtió en el Monte Sinaí del catalanismo. Escarré hizo unas declaraciones a “Le Monde” en 1963, en las que afirmaba que “el régimen español se llama cristiano pero no lo es, porque no obedece a los principios básicos del cristianismo”, e hizo una afirmación fundamental para comprender la situación actual del catolicismo en Cataluña:”Defender la lengua [catalana]  no sólo es un deber sino una necesidad, porque, cuando se pierde la lengua, la religión se va detrás”. Ello explica la confusión entre la religión y la lengua catalana, y la exclusión de la asamblea religiosa regional de los castellano-parlantes e incluso de los catalano-parlantes no nacionalistas. Su declaración y sus continuos altercados con las autoridades del Gobierno de Franco costó a Escarré el exilio en 1965 y no regresó a España hasta 1968 para morir en Montserrat. A sus multitudinarias exequias asistieron todos los políticos nacionalistas y de la oposición, y unos años más tarde –en 1974 exactamente- Jordi Pujol creó en el propio Monasterio el partido de Convergencia, que sería el principal motor del movimiento nacionalista que derivó de forma planificada hacia el soberanismo. En efecto, Pujol planeó desde el principio una hábil estrategia dirigida, lenta pero implacablemente, a conseguir la independencia por etapas de Cataluña.

            El espíritu de libertad y aperturismo estuvo encarnado por la revista “El Ciervo”, fundada en 1951 por Lorenzo, Joan y Joaquim Gomis, y en la que colaboraron escritores como Alfonso Carlos Comín y Jordi Maluquer. Era una publicación sin adscripción política alguna orientada al ámbito político y cultural desde una perspectiva religiosa basada en una teología renovadora que se reflejaría en el Concilio Vaticano II. El grueso de la Iglesia catalana hacía honor a sus antecedentes carlistas y era conservadora y excluyente. Éste fue al ambiente en que se crió el ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su pueblo natal de Amer, donde el General Ramón Cabrera –el “Tigre del Maestrazgo”- capituló en 1849 tras la “guerra de los matiners”, dando por concluido el segundo conflicto civil carlista. El carlismo mayoritario en Cataluña –“Dios, Patria y Rey”- se oponía a la separación entre Iglesia y Estado, y a la libertad de conciencia y de cultor, y era profundamente antiliberal, reaccionario y absolutista. Como ha observado con ironía José Antonio Zorrilla, si en el momento  carlista se hubiese respetado el ámbito catalán o vasco de decisión habría ganado el carlismo, porque liberales en aquellos territorios había más bien pocos.  En opinión de Conxa Rodríguez,  Puigdemont y sus seguidores están muy cerca del movimiento carlista, sólo que los independentistas católicos de siempre hacen ahora piña con los anticlericales de la CUP en la causa común de la independencia. Ha prevalecido el sentimiento secesionista y se ha prescindido de Dios.

            Aunque culturalmente siga siendo católica, Cataluña es la región española que más se ha descristianizado y secularizado. Sólo el 50% de la población se declara católica -13.7% practicante-, 30% ateo o agnóstico y el resto de otras religiones –hay una importante minoría musulmana formada principalmente por marroquíes-. No obstante, en el centro del altar mayor de la Basílica de la Sagrada Familia, detrás de la Cruz, hay una enorme señera, que simboliza la unión carlista de Iglesia y Estado, como si la esencia de Cataluña y de la fe fuera la misma cosa. Según José Manuel Vidal, es como si la identidad catalana llegase al altar y pretendiera quedarse, “sólo ella y en exclusiva”. En contraste, los aliados anti-natura de los nacionalistas conservadores de la CUP prodigan sus gestos antirreligiosos y sus cachorros de Arran pretenden convertir la Catedral de Barcelona en un almacén de ultramarinos.

            El sentimiento de fusión entre lengua y religión ya existía antes de que se iniciara el sunami soberanista. Recuerdo que la primera vez que pasé un verano en Cataluña en 1971 era difícil asistir a una misa en castellano. Se decían misas en inglés, en francés y e alemán, e incluso en latín, pero pocas en lengua española, para desesperación de mi madre. Cuando recalamos en el Delta del Ebro –donde seguimos veraneando desde hace 43 años-  se resolvió nuestra cuita religiosa, pues el Párroco de Sant Jaume d’Enveijá, el castellonense Mosén Vicent, era bilingüe y  no nacionalista, y  decía misa en ambas lenguas.

            La Biblia del catalanismo religioso fue redactada en 1985 por el Obispo nacionalista Joan Carrera bajo el título “Les arrels cristianes de Catalunya”, en la que trataba de las relaciones entre el catolicismo y la sociedad catalana. En 2010, la Conferencía Episcopal Tarraconense la actualizó en el documento “Al servir del nostre poble”, en el que se reiteró el compromiso de la Iglesia catalana con su pueblo. Este documento sirve a los sectores más radicales para reivindicar la autodeterminación y a los más moderados para apoyar el nacionalismo sin necesidad de romper con España.
De los 14 prelados catalanes, cinco son independentistas: Los Arzobispos de Tarragona -Jaume Pujol-, y de Seo de Urgell  y Co-Príncipe de Andorra - Joan Enric-, los Obispos de Solsona -Xavier Novell-, y de Gerona -Francesc Pardo-, y el Obispo Auxiliar de Barcelona y Administrador Apostólico de Mallorca -Sebastiá Taltavull-. Son catalanistas y nacionalistas moderados los restantes: El Arzobispo de Barcelona -Juan José Omella- y sus Obispos Auxiliares -Sergi Gordo y Antoni Vadell-, y los Obispos de Lérida -Salvador Jiménez-, Tortosa, -Enrique Benavent-, Vich , -Román Casanova-, Tarrasa –José Ángel Sáiz – y San Feliú de LLobregat –Agustín Cortés-. El independentista más militante es Xavier Novell, que actúa a su aire en plan kamikaze, al margen de la línea marcada por la Conferencia Tarraconense, moderada desde la Santa  Sede.  Como señaló el Cardenal Omella –que tiene que hacerse perdonar haber nacido en Aragón -aunque sea en la raya fronteriza y hable catalán- y a quien los celosos custodios de la ortodoxia lingüística han hecho que se rebautice como Joan-Josep-, “la Iglesia cambia con el pueblo”,  y afirmó lo siguiente:”Yo soy un pastor y vengo con las siglas del Evangelio. Traicionaría mis raíces si no hiciera lo que decida el pueblo de Cataluña”.

Relaciones entre la Iglesi Catalana  la Iglesia Española

            La cuestión de las relaciones entre España y Cataluña ya se planteó en 2006 en la Conferencia Episcopal Española, que adoptó una Declaración sobre “Orientaciones morales ante la situación actual de España”. Aún reconociendo la legitimidad en principio de las posturas nacionalistas, la Conferencia hizo un llamamiento a la responsabilidad respecto al bien común de toda España. En su opinión, ninguno de los pueblos o regiones que formaban parte de España podría entenderse si no hubiera formado parte de la larga historia y de la unidad y cultura política de esa antigua  nación que era España. Las propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad les causaba una gran  inquietud . Por ello, exhortaron al diálogo entre todos los interlocutores políticos y sociales. para preservar el bien de la unidad, a la par que el de la rica diversidad de los pueblos de España. “No puede ser que una parte de los ciudadanos de una parte de un Estado legítimamente constituido quiera romper unilateralmente la unidad de la comunidad política”. La Conferencia consideró la unidad de España como un “bien moral”. La Declaración fue aprobada por 53 votos a favor y 25 en contra, entre los que se encontraba previsiblemente la inmensa mayoría de los Obispos catalanes, si no la totalidad. Algunos de estos prelados  afirmaron que no se debía sacralizar la unidad de España, ni estigmatizar a los nacionalismos.

            Según el jesuita José Ignacio González Faus, residente en Cataluña, “en este terreno no se puede apelar a la moral, porque ni la unidad de España ni la independencia tienen nada que ver con la moral. En todo caso, la moralidad podría estar en el modo en que se gestione, pero no en el hecho. Por ejemplo, que en las iglesias se dediquen a poner banderas, con estrella o sin ella, como si la casa de Dios no fuera casa de oración para todas las gentes”. El Papa Francisco ha manifestado en público y, sobre todo, en privado su oposición a la desintegración de España y a la independencia de Cataluña. En unas declaraciones que hizo a “La Vanguardia” afirmó:
que “la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas”.

            Lo que la inmensa mayoría consideró una velada advertencia sobre su desaprobación de una eventual independencia de Cataluña, fue interpretada en sentido contrario por algunos de los apologetas de la secesión como el Padre Hillari Raguer –autor del libro “Ser independentista no es pecado”- quien mantuvo que las palabras del Papa  no suponían una condena del independentismo catalán sino que, antes bien, lo abonaba ,dado que -en este caso-, se trataba de una unidad  impuesta a la fuerza desde 1714 y a lo largo de tres siglos hasta el presente, “con ininterrumpidos movimientos de protesta y sus mártires”. Una muestra más de la capacidad tergiversadora de la Historia de los independentistas catalanes  de la conversión de la mentira más burda en una “post-verdad “. Como ha señalado el hispanista británico John Elliot, los políticos catalanes manipulan y tergiversan el pasado, con lo que han generado una victimización  que perdura desde 1714. Así , según Raguer, es doctrina universal de la Iglesia que el cuarto mandamiento que manda honrar a nuestros padres exige asimismo amar y servir a la patria, pues –como dijo Pío XI- el patriotismo era la forma más amplia de la caridad cristiana , pero que había pueblos y gobiernos que sacrílegamente se arrogaban el derecho de imponer a otros su propia patria. “No hay autoridad humana, ni civil ni tampoco eclesiástica, que pueda dictarme cuál es mi patria. Esto sólo puede salir de lo más hondo de mi conciencia”.

Inicio del proceso independentista

            Tras la negativa en 2013 del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a la petición del Parlament de que se concediera a Cataluña de un régimen fiscal similar al que gozaban en el País Vasco  en Navarra, el Presidente de la Generalitat, Artur  Mas, se lanzó al monte e inició la deriva hacia la independencia, pese a que su partido, Convergencia y Unió, nunca había incluido en su programa electorale la independencia de la Comunidad. Tras la escisión de Unió Democrática de Cataluña por su desacuerdo con la política pro-independista del President, Convergencia Democrática de Cataluña se transformó sucesivamente en Partido Democrático de Cataluña, Junts pel Sí –en coalición con Esquerra Democrática de Cataluña- y Juntos por Cataluña, en una errática huida hacia la independencia imposible. Mas inició en 2014 el proceso independentista con la convocatoria de un referéndum de libre determinación que –tras su prohibición por el Tribunal Constitucional- se convirtió en el seudo-referéndum del 9-N.

            El Obispo Novell se desentendió de la línea de prudencia recomendada por la Conferencia Episcopal Tarraconense y se pronunció abiertamente a favor del “procés”  y pidió a sus fieles que no permanecieran ajenos a él  y acudieran a votar el 9-N, pues el Gobierno central estaba usando la ley para impedir un derecho fundamental  de los ciudadanos catalanes que era anterior y superior a la Constitución. El problema de hasta donde llega el “derecho a decidir” del pueblo catalán deriva de que se considere o no a Cataluña como una nación, aunque el Tribunal Constitucional (TC) dejó bien claro en su sentencia de 2010 que no había más nación que la española.

Reconocimiento de Cataluña como nación

            Si bien Novell ha sido el más explícito de los Obispos catalanes, todos ellos han reconocido que Cataluña es una nación . No es una tesis, es una realidad, y tiene, por tanto, derecho a decidir su futuro. El Obispo de Solsona recurrió nada menos que a la Virgen María para fundamentar el derecho del pueblo catalán a la libre determinación. “La Virgen del Claustro se dio cuenta de las muchas banderas que adornan los balcones de la ciudad de Solsona. Va a sorprenderse de ver tatas esteladas. María del Claustro, nacida en un país ocupado y oprimido, que ha conocido la persecución y  el exilio, y ha sufrido la condena injusta de Jesús a muerte, sabe bien lo que significan estas banderas. ¿Qué le debemos explicar nosotros sobre deseos nobles y justos de independencia de un pueblo?  Pasado mañana en Barcelona una gran manifestación reclamará la independencia de Cataluña. ‘Cataluña próximo Estado de Europa’. Ante estos hechos puede preguntarme ¿cuál es la palabra de la Iglesia?”. La Iglesia no es ajena a los gozos y las esperanzas, los llantos y las angustias de los hombres contemporáneos. Más aún. ‘No hay nada verdaderamente humano que no resuene en mi corazón’. La Iglesia reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación”. Se trata de un texto surrealista, casi de realismo mágico a lo Gabriel García Márquez, que recuerda a la invocación a la Virgen del Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para justificar la próxima huelga de las mujeres feministas. Si el Catecismo nos prohíbe invocar el santo nombre de Dios en vano, semejante prohibición debería extenderse asimismo a su Santa Madre.

            Como ha manifestado González Faus, la Iglesia defiende la autodeterminación de las colonias, pero, cuando se trata de la separación o escisión de un territorio,  confiesa no saber si también se aplica esta doctrina al caso. El padre jesuita tiene escasos conocimiento de Derecho Internacional e ignora,  por tanto, que el principio de libre determinación reconocido por la ONU se aplica a los territorios bajo dominación colonial o a los pueblos que estén sometidos a graves violaciones de los derechos humanos. Por mucha que sea la capacidad mistificadora de los nacionalistas, resulta difícil mantener que Cataluña sea una colonia española o que los catalanes vean permanentemente violados sus derechos humanos. Pero incluso en el caso harto improbable de que se reconociera a Cataluña como un territorio dependiente pendiete de descolonización, la “Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” establece que “toda tentativa encaminada a destruir parcial o totalmente la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

            El Arzobispo Emérito de Barcelona, Cardenal  Lluis María Martinez Sistach ha afirmado:”Somos un pueblo vivo y por ello cambiante, pero también permanente, con la voluntad de mantener nuestras esencias como nación”.  El Arzobispo de Tarragona, Jaume, Pujol, pidió a la “Moreneta” que iluminara a la tierra catalana en estos momentos de su Historia  “para que encuentre el camino de la afirmación nacional”. Según el Abad de Montserrat, Josep María Soler, “Cataluña es una nación evidentemente y, si lo es, tiene derecho a decidir su futuro. La Conferencia Episcopal Tarraconense ha reconocido la “realidad nacional de Cataluña” y afirmado que “conviene que sean valorada su singularidad nacional”. Incluso el “charnego” Omella se vio obligado en la misa de San Jordi,-ante Puigdemonto, Junqueras y el Govern en pleno- a referirse a Cataluña como una nación, a cuyo pueblo empezaba a conocer y querer. Este ambiente se ha trasladado parcialmente a la propia Conferencia Episcopal Española, que  publico en 2017 una nota –cuyo texto había sido consensuado por Blázquez, Osoro y Omella- en la que se apelaba al dialogo salvaguardando “los bienes comunes de siglos  y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado”. Ya no esgrimía la unidad de España como un “bien moral” y parecía que se instaba a realizar un diálogo entre iguales. El Cardenal Antonio Cañizares y otros prelados españoles, sin embargo, siguen manteniendo que la unidad de España en un “bien superior” que hay que defender, porque de ello depende también la credibilidad social de la propia Iglesia.

Referéndum ilegal del 1-O

            Las relaciones entre las dos Conferencias se tensaron con la preparación, la celebración y las secuelas del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre de 2017. La Iglesia catalana, en sus distintos niveles, colaboró activamente en la preparación y realización del referéndum que había sido declarado ilegal por el TC: Se escondió  material electoral en las iglesias, se prestaron locales parroquiales y escolares -e incluso algunos templos- para que se instalaran en ellos mesas electorales, se realizaron escrutinios en varias iglesias incluso durante la celebración de la misa…etc. De nuevo, Monseñor Novell fue el que sobresalió por su mayor protagonismo. En una Carta Pastoral defendió el independentismo en Cataluña y destacó la injusticia que suponía que se negara e impidiera a los catalanes el ejercicio de la autodeterminación. Afirmaba que “los Presidentes del Parlament y de la Generalitat, los Consejeros y muchos Diputados, Alcaldes y altos cargos de la Generalita están arriesgando su libertad, carrera y patrimonio para ofrecernos, por primera vez en la Historia, la posibilidad de votar para forzar la independencia”. Se trataba de un derecho inalienable de toda la nación, una mayoría social lo quería ejercer y era el punto primero de los programas electorales de los partidos políticos que habían ganado las últimas elecciones autonómicas. El Parlamento había adoptado la ley que regulaba su ejercicio y la Generalitat había convocado  el referéndum que lo hacía posible, a pesar de que todo parecía indicar que no reuniría las condiciones internacionales establecidas para su reconocimiento, y la sociedad se estaba defendiendo contra todos los ataques imaginables, y criticó la declaración de la Conferencia Episcopal Española sobre la unidad de España.

            La Conferencia Tarraconense, en cambio, fue más objetiva y neutral, pues no se inclinó por ninguna de las opciones y pidió sensatez y fraternidad para “avanzar en el camino del dialogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones, y no de la confrontación”. En la misma longitud de onda, la Conferencia Española reivindicó el diálogo como solución al conflicto derivado del referéndum del 1-O, y pidió que se evitaran “decisiones y actuaciones irreversibles de graves consecuencias”, que situaran a las administraciones y a los partidos al margen de la práctica democrática. Ofreció su colaboración sincera al diálogo a favor de una pacífica y libre convivencia entre todos e invitó a la oración por todos los que tenían responsabilidades en el Gobierno y en las distintas Administraciones Públicas para que fueran “guiados por la sensatez”. Era preciso recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, en el marco del “respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado e la Constitución”.  La referencia a la Carta Magna era una menció significativa que se echaba en falta en el mensaje de la Conferencia Tarraconense.

            En contraste, unos 480 sacerdotes  y religiosos lanzaron un manifiesto en el que hacían un llamamiento a los ciudadanos para que acudieran a votar y lo hicieran por la autodeterminación y la independencia, y enviaron una carta al Papa pidiéndole que mediara ante el Gobierno español para que permitiera la celebración el referéndum. Los peticionarios decían no favorecer la independencia sino el “derecho a decidir”, aunque su argumentario coincidía plenamente  con el del Govern.  El referéndum era el último grito de dignidad  “ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a cabo de forma acordada” (¿?). Calificaban de legítima y necesaria la consulta, y afirmaban moverse por “valores evangélicos y humanitarios” y por su “amor sincero al pueblo”, al que querían servir. La falacia argumental no podía ser más patente. El “animus negotiandi” de la Generalitat se había limitado a “referéndum sí o sí” y, como única concesión, ofrecieron la posibilidad de acordar la fecha de su celebración. En cuanto a las leyes en que se basaba el citado referéndum –adoptadas por el Parlament con alevosía y nocturnidad en horas 24 y violando el Reglamento de la Cámara- eran contrarias a la Constitución –que era derogada por una ley autonómica- y a cualquier norma de Derecho Internacional o Constitucional. 

  El párroco de Calella, Cinto Busquet, advirtió que, si cerraban las escuelas, dejaría su parroquia para que se votase, pues no dejarles expresase libremente el 1-O era una vulneración de los derechos humaos.  Afirmó que “Jesús fue condenado a muerte en base a la ley vigente y ninguna persona sensata lo consideraría algo legítimo o moral. En Cataluña también se quería impedir a la gente votar cumpliendo una ley, pero esa legalidad atentaba contra la dignidad y la libertad de las personas”. El TC y las fuerzas del orden estaban violando los derechos humanos y pisoteando la dignidad de Cataluña, por lo que exigía al Gobierno español “escuchase  las legítimas aspiraciones del pueblo catalán”. La votación del 1-O estaba avalada por el mismo Evangelio, pues la doctrina de la Iglesia anteponía a cualquier ley la dignidad de las personas, tanto a nivel personal como colectivo. “El Evangelio es nuestra legalidad. El cristianismo enseña que cada ser humano ha sido creado con libertad y que nadie puede  imponer su voluntad sobre el otro. Es inmoral lo que está haciendo España. Hay un 80% de catalanes que quiere votar y se les está reprimiendo esgrimiendo la Constitución”.

Pero el mayor enfrentamiento se produjo tras el conato de celebración del referéndum y los incidentes que se produjeron como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en el cumplimiento del mandato recibido del Tribunal Superior de Cataluña de impedir que se celebrara la votación. Pero incluso unos días antes del 1-O, el 28 de Septiembre, ya una docena de entidades cristianas catalanes –entre las que se encontraban la poderosa Unión de Religiosos de Cataluña, el Movimiento de Profesionales Cristinanos, la Fundación de Escuelas Parroquiales de Cataluña o “Justicia y Paz”- hicieron pública una Nota en la que reiteraron que-de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia- los Obispos catalanes habían había afirmado que debían ser escuchadas las aspiraciones del pueblo catalán a que se estimara su singularidad nacional, defendieron la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basasen en el respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, e hicieron un llamamiento a la población a que se sumase a las manifestaciones cívicas, pacíficas y democráticas convocadas en todo el país en defensa de sus instituciones

El Obispo de Gerona, Francés Pardo, condenó la violencia que sufría el pueblo catalán y pontificó que la resistencia no se vencía con la violencia, sino con un diálogo sincero y pacífico. Monseñor Novell se desmelenó y calificó de agresión la intervención de los policías –a los que llamó “guerrilleros”- ante los que se acantonaban frente a los centros electorales para obstaculizar su actuación. Exigió a los políticos que articularan una salida pacífica y justa para la nación catalana que respetara los derechos legítimos del pueblo, entre los que sobresalía el de la autodeterminación, sin ignorar lo que había pasado y teniendo en cuenta el resultado de las urnas. La reacción de la Conferencia fue menos drástica, pues declaró que la situación de violencia que vivía Cataluña era deplorable y que había que detener dicha violencia y los enfrentamientos, y encontrar una salida pacífica y democrática. La declaración era un tanto ambigua y equidistante, pues situaba en pie de igualdad a quienes atacaban al Estado y a quienes lo defendían. Mantuvo, sin embargo, una actitud de perfil bajo siguiendo las instrucciones de la Santa Sede, que desaprobaba los intentos de los separatista de fracturar España y Europa. Asimismo los Obispos catalanes mostraron en privado su malestar y disgusto por el apoyo de los sacerdotes y religiosos al referéndum del 1-O. Señalaron que aquéllos podían pensar lo que quisiesen como ciudadanos, siempre que respetaran los principios morales, pero no podían hacer valer ante su comunidad su condición sacerdotal para apoyar cualquiera de las dos opciones en presencia. Suponía una extralimitación de su misión dado que era una cuestión autónoma desde el punto de vista del discernimiento político, sobre la cual carecían de autoridad y de competencia para decidir si el referéndum era legal o ilegal y si se debía celebrar o no.
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El 3 de Octubre se produjo el acertado y oportuno discurso del Rey Felipe VI, que se apartaba del bla-bla de los Obispos sobre diálogos imposibles y señalaba la obligación de los políticos catalanes de respetar la Constitución, las leyes y las sentencias de los Tribunales. Junqueras buscó la mediación  Omella para encontrar una salida sin perder la cara del avispero en que se había metido la Generalitat y el Cardenal se mostró dispuesto a intervenir, pero se topó con el “non placet” del Vaticano e igual resultado obtuvo la propuesta del “lehendakari” Iñigo Urkullu de que mediase el Arzbispo de Bolonia, Matteo Zuppi. El Papa Francisco dejó traslucir su desagrado por el desarrollo del proceso separatista en Cataaluña.

Encarcelamiento de políticos catalanes

En el ínterin, los Tribunales siguieron el lento curso de la Justicia y los Magistrados Instructores de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, ,imputaron a los antiguos componentes del Govern y de la Mesa del Parlament, así como a los Presidentes de la Asociación Nacional Catalana y de Omnium Cultural por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que provocaron el encarcelamiento de Junqueras, del ex –Consejero de Interior Joaquim Forn y lde os Jordi, -Sánchez y Cuixart-, la fuga poco gloriosa de Puigsdmont  y cuatro antiguos Consejeros a Bruselas –donde ha establecido su Corte Republicana de los Milagros- y la puesta en libertad -con o sin fianza- del resto de los encausados.

La reacción de la Iglesia catalana ante estos eventos ha sido vehemente. El Obispo de Solsona dijo en una homilía que los dirigentes del Govern habían tratado de encontrar caminos para “cumplir un programa electoral por la vía del diálogo y la legalidad (¿?), y que no era justo que, por la vía de la fuerza, se impidiera a un pueblo decidir su futuro y se encarcelara a sus líderes. “No os confundáis sobre esta cuestión –advirtió a sus fieles-. Será todo lo legal que queráis, pero los cristianos no nos guiamos ni tenemos criterios en función de leyes positivas, sino de aquello que es verdadero, justo y digno, y el encarcelamiento de los líderes catalanes  no lo es ”. La periodista Emilia Landaluce preguntó al Arzobispo Emérito de Madrid y antiguo Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco, si se podía ser católico y defender el independentismo, y el Cardenal le contestó lo siguiente:”Un católico sigue las exigencias de la conciencia moral, en la que el valor de la justicia y el valor de la caridad ocupan un lugar central […] No debe actuar rompiendo la unidad de una forma unilateral […] No es conciliable  con la conciencia católica rectamente formada”. Y ha añadió a modo de conclusión que “la Iglesia debe respetar el orden jurídico legítimo”.

 En un comunicado del pasado 18 de Febrero, la Conferencia Episcopal Tarraconense hizo un llamamiento general para rehacer la confianza mutua y buscar una solución justa a la situación creada que fuera aceptable para todos,  reclamado un consenso de mínimos “a través de del diálogo desde la verdad, con generosidad y en búsqueda del bien común” , y pedido que, “en estos momentos de complejidad, seamos instrumentos de paz y conciliación en medio de la sociedad”, donde reine la paz y la justicia. Defendió la legitimidad de las diversas opciones sobre la estructura política de Cataluña “que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos, y que sean defendidas de forma pacífica y democrática”, y estimó que la independencia era un bien tan moral como la unidad de España. Afirmó que “es necesario que, con voluntad de servicio, los parlamentarios escogidos el 21 de Diciembre impulsen los mecanismos democráticos para la formación de un nuevo Gobierno de la Generalitat, que actúe con sentido de responsabilidad para con todos los colectivos del país y especialmente los más necesitados de superar las consecuencias de la crisis institucional, económica y social que vivimos”. En cuanto a la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del Govern  y de los dirigentes de movimientos sociales, solicitó, “sin entrar en debates jurídicos […] una reflexión serena sobre este hecho en vistas a propiciar un clima de diálogo que tanto necesitamos y en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de  los afectados”. Los Obispos no citan a nadie por su nombre, ni piden explícitamente la liberación de los encarcelados, pero lo insinúan implícitamente.

La declaración episcopal está bien en la teoría, pero presenta varias insuficiencias en la práctica: 1) No se pueden pasar por alto consideraciones jurídicas, porque los políticos catalanes no han sido encarcelados o declarados prófugos por su ideología independentista, sino por haber cometido presuntamente graves delitos; 2) Resulta obvio que es necesario que reinen en Cataluña la paz y la justicia, pero es asimismo indispensable que también reine la ley. 3) Los Obispos no piden reflexión alguna sobre la desobediencia de los políticos catalanes a las leyes y a las sentencias judiciales, la huida de Puigdemont y varios ex –Consejeros, la falta de arrepentimiento y la reiteración en la conducta delictiva por parte de los políticos incriminados, el menosprecio de la oposición , el tratamiento discriminatorio prestado por las instituciones a los catalanes no nacionalistas, la continuada campaña denigratoria contra España y todo lo español, o la negativa a los niños castellano-parlantes a ser educados en su lengua materna ,que es el idioma oficial de España. Hay efectivamente muchos temas sobre los que reflexionar, pero los prelados catalanes centran su reflexiva atención en sólo una pequeña parcela del problema.

Consecuencia inmediata de la declaración episcopal fue la redacción por el Centro de Pastoral Litúrgica de la plegaria que se rezó el domingo siguiente en muchas iglesias de Cataluña:”Por recomendación de nuestros Obispos, y ante el problema político que vive nuestro país, rogamos por la paz y la justicia en Cataluña. Por que se encuentre una solución justa y aceptable para todos, un gran esfuerzo de diálogo desde la verdad, con generosidad y búsqueda del bien común. Por la rápida formación de un Gobierno. Por los que están en prisión preventiva y porque los católicos seamos instrumentos de paz y reconciliación en medio de la sociedad catalana”.

El párroco de Santa Eulalia de Mérida (Hospitalet de Llobregat), Josep María Romaguera, pronunció la siguiente homilía:”Mientras tengamos presos políticos no podremos hacer vida normal […]  No podemos olvidar a  aquellas personas a  las que una gran multitud ha empujado a dar la cara y han acabado en la prisión. No podemos olvidarlos, tanto si los hemos votado como si no, porque no es ésta la manera de hacer frente a los conflictos sociales y políticos .No podemos aceptar como normal que haya habido palos para impedir un acto pacífico. No podemos aceptar como normal que grupos fascistas aparezcan haciendo ostentación de violencia, amenazando y agrediendo por todos lados. No podemos aceptar como normal que se ignoren derechos humanos como los de libertad de expresión o de confrontación de proyectos políticos en libertad”.  El fraile del Monasterio de Poblet, Lluis Sola, ha afirmado que, en estos tiempos ominosos llenos de ignominia, “me he acostumbrado a rezar los salmos imprecatorios poniendo nombre y  rostros a nuestros enemigos”.

 Doscientos sacerdotes ha escrito una carta abierta a todos los católicos de España, en la que les piden que hagan todo lo que esté a su alcance para no sólo la liberación inmediata de los políticos encarcelados, sino también para que se retiren las querellas presentadas contra ellos. La ANC ha organizado ayunos colectivos en el Monasterio de Montserrat y en el Convento de los  Capuchinos de Sariá –famoso por el encierro estudiantil de 1966- para protestar contra la falta de libertades y exigir la liberación de los presos políticos. Siguen presentes las banderas esteladas y los lazos amarillos en las iglesias catalanas, así como pancartas en pro de la democracia y del “derecho a decidir” en los templos, incluido el de la Sagrada Familia Una buena parte del clero catalán bendice el “proces”, es parte activa en el mismo y alienta a los fieles a que participen en él. Como ha comentado con sorna Oriol Trillas, al final del “proces” sólo quedarán los curas. Es cierto que hay muchos sacerdotes que son contrarios al proceso independentista y que no siguen las directrices del pensamiento religioso único establecido por el Centro Pastoral de Liturgia,  y algunos de ellos han creado en el portal “Germinans germinavit”  una secció titulada “Moniciones de la misa diaria para olvidarse de los del CPL”.A mayor politización de sus rectores, más vacías están las iglesias y se produce más asistencia a los servicios en español que a los realizados en catalán. La división producida por el nacionalismo en la sociedad catalana –concluye Trillas- se ha patentizado también en su Iglesia.

Conclusiones

La Iglesia catalana, siguiendo su tradición y antecedentes carlistas, es conservadora, “parroquiana” y excluyente. Lejos del sentido etimológico de la  palabra “Eclesia” de universalidad y apertura al mundo, está cerrada sobre sí misma y sobre su identidad idiomática y cultural catalana ,y rechaza lo que es ajeno a ella, especialmente si procede de España. No ha estado a la altura de su misión ecuménica y se ha replegado sobre sus fieles catalana-parlantes. Ha inspirado y apoyado la inmersión lingüística y el adoctrinamiento cultural identitario, especialmente a través de la Unión de Religiosos de Cataluña -compuesta por 6.000 miembros-, y de la Fundación de Escuelas Parroquiales.  Ha ignorado y dejado al margen a, por lo menos, el 50% de la sociedad catalana hispano-parlante a la que ha discriminado. La mayoría de la Iglesia catalana –con su jerarquía al frente- se ha sumado al proceso de autodeterminación  e independencia de Cataluña. Los excesos verbales de Monseñor Novell –es natura que el hombre, como se aburre en su minúscula sede episcopal, tenga que decir y hacer cosas sonadas para que se hable de él, aunque sea mal- resultan excesivos, pero no son reacciones aisladas y reflejan el sentir de buena parte de los católicos catalanes. El nacionalismo es u virus, un veneno sumamente peligroso,  que ha causado numerosos conflictos internos e internacionales –especialmente las dos guerra mundiales- y ahora está renaciendo en Europa con nuevo vigor a través de los populismos demagógicos. El Papa Francisco ha condenado sin paliativos los excesos y abusos de los nacionalismos, y sería sumamente conveniente que la Iglesia catalana hiciera autocrítica y siguiera sus sabios consejos.

Madrid,  6 de Marzo de 2008