"Anchluss" de Ucrania por parte de Putin

“ANCHLUSS” DE UCRANIA POR PARTE DE PUTIN En la madrugada del pasado 25 de febrero se consumó el inicio de una invasión anunciada: las de Ucrania por parte de la armada imperial del neo-zar Vladimir Putin por tierra, mar y aire, y desde tres de las esquinas de la malhadada nación, de la que –parafraseando a Porfirio Díaz- cabría decir “Pobre Ucrania, tan lejos de Dios y tan cerca de Rusia”. Las reiteradas advertencias de los servicios de inteligencia de Estados Unidos se han confirmado, pese a las reiteradas y obscenas declaraciones de Putin de que aspiraba a solucionar el conflicto por la vía diplomática. Conozco personalmente a Putin, que es un personaje inteligente, calculador, astuto, ambicioso y mesiánico, que no suele “dar puntada sin hilo”. Se considera una reencarnación de Iván el Terrible, llamado a restaurar las pasadas grandezas del Imperio ruso en su versión soviética, restañando la traición cometida a medias por Gorvachov y por Yeltsin, que llevó a la disolución de la URSS, uno de los mayores desastres en la Historia de la nación rusa, de la que Ucrania forma parte. Ha actuado como Hitler en 1938, solo que –como los Chamberlain y Daladier de hoy día no han aceptado entregar a Putin sus “Sudetes” del Donbás- éste ha optado por la fórmula “Polonia” e invadido Ucrania. En el conflicto provocado por la agresión de Rusia cabe apreciar aspectos militares, políticos, económicos internacionales y sociales. Aspectos militares Ucrania no es miembro de la OTAN y, por tanto, no cabe que se aplique el artículo 5 del Tratado de Washington, que prevé la prestación de ayuda militar por parte de los demás miembros de la Alianza en caso de que un Estado miembro fuera agredido por otro Estado. Tanto el presidente norteamericano, Joe Biden, como el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, han repetido que, por esta razón, la Alianza no enviaría tropas a Ucrania. Incluso Biden tuvo una intervención poco afortunada al distinguir entre la realización por parte de Rusia de una ataque generalizado contra Ucrania o de ataques puntuales y localizados. Estas declaraciones han permitido a Putin iniciar su agresión a Ucrania sin riesgo alguno de represalia militar por parte de la OTAN o de Estados Unidos. Las tropas rusas han iniciado un ataque masivo convencional con fuerzas de infantería y de artillería, con cobertura de aviones y misiles, y desembarcos de tropas desde buques en las costas del Mar Negro. Han entrado por el norte desde Bielorrusia, por el sur desde Crimea y por el este desde la región del Donbás, y ya se han apoderado de Chernobyl y de otras ciudades, y tienen cercada a Kiev, después de haber destruido o inutilizado varios aeródromos y diversas instalaciones militares en todo el país. También ha realizado múltiples ciberataques a las oficinas gubernamentales para dificultar la acción del Gobierno y la prestación de los servicios públicos. El mando ruso ha instado a las tropas ucranianas a que desobedezcan a su Gobierno, abandonen las armas y regresen a sus casas. Las tropas rusas están ya en algunos barrios de la capital -que está siendo bravamente defendida por militares y civiles voluntarios-, y atacan con fuego de artillería instalaciones importantes y edificios de viviendas, causando la muerte de muchos civiles. Velodimir Zelenski ha dicho que él y su Gobierno continuará en Ucrania, cuya independencia defenderá hasta la muerte. Estados Unidos ha propuesto trasladar al Gobierno a otra ciudad más segura, pero el presidente ucraniano ha optado por permanecer en Kiev. Los comentaristas se han preguntado si Putin pretende ocupar todo el país o sólo partes de su territorio. El teniente general Pedro Pitarch ha dicho que ve difícil que Rusia ocupe toda Ucrania porque, aunque el contingente militar atacante sea muy nutrido, no es suficiente para actuar con potencia ocupante en un territorio tan amplio y poblado, por lo que resulta más probable que persiga la ocupación de algunas zonas rusófonas del país, Otros expertos han considerado, en cambio, que una invasión de tal envergadura tiene como objetivo controlar toda Ucrania. Cabe una tercera posibilidad -que es la que me parece más probable-, similar a la que adoptó Saddan Hussein cuando invadió Kuwait- consistente en que Rusia lance una “bliezkrieg” que destruya rápidamente el poder militar ucraniano, derroque al Gobierno, lo sustituya por otro títere liderado por un pro-soviético y luego retire sus tropas de Ucrania. En este sentido, el presidente ruso ha pedido a los militares ucranianos que cojan el poder en sus propias manos, y les ha dicho que, si así lo hacían y libraban al país de una pandilla de drogadictos y neonazis, sería más fácil llegar a un acuerdo. Aunque la OTAN ha excluido el envío de tropa al Ucraniano, ha reforzado su presencia militar en los países fronterizos con Rusia y desplegado en ellos parte de su Fuerza de Respuesta Rápida. Putin parece haber perdido la brújula e ido más allá de su pretensión inicial de recuperar la situación existente en la época de la URSS, al haber amenazado a Suecia y a Finlandia con “graves repercusiones militares y políticas”, si estos dos países neutrales que son miembros de la UE solicitaran su ingreso en la Alianza. Representantes de estos dos países participaron a la última reunión de la OTAN por sentirse amenazadas por la política agresiva de Rusia. Aspectos políticos Uno de los principales objetivos de la invasión rusa es derrocar el Gobierno democrático y pro-occidental de Zelenski, quien se ha sentido personalmente amenazado y abandonado por parte de sus aliados occidentales. Putin ha pretendido justificar la invasión con el falso argumento de que era necesario “desnazificar” Ucrania y librarla del Gobierno presidido por un nazi –que para más inri es judío-, que lleva años cometiendo actos de genocidio contra la población rusoparlante del país. Putin ha propuesto el cese de las hostilidades, la rendición total y el inicio de negociaciones de paz en Minsk. El canciller Lavrov ha tenido la desfachatez de afirmar que tales negociaciones no se iniciarían hasta que no se restaurara el orden democrático. Zelenski ha rechazado la propuesta por estimar que Bielorrusia no es un país neutral, sino que ha facilitado los ataques de las tropas rusas desde su territorio. Tampoco la ha aceptado Estados Unidos por estimar Biden que no se podía negociar a punta de pistola. Zelenenski ha advertido a los líderes europeos que, si cayera Ucrania, los países miembros de la OTAN vecinos de Rusia serían las siguientes víctimas. Anne Applebaum –gran experta en cuestiones de Europa oriental- ha señalado que Putin ha invadido Ucrania porque la determinación de ésta en convertirse en una democracia es un desafío a su proyecto político-imperial nostálgico. Su mera existencia como Estado independiente socava dicho proyecto y la convierte en un rival peligroso. Una “revolución de la dignidad” como la de 2014 es el tipo de revuelta que más teme Putin. Aspectos económicos Tanto la UE y la OTAN como Estados Unidos han auto-limitado las represalias por la agresión rusa a la sanciones económicas, pero –para que éstas resulten eficaces tendrían que ser sumamente duras –como ha comentado el ministro belga de Asuntos Exteriores, no hay que tomar medidas que “ladren”, sino que “muerdan”-, pues las tibias sanciones adoptadas tras la anexión de Crimea surtieron escaso efecto. La Unión va a poner en práctica un paquete de medidas que aún no hecho públicas, pero que la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha adelantado al declarar que afectarán a los sectores financieros, energéticos, consulares, comerciales y del transporte. Se impondrán sanciones al 70% del sector bancario -¿por qué no al 100%?- y a empresas estatales fundamentales, y se prohibirá la exportación a Rusia de productos de tecnología avanzada o de doble uso. La Unión también impondrá sanciones personales a Putin, a Lavrov y a otros altos dirigentes rusos, lo que no le importará sobremanera a aquél, pues no afectarán a su posición, a su poder o a su fortuna personal. Se ha quedado en el tintero, sin embargo, la sanción estrella de la exclusión de Rusia del sistema SWIFT, que produciría los mayores efectos negativos en la economía rusa a corto plazo , pues causaría al PIB ruso –según los expertos- una caída del 5% , debido a que no se había conseguido el apoyo unánime de los Estados miembros. Me ha sorprendido la insistente reiteración de la europarlamentaria del PP, Dolors Montserrat, en unas declaraciones a TVE sobre la absoluta unidad reinante en el seno de la UE, que me han recordado el proverbio español “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. La unidad en el seno de la UE no es completa pues –mientras, Francia, Italia y España han apoyado esta medida-, Alemania se ha opuesto alegando que produciría “efectos masivos colaterales”. Los países más desarrollados no están dispuestos a hacer concesiones que afecten a sus Cuentas de resultados y sus ciudadanos no aceptan que se vea reducida la calefacción durante el riguroso período invernal por mantener la integridad territorial de una lejana Ucrania, que ni siquiera es miembro de la Unión. Los Estados optan por la acomodaticia gradualidad en las sanciones, sin ser conscientes de que, cuando al final decidieran apretar el botón rojo de las más graves, Ucrania hubiera dejado de existir como Estado independiente. La dependencia de muchos Estados miembros de los suministros de gas de Rusia –que permiten el continuado chantaje de Putin- no es cosa de ahora, sino que existe desde hace varios años, pero a la que los países afectados no se han querido enfrentar por egoísmo económico. Deberían haberlo hecho por razones estratégicas -que estaban por encima de la pecuniarias-, pero “nunca es tarde si la dicha es buena”. Los Estados europeos tienen que coger ya por los cuernos al toro de la dependencia energética para estoquearlo, aunque les cueste sudor, lágrimas y quebranto económico, que, de todas formas, se está produciendo ya con el mantenimiento del statu quo. Hay otras fuentes de suministros –Estados Unidos, Argelia, Nigeria o Qatar- y, aunque recurrir a ellas supongan un precio uperiot al del gas ruso –que al Putin puede manejar a su antojo- por los gastos que supone transportar el gas en buques metaneros en forma licuada. Asimismo se deberían abandonar los prejuicios ideológicos contra la energía nuclear –que ha asumido el Gobierno español y su desnortada vicepresidenta Teresa Ribera- y, no sólo mantener en servicio las centrales existentes, sino construir otras nuevas –como hacen Francia y la ecológica Suecia, por no mencionar a China-, ya que, aunque este tipo de energía no sea estrictamente “verde”, debe ser considerada como tal –como ha reconocido la Comisión Europea-, porque no produce contaminación por CO2 ni efecto invernadero y –sobre todo- porque es la única que puede paliar a corto plazo la fatal dependencia europea del suministro de gas ruso. Es obvio que hay que potenciar la producción de energía genuinamente verde, pero –como decía don Juan Tenorio- “cuan largo me lo fiais”. El suministro suficiente de energías limpias no es para mañana. Aspectos internacionales La cuestión de la flagrante agresión de Rusia a Ucrania ha sido planteada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en el mundo. La Asamblea General ha definido la agresión como “el uso de la fuerza por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Esta definición cae como un guante para calificar la actuación de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos y Albania presentaron en el Consejo un proyecto de resolución por el que se condenaba a Rusia por el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, y se le instaba a retirar de inmediato sus tropas de Ucrania. El Consejo “pasteleó” sobre la redacción de un texto que estaba “ab initio” condenado al fracaso por el previsible veto ruso. La sustitución de la palabra “condena” por la de “deplora” no ablandó por supuesto la voluntad opositora de Rusia. La propuesta fue aprobada ayer por 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, pero no prosperó porque el voto negativo procedía de uno de los miembros permanentes del Consejo. Entre los que se abstuvieron se encontraban China –que no ha apoyado a Rusia y ha adoptado una exquisita postura de equidistancia-, India y, sorprendentemente, Emiratos Árabes Unidos, supuesto aliado incondicional de Estados Unidos. Se especuló con la postura de Brasil, que –junto con Argentina- no había apoyado una resolución de condena adoptada por la OEA, pero al final –pese a los besuqueos entre Putin y Bolsonaro- votó a favor de la propuesta. ¿Y ahora qué? Conviene recordar una situación similar que se produjo en 1950 y que llevó a la Asamblea General a adoptar la resolución 377A/(V), de 3 de noviembre, calificada de “Unidos por la Paz, en la que se afirmaba que, si el Consejo de Seguridad –por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes- dejara de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en los casos en que se produjera una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la misma o un acto de agresión, la Asamblea examinaría inmediatamente el asunto con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas, inclusive el uso de la fuerza armada, cuando fuera necesario para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. Para que prospere la petición, se requiere que se produzca en el Consejo el voto de siete de cualesquiera de sus miembros o lo solicite una mayoría de los Estados miembros de la ONU. Por los resultados de la votación sobre la propuesta albano-estadounidense, se puede deducir que existe mayoría para solicitar la convocatoria una reunión extraordinaria de la Asamblea, y un miembro del Consejo –que ha querido conservar el anonimato- ha declarado que así se haría de forma inmediata, lo que espero que ocurra. Si en efecto se convocara la Asamblea, los 193 miembros de la Organización tendrían que pronunciarse sobre la agresión rusa a Ucrania y es de esperar que haya una abrumadora mayoría favorable a la condena de la inaceptable intervención del Gobierno de Putin. Aunque las resoluciones de la Asamblea –a diferencia de las del Consejo- no sean jurídicamente vinculantes y no obliguen a los Estados miembros, producen un evidente impacto político y moral. Semejante condena pondría en evidencia a Rusia por su violación de las normas básicas del Derecho Internacional y dejarían constancia de su situación de aislamiento en la comunidad internacional. Aspectos sociales Biden ha declarado que había que convertir a Putin en un paria internacional por su chulesco comportamiento al ponerse por montera al mundo entero. Ya se ha iniciado ese proceso en los frentes más diversos. El Consejo de Europa ha suspendido el derecho de representación de Rusia en el Comité de Ministros y en la Asamblea Parlamentaria, el Comité Olímpico Internacional ha condenado la agresión de Rusia, la UEFA ha trasladado la final de la Liga de Campeones de Fútbol de San Petersburgo a París, la Unión Europea de Baloncesto ha decidido que los equipos rusos jueguen sus partido en otros países, Rusia ha sido excluida de la celebración en su territorio de carreras del campeonato de Fórmula-1, el Carnegie Hall ha cancelado un concierto dirigido por Valerie Gergiev por su apoyo a Putin…Una de las consecuencias más llamativas ha sido la exclusión del concursante ruso del Festival de Eurovisión. Como ha señalado Josep Borrel, esto parece irrelevante desde un punto de vista geopolítico, pero tiene un considerable impacto social. Se trata de simples gestos que revelan un estado de opinión contrario a los desafueros de Putin y que hieren profundamente el orgullo luciferino y la desorbitada egolatría del dirigente ruso. Debería saber Putin que no estamos en los tiempos de la zarina Catalina o del Zar Pedro el Grande, fundador de su natal ciudad de San Petersburgo. Si no respeta los mínimos estándares de conducta establecidos por la comunidad internacional, no debería de extrañarle que ésta le muestre tarjeta roja. Reacciones ante la invasión rusa La reacción de la comunidad internacional a la agresión de Rusia a Ucrania ha sido de generalizada repulsa, salvo de los países de la órbita comunista, sus seguidores bolivarianos de Iberoamérica, sus aliados asiáticos -como Siria e Irán-, y China, que, no obstante, ha adoptado una actitud de relativa neutralidad. No se ha sumado a la condena, pero tampoco ha apoyado su actuación. Rusia y China –rivales por su ambición de protagonismo a escala mundial- se han convertido en estrechos y coyunturales aliados por mor de que los enemigos de mi enemigo son mis amigos, y Estados Unidos es el cemento que une a unos socios problemáticos. China se opone a la aplicación de sanciones a Rusia, pero no está claro que se esfuerce en contrarrestarlas, porque no le interesa enfrentarse con Estados Unidos, del que sigue dependiendo en la importación de alta tecnología-, ni con una UE, que es uno de sus principales socios comerciales. Si Rusia fuera excluida del sistema SWIFT –lo que aún está por ver-, China le ofrecería su propio sistema “Chinese Cross Border Interbank Payment System”, que es muy inferior al SWIFT. También absorbería buena parte de la producción de gas ruso, pero hay problemas de transporte por la inexistencia un gaseoductos que comuniquen a los dos países, y el proyectado “Power of Siberia-2” tardará aún mucho tiempo en ser operativo. China no ha votado en contra de la condena de Rusia en el Consejo de Seguridad y Xi Yinping ha pedido a Putin que lleve a cabo negociaciones con Ucrania para encontrar una solución al conflicto, y afirmado que China está dispuesta a “trabajar con todas las partes para promover un concepto de seguridad común, integral, cooperativo y sostenible, y a salvaguardar firmemente en sistema internacional de las Naciones Unidas”. China no puede sustituir a Estados Unidos en el suministro de alta tecnología a Rusia y las empresas financieras chinas tienen escaso interés en involucrarse en el mercado ruso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado tras el fiasco de la reunión del Consejo que, aunque el objetivo de solucionar el conflicto no se hubiera logrado, la comunidad internacional nunca debería rendirse y habría de hacer cuanto estuviera a su alcance para que los valores de la paz prevalecieran en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha afirmado que los objetivos de Rusia no se detenían en Ucrania, por lo que la Alianza permanecería en estado de alerta y defendería a cada aliado y cada centímetro de su territorio. A nivel nacional, Pedro Sánchez ha conseguido -tras muchos esfuerzos- que su Gobierno de coalición adopte una posición común en la que se condena a Rusia por su agresión, se apoya a la integridad territorial y se muestra solidaridad con los socios de la OTAN y de la UE. Persisten sin embargo, la cacofonía en el sector minoritario de Podemos, que ha expresado su desconfianza hacia la OTAN, especialmente por parte de Izquierda Unida, que ha reiterado que la Alianza constituía un factor de desestabilización y por ello era urgente su disolución. Es curiosa la distinta reacción de los sectores “progres” ante un mismo hecho según quien gobierne. Cuando la guerra de Irak, a la que el Gobierno de Aznar tan sólo envió un buque-hospital que se mantuvo alejado del escenario bélico, los pacifistas salieron a la calle con sus pancartas de “NO a la guerra”, y ahora que el Gobierno español ha enviado tropas terrestres, navales y aéreas a zonas cercanas al conflicto no han dicho ni esta boca es mía. Los partidos de la oposición han apoyado la postura del Gobierno, de forma incondicional el PP y Ciudadanos, y con algunas reservas mentales Vox. Es cierto el dicho de que “los extremos se tocan”. Podemos y Vox han tenido que condenar a regañadientes la agresión a Ucrania, pero no han perdido la ocasión para criticar a la UE y a la OTAN . Así, en unas declaraciones a TVE, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, se despachó a su gusto criticando a la UE por lo mal que trataba a Polonia y a la Hungría de su amado Orban. Pero quien han reaccionado de la forma más ruin –algo ya habitual en ellos- han sido los separatistas catalanes. El diputado de Junts por Catalunya, Joaquín Calatayud, comparó en el Parlament la violencia de la operación ordenada por Putin con la actuación policial durante las jornadas del referéndum ilegal de 2017, y Oriol Junqueras ha afirmado que en Ucrania –al igual que en Cataluña- había una agresión exterior por parte de un Estado que se quiere imponer y que está condicionado por sus tentaciones autoritarias internas. “El totalitarismo y la corrupción de Putin se parecen a los de algunos partidos españoles”, ha concluido. Como ha señalado “El Mundo“ en su editorial de hoy, “más nos vale tomar conciencia real de hasta qué punto los europeos nos estamos jugando nuestro futuro ahora mismo en Ucrania, toda vez que Putin ha decidido por las bravas dinamitar los fundamentos en los que se asientan nuestra seguridad y prosperidad”. Con su agresión hitleriana a Ucrania, Putin no sólo ha cuestionado el sistema de seguridad europeo con sus pretensiones de volver al “statu quo ante” de la URSS, sino que –como ha observado el profesor Juan Manuel de Faramiñán- ha hecho saltar por los aires el tablero sobre el que se asienta la paz mundial. Madrid, 26 de febrero de 2022

¿Delendus est Partido Popular?

¿“DELENDUS EST” PARTIDO POPULAR? Estaba a punto de escribir un comentario sobre los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León cuando me llegaron los ecos del movimiento sísmico producido en la política española por el enfrentamiento dialéctico fratricida producido entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente y el secretario general del PP, Pablo Casado y Teodoro García Egea. Aunque queden aún algunos puntos por esclarecer el desarrollo de los hechos fue más o menos el siguiente. Enfrentamiento entre la dirección nacional del PP y Díaz Ayuso Díaz Ayuso ganó las elecciones autonómicas madrileñas en mayo de 2021 de forma aplastante, quedando a tan sólo cuatro votos de la mayoría absoluta, sacando más escaños que todos los partidos de la izquierda juntos y pudiendo gobernar en solitario. Este inesperado triunfo frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente, Pablo Iglesias –que tuvo que abandonar la política activa tras su fracaso- no plujo a la dirección nacional del PP, al estimar que la engrandecida figura de la presidente madrileña podría hacer sombra al presidente Casado y dificultarle el acceso a la presidencia del Gobierno. Las lógicas aspiraciones de Ayuso a presidir el PP madrileño aumentaron las suspicacias de García Egea y sus “aparatchiks, que retrasaron “sine die” la convocatoria del Congreso regional e instaron a la presentación de otros candidatos, propugnando la tercera vía de elegir a un candidato distinto de la presidenta de la Comunidad o del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En septiembre, Ayuso se entrevistó con Casado, quien le informó que tenía un “dossier”que le habían filtrado desde la Moncloa, en el que la vinculaba con un asunto de corrupción relacionado con la firma en abril de 2020 de un contrato de la Comunidad con la empresa Priviet Sportive para la adquisición de mascarillas por valor de €1.512.500, en el que había actuado como intermediario a su hermano Tomás. El 20 de octubre, García Egea le informó de la apertura de “un procedimiento de buenas prácticas” para realizar una averiguación interna sobre si su hermano había recibido alguna comisión por la operación, le pidió que aportara más información sobre el caso y le instó -¿amenazó?- a que no presentara su candidatura la presidencia del PP madrileño. Ayuso consultó con su hermano, quien le dijo que la transacción había sido legal y debidamente declarada a Hacienda. La presidenta justificó la firma del contrato por un procedimiento de urgencia por la necesidad de comprar mascarillas para el hospital de campaña instalado en el Ifema. En diciembre, alguien de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento había pedido a la agencia de detectives Mira que le facilitara la declaración de Priviet a Hacienda y datos de sus cuentas bancarias, a lo que ésta se negó por tratarse de una acción ilegal. El director de la agencia, Julio Gutiez, informó de ello a Ayuso, quien a su vez se lo comunicó al alcalde, que dijo no saber nada, pero que lo investigaría. El presidente de la EMV, Álvaro González contactó con la agencia y Gutiez le confirmó el encargo. El 16 de febrero de 2022, “El Mundo” publicó la noticia sobre el intento de espionaje y Martínez-Almeida manifestó que si alguien en el Ayuntamiento había cometido alguna ilegalidad sería cesado. Habló con el coordinador general de la alcaldía, Ángel Carromero, quien, poco después, presentó su dimisión -según Casado- para no comprometer al alcalde. Un día más tarde, Ayuso convocó una rueda de prensa en la que acusó a Casado y a la directiva del PP de urdir un plan para destruirla políticamente y de estar fraguando supuestos casos de corrupción para desacreditarla, incluido un intento de espionaje a su familia con el fin de recabar pruebas contra ella. Señaló que siempre había sido fiel al PP, a su presidente y a la dirección nacional, así como a las relaciones institucionales entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Manifestó que no comprendía cómo, tras haber luchado tanto, habían llegado a “meternos ahora en movimientos absurdos como éste, más propios de personas que no saben lo que es gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna”. Casado guardó silencio, pero lanzó a su doberman particular, García Egea, que se dio por aludido y respondió que había pedido explicaciones a Ayuso por su presunta implicación en un caso de corrupción y que no había obtenido más respuesta que ataques, infundios y calumnias, a los que no habían querido responder (¿?). La dirección nacional no podía aceptar que nadie utilizara las siglas del partido para blindarse antes problemas en los que pudiera verse envuelto. Aunque se pudieran obtener buenos resultados electorales, ello no eximía de los deberes de rectitud y de lealtad. Ayuso había vertido acusaciones gravísimas contra el presidente del PP y contra la dirección nacional que eran inimaginables de creer. “Muchas personas se preguntan ahora mismo si este asunto guarda relación con las diferencias entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto a la fecha de celebración del Congreso del PP de Madrid. La respuestas es Sí”. Pese a reconocer de que no tenían pruebas –en cuyo caso lo habrían denunciado ante los tribunales-, García Egea le ha negado la presunción de inocencia e invertido la carga de la prueba, pidiéndole que demostrara su inocencia. Esta mañana, tanto Casado como Ayuso han en expuesto sus posiciones en la COPE en sendas entrevistas con Carlos Herrera. Casado afirmó había pedido a Ayuso explicaciones porque no era ejemplar que su hermano cobrara una mordida de €283.000 por un contrato adjudicado por su Gobierno, lo que podría llevar a suponer que se había producido tráfico de influencias, pero no le había respondido. Era un tema que se debería haber aclarado en privado y evitado un espectáculo lamentable. Negó que hubiera recibido información directamente de la Moncloa y que le había dicho que no creía que procediera del Gobierno, aunque sí de alguna entidad pública. Desmintió que el PP hubiera contratado a ninguna agencia para investigar a la familia de Ayuso, que no existía prueba alguna contra su partido, y que se estaba haciendo un montaje para evitar poner el foco sobre la cuestión que él pretendía aclarar. Concluyó afirmando que la guerra podría concluir de inmediato si la presidenta explicaba en concepto de qué había cobrado su hermano alrededor de €300.000 por un contrato otorgado por su Gobierno. Diaz Ayuso comentó que su hermano tenía derecho a ganarse la vida como profesional en un sector farmacéutico en el que llevaba trabajando 26 años, que las relaciones comerciales entre particulares no eran ilegales y eran ajenas a la Administración, y que su Gobierno había celebrado miles de contratos por vía de urgencia con muchas empresas y todos habían sido fiscalizados por Hacienda y figuraban en la red de transparencia de la Comunidad. Alegó que no era cierto que no hubiera contestado a las demandas de explicación de la dirección nacional, retó a que alguien probara que ella o sus consejeros habían movido un dedo para beneficiar a su familia, y se quejó de que su partido le achacara -sin prueba alguna- un delito o falta de ejemplaridad, y le exigiera que demostrara su inocencia. Respecto al origen de la información acusatoria, insistió en que Casado le había dicho que procedía de la secretaría general del Gobierno. Procede plantearse la pregunta de “qui prodest?, ¿a quién beneficiaba la filtración? Ha señalado que su hermano recibió €55.850 por su labor de adquirir las mascarillas en China y traerlas a Madrid y no por comisiones. Evolución del PP Por la indefinición ideológica, la falta de respeto a algunos de sus principios básicos y el “dontamcredismo” de Mariano Rajoy, el espacio de centro-derecho que ocupaba el PP se ha ido deshilachando por la izquierda a causa de Ciudadanos y por la derech a causa de Vox. Tras el eclipse de Rajoy por culpa de la moción de censura “frankensteiniana”, Casado lanzó un ilusionado llamamiento a la regeneración del partido y llegó sorpresivamente a la presidencia frente la “pubilla” rajoniana, Soraya Sáenz de Santamaría, pero el impulso regenerador duró poco, pues abandonó la lucha cultural, prescindió de personas de prestigio ideológico como Cayetana Álvarez de Toledo y Gabriel Elorriaga, y se rodeó de mediocres, entre los que destacaba García Egea. Al igual que Irene Montero o Adriana Lastra, no debería éste haber pasado del cargo de concejal en una pedanía murciana. Este Rasputín de provincias es el principal responsable de la lamentable situación del PP, pues le tiene comida la moral a Casado y controla de forma autoritaria el aparato del partido. Se ha enfrentado a todos los barones autonómicos y a los líderes regionales, a los que tiene atados en corto. Rafa Latorre ha dado una adecuada descripción del personaje. García Egea jamás se ha sometido al escrutinio de las urnas, no debe su cargo orgánico al apoyo de los militantes, no ha probado su competencia en la gestión de entidad alguna, ni ha tenido que satisfacer otro criterio que el de Casado. “Su único rastro en la historia del PP será el haber trabajado con enorme eficacia para convertirlo en un partido invotable”. Tiene su mérito ya que ahora se dan todas las condiciones para que el PP crezca vertiginosamente. Todo apunta al éxito, pero el conspira obstinadamente por el fracaso. “Este será su legado, una determinación férrea, verdaderamente encomiable, por arruinar cualquier atisbo de brillantez en el partido”. Es un ejemplo de la sucesión de maniobras con los que ha minado la autoridad de cada uno de los que en el partido gozan de lo que él carece, la “auctoritas” que conceden los votos. Sólo tiene “potestas”, un poder otorgado por la voluntad del presidente y que ejerce de forma brutal. “Este selecto ejemplar de mediocre es capaz de destruir todo un partido con tal de gobernar sus cenizas. El paupérrimo ticket Casado-García Egea ha comprometido el ticket más prometedor del PP en décadas. En el intento de aniquilación de Ayuso, han hecho girones con el pellejo de Almeida, quién sabe con qué grado de complicidad por su parte. Así es como se destruyen las organizaciones”. El PP ha dejado de sangrar por su izquierda por el proceso de desintegración auto-infligido por Ciudadanos, pero Casado ha sido incapaz de recuperar la mayor parte de esos votos, como se ha puesto manifiestos en la elecciones autonómicas en Castilla y León, donde -tras forzar el adelanto de las elecciones- ha fracasado en dar un “ayusazo”, porque Fernández Mañueco no es Ayuso y Madrid –aunque sea Castilla- es muy diferente de Castilla y Léon, y los intereses de los castellano-leoneses no coinciden necesariamente con los de los madrileños. Casado se ha implicado de hoz y coz en la contienda, pero ha errado en la estrategia, al plantear una campaña centrada en el enfrentamiento con Sánchez e ignorado la problemática regional, mientras que Vox se ha pegado al terreno, le ha comido la tostada y se ha embolsado los votos de Ciudadanos y algunos del propio PP, y no ha sido ni siquiera capaz de ganar en su tierra palentina. Ha obtenido una victoria pírrica a los puntos -0.2% más en votación y dos escaños-, pero –como ha observado Raúl del Pozo-, aunque haya ganado el PP, ha perdido Génova, con lo que Casado ha salido debilitado. Al final ha hecho un pan como unas tortas, porque se ha quedado como estaba, pero con la diferencia que, si antes dependía de un socio relativamente fiable como Ciudadanos, ahora va a depender de Vox, que es un “melón por calar”, pero que presenta visos de populismo y afinidades electivas con la extrema derecha europea que pueden resultar peligrosos. La izquierda se ha rasgado las vestiduras y ha ocultado el sartenazo que se ha pegado el PSOE – incluido Sánchez que, se ha involucrado al final de la campaña más de lo prudente-, tras una cortina de humo al grito de “¡que viene el lobo del neofascismo!, y advertido sobre la gran tragedia que sufrirá la democracia si Vox entrara en el Gobierno autonómico. Esto es una muestra más de su falta de espíritu democrático y su complejo de superioridad moral. El PSOE puede formar un Gobierno con comunistas –caso único en Europa- y considerar como aliados preferentes a los separatista de ERC y del PNV, y a los filoetarras de Bildu, pero el PP no puede hacerlo con Vox, que –a diferencias de los socios y aliados del socialismo- es hasta el momento un partido constitucional. ¡Bildu, sí, Vox. No! Casado y su equipo, no han sabido cómo hacer frente al desafío de Vox. Cuando el PP ocupaba todo el espectro de la derecha, los comentaristas elogiaban este hecho y alababan que España fuera el único país europeo que carecía de partidos de extrema derecha. Tras la escisión del Vox del PP, sin embargo, cualquier intento de los populares de recuperar a los hijos pródigos o simplemente de pactar con ellos es considerado como una afrenta a la democracia. Que el PP y Vox formen un Gobierno de coalición en Castilla y León o en cualquier otra Comunidad española sería lo más normal y democrático del mundo, pero no va a ser fácil porque –aparte de las presiones injustificadas de la izquierda- Casado rompió los puentes con Vox y la comunicación con Santiago Abascal con motivo de la moción de censura de este partido contra Sánchez. Se pasó de frenada y, si bien estuvo acertado en la crítica al partido por sus políticas equivocadas, metió la pata hasta el corvejón al humillar injustamente a su presidente. Dijo que el PP había pagado en el País Vasco un tributo de sangre que Vox pisoteaba y que, mientras él estaba en el colegio, Abascal ya desempeñaba cargos públicos, pero calló que el presidente de Vox tuvo que llevar escolta desde niño por estar él y su familia amenazados de muerte por ETA. Las palabras de Casado que -amén de ser falsas- eran de una increíble bajeza moral, fueron rechazadas por muchos de sus votantes, y Abascal nunca las olvidará. Como ha señalado Rajoy en su libro “Política para adultos”, aunque a él no le guste, sólo caben dos opciones en la actualidad : Gobierno Frankesnstein o PP + Vox. El PP debe de negociar con Vox desde la razón y no desde las tripas, acordar un programa de Gobierno del que se excluyan sus extremismos y sus excentricidades, y forzarle a que module sus posiciones en contacto con la realidad de la gobernación, que hasta ahora no ha realizado. Hasta Podemos ha suavizado en buena medida sus posiciones más radicales desde que se convirtió en partido de Gobierno. De realizarse esta coalición, existe el riesgo de que sea el PP el que se radicalice en vez de que Vox se modere, pero hay que correrlo. La actual actitud de Casado no hace más que aumentar el número de seguidores y votantes de Vox, que se estará relamiendo de gusto tras la absurda trifulca entre Casado y Ayuso, y algunos sondeos ya presagian que este partido conseguirá lo que no logró Podemos con el PSOE: sobrepasar al PP y convertirse en la principal fuerza de la oposición. Si la directiva nacional sigue a este paso, puede que la opción apuntada por Rajoy se convierta en Frankesntein o Vox + PP. Casado se está haciendo el harakiri con la inestimable ayuda de su samuray García Egea, y está malogrando una ocasión única de devolver al PP al poder tras la desastrosa trayectoria del Gobierno de Sánchez, aliado con los peores enemigos de España. El partido accedió por última vez al Gobierno no tanto por sus méritos como por los deméritos del PSOE, y ahora no sólo no los aprovecha, sino que suma a ellos los deméritos propios y el cartero no siempre llama dos veces a la puerta. Gracias a la desacertada gestión opositora del PP, vamos a sufrir un nuevo mandarinato del peor gobernante que ha tenido España desde Fernando VII. Reacciones ante los acontecimientos El principal impacto se ha producido obviamente en el seno del PP, que no acaba de salir de su asombro ante el punto al que se ha llegado en este agudo enfrentamiento entre la dirección nacional del partido y la principal Comunidad que gobierna. El PP ha quedado profundamente dividido entre su cúpula directiva, que por lo general se ha alineado con Casado, y las bases del partido, que están con Ayuso. Mas algunos barones, como Alberto Núñez, han señalado que resultaba del todo inaceptable que el propio partido espiara a sus miembros y que, si tal fuera el caso, habría que depurar responsabilidades. Ha criticado a Casado por haber delegado su responsabilidad en el secretario general, porque -en un caso tan importante- era el presidente del partido quien debería dar la cara y tratar de encontrar una solución. Los partidos de la izquierda han aprovechado la ocasión para hacer leña del árbol caído. El PSOE, Podemos y Más Madrid han pedido al Ministerio Fiscal que abra diligencias sobre el caso e inicie el procedimiento penal, en caso de que se considere que se han cometidos delitos de corrupción, tráfico de influencias o prevaricación. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que el PP había dado una muestra más de su grado de corrupción y la camaleónica Yolanda Díaz que el partido está descalificado para gobernar. El PSOE ha vertido lágrimas de cocodrilo al lamentar hipócritamente que la primera fuerza de la oposición se abra las venas en público y traslade una imagen deplorable de enfrentamiento interno, que genera desconcierto y desafecto entre los ciudadanos hacia la clase política. Ha olvidado el espectáculo que ofreció en octubre de 2016, que costó a Sánchez el puesto de secretario general, con acusaciones entre compañeros e intentos de pucherazo en urnas escondidas tras unas cortinas. También ha pasado por alto el “¡no es no!”, las purgas de los fieles al estilo soviético y los continuos enfrentamientos dentro del Gobierno con sus socios de Podemos y su aliados separatistas y filoetarras. Abascal no se ha pronunciado claramente, pero ha dicho que lo que era malo para España, lo era para Vox. Según ha observado Iñaki Ellakuría en “El Mundo·, nadie podrá reprochar a Casado que no haya cumplido con su promesa congresual de trabajar a destajo para impulsar la refundación del centro-derecha español tras el sesteante marianismo, aunque -en un giro inesperado- ésta se acabe materializando a partir de la implosión del partido que por el momento preside, y con el liderazgo de aquellos dirigentes a los que la enloquecida camarilla genovesa –conspiradores sin mañana ni clase- ha querido destruir. La obsesión de la dirección nacional con Ayuso es inexplicable y ha situado al partido en un punto de no retorno, sin posibilidades de sincera reconciliación o pactada conllevancia. “La comparecencia de Ayuso acusando a Casado de intentar acabar con ella de forma cruel y con oscuros tejemanejes, que exhuman el mismo olor que los que sufrieron Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre , así como la inmediata réplica de Teodoro García Egea, insistiendo en dar veracidad al rumor sobre una posible corrupción familiar, de la que admite –cual vulgar opositor podemita o tertuliano preescolar- no poseer mayor prueba documental que un oscuro dossier de fabricación monclovita, hace imposible que Ayuso y Casado puedan seguir mucho más tiempo cohabitando bajo las misma siglas”. Puede que Ayuso haya cruzado una línea roja con excesiva vehemencia, que le puede salir muy cara, pero para ella era una cuestión de decencia personal, amén de política, separarse de los desnortados moradores de Génova 13, sobre todo a raíz de hacerse pública la chapuza del espionaje más propia de la TIA de Mortadelo y Filemón que de un partido serio. Es posible que haya sido llevado a cabo por algunos advenedizos infiltrados en el Ayuntamiento de Madrid para hacer méritos ante sus jefes y no haber sido programado desde la planta noble de Génova, pero se trata de personas adictas a García Egea y han debido contar con su respaldo. En cualquier caso –como en el caso de las meigas- “haberlos, haylos” y, por lo pronto, el ínclito Carromero ya ha presentado su dimisión o ha sido demitido por Martínez-Almeida. “El Mundo” ha publicado un editorial sumamente duro, en el que ha afirmado que no se vuelve del ataque irracional al mejor activo de tu sigla por una mezcla de inseguridad patológica, mediocridad política y celos absurdos. No se vuelve de la alianza clandestina con el adversario político y mediático para completar una pinza siciliana ejecutada, no en aras de la higiene democrática, sino del chantaje partidista. Pero, sobre todo, no se vuelve de la traición frontal a tus votantes y nadie ha vuelto de su propio suicidio. No se entiende la deriva de autodestrucción escogida por la cúpula del PP. “Esa dirección dio crédito a un rumor filtrado por Moncloa contra el hermano de Ayuso, según el cual éste había cobrado una cuantiosa comisión por mediar en la compra de material sanitario vital en la primera fase de la pandemia”. Hasta la fecha, no existe prueba alguna de ilegalidad en su desempeño, ni el PP ja sido capaz de reunirla en tres meses de bochornosa búsqueda a través de una agencia de detectives, a la que recabó la tarea delictiva de obtenerlas sin autorización judicial en el entorno personal y familiar de Ayuso, para tratar de encontrar munición para chantajear a quien sentían que amenazaba su poder. “Los votantes del PP hoy saben que el partido al que votaron o al que pensaban votar estaba dirigido por una desafortunada conjunción de insensatos que ha decidido anteponer sus pequeños intereses a personales a la construcción de una verdadera alternativa de gobierno”. Lo más que se ha llegado a apreciar es una “culpa in vigilando” de Ayuso y una falta de ética al permitir el lucro de su hermano a costa de su Gobierno. El fuego graneado no procede del enemigo sino del amigo, y de él resulta más difícil protegerse, porque –como decía Pío Cabanillas- “cuerpo a tierra que vienen los nuestros”. La ausencia de liderazgo está provocando la desvertebración del PP y la deriva irá cada vez a peor -si la providencia no lo remedia- hasta el desastre final. Los barones han erigido portavoz a Alberto Núñez y pedido el cese de García Egea y/o un congreso nacional del partido. El PP ha iniciado un proceso antropofágico de autodestrucción y, si continúa por esa senda, “delendus est”. Madrid, 18 de febrero de 2022

La ambigüedad del PSC no oculta su apoyo al nacionalismo

LA AMBIGÜEDAD DEL PSC NO OCULTA SU APOYO AL NACIONALISMO Algunas partes de las declaraciones de Joaquim Coll a Iñaki Ellakuría publicadas en «El Mundo”» del 12 de febrero han sido lamentables. El historiador socialista considera al PSOE y al PSC como partidos distintos y exculpa a ambos de la actual situación de abierta subversión que padece Cataluña, La culpa tampoco es de los nacionalistas de toda gama que se han sublevado contra el Estado de Derecho, sino de Mariano Rajoy y de la derecha, sobre la que muestra una obsesión enfermiza y a la que acusa de carecer de sentido de Estado. Ensalza, en cambio, la labor de Pedro Sánchez, que es injusta y excesivamente criticado en base a mentiras. Paso a comentar algunas de las disparatadas afirmaciones de Coll, que espero que no reflejen la posición de Sociedad Civil Catalana, de la que fue uno de sus fundadores. Culpabilidad de Rajoy y de la derecha: Parte acertadamente Coll con la afirmación de que la propuesta independentista es inmoral, al plantear en pleno siglo XXI una ruptura territorial por deseos identitarios. “Sólo un capricho profundamente reaccionario puede justificar la ruptura de los catalanes con el conjunto de España. No existe ninguna discriminación ni maltrato a Cataluña”. Sin embargo, culpa a Rajoy de ser el principal responsable de la situación en Cataluña por su política de apaciguamiento, ya que debería haber aplicado el artículo 155 de la Constitución e intervenido la Generalitat desde el momento en que Artur Mas informó a las cancillerías europeas de la celebración el 9-N de un referéndum de autodeterminación, pero no se atrevió a hacerlo. ¿Habría apoyado el PSC la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno central? Albergo profundas dudas al respecto, porque -cuando el PSOE se decidió a apoyar la aplicación del artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia de 2017- el PSOE y Ciudadanos le impusieron tales condiciones que la hicieron inviable: no abordar la reforma de la educación y el control de los medios de comunicación, no desmontar la estructura de Estado que había construida el Govern, y forzar la celebración rápida de elecciones, que permitieron que los secesionistas siguieran monopolizando el poder político, social, económico cultural y mediático de Cataluña. ”La política de apaciguamiento fue muy perjudicial. Rajoy fue un irresponsable que lo dejó todo en manos de la Fiscalía y los jueces” Pero, ¿fue el PP el único partido que propició el apaciguamiento? A Rajoy le cupo buena parte de responsabilidad - más por omisión que por acción-, pero los principales responsables fueron los nacionalistas con la connivencia del PSC. El ex-presidente Rajoy no dejó el tema en manos de los tribunales, sino que éstos tuvieron que intervenir ante las continuas y reiteradas violaciones de la Constitución y de las leyes, y gracias a ellos y al Rey se evitó la secesión de Cataluña, El impecable discurso del 3-O de Felipe VI –según Coll- resultó decisivo y fue una intervención valiente ante la pasividad de Rajoy. Sentido de Estado: A juicio de Coll, al PSOE le ha faltado a veces sentido de Estado, pero no tanto como a la derecha, “Sigue siendo un partido claramente de Estado por mucho que esté gobernando con grupos desleales al proyecto colectivo español”..¿Tiene realmente sentido de Estado un partido que se asocia y cuenta como aliados con quienes pretenden desintegrar la nación española? “El problema de las derechas en España es que, como hay una hegemonía socialdemócrata muy sólida, a menudo se agarra a temas de consenso y los utiliza contra el PSOE […] La derecha española peca de falta de sentido de Estado cuando no está en el poder”. El PP, sin embargo, ha ofrecido al Gobierno pactos de Estado sobre la Justicia, la Política Exterior, la Economía, la Educación, las Migraciones o la Política Demográfica, pero Sánchez no ha respondido a sus ofertas y ha ignorado olímpicamente a la oposición. El PSOE en España y el PSC en Cataluña han establecido un cordón sanitario en torno al PP desde el Pacto del Tinell. Coll ha afirmado que la gran hipocresía es que para el PP el concierto vasco y el cupo navarro sean intocables y haya blindado un proyecto de insolidaridad fiscal entre españoles que es escandaloso. Estoy de acuerdo con la injusticia del régimen fiscal especial de estas dos autonomías –concesión que los diputados constituyentes hicieron para que el pueblo vasco apoyara la Constitución de 1978, cosa que no consiguieron- que es insolidario y discriminatorio para las demás Comunidades Autónomas, pero resulta ridículo culpar de ello al PP, cuando este sistema privilegiado ha sido apoyado por todos los partidos excepto Ciudadanos. El PSOE no sólo ha respaldado plenamente el cupo vasco, sino que lo ha rodeado de opacidad, lo ha fijado de forma arbitraria y está continuamente haciendo rebajas sobre su importe. Por si no fuera suficiente, ha cedido al Gobierno vasco la gestión de la Renta Mínima Vital y del régimen económico de la Seguridad Social, lo que deja sin efecto la competencia exclusiva del Estado sobre ella y rompe la unidad de caja, lo que es contrario a la Constitución. Política de Sánchez Para Coll, Sánchez es un político que intenta sobrevivir y mantenerse en el poder -lo que le parece muy normal-, pero, ¿puede hacerlo a costa de gobernar con los antisistema de Podemos y de aliarse con los separatistas de ERC y el PNV, y con los filoetarras de Bildu? Su único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio. Gracias a su «no es no», evitó –según el historiador-que el PSOE fuera sobrepasado por Podemos, con el que acabó por gobernar tras un giro sainetesco del que culpó a Albert Rivera por su negativa a formar un Gobierno PSOE-Ciudadanos. Pero, ¿ofreció Sánchez a Rivera la posibilidad de formar un Gobierno de coalición? Coll ha dicho que Sánchez era un «españolazo», lo que no sé si supone un piropo o un insulto. Ante los ataques a Sánchez, se ha preguntado el entrevistado en qué había cedido el PSOE a ERC y en qué había traicionado a la democracia en España. A la primera pregunta cabe responder que en muchas cosas: en la aceptación del derecho a decidir, el apoyo a un referéndum, la creación de una mesa de dialogo en pie de igualdad entre el Gobierno y la Generalitat, el reconocimiento de la existencia de un conflicto entre España y Cataluña, la admisión de un mediador internacional para solucionar dicho conflicto, la concesión injusta e injustificada de indultos a los secesionistas, la tolerancia con la «política exterior» de la Generalitat, el tratamiento privilegiado en el ámbito económico, la cobertura a coste cero de la deuda-basura de Cataluña, las críticas al Tribunal Supremo por la sentencia del «procés», las presiones sobre el Tribunal de Cuentas para que aceptara el aval de la Generalitat a los políticos condenados y no los multara, la intención de rebajar los delitos de rebelión y de sedición, el incumplimiento del Gobierno de su obligación de hacer cumplir las sentencias, o la inacción ante las continuas violaciones de la ley por parte de las autoridades catalanas. Respecto a la segunda pregunta, el PSOE actual no es que haya dejado de ser socialdemócrata, sino que ya ni siquiera es socialismo, sino “sanchismo” puro y duro. Sánchez ha traicionado la democracia poniendo en tela de juicio la Transición, tratando de controlar el poder judicial, restringiendo las competencias del Consejo General del Poder Judicial, desprestigiando la monarquía y sustituyendo al Rey en su representación del Estado , gobernando con un partido partidario de la desintegración de España, teniendo como aliados a los separatistas de ERC y a los herederos de ETA, blanqueando a Bildu y a sus dirigentes, dando un tratamiento de favor a los terroristas-liberados de la cárcel merced a la generosidad del sistema penitenciario español y a la voluntad política del Gobierno-, humillando continuamente a las víctimas del terrorismo, y promoviendo el guerracivilismo y el enfrentamiento de los españoles con leyes como las de Memoria Histórica o Democrática. Desconstitucionalización del PSC: Aunque formalmente sea un partido independiente del PSOE, el PSC es su «franquicia» en Cataluña y debe obediencia y lealtad a la casa madre, aunque no siempre haya sido así, como cuando los socialistas catalanes – entre los que se encontraba la actual presidenta del Congreso, Meritxel Batet- votaron contra la candidatura de Rajoy en la formación de su primer Gobierno. En las cuestiones territoriales o relacionadas con Cataluña, el PSOE ha ido siempre a remolque del PSC, como se puso de manifiesto cuando sustituyó la Declaración de Granada (2013) por la de Barcelona (2017) en la cuestión de organización del Estado. Mientras en la primera el Congreso del PSOE se pronunció por una estructura federal simétrica, en la segunda –por la presión del PSC- viró hacia un federalismo asimétrico que aceptaba las aspiraciones nacionales de Cataluña. . En el partido ha habido desde su creación dos almas bien distintas: una nacionalista integrada por miembros de la burguesía catalana – que llevaban las riendas del partido- y otra proletaria charnega, que soportaba mal las veleidades nacionalistas de sesgo separatista. Pese a su rivalidad electoral, los dirigentes socialistas siempre se han llevado bien con la rama izquierdista del nacionalismo representada por ERC, con la que cogobernó en dos tripartitos. El nefasto fontanero mayor del PSC, Miquel Iceta, siempre coqueteó con el nacionalismo, aceptó el derecho a decidir y la celebración de un referéndum, quitó importancia a la sedición del 1-O, criticó el fundamental discurso del Rey, se negó a que el partido participara en la multitudinaria marcha constitucionalista del 8-O, propugnó los indultos de los políticos secesionistas condenados, y favoreció las coaliciones con ERC en las instituciones. El sucesor Salvador Illa ha seguido esta tónica y -pese a haber ganado las elecciones- hace una oposición descafeinada. Se opone a la formación de un bloque opositor constitucionalista y siempre ha estado dispuesto a pactar con el Govern y a formar un nuevo tripartito con ERC y los Comunes. Aunque sea consciente de que detrás del proceso de construcción nacional hay un proyecto identitario y totalitario, lo apoya. Coll ha dicho que la pretensión de la derecha de excluir al PSC del constitucionalismo es un gran error, pero el centro-derecha no ha hecho tal cosa, sino que le ha tirado los tejos para que se incorpore a una oposición constitucionalista coordinada, y ha sido el partido el que se ha auto-excluido. Si –como dice el Evangelio- “por sus obras los conoceréis”, las del PSC están más cerca del nacionalismo que del constitucionalismo, e incluso que del socialismo. Federalismo Coll se ha pronunciado por el federalismo para solucionar el conflicto territorial. entre Cataluña y el resto de España. Aunque reconozca que el régimen autonómico es cuasi-federal, -una versión vergonzante del federalismo- estima que falta en España cultura federal, cooperación, lealtad y cogobernanza, porque “el problema de España es que no tiene una identidad territorial. El federalismo como idea fuerza nos daría identidad como país”. Se ha preguntado cuál era el modelo territorial de la derecha española y la respuesta resulta bastante obvia: el mantenimiento del régimen autonómico mejorado para el PP, y su supresión y vuelta al centralismo,para Vox. Cabe preguntar cuál es el modelo del PSOE, porque –como ha comentado con sorna Pedro García Cuartango- no había conseguido enterarse de cuál era su política al respecto, pues no sabía si iba hacia el Ártico o al Sáhara, y que “el trompeteo del federalismo no iba a derribar los muros de Jericó de quienes rechazaban la Constitución”. Lo que realmente falta en el socialismo es conocimiento de lo que supone un sistema federal, José Montilla descubrló la pócima mágica del federalismo asimétrico cocinada por Pasqual Maragall. El experto constitucionalista del PSOE, Ramón Jáuregui, mantuvo que la Constitución tenía carácter ““federalizante”, y que era sostenible que en un Estado federal hubiera diferencias entre los Estados federados en función de peculiaridades tales como la historia, la lengua o la insularidad, Para Enric Juiana, el federalismo permitía reconocer, respetar e integrar la diversidad y las singularidades de los territorios, la cohesión social y la igualdad, así como asumir la importancia de los sentimientos y las identidades diversas. En un manifiesto sobre “Renovar el acto constitucional” publicado en 2018 en “El País”- ,varios intelectuales de izquierdas mantuvieron que las reivindicaciones “nacionales” de Cataluña, del País Vasco y de otros territorios con demandas de tipo identitario no deberían ser entendidas como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado, sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática, que deberían ser atendidas por todos y entre todos, procurando “acomodos” que no violentaran la convivencia. El problema del federalismo radica –según Javier Zarzalejos- en que se convierte en lo que los supuestos federalistas quieran que sea en cada caso. Utilizan lo federal como un concepto elástico, que lo mismo sirve para etiquetar criterios anacrónicos, como para argumentar a favor del destejer confederal del Estado. Esta ambigüedad y las interpretaciones más diversas y variopintas que de él hacen sus promotores en función de sus intereses, provocan que existan concepciones bien distintas sobre la federación a proponer. El PSOE propugna un federalismo asimétrico que tiene más de asimetría que de federación y la propuesta del PSC – avalada por aquél- ignora los principios básicos del federalismo, No existe un modelo único de Estado federal y los más de treinta Estados federales existentes tienen sus características peculiares, pero todos ellos poseen un rasgo común, que es su carácter igualitario y el reconocimiento de que todos los Estados federados y sus ciudadanos tienen los mismos derechos. Según el profesor Jorge de Esteban, las competencias del Estado federal y de los Estados federados se recogen en una Constitución federal que está por encima de las Constituciones federadas, en virtud de una cláusula de “”supremacía federal” por la que, en caso de que surgiera un conflicto entre las normas de una y las otras, prevalecería la primera. Puede que el Barça sea más que un club, pero un Estado federado no es más que otro. En cualquier caso, los nacionalistas no aceptan que Andalucía o Castilla y León , Murcia o Extremadura sean iguales a Cataluña, y rechazan la propuesta socialista por no ser suficientemente asimétrica a favor de ésta. Educación Mantiene Coll que el PSC no fue el padre de la inmersión escolar, sino que ésta fue una propuesta sobrevenida a finales de los 80 con algunas experiencias pioneras que podrían tener algún sentido por una lógica excepcional y por las circunstancias de algunos centros educativos, pero “nunca tuvo el consenso de que fuera el modelo normativo para todos los alumnos catalanes”. Si hubo un consenso sobre la lengua, éste fue el de la normalización, con la defensa y el refuerzo del catalán, pero huyendo del actual modelo de política monolingüe. “La inmersión es una anomalía que no existe en ningún sitio del mundo”. Es además mala porque vulnera los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes y los menosprecia. También es negativa para el catalán porque lo convierte en una lengua antipática de imposición, Estoy de acuerdo con esta opinión. ¿Bajó la inmersión inopinadamente del cielo? En absoluto, ya que fue preparada de forma concienzuda por Jordi Pujol, que supeditó la construcción de la “nació” a la normalización lingüística. Tras recibir en 1980 las competencias educativas, el Govern creó la Dirección de Política Lingüística para “normalizar” el catalán. Trazó ésta un modelo educativo para la red escolar basado en la inmersión lingüística en catalán. La primera manifestación de inmersión se produjo en 1983 en Santa Coloma de Gramanet y en otros pueblos del cinturón rojo de Barcelona que eran predominantemente hispanoparlantes, y estaba justificada en algunos casos para permitir que los hijos de los inmigrantes aprendieran el catalán. No sé si fue un invento del PSC –como algunos socialistas sostienen-, pero gozó desde el principio de su beneplácito. Atribuye Coll el “contagio inmersor” a que la hegemonía nacionalista era tan fuerte que convenció al partido de que ese debería ser su modelo educativo. El hecho es que el sistema se aplicó con carácter general a partir de la Ley de Educación Catalana de 2009 -adoptada bajo un Gobierno tripartito presidido por un socialista-, que establecía el catalán como lengua vehicular de la enseñanza y autorizaba a la Consejería de Educación a fijar el curriculum y el número de horas para su uso. El PSC lo ha apoyado y lo sigue apoyando a muerte, y se ha sumado al proyecto de la Generaitat de blindar aún más la inmersión. El inefable Montilla ha declarado que no hay problemas para el español en Cataluña, que la inmersión no es un método para perjudicar al castellano, y que no hay que judicializar el problema lingüístico, sino resolverlo en el marco de la Administración educativa. Se necesita tener desfachatez para hacer estas afirmaciones. Los heroicos padres de alumnos hispanoparlantes que han recurrido a los tribunales no lo han hecho por capricho, sino porque no se les ha dejado otra opción. La Consejería de Educación ha desatendido sistemáticamente sus reclamaciones y ha impuesto, no ya la inmersión, sino el monolingüismo en catalán. La Generalitat, la Consejería de Educación y los directores de las escuelas se han negado a aplicar no sólo las sentencias individualizadas –que no creaban jurisprudencia y sólo se aplicaban al interesado-, sino también las dictadas por el TSJC –avaladas por Tribunal Supremo- estableciendo una enseñanza de al menos el 25% de las horas de clase en español. El continuado desacato alcanzó su punto culminante con el triste caso de la niña de Canet. La repercusión ha sido tan grande y la desaprobación ha alcanzado tan alto nivel -incluso en Cataluña- que el PSC se ha dado cuenta de que le convenía matizar su postura de apoyo incondicional a la inmersión y de rechazo de las sentencias del 25%. La Fundación Campalans organizó el pasado 28 de enero unas Jornadas para Renovar el Consenso Lingüístico en Cataluña, en las que la solución que se ha sugerido ha sido la de que se cumplan las sentencias mediante la enseñanza en español de una asignatura troncal adicional a la de Lengua Española. Habrá que esperar a ver cuál será la reacción final de la Generalitat sobre la aplicación de la citada sentencia. Ha concluido Coll que los nacionalistas han perdido el debate de la escuela, ya que muy pocos catalanes están en contra de que el 25% de las horas de clase se impartan en español, y que la hegemonía cultural incontestable e incontestada del nacionalismo se ha acabado en Cataluña. Asimismo ha afirmado que “el proceso independentista, entendido como el avance por la senda unilateral, está muerto”. Que Dios le oiga, pero mucho de temo que semejantes afirmaciones ofrecen pocos visos de verosimilitud y están plenas de voluntarismo. Madrid, 15 de febrero de 2022

Malvinas se parece a Gibraltar, pero el Gobierrno español no se parece al argentino

MALVINAS SE PARECE A GIBRALTAR, PERO EL GOBIERNO ESPAÑOL NO SE PARECE AL ARGENTINO El 3 de febrero asistí por invitación del Embajador argentino en Madrid, Ricardo Alfonsín ,a una Mesa redonda sobre las Islas Malvinas, en las que intervinieron el catedráticos de Derecho Internacional de la UAM, Antonio Remiro, el profesor del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Marcelo Cohen, y el embajador Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Se trataba de una cuestión de gran interés, especialmente por su paralelismo con Gibraltar. Datos sobre Malvinas Malvinas es un pequeño archipiélago de más de cien islas, situadas en el Océano Atlántico del Sudoeste entre los paralelos 51º y 53º latitud Sur, y los meridianos 57º y 62º de longitud Oeste, situado a 550 kilómetros de la entrada del estrecho de Magallanes. Tiene una extensión de 12.173 kilómetros cuadrados y una población –según datos de 2016- de 3.398 habitantes y miles de ovejas. Es un territorio británico de ultramar presidido por la reina Isabel II a través de un Gobernador, y –pese a su insignificancia- cuenta con una Constitución aprobada en 1985, una Asamblea Legislativa, una Corte Suprema de Justicia y un Gobierno. En 2013 celebró un referéndum democrático a la búlgara, en el que el 98.8% de la población se mostró favorable a mantener la soberanía del Reino Unido sobre el territorio. El archipiélago perteneció al Virreinato del Río de la Plata y, tras la independencia de Argentina en 1810, España se lo cedió junto con los demás territorios del Virreinato. El Gobierno argentino tomó posesión de las Malvinas en 1820, pero -en 1833- la fragata “Clio”, comandada por John Oslow, desembarcó en el archipiélago y se apoderó de él tras derrotar a la pequeña guarnición argentina allí establecida. El embajador argentino en el Reino Unido, Manuel Moreno, presentó una nota de protesta alegando que las Malvinas pertenecían a Argentina, porque le habían sido cedidas por la Corona española, pero el primer ministro inglés, Lord Palmesrton, le contestó que SM Católica había reconocido la soberanía de SM Británica sobre las citadas islas. Inglaterra estableció una base naval en Puerto Stanley, desde donde dominaba el tráfico por el Atlántico suroccidental y el acceso al estrecho de Magallanes y a la Antártida. En 1945, el Gobierno argentino planteó ante la ONU el caso de las Malvinas, que fueron incluidas por Gran Bretaña un año después en la lista de territorios no autónomos y, desde entonces, está pendiente de descolonización, de conformidad con la “Declaración sobre la concesión de independencia de los países y pueblos coloniales”, adoptada en 1960 por la Asamblea General en su resolución 1514(XV). La Asamblea adoptó en 1965 la resolución 2065(XX), en la que invitaba a los Gobiernos de Gran Bretaña y de Argentina a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité especial encargado de la aplicación de la citada Declaración, con el fin de encontrar una solución pacífica al problema de la descolonización de las Malvinas, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta y la resolución 1514(XV), y los intereses de la población de las islas. Como el Gobierno británico se negaba a negociar y la situación se encontraba en punto muerto, la Asamblea adopto en 1973 la resolución 3160(XXVIII), en la que instaba a las partes en el conflicto a que se abstuvieran de adoptar decisiones que empeoraran la situación mientras las islas estuvieran en proceso de negociación. Agravamiento del conflicto de las Malvinas El 2 de abril de 1982, la Junta Militar presidida por el general Leopoldo Galtieri envió por sorpresa una expedición naval a las Malvinas y las ocupó sin causar víctimas, tras la rendición de la pequeña guarnición británica. Al día siguiente, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 502(1982) que pedía el inmediato cese de las hostilidades y la retirada de las fuerzas argentinas de las isla, e instaba a los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido a que procuraran hallar una solución diplomática al conflicto. El Gobierno de Margaret Thatcher reaccionó con el lanzamiento de la “Operatión Corporate” y el envío de una importante flota aeronaval de 2 portaviones, 15 fragatas, 8 destructores, 6 submarinos –uno de ellos nuclear-, 3 dragaminas, 2 buques de asalto, 25 petroleros y 117 aviones. El 2 de mayo fue hundido el crucero “General Belgrano”- que causó numerosas víctimas- y el 26 , el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 505(1982), por la que nombraba como mediador al Secretario General, Javier Pérez de Cuéllar, quien presentó un plan de alto el fuego y de retirada de tropas, que fue rechazado por las dos partes. Las fuerzas británicas se impusieron fácilmente a las argentinas y el 14 de junio tuvo lugar la rendición de Argentina, tras 74 días de guerra que provocaron 650 muertos en el bando argentino y 255 en el británico, así como miles de heridos por ambas partes. La frivolidad e inconsciencia con las que la Junta Militar se lanzó a la guerra fue desastrosa para la dictadura argentina. Galtieri fue sustituido por el general Reynaldo Bignone, quien convocó elecciones que pusieron fin al Gobierno militar. Las consecuencias diplomáticas, sin embargo, no fueron tan graves. La Asamblea General adoptó la resolución 37/9 en la que afirmaba que la guerra no había alterado la vigencia de la naturaleza de la disputa, y reiteraba a los dos Gobiernos la necesidad de que reanudaran las negociaciones para resolver el contencioso. Las consecuencias del conflicto armado se resolvieron mediante negociaciones celebradas en Madrid. En 1989 se firmó una Declaración conjunta –Madrid I- por la que se acordó el fin de las hostilidades, la renuncia por ambas partes a reclamar compensaciones por la guerra, la eliminación de zona de protección establecida por Gran Bretaña, el restablecimiento de las relaciones consulares, la reanudación de las comunicaciones aéreas y marítimas, y la aceptación del “paraguas de soberanía”, por el que ambas partes mantenían sus posiciones sobre el conflicto las Malvinas, Un año después, se firmó otra Declaración –Madrid II-, por la que se reanudaban las relaciones diplomáticas, se suprimían los visados, se normalizaban las relaciones comerciales y financieras, y se tomaban medidas para la seguridad de la navegación marítima y aérea. La guerra por las Malvinas perjudicó a España en relación con Gibraltar. Tras la firma por Marcelino Oreja y Peter Carrington de la Declaración de Lisboa de 1980, España y Gran Bretaña se habían comprometido a resolver el conflicto de Gibraltar de forma negociada de conformidad con las resoluciones de la ONU, pero el incidente de las Malvinas provocó un endurecimiento en la posición de Thatcher, que destituyó al conciliador Lord Carrington y suspendió las negociaciones sobre Gibraltar. Cuestiones jurídicas Cohen puso de manifiesto que –a diferencia de en el caso de Gibraltar- no se había concluido ningún tratado entre Argentina y Gran Bretaña sobre las Malvinas, que habían sido ocupadas en 1833 por la fuerza de las armas, que los Gobiernos argentinos habían planteado el caso a la ONU y solicitado la celebración de negociaciones con el Reino Unido sobre la cuestión de la soberanía del archipiélago a lo que éste se había negado de forma sistemática, que todos los Gobiernos argentinos habían exigido de forma continuada e insistente desde el primer momento la devolución del territorio y adoptado al respecto una política de Estado, que se habían mostrado abiertos al diálogo y a cualquier forma de solución de controversias –incluida la solución judicial o el arbitraje-, y que el error que supuso el ataque de la Junta Militar a las Malvinas había perjudicado políticamente a Argentina, pero no jurídicamente. Carmona afirmó que la cuestión de las Malvinas era un punto clave en la política exterior de Argentina, que contaba con el apoyo de todos los partidos políticos, las fuerzas sociales y la opinión pública de Argentina, e hizo un llamamiento a los Gobiernos para que respaldaran la justa causa argentina y presionaran al Reino Unido para que accediera a negociar de buena fe sobre la descolonización del territorio. Expresó su agradecimiento a España por la creación en 2018 de un Grupo de Apoyo a Argentina, en el que participaban los ex–presidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y otras destacadas personalidades como Javier Solana o José Manuel García-Margallo, quienes habían hecho una Declaración a favor de la reivindicación argentina sobre el archipiélago. Quien más se extendió en el examen de las cuestiones jurídicas que afectaban a las Malvinas fue el profesor Remiro, quien analizó los puntos fundamentales de la población de las colonias y del uso de la fuerza. 1.-Población de las colonias Señaló Remiro que había que tener en cuenta la existencia de diversos tipos de población en una colonia: los ciudadanos de la potencia colonial ocupante, los habitantes del país ocupado, los deportados del territorio ocupado, y los importados en dicho territorio. La actuación de Gran Bretaña en sus colonias –fuera Malvinas o Gibraltar- seguía un método programado al milímetro: ocupación por la fuerza de las armas y creación de una base militar, expulsión de la población nativa, importación de una población de aluvión, concesión a esta población artificial del derecho a la libre determinación –negada a los nativos expulsados de la colonia-, otorgamiento de una Constitución y establecimiento de órganos de Gobierno –ejecutivo, legislativo y judicial-, celebración de un referéndum a la búlgara para que la población importada aceptara con entusiasmo la dominación colonial de la metrópoli -en el caso de Malvinas, el referéndum celebrado en 2013 fue aprobado por el 98.8% de los votos-, y creación de un ente ficticio con apariencias de constitucionalidad y democracia bajo el control remoto del Gobierno de su Graciosa Majestad. Esto lo ha hecho Gran Bretaña en Malvinas o en Gibraltar, pero no en Hong Kong, porque se hace grande con los pequeños y empequeñece ante los grandes, como la República Popular de China. En una ocasión, José Virgilio Conchero le preguntó al Secretario del Foreign Office -en una conversación “off the records”- cuándo iba el Reino Unido a devolver Gibraltar, como había hecho con Hong Kong, y el ministro le contestó –con una mezcla de cinismo y candor- que cuando España fuera como China. En una hábil estratagema, Gran Bretaña ha convertido lo que es un problema de descolonización en una cuestión de ejercicio de libre determinación de los pueblos, saltándose a la torera la “Declaración Colonial”, en especial el párrafo 6 de la resolución 1514(XV) que establece que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Por tanto –como señaló Remiro-, una población artificialmente importada en una colonia no tenía derecho a ejercer la libre determinación para pronunciarse sobre el futuro de dicho territorio. Sí deberían, en cambio, poder ejercer dicho derecho los habitantes nativos deportados al continente argentino o a la Línea, desde las islas Malvinas o desde Gibraltar, o sus descendientes. Sin embargo, en el preámbulo de la Constitución otorgada por Gran Bretaña a Gibraltar, el Gobierno británico se ha comprometido a no concertar acuerdo alguno por el que la colonia pasara a depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad libre y democráticamente expresada. Ello equivale a conceder a una población artificialmente importada un veto al cumplimiento de la disposición del Tratado de Utrecht de 1717 que prevé la devolución de Gibraltar a España, 2.-Uso de la fuerza Respecto al uso de la fuerza, reconoció Remiro que –de conformidad con el artículo 2-4 de la Carta- los Estados se debían abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, lo que suponía la prohibición de la guerra y de cualquier conflicto armado, y del recurso a la fuerza. Esta prohibición, sin embargo, se estableció en 1945 y, con anterioridad a esa fecha –que era cuando habían surgido conflictos como los de Malvinas o Gibraltar- ciertas guerras o el uso de la fuerza no estaban prohibidas por el Derecho Internacional. España, recurrió a la guerra y al uso de la fuerza en los siglos XVIII y XIX para intentar recuperar Gibraltar. La Carta también reconoce el derecho a la libre determinación de los países y pueblos coloniales, que ha sido desarrollado por la resolución 1514(XV) y por la resolución 2625(XXV) de 1970, que contiene una “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de la ONU”. Según esta Declaración, cualquier Estado tiene el deber de promover la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos con el objeto de “poner fin rápidamente al colonialismo”, y de tener en cuenta que “el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjera constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos”. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a dichos pueblos de su derecho a la libre determinación y a la independencia. “En los actos que realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, a la libertad y a la independencia, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta”. Según la “Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de la abstención de a amenaza o de la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales” -contenida en la resolución 42/22 de la Asamblea General de 1992-, nada de lo dispuesto en dicha Declaración podía redundar en detrimento del derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a regímenes coloniales o a otras formas de dominación extranjera, “ni del derecho de esos pueblos a luchar con tal fin”. Resulta obvio que la resistencia que estos pueblos ofrezcan o la lucha que realicen no será exclusivamente pacífica y que alguna fuerza tendrán que utilizar. De hecho, muchos de los Estados que han accedido a la independencia como consecuencia del proceso descolonizador han tenido que recurrir a la violencia para conseguir su objetivo. Semejanzas y diferencias entre Malvinas y Gibraltar Durante el debate se planteó la cuestión de cuáles eran las semejanzas y las diferencias existentes entre el conflicto de Malvinas y el de Gibraltar. La semejanzas eran obvias: Ocupación de un territorio que formaba parte de un Estado por Gran Bretaña mediante el recurso a la fuerza, expulsión de la población local y sustitución por otro grupo poblacional importado del extranjero, otorgamiento de una Constitución y de los elementos estructurales de un Estado –poderes ejecutivo, legislativo y judicial-, reconocimiento a la población importada del derecho a la libre determinación de la colonia, celebración de un referéndum para confirmar el dominio colonial británico, sustitución de la descolonización por el ejercicio del derecho a la libre determinación, petición de la ONU para que se celebren negociaciones a fin de decidir sobre la descolonización del territorio, renuencia del Reino Unido a negociar, y negativa a hablar sobre quién ostenta la soberanía sobre la colonia. Para Remiro, las principales diferencias radican en la inexistencia de un tratado entre Gran Bretaña y Argentina sobre las Malvinas, la proximidad de Gibraltar a España y la lejanía de las islas del continente argentino, y la total dependencia de Malvinas de la potencia colonial y de la empresa que monopoliza la actividad económica en el archipiélago. A ellas cabe añadir -a mi juicio- la existencia de un compromiso del Reino Unido –plasmado en un tratado- de devolver el Peñón a la Corona de España, y la distinta actitud de los Gobiernos de Argentina y de España –al menos de sus últimos Gobiernos socialistas- respecto a la reivindicación de soberanía sobre sus territorios sometidos a dominación colonial. La inexistencia de un tratado anglo-argentino sobre las Malvinas ha hecho imposible la inclusión de una cláusula como la contenida en el Tratado Utrecht –única base jurídica para la soberanía del Reino Unido sobre el Peñón- por la que “si en algún tiempo la Corona de la Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier forma la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la Corona de España la primera opción antes que a otros para redimirla”. Esta inequívoca disposición hace jurídicamente inviable la concesión de la independencia a Gibraltar, si bien los Gobiernos británicos interpretan a su antojo el citado Tratado, aplican las cláusulas que les interesan e ignoran las que les perjudican, como la prohibición de comunicación terrestre entre el Peñón y el hinterland hispano del istmo, la mitad del cual ha sido ocupada por Gran Bretaña sin gozar de título jurídico alguno. Pero la principal divergencia radica en la diferente actitud de los respectivos Gobiernos en relación con la reivindicación histórica de la soberanía sobre los territorios ocupados por el Reino Unido mediante el uso de la fuerza. Ello se basa en el distinto talante social de uno y otro país, como se pone claramente de manifiesto con la actitud de los pueblos de Argentina y de España hacía sus respectivas enseñas nacionales. Los argentino se sienten orgullosos de su bandera albiceleste, que suele ondear en sus domicilios. Los colegios abren cada día su actividad escolar con una solemne ceremonia en la que se iza el pabellón nacional, y es un honor para los estudiantes ser su postaestandarte –algunos de mis nietos gozaron de este privilegio durante su etapa escolar en Buenos Aires-. Cabe imaginar la que armarían los biempensantes “progres” si ocurriera algo semejante en España, donde sus ciudadanos sólo osan mostrar la bandera rojigualda en los espectáculos deportivos, salvo los nacionalistas catalanes y vascos, que bien que alardean de sus enseñas regionales. Todos los Gobiernos argentinos han mantenido ininterrumpidamente desde 1833 la reivindicación de la recuperación de las Malvinas. Los Gobiernos españoles de la Monarquía, la República, el franquismo y la democracia también han mantenido –salvo algún que otro agujero fruto de la debilidad política del Gobierno de turno- la reclamación de la devolución de Gibraltar, hasta el infeliz advenimiento al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Como afirmó en 1992 el ministro de Asuntos Exteriores socialista, Francisco Fernández Ordóñez, “la reintegración del territorio de Gibraltar a España es un objetivo permanente de todos los Gobiernos españoles sobre el que están de acuerdo todas las fuerzas políticas por encima de las ideología y partidos […] Al servicio de este objetivo político irrenunciable, la estrategia del Gobierno español se puede resumir así: España ha renunciado a la violencia como medio para conseguir la descolonización de Gibraltar –que según las Naciones Unidas no puede consistir nada más que en la reintegración a España- debe conseguirse mediante negociaciones entre España y el Reino Unido”. El también socialista Rodríguez Zapatero rompió con esta trayectoria histórica, dio protagonismo en el conflicto al “Gobierno” de Gibraltar en pie de igualdad con los signatarios del Tratado de Utrecht, y admitió que se tuvieran en cuenta a la hora de llegar a un acuerdo para la descolonización del territorio, no ya los “intereses”, sino también a las “aspiraciones” de la población gibraltareña –el 94% de la cual había apoyado la continuidad del dominio británico en un domesticado referéndum-. Pedro Sánchez ha seguido lamentablemente esta táctica entreguista y -en momentos en que España ha sumado a su bien asentada posición jurídica una situación política favorable tras el Brexit- ha dilapidad esta favorable coyuntura y llegado a un lamentable acuerdo con el Reino Unido el último día del año 2020 para aplicar los beneficios del régimen de Schengen a Gibraltar, que es sumamente favorable para los gibraltareños y perjudicial para los españoles. La UE le ha echado un cable al fortalecer la posición de España en las negociaciones que está celebrando con Gran Bretaña para firmar un Acuerdo al respecto, pero el Gobierno de Sánchez no parece dispuesto a recogerlo e insiste en su política de gratuitas concesiones a Gibraltar. Argentina ha hecho de las Malvinas una cuestión de Estado y mantenido de forma constante e ininterrumpida su reivindicación sobre el archipiélago. El actual Gobierno español ha dejado de considerar Gibraltar como una cuestión de Estado y quebrado la irrenunciable línea reivindicadora de España. Aunque Malvinas y Gibraltar se parezcan bastante, los Gobiernos de España apenas se parecen a los de Argentina en esta cuestión. Madrid, 12 de febrero de 2022

Astracanada en el Congreso

ASTRACANADA EN EL CONGRESO En la tarde del día 3 los españoles hemos sido atónitos testigos del lamentable espectáculo, que se produjo en el Congreso de los Diputados, que pone de manifiesto el grado de podredumbre y decadencia en el que ha caído la política española en general y la parlamentaria en particular. La presidente de la Cámara, Meritxell Batet, anunció compungida que la convalidación del Real Decreto-Ley sobre la reforma laboral había sido rechazada por 175 votos contra a174, para acto seguido corregirse y afirmar exultante que –según le habían hecho saber los “servicios” de la institución- la reforma había sido aceptada por ese mismo margen de votos, 175 a 174. Esta “performance” ha sido calificada de “esperpento”, “atropello democrático”, “pucherazo·, “cacicada” o “espectáculo dantesco”. Yo modestamente añado a este catálogo descalificador el castizo calificativo de “astracanada”. Se han producido a lo largo del proceso considerables errores de forma, de fondo y mixtos. Errores de forma El diputado del PP Alberto Casero recibió autorización de la Mesa del Congreso para votar telemáticamente desde su casa por encontrarse enfermo. Según el interesado, votó NO a la convalidación del Decreto, pero el sistema informático reflejó un SI. Al darse cuenta de esta inconsistencia, acudió al Congreso para tratar de corregirla mediante un voto presencial pero, por orden del vicepresidente socialista, Alfonso Gómez, se le impidió tener acceso al hemiciclo, porque –como ya había votado telemáticamente- no podía volver a hacerlo de forma presencial. Puede haber ocurrido que –como han afirman Casero y el PP- se haya `producido un error telemático, o que –como ha mantenido el PSOE- el diputado popular se haya equivocado al votar. Los socialistas han descartado el primer supuesto porque –según ha afirmado su vicesecretaria Adriana Lastra, jamás se había producido un fallo técnico en las votaciones telemáticas y que el PP debería enseñar a sus diputados a votar. Si esto fuera cierto, ésta podría haber sido la primera vez que se produjera, pues –por mucho que haya avanzado la tecnología- las máquinas no son infalibles y también pueden cometer errores, sobre todo sei se tiene en cuenta que no son totalmente autónomas y obedecen –o deben obedecer- al mandato humano. En esta época de deshumanización que padecemos, no puede prevalecer el automatismo de una máquina –por muy inteligente que supuestamente sea- sobre el libre albedrío y la voluntad del ser humano. Si existía la posibilidad de que se hubiera podido cometer un error informático, se debería haber realizado la investigación correspondiente por parte de la Mesa de la Cámara y hubo tiempo más que suficiente para hacerlo antes de que se iniciara la votación presencial, pero la presidenta Batet se negó. Puede, por el contrario, que el voto contrario a las directrices de su partido se hubiera debido a una equivocación del diputado. El Reglamento del Congreso no contempla un protocolo de actuación para el caso en que se produjera esta eventualidad. La Mesa impuso en 2012 la comprobación telefónica del voto de los diputados, pero en 2020 –ante la generalización del recurso al voto telemático a causa de la pandemia del Covid-19- la Mesa prescindió de este requisito y lo sustituyó por una doble comprobación informática a través de la intranet del Congreso. Según Elena San José, una vez que un diputado ha votado telemáticamente, no puede volver a hacerlo de forma presencial, salvo que lo autorice la Mesa, en cuyo caso se anularía el voto telemático. El PP y el propio interesado –que se personó en el Congreso a pesar de su gastroenteritis- informaron a la presidenta del Congreso con suficiente antelación de la falta de concordancia del voto telemático con la voluntad del votante, pero Batet se negó a reunir a la Mesa como era su deber, con lo que podría haber cometido un delito de prevaricación. Pablo Casado ha advertido a Batet que la demandará por este delito si la Mesa no reconduce la situación, y acusado al PSOE de haber cometido un “atropello democrático”, porque no se podía contravenir la voluntad de un diputado para aprobar un “decretazo” por la puerta de atrás. Casero ha enviado un escrito a la presidenta en el que indica que se ha vulnerado su ejercicio fundamental al derecho de voto, porque no quería votar a favor de la convalidación del Decreto. El PP pedirá que se reúna la Mesa y, si no lo hiciere, recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional. Vox también se ha unido a esta línea de acción y su portavoz adjunta, Macarena Olona –abogada del Estado y cualificada jurista- ha afirmado que se ha convalidado el Decreto gracias a que se ha hurtado a la soberanía nacional su voluntad mediante un pucherazo. Batet había tomado unilateralmente la decisión de impedir que Casero votara presencialmente tras haberse advertido el fallo en su voto telemático. Vox agotará todas las instancias –incluida la penal- si llegara a la conclusión de que la presidenta había cometido un delito de prevaricación. Edmundo Bal –también abogado y buen jurista- ha pedido a la Mesa que aclare con cabeza sensata si se ha producido un error técnico en el voto telemático, y señalado que no le gustaría que su voto a favor de la reforma saliera adelante mediante un procedimiento que no fuera absolutamente limpio, transparente y legítimo. La vicepresidenta Nadia Calvillo –que sabe mucho de Economía, pero poco de Derecho- y Adriana Lastra –que no sabe ni Economía ni Derecho- han pontificado que el eventual recurso al Tribunal Constitucional tendrá poco recorrido. Afortunadamente, los jueces son casi los únicos que mantienen en España la democracia y el Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Gobierno. Vox ya ha ganado más de un caso ante los Tribunales. Errores de fondo Calviño ha afirmado que no hay que centrarse en los “detalles” –mostrando así su menosprecio por las formalidades jurídicas-. sino en que la reforma tiene un amplio respaldo social, al ser la primera pactada con los agentes sociales desde hace décadas , y que es un hito que nos va a permitir recibir 12.000 millones de euros –“à la recherche de l´argent communautaire”-. No sé si la reforma tendrá amplio apoyo de la Sociedad, pero desde luego no lo tiene de buena parte del empresariado, pues la CEOE ha accedido al pacto de mala gana para evitar males mayores, porque la contrarreforma –aunque haya mantenido lo esencial de la reforma realizada por el Gobierno del PP- no es buena, ya que introduce elementos que van a dificultar la creación de empleo: recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, rigidez en la contratación, prevalencia de los convenios sectoriales sobres los de empresa, limitación de la subcontratación, imposición de la contratación indefinida en sectores –como la agricultura, el turismo o la hostelería- que son necesariamente estacionales, reforzamiento de la capacidad de injerencia de los sindicatos…etc. El superministro Félix Bolaños ha declarado que se siente orgulloso de pertenecer a un partido que, cuando da su palabra, la cumple. Se le debe haber puesto la nariz como a Pinocho. El PSOE no podía conciliar el sueño a causa de Podemos, no pactaría jamás con Bildu, haría cumplir las penas a los políticos catalanes condenados poe sedición y reforzar en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición, derogaría la reforma laboral realizada por el Gobierno del PP…La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió por sus ancestros marxistas que liquidaría la reforma, a la que ha calificado de “monólogo de la precariedad impuesto por la ominosa legislación del PP”. Esta ominosa normativa -ensalzada por la UE, la OCDE y el FMI- ha permitido mejorar considerablemente la situación laboral en España, especialmente durante el difícil período de la pandemia, con el establecimiento de los ERE –que la ministra desconocía-, e incluso el Gobierno ha sacado pecho atribuyéndose logros debidos a la regulación del PP que pretendía derogar. Díaz ha pasado de la derogación a la ligera modificación –para mal- de la legislación anterior, y ahora presume de su mini-reforma, que es fruto del consenso entre los agentes sociales, refuerza la democracia y supone “un cambio de paradigna absoluto”. No opinan los mismo sus infieles socios de coalición, que la han calificado de “estafa” –ERC-, “traición” –Bildu-, “chantaje” –PNV- o “fraude” –BNG-. No obstante, mostrado su malestar por la hipocresía del Gobierno –que tiene un concepto bastante peculiar de qué es una derogación-, prietas las filas de nuevo para seguir con un Gobierno progresista hasta el fin de la legislatura. Según ha editorializado “El Mundo”, en el Congreso se ha presentado “la enésima confirmación de una mentira”, porque, “tras años prometiendo la derogación de la reforma laboral del PP, Sánchez y Yolanda Díaz se disponían a aprobar el nuevo marco de relaciones laborales, no como el calamitoso pendulazo prometido por la demagogia izquierdista, sino como el fruto de un acuerdo de mínimos entre patronal y sindicatos. Un acuerdo forzado por Bruselas que, si bien reintroduce la rigidez en la contratación por la vía de rehabilitar la negociación sectorial –lo cual tendrá efectos perjudiciales en el empleo- consolida las líneas maestras de la reforma del PP”. La verdad es que nadie entienda la lógica de lo que ha pasado y los extraños compañeros de cama que han aparecido a favor y en contra de la seudo-reforma. La han tenido que apoyar partidos del centro-derecha -como Ciudadanos, Coalición Canaria, PRC o PEdeCAT- y la han rechazado los aliados naturales del Gobierno Frankenstein -como ERC, Bildu, PNV o BNG-. El PP ha sido coherente con su posición: ¿Si algo funciona bien, por qué se quiere cambiar? Ciudadanos ha sido menos coherente, aunque su postura sea respetable. Aparte de aprovechar la ocasión para mostrar su vocación de centro-centrismo y distanciarse del PP y de Vox, ha contribuido a salvar buena parte de lo salvable y a distanciar a nacionalistas y filoetarras –ERC, PNV, JxC, BNG, CUP y Bildu- del Gobierno surrealista de Pedro Sánchez. Errores mixtos Se trata de errores en los que se mezclan el fondo y la forma, y que se ponen especialmente de manifiesto con la actitud de UPN, tanto de su dirección como de sus díscolos diputados, que no han seguido las instrucciones de la central. La conducta de. Sergio Salles y de Carlos García Adanero ha sido valorada de forma bien diferente por tirios y troyanos, incluso dentro de un mismo diario. Así. mientras el editorial de “El Mundo” señalaba que los diputados navarros que decidieron desoír la disciplina de partido honraban “la coherencia de su labor de oposición y reivindicaban el parlamentarismo ejercido en libertad, tan ajeno al servilismo partitocrático de nuestra cultura política”, una de sus columnistas-estrella, Lucia Méndez –que suele mostrar a menudo su sectarismo progre- ha comentado que a dos diputados a los que de repente les había dado un ataque de conciencia y se pasaban por el forro la decisión de la dirección de UPN, “convertir a estos dos parlamentarios en héroes de la resistencia es más que un chiste, es una majadería”. Según Méndez, cuando ya se tocaba con los dedos la derrota de Sánchez y Díaz, cuando ya se divisaba el grotesco escenario que nos esperaba en la UE, cuando el proyecto más importante de la coalición gobernante iba a ser enviado al infierno, sucedió lo impensable, lo que había “esculpido la época de Pedro Sánchez”. Al PP lo castigó Dios y -gracias al error de un diputado- la reforma laboral fue aprobada. Los liberales salvaron a la vicepresidenta comunista librándola del castigo que le querían propinar los socios más rojos de la investidura, en alianza con los nacionalistas vascos. Querían dar un escarmiento al Gobierno y dieron una patada al Consejo de Ministros en la persona de Yolanda Díaz, quien, “ni en sus peores pesadillas se pudo imaginar que su reforma histórica pasaría a la Historia con tan escasa épica y con raudales de extravagancia parlamentaria”. No comparto en esta ocasión la opinión de la excelente periodista y estoy más de acuerdo con la línea editorial del periódico. El PSOE ha sacado la artillería pesada contra los diputados navarros como Rusia ante Ucrania y ha acusado a éstos de deslealtad y transfuguismo, y al PP de comprar sus voluntades. Según la sin par Lastra, sólo queda saber cuánto les han pagado por su deserción. Es patético acusar de transfuguismo a unos diputados que han sido coherentes con su ideología y seguido la trayectoria del PP, con las que su partido suele estar alineado. Su presidente, Javier Esparza, ha declarado que se trataba de una jugada rara, que no podía permitirse ningún partido. “Han pensado en ellos y no en los ciudadanos”. ¿No habrá sido Esparza el que no ha pensado en los ciudadanos de España al distanciarse del partido con el que está estrechamente vinculado? Este súbito cambio de orientación y acercamiento al PSOE no se ha debido a un cambio de opinión, sino a una conveniencia táctica, pues acordó con el PSOE que apoyaría la convalidación del Decreto a cambio de que su filial navarra aprobara los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona y no apoyara la moción de reprobación presentada por los nacionalistas contra su alcalde, Juan Maya, lo que al final no ha hecho. Sayas ha destacado que no habían traicionado la ideología de UPN, sino todo lo contrario. Ellos no habían informado en ningún momento que apoyarían al Gobierno para que sacara adelante la reforma laboral y Esparza no los había llamado para indicarles cómo deberían votar. Con sinceridad y lucidez, Sayas ha dicho que los diputados no son unos cojines que se ponen sobre un asiento para calentarlo, y tienen responsabilidades. Ha puesto el dedo en la llaga sobre uno de los problemas que muestran los abusos de la partitocracia en España, al pretender los partidos que los diputados de su Grupo parlamentario sean unas simples máquinas de votar siguiendo las instrucciones de sus aparatos dirigentes, lo que ha creado problemas de conciencia, como en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo con el PP, Los partidos –de izquierdas y de derechas- ignoran a sabiendas el artículo 79-3 de la Constitución, que establece que “el voto de diputados y senadores es personal e indelegable”. Si cumplieran con esta norma básica del parlamentarismo democrático, no se produciría la astracanada que hemos tenido que soportar los españoles, avergonzados por nuestros políticos. Madrid, 4 de febrero de 2022,