Descalabro del PSOE y mayoría absoluta del PP en las elecciones autonómicas de Galicia

DESCALABRO DEL PSOE Y MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE GALICIA Al fin llegan buenas noticias de Galicia. Como ha comentado Carlos Herrera, la sorpresa en las elecciones autonómicas del 18-F ha sido que no haya habido sorpresas. Ha ganado el ”sentidiño”, pese a la metedura de pata de Alberto Núñez Feijóo con sus absurdos comentarios ”off the records”, y el PPdeG ha conseguido su quinta mayoría absoluta consecutiva. Resultados de las elecciones autonómicas La participación de un 63,7% -18 puntos más que en las celebradas en 2020- ha sido una de las más altas en la historia democrática de Galicia. El PP ha logrado 47,4% de los votos, 40 escaños -dos menos que antes, pero tres por encima de la mayoría absoluta- y 70.000 votos más que en 2020. Le han seguido el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) con 31,4% de votos y 25 diputados (+6) y el PSOE, con 14% y 9 escaños (-5). La populachera Democracia Orensana de Gonzalo Pérez Jácome ha obtenido, con el 1% de los votos, un único escaño que le ha sabido a gloria. No consiguieron diputados Vox (2,2%), Sumar (1,9%), PACMA (0,4%) y Podemos (0,2%). El PSdeG ha obtenido los peores resultados de su historia, al seguir las instrucciones de Moncloa de facilitar el progreso del BNG -dejando en la estacada a su candidato e incitando a la transferencia de votos socialistas-, con tal de desbancar al PP, principal objetivo de Pedro Sánchez. En la izquierda solo ha ganado este partido, que ha conseguido atraer a buena parte del electorado socialista y a la casi totalidad del de las fuerzas de extrema izquierda, Sumar y Podemos. Yolanda Díaz ha quedado triturada al perder por goleada en su casa, porque los gallegos ya la conocen y saben que es un ”bluff”, más volátil que una veleta y más falsa que Judas. Los candidatos del Gobierno de coalición han conseguido 9 de los 75 escaños del Parlamento gallego. Según Joaquín Manso, Ana Pontón ha desarrollado una técnica depurada para disfrazar de dulzura el marxismo de la agresiva Unión do Povo Galego y presumir de que traduciría en políticas sociales la fuerza extractiva contra el Estado que le conferiría su condición de socio del Gobierno, pero que nadie se engañe, porque su finalidad no es sacarle esto o lo otro a Madrid, sino sacar a España de Galicia. El BNG tiene una ideología y un programa, que nada tiene que envidiar al de Bildu: autodeterminación, monolingüismo y autonomía judicial. A juicio de Lucía Méndez, Pontón le ha pegado un mordisco al PSOE gallego del que quién sabe si logrará recuperarse. Sánchez hizo campaña en Galicia contra Feijóo y los gallegos no le han escuchado. Ha engordado a los partidos nacionalistas para poder gobernar en alianza con ellos, lo que ha sido una estrategia útil para el presidente pero no para su partido, que ha quedado reducido a 9 escaños. La nueva estrella del nacionalismo galaico ha amenazado al PP con llevarlo ante los Tribunales por haber vinculado al BNG con Bildu y la ETA. Por lo visto, no parece que sea suficiente que el Bloque forme una candidatura común con Bildu y ERC para las elecciones europeas, liderada por Pernando Barrena, un etarra condenado por terrorismo, que ha compartido puesto en el Parlamento Europeo con la eurodiputada del bloque, Ana Miranda, y actuado como su asesor tras el relevo acordado. Cómo ha observado Antonio Naranjo en “El Debate”, el resultado de las elecciones ha destrozado a un Gobierno nacido de las trampas perpetradas después del 23-J, colocado al PSOE en el camino de la irrelevancia como partido nacional, desmembrado el invento improvisado de Sumar, y frenado el proyecto de descuartizamiento que Sánchez asumió a cambio de que los independentistas le aseguraran una investidura de pega, intervenida, extorsionada y dañina para el interés general. La mayoría absoluta popular va a generar un dique de contención frente a la deriva antisistema por él encabezada , porque -si Galicia hubiera caído en manos de la Bildu gallega- el proceso de autodeterminación habría sumado una cuarta región a las ya lanzadas por esa pendiente en el País Vasco, Cataluña y Navarra, y sería difícil resistir el chantaje de cuatro gobiernos unidos contra un presidente cuya supervivencia pasaba inevitablemente por abonar el impuesto revolucionario exigido para mantenerlo en la Moncloa con respiración asistida. El PSOE se ha convertido en una “escort” barata de cinco partidos separatistas y de una fuerza antisistema apoyada en una amalgama de filas neocomunistas y folklóricas, capitaneada por una comunista posmoderna, a la que, en su propia tierra, la han mandado al carallo. “Galicia caníbal, claro, pero su dieta antropófaga de sanchistas y otras carnes no ha podido ser más adecuada”. Como ha observado Manuel Arias en “The Objective”, no es que las elecciones gallegas hayan derribado el muro montado por Sánchez -que, según David Jiménez Torres, se asemeja al de Berlín, porque su fin no era frenar a los invasores, sino retener a futuros desertores-, sino que han ganado los del otro lado del muro. No se sabe cuánto puede reducirse el número de diputados que el PSOE aporte al bloque plurinacional que Sánchez se ha sacado de la manga para llegar al poder, minando por el camino la fuerza territorial de su partido. Se ha ido preparando una concepción plurinacional del país que va calando en amplios sectores del electorado y ha convertido la política nacional en una convención de particularistas dedicados al desguace del Estado democrático. Esta tendencia se ha agudizado en Galicia y es el principal problema al que se enfrenta la democracia española a largo plazo,que no podrá resolverse si el segundo partido nacional sigue empeñado en borrar letras de sus siglas. Según ”El Mundo”, el descalabro del PSdeG resume el modelo impuesto por Sánchez: una operación consciente basada en someter a todo el partido a sus propios intereses y supeditarlo a las minorías radicales con las que se asegura bloquear la alternativa en la Moncloa. Galicia ha constatado que el PSOE -cuya estructura territorial sufre un debilitamiento creciente- está desapareciendo como partido nacional y deja al presidente más débil frente a JxC. En el desastre del bloque plurinacional, cabe destacar el fiasco de Marta Lois -elegida por Díaz- y, con la exclusión de Sumar del Parlamento, la vicepresidenta ha quedado señalada personalmente. En el otro extremo del espectro destaca la absoluta irrelevancia de Vox, que supone también un golpe importante para Santiago Abascal, ya que su partido no solo ha protagonizado un rotundo fracaso, sino que -en su intento de robarle electorado- ha puesto en riesgo la mayoría absoluta del PP, que se ha opuesto a la apuesta confederal de Sánchez y ha optado por el entendimiento y la igualdad. “El 18-F se cerró con un mensaje ilusionante: Hay españoles que persisten en decir que no al muro con el que los quieren enfrentar”. Reacciones tras las elecciones gallegas La prensa mostró en sus titulares las tendencias ideológicas de los principales periódicos. “El País”: “El PP conserva mayoría absoluta”; “La Vanguardia”: “Feijóo conserva Galicia y el PSOE se hunde a favor del BNG”; “El Periódico”: “Feijóo gana la partida a Sánchez en Galicia”; “El Mundo”: “El PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro”; “La Razón”: “Victoria del PP y debacle del PSOE”; “ABC”: “El PP reválida Galicia y el PSOE paga los pactos de Sánchez”… Alfonso Rueda se mostró, a justo título, muy satisfecho por su incontestable éxito -que lo ha convertido en barón popular por derecho propio, al margen de la sombra protectora de su predecesor-, declaró que Galicia había enviado al resto de España un mensaje de unidad y de serenidad, y afirmó que “aquí no hacemos chantajes, ni estamos sometidos a ellos”. Igual ocurrió con Feijóo, que lo pasó mal en los últimos días la campaña electoral, en los que sus inoportuna filtración a la prensa le hizo temer que Sánchez pudiera remontar a última hora como hizo en las elecciones del 23-J. El PSOE y la Cofradía de Opinión Sincronizada tergiversaron sus palabras y trataron de convencer a la opinión pública de que Feijóo pensaba lo mismo que Sánchez respecto a la amnistía y que no la apoyaba por temor a Vox. El sabio pueblo gallego no cayó en esta trampa saducea y reiteró su confianza al PP. Feijoo ha afirmado que su rival quiso hacer en las elecciones un plebiscito sobre su persona y que había fracasado rotundamente en el intento. Fortalecido su liderazgo, debe alejarse de ambigüedades y pasteleos, y liderar una oposición firme al Gobierno de Sánchez y a su exorbitante Ley de Amnistía. La otra triunfadora en la contienda, Ana Pontón, destacó que el BNG se había convertido en el líder del bloque de la izquierda gallega y que, a partir de ese momento, nada sería igual. Admitió, no obstante que, aunque el resultado había sido histórico para los independentistas, no se habían cumplido las grandes expectativas que se habían generado de poder expulsar al PP del Gobierno de la Xunta. En el derrotado socialismo gallego cundió el pesimismo por la debacle, atribuida “sotto voce” a la estrategia equivocada de Sánchez, quien ha destrozado a su partido en aras de su interés egoísta de conservar el poder a toda costa. Como en su diccionario no existe la palabra “autocrítica”, porque todo lo hace bien y nunca se equivoca, ha culpado de su fracaso gallego a la falta de liderazgo de los barones regionales y al escaso tiempo del que dispuso el candidato designado por su dedo “miguelangelesco” para predicar la buena nueva de la imperiosa necesidad de amnistiar a los sediciosos para lograr la convivencia en España y el maridaje del PSOE con los nacionalismos separatistas que aspiran a destruir el país. Comparte, sin saberlo, la opinión de Jean-Paul Sartre de que “la culpa son los otros”. El ínclito Tezanos -quien según la portacoz del Gobierno, Pilar Alegría, siempre acierta, pese a errar más que una escopeta de feria- no ha tenido a bien preguntar en sus encuestas-panfletos qué opina el pueblo español sobre la amnistía, aunque, de conformidad con los sondeos de otras empresas más fiables, la mayoría está en contra de la misma, incluidos muchos votantes del PSOE. Para justificar su respaldo a los nacionalismos separatistas y su aceptación de actuar como mamporrero de los mismos en una posición de gregario, Sánchez ha mantenido que hay que seguir una línea “transversal” y superar las siglas del partido. Semejante afirmación ha sido calificada por Francisco Vázquez de intolerable por implicar la supeditación de un histórico partido de Estado a los intereses personales de su líder. El portacoz-bis del Gobierno, Óscar Puente, ha encontrado un argumento decisivo para defender la indefendible amnistía: Su concesión ahorraría tiempo a la Justicia y supondría un considerable alivio para las arcas del Estado. El lenguaraz jabalí socialista ha dejado en mantillas a los padres del anarquismo, Proudhon y Bakunin, pues, cuánto menos Estado, más libertad y bienestar para todos. Prescindiendo del Código Penal y de los jueces, llegaremos a una Arcadia feliz en la que terroristas sediciosos y violadores campen a sus anchas y puedan actuar impunemente a la luz del día sin ser molestados por esos vengativos y prevaricadores ropones. El PSOE ha argumentado que los resultados de unas elecciones gallegas no se podían extrapolar a nivel nacional y que la defensa numantina de la amnistía no había influido en modo alguno en dichos resultados, porque los votos amablemente ”prestados” al BNG habían ido a parar a un partido que apoyaba con entusiasmo la concesión de dicha gracia. El barón “Pepito grillo”, Emiliano García-Page, ha contrargumentado que, si el PP hubiese sido derrotado, el PSOE habría mantenido que había que sacar las consecuencias a nivel nacional, por lo que no era lógico sostener lo contrario cuando ha vencido el adversario. Aunque los ingredientes sean regionales, el guiso es nacional. “Solo reflexionando y rectificando se puede impedir que este ciclo se convierta en un ciclón electoral, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto”. García- Page, a diferencia de sus colegas del PSOE, se ha alegrado de que no haya ganado el BNG. El otro verso suelto del PSOE, Odón Elorza, ha señalado que en el electorado gallego ha influido la pérdida de credibilidad de Sánchez, las incoherencias en el desarrollo del programa electoral, y el desdibujamiento del modelo federal del PSOE. Se ha producido además una gestión errática de la investidura realizada por Moncloa con el trágala de una amnistía que solo podría estar justificada si se concediera en condiciones democráticas claras, a lo que se ha sumado las concesiones no bien explicadas a las fuerzas nacionalistas. “A fuerza de repetirlo, quizá nos convenzamos de que la Ley de Amnistía es impecable, obviando que no supimos poner límites a su contenido y llegado a acuerdos con Junts que no se justificaban”. ¡Por Puigdemont hacia la amnistía integral! Pese al bofetón recibido por parte de JxC al rechazar la Ley de Amnistía redactada de común acuerdo, Sánchez hará cuanto pueda para amnistiar a un Puigdemont que es alérgico a cualquier tipo de encarcelamiento y que no se fía del presidente, ni de la impecabilidad de una Ley que no cubre todos los agujeros producidos por la posible comisión de delitos de terrorismo y de alta traición. De ahí que el president exija una amnistía integral e inmediata, que no deje resquicio alguno a la intervención perturbadora de los malvados jueces contra su persona. Cumplido el plazo concedido a la Comisión de Justicia sin haberse llegado a un acuerdo, la Mesa del Congreso ha concedido una abusiva prórroga de 15 días para que se logre y concederá otras más hasta que el gato puigdemónico se meta en la talega de la constitucionalidad que está dispuesta a avalar el Tribunal Constitucional (TC) de Conde-Pumpido. Resulta paradójico y muestra el cinismo del Gobierno, que el Grupo Parlamentario Socialista presentara una proposición de ley en vez de un proyecto del Gobierno, e impusiera el procedimiento de urgencia, porque era indispensable que la Ley se adoptara cuanto antes, y ahora la urgencia se ha eclipsado y la sectaria presidenta Francina Armengol parará el reloj hasta que se llegue a un acuerdo entre los amantes despechados. Según “El Imparcial”, los resultados de las elecciones gallegas han supuesto un mazazo a la Ley de Amnistía, por las dudas que han surgido sobre la estabilidad del Gobierno de Sánchez. Carlos Cuesta ha informado en ”Libertad Digital “ que está creciendo el desasosiego entre la mayoría progresista del TC, sobre todo porque uno de sus miembros, Juan Carlos Campo, aunque sea de izquierdas, es un jurista profesional y responsable, y un experto en temas de amnistía e indultos, así como en terrorismo. Campo ha dejado constancia escrita en el BOE de que la amnistía es inconstitucional y le será muy difícil desdecirse -como ha hecho la flamante presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo-, so pena de perder su prestigio profesional. Mostrando tener principios éticos, ha solicitado abstenerse en todos los casos relacionados con la amnistía y el presidente del Tribunal aún no se ha pronunciado. Conde se encuentra en una posición peliaguda porque, al igual que la magistrada Laura Díez, se halla en una situación similar. Si niega la autorización -como se hizo arbitrariamente con la solicitud de Concepción Espejel en el “Caso del Aborto”-, quedaría en evidencia y, si la concediera, tanto él como Díez tendrían que seguir su ejemplo, con lo que el grupo progresista del TC perdería su mayoría de 7 a 4. Por otro lado, hay magistrados como Ramón Sáez, María Luisa Segoviano o María Luisa Balaguer, que estaban conformes con el texto inicial de la amnistía -elaborado con la colaboración de Conde-, pero que, aunque sean de extrema izquierda, podrían no estar de acuerdo con avalar la amnistía de los delitos de terrorismo o de alta traición. De ahí los mensajes insistentes de su presidente instando a Sánchez a que no se modificara el texto acordado, pues de ceder a las exigencias maximalistas de Puigdemont, podría producirse una rebelión a bordo del TC y que no se declarara su constitucionalidad, o si forzando de las costuras del Derecho se constitucionalizara, fuera desautorizado por Tribunal de Justicia de la UE. . Obstáculos a la amnistía a causa del terrorismo A Puigdemont y -por extensión- a Sánchez y a su equipo amnistiador, los trae por la calle de la amargura el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón con sus atinados autos, que les obligan a correr como pollos sin cabeza para modificar la impecable Ley para cubrir lo incubrible. Su petición al Tribunal Supremo (TS) de que asumiera la instrucción del proceso por terrorismo contra el ex president al estar aforado, ha provocado la discordia en la Sección Penal de la Fiscalía General. Aunque 12 de sus 15 fiscales estimaron que había indicios de comisión de un delito de terrorismo por parte de Tsunami Democratic (TD) y 11 de ellos consideraron que su líder era Puigdemont, entre la minoría figuraba uno de los jefes de la Sección, Joaquín Sánchez Covisa, por lo que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, barrió para casa y, recurriendo a una fórmula inhabitual, encomendó la solución de la discrepancia a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, fiscal progresista de su plena confianza. El otro jefe de la Sección, Fidel Cadena, elaboró un sólido informe que recogía la postura de los fiscales de la mayoría, que habían dado la razón a García Castellón, pero Sánchez Conde ha hecho caso omiso de ese informe y propuesto que se archive la causa, pasando de árbitro a delantero centro del equipo contrario y tirando el penalti decisivo para lograr el “desempate” de 11 a 4. Cómo se decía en el Ejército, el jefe siempre manda más y manda mejor, pese a que su contrainforme sea de escaso rigor jurídico. Se ha centrado en salvar al soldado Puigdemont y no se ha pronunciado sobre si los miembros de TD cometieron actos de terrorismo, ni ha valorado los indicios aportados por el juez instructor. Ha afirmado de forma incorrecta que el TS no debería abrirle al prófugo una nueva causa, ya que no se trata de tal cosa, sino de traspasar la investigación de la Audiencia al Supremo al afectar a un imputado que goza de inmunidad. Ha señalado que no se ha investigado suficientemente la estructura, organización, composición y actuación de la plataforma, lo que imposibilitaba, o al menos dificultaba, individualizar los hechos atribuidos a cada uno de los investigados. No obstante, ha decidido -por sí y ante sí- que Puigdemont no era el líder y ni siquiera integrante de TD. Precisamente porque no se había acreditado suficientemente la comisión por sus miembros de supuestos actos terroristas, era necesario prolongar la investigación, que no podía continuar García Castellón al haber imputados aforados. Afortunadamente, la última palabra no la tiene la Fiscalía General, sino la Sala de lo Penal del TS. A este vodevil se ha sumado el Ministerio de Justicia de Suiza, país que se caracteriza por su opacidad y su falta de colaboración con los jueces de otros países. García-Castellón envío hace tiempo una comisión rogatoria en la que solicitaba la localización de Marta Rovira, investigada por el delito de terrorismo, e información sobre una cuenta bancaria utilizada para financiar las actividades de TD. El Ministerio suizo contestó a finales de año, pero sorprendentemente el Ministerio de Justicia español ha retenido la nota y solo hace un par de días la ha enviado a su destinatario, previa filtración a la prensa. El Departamento suizo se mostraba reticente a atender la modesta petición española, alegando que era una cuestión política y que Rovira no estaba involucrada en delitos de terrorismo, pese a que no era quién para decidir si un ciudadano español había cometido o no un delito en España. Antes de dar una respuesta definitiva, el Departamento ha solicitado al magistrado información sobre las consecuencias que tendría la amnistía sobre Rovira. García-Castellón ha enviado otro auto en el que mostraba su sorpresa por la respuesta, porque era el Ministerio suizo el que estaba politizando un asunto jurídico, y por la solicitud de información sobre una ley que se estaba tramitando en las Cortes y no había sido aún adoptada, y de la que, en cualquier caso, no podría facilitar información debido a la separación entre los poderes legislativo y judicial. Ha indicado que el Gobierno suizo estaba obligado a colaborar con la justicia española, de conformidad con el Convenio Europeo de Terrorismo en el que ambos Estados eran Partes. Había enviado información más que suficiente sobre el caso y solicitado un encuentro con sus colegas judiciales para aclarar la situación, pero el Ministerio suizo había dado la callada por respuesta. El magistrado ha solicitado a la Fiscalía del TS que envíe a Suiza una copia del informe del fiscal Cadena. Para justificar su total alineamiento con los partidos independentistas, el PSOE trata de autoconvencerse y de convencernos de que, con la amnistía, estos partidos retornarán al seno de la Constitución, y se logrará la concordia en Cataluña y en toda España. Las declaraciones tremendistas sobre la autodeterminación y la independencia eran para consumo interno ante la lucha entre ERC y JxC por el liderazgo en Cataluña. Muestra de la falacia de este espíritu de reintegración en España ha sido la admisión a trámite por la Mesa del Parlament de una Iniciativa Legislativa Popular presentada por Solidaridat Catalana para que la Cámara proclame la independencia de Cataluña, que ha contado con el apoyo de Junts y de la CUP, y la abstención de ERC Según Juan Claudio de Ramón, José Calvo Sotelo dijo en 1936 que prefería una España roja a una España rota. 88 años más tarde, Sánchez y el PSOE prefieren una España rota a una España azul. El PSOE ya no es el primer partido de la Nación, ni quiere serlo. No parece que su apuesta plurinacional esté echando buen pelo y ha programado su propia obsolescencia, como hacen algunos fabricantes para inducir a los consumidores a la compra de un nuevo producto. Solo que ahora, las nuevas siglas preferidas ya no serían las socialistas si no las abiertamente nacionalistas. “Nadie sabe cuál es el proyecto, ni territorial ni ideológico, del PSOE”. Como ha observado el ex diputado socialista Pedro Boffil, la disgregación y debilidad electoral del PSOE responde a la pérdida de uno de sus rasgos políticos esenciales: el de ser una organización históricamente integradora de España. Ha pasado de ser un partido cuya finalidad principal era llegar al poder para defender la igualdad entre todos los españoles, al margen de cuál fuera la región en la que vivieran, a hacer un partido en el que parece primar solamente el interés de su líder por mantenerse en el poder. Según “El Mundo”, que en su configuración de una España plurinacional dividida en bloques como medio para evitar la alternancia en La Moncloa, el PSOE haya renunciado a vertebrar el país y dejado de actuar como dique de contención del secesionismo para impulsarlo, es un giro que compromete seriamente la estabilidad del Estado. Madrid, 23 de febrero de 2024

El Gobierno español reconoce en el BOE la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental

EL GOBIERNO ESPAÑOL RECONOCE EN EL BOE LA SOBERANÍA DE MARRUECOS SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL Pedro Sánchez tiene algo de masoquista, ya que le encanta dejarse humillar por Carles Puigdemont o por Mohamed VI. En el caso del fugitivo de Waterloo, porque dispone de siete votos de plata que valen un Potosí para su supervivencia , pero no es igual con el autócrata alauita -salvo que haya algo que ignoremos-, que tiene un “no sé qué”, que hace que un increyente como él se postre genuflexo ante el Comendador de los creyentes. Como en las populares canciones de antaño “¿Mami qué será lo que tiene el negro?” o “Que será, será”, Mohamed VI ha atrapado la voluntad de Sánchez y lo tiene a su merced, hasta el punto de hacerle modificar de forma radical la política de España hacia el Sáhara Occidental o cambiar la composición de su Gobierno. Giro copernicano de la política de España sobre el Sáhara Occidental España linda en su frontera sur con Marruecos y Argelia, dos países enfrentados y casi en guerra por el liderazgo del Magreb, y necesita para su seguridad y desarrollo económico llevarse bien con ambas potencias y mantener con ellas un equilibrio inestable nada fácil de conseguir. Los distintos Gobiernos españoles lo habían logrado gracias a una actitud de neutralidad y al mantenimiento de buenas relaciones políticas y económicas. Los dos estados. Especialmente sensibles son las relaciones con Marruecos, por mantener éste reivindicaciones sobre la soberanía de territorios tan españolísimos como Ceuta y Melilla, así como sobre otros que en su día lo fueron -y que jurídicamente lo siguen siendo- como el Sahara Occidental. Un aciago 14 de marzo de 2022, la situación cambió de forma radical cuando Sánchez escribió una carta, redactada en un paupérrimo castellano al ser la traducción de una minuta en francés que le había sido facilitada por alguien en Marruecos. En ella, transmitía al monarca alauita algunas ideas importantes para una nueva relación entre España y Marruecos. Sánchez reconocía la importancia que tenía para Marruecos la cuestión del Sáhara Occidental y la necesidad de encontrar en el marco de la ONU una solución mutuamente aceptable -¿para quién? ¿también para el pueblo saharaui?-. Consideraba la política marroquí de autonomía presentada en 2007 como una base “seria, creíble y realista” para solucionar el diferendo. Frente a la mención específica que hacía del Sáhara, la misiva contenía otra genérica e imprecisa sobre la necesidad de garantizar la estabilidad e integridad territorial de los dos países, sin citar a Melilla o a Ceuta, ciudades españolas reivindicadas por Marruecos. Dando muestras de su infinita egolatría, Sánchez -autoerigido en el representante único de España- ofreció al Sultán su garantía personal de que la Nación cumpliría sus compromisos y sus palabras, que no eran las del Estado español sino las de Sánchez, ya que tomó la trascendental decisión de cambiar radicalmente la posición de España sobre el Sáhara Occidental sin consultarlo ni siquiera con su Gobierno -ni por supuesto con la oposición-, y sin recabar el aval de las Cortes, en un exorbitante abuso de poder. Expresaba su esperanza de reunirse pronto con el Sultán y, para preparar el terreno, solicitó permiso para que viajará a Rabat su Ministro de Asuntos Europeos, lo que es una prueba más de que la carta no fue redactada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque éste no cometería el garrafal error de no saber cual era el título del ministro. Cómo señaló la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, la propuesta de autonomía era una oferta de integración del Sáhara Occidental en Marruecos y no constituiría expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos, si no fuera libremente aceptda por el pueblo saharaui en un referéndum de autodeterminación. El apoyo de Sánchez a dicha propuesta constituía “la negación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y, en consecuencia, una grave violación del Derecho Internacional”. La decisión suponía asimismo el “reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara occidental que ocupa ilegalmente”. Esta decisión personalísima de Sánchez fue rechazada por la amplia mayoría de las Cortes, ya que solo consiguió el voto favorable los diputados socialistas. El presidente no solo excedió sus competencias, sino que se ha negado en redondo a dar explicación alguna ante las Cortes o ante la opinión pública española. En una sesión en el Congreso donde se suponía que debería explicar su giro, ignoró las preguntas de los diputados de la oposición, e incluso de algunos de partidos aliados con el Gobierno, entre otras, la de si había cesado a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por exigencia del autócrata marroquí. Con su decisión, Sánchez entregó en almoneda a Marruecos al pueblo saharaui, al que ha negado su derecho a la autodeterminación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en numerosas resoluciones de los órganos principales de la Organización. En la Declaración conjunta de abril de 2022, tras el encuentro entre Mohamed VI y Sánchez, éste volvió a respaldar la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental y, en la Reunión de Alto Nivel celebrada en Rabat en febrero de 2023 -de la que se ausentó Mohamed VI, dando un nuevo bofetón diplomático a Sánchez- se adoptó otra Declaración conjunta, cuyo primero y principal punto era la confirmación del apoyo de España a la propuesta marroquí de autonomía. El primer el ministro, Aziz Ajamuch, elogió hasta en tres ocasiones el cambio operado en la postura española. Siguiendo su desvergonzado alineamiento con la posición de Marruecos y el reconocimiento implícito de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno de España ha dado un paso más al hacer este reconocimiento explícito, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de agosto del siguiente anuncio, que ha pasado en buena medida desapercibido al producirse en pleno periodo de las vacaciones veraniegas. V.-Anuncios: Contratación del Sector Público Ministerio de Cultura y Deporte “24653: Anuncio de formalización de contratos de gerencia de infraestructuras y equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Servicio para la redacción de proyectos de ejecución de obras de subsanación de deficiencias y mejora de la eficiencia energética en el colegio español “La Paz” en El Aaiun (Marruecos). Expediente 23/003 S.E. 1.-Poder adjudicador: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A. Correo electrónico: sgcgp@cultura.gob.es 2.-Tipo : Autoridad estatal. 3.-Actividad principal ejercida: Actividades recreativas, cultura y religión 4.-Códigos CVP: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 5.-Lugar principal de prestación de servicios: Sin especificar 6.-Descripción de la licitación: Servicios para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de subsanación de deficiencias y mejora de la eficiencia energética en el colegio español “La Paz” en EL Aaiun (Marruecos)” El Gobierno español ha incumplido una vez más sus compromisos internacionales, pues -en la nota en la que el representante permanente de España en Naciones Unidas, Jaime de Piniés, comunicaba al secretario general de la Organización que España pondría término definitivo a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental a partir del 25 de febrero de 1976, señalaba que ”la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población se haya expresado válidamente”. Es obvio que 48 años después de la fecha en la que el Gobierno español se considero desligado de cualquier responsabilidad internacional con respecto a la administración del territorio, el pueblo saharaui no ha tenido oportunidad de expresar libremente su opinión sobre su futuro, por lo que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo ocupado militarmente de forma ilegal por Marruecos. La afirmación contenida en el BOE -documento por antonomasia de la Administración del Estado- de que la El Aaiun forma parte de Marruecos es contraria el Derecho Internacional y, por ello, debería ser denunciado ante la Secretaría General de la ONU. Ante esta flagrante violación de sus compromisos internacionales, ¿qué han dicho o hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o los ministros? Me temo que NADA. Quizá Díaz, en vez de trasladarse a Ramala,debería viajar a los campamentos de Tinduf para dar explicaciones. Sumisión del Gobierno de Sánchez a la voluntad del Rey de Marruecos Tanto los políticos como los comentaristas de relaciones internacionales se han preguntado qué ventajas ha conseguido España como contrapartida a las considerables concesiones realizadas por Sánchez a Marruecos, y la respuesta generalizada ha sido que prácticamente ninguna. Podría haberse encontrado alguna justificación en el proceder del presidente, si hubiera conseguido que Marruecos renunciase a sus reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y de Melilla, pero tal no ha sido el caso. En la Declaración conjunta de abril de 2022, pese a que la delegación española apoyara una vez más la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, no se hizo mención alguna de estas ciudades. Igual ocurrió en el Comunicado conjunto de la XII Reunión Hispano-Marroquí de 2023. Lo único que consiguió la delegación española fue que constara en acta la afirmación de Sánchez de que las partes habían asumido un compromiso de respeto mutuo para evitar, en su discurso y en la práctica, “todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía”. Así, el presidente asumía tácitamente la equiparación del tipo de soberanía que rige sobre Melilla y Ceuta -ciudades que se incorporaron a la Corona de Castilla en 1494 la primera y en 1580 la segunda, antes de que existiera el Reino de Marruecos-, con la inexistente soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. . Ya al subir al trono en 1961, Hassan II afirmó que Marruecos era uno e intangible, y que su objetivo era recobrar la integridad y la unidad del país, y se comprometió a liberar los territorios del norte -Ceuta, Melilla y los Peñones- y los del sur -Ifni, Tarfaya, Sáhara Occidental y Mauritania-. Recuperados Ifni y la zona de Tarfaya, centró sus esfuerzos en incorporar el Sáhara. Su sucesor, Mohamed VI, siguió los planes de su padre y consiguió ocupar militarmente la mayor parte del territorio sahariano, tras la retirada de España. El primer ministro, Saddedine al-Othmani, declaró en 2020 que llegaría el momento en se resolvería el asunto de Ceuta y Melilla, porque eran tan marroquíes como el Sáhara Occidental, pero antes habría que arreglar definitivamente el conflicto del Sáhara, que tenía prioridad absoluta, y de ahí las prisas y las urgencias para lograrlo, tras el regalo de Donald Trump de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio. El pasado 10 de abril, el presidente del Senado, Enaan Mayara -un saharaui renegado pasado a Marruecos con armas y bagaje- afirmó que continuaba la colonización española de Ceuta y Melilla, y que se recuperarían algún día dichas ciudades mediante la negociación y sin necesidad de recurrir a las armas. Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, reaccionó con contundencia, al comentar que no había nada que discutir, porque dichas ciudades eran tan españolas como Zamora o Palencia. Sánchez mantuvo un silencio culpable y ha seguido haciendo concesiones a Marruecos, como cuando ordenó a los eurodiputados socialistas que votaran contra la resolución del Parlamento Europeo que reprobaba a este país por su política represiva de la libertad de expresión y de prensa. En la cumbre hispano-marroquí, las partes se comprometieron -de forma muy genérica y vaga- a intensificar su cooperación en los ámbitos de la lucha contra la inmigración irregular, el control de las fronteras y la fluidez del tráfico mediante el establecimiento de aduanas en Ceuta y Melilla, pero esta última promesa ha tenido poco recorrido ya que, transcurrido un año, no se ha creado la aduana en ésta y la de aquélla solo se ha abierto en dos ocasiones. Marruecos utiliza la inmigración como una medida de presión, cerrando y abriendo el grifo a su antojo en función de las circunstancias y de sus intereses en cada momento. Es cierto que ha disminuido la inmigración en Ceuta y en Melilla, pero ha aumentado en Canarias, ya que las fuerzas de ocupación no hacen nada para controlar las pateras de lujo procedentes del Sáhara Occidental. Las fuerzas de seguridad marroquíes se muestran más cooperadoras, aunque a veces demasiado, como en el caso de los incidentes en las vallas de Melilla en los que dichas fuerzas causaron 23 muertos en territorio español, actuación que Grande-Marlaska -el peor ministro del Interior de la democracia- consideró proporcionada, pese a haber sido condenada por la mayoría de partidos, incluidos algunos de los aliados del Gobierno. Marlaska ha sido condenado por el TS por la devolución a Marruecos de menores marroquíes, por hacerlo sin cumplir las normas nacionales e internacionales. Una prueba del chantaje permanente de Marruecos en materia migratoria es que, nada más conocida la prevista visita de Albares a Argelia, las playas de Ceuta se llenaron de repente de inmigrantes procedentes de Marruecos -hasta 150 en un día-. Tras conocerse el aplazamiento de la citada visita, se acabaron con igual celeridad las excursiones natatorias de los jóvenes marroquíes ,y los gendarmes sacaron amablemente de las aguas algunos de los excursionistas. Los dos países cerraron un compromiso para la protección y la garantía de los derechos humanos, pese a que Marruecos ocupaba militarmente el Sáhara Occidental de forma ilegal , por lo que ha sido condenado en diversas ocasiones por el Consejo de Europa, la UE y la Unión Africana. Como premio a su ejemplar trayectoria en la materia, Marruecos acaba de ser elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de las críticas de muchos miembros por su reiterada violación de los derechos humanos en el Sáhara. La presidencia correspondía al Grupo Africano, pero no hubo consenso ante la candidatura concurrente de Sudáfrica y hubo que recurrir al voto, por segunda vez en la historia del organismo. Marruecos se impuso por 30 votos a 17, habiendo sido penalizada Sudáfrica probablemente por su demanda ante el TIJ contra Israel por la comisión de actos de genocidio en Gaza. El lobo puesto al cuidado del redil. El pasado día 9 se produjo el lamentabilísimo suceso del asesinato por unos narcotraficantes de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. Sánchez ni se molestó en trasladarse al lugar de autos -como habría hecho cualquier presidente de Gobierno normal-, sino que se limitó a mandar un frío “twit” de circunstancias para expresar su ”sentido pésame” por el fallecimiento de los agentes, como si lo hubiera provocado por un “mal aire”. Prefirió asistir a una gala del cine y a un desfile de modas, para recibir el halago empalagoso de una hortera, que lo calificó de “icono”, y llevaba razón. Sánchez es un icono de la mala política y de la falta de empatía y de escrúpulos. La culpa no fue de los narcos sino de Eolo, quien -según el impresentable de Pachi López- sopló con tanta fuerza que las pobres lanchas piratas tuvieron refugiarse en la dársena de Barbate y, ante la provocación de los guardias -que osaron salir a su encuentro en una balsa de juguete inflable, siguiendo una orden absurda y temeraria de la que ahora nadie se quiere responsabilizar-, los narcos no tuvieron más remedio que defenderse de la agresión, partir por la mitad la frágil barquichuela tras embestir contra ella, asesinar a dos agentes y herir a otros dos. Según Maite Rico, Barbate ha dejado preguntas tan legítimas como preocupantes: ¿Por qué Marlaska desmanteló hace año y medio la unidad de élite que había puesto en jaque a la mafia del estrecho, sin avisar previamente a los fiscales antidroga ni a las autoridades judiciales de Andalucía, como ha reconocido el fiscal general, Álvaro García Ortiz ¿A quien estorbaba su eficacia? ¿Tenía alguna relación con el ”hackeo” del teléfono de Sánchez con el programa Pegasus? Sánchez y el Gobierno se han negado a dar cualquier tipo de explicación sobre el tema pese a que las interferencias afectaron también a los teléfonos de los ministros de Defensa y de Interior, como anunció dramáticamente el entonces ministro de Presidencia Félix Bolaños. El asunto no ha sido suficientemente investigado por la Fiscalía so pretexto de que Israel no había colaborado al no responder a las comisiones rogatorias solicitadas. El portavoz de JUCIL, Agustín Leal, ha insinuado que el desmantelamiento del Organismo de Coordinación del Narcotráfico -OCON-Sur- en septiembre de 2022, podría estar relacionado con Marruecos, que tanto se beneficiaba del comercio ilegal de hachís, de1 que es uno de los principales productores, En este país, no solo la actividad política, sino también la económica, están totalmente controladas por el Majzen -el Sultán y su entorno de oligarcas- y no se mueve una hoja de parra sin el conocimiento y la anuencia de Mohamed VI. Cabe citar un antecedente en 1995 cuando se descubrió en Algeciras un alijo de hachís en un camión de frutas de la empresa “Domaine Royaux”, propiedad de la familia real marroquí. “Diario-16” publicó la noticia bajo el titular “Una sociedad familiar de Hassan II implicada en tráfico de estupefacientes”. Incluía información de “Le Monde” y del “Herald Tribune” que señalaba que el tráfico de estupefacientes era la principal fuente de divisas de Marruecos y en él estaban implicadas personas cercanas al Rey. Éste demandó por calumnias al periódico y a su director, José Luis Gutiérrez, que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Gutiérrez apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2010 -15 años más tarde- le dio la razón. Las autoridades marroquíes no hacen lo más mínimo para impedir la libertad de movimiento de las narcolanchas en sus aguas jurisdiccionales, y las mordidas y los sobornos a funcionarios y agentes están a la orden del día. Se trata de una acusación grave, pero verosímil, que convendría investigar, aunque sea sumamente difícil hacerlo Como ha señalado Rafael Moyano, la más arriesgada política relaciona la desaparición del OCON-Sur con el reforzamiento de las relaciones con Marruecos, a cuya economía estaba haciendo daño el éxito de la lucha contra el tráfico de hachís. “Dos vidas sepultadas por una narcolancha asesina merecen no una, sino muchas explicaciones”. Deterioro paralelo de las relaciones con Argelia La “carta marrueca” de Sánchez a Mohamed VI y el cambio radical de la política de España hacia el Sáhara Occidental cayeron como una bomba en Argelia, principal protector del Frente Polisario. El presidente argelino, Abdeljamid Tebbourne, declaró que el bandazo de España en el asunto del Sáhara suponía una violación de sus obligaciones jurídicas, morales y políticas, y que su apoyo a la ilegal e ilegítima propuesta de autonomía marroquí promovía un hecho colonial consumado mediante argumentos falaces. El presidente anunció la suspensión de la aplicación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, y la llamada a consultas de su embajador en Madrid. Ordenó a la Banca suspender las operaciones relacionadas con el comercio con España y la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros congeló las domiciliaciones bancarias en las operaciones procedentes de España o a ella destinadas, lo que provocó una disminución considerable de las transacciones entre los dos países. Aunque señaló que se respetarían los contratos de suministros de gas y de petróleo, se disminuyó el tráfico a través del gaseoducto que conectaba Argelia con España para transferirlo al que la conectaba con Italia. El Gobierno español lamentó los pasos dados por el argelino y declaró su intención de mantener el compromiso con el Tratado y sus principios de no injerencia en los asuntos internos. No obstante, se vieron adversamente afectadas las relaciones de todo tipo entre los dos países. Las exportaciones españolas a Argelia sufrieron una drástica caída a partir de 2022 y ésta obtuvo en 2023 un superávit histórico, ya que mantuvo sus exportaciones de gas, mientras se reducían notablemente las importaciones de productos españoles. También fueron perjudicadas las empresas españolas que operaban en Argelia, especialmente Duro Felguera con sus dos grandes proyectos, el complejo siderúrgico de Bellara y la central de ciclo combinado en Djelfa. El aumento de las transacciones comerciales entre España y Marruecos no ha compensado la disminución de las realizadas con Argelia. Tras 19 meses de vacancia, el Gobierno argelino nombró el pasado noviembre un nuevo embajador y las relaciones se han ido normalizando dentro de lo que cabe, hasta el punto de que el ministro Albares programó una visita oficial a Argel, que ha sido aplazada por la parte argelina “por motivos de agenda”. España parece más interesada que Argelia en la normalización de dichas relaciones. Cualesquiera que hayan sido los motivos -que siguen sin conocerse por la total opacidad del protagonista-, la decisión personal de Sánchez de alterar la posición de equilibrio estratégico, político y económico de España en el Magreb, al inclinarse a favor de Marruecos en detrimento de Argelia, ha tenido consecuencias muy negativas para España. De una tacada, el presidente se ha sometido a los caprichos Marruecos sin obtener ninguna contrapartida, ha roto todos los lazos con el Frente Polisario -representante del pueblo saharaui, al que ha traicionado-, ha empeorado de forma considerable las relaciones con Argelia, ha incumplido las decisiones de la ONU y ha logrado la fractura de la política española al contar solo con el apoyo de los socialistas. Es todo un alarde de impericia política y en el aire flotan muchos interrogantes a los que Sánchez se niega a dar una respuesta. Al fin y al cabo, España y él son así. Madrid, 15 de febrero de 2024

El Gobierno abre la veda para la caza del juez salvaje

EL GOBIERNO ABRE LA VEDA PARA LA CAZA DEL JUEZ SALVAJE Pedro Sánchez se ha propuesto controlar el Poder Judicial y domeñar a los jueces y, como se le resisten, hace cuanto puede para desprestigiarlos con la eficaz colaboración de sus socios independentistas y, para complacerlos, ha abierto la veda para la caza de los jueces salvajes que no se dejan domesticar. No se trata de un ataque genérico contra los jueces que osan enjuiciar a sus aliados, sino que son señalados con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso. Como ha observado Joaquín Manso, nunca se habían concentrado tantos insultos y afirmaciones calumniosas contra los jueces en la sede del poder legislativo, bajo la plena tolerancia de su presidenta, Francina Armengol, y del ministro de Justicia Félix Bolaños. Aquelarre de calumnias contra los jueces en el Congreso La precursora de esta grosera injerencia del poder legislativo en el judicial ha sido la impresentable portavoz de del “Junts per Catalunya”, Miriam Noguera, que -intoxicada con su odio a España y a la justicia- ha lanzado sus venenosas invectivas no solo contra los jueces en general, sino contra personas concretas “nominatim”. En la sesión en la que se crearon una serie de Comisiones parlamentarias para revisar la actuación de los jueces, llamó “indecentes” a Carlos Lesmes, Manuel Marchena, Francisco Pérez de los Cobos, Pablo Llarena, Concepción Espejel, Pablo Llarena, Manuel García Castellón y Carmen Lamela, y aseguró que deberían ser cesados y procesados por prevaricar al perseguir a independentistas por su ideología. Concluyó su disparatada intervención afirmando que, en pocos países, podían los jueces decir que lo que votaba la gente o se decidía en el Congreso no valía nada y que los representantes políticos no podían tomar decisiones contra los togados franquistas. El portavoz del PP, Miguel Tellado, señaló que la diputada había vertido palabras ofensivas contra varios magistrados y pidió a la presidenta que apercibiera a la diputada y retirara tales palabras de las actas de la sesión, pero Armengol se negó de plano. No eran de extrañar estos exabruptos porque habían sido compartidos al más alto nivel. Sánchez había afirmado en el Parlamento Europeo que era evidente que en España se habían producido casos de ”lawfare”, y sabía de lo que hablaba, porque él mismo había llegado a la presidencia del Gobierno gracias a un ”ober dictum” o “morcilla” introducido en la sentencia del “caso Gürtel” por el magistrado Ricardo de Prada, como constataron los Tribunales. La manzana podrida contagia a las demás frutas en el cesto y Sánchez contamina cuanto toca, en el Gobierno o en el PSOE, a cuyos miembros se les llena la boca con sus críticas a los ”fachas togados”, incluida su vicepresidenta, Teresa Ribera, que acusó en sede parlamentaria a García-Castellón de querencia a pronunciarse en momentos políticos sensibles, y concluyó afirmando -sin demudársele la color- que era muy importante respetar la separación de poderes, lo que notoriamente no hacía su Gobierno. Para que no cupiera la menor duda, el PSOE y JxC acordaron poner fin a la represión de los jueces contra los independentistas. El aquelarre antjudicial alcanzó su punto culminante en la sesión del 30 de enero en la que se produjeron hasta 12 ataques directos y nominales a los magistrados. Noguera -que hizo cuatro menciones de los jueces incriminados- y todos y cada uno de los socios del Gobierno pusieron como objetivos de sus diatribas a Marchena, García- Castellón y Joaquín Aguirre. Nogueras afirmó que su partido asumía las responsabilidades sobre lo que dijera la justicia europea, porque allí no había “Marchenas”. Gonzalo Pisarello (Sumar) criticó a García-Castellón por ver terroristas y traidores a la patria por doquier; Martina Velarde (Podemos) señaló que las derechas habían lanzado una “ofensiva judicial salvaje” contra la Ley de Amnistía; Jon Iñarritu (Bildu) censuró los movimientos oscuros de la extrema derecha en el ámbito judicial, dentro de la actuación concordada con jueces prevaricadores; y Néstor Rego arremetió contra las derechas y el aparato judicial a su servicio. Armengol ni se inmutó ante semejante cascada de improperios y rechazó la petición de la portavoz de Vox, Pepa Millán, a que pusiera coto a semejante atropello. Dando muestras de su sectarismo y doble estándar, Armengol retiró de las actas de la sesión del 15 de noviembre las afirmaciones de Santiago Abascal de que Sánchez pretendía dar un golpe de Estado contra la democracia, porque había que mantener el decoro de la Cámara, que; al parecer, solo se ve afectado por las palabras de los diputados de la derecha. Armengol seguía el mal precedente de su predecesora, Meritxell Batet, cuando retiro de las actas el aserto de Cayetana Álvarez de Toledo de qué Pablo Iglesias era hijo de un terrorista. No se trataba de ningún insulto, sino de la constatación de un hecho público y notorio, reconocido por el propio Iglesias, que se vanaglorió de ello. Su padre demandó a la diputada por calumnias, pero los tribunales rechazaron la demanda. El Tribunal Supremo (TS) se ha pronunciado al respecto en un caso similar, aunque diferente, al revocar una condena a un abogado que acusó de prevaricación al juez de la causa que llevaba, por ampararle el derecho a la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa. Aunque el Tribunal reconoció que las expresiones del abogado no solo eran desafortunadas e impropias, sino objetivamente ofensivas -pudiendo rebasar los límites de la libertad de expresión- no justificaban una condena penal. Ello no excluía la necesidad de proteger a los jueces de los ataques verbales ofensivos que pudieran recibir en el ejercicio de sus funciones, pero se debía tener en cuenta la proporcionalidad de las acusaciones, la injerencia litigiosa, el tenor de las expresiones y el contexto en el que fueron formuladas. No estoy de acuerdo con esta sentencia, porque condona el hecho de que calumniar, injuriar e insultar a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales está amparado por la libertad de expresión. Según el artículo 105 del Código Penal, es calumnia “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, y esto es lo que han hecho algunos diputados, que no se han limitado a criticar una determinada la sentencia -lo que estaría en su derecho-, sino que han acusado a jueces concretos de haber cometido el peor de los delitos que pueda cometer un juez -la prevaricación-, y descalificado sus personas y sus actuaciones” in toto”, a sabiendas de la falsedad de sus acusaciones. Conforme al artículo 208, es injuria “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscaban su fama o atentan contra su propia estimación”. Si cupiera alguna duda sobre la comisión por los diputados de un delito de calumnia, creo que no hay la menor duda de que han cometido un delito de injuria, con el agravante añadido de haber sido realizados al amparo de su inmunidad parlamentaria y desde el hemiciclo. Los diputados gozan de inmunidad por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones y, entre éstas, no creo que figuren las de calumniar o injuriar a los jueces. El Ministerio fiscal -una de cuyas misiones es garantizar la independencia judicial- debería demandar de oficio a los diputados calumniadores. Todas las Asociaciones de jueces y de fiscales han rechazado estas incalificables acusaciones, e igual ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, mediante una descafeinada declaración institucional, por mor de conseguir la unanimidad de sus miembros. El Consejo ha condenado con firmeza los ataques contra varios jueces por algunos diputados del Congreso y afirmado que debe asegurarse en las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia judicial y evitar descalificaciones que minen la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. En el proyecto elaborado por la mayoría de los consejeros se instaba a Armengol a que evitara críticas desmedidas a los jueces y hacía un llamamiento a la contención del Gobierno. Esta razonable demanda fue rechazada por los consejeros de la minoría, pese a ser evidente que la presidenta, no solo no era neutral en su puesto institucional, si no que bordeaba la prevaricación con sus decisiones. Era consecuencia normal y lógica de la colonización por el Gobierno de todos los puestos institucionales con personas totalmente entregadas al líder supremo, llámense Armengol, Conde-Pumpido, García Ortiz o Gabilondo. ¿De quién depende la Fiscalía General?: Del Gobierno, por supuesto Hemos asistido a un episodio auténticamente vergonzoso, en el que se ha puesto de manifiesto la total sumisión al Gobierno del fiscal general, Álvaro García Ortiz y de sus corifeos. La Fiscalía General ha recurrido el auto de García-Castellón que elevaba al TS la investigación del “caso Tsunami”, al decidir que había indicios suficientes para estimar que se habían cometido actos de terrorismo por parte de aforados, como Carlos Puigdemont y Rubén Wagensberg. Semejante decisión fue sometida a la consideración de la Junta de Fiscales del TS. El ponente del caso, Álvaro Redondo, elaboró y firmó el 26 de enero un informe que entregó a su jefe, Fidel Cadena, que lo encontró satisfactorio. El fiscal aseguraba hasta en cinco ocasiones que las actuaciones de "Tsunami Democratic” (TD) tenían encaje como delitos de terrorismo. La participación de Puigdemont en actividades que afectaron a bienes jurídicos con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, podía considerarse ”como ilícito penal y, concretamente, como directo de terrorismo”, que había afectado gravemente a los derechos humanos. “De los hechos relatados resulta que la finalidad de todas las actuaciones de Tsunami Democratic orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético de Puigdemont, no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras económicas de España, obligando a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Cataluña, alterando gravemente la paz pública al causar dicha desestabilización, y elegir públicamente tal negociación claramente inconstitucional, lesionando por ello gravemente la integridad física y moral de los ciudadanos y afectando gravemente a su libertad personal”. El asalto al aeropuerto del Prat no se debió a iniciativas espontáneas de un grupo, sino que fueron planificadas y llevadas a cabo en el seno de una organización violenta, y no solo afectaron a la paz pública, sino que constituyeron atentados contra la misma. “No se constriñe a invadir instalaciones alterando su funcionamiento y poniendo en peligro la integridad física de las personas, sino que se proponen y consiguen paralizar totalmente y desmantelar nuclearmente instalaciones críticas, causando el cese total del funcionamiento de las infraestructuras esenciales para la convivencia pacífica y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos”. El día 30, Redondo se reunió en privado con García Ortiz, y no sabemos lo que le diría, pero el veterano fiscal se cayó del caballo y comentó a algunos colegas que había cambiado de opinión, y no sólo no veía qué Puigdemont hubiera cometido actos de terrorismo, sino que tampoco los miembros de la CDR que habían sido encausados por la Fiscalía por terrorismo los habían realizado, cometiendo a lo sumo un delito de desórdenes públicos que no tenía encaje el artículo 573 del Código Penal. En consecuencia, firmó ese mismo día otro informe en el que mantenía justamente lo contrario, pues los indicios resultaban demasiado abiertos para poder afirmar que concurría la situación procesal que permitiría razonablemente que el TS asumiera la competencia de instruir el caso. Justificó su giro copernicano en horas 24 como fruto de un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados en la exposición razonada. Jorge Bustos le ha preguntado qué argumentos usó García Ortiz para que quebrara su conciencia hasta el punto defender lo contrario a lo que había mantenido la víspera, y le dijo que, con él en Berlín, el capricho del emperador Federico II no habría conocido límite. Según su compañero y amigo, Salvador Viada, Redondo había elaborado cautamente dos informes radicalmente diferentes, siguiendo la teoría “Groucho-marxista” de “éstos son mis principios, pero, si no le gustan, tengo otros”. El segundo informe fue debatido durante horas en la Junta y fue abrumadoramente rechazado por 11 de sus 15 miembros, que apoyaron la tesis de García-Castellón. Entre la minoría discrepante se encontraba el otro jefe de Redondo, Joaquín Sánchez-Covisa, por lo que el fiscal general ha invocado el artículo 24 del Estatuto del Ministerio Fiscal, conforme al cual, en caso de discrepancia entre dos jefes, la cuestión debería ser resuelta por un tercero, y García Ortiz ha pasado la pelota a su sobresaliente de espadas, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde -progresista de pro- que tendrá que decidir pese a no ser miembro de la Junta, ni haber participado en los debates sobre el tema. No se trataba de una discrepancia entre dos jefes, sino de una diferencia de opinión entre 4 y 11 fiscales, y -como ha observado Viada- en casos semejantes, el fiscal jefe siempre se había plegado a la decisión de la mayoría, aunque no creo que esto vaya a ocurrir ahora, porque es mucho lo que está en tela de juicio y García Ortiz está totalmente entregado al Gobierno. Está por ver lo que decida su número 2, pero, me temo lo peor. Como ha observado el antiguo fiscal general socialista, Eligió Hernández, no hay precedentes de que en dos informes de un mismo fiscal se mantengan posiciones contradictorias, y menos si han sido inspiradas por el fiscal general. El auto de García Castellón es incuestionable, porque un atentado contra la integridad personal que afecte al orden constitucional y la tenencia de explosivos son sin duda actos de terrorismo. Estas desorbitadas diferencias de opinión exigen explicaciones por parte del fiscal general, que ha quedado totalmente desacreditado por sus pares, como también lo ha sido Sánchez -jurista de reconocido prestigio y vértice del nuevo Poder Judicial-, que afirmó estar convencido de que los jueces no condenarían a ningún independentista por terrorismo, porque ningún independentista era terrorista ¿Es un deseo o una orden? Temor de Europa a los ataques de Sánchez al Estado de Derecho El rechazo por JxC de la Ley de Amnistía ha dejado descolocado al Gobierno y al PSOE, cuyo principal objetivo en esta legislatura era salvar como fuera al soldado Ryan-Puigdemont, no por los méritos del amninistiable, si no por la supervivencia de Sánchez. De aquí que la prioridad máxima del Gobierno sea lograr que aquél se deje amnistiar, para lo que tiene al equipo de ingeniería política de la Moncloa rascándose el cerebelo para tratar de encontrar la fórmula salvadora. Pensó en modificar la definición de terrorismo para que en modo alguno pudiera afectarlo adversamente, pero -si bien no había problemas en modificar una vez más el Código Penal- resultaba más difícil cambiar la definición establecida en el Convenio Europeo de Terrorismo o en la Directivas de la UE sobre el tema. Exploró entonces la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para volver a poner un plazo máximo a la instrucción por los jueces de los casos a investigar, para que éstos no tuvieran tiempo material de terminar la instrucción de los sumarios de los CDR y de TD, y debieran exonerar al imputado Puigdemont. Habituados a los continuos y súbitos cambios de opinión del amado líder, no les importaba caer en la contradicción de volver a la norma vigente durante el Gobierno del PP, que Sánchez había criticado porque limitar el tiempo de la instrucción era una incitación a la impunidad, ya que no concedía tiempo suficiente para investigar todos los casos de corrupción del PP. El problema era que la contrarreforma no parecía satisfacer al sombrerero loco, quien ha mantenido un pertinaz silencio, si bien ha hecho saber que solo admitirá una amnistía que le exonere de cualquier tipo de delito. En sus correrías contrarreloj como el conejo de Alicia, el Gobierno de Sánchez se está enfrentando con las autoridades de la UE y está desprestigiando cada vez más a España e incurriendo en toda clase de ridículos. Así, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aceptado una enmienda a la Directiva sobre la lucha contra la corrupción, por la que se prohíbe conceder indultos o amnistías a los autores de delitos de malversación de caudales públicos. Los socialistas trataron de colar una enmienda para exonerar de esta obligación a las autoridades autonómicas y municipales, pero no tuvieron éxito y votaron, sin vergüenza, en contra de la Directiva. En Europa preocupa cada día más la deriva del Gobierno español en deterioro del Estado de Derecho, especialmente por su inacción ante los intentos de injerencia de Rusia para desestabilizar la UE. El Parlamento Europeo aprobó el día 8 una resolución sobre la injerencia rusa por 433 votos a favor, 56 en contra (partidos independentistas, Sumar, Podemos y demás fuerzas anticapitalistas) y 18 abstenciones. La Eurocámara se ha mostrado sumamente preocupada por la supuesta relaciones entre los secesionistas catalanes y la Administración rusa, así como por las campañas de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña y por los intensos contactos y reuniones entre los mismos y los agentes responsables de dichas injerencias. Ha pedido a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones de los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE y en sus Estados miembros, y a las autoridades del Parlamento que investiguen e informen sobre si los eurodiputados señalados violaron alguna de las cláusulas del Código de Conducta de la Eurocámara, a cuyos efectos han instado a los europarlamentarios catalanes a que envíen información sobre su conducta al Comité Consultivo Han señalado que secesionistas que han mantenido relaciones con personalidades cercanas al Kremlin exigen que se les conceda una amnistía. La Eurocámara ha deplorado los ataques que se están realizando al juez que está investigando el “caso Voloh”. Los eurodiputados españoles del PP y de Ciudadanos han conseguido que se introduzcan en la exposición de motivos referencias explícitas a Puigdemont, quien, en la víspera de la declaración unilateral de independencia, se entrevistó en Barcelona con el emisario ruso Nicolai Sadobnikov. Los socialistas votaron en contra de las enmiendas en las que se mencionaba explícitamente a Puigdemont y las que solicitaban que los eurodiputados catalanes enviaran información al Comité Consultivo sobre el Código de Conducta. El PSOE no tuvo más remedio que votar a favor de la resolución, para no separarse de los partidos socialistas del Parlamento. Según el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, Puigdemont y la causa separatista catalana han quedado señalados ante los ojos de toda Europa. “Es una vergüenza que el PSOE vote investigar aquí y amnistiarle en Madrid. Siete votos no valen tanta indignidad”. Sánchez ha visto culminada su semana de pasión con la visita a Madrid de los representantes de la Comisión de Venecia, a la que el Senado ha solicitado un dictamen sobre si la proyectada Ley de Amnistía es conforme con el Derecho europeo. Los “venecianos” se están entrevistando con las autoridades políticas y judiciales que se dejan, entre las que no figura el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que ha solicitado y recibido amparo de la Mesa del Congreso para eludir el encuentro, alegando que no es un político. Aunque sí lo sea -ya que pasó sin solución de continuidad y a través de puertas giratorias de la Subsecretaría de Administración Territorial a la jefatura del servicio jurídico del Congreso-, precisamente porque es un supuesto técnico, no debería de tener reparo en facilitar información sobre las entretelas jurídicas de la Ley y por qué había estimado que no era contraria a la Constitución, en contra de la opinión de los demás letrados. Tres de las Asociaciones de Jueces han formulado sus críticas a la Ley, mientras que la Asociación de Jueces para la Democracia -muy cautos ellos- han manifestado que es prematuro emitir una opinión sobre un texto que aún no ha sido aprobado. La Comisión espera tener su informe listo para el 15 de marzo. La pelota ha pasado ahora de nuevo a la cancha de la Comisión de Justicia para “darle a la Montse otra oportunidad”. El Gobierno reafirma que la Ley es impecable y no tiene margen para hacer más concesiones, pero sí Puigdemont no cede, las hará, pues las infranqueables líneas rojas son meramente indicativas, y Sánchez es campeón olímpico de salto de vallas. Según Manso, JxC no hará caer a Sánchez, pero esta semana, por primera vez, “comprobamos esperanzados lo difícil que es consagrar la impunidad y la arbitrariedad en el marco de valores del Estado de Derecho, que delinean nuestro sistema constitucional y la Unión Europea”. Para Lucía Méndez, el Gobierno pretende que los jueces que condenaron a los responsables del procès asuman que su actuación en aquellas causas fue política y que ahora todo aquello debe olvidarse porque es mejor para todos. Se les pide que asuman con entusiasmo una ley que conlleva amnesia y olvido para favorecer el mandato de un Gobierno progresista y la reconciliación en Cataluña. Las Cortes hacen las leyes y los jueces las cumplirán, pero siempre tendrán un margen de discrecionalidad y capacidad de decisión. Por utilizar los recursos que les da la propia ley, no pueden ser acusados de injerencia política. Son las reglas del Estado de Derecho, que nunca ha asumido Puigdemont. Sánchez no atendió el sabio consejo de Fernando Vallespín de que no se enfrentara al Poder Judicial y lo va pagar. Su plan para amnistiar a sus socios independentistas está topando con un estado de opinión crecientemente contrario en la UE, que está muy preocupada por las operaciones rusas destinadas a socavar la democracia en Europa y la batalla es crucial para la supervivencia de los valores europeos. Según “El Mundo”, mientras en España se ataca a los instructores de las causas del procès, la UE envía un mensaje inequívoco de apoyo a los mismos. A Sánchez le va a ser cada vez más difícil explicar ante Europa una amnistía que beneficiará a quienes colaboraron con Moscú para desestabilizar nuestro país en un impúdico intercambio de impunidad por poder. Madrid, 9 de febrero de 2023

Cincuenta aniversario de la muerte de Kate O'Brien

CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA MUERTE D E KATE O’BRIEN Este año se celebra el 50° aniversario de la muerte de Kate O’Brien y alguno se preguntarán quién era esa buena señora. Es natural porque yo no supe de su existencia hasta que llegué a Irlanda como embajador de España. Allí tuve conocimiento de esa escritora, que fue un relevante exponente de las letras angloirlandesas en la primera mitad del siglo XX, y pude leer sus obras, muchas de ellas inspiradas en motivos españoles. Con 25 años se fue a Portugalete (Bilbao) a trabajar como institutriz en casa de los Areilza, donde fue profesora de inglés de José María, Conde de Motrico, que sería embajador de España y ministro de Asuntos Exteriores. La joven Kate quedó prendada de España, a la que adoptó como su segunda patria. Según ha señalado Benedict Kiely, “O’Brien adoptó a un solo país y no al mundo entero, y evitó de esta forma convertirse en una escritora cosmopolita, por este profundo sentido del significado místico de la llegada y de la partida de la muerte, que era el final de la partida y el preludio de la última llegada. España influyó en ella tan poderosamente, no solo por el hecho de que estuviera allí cuando era muy joven, sino porque en el molde de su mente había algo cercano a la tierra de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz”. La propia escritora confesó en su libro de viajes “Farewell, Spain” (1937) –“Adiós, España”- que se sintió “complacida y contenta con la inesperada España que encontré -aunque durante años no fuera consciente de ello- por haber conocido a un país al que tanto llegué a amar”. Estaba la España que imaginaba y la que encontró, que le causó muchas sorpresas, sobresaltos y anhelos, espacios de tiempo que parecían tan fuera de lugar como si estuviera en casa. Volvió a España año tras año, hasta llegar a conocerla tan bien como en ningún otro país. Como ha escrito Daniel Pastor en su artículo “Kate O’Brien: una escritora irlandesa en Ávila”, España fue su destino obligado desde 1931 a 1936, donde pasaba sus veranos. Sentada en los cafés de Ávila, observaba a las personas y entablaba conversación con ellas. Amaba sus monumentos, sus calles, su pasado histórico, la sencillez y el calor humano, la sensación de no sentirse extraña y, por supuesto, la personalidad de su hija más ilustre, Santa Teresa, cuyas obras, que empezó a leer en 1934 -pese a no ser católica practicante-, atraparon por completo su corazón. Era su ciudad favorita porque representaba la esencia misma del espíritu español.“Castilla en su estado más puro, la tierra de los grandes místicos y escritores, y lo austero del paisaje, el cielo azul inmaculado, como de ensueño, y la sobriedad de sus edificios y monumentos, de un intenso color dorado, cobraban expresión en las cualidades de abnegación, sencillez, nobleza de sentimientos y escrupuloso sentido a la tradición, con lo que en fin, se identificó plenamente”. El espíritu libre, el pacifismo y el republicanismo de O’Brien no fue del gusto del régimen franquista, que le prohibió la entrada en el país hasta 1957. No obstante, siguió vinculada con España a través de sus obras. En 1936 publicó “Mary Lavelle” –“Pasiones rotas”, que tiene rasgos autobiográficos. La autora situó la acción en España para describir situaciones que no le era posible hacer en una Irlanda, calificada por Lorna Reynolds de “jansenística, puritana y maniquea”. Como no podía usar Irlanda para mostrar el desarrollo del espíritu libre de la protagonista -una investigación sobre el desarrollo psico-sexual de una joven irlandesa, católica y criada en Mellick-, escogió a España, que le permitía representar las dificultades y las tragedias de la vida, pues era un buen punto de referencia para Irlanda, al ser ambos países “católicos, materialmente subdesarrollados, tenaces en sus viejas costumbres, políticamente turbadas, de espíritu anárquico y afines al culto a la muerte” En 1946 salió a la luz su novela más apreciada “That Lady” –“Esa Dama”- , un relato que mezclaba historia y ficción, al describir las relaciones entre Ana de Mendoza, princesa de Éboli y el rey Felipe II, que salía mal parado del lance. El tema central era “la influencia corruptora del poder político absoluto, la forma en que vicia las relaciones privadas, y la heroica resistencia de una persona privada -en este caso una mujer- frente al despotismo del gobernante” . Pero su obra más apreciada fue “Teresa de Ávila” (1951) , una breve y personalísima biografía de una Santa con la que sintió gran afinidad y a la que describió cómo “un genio de enorme e inmensurable carácter de los que ha habido muy pocos, y solo una mujer”. Cuando murió en 1974, O’Brien estaba escribiendo otro libro con trasfondo español. Además de por su afinidad con España y la calidad de sus obras, me sentí atraído hacia la escritora por el hecho de que hubiera nacido en Limerick, ciudad de la que procedía mi tatarabuela Magdalena Clancy. En 1989, los organizadores del ”Fin de Semana de Kate O’Brien” me invitaron a dar la conferencia inaugural de unas jornadas dedicadas a “Irlanda y España”. Invité, por mi parte, al Conde de Motrico, quien pronunció la conferencia de clausura sobre “Kate O’Brien: A Personal and Literary Portrait”. Ahora, con motivo del 50° aniversario de su muerte, se va a celebrar en Limerick un Festival Literario en su honor. Me parece lamentable que en él no participen ni la Embajada de España, ni el Instituto Cervantes. El que fue agregado cultural de la Embajada de España en Dublín, Jose Antonio Sierra, un abulense de pro, ha propuesto al Ayuntamiento de Ávila que nombre Hija Adoptiva de la ciudad a título póstumo a la escritora, que ya cuenta con un calle cerca de la Estación. Me parece un homenaje justo y adecuado a una persona que tanto amó a España y especialmente a Ávila, y que creo que contribuirá a mejorar la relaciones entre sus dos queridas patrias.

Puigdemont humilla a Sánchez al rechazar su Ley estrella

PUIGDEMONT HUMILLA A SÁNCHEZ AL RECHAZAR SU LEY ESTRELLA Cómo habría disfrutado Ramón María del Valle-Inclán con el esperpento que se escenificó el pasado 30 de octubre en el Congreso, con una mezcla de surrealismo daliniano y de sainete, bajo los acordes de una rumba catalana. La Ley de Amnistía -que tanto Pedro Sánchez como su fontanero mayor, Félix Bolaños, aseguraron que era perfecta, impecable y del todo constitucional- fue rechazada en el último lanzamiento de penaltis por los 7 diputados de JxC -principales beneficiados del engendro-, en un acto kamikaze de prepotencia, que puso en evidencia la real desnudez de su socio. Blanqueamiento del terrorismo Sánchez no hace caso a nadie salvo a los independentistas catalanes -de los que depende para mantenerse en el poder- y a la Unión Europea-por la cuenta que le trae-. La Comisión Europea le hizo llegar el mensaje de que la proposición de Ley sobre amnistía no debería cubrir el supuesto de malversación de los fondos europeos, ni incluir el “lawfare”. Los redactores de la ley atendieron a la primera demanda al excluir de la amnistía los delitos que afectaren los intereses financieros de la Unión, y eludieron la segunda, al sacar la judicialización de la política del texto de la Ley y pasarla al Acuerdo político concluido entre el PSOE y JxC. La proposición excluía de la amnistía los delitos de terrorismo, cuando sus perpetradores hubieran sido condenados por sentencia firme, con lo que quedarían amnistiados todos los imputados en los casos de los delitos de terrorismo cometidos por los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) o de “Tsunami Democratic”, dado que no ha habido tiempo para que se cierren las investigaciones y se celebren los juicios y ,en consecuencia, no se haya dictado ninguna sentencia firme. La situación empezó a complicarse para Puigdemont y sus secuaces cuando el magistrado instructor del caso “Tsunami Democratic” (TD), Manuel García-Castellón, rechazó el 18 de enero el recurso del fiscal Miguel Ángel Carballo contra su decisión de elevar el caso al Tribunal Supremo (TS) -al constatar que eran aforados algunos de los imputados como Puigdemont-, negando el argumento de la Fiscalía de que no habían surgido elementos nuevos en el caso. Tras conocer los informes detallados de los Mossos d’Esquadra, de AENA y de ENAIRE, había visto afianzado su tesis, ya que dicha información permitió “consolidar la hipótesis de calificación inicial apreciando la existencia de hechos delictivos que revisten carácter de delito de terrorismo”. En el bien planeado asalto al aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 se desactivó por completo el funcionamiento de una infraestructura crítica y se vio comprometido al tráfico en las rutas hacia Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros en vuelo con destino a Barcelona al bloquear los asaltantes el acceso de los controladores a la torre de control. Hubo fuertes enfrentamientos al utilizar los TD elementos pirotécnicos e instrumentos contundentes, que provocaron la lesión de 47 agentes y de otras 125 personas, y un ciudadano francés afectado por el bloqueo falleció de un infarto. El instructor estimó que tales actos realizados por miembros de TD, “una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos, cuya intención esencial encajaba igualmente en las que permiten que un delito pueda calificarse de terrorista”, pretendían “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público, mediante la movilización social masiva”. Concluía que “las acciones cometidas por TD encajan en estas finalidades, tanto atendido el tenor literal del precepto penal conforme al Código Penal, como la definición de delito de terrorismo contenida en los tratados y acuerdos internacionales que España ha firmado” -especialmente el Convenio Europeo de 1977 para represión del terrorismo-. Ante las acusaciones de García-Castellón contra Puigdemont, JxC forzó al PSOE a modificar el texto para suprimir la referencia a la existencia de sentencia firme y excluir de la amnistía los actos de terrorismo directamente intencionados que, de forma manifiesta, hubieran generado una violación de los derechos humanos. Con ello se acuñaba la disparatada teoría de la existencia de un “terrorismo bueno” que no afectaba a los derechos humanos. No era una tesis del todo nueva, pues ya en 1994 durante la Conferencia de Nápoles sobre delincuencia transnacional organizada, tuve que enfrentarme -en mi calidad del presidente de la delegación española- con las tesis de algunos países -como Alemania y Francia- que mantenían la existencia de un “terrorismo bueno” por sus motivaciones políticas. Mantuve entonces -y sigo manteniendo ahora- que solo hay un terrorismo, caracterizado por el uso de medios violentos, que no pueden ser justificados por su intencionalidad política. Hay diversas formas de terrorismo de intensidad diversa, pero todos ellos son contrarios a los derechos humanos. Cuando los periodistas preguntaron al ministro de Justicia si había algún terrorismo que los respetara, Bolaños se salió por la tangente y contestó: “Seamos serios ¿de verdad alguno cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas?. Fue una cínica y maniquea respuesta, ya que nadie había comparado el terrorismo de ETA con el independentismo catalán, sino que, tras varios años de instrucción, un juez había encontrado indicios razonables para creer que algunos miembros de TD o de los CDR habían realizado actos que podían ser calificados de terroristas. El diputado de Junts, Josep María Cervera, declaró cándidamente que el objetivo de la enmienda era incluir a todos los encausados en los casos de TD. “Estos cambios responden a la necesidad de superar la inclinación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales que todos sabemos que de ninguna manera lo son”. No sé si García-Castellón se dio por aludido, pero dictó un nuevo auto, tras la personación de dos policías que sufrieron graves heridas el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona, por las que quedaron incapacitados de por vida. TD había convocado una huelga generala través de las redes sociales y afirmó: “Hoy bloqueamos el país para acordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades”. En una conversación de Puigdemont con uno de los investigados, éste “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción para frenar esa posibilidad”. Describe lar agresión contra un policía al que arrojaron un adoquín a la cabeza, que a punto estuvo de trepanarle el cráneo. “El resultado de esta acción fueron lesiones muy graves, un resultado lesivo que la institución debe indagar si resulta objetivamente imputable a la acción de TD”, acción que era “incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que eran partícipes los investigados”. Ante esta nueva brecha abierta en la amnistía, JxC decidió que, para poca salud ninguna, y presentó una enmienda para eliminar cualquier mención al terrorismo, pero el PSOE -a diferencia de su socio Sumar- votó en contra por estimar que iría contra la Constitución y el Derecho europeo. Es más que probable que el consejero áulico de Sánchez, Cándido Conde-Pumpido, le hubiera advertido que semejante disposición difícilmente pasaría el filtro del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Carmen Morodo en ”La Razón”, atribuye a Conde la negativa de Sánchez a aceptar las enmiendas de JxC y, desde este partido, se pide a Sánchez que se libre de la presión de Conde y de ciertos círculos europeos. Intromisión tolerada de Rusia en los asuntos internos de Cataluña Es público y notorio que Rusia se entrometió en los asuntos domésticos catalanes en los momentos críticos de 2017, no porque tuviera un interés especial en defender la libre determinación de Cataluña -bien al contrario, pues tiene problemas similares en Chechenia o Daguestán-, sino para desestabilizar a la UE a través de España. Aunque esta injerencia -que preocupa más en Europa y Norteamérica que en la propia España-, el titular del Juzgado de instrucción n° 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abrió en 2020 una investigación sobre los contactos de algunos altos cargos políticos de la Generalitat -incluido su presidente Puigdemont- con emisarios rusos, con miras a conseguir el apoyo del Kremlin a la independencia de Cataluña. Hay indicios más que sobrados de estos contactos antes, durante y después de la Declaración unilateral de independencia (DUI). El principal impulsor de estos contactos fue Victor Terradellas, responsable de relaciones internacionales de CiU -hoy JxC-, al que sustituyó Josep Lluis Alay, jefe del Gabinete de Puigdemont. El 29 de septiembre de 2017, el teniente general Denis Sergeyev - alto funcionario del GRU, Servicio de Inteligencia Militar, que había realizado durante ese año diversos viajes a Cataluña- se entrevistó en Barcelona con Terradellas. Durante los días anteriores y posteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, diversas televisiones, el periódico “Russia-Today” y las redes sociales rusas hicieron una labor de propaganda y agitación separatista, y difundieron noticias falsas sobre los acontecimientos. Tras la consulta, el “Washington Post” sacó un editorial titulado “Cataluña votó en referéndum: Rusia ganó”, y el “New York Times” reveló que intermediarios de Puigdemont habían estado en contacto con agentes dela inteligencia rusa, tanto antes como después del 1-O. Entre el 20 y el 24 de octubre, Seegueyev y Tarradellas se reunieron con Elsa Artadi, consejera de la Presidencia de la Generalitat, quien asistió a la reunión por encargo de Puigdemont. El 26 de octubre -un día antes de la DUI- éste recibió en su residencia oficial al enviado de Vladimir Putin, Nicolai Saduvnikov -ex diplomático y agente del FSB, encargado de la “agitprop” antioccidental-, en presencia de Artadi, Terradellas, Jordi Sardá y Sergei Motín. Los emisarios rusos ofrecieron al parecer ayuda económica (€500 millones) y militar (10.000 soldados), una vez que se declarara la independencia, a cambio de una legislación favorable para hacer el negocio con criptomonedas. Ese mismo día llegó a Barcelona Dimitri Modoev, ministro de Asuntos Exteriores de la seudo República de Osetia del Sur, dispuesto a abrir una Embajada en Cataluña. Puigdemont se “acongojó” y no siguió adelante con la trama. No obstantes, en su autoinfligido exilio en Bélgica, volvió a reanudar los contactos con sus amistades peligrosas, a través de su hombre de confianza Alay, que viajó en varias ocasiones a Rusia, donde se entrevistó con personalidades rusas, como Evgeny Primakov -miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma-, altos funcionarios del FBS y notorios capos de la mafia, como Zakhar Kalashov, Vasili Kstoforov o Koba Shermazashvili. En anotaciones intervenidas a los investigados se encontraron referencias a “Putin-Financiación”. La Fiscalía ha obstaculizado las diligencias judiciales, alegando que carecían de motivación lógica En un auto de 29 de enero, el juez Aguirre ha listado los contactos que ha mantenido con Rusia el equipo de Puigdemont, y estimado que éste había sido su inspirador, por lo que ha decidido prolongar por 6 meses la instrucción del sumario. Aunque no se mencione expresamente, los hechos descritos por el instructor encajan como un guante en el artículo 592 del Código Penal, que establece que “serán castigados con pena de prisión de cuatro a ocho años los que con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras”. Teniendo en cuenta que el texto de la Ley excluye de la amnistía “los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional”, las alarmas han sonado en la Cofradía de Junts y, de ahí, la enmienda para suprimir esa disposición y su voto en contra de la Ley. Pese a su voto a favor, no todos los miembros de ERC están satisfechos con la Ley, como prueba la fuga a Suiza del secretario cuarto del Parlament, Rubén Wagensberg, investigado en el “caso TD”, por miedo a una detención arbitraria, lo que es comprensible para Montero. Según Luis Miguel Fuentes (”El Independiente”), parece que hemos pasado de la amnistía al tembleque y de la impunidad a la desbandada, no porque los indepes no confíen ya en la desvergüenza de Sánchez o en la fuerza de Puigdemont, sino porque “están viendo que hay cosas que Europa no va a permitir a los rebeldes de sopita de pollo, ni a Puigdemont, ni al propio Sánchez”. Nueva proposición de Ley de Amnistía Tirios y troyanos han jurado por sus ancestros que no modificarán un ápice sus posturas, por lo que, salvo que se produzca uno de los habituales cambios de opinión del César -lo que no sería de extrañar dada la venalidad del personaje-, sus respectivos textos circularán en paralelo en la Comisión de Justicia -a donde han sido devueltos para su reconsideración- hasta el infinito. Para solucionar este insoluble problema matemático, me permito ofrecer una sugerencia en la forma de nueva proposición de ley simplificada que acomode los intereses de las dos partes, aunque incomode los del país. Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política, social e identitaria en Cataluña, y reforma del Código Penal “Teniendo en cuenta el acoso sistemático, continuo e ilegal de los jueces prevaricadores de España contra a los políticos patriotas catalanes, que solo aspiran a ejercer su sagrado derecho de libre determinación, a través de un referéndum, que les permita llevar a cabo la separación de Catalunya del pérfido de Estado español; Considerando la necesidad imperiosa de concordia, diálogo y reconciliación en la nación de Catalunya, y la incitación a las discordia en el Estado español; Estimando que las meritorias modificaciones del Código Penal introducidas por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez han resultado insuficientes, ya que aún figuran en él disposiciones contrarias a la convivencia en Cataluña, que han forzado al presidente legítimo de la Generalitat a refugiarse en Bélgica; Las Cortes Generales aprueban la siguiente proposición de Ley: -Artículo 1:Se concede una amnistía integral, total e inmediata a los catalanes que hayan cometido, o cometan en el futuro, acciones penadas en el Código Penal y, en especial, a las personas mencionadas en el Anejo a esta Ley, así como a cualquier otra persona que decidida la Generalitat de Cataluña. -Artículo 2: Se tomarán las medidas necesarias para enjuiciar a los jueces prevaricadores, que deberán ser sancionados, tras las investigaciones que realicen las Comisiones Parlamentarias. -Artículo 3: Las personas injustamente condenadas por los Tribunales españoles serán rehabilitadas y recibirán la correspondiente indemnización. -Disposición adicional primera: 1.-Se suprime la sección 2 del capítulo VII del Código Penal (artículos 572 a 580), relativa a los delitos de terrorismo. 2.-El Gobierno promoverá el terrorismo bueno, que es compatible con los derechos humanos fundamentales. -Disposición adicional segunda: Se suprime el artículo 592 del Código Penal, relativo a los delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. -Disposición final: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Anejo Son amnistiados en especial Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsati, Lluis Puig, Marta Rovira, Elsa Artadi, Josep Lluis Alay, Víctor Terradellas, David Madí, Jaume Caboní, Josep Lluis Jové, Lluis Salvadó, Jordi Sardá, Xavier Vendrell, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez-Oleguer, Nicola Flavio, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Gonzalo Boye, Laura Borrás, Jordi Pujol y su familia, miembros de los comandos del CDR, personas involucradas en el “Caso Tsunami Democratic” o en el “Caso Voloh”, y cualquier persona que designe la Generalitat”. Perspectivas de futuro El Gobierno ha explicado que su voto negativo se debía al riesgo que correría la Ley a la hora de ser convalidada por el TC y por el TJUE, y la presidenta de JxC Laura Borrás le ha contestado que a su partido le importaba un bledo que la Ley fuera constitucional o no, y que lo que pretendían era que Sánchez cumpliera su compromiso de concesión de una amnistía integral, total e inmediata. El PSOE cree que Junts acabará por aprobar el texto actual, porque -como ha señalado Leyre Iglesias- Puigdemont no puede presentarse a las elecciones catalanas como el hombre que pudo liberar de los jueces, la cárcel o la ansiedad a 1.500 héroes, y lo dejó escapar. Pere Aragonés ha afirmado que no se puede poner en riesgo la Ley porque la necesitamos para “acabar con el dolor qué sufren 1.200 personas en Cataluña”. En el ínterin, el Gobierno evita hacer reproches y hasta Montero se muestra comprensiva, al comentar que los acontecimientos de los últimos días habían dificultado la posición de Junts y eso hacía que las votaciones fueran complicadas. Para calmar a Puigdemont, Sánchez ha afirmado solemnemente que todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas -lo cual es obvio, aunque también lo sea el que algunos de ellos lo son- y asegurado -en su auto concedida calidad de nuevo jefe supremo del Poder Judicial- que los Tribunales así lo acordarán. Estima que una Ley tan impecable debe salir con la misma constitucionalidad con la que entre en la Comisión de Justicia. La clave estará en mantener la firmeza y la templanza para llegar a un acuerdo, porque ambos partidos persiguen el común objetivo de superar el funesto horizonte judicial que se produjo en 2017. Confía en que JxC reflexione y acabe por aprobar la Ley en su versión actual. Turull le ha replicado que, si de verdad quiere amnistiar a todos los independientes, tiene que propiciar una Ley que lo haga posible, por lo que el PSOE deberá aceptar las enmiendas de JxC que así lo garantizan. Jaume Asens -que se ha pasado con armas y bagajes a un Sumar totalmente entregado a Junts- ha propuesto , con la anuencia del Gobierno, que se apruebe la Ley en su actual redacción, para evitar que el PSOE tenga que realizar nuevas concesiones que dificulten que la norma pase el filtro del TC, e impulsar, en paralelo, una reforma del Código Penal para redefinir el delito del terrorismo y dificultar la labor de los jueces. “Estamos en una situación delicada y hay que buscar el punto intermedio”. Por ahí van los tiros y al final habrá cesiones por las dos partes, porque ambas se necesitan, aunque sí Puigdemont mantuviera su intransigente posición -porque le encanta humillar a Sánchez y cree tenerlo cogido por do más pecado ha-, será éste el que siga miciando con sangre hasta la última gota, porque ha quemado sus naves para conservar el poder.. A los problemas de fondo, se ha sumado otro fundamental de forma que ha sido apuntado por algunos letrados del Congreso. Armengol ha devuelto la proposición de Ley a la Comisión para un nuevo examen en base al artículo 131-2 del Reglamento del Congreso que establece que la aprobación de una proposición de ley orgánica requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en una votación final sobre el conjunto del texto. “Si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión,, que deberá emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes”. El problema radica en que la propuesta no solo no ha conseguido la mayoría absoluta requerida, sino que ha sido rechazada por 179 votos a 171, por lo que ha decaído y no cabe aplicar el artículo y habrá que volver a partir de cero. En los dos precedentes que se citan sobre devolución de las propuestas de enmienda a la LOPJ en 1997 y en 1999, las propuestas -a diferencia de lo ocurrido con la Ley de Amnistía- fueron aprobadas por el Pleno del Congreso por mayoría simple, pero no absoluta. De ahí que fuera pertinente devolverla a la Comisión para que elaborara un nuevo texto que pudiera obtener la mayoría requerida. Como modesto jurista me parece correcta esta argumentación y la devolución decidida por Armengol no es conforme a derecho. Por tanto, procede solicitar el correspondiente dictamen de los letrados del Congreso y no solo de su jefe, quien -al ser un testaferro del Gobierno- ya se sabe lo que diría. Según David Jiménez Torres, resulta inadmisible que se haga descansar la legislatura sobre un prófugo que sigue sin exhibir una molécula de arrepentimiento por haber arrastrado al país a una crisis tan grave como perfectamente innecesario y, sobre todo, jamás debimos ver al Gobierno de una democracia europea suplicar a un sedicioso que le dejara amnistiarlo. “El problema no es que el PSOE y el prófugo discrepen en algunos detalles, sino que estén de acuerdo en lo nuclear”. Afortunadamente, aún nos queda Europa. La Comisión Europea le ha tomado la matrícula a España, ha abierto una investigación sobre la Ley de Amnistía, y se pronunciará sobre ella cuando finalmente se adopte, que se adoptará. A diferencia del Gobierno español, la UE se toma muy en serio la malversación, el terrorismo y las maniobras desestabilizadoras de Rusia. El problema, por tanto, no es solo español, sino también europeo y, como tal, deberá resolverse. Madrid, 2 de febrero de 2024